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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02543-00

Fecha
25 de julio de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02543-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Denegar el amparo que solicitan las señoras Ana Rosa Avendaño Vásquez, Liliana Gutiérrez Avendaño y Yolanda Gutiérrez Avendaño, conforme a la parte considerativa que antecede. Segundo. En caso de que no fuere impugnada la presente decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-02543-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

25 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 02543 00
Demandante: Ana Rosa Avendaño Vásquez y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otros

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa.
Sentencia de unificación del 29 de enero de 2020. Contabilización de la
caducidad de la acción. Delitos de lesa humanidad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1. Antecedentes

1.1. La solicitud de tutela

Las señoras Ana Rosa Avendaño Vásquez, Liliana Gutiérrez Avendaño y Yolanda
Gutiérrez Avendaño, por medio de apoderado, promueven acción de tutela contra la
providencia del 19 de octubre de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, que confirmó el auto del 22 de julio de 2021, dictado por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, mediante
el cual rechazó la demanda por caducidad.

1.2. Pretensiones

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 11001 03 15 000 2024 02543 00
Demandante: Ana Rosa Avendaño Vásquez y otro

Las accionantes formulan las siguientes súplicas:

PRIMERA: Se amparen los derechos fundamentales en favor de las accionantes al
acceso a la justicia, reparación integral, igualdad e integridad personal, contenidos
en la Carta Política y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

SEGUNDA: Que en consecuencia se revoque el Auto del 19 de octubre de 2023 que
confirma el rechazo de la demanda por caducidad (notificado mediante correo del
27 de noviembre de 2023) dentro del radicado
25000233600020190075901 (68805), medio de control de [reparación directa]
proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B.

TERCERA: Que se ordene al Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección
B, en el asunto de la referencia, que admita a trámite la demanda, al tratarse de
un caso de graves violaciones a los Derechos Humanos –asesinato de lesa
humanidad en el contexto del exterminio de la UP–. Lo anterior en aplicación de las
disposiciones convencionales y constitucionales (art. 93) que regulan la materia.

1.3. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, las accionantes a través de su apoderado señalan los
siguientes:

i) En uso del medio de control de reparación directa interpusieron demanda la cual
fue repartida al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, bajo la radicación 25000 23 36 000 2019 00759 00.

ii) La demanda impetrada tiene como objeto lograr el resarcimiento del daño
antijurídico que les causó el homicidio del señor Hernando de Jesús Gutiérrez,
secretario político del Comité Regional del Partido Comunista de Medellín, miembro
del Comité Central de su partido, dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores
de Antioquia y exconcejal de Medellín, asesinado el 22 de abril de 1988. El delito
descrito se califica como de lesa humanidad, ya que obedeció a la ejecución de un
plan o política de exterminio en contra de los militantes del Partido Comunista
Colombiano (PCC) y la Unión Patriótica (UP), que se fraguó en un contexto de
macrocriminalidad entre estructuras armadas ilegales y el Estado colombiano.

iii) El 5 de marzo de 2021, se admitió la demanda, decisión que fue recurrida por la
Unidad Nacional de Protección (UNP) y la FIDUPREVISORA S. A. y la Defensa Jurídica del

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extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y su Fondo Rotatorio. Los
recursos pretendían que se declarara la caducidad, porque según los impugnantes la
naturaleza de lesa humanidad de los hechos demandados no tenía incidencia al
momento de estudiar la oportunidad en la que se impetró la acción.

iv) Mediante auto del 22 de julio de 2021, el Tribunal repuso la aludida decisión; en
consecuencia, rechazó la demanda por caducidad. A través de apoderado interpuso
recurso de apelación, con el fin de que se diera aplicación al estándar de
imprescriptibilidad de las acciones restitutorias del daño en casos de graves
violaciones de DD. HH.1 instaurado en el caso Órdenes Guerra vs. Chile, fallado por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2018, que interpreta directamente el
alcance de los artículos 8.º y 25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (CADH).

v) De manera sobreviniente a la apelación, el 30 de enero de 2023 la Corte
Interamericana de Derechos Humanos notificó a las partes en el proceso
interamericano, incluida la Delegación de Víctimas: Derechos con Dignidad, la
sentencia Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia, en dicha
providencia se incluyó como víctima al señor Hernando de Jesús Gutiérrez y se ratificó
la lesa humanidad de su asesinato, asunto que hacía presuponer que la única función
del juez contencioso interno sería liquidar los perjuicios probados a su favor. El fallo
internacional fue trasladado al medio de control interno por la parte demandante el 24
de abril de 2023.

vi) En múltiples apartes de la referida providencia, se explicó la naturaleza de los
delitos cometidos en contra de los integrantes de la Unión Patriótica, así mismo se
calificaron como de lesa humanidad cada uno de los ilícitos que hicieron parte del
patrón de exterminio en contra del grupo político, entre otros, en los siguientes términos
«para esta Corte, todo el emprendimiento sistemático contra los dirigentes y militantes
de la Unión Patriótica configura un crimen contra la humanidad, porque es claro que
las acciones y omisiones o aquiescencias estatales emprendidas con el propósito de

1 Declaración Universal de los Derechos Humanos.

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aniquilamiento de un grupo humano de cualquier naturaleza configuran siempre un
crimen de lesa humanidad».

vii) El 19 de octubre de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
emitió el auto que es objeto de la presente solicitud de amparo, providencia que fue
notificada mediante correo del 27 de noviembre de 2023, confirmando el rechazo de
la demanda por caducidad y se ratificó la procedencia de aplicar al caso la Sentencia
de Unificación del 29 de enero de 2020.

viii) Desde ya se hace notar que en la decisión objeto de tutela, sin explicaciones de
fondo, se anuló el alcance de las obligaciones internacionales adquiridas por Colombia
que tienen rango constitucional según el artículo 92 y que hacen tránsito a control de
convencionalidad, esto bajo la simple retórica de la existencia de un fallo de unificación
interno que así lo ordena.

ix) La anterior situación fue expuesta por el magistrado Montaña Plata que salvó su
voto ante la decisión de la mayoría de la Sala, aduciendo la imposibilidad de aplicar
caducidad en acciones interpuestas antes graves violaciones a derechos humanos,
esto precisamente por el imperativo control de convencionalidad. En términos
prácticos, la argumentación mostrada evidencia que la providencia objeto de tutela es
contraria a mandatos constitucionales y convencionales, con el fatal resultado de la
revictimización y el quebrantamiento de las garantías al acceso a la justicia y a la
reparación integral del daño.

