Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07406-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07406-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-07406-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
23 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C. veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07406-01
Accionante: Elizabeth Ortiz Pérez y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial por la presunta vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la justicia, igualdad y
seguridad jurídica. Cómputo del término de caducidad de la acción en el trámite
de la demanda de reparación directa.
Decisión: Se revoca la decisión de primera instancia que rechazó por
improcedente la acción de tutela, para en su lugar, negar las pretensiones de la
demanda.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Subsección A, de la Sección Segunda, del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la providencia del 4 de
marzo de 2024 proferida por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de
Estado mediante la cual rechazó por improcedente la acción de tutela.
II. ANTECEDENTES
Los señores Elizabeth Ortiz Pérez, Hernán Darío Mora Ortiz, Edier Flórez Ortiz,
Belkis Paola Ortiz Pérez, Beatriz Adriana Ortiz Pérez, Arnaldo José Ortiz Pérez,
Edwin Jacob Mora Ortiz y Adolfo Ortiz Pérez, actuando por conducto de
apoderado judicial, instauraron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
del Magdalena y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Santa Marta,
por la presunta vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso, el
acceso a la administración de justicia, la igualdad y la seguridad jurídica,
presuntamente vulnerados con ocasión de la expedición de las providencias del
30 de marzo de 2022 y del 15 de febrero de 2023, respectivamente, dentro del
medio de control de reparación directa con radicado 47001-33-33-001-2016-
00285-01.
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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07406-01
Accionante: Elizabeth Ortiz Pérez y otros
2.1. Hechos
El señor José Luis Ortiz Pérez recibió una oferta para realizar labores
agropecuarias en el departamento de Bolívar, por lo que el 11 de mayo de 2003
se desplazó desde su lugar de residencia, es decir, desde el corregimiento de
Urquijo, Magdalena, hacia esa región, pero en el transcurso del viaje, le
informaron que iba a ser incorporado a las Autodefensas Unidas de Colombia -
AUC- y lo incomunicaron.
El 21 de diciembre de 2003 José Luis Ortiz Pérez logró comunicarse con su
familia, les informó de su situación y solicitó que lo fueran a buscar, razón por la
cual, el 11 de febrero de 2004, su madre logró que se lo entregaran con la
condición de regresar a las filas de las AUC. Sin embargo, no regresó y se dedicó
a actividades varias.
El 13 de marzo de 2004, personas armadas retuvieron nuevamente al señor Ortiz
Pérez.
El 14 de marzo de 2004, su núcleo familiar se enteró a través de medios de
comunicación, que los señores José Luis Ortiz Pérez y Wilman Alberto Chiquillo
Araújo habían sido dados de baja en combate con tropas del Batallón Nariño y
que «ellos pertenecían a las Autodefensas Unidas de Colombia».
Con posterioridad, el Juzgado 16 de Instrucción Penal Militar inició una
investigación contra los militares que realizaron el operativo en el que perdieron
la vida los señores Ortiz Pérez y Chiquillo Araújo, que terminó con la preclusión
y archivo de la actuación.
La parte accionante señaló que ante el Despacho Tercero de la Unidad Nacional
de Justicia y Paz de Barranquilla, el señor Wilson Poveda Carreño, conocido con
el alias de «comandante Rafa», asumió la responsabilidad del secuestro y
posterior asesinato de José Luis Ortiz Pérez y Wilman Alberto Chiquillo Araújo.
Asimismo, afirmó que hubo convenios entre las AUC y el Ejército Nacional para
realizar este tipo de acciones, con el objeto de presentar resultados por parte de
la fuerza pública con el asesinato de civiles y el posterior montaje en escena para
mostrar un supuesto combate a la prensa.
Por lo anterior, los señores Elizabeth Ortiz Pérez, Hernán Darío Mora Ortiz, Edier
Flórez Ortiz, Belkis Paola Ortiz Pérez, Beatriz Adriana Ortiz Pérez, Arnaldo José
Ortiz Pérez, Edwin Jacob Mora Ortiz y Adelfo Ortiz Pérez en ejercicio del medio
de control de reparación directa demandaron a la Nación – Ministerio de Defensa
– Ejército Nacional para que se les declarara patrimonialmente responsables por
los perjuicios causados por la muerte de José Luis Ortiz Pérez.
El proceso correspondió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Santa
Marta, autoridad judicial que mediante sentencia del 30 de marzo de 2022,
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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07406-01
Accionante: Elizabeth Ortiz Pérez y otros
declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación
directa porque el término empezó a correr desde que los demandantes
conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión de la Nación
– Ministerio de Defensa – Ejército Nacional en la muerte del señor José Luis Ortiz
Pérez.
En sede de apelación, el Tribunal Administrativo del Magdalena, a través de la
sentencia del 15 de febrero de 2023, confirmó la anterior decisión.
La parte accionante, pese a que no manifestó en que defectos incurrieron las
autoridades accionadas al proferir las decisiones objeto de cuestionamiento en
esta sede, sostuvo que solo se tuvo certeza de la ejecución extrajudicial a partir
de la fecha de ejecutoria de la diligencia de audiencia preliminar de formulación
de imputación y medida de aseguramiento contra Wilson Poveda Carreño, esto
es, el 3 julio de 2014, por lo tanto, no operó el fenómeno de caducidad.
Además, que los despachos judiciales accionados desconocieron jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según la cual gozan de
imprescriptibilidad los delitos de lesa humanidad.
Finalmente, señaló que por ser el hecho dañoso una grave violación a derechos
humanos y al Derecho Internacional Humanitario debía aplicarse el bloque de
Constitucionalidad.
2.2. Pretensiones
La parte accionante solicitó:
«PRIMERA. Sean amparados nuestros derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la justicia, igualdad, seguridad jurídica por no aplicación
de los precedentes judiciales de los organismos internacionales de
derechos humanos, violentados por las accionadas y aquellos que ULTRA
Y EXTRA petita pueda el juez constitucional de tutela amparar conforme a
lo probado dentro de la acción de tutela incoada.