1.4. Fundamentos jurídicos

Las accionantes alegan que con la providencia objeto de censura se vulneraron sus
derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, a la reparación
integral, a la igualdad y a la integridad personal y se configuran los defectos de
desconocimiento del precedente judicial, sustantivo y violación directa de la
Constitución, además, no se aplicó la perspectiva de género, por las siguientes
razones:

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i) El alegato de desacato del precedente recae sobre los casos Órdenes Guerra vs.
Chile y Julien Grisonas vs. Argentina, que contienen la interpretación auténtica de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) instrumento internacional
que tiene un estatus constitucional en estricto sentido por mandato del artículo 93
superior.

ii) La providencia cuestionada elige la aplicación de la regla de caducidad contenida
en la sentencia de unificación del 29 enero 2020 del Consejo de Estado, homologada
por la SU-312 de 2020 de la Corte Constitucional, en contraposición a la obligación de
origen constitucional —artículo 93— y convencional —artículos 1.1., 2, 8.1 y 25 de la
CADH— desarrollada mediante la exégesis de los fallos a los que se aludió que

constituyen un precedente obligatorio para el Estado colombiano por control de
convencionalidad, y de los que se deriva el estándar u obligación constitucional de la
imprescriptibilidad de las acciones reparatorias del daño en casos de graves
violaciones a los DD.HH.

iii) Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se tramitan
peticiones en las que Colombia no emplea el estándar internacional de la
imprescriptibilidad de acciones judiciales resarcitorias ante graves violaciones a los
derechos humanos, como lo son los delitos de lesa humanidad. Ese órgano ha
declarado de plano la admisibilidad de los asuntos por la inconvencionalidad del
recurso interno –reparación directa– y/o su ineficacia ante la sanción de caducidad.

iv) El precedente fijado por la Comisión Interamericana establece que debido a los
obstáculos jurídicos impuestos en Colombia en virtud de la aplicación de la caducidad
a acciones contenciosas por graves violaciones al DD.HH, ese medio interno es
plenamente inane, por ello las víctimas ni siquiera tienen que agotarlo para acudir a la
jurisdicción internacional, es decir, las exime de lo previsto en el artículo 46 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos que en desarrollo del principio de
complementariedad determina que solo podrá presentarse solicitud al Sistema
Interamericano de Protección de Derechos Humanos (SIPDH) cuando «se hayan
interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna», pero que ese requisito no
será exigible cuando «b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos

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el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos».

v) Por otra parte, en el salvamento de voto suscrito por el magistrado Montaña Plata
se puntualiza sobre la inconvencionalidad de las sentencias de unificación respecto de
la procedencia de la sanción de caducidad ante graves violaciones a los derechos
humanos resaltando que por excepción de inconstitucionalidad y control de
convencionalidad es imperativo aplicar la obligación de imprescriptibilidad surgida de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y con reconocimiento
expreso de la jurisprudencia internacional. Entre la argumentación sobre la
inexigibilidad de la unificación interna sobresale la nulidad por falta de consideración
de elementos de relevancia constitucional, pero además que en realidad los fallos
domésticos aunque se denominan SU, no tienen esa naturaleza

vi) Con fundamento en lo anterior, se tiene que en la providencia objeto de amparo se
incurre en un defecto sustantivo o material por la interpretación y aplicación de las
disposiciones que integran el ordenamiento jurídico que fueron aterrizadas al caso
concreto respecto a la temática de caducidad de la acción en materia de graves
violaciones a los derechos humanos. Esas disposiciones llevaron al rechazo de la
demanda, lo que evidencia el yerro alegado, pues como se arguyó atrás «*se
desconoce la norma del ordenamiento jurídico constitucional o infraconstitucional
aplicable al caso concreto, **hay un error ostensible en la aplicación de una norma,
por ejemplo “sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica razonable la
disposición”, ***[el precepto usado] se muestra, injustificadamente regresiva o
contraria a la Constitución».

vii) En armonía con lo dicho, se viola directamente la Constitución causal específica
de procedencia de la tutela por la inaplicación de la excepción de constitucionalidad,
que en el presente caso se relaciona directamente con el Bloque de
Constitucionalidad, artículo 93, y el Control de Convencionalidad.

viii) Aunque no es un asunto que per se resuelva la litis de fondo, como sí lo son los
aspectos expuestos anteriormente, es profundamente grave que no se haya aplicado
perspectiva de género al caso, en el cual la parte activa se compone de mujeres

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discriminadas estructural e intersectorialmente por el Estado colombiano.

1.5. Actuación procesal

La acción de tutela se admitió mediante auto del 5 de junio de 2024, que ordenó
notificar a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
como demandados. Así mismo, se dispuso la notificación a la Nación (Ministerio del
Interior, al Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Policía Nacional), a la
Unidad Nacional de Protección (UNP), al Patrimonio Autónomo (PAP) FIDUPREVISORA S.
A., a la Presidencia de la República, a la Defensa Jurídica del extinto Departamento

Administrativo de Seguridad (DAS) y su Fondo Rotatorio administrado por la Fiduciaria
LA PREVISORA S. A., que actuaron como parte accionada en el medio de control de

reparación directa que se tramitó con el radicado 25000 23 36 000 2019 00759 00 [01].

1.6. Intervenciones

1.6.1. Del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. El consejero de
Estado, Martín Bermúdez Muñoz manifiesta que no participará en el proceso como
parte ni como tercero y que acatará estrictamente las disposiciones que se adopten en
la acción de tutela.

1.6.2. De la Nación (Ministerio del Interior). La señora Yolima Herrera Martínez,
directora jurídica alega que no se vulneró derecho fundamental alguno a las
accionantes, comoquiera que en el marco de las competencias definidas en la ley y
los reglamentos que la desarrollan, no tiene ninguna facultad para decidir el asunto
que suscita la tutela; en consecuencia, solicita se declare la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva y se ordene su desvinculación del trámite
constitucional.

1.6.3. El Patrimonio Autónomo (PAP) FIDUPREVISORA S. A. Defensa Jurídica del
Extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y su Fondo Rotatorio,

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por medio de apoderado,2 dio contestación a la demanda, oponiéndose a la
prosperidad de las pretensiones, porque carecen de fundamento legal e incluso la
acción de tutela resulta improcedente, por las siguientes razones:

i) Bajo ninguna óptica se cumple con los requisitos generales de procedencia contra
providencias judiciales, por cuanto no se puede asimilar la aplicación de la
jurisprudencia vigente al momento de tomar la decisión de declarar la caducidad con
una irregularidad procesal, incluso es «irrespetuoso ese trato para nuestra Rama
Judicial».

ii) Luego a partir de la página 13 se refiere al desconocimiento del precedente y cita
solamente fallos de la Convención Interamericana, uno del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y otro del Consejo de Estado que se apartaron de la sentencia de
unificación del 29 de enero del 2020, pero para nada menciona las numerosas
decisiones de esta corporación en las que se dio aplicación a aquella.

iii) Tampoco se cumple con este requisito toda vez que hay numerosos antecedentes
jurisprudenciales tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, que
confirman la tesis de la caducidad en los casos de lesa humanidad, respetando la
condición de los afectados en tanto obliga a contar los términos de caducidad a partir
del momento en que los afectados pudieron conocer el hecho y/o han tenido los medios
para poner en marcha el aparato judicial.

iv) Valga resaltar que en el medio de control de reparación directa no se demostró
alguna situación que hubiera impedido a las accionantes acudir ante la justicia para
interponer las acciones respectivas.

v) El Consejo de Estado ha señalado que la jurisprudencia aplicable es la vigente al
momento de tomar la decisión, al respecto se tiene como soporte el fallo del 24 de abril
del 2023, dictado dentro del radicado 25000 23 26 000 2007 00493 01 y así también
se puede apreciar en la sentencia del 7 de septiembre del 2023, proferida en el proceso

2 Carlos Tadeo Giraldo Gómez.

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con radicación 25000 23 36 000 2012 00628 03.

vi) Por lo anterior, definitivamente operó la caducidad y no es procedente la presente
tutela, toda vez que los autos que rechazaron el medio de control por caducidad están
basados en la jurisprudencia vigente, no sólo al momento de la presentación de la
demanda, sino también al adoptar la decisión.