SEGUNDO: ORDENAR dejar sin efectos jurídicos las sentencias de fecha
30 de marzo de 2022 emanada del JUZGADO PRIMERO
ADMINISTRATIVO DE SANTA MARTA, MAGDALENTA dentro de la
radicación número 47001333300120160028500, que decidió dar por
probada la excepción de caducidad de la acción y desestimar las
pretensiones de la demanda; y además dejar sin efectos la sentencia de
fecha 15 de febrero del año 2023 emanada del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA radicado
47001333300120160028501, que confirmó la sentencia de primera
instancia bajo los mismos argumentos de aplicación de caducidad de la
acción de reparación directa.
TERCERO: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
MAGDALENA proferir nueva decisión judicial tendiente a inaplicar la
caducidad de la acción por la existencia de actos que encierran grave
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Accionante: Elizabeth Ortiz Pérez y otros
violación a los derechos humanos y del derecho internacional humanitario
y en forma SUBSIDIARIA, ordenar tomar la fecha de principio de caducidad
de la acción desde la fecha de la ejecutoria del acta de imputación de
cargos e imposición de medida de aseguramiento proferida dentro del
procedimiento de justicia transicional de justicia y paz, conforme al acta de
LA EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA DE CONTROL DE LEGALIDAD
DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR DE FORMULACIÓN
ADICIONAL/PARCIAL E IMPOSICIÓN DE MEDIDA DE
ASEGURAMIENTO de ocurrencia el día 3 de julio del año 2014, según
acta No. 036 de 2014 del TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL
DE BARRANQUILLA, SALA DE JUSTICIA Y PAZ». (Sic a toda la cita)
2.3. Intervenciones
La acción de tutela fue admitida por la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado mediante auto del 13 de diciembre de 2023, a través del cual
le ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Magdalena y al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Santa Marta como accionados y a la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, como terceros interesados en el
proceso.
2.3.1. El Tribunal Administrativo del Magdalena sostuvo que lo que pretende
la parte actora con la interposición del mecanismo constitucional es revivir
términos precluidos y desconocer la decisión proferida por el juez natural del
proceso.
Asimismo, informó que la decisión de confirmar en su integridad la sentencia de
primera instancia obedeció a la aplicación de las pautas jurisprudenciales fijadas
en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado. En ese sentido, no vulneró los derechos
fundamentales invocados en protección, por lo que solicitó denegar el amparo de
tutela.
2.3.2. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Santa Marta rindió
informe en el que describió las actuaciones surtidas en el proceso de reparación
directa y remitió el enlace de acceso al expediente.
2.3.3. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional no rindió informe.
2.4. Sentencia Impugnada
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante sentencia del 4
de marzo de 2024, rechazó por improcedente la acción de tutela porque no se
acreditó el requisito de la relevancia constitucional, en la medida que se reiteraron
los argumentos planteados en la apelación y que fueron resueltos en el trámite
del proceso ordinario.
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Accionante: Elizabeth Ortiz Pérez y otros
Sin perjuicio de la falta de relevancia constitucional, señaló que los cargos
formulados en el escrito de tutela tampoco tenían vocación de prosperidad, en
tanto que la providencia cuestionada en sede de tutela se fundamentó en la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 del Consejo de Estado, la cual
se adecúa a la Constitución en los términos fijados en la sentencia SU-312 del
13 de agosto de 2020, proferida por la Corte Constitucional en la que se indicó
que (i) la aplicación del término legal de caducidad para este medio de control
tratándose de daños originados en delitos de lesa humanidad, genocidio y
crímenes de guerra se ajusta a los mandatos constitucionales; (ii) unificó su
jurisprudencia en el sentido de aplicar el término de caducidad de dos años del
artículo 164 del CPACA para estos casos y (iii) encontró plausibles las reglas
establecidas en la sentencia de unificación de esta Corporación del 29 de enero
de 2020.
2.5. Impugnación
La parte accionante después de insistir en los argumentos expuestos en la
demanda de tutela señaló que la acción de tutela reviste de relevancia
constitucional porque con la expedición de las decisiones objeto de
cuestionamiento se vulneraron los derechos fundamentales invocados en
protección como consecuencia del desconocimiento del precedente
jurisprudencial en que presuntamente incurrieron las autoridades judiciales
accionadas.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.
3.2. Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto, la Sala de Subsección considera que el
problema jurídico se circunscribe a establecer si el Tribunal Administrativo del
Magdalena, con la expedición de la sentencia del 15 de febrero de 20231 incurrió
en un desconocimiento del precedente2.
1
Es menester señalar que, si bien la parte actora cuestiona también la sentencia del 30 de marzo
de 2022 proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Santa Mata, lo cierto es
que la decisión del 15 de febrero de 2023 fue la que le puso fin al proceso, por lo tanto se abordara
el estudio de esta última.
2
Advierte la Sala que, aunque la parte actora en la demanda de tutela no alega ningún defecto
en la demanda de tutela entiende que los argumentos que expone corresponden a un presunto
desconocimiento de precedente, por lo tanto, se abordara su estudio.
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Previamente, se deberá determinar la procedencia de la acción de tutela contra
la providencia judicial cuestionada.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
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derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.
3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.
3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados se encuentran plenamente
individualizados.
3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde la notificación de la última providencia cuestionada.
3.3.1.4. Contrario a lo indicado en la primera instancia, el asunto a resolver sí es
de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer
una posible vulneración iusfundamental como consecuencia del desconocimiento
del precedente judicial en que presuntamente incurrió la autoridad judicial
accionada.
Al respecto, se advierte que la Corte Constitucional ha delineado un conjunto de
reglas que dan a entender cuándo una controversia tiene relevancia
constitucional. Así, en la sentencia SU 215 de 2022 determinó que se cumple con
este requisito en los siguientes eventos: «(i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de
un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales»3.
En este sentido, se observa que la parte accionante considera que las
providencias que declararon la caducidad de la acción, se apartaron de manera
injustificada del precedente establecido por la Corte Interamericana relativo a la
imprescriptibilidad de las acciones con que cuentan las víctimas de delitos de
lesa humanidad.
3
Corte Constitucional, sentencia SU 215 de 16 de junio de 2022, magistrada ponente: Natalia
Ángel Cabo.
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Por lo anterior, se procederá a revocar la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, se realizará el estudio de fondo de la acción de tutela en cuestión, a efectos
de identificar si se incurrió en la vulneración de derechos fundamentales alegada.
Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.4. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales
Respecto de los requisitos específicos de procedibilidad, corresponde determinar
si en el caso concreto se configuró un desconocimiento del precedente
vinculante.