1.6.4. De la Unidad Nacional de Protección (UNP). El señor Daniel Augusto Jorge El
Saieh Sánchez, jefe de la Oficina Asesora Jurídica, pide la desvinculación de la entidad
toda vez que el objeto de las súplicas elevadas por las accionantes no tiene ningún
tipo de relación con esa unidad, porque no existe conexidad entre ellas y sus funciones;
sin embargo, de considerarla justificada solicita se declare improcedente por
inexistencia de violación de derechos fundamentales, ya que no hay menoscabo de
garantía alguna a la parte actora.

1.6.5. De la Nación (Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional). La señora
Luisa Fernando Aguirre Cardona, asesora del Área Jurídica de la Unidad expone como
argumentos de defensa los siguientes:

i) En el presente caso, es posible afirmar sin lugar a duda la inexistencia de vulneración
o amenaza a los derechos fundamentales de las accionantes, por parte del Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B, teniendo en cuenta que por intermedio de
apoderado ejercieron el medio de control de reparación directa fuera de los términos
legales establecidos en el literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 del
2011.

ii) Así mismo, no se está ante el acontecimiento de un perjuicio irremediable o de una
amenaza inminente e injustificada que amerite la procedencia de la tutela como un
mecanismo para acceder al reconocimiento de las pretensiones planteadas por las
accionantes, máxime cuando se debatió a través de otras vías de protección
jurisdiccional siendo las idóneas para resolver la litis propuesta y, por ello, se genera
su improcedencia, teniendo en cuenta que es un medio de protección subsidiario.
Además, los hechos constitutivos del daño por no estar exentos de prueba deben

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acreditarse por la parte interesada.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

De acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del artículo 1.º del Decreto 1983 de 2017,
que modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, según el cual «las
acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado
serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación
y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de
conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4», la Sala es
competente para conocer del presente asunto.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para
efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantean las
señoras Ana Rosa Avendaño Vásquez, Liliana Gutiérrez Avendaño y Yolanda
Gutiérrez Avendaño contra el auto del 19 de octubre de 2023, que profirió el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B, dentro del medio de control de reparación
directa con radicación 25000 23 36 000 2019 00759 01.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos

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resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40,
estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin
embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la
cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e
independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.

No obstante, lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad
para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela
procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable».

Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional3 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente,
convergieron en la Sentencia C-590 de 20054, donde la Corte concentró y diferenció
las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la
oportunidad del amparo.

Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado
a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la
sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los

3T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567

de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de
2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
4Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre
que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto
orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que para que proceda el
amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.

El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,5 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.

Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 2014,6 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir,
con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los
presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.3.2 De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra autos
interlocutorios

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional7 el concepto de providencia judicial
comprende tanto las sentencias como los autos que son proferidos por las autoridades

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez,

expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
7 Ver sentencias T-125 de 2010 y SU-817 de 2010, entre otras.

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judiciales.

En materia de decisiones adoptadas en autos interlocutorios, la Corte Constitucional
ha señalado que estos, por regla general, deben ser discutidos por medio de los
recursos ordinarios que el legislador ha dispuesto para el efecto, a excepción de que
en el caso objeto de estudio: (i) se evidencie una vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales de las partes, que no puede ser reprochada mediante otros
medios de defensa judicial. En este evento, la acción constitucional no será procedente
cuando han vencido los términos para interponer los recursos ordinarios y la parte
afectada no hizo uso de ellos, o cuando fueron utilizados, pero en forma indebida; (ii)
a pesar de que existen otros medios, no resultan idóneos para proteger los derechos
afectados o amenazados; o (iii) cuando la protección constitucional es urgente para
evitar un perjuicio irremediable8

En todo caso, para que proceda, deberán reunirse los «requisitos generales de
procedencia» de la acción de tutela y al menos uno de los «requisitos especiales de
procedibilidad» de la tutela fijados por la Corte Constitucional.

2.4. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:

2.4.1. El 30 de octubre de 2019, las señoras Ana Rosa Avendaño Vásquez, Liliana
Gutiérrez Avendaño y Yolanda Gutiérrez Avendaño, por medio de apoderado,
impetraron medio de control de reparación directa para que se declararan solidaria y
administrativamente responsables a la Nación (Ministerio de Defensa Nacional, Policía
Nacional, Ejército Nacional y al Ministerio del Interior), a la Presidencia de la República,
a la Unidad Nacional de Protección (UNP) al Patrimonio Autónomo (PAP) FIDUPREVISORA
S. A. Defensa Jurídica del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y

su Fondo Rotatorio administrado por la Fiduciaria LA PREVISORA S. A., por los daños

8 Ver al respecto la sentencia T-489 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

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antijurídicos que les ocasionó el homicidio del señor Hernando de Jesús Gutiérrez, en
hechos ocurridos el 22 de abril de 1988, en el Barrio Alfonso López del municipio de
Medellín (Antioquia), perpetrado en razón a su pertenencia y militancia en el Partido
Comunista Colombiano, Unión Patriótica.9

2.4.2. El 5 de marzo de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, dictó auto dentro del proceso con radicación 25000 23 36 000
2019 00759 00, en el que resolvió lo siguiente:10

PRIMERO: ADMITIR la demanda presentada por las señoras ANA ROSA AVENDAÑO
VÁSQUEZ, LILIANA GUTIÉRREZ AVENDAÑO y YOLANDA GUTIÉRREZ AVENDAÑO en
contra de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL, POLICÍA
NACIONAL, MINISTERIO DEL INTERIOR, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, UNIDAD
NACIONAL DE PROTECCIÓN y el PATRIMONIO AUTÓNOMO DE LA FIDUPREVISORA S. A.
COMO DEFENSA JURÍDICA DEL EXTINTO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
SEGURIDAD DAS Y SU FONDO ROTATORIO.

[…]

2.4.3. El 22 de julio de 2021, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al desatar los recursos de reposición interpuestos
por la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Fiduciaria LA PREVISORA S. A., en su
calidad de vocera del Patrimonio Autónomo PAP FIDUPREVISORA S. A. y Defensa Jurídica
del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y su Fondo Rotatorio
contra la anterior providencia, dispuso lo siguiente:11

PRIMERO: RECHAZAR el recurso de reposición impetrado por el apoderado de la
Unidad Nacional de Protección contra el auto que admitió la demanda, al haberlo
presentado extemporáneamente.

SEGUNDO: REPONER el auto del 5 de marzo de 2021, que admitió la demanda de
reparación directa en referencia, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia y, en consecuencia.

TERCERO: RECHAZAR la demanda de reparación directa presentada por Ana Rosa
Avendaño Vásquez y otros en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, Ejército Nacional, Ministerio del Interior, Presidencia de la República,
Unidad Nacional de Protección y la Fiduciaria La Previsora S. A. Fiduprevisora S.
A., en su calidad de vocera del Patrimonio Autónomo PAP Fiduprevisora S. A. y

9 Índice 10, del expediente electrónico 25000 23 36 000 2019 00759 00.
10 Índice 5, del expediente electrónico 25000 23 36 000 2019 00759 00.
11 Índice 22, del expediente electrónico 25000 23 36 000 2019 00759 00.

15

Radicado: 11001 03 15 000 2024 02543 00
Demandante: Ana Rosa Avendaño Vásquez y otro

Defensa Jurídica del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y su
Fondo Rotatorio, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

CUARTO: NOTIFICAR la presente providencia a las partes.

Por Secretaría, ARCHIVAR el presente proceso, dejando las anotaciones de rigor
respectivas.

2.4.4. El 19 de octubre de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, al desatar el recurso de apelación incoado por la parte actora contra el auto del 22
de julio de 2021, decidió lo siguiente:12

PRIMERO: CONFÍRMASE el auto proferido el 22 de julio de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, en el que se
rechazó la demanda por caducidad.

SEGUNDO: La presente providencia será notificada mediante estado electrónico. En
el sistema de información SAMAI se encuentran registrados los correos electrónicos
de los apoderados de las partes. Se advierte a los sujetos procesales que deberán
indicar cualquier modificación en la información de los canales de comunicación
electrónica al correo ces3secr@consejodeestado.gov.co[.]

TERCERO: Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el
expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

2.5.1. Verificación del cumplimiento de las causales generales de procedencia

2.5.1.1. El asunto en estudio «reviste suficiente relevancia constitucional», toda vez
que el debate planteado por las accionantes gira en torno a la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, a la reparación
integral, a la igualdad y a la integridad personal.

2.5.1.2. En el presente caso se «cumple con el requisito de subsidiariedad» en cuanto
se censura la providencia que resolvió el recurso de apelación que se interpuso contra
el auto que declaró la caducidad en el medio de control de reparación directa con
radicación 25000 23 36 000 2019 00759 01.

12 Índice 10, del expediente electrónico.

16

Radicado: 11001 03 15 000 2024 02543 00
Demandante: Ana Rosa Avendaño Vásquez y otro

2.5.1.3. Se «cumple con el requisito de inmediatez», por cuanto la decisión objeto de
reproche constitucional data del 19 de octubre de 2023, se notificó por estado el 28 de
noviembre de 2023,13 quedó ejecutoriada el 4 de diciembre de 2023 y la presente
acción de tutela se radicó en la Ventanilla Virtual de esta corporación el 21 de mayo
de 2024,14 es decir, dentro del término de los seis meses que señaló esta corporación
como prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.

2.5.1.4. En el caso «no se cuestiona una irregularidad procesal».

2.5.1.5. Dentro de la demanda de tutela «se identificaron razonablemente los hechos
y argumentos frente a los que se alega vulneración».

2.5.1.6. El asunto «no se refiere a una sentencia de tutela», toda vez que la providencia
que se cuestiona es aquella que rechazó el medio de control de reparación directa.

Bajo ese contexto, la Sala responde de manera afirmativa el interrogante que se
presentó primigeniamente, en el sentido de señalar que se cumplen las exigencias que
habilitan el uso de la acción de tutela para rebatir el proveído del 19 de octubre de
2023, que emitió el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

2.5.2. Análisis de procedibilidad de la acción de tutela

2.5.2.1. Desarrollo jurisprudencial del defecto sustantivo

La Corte Constitucional en Sentencia C-590 de 2005, señala que el «defecto material
o sustantivo» se presenta en casos en que se resuelve con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre los fundamentos y la decisión.

De acuerdo con el desarrollo jurisprudencial que se ha dado en el tema, una
providencia judicial incurre en «defecto material o sustantivo» cuando la autoridad

13 Índice 16, del expediente electrónico 25000 23 36 000 2019 00759 01.
14 Índice 1, del expediente electrónico.

17

Radicado: 11001 03 15 000 2024 02543 00
Demandante: Ana Rosa Avendaño Vásquez y otro

jurisdiccional: 1) aplica una disposición que perdió vigencia por cualquiera de las
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; 2) aplica un
precepto manifiestamente inaplicable al caso, verbigracia porque el supuesto de hecho
del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; 3) a pesar
del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, realiza una interpretación contraevidente —interpretación contra legem— o
claramente irrazonable o desproporcionada; 4) se aparta del precedente judicial —
horizontal o vertical— sin justificación suficiente; o 5) se abstiene de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución,
siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el
proceso.15

2.5.2.2. Del desconocimiento del precedente judicial

La Corte ha sostenido que se configura un defecto sustantivo en la modalidad de
desconocimiento de precedente judicial cuando se desacata aquella sentencia o
conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de
escrutinio en materia de 1) patrones fácticos y 2) problemas jurídicos, y en las que en
su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve
también para solucionar el nuevo caso.

En la providencia T-794 de 2011, la Corte indicó los criterios a tener en cuenta para
identificar el desconocimiento de precedente judicial, de la siguiente forma: 1) la ratio
decidendi del fallo que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial
relacionada con el caso a decidir posteriormente; 2) se trata de un problema jurídico
similar o de una cuestión constitucional semejante y 3) los hechos del asunto o las
normas juzgadas en la sentencia son análogos o plantean un punto de derecho
idéntico al que se debe resolver posteriormente.16

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha diferenciado dos clases de

15 Corte Constitucional. Sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-
087 de 2007, T-436 de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2013, entre otras.
16 Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006.

18

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Demandante: Ana Rosa Avendaño Vásquez y otro

precedentes, en los que se tiene en cuenta la autoridad que profiere la providencia
previa, a saber, el precedente horizontal, que hace referencia a aquellas sentencias
fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial y el
precedente vertical, que se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias
superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o
en el marco constitucional.17

Para la mayoría de los asuntos, el precedente vertical que deben seguir los
funcionarios judiciales lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de
Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción, 18 y en los casos
en los que no son susceptibles de revisión por las autoridades mencionadas, son los
tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los operadores
judiciales inferiores.19

Así las cosas, para los jueces es de obligatorio cumplimiento acoger las decisiones
que profieren los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones, cuando éstas
constituyan precedentes y/o sus propias sentencias en casos idénticos; regla que solo
permite excepción, cuando el caso presenta situaciones no analizadas con
anterioridad en otros fallos judiciales.

En esa medida, las autoridades judiciales se pueden apartar de los precedentes
judiciales en atención a su autonomía y a su independencia, siempre que se cumplan
las siguientes reglas: «(i) Debe hacer referencia al precedente que abandona, lo que
significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca
hubiera existido (principio de transparencia). (ii) En segundo lugar, debe ofrecer una
carga argumentativa seria, mediante la cual explique de manera suficiente y razonada
los motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias
decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de
razón suficiente)».20

17 Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011 y T-209 de 2011.
18 Corte Constitucional. Sentencias T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011.
19 Corte Constitucional. Sentencias T-211 de 2008, T-161 de 2010 y T-082 de 2011.
20 Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011.

19

Radicado: 11001 03 15 000 2024 02543 00
Demandante: Ana Rosa Avendaño Vásquez y otro

De esta forma, concluye la Corte que el desconocimiento del precedente judicial, sin
debida justificación, configura un defecto sustantivo, pues su respeto es una obligación
de todas las autoridades judiciales en virtud de los principios al debido proceso, a la
igualdad y a la buena fe.21

2.5.2.3. De la violación directa de la Constitución Política

La Corte Constitucional ha precisado que el defecto por la violación directa de la
Constitución se origina en la obligación que les asiste a todas las autoridades judiciales
de velar por el cumplimiento del mandato establecido en el artículo 4.º de la
Constitución Política: «la Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales».

La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales por violación
directa a la Constitución, en principio fue concebida como un defecto sustantivo.