En relación con el precedente y su carácter vinculante es necesario indicar que
a pesar de que dicha característica sea más propia del Common Law, inclusive
desde finales del siglo XIX se pretendió buscar cierta uniformidad en la
jurisprudencia y por ello, en el artículo 4 de la Ley 169 de 1896 se consagró la
regla de la doctrina probable.
La Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad respecto del tal
disposición4, precisó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior,
los jueces solo están sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados
a fallar en la misma forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y
cuando, «expongan clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que
justifican su decisión». Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró
en la Sentencia C-590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del
precedente judicial por parte del juez, constituye una causal especial de
procedibilidad de la acción de tutela.
Respecto del precedente vertical5, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el
respeto hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en
especial, por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones. A esta
conclusión ha llegado en consideración a: 1) el principio de igualdad, que es
vinculante para todas las autoridades, e incluso, para algunos particulares que
exige, que supuestos fácticos iguales se resuelvan de la misma manera y por
consiguiente, con la misma consecuencia jurídica; 2) el principio de cosa juzgada,
que otorga a los destinatarios de las decisiones jurídicas, seguridad jurídica y
previsibilidad de la interpretación, pues si bien es cierto, el derecho no es una
ciencia exacta, sí debe existir certeza razonable sobre la decisión; 3) la
autonomía judicial, que no puede desconocer la naturaleza reglada de la decisión
judicial, pues sólo la interpretación armónica de esos dos conceptos garantiza la
eficacia del Estado de Derecho; 4) los principios de buena fe y confianza legítima,
que imponen a la Administración un grado de seguridad y consistencia en las
decisiones, pues existen expectativas legítimas con protección jurídica; y 5) por
4
Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
5
Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
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razones de racionalidad del sistema jurídico, porque es necesario un mínimo de
coherencia a su interior6.
Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge
de los presupuestos fácticos relevantes de cada caso7. De esta forma, la Corte
Constitucional recordó que la ratio decidendi «i) corresponde a la regla que aplica
el juez en el caso concreto, ii) se determina a través del problema jurídico que
analiza en relación con los hechos del caso concreto y iii) al ser una regla debe
ser seguida en todos los casos que se subsuman en la hipótesis prevista en ella».
Ahora bien, a pesar de la marcada importancia de la regla de vinculación a la
ratio decidendi y el respeto por el precedente, la jurisprudencia constitucional ha
reiterado que tal entendimiento no puede ser absoluto, pues no se trata de
petrificar la interpretación judicial ni de convertir el criterio de autoridad en
el único posible para resolver un asunto concreto. Se trata simplemente de
armonizar y salvaguardar los principios constitucionales que subyacen a la
defensa del precedente. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica
de manera suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea
jurisprudencial que ha seguido en casos sustancialmente idénticos,
quedan salvadas las exigencias de la igualdad y de la independencia
judicial; por tanto no podrá reprocharse a la sentencia arbitrariedad ni
inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables ningún
género de discriminación8.
Sin pretender sistematizar todas las situaciones que pueden dar lugar a que un
juez unitario o colegiado se aparte del precedente judicial, es posible indicar que
un cambio en la jurisprudencia puede provenir de una modificación del
ordenamiento jurídico, o de una drástica transformación de las condiciones
sociales en las que se adoptaron aquellas decisiones, haciendo incoherente una
interpretación del derecho frente al contexto social actual.
De igual manera, puede un juez apartarse del precedente cuando el caso juzgado
encuentra serias diferencias que justifican un tratamiento diverso a la situación
objeto de estudio. En tales situaciones el juez está relevado de obedecer a las
decisiones judiciales previas, aunque en cualquier caso debe cumplir una carga
de transparencia, identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando
a conocer las razones que en su concepto justifican el cambio de dirección
decisional y precisando por qué esa modificación lleva a una mejor interpretación
del orden jurídico y, además de ello, reporta mayores beneficios que el detrimento
6
Sentencia C-447 de 18 de septiembre de 1997: magistrado ponente: Alejandro Martínez
Caballero.
7
Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
8
Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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en la seguridad jurídica y la igualdad que se derivará de la desobediencia al
precedente9.
En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera
excepcional por parte del juez de tutela, en tanto que constituyen
manifestaciones de arbitrariedad por parte del Juez que dejan irrealizadas
la igualdad de quienes se encuentran en idénticas circunstancias frente a
la Ley.
3.4.1. Caso concreto
El reproche del accionante consiste, en síntesis, en que la decisión proferida por
el Tribunal Administrativo del Magdalena el 15 de febrero de 2023, dentro del
proceso de reparación directa incurrió en un desconocimiento del precedente
establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la
imprescriptibilidad de las acciones con que cuentan las víctimas de delitos de
lesa humanidad.
Al respecto, se advierte que la parte accionante ni siquiera identificó cuál es el
precedente obligatorio que se desconoció en el caso concreto, y es necesario
recordar que la procedencia de la acción de tutela contra providencias tiene un
carácter excepcional, motivo por el cual es imprescindible que, quien argumente
que una autoridad jurisdiccional desconoció un precedente vinculante, cumpla
con la obligación, por lo menos, de identificarlo correctamente.
Al respecto, en la providencia del 15 de febrero de 202310, el Tribunal
Administrativo del Magdalena hizo un recuento respecto de la jurisprudencia que
ha abordado el cómputo de la caducidad de las acciones de reparación directa
cuando se trata de delitos de lesa humanidad y concretamente fundó la decisión
de dar por configurado dicho fenómeno en el acatamiento de los precedentes
fijados por la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación del 20 de enero de 2019, adoptada dentro del expediente 85001-33-
33-002-2014-00144-01 y en la sentencia de unificación SU 312 de 13 de agosto
de 2020 de la Corte Constitucional. Inclusive, citó como sustento adicional de su
posición la sentencia T – 210 de 2022, para señalar que, incluso en casos de
graves vulneraciones a los derechos humanos, los ciudadanos deben acudir en
la oportunidad prevista en las normas procesales.
En ese sentido, expuso que los accionantes tuvieron conocimiento de la muerte
del señor José Luis Ortiz Pérez desde el momento de la ocurrencia de los hechos
a través de los medios de comunicación.