Así, por ejemplo, en la Sentencia SU-1722 de 2000,22 en la que se estudiaron acciones
de tutela interpuestas contra providencias de la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, en las cuales se les agravó la pena a los apelantes únicos argumentando que
concurrían el grado jurisdiccional de consulta y el recurso de apelación, la Corte
Constitucional señaló que desconocer la disposición constitucional que expresamente
prohíbe al superior funcional «agravar la pena impuesta cuando el condenado sea
apelante único», suponía la materialización del defecto sustantivo. 23 Al respecto la
Corte manifestó:

[…] En los casos que son objeto de revisión, la Corte aprecia un defecto sustantivo,
en la medida en que las decisiones impugnadas se fundan en la sumisión de la no
reforma en peor frente al principio de legalidad, lo cual resulta evidente inaplicable.
En este sentido, el error superlativo en que incurrieron las autoridades
demandadas consistió en el desconocimiento del principio constitucional
consagrado en el inciso 2º del artículo 31 de la Constitución […].

21 Corte Constitucional.Sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011 y T-464 de 2011, T-794 de 2011, C-
634 de 2011, entre otras.
22 Sentencia de 12 de diciembre de 2000.
23 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 31 de julio de 2014, radicación 2014 00861 00

magistrada ponente María Claudia Rojas Lasso.

20

Radicado: 11001 03 15 000 2024 02543 00
Demandante: Ana Rosa Avendaño Vásquez y otro

Con posterioridad, en la Sentencia T-949 de 2003, la Corte incluyó la violación directa
de la Constitución como una causal de procedibilidad de la acción de tutela de carácter
independiente y autónomo. En esa oportunidad se pronunció así:

«[…] todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la
eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad
jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias judiciales)
es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de
manera previa la configuración de una de las causales de procedibilidad; es decir,
una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis eventos
suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto sustantivo, orgánico
o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación,
(v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la Constitución […].

Finalmente, la anterior interpretación se consolidó en la Sentencia C-590 de 2005, en
la que la Corte al estudiar una acción pública de inconstitucionalidad contra la
disposición del Código de Procedimiento Penal, que aparentemente proscribía la
acción de tutela contra fallos dictados por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, incluyó definitivamente a la violación directa de la Constitución
como un defecto autónomo que justifica la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente:

« […] la violación directa de la Constitución opera en dos circunstancias: uno (i),
cuando se deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto, dos
(ii), al aplicar la ley al margen de los dictados de la Constitución […].

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional24 ha estimado que procede la tutela contra
providencias judiciales por violación directa de la Constitución cuando: (i) en la solución
del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (ii) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; y (iii) el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo
en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.

24 Sentencias T-809 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, T-747 de 2009 M.P. Gabriel Eduardo

Mendoza Martelo, T-555 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-071 de 2012. M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, entre otras.

21

Radicado: 11001 03 15 000 2024 02543 00
Demandante: Ana Rosa Avendaño Vásquez y otro

En conclusión, es factible que una providencia judicial sea susceptible de cuestionarse
por medio de la acción de tutela cuando desconozca o aplique indebida e
irrazonablemente los postulados previstos por la Constitución, pues a las autoridades
judiciales no les es dable en su labor apartarse de las disposiciones previstas en ella,
dado que el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce un valor normativo
superior a los preceptos contenidos en la Carta Política.25

2.5.3. Los defectos alegados

Las señoras Ana Rosa Avendaño Vásquez, Liliana Gutiérrez Avendaño y Yolanda
Gutiérrez Avendaño alegan la vulneración de sus derechos fundamentales al acceso
a la administración de justicia, a la reparación integral, a la igualdad y a la integridad
personal con la providencia proferida el 19 de octubre de 2023, por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, en cuanto confirmó la declaración de
caducidad del medio de control de reparación directa que interpuso contra la Nación
(Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, Ejército Nacional, el Ministerio del
Interior), la Presidencia de la República, la Unidad Nacional de Protección ( UNP), el
Patrimonio Autónomo (PAP) FIDUPREVISORA S. A. Defensa Jurídica del extinto
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y su Fondo Rotatorio administrado
por la Fiduciaria LA PREVISORA S. A., para que fueran declarados solidaria y
administrativamente responsables por los perjuicios que les ocasionó el asesinato del
señor Hernando de Jesús Gutiérrez el 22 de abril de 1988, en hechos acaecidos en el
Barrio Alfonso López del municipio de Medellín (Antioquia), en razón a su militancia en
el Partido Comunista Colombiano, Unión Patriótica. Así mismo, señalan que se incurrió
en los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa
de la Constitución.

La Sección Tercera del Consejo de Estado, en fallo del 29 de enero de 202026 unificó
la jurisprudencia en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias
formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y

25 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de l 31 de julio de 2014, radicado 2014 00861 00

magistrada ponente María Claudia Rojas Lasso
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Expediente radicado 85001 33 33 002 2014 00144

01.

22

Radicado: 11001 03 15 000 2024 02543 00
Demandante: Ana Rosa Avendaño Vásquez y otro

cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaración de responsabilidad
patrimonial del Estado.

Por su parte, la Sala de decisión de la Sección Tercera procedió a determinar si la
imprescriptibilidad que opera en materia penal frente a delitos de lesa humanidad y
crímenes de guerra daba lugar a interferir en el cómputo del término de caducidad para
demandar en reparación directa frente a tales conductas.

Así, luego de citar la legislación y jurisprudencia interna en materia de
imprescriptibilidad penal y aplicación de la caducidad en los procesos de reparación
directa, advirtió que esa figura opera en el ámbito penal mientras no haya sujetos
individualizados y se mantiene hasta que se les identifique y se les vincule a las
diligencias, y que, en el campo de la reparación directa, no corre hasta tanto se cuente
con elementos para deducir la participación del Estado en los hechos antijurídicos y se
advierta la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial.

Por tanto, concluyó que las situaciones que se pretenden salvaguardar con la
imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de lesa humanidad y los crímenes
de guerra se encuentran previstas en materia de lo contencioso-administrativo al
amparo de la hipótesis del conocimiento del hecho dañoso y, en virtud de lo cual, el
término de caducidad sí debe exigirse en estos eventos, pero a partir de que se
observe que el interesado sabía o tenía la posibilidad de advertir que el Estado
tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible de ser demandado en los
términos del artículo 90 de la Constitución Política.

De esta forma, señaló que: i) en lo referente a los delitos de lesa humanidad, los
crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaración
de responsabilidad patrimonial al Estado, resulta aplicable el término para demandar
establecido por el legislador; ii) el plazo, salvo en el caso de la desaparición forzada
que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados
conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y
advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial; y iii) que el término
pertinente no se emplea cuando se observan situaciones que hubiesen impedido

23

Radicado: 11001 03 15 000 2024 02543 00
Demandante: Ana Rosa Avendaño Vásquez y otro

materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a
correr el plazo de ley.

Así mismo, concluyó que la caducidad en este tipo de eventos delictuosos sí operaba
«pero si el interesado estaba en condiciones de inferir tal situación y, pese a ello no
acudió a esta jurisdicción, el juez de lo contencioso-administrativo debe declarar que
el derecho de acción no se ejerció en tiempo, bien sea al analizar la admisión de la
demanda, al resolver las excepciones en la audiencia inicial o al dictar sentencia,
según el caso».