9
En materia Contencioso Administrativa el reconocimiento del precedente como fuente
importante de estabilidad y de garantía del derecho a la igualdad lo constituye el mecanismo de
extensión de la jurisprudencia, consagrado en el artículo 102 del nuevo CPACA.; y, el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, artículo 256 y siguientes ibídem.
10
Índice 9 del aplicativo SAMAI.
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Asimismo, indicó que el núcleo familiar de la víctima pudo advertir que además
de los grupos al margen de la ley, la fuerza pública del Estado participó en esta
muerte, pues el señor Wilson Poveda manifestó el 17 de junio de 2012, que, en
convenio entre las AUC y el Ejército Nacional, hicieron pasar por muerto en
combate al señor Ortiz Pérez.
En ese sentido, para el Tribunal Administrativo del Magdalena, el término de
caducidad de que trata el literal i) del numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437
de 2011, feneció el 18 de junio de 2014, esto es, al día siguiente en que
transcurrieron dos años desde la fecha en la que los deudos conocieron sobre la
ocurrencia real de los hechos y la demanda tan solo se presentó el 17 de mayo
de 2016, por lo que concluyó que operó el fenómeno de caducidad de la acción.
Para el Tribunal Administrativo del Magdalena no se acreditó alguna situación
que impidiera que los accionantes acudieran a la jurisdicción contencioso
administrativo ni que justificaran su inactividad durante los 3 años siguientes a la
fecha en que tuvieron conocimiento del accionar ilegal de la fuerza pública, razón
por la que confirmó la decisión de primer grado, de declarar la caducidad de la
acción.
Es preciso poner de presente que, dado los contornos del defecto por
desconocimiento del precedente, es necesario señalar que este se configura es
cuando hay un apartamiento injustificado por parte de la autoridad judicial, y
que, en el caso concreto la decisión de declarar la caducidad se adoptó
justamente para seguir el parámetro establecido tanto por el órgano de cierre de
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como por el máximo tribunal
constitucional.
En ese orden de ideas, no se puede afirmar que se haya configurado la causal
de procedibilidad de desconocimiento del precedente porque el juez natural de la
causa adoptó una decisión razonada, que no se puede considerar arbitraria, en
la medida en la que se fundamentó en jurisprudencia de los órganos de cierre y
que buscó armonizar los derechos sustanciales de los accionantes con el
ordenamiento procesal.
Ahora bien, a pesar de que en asuntos similares esta Sala de Subsección11 ha
adoptado una posición contraria y ha determinado que es preciso tener en cuenta
la fecha de la presentación de la demanda para efectos de verificar la
aplicabilidad del citado precedente, se considera necesario rectificar esta postura
teniendo en cuenta el carácter excepcional de la procedencia de la tutela contra
providencia judicial, que implica que solo aquellos casos en los que se advierta
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia de 7 de julio de 2022. Radicación: 11001 03 15 000 2022 02106 01. Consejero ponente:
Rafael Francisco Suárez Vargas; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 21 de marzo de 2024. Radicación: 11001-03-15-
000-2023-07665-00, consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves; Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de abril de 2024.
Radicación 11001-03-15-000-2024-00892-00. Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves.
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Accionante: Elizabeth Ortiz Pérez y otros
que hay violación del derecho fundamental al debido proceso por tratarse de una
decisión arbitraria, o no motivada o irracional se debe proceder a dejar esta sin
efectos. En caso contrario, se debe respetar la autonomía e independencia del
juez natural de la causa.
En relación con la posición asumida previamente por la Subsección, se debe
señalar que esta se basó en el hecho de que para esa fecha existía una posición
mayoritaria en la Sección Tercera que establecía la improcedencia de la regla de
la caducidad a los casos de crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, es necesario señalar que: en primer lugar, una posición mayoritaria
no implica necesariamente la existencia de un precedente; en segundo lugar, que
justamente ante la existencia de decisiones contradictorias se hizo necesaria la
expedición de una sentencia de unificación por lo que los jueces fundaban sus
decisiones con base en posiciones que no eran coincidentes; en tercer lugar, que
es diferente el análisis que se hace en sede de reparación directa que aquel que
se realiza como juez constitucional: en ese sentido, se debe verificar que en
efecto la posición adoptada por el tribunal de instancia entraña verdaderamente
una violación del derecho fundamental al debido proceso, y no entrar a
reemplazar al juez ordinario, lo que se haría de imponerse una forma concreta
de computar el término de caducidad.
Así las cosas, para efectos de que proceda la tutela contra providencia judicial
no es suficiente señalar que la decisión de unificación de la Sección Tercera del
Consejo de Estado se debe aplicar a los casos en los que la demanda se
presentó después de que quedó ejecutoriada dicha providencia, sino que se debe
demostrar que, en aquellos casos en los que se radicó el libelo antes de su
expedición, la decisión del juez natural fue irracional o arbitraria y que
concretamente desatendió una decisión vinculante sin una debida justificación.
No se puede perder de vista que la Corte Constitucional ha avalado que un juez
se aparte inclusive de una sentencia de unificación. En ese sentido, en la
sentencia C – 816 de 2011 se señaló:
«5.4.3.1. Como ya se ha expresado, en la base del problema jurídico a
resolver en esta sentencia está planteada la tensión entre la fuerza
vinculante de determinadas decisiones judiciales y la autonomía e
independencia judicial o administrativa frente a determinadas decisiones
judiciales relativas a casos ya fallados: la jurisprudencia como precedente y
la jurisprudencia como fuente auxiliar. Y si bien la obligatoriedad de la
jurisprudencia es instrumento de realización de la igualdad, el sistema
jurídico que nos rige -asentado en la primacía de la Legislación como fuente
de derecho- no permite que la fuerza vinculante de las sentencias de los
órganos de cierre pueda vaciar de contenido o anular completamente el
principio de la autonomía de la administración de justicia e independencia
de los jueces en la interpretación y aplicación de la Constitución y la Ley,
incluso frente a decisiones de los órganos judiciales de cierre; máxime
teniendo en cuenta la definición expresa que realiza la Constitución de la
jurisprudencia (CP, 230.2), como criterio auxiliar de la actividad judicial. Así,
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es también imperioso reconocer el margen de los jueces en la
apreciación, interpretación y adjudicación de los hechos, las leyes y el
derecho. Para ello, la Constitución rodeó de garantías de autonomía
orgánica a la Rama Judicial e independencia funcional a los jueces (CP, 228
y 230), concibiéndolos como funcionarios ajenos a reglas de jerarquía en
relación con los poderes ejecutivo y legislativo, y también respecto de sus
superiores funcionales, a efectos de la adopción de decisiones y elaboración
de providencias.
5.4.3.2. En razón de la tensión aludida y con el fin de armonizar los principios
constitucionales involucrados, la propia jurisprudencia constitucional que
admitió el valor de precedente de la jurisprudencia de los órganos judiciales
de cierre, ha reconocido la posibilidad de que jueces y magistrados se
aparten excepcionalmente de su aplicación forzosa, previo
cumplimiento estricto de determinados requisitos, mediante el
apartamiento judicial, como límite de la fuerza vinculante de los
precedentes judiciales. Al respecto, en la sentencia C-634 de 2011, la Corte
Constitucional manifestó: (…) La obligatoriedad del precedente es,
usualmente, una problemática estrictamente judicial, en razón a la garantía
institucional de la autonomía (C.P. art. 228), lo que justifica que existan
mecanismos para que el juez pueda apartarse, como se recordó en el
fundamento jurídico 4, del precedente.
5.4.3.3. Como se dejó expresado, sólo a la jurisprudencia de las altas
corporaciones judiciales, en cuanto órganos de cierre de las jurisdicciones -
constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y jurisdiccional
disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las
autoridades judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la
solución de casos fáctica y jurídicamente iguales. Pero dicha limitación de la
potestad interpretativa de jueces y magistrados no conduce a la negación
completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución les
reconoce en el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado
la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las autoridades judiciales
cuentan con la facultad de abstenerse de aplicar el precedente judicial
emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento de
determinadas condiciones.
5.4.3.4. Así, el juez dispone de un margen de apreciación de los supuestos
fácticos del caso concreto y de interpretación de las normas aplicables al
mismo, que le permite apartarse del precedente judicial, es decir, optar por
no aplicar la razón jurídica con base en la cual se resolvió el caso anterior.
Sin embargo, el juez o tribunal no puede ignorar el precedente del órgano
de cierre de su jurisdicción -la ordinaria, la contenciosa administrativa, la
jurisdiccional disciplinaria, y en todo caso, la constitucional-: tienen frente a
ella el deber de desarrollar una argumentación explícita justificativa de su
inobservancia, es decir, satisfacer una carga dialogal con el precedente,
como fundamento de la decisión discrepante. En tales casos, por la
iniciativa razonada del juez, el precedente judicial puede no ser aplicado,
siempre con referencia expresa al mismo y con justificación jurídica del
apartamiento.
(…)
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5.4.3.5. El apartamiento judicial del precedente, en suma, es la potestad de
los jueces de apartarse de la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales
de cierre, como expresión de su autonomía judicial constitucional. Supone
un previo cumplimiento del estricto deber de consideración del
precedente en la decisión, ya que la jurisprudencia de las altas
corporaciones judiciales de cierre no puede ser sencillamente
ignorada frente a situaciones similares a las falladas en ella. Una vez
identificada la jurisprudencia aplicable al caso, la autoridad judicial sólo
puede apartarse de la misma mediante un proceso expreso de contra-
argumentación que explique las razones del apartamiento, bien por: (i)
ausencia de identidad fáctica, que impide aplicar el precedente al caso
concreto; (ii) desacuerdo con las interpretaciones normativas realizadas en
la decisión precedente; (iii) discrepancia con la regla de derecho que
constituye la línea jurisprudencial. De este modo, la posibilidad de
apartamiento del precedente emanado de las corporaciones judiciales de
cierre de las respectivas jurisdicciones supone, en primer término, un deber
de reconocimiento del mismo y, adicionalmente, de explicitación de las
razones de su desconsideración en el caso que se juzga»12.
Como se señaló insistentemente en la presente providencia, solo en los casos de
apartamiento injustificado del precedente puede intervenir el juez constitucional
para ordenarle al juez que adopte una decisión diferente.
Ahora bien, la Sala considera relevante ahondar en las razones por las cuales
rectifica la posición anterior, en la que ordenó tutelar los derechos de los
accionantes que radicaron sus demandas de reparación directa, antes de la
expedición de la sentencia de unificación:
En las providencias citadas se consideró que ante la falta de modulación de los
efectos en el tiempo de la sentencia de unificación de 20 de enero de 2019, se
debía acoger la posición mayoritaria vigente para la época, según la cual la
acción para reclamar la reparación de daños derivados de delitos de lesa
humanidad es imprescriptible.
Sin embargo, es preciso tener en cuenta la que en la sentencia T-044 de 14 de
febrero de 2022, La Corte Constitucional analizó un caso en el que se cuestionó
la aplicación de los efectos en el tiempo de la referida sentencia de unificación,
que permite replantearse la decisión de dar por demostrado el desconocimiento
del precedente. Al respecto señaló:
«78. Efectos temporales de la sentencia de unificación del Consejo de
Estado, para los efectos del presente proceso. En el fallo de unificación nada
se dijo sobre los efectos temporales de la decisión. (…)
79. Ante el silencio en el que incurrió el Consejo de Estado, la Sala considera
que, para los efectos del presente caso, el fallo de unificación tiene efectos
retrospectivos, al menos, por cuatro razones. Primero, porque darle efectos
retroactivos a las sentencias de unificación es una práctica que está prima
12
Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, magistrado ponente:
Mauricio González Cuervo.
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facie proscrita; segundo, porque, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, la regla general es que los cambios en el precedente judicial
tienen efectos generales e inmediatos; tercero, debido a que, según la
práctica jurisprudencial del Consejo de Estado, los efectos prospectivos del
cambio en el precedente judicial deben ser declarados explícitamente en la
respectiva providencia judicial; y, cuarto, porque, esa fue la intención de la
mayoría de los miembros de la Sala Plena de la Sección Tercera. A
continuación, la Sala se referirá a cada uno de estos argumentos.