Alegan las accionantes que el Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección B, al
confirmar la providencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C, omitió lo siguiente:

1) Los hechos en los que se funda la solicitud de reparación directa están relacionados
con delitos de lesa humanidad, sobre los que no resulta aplicable el fenómeno de la
caducidad.

2) La naturaleza y alcance del artículo 93 de la Constitución Política y de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos –especialmente sus artículos 8.1 y 25 —acceso
a la justicia—.

3) La obligación de control de convencionalidad, el principio de la «norma internacional
interpretada y la excepción de inconstitucionalidad».

4) La interpretación auténtica de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(CADH) que para la temática concreta —imprescriptibilidad de la acción resarcitoria ante
graves violaciones a los DD.HH— se desprende de los casos Órdenes Guerra vs. Chile
y familia Julien Grisonas vs. Argentina.

5) Los principios más básicos de derecho internacional público, esto es, exégesis de
buena fe, sistemática y evolutiva; pacta sunt servanda y la prohibición de invocar las

24

Radicado: 11001 03 15 000 2024 02543 00
Demandante: Ana Rosa Avendaño Vásquez y otro

disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de una
obligación internacional.

6) La interpretación teleológica y conforme a los trabajos preparatorios del artículo 164
de la Ley 1437 de 2011.

7) Aunque no es un asunto que per se zanje la litis de fondo, resulta profundamente
grave que no se haya aplicado perspectiva de género, toda vez que la parte activa se
compone de mujeres discriminadas estructural e intersectorialmente por el Estado
colombiano.

Pues bien, en la decisión objeto de censura, la Sección Tercera, Subsección B, al
analizar si se impetró oportunamente el medio de control de reparación directa trajo a
colación la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, en la que esta
corporación concluyó que la caducidad en el tipo de eventos delictuosos antes
mencionados sí operaba, y si el interesado estaba en condiciones de inferir el hecho
dañoso y no acudió a la jurisdicción, el juez debe declarar que el derecho de acción no
se ejerció en tiempo, bien sea al estudiar la admisión de la demanda, al resolver las
excepciones en la audiencia inicial o al dictar sentencia.

Al respecto, en primer lugar, se debe precisar que si bien en anteriores oportunidades
esta Subsección ha tenido en cuenta la fecha de presentación de la demanda para
examinar la aplicabilidad del precedente judicial fijado en la sentencia del 29 de enero
de 2020 por la Sección Tercera de esta corporación, a partir del fallo del 23 de mayo
de 2024 emitido dentro del expediente de tutela 11001 03 15 000 2023 07406 01, se
rectificó esa postura, con fundamento en las siguientes razones:

En las providencias citadas se consideró que ante la falta de modulación de los
efectos en el tiempo de la sentencia de unificación de 20 de enero de 2019, (sic)
se debía acoger la posición mayoritaria vigente para la época, según la cual la
acción para reclamar la reparación de daños derivados de delitos de lesa
humanidad es imprescriptible.

Sin embargo, es preciso tener en cuenta la que (sic) en la sentencia T-044 de 14
de febrero de 2022, (sic) La Corte Constitucional analizó un caso en el que se
cuestionó la aplicación de los efectos en el tiempo de la referida sentencia de

25

Radicado: 11001 03 15 000 2024 02543 00
Demandante: Ana Rosa Avendaño Vásquez y otro

unificación, que permite replantearse la decisión de dar por demostrado el
desconocimiento del precedente. Al respecto señaló:

«78. Efectos temporales de la sentencia de unificación del Consejo de Estado, para
los efectos del presente proceso. En el fallo de unificación nada se dijo sobre los
efectos temporales de la decisión. (…)

79. Ante el silencio en el que incurrió el Consejo de Estado, la Sala considera que,
para los efectos del presente caso, el fallo de unificación tiene efectos
retrospectivos, al menos, por cuatro razones. Primero, porque darle efectos
retroactivos a las sentencias de unificación es una práctica que está prima facie
proscrita; segundo, porque, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la
regla general es que los cambios en el precedente judicial tienen efectos generales
e inmediatos; tercero, debido a que, según la práctica jurisprudencial del Consejo
de Estado, los efectos prospectivos del cambio en el precedente judicial deben ser
declarados explícitamente en la respectiva providencia judicial; y, cuarto, porque,
esa fue la intención de la mayoría de los miembros de la Sala Plena de la Sección
Tercera. A continuación, la Sala se referirá a cada uno de estos argumentos

80. La jurisprudencia [contencioso-administrativa] y ordinaria coinciden en que, por
regla general, no es posible otorgar efectos retroactivos a las sentencias (primer
argumento). Al respecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló que “la
retroactividad del precedente viola la cláusula de Estado de Derecho y el deber
general del Estado de respeto a las garantías judiciales, debido proceso, libertad
e igualdad y, por contera, a la confianza legítima creada de manera objetiva por
las autoridades estatales en el desarrollo de sus actos”. Así, salvo en material
penal, está proscrito el carácter retroactivo del precedente. Lo anterior, sin perjuicio
de la competencia excepcional que les asiste a los jueces de disponer
expresamente lo contrario, siempre que la ley los habilite para tales fines, como
ocurre con las sentencias proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional
en desarrollo del control abstracto de constitucionalidad, cuyos efectos pueden ser
modulados retroactivamente, en ejercicio de la potestad que establece el artículo
45 de la Ley 270 del año 1996.

(…)

82. En la Sentencia SU-406 del año 2016, la Corte se refirió explícitamente al
cambio del precedente jurisprudencial y su aplicación en el tiempo. En esta
decisión, luego de precisar que “el cambio de una determinada posición
jurisprudencial por el respectivo órgano de cierre, implica una modificación en la
interpretación jurídica, es decir, del contenido normativo de determinada
disposición”, esta Corporación señaló que los nuevos precedentes deben aplicarse
de forma “general e inmediata”; en otras palabras, retrospectivamente. Con todo,
en la misma decisión esta Corporación aclaró que, “no obstante que la aplicación
general e inmediata de un nuevo precedente fijado por un órgano de cierre de la
jurisdicción vincula a la administración de justicia como una garantía del principio
de igualdad, tal regla general no puede pasar por alto el contenido material de la
misma igualdad al que se hizo referencia anteriormente, y que conduce a que cada
situación sea observada a la luz de las circunstancias particulares”.

83. Se trata, entonces, de una regla, en virtud de la cual el cambio de precedente
debe aplicarse de forma inmediata –retrospectivamente–, que impone a los jueces
el deber de valorar las circunstancias particulares de cada caso en el que

26

Radicado: 11001 03 15 000 2024 02543 00
Demandante: Ana Rosa Avendaño Vásquez y otro

pretenden aplicar el cambio jurisprudencial, sobre todo cuando la modificación
supone imponer nuevas cargas procesales, argumentativas o probatorias, así
como también cuando esta tiene incidencia directa en los términos procesales,
notificaciones que se están surtiendo o términos que ya habrían empezado a
correr, entre otros eventos en los que se ha creado para las partes y terceros una
expectativa de actuar de una determinada manera o de no hacerlo. (…)

7.8.2.5. En este contexto, puede resultar que los sujetos procesales actúen con la
confianza legítima de que serán aplicadas ciertas reglas jurisprudenciales
vigentes, que luego serían modificadas. Por lo tanto, la aplicación inmediata del
nuevo precedente, sin consideración alguna a esta circunstancia, podría derivar en
el desconocimiento de derechos fundamentales. Esto, en el supuesto de que en
aplicación del cambio jurisprudencial, no se den consecuencias jurídicas a
actuaciones iniciadas bajo el precedente anterior, o que, se atribuyan
consecuencias jurídicas desfavorables en razón a reglas que en su momento no
existían y por tanto no se pudieron evitar.