80. La jurisprudencia contencioso administrativa y ordinaria coinciden en
que, por regla general, no es posible otorgar efectos retroactivos a las
sentencias (primer argumento). Al respecto, la Sección Tercera del Consejo
de Estado señaló que “la retroactividad del precedente viola la cláusula de
Estado de Derecho y el deber general del Estado de respeto a las garantías
judiciales, debido proceso, libertad e igualdad y, por contera, a la confianza
legítima creada de manera objetiva por las autoridades estatales en el
desarrollo de sus actos”. Así, salvo en material penal, está proscrito el
carácter retroactivo del precedente. Lo anterior, sin perjuicio de la
competencia excepcional que les asiste a los jueces de disponer
expresamente lo contrario, siempre que la ley los habilite para tales fines,
como ocurre con las sentencias proferidas por la Sala Plena de la Corte
Constitucional en desarrollo del control abstracto de constitucionalidad,
cuyos efectos pueden ser modulados retroactivamente, en ejercicio de la
potestad que establece el artículo 45 de la Ley 270 del año 1996.
(…)
82. En la Sentencia SU-406 del año 2016, la Corte se refirió explícitamente
al cambio del precedente jurisprudencial y su aplicación en el tiempo. En
esta decisión, luego de precisar que “el cambio de una determinada posición
jurisprudencial por el respectivo órgano de cierre, implica una modificación
en la interpretación jurídica, es decir, del contenido normativo de
determinada disposición”, esta Corporación señaló que los nuevos
precedentes deben aplicarse de forma “general e inmediata”; en otras
palabras, retrospectivamente. Con todo, en la misma decisión esta
Corporación aclaró que, “no obstante que la aplicación general e inmediata
de un nuevo precedente fijado por un órgano de cierre de la jurisdicción
vincula a la administración de justicia como una garantía del principio de
igualdad, tal regla general no puede pasar por alto el contenido material de
la misma igualdad al que se hizo referencia anteriormente, y que conduce a
que cada situación sea observada a la luz de las circunstancias particulares”.
83. Se trata, entonces, de una regla, en virtud de la cual el cambio de
precedente debe aplicarse de forma inmediata –retrospectivamente–, que
impone a los jueces el deber de valorar las circunstancias particulares de
cada caso en el que pretenden aplicar el cambio jurisprudencial, sobre todo
cuando la modificación supone imponer nuevas cargas procesales,
argumentativas o probatorias, así como también cuando esta tiene
incidencia directa en los términos procesales, notificaciones que se están
surtiendo o términos que ya habrían empezado a correr, entre otros eventos
en los que se ha creado para las partes y terceros una expectativa de actuar
de una determinada manera o de no hacerlo. (…)
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7.8.2.5. En este contexto, puede resultar que los sujetos procesales actúen
con la confianza legítima de que serán aplicadas ciertas reglas
jurisprudenciales vigentes, que luego serían modificadas. Por lo tanto, la
aplicación inmediata del nuevo precedente, sin consideración alguna a esta
circunstancia, podría derivar en el desconocimiento de derechos
fundamentales. Esto, en el supuesto de que en aplicación del cambio
jurisprudencial, no se den consecuencias jurídicas a actuaciones iniciadas
bajo el precedente anterior, o que, se atribuyan consecuencias jurídicas
desfavorables en razón a reglas que en su momento no existían y por tanto
no se pudieron evitar.
84. La línea de argumentación transcrita tiene como fundamento los
principios de legalidad y confianza legítima, así como el mandato de tutela
judicial efectiva. Además, como se dijo en la Sentencia SU-406 de 2016, así
como el artículo 624 del CGP establece reglas para aplicar los cambios
legislativos y reconoce eventos en los que no es posible aplicar dichos
cambios, aún ante el silencio del legislador; resulta razonable que,
igualmente, los jueces tengan el deber de valorar si la aplicación de la nueva
regla sacrifica intensamente las garantías procesales y sustanciales, aun
ante el silencio en el que incurrió quien determinó el cambio de
jurisprudencia. Así, ante una sentencia de unificación con efectos
retrospectivos –generales e inmediatos–, bien porque así se dispuso en el
fallo o en virtud de la regla sobre los efectos del cambio de jurisprudencia,
el cumplimiento del deber de valorar los parámetros vigentes debe hacerse
compatible con los principios constitucionales, incluso, si ello supone
interpretar tales reglas de otra manera o, incluso, no aplicarlas.
85. Según la práctica jurisprudencial del Consejo de Estado, el silencio en el
que se incurre al cambiar las reglas jurisprudenciales supone que el cambio
tiene efectos retrospectivos –generales e inmediatos–, pues los efectos
prospectivos del cambio en el precedente judicial han sido declarados
explícitamente (tercer argumento). En efecto, las cinco secciones de la
referida Corporación han optado por aplicar retrospectivamente los cambios
jurisprudenciales y, excepcionalmente, lo han hecho de forma prospectiva,
caso en el cual se hace explícitamente. En este último caso, algunas de las
secciones acuden formalmente a la doctrina denominada como “precedente
anunciado”.
(…)
89. Nótese que las secciones del Consejo de Estado han optado por hacer
explícita su intención de darle efectos prospectivos a sus decisiones de
unificación. Igualmente, esta Sala considera necesario resaltar que la
Sección Tercera, particularmente, ha optado por guardar silencio cuando
considera que las decisiones unificadoras deben tener efectos
retrospectivos –generales e inmediatos– . De allí que, en criterio de la Corte,
el silencio en el que se incurrió al dictar la sentencia de 29 de enero de 2020,
deba ser asumido según la referida práctica jurisprudencial, sobre todo si se
tiene en cuenta lo dicho sobre la regla fijada en la Sentencia SU-406 de 2016
(supra fj. 83).
90. La mayoría de la Sala Plena de la Sección Tercera consideró que la
sentencia de unificación tiene efectos retrospectivos (cuarto argumento).
Pese a que en la parte motiva del fallo se guardó silencio sobre sus efectos
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temporales, lo cierto es que uno de los salvamentos de voto permite suponer
cuál fue la tesis mayoritaria de la Sección Tercera. En efecto, en el
salvamento de voto que presentó la magistrada María Adriana Marín, se lee
la siguiente argumentación:
(…) 7. Por lo anterior, no comparto que hoy se aplique de forma retroactiva
o ultractiva la regla unificada, en relación con el conocimiento del daño o la
posibilidad de reclamar, siempre que se hubieran expuesto las razones que
los llevaron a no presentar la demanda dentro del término de caducidad de
la acción.