84. La línea de argumentación transcrita tiene como fundamento los principios de
legalidad y confianza legítima, así como el mandato de tutela judicial efectiva.
Además, como se dijo en la Sentencia SU-406 de 2016, así como el artículo 624
del CGP establece reglas para aplicar los cambios legislativos y reconoce eventos
en los que no es posible aplicar dichos cambios, aún ante el silencio del legislador;
resulta razonable que, igualmente, los jueces tengan el deber de valorar si la
aplicación de la nueva regla sacrifica intensamente las garantías procesales y
sustanciales, aun ante el silencio en el que incurrió quien determinó el cambio de
jurisprudencia. Así, ante una sentencia de unificación con efectos retrospectivos –
generales e inmediatos–, bien porque así se dispuso en el fallo o en virtud de la
regla sobre los efectos del cambio de jurisprudencia, el cumplimiento del deber de
valorar los parámetros vigentes debe hacerse compatible con los principios
constitucionales, incluso, si ello supone interpretar tales reglas de otra manera o,
incluso, no aplicarlas.

85. Según la práctica jurisprudencial del Consejo de Estado, el silencio en el que
se incurre al cambiar las reglas jurisprudenciales supone que el cambio tiene
efectos retrospectivos –generales e inmediatos–, pues los efectos prospectivos del
cambio en el precedente judicial han sido declarados explícitamente (tercer
argumento). En efecto, las cinco secciones de la referida Corporación han optado
por aplicar retrospectivamente los cambios jurisprudenciales y, excepcionalmente,
lo han hecho de forma prospectiva, caso en el cual se hace explícitamente. En este
último caso, algunas de las secciones acuden formalmente a la doctrina
denominada como “precedente anunciado”.

(…)

89. Nótese que las secciones del Consejo de Estado han optado por hacer explícita
su intención de darle efectos prospectivos a sus decisiones de unificación.
Igualmente, esta Sala considera necesario resaltar que la Sección Tercera,
particularmente, ha optado por guardar silencio cuando considera que las
decisiones unificadoras deben tener efectos retrospectivos –generales e
inmediatos– . De allí que, en criterio de la Corte, el silencio en el que se incurrió al
dictar la sentencia de 29 de enero de 2020, deba ser asumido según la referida
práctica jurisprudencial, sobre todo si se tiene en cuenta lo dicho sobre la regla
fijada en la Sentencia SU-406 de 2016 (supra fj. 83).

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90. La mayoría de la Sala Plena de la Sección Tercera consideró que la sentencia
de unificación tiene efectos retrospectivos (cuarto argumento). Pese a que en la
parte motiva del fallo se guardó silencio sobre sus efectos temporales, lo cierto es
que uno de los salvamentos de voto permite suponer cuál fue la tesis mayoritaria
de la Sección Tercera. En efecto, en el salvamento de voto que presentó la
magistrada María Adriana Marín, se lee la siguiente argumentación:

(…) 7. Por lo anterior, no comparto que hoy se aplique de forma retroactiva o
ultractiva la regla unificada, en relación con el conocimiento del daño o la
posibilidad de reclamar, siempre que se hubieran expuesto las razones que los
llevaron a no presentar la demanda dentro del término de caducidad de la acción.

Considero que la decisión de la Sala debió adoptarse como jurisprudencia
anunciada, con efectos hacia el futuro y permitiendo que se reiniciaran los
cómputos de caducidad como lo hizo la sentencia SU-254 de 2013 de la Corte
Constitucional para los casos de desplazamiento forzado. En otros términos,
brindar un plazo razonable a las víctimas para que pudieran presentar las
correspondientes demandas, una vez conocido el cambio jurisprudencial, más aún
si la posición unificada tiene como propósito fijar una regla que tiende a ser
restrictiva en el acceso a la administración de justicia, puesto que tiende a
privilegiar la seguridad jurídica por encima de otros principios o valores
constitucionales.

Lo anterior, toda vez que una decisión sorpresiva que busca aplicar de forma
exegética la norma de caducidad y, por tanto, restringe su flexibilidad, solo podía
ser aplicada, sin lesionar el derecho de acceso a la administración de justicia,
otorgando un plazo razonable para que las víctimas comprendan las implicaciones
de la unificación.

[…]

92. La autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente
judicial, pero no por las razones expuestas por el juez de tutela de segunda
instancia. El ad quem concluyó que “se incurrió en desconocimiento del precedente
alegado, no solo porque se aplicó una postura jurisprudencial que afectó un
presupuesto procesal como el de la caducidad del medio de control que no puede
ni debe verse afectado con los cambios repentinos de la jurisprudencia”
(negrillas propias) y, con fundamento en eso, dejó sin efectos la decisión tutelada.
La Sala se aparta de esa decisión, debido a que el Tribunal Administrativo de
Casanare, como se explicó en esta providencia, no desconoció el precedente
judicial. Además, porque, como se dijo previamente, la sentencia de unificación
aplica desde el momento en el que fue proferida, esto es, a los casos que se
encontraban en curso y a los iniciados luego de la sentencia de unificación –efectos
retrospectivos–, mas no solo a los procesos iniciados con posterioridad al fallo de
unificación –efectos prospectivos–, como parece haberlo considerado el juez de
tutela ad quem.

93. Sin embargo, más allá de la razonabilidad de los argumentos expuestos por
los magistrados que fungieron como jueces de tutela, tales reflexiones no dan
cuenta de la configuración del defecto por desconocimiento del precedente judicial.
Sus consideraciones jurídicas, de un lado, ya habían sido expuestas en los
salvamentos de voto del fallo de unificación y, del otro, no tuvieron acogida en la

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mayoría de sus colegas de la Sala Plena de la Sección Tercera. Una cosa es que
los funcionarios mantengan sus disidencias con la decisión mayoritaria e, incluso,
que persistan en que su tesis sea derrotada en los procesos en los que son
ponentes, y otra, diferente, que califiquen la decisión tutelada, en la cual se plasma
el criterio mayoritario de la Sección Tercera, como violatoria del precedente judicial,
pues, es la posición de la mayoría y no la disidente la que constituye precedente
para los efectos del caso en particular, ya que los salvamentos de voto no tienen
fuerza vinculante, claro está, siempre que la misma Corporación,
mayoritariamente, no altere las reglas que ha unificado.

[…]

La Subsección consideró que como se determinó en la aludida decisión de tutela, en
la cual se analizaron ampliamente los efectos en el tiempo de las sentencias de
unificación, la regla general es que se deben usar de forma inmediata y retrospectiva,
salvo que se establezca expresamente un efecto distinto, bien sea prospectivo o
retroactivo, lo cual debe advertirse en el texto de la providencia; por consiguiente,
resulta dable la aplicación de forma inmediata del criterio que se fija en el fallo
unificador.