Considero que la decisión de la Sala debió adoptarse como
jurisprudencia anunciada, con efectos hacia el futuro y permitiendo que
se reiniciaran los cómputos de caducidad como lo hizo la sentencia SU-254
de 2013 de la Corte Constitucional para los casos de desplazamiento
forzado. En otros términos, brindar un plazo razonable a las víctimas para
que pudieran presentar las correspondientes demandas, una vez conocido
el cambio jurisprudencial, más aún si la posición unificada tiene como
propósito fijar una regla que tiende a ser restrictiva en el acceso a la
administración de justicia, puesto que tiende a privilegiar la seguridad
jurídica por encima de otros principios o valores constitucionales.
Lo anterior, toda vez que una decisión sorpresiva que busca aplicar de forma
exegética la norma de caducidad y, por tanto, restringe su flexibilidad, solo
podía ser aplicada, sin lesionar el derecho de acceso a la administración de
justicia, otorgando un plazo razonable para que las víctimas comprendan las
implicaciones de la unificación.
91. El derecho de los magistrados del Consejo de Estado para presentar
salvamentos de voto, reconocido en el inciso 2º del artículo 129 de la Ley
1437 de 2011, y regulado en el numeral 7º del artículo 33 del Reglamento
Interno de esa Corporación, supone el desacuerdo de estos funcionarios con
la posición mayoritaria de la Sala, frente a la parte resolutiva de la decisión
o sus efectos. De allí que el salvamento de voto de la doctora Marín sea
prueba indirecta de la postura mayoritaria de la Sala Plena de la Sección
Tercera de Consejo de Estado, pues, de no ser así, carecería de sentido
que la referida magistrada hubiere concluido que “la decisión de la Sala
debió adoptarse como jurisprudencia anunciada, con efectos hacia el
futuro”.
92. La autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del
precedente judicial, pero no por las razones expuestas por el juez de tutela
de segunda instancia. El ad quem concluyó que “se incurrió en
desconocimiento del precedente alegado, no solo porque se aplicó una
postura jurisprudencial que afectó un presupuesto procesal como el de la
caducidad del medio de control que no puede ni debe verse afectado con
los cambios repentinos de la jurisprudencia” (negrillas propias) y, con
fundamento en eso, dejó sin efectos la decisión tutelada. La Sala se aparta
de esa decisión, debido a que el Tribunal Administrativo de Casanare, como
se explicó en esta providencia, no desconoció el precedente judicial.
Además, porque, como se dijo previamente, la sentencia de unificación
aplica desde el momento en el que fue proferida, esto es, a los casos que
se encontraban en curso y a los iniciados luego de la sentencia de
unificación –efectos retrospectivos–, mas no solo a los procesos iniciados
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con posterioridad al fallo de unificación –efectos prospectivos–, como parece
haberlo considerado el juez de tutela ad quem.
93. Sin embargo, más allá de la razonabilidad de los argumentos expuestos
por los magistrados que fungieron como jueces de tutela, tales reflexiones
no dan cuenta de la configuración del defecto por desconocimiento del
precedente judicial. Sus consideraciones jurídicas, de un lado, ya habían
sido expuestas en los salvamentos de voto del fallo de unificación y, del otro,
no tuvieron acogida en la mayoría de sus colegas de la Sala Plena de la
Sección Tercera. Una cosa es que los funcionarios mantengan sus
disidencias con la decisión mayoritaria e, incluso, que persistan en que su
tesis sea derrotada en los procesos en los que son ponentes, y otra,
diferente, que califiquen la decisión tutelada, en la cual se plasma el criterio
mayoritario de la Sección Tercera, como violatoria del precedente judicial,
pues, es la posición de la mayoría y no la disidente la que constituye
precedente para los efectos del caso en particular, ya que los salvamentos
de voto no tienen fuerza vinculante, claro está, siempre que la misma
Corporación, mayoritariamente, no altere las reglas que ha unificado.
94. No obstante, teniendo en cuenta que, por las razones anotadas, la
sentencia de unificación tiene efectos retrospectivos, la Sala encuentra que
el Tribunal Administrativo de Casanare sí incurrió en desconocimiento del
precedente judicial. Esto, debido a que el aplicar las reglas unificadas en la
sentencia del 29 de enero de 2020, las cuales supusieron cambios
sustanciales en las cargas probatorias y argumentativas (infra num. 3.4.), no
tuvo en cuenta el mandato establecido en la Sentencia SU-406 del 2016,
según el cual, como ya se dijo, pese a que el cambio de reglas aplicara de
forma “general y automática”, debían valorarse las circunstancias
particulares de los accionantes, con el objetivo de determinar si la
aplicación “general y automática” del precedente unificado podría poner en
riesgo las garantías procesales y, en consecuencia, sus derechos
fundamentales. Esta omisión, en sí misma, constituye el desconocimiento
del precedente judicial. De haber hecho tal valoración, el juez de la causa
habría podido advertir la existencia de ciertas circunstancias que le imponían
la necesidad de matizar las reglas de unificación vigentes, circunstancias
que, por efectos metodológicos, serán estudiadas en el numeral siguiente
de esta sentencia»13.
Como se puede observar, el fallo de tutela hace un análisis exhaustivo de los
efectos en el tiempo de las sentencias de unificación, y en este se llegó a la
conclusión de que la regla general es que estos pronunciamientos se deben
aplicar de forma inmediata y retrospectiva, salvo que en los mismos se consagre
expresamente un efecto distinto, bien sea prospectivo o retroactivo, el cual debe
ser advertido en el texto de la providencia.
Por tal razón, en principio es posible aplicar de forma inmediata el criterio que se
establece en una sentencia de unificación.
Sin embargo, se precisa que la Corte Constitucional hizo énfasis en que el cambio
de línea jurisprudencial no se puede aplicar sin tener en cuenta las
13
Corte Constitucional, sentencia T – 44 de 14 de febrero de 2022, magistrada ponente: Paola
Andrea Meneses Mosquera.