En segundo lugar, la Sala señaló que era indispensable atender las directrices que la
Corte Constitucional traza en la Sentencia SU-406 de 2016, en los casos en que se
produce un cambio de la línea jurisprudencial. Al respecto se pronunció así:

Sin embargo, se precisa que la Corte Constitucional hizo énfasis en que el cambio
de línea jurisprudencial no se puede aplicar sin tener en cuenta las consideraciones
expuestas en la sentencia de unificación SU 406 de 2016, en la que se señaló que
para efectos de proteger a las partes es necesario realizar un análisis concreto, en
el que se determine si los efectos en el tiempo perjudican de forma
desproporcionada a los ciudadanos, puesto que esta situación puede considerarse
contraria al derecho fundamental al debido proceso. En efecto, en el mencionado
pronunciamiento señaló lo siguiente:

[…]

En este orden de ideas, resulta admisible que, en aquellos casos en que los sujetos
procesales actuaron al amparo del precedente vigente, y con la confianza legítima
de que surtirían los efectos en él previsto, no se apliquen los cambios que deriven
en una afectación de sus derechos fundamentales.

7.8.2.7. La conclusión presentada comparte, en cierto sentido, la posición
sostenida por el Consejo de Estado -Sección Tercera- en relación con el derecho
de acceso a la administración de justicia en los casos en que un órgano de cierre
ha modificado el criterio sobre la acción idónea para reclamar un derecho. Al
respecto, dicha Corporación definió que “es claro que luego de presentada la

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demanda no es razonable ni proporcionado que se sorprenda al demandante con
un intempestivo cambio de criterio”.

[…]

7.8.2.9. Con base en todo lo expuesto, esta Corte concluye que, si bien la regla
general indica que la jurisprudencia rige con efectos inmediatos y en este sentido
vincula a los operadores judiciales que deben tenerla en cuenta en sus decisiones,
la autoridad judicial tampoco puede pasar por alto que, en ciertos escenarios
concretos, la actuación de los sujetos procesales pudo estar determinada por la
jurisprudencia vigente para entonces, por lo que el fallador, al momento de proferir
su decisión, debe establecer, a partir de una análisis fáctico, si el cambio de
jurisprudencia resultó definitivo en una posible afectación de derechos
fundamentales al modificar las reglas procesales con base en las cuales,
legítimamente, habían actuado los sujetos procesales y, en este sentido, el juez de
conocimiento puede, como excepción a la regla general de aplicación de la
jurisprudencia, inaplicar un criterio jurisprudencial en vigor al momento de proferir
el fallo, pero contrario a uno anterior que resultó determinante de la conducta
procesal de las partes»27.

En tal sentido, la Sala estima que para la fecha en que se emitió la providencia del 19
de octubre de 2023, objeto de censura, ya existía un criterio definido en torno a la
caducidad del medio de control de reparación directa, en casos relacionados con
delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se
pueda solicitar la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado, que se halla
previsto en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 y, por tanto, puede
concluirse prima facie que la Sección Tercera, Subsección B, estaba en la obligación
de aplicarla dado su carácter vinculante, en términos de lo dispuesto en el artículo 270
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)
y en la Sentencia C-836 de 2001.

Teniendo en cuenta lo anterior, y atendiendo a que las pretensiones se relacionan con
la reparación de los perjuicios por el asesinato del señor Hernando de Jesús Gutiérrez
el 22 de abril de 1988, según consta en el registro civil de defunción que obra a folio 4
del cuaderno de pruebas, la Subsección B de la Sección Tercera procedió a examinar
el caso concreto para establecer la presentación dentro del término legal del medio de
control de reparación directa, al efecto señaló que las accionantes incoaron la
demanda el 30 de octubre de 2019 y, no obstante, radicaron solicitud de conciliación

27 «Corte Constitucional, sentencia SU 406 de 4 de agosto de 2016, magistrado ponente: Luis Guillermo

Guerrero Pérez».

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extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación, el 20 de agosto de 2019, para
esas fechas ya había operado la caducidad de la acción.

Igualmente, argumentó que las demandantes no alegaron ni probaron circunstancia
alguna que les impidiera acudir en forma oportuna a la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo, por tanto, no era posible aplicar la excepción a la caducidad
contemplada en las reglas de unificación del Consejo de Estado, pues la demanda
daba cuenta que al menos desde el 18 de febrero de 2012, los familiares del señor
Gutiérrez conocieron de la participación del Estado.

Además, dentro del término de caducidad que tenían, actuaron ante diferentes
instancias poniendo de presente la situación, lo que denota que desde el momento de
su muerte, tenían conocimiento de la presunta responsabilidad estatal y optaron por
no interponer de manera oportuna, el medio de control de reparación directa buscando
una indemnización por tales hechos.

Con fundamento en lo anterior, concluyó la demandada que debía aplicar la regla
general de caducidad establecida en dos años, dado que las accionantes, conocían la
posible atribución del daño reclamado al Estado, al menos desde el 18 de febrero de
2013, cuando elevaron petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
en la que afirmaron que el homicidio del señor Hernando de Jesús Gutiérrez fue
ejecutado por un agente del F2 de la Policía Nacional; por tanto, tenían hasta el 19 de
febrero de 2015, para incoar la demanda; sin embargo, solo lo hicieron el 30 de octubre
de 2019, lo que significa que cuando decidieron acudir a la jurisdicción, ya había
operado la caducidad; por consiguiente, se debía confirmar el auto apelado a través
del cual se rechazó el medio de control de reparación directa.

Bajo dichos derroteros, la Sala considera que, no están llamadas a prosperar las
causales de procedibilidad de defecto sustantivo y desconocimiento del precedente
judicial alegadas por la parte actora.

Así las cosas, la Sala estima que la actuación de la Sección Tercera, Subsección B,
no está incursa en una vía de hecho que vulnere los derechos fundamentales de las

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accionantes, pues resolvió el asunto que se sometió a su examen con fundamento en
la normativa en relación con el fenómeno jurídico de la caducidad, y en ejercicio de las
facultades de autonomía e independencia judicial de las que está investido el juez de
la causa, para decidir los asuntos que se someten a su arbitrio.

Igualmente, la Sala encuentra que en la providencia enjuiciada no se incurrió en
violación directa de la Constitución como lo alega la parte actora, ya que precisamente
en obedecimiento a la norma que establece la caducidad del medio de control de
reparación directa y en atención a los parámetros fijados por la jurisprudencia de esta
corporación, rechazó la demanda, lo que por ningún motivo desconoce los artículos 29
y 229 de la Constitución; además, la providencia se profirió por el juez competente, el
trámite se surtió mediante el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico y
en el que pudo hacer uso del recurso de apelación para discutir lo resuelto por el a
quo.

3. Conclusión

La Sala concluye, entonces, que en la providencia del 19 de octubre de 2023, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante la cual confirmó
el auto del 22 de julio de 2021, dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C, que rechazó el medio de control de reparación directa
porque había operado el fenómeno jurídico de caducidad, no se incurrió en los defectos
alegados por las accionantes.

En tal sentido, la Sala procederá a denegar el amparo deprecado por las señoras Ana
Rosa Avendaño Vásquez, Liliana Gutiérrez Avendaño y Yolanda Gutiérrez Avendaño.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

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F A L L A:

Primero. Denegar el amparo que solicitan las señoras Ana Rosa Avendaño Vásquez,
Liliana Gutiérrez Avendaño y Yolanda Gutiérrez Avendaño, conforme a la parte
considerativa que antecede.

Segundo. En caso de que no fuere impugnada la presente decisión, remitir el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIERREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO VARGAS SUÁREZ
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

MAM

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