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consideraciones expuestas en la sentencia de unificación SU 406 de 2016, en la
que se señaló que para efectos de proteger a las partes es necesario realizar un
análisis concreto, en el que se determine si los efectos en el tiempo perjudican
de forma desproporcionada a los ciudadanos, puesto que esta situación puede
considerarse contraria al derecho fundamental al debido proceso. En efecto, en
el mencionado pronunciamiento señaló lo siguiente:
«7.8.2.6. De manera que, así como el ordenamiento jurídico ha previsto
ciertas reglas en los casos en que se producen cambios legislativos, resulta
enteramente razonable que, igualmente, el juez de conocimiento considere
las circunstancias de cada caso a efectos de cumplir con su deber de aplicar
la jurisprudencia vigente para que no se afecten los derechos fundamentales
de los sujetos procesales.
En este orden de ideas, resulta admisible que, en aquellos casos en que los
sujetos procesales actuaron al amparo del precedente vigente, y con la
confianza legítima de que surtirían los efectos en él previsto, no se apliquen
los cambios que deriven en una afectación de sus derechos fundamentales.
7.8.2.7. La conclusión presentada comparte, en cierto sentido, la posición
sostenida por el Consejo de Estado -Sección Tercera- en relación con el
derecho de acceso a la administración de justicia en los casos en que un
órgano de cierre ha modificado el criterio sobre la acción idónea para
reclamar un derecho. Al respecto, dicha Corporación definió que “es claro
que luego de presentada la demanda no es razonable ni proporcionado que
se sorprenda al demandante con un intempestivo cambio de criterio”.
7.8.2.8. En este sentido, el Consejo de Estado realizó un análisis de la
aplicación de la jurisprudencia a la luz de la Constitución, no con la finalidad
de que se desconozcan las reglas generales sobre la vigencia inmediata del
precedente, sino para hacer evidente la necesidad de que, en el evento en
que se cambie la jurisprudencia que define los mecanismos para reclamar
judicialmente la protección de derechos, se haga una ponderación que tenga
en cuenta una posible afectación al derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia.
Lo anterior llevó al máximo tribunal de la jurisdicción contencioso
administrativa a definir que “el acceso efectivo a la justicia no puede
asegurarse sobre la base de criterios inciertos acerca de la manera como se
pueden hacer valer las pretensiones. De ahí que si la jurisprudencia de un
órgano de cierre, en un momento determinado señaló un derrotero y este es
seguido por el usuario de la administración de justicia en materia de la acción
pertinente para demandar, no puede luego sorprenderse a éste último con
abruptos cambios jurisprudenciales, que en últimas comprometan el núcleo
esencial de su derecho fundamental de libre acceso a la jurisdicción”.
(…) encuentra la Sala Plena de esta Corporación que, en concordancia con
la postura del Consejo de Estado anteriormente presentada, la aplicación de
la jurisprudencia que define sobre las reglas del proceso judicial está
supeditada a un examen fáctico que permita determinar si su inmediata
aplicación significa una afectación ostensible y transcendental de un
derecho fundamental de los sujetos procesales, quienes en virtud de la
confianza legítima, accedieron a la administración de justicia con
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fundamento en las reglas establecidas por la jurisprudencia vigente, y estas
reglas, posteriormente, fueron modificadas por un precedente que resulta
determinante para producir una afectación iusfundamental.
7.8.2.9. Con base en todo lo expuesto, esta Corte concluye que, si bien la
regla general indica que la jurisprudencia rige con efectos inmediatos y en
este sentido vincula a los operadores judiciales que deben tenerla en cuenta
en sus decisiones, la autoridad judicial tampoco puede pasar por alto que,
en ciertos escenarios concretos, la actuación de los sujetos procesales pudo
estar determinada por la jurisprudencia vigente para entonces, por lo que el
fallador, al momento de proferir su decisión, debe establecer, a partir de una
análisis fáctico, si el cambio de jurisprudencia resultó definitivo en una
posible afectación de derechos fundamentales al modificar las reglas
procesales con base en las cuales, legítimamente, habían actuado los
sujetos procesales y, en este sentido, el juez de conocimiento puede, como
excepción a la regla general de aplicación de la jurisprudencia, inaplicar un
criterio jurisprudencial en vigor al momento de proferir el fallo, pero contrario
a uno anterior que resultó determinante de la conducta procesal de las
partes»14.
En ese orden de ideas, tal como se puede evidenciar a partir del texto de la
sentencia del 15 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo del Magdalena
realizó un análisis concreto respecto de la situación de los entonces
demandantes, para llegar a la conclusión que, en efecto, las reglas
jurisprudenciales previstas en la sentencia de unificación del 19 de enero de 2020
les debían ser aplicadas, puesto que la muerte del señor José Luis Ortiz Pérez
se dio el 14 de marzo de 2004; que el 17 de junio de 2012 el señor Wilson Poveda
Carreño aceptó la responsabilidad en el secuestro y muerte del referido
ciudadano, y que de eso se dio cuenta al apoderado de los accionantes a través
del Oficio 045 D3-UNJP del 18 de enero de 2013, y que estos no acreditaron
razón alguna que justificara la demora en el acceso a la administración de justicia.
En la providencia objeto de la acción de tutela incluso se señaló que los hoy
accionantes ni siquiera presentaron la demanda de reparación directa dentro de
los 2 años siguientes a la fecha en que se constituyeron como parte civil en el
proceso adelantado en el Juzgado 16 de Instrucción Militar con ocasión de la
muerte del señor José Luis Ortiz Pérez, cuando tenían plena certeza de la
participación de miembros de la fuerza pública en los hechos.
Así las cosas, se reitera que en la presente acción de tutela no se citó ningún
precedente concreto que haya sido desconocido. Adicionalmente, la decisión
adoptada por la autoridad judicial es razonable y motivada. Además, se ciñó a los
postulados de los órganos de cierre tanto de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo como constitucional, y se hizo un análisis concreto respecto de la
situación de los accionantes para determinar si las reglas de unificación les
debían ser aplicadas.
14
Corte Constitucional, sentencia SU 406 de 4 de agosto de 2016, magistrado ponente:
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2023-07406-01
Accionante: Elizabeth Ortiz Pérez y otros
En ese orden de ideas, se concluye que no hay lugar a tutelar los derechos de
los accionantes, comoquiera que es evidente que no se configuró la causal
específica de procedibilidad de la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Revocar la sentencia de primera instancia del 4 de marzo de 2024
proferida la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado que declaró
la improcedencia de la acción de tutela. En su lugar,
Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela, de acuerdo con los
argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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