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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02879-01

Fecha
22 de octubre de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-02879-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 8 de agosto de 2024, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado. SEGUNDO. En su lugar, AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian. (…) 2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación. 29 Relativo a que no existe unificación jurisprudencia en la materia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 9 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2024-02879-01 Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS los autos del 23 de septiembre de 2023 y del 22 de marzo de 2024, mediante los cuales, el Tribunal Administrativo de Risaralda admitió la demanda y resolvió en forma desfavorable el recurso de reposición, respectivamente, proferidos en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número de radicado 66001-23-33-000-2022-00185-00, promovido por Andrés Gómez Álvarez. CUARTO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Risaralda, proferir una nueva decisión, en la que se tengan en cuenta las consideraciones expuestas en esta providencia, y se estudie nuevamente la oportunidad del escrito de subsanación que presentó el señor Andrés Gómez Álvarez el 26 de junio de 2023. QUINTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el medio más expedito. SEXTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-02879-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

22 de octubre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02879-01
Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 11001-03-15-000-2024-02879-01
Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela

Tema: Acción de tutela
Subtema 1: Tutela contra providencia judicial.
Subtema 2: Desconocimiento del precedente vertical.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación que presentó la parte actora en contra de la sentencia
del 8 de agosto de 2024, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de tutela.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian, solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la igualdad, que
consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Risaralda, con ocasión del auto
del 14 de septiembre de 2023 con el que admitió la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 66001-23-33-000-2022-00185-00, y del
auto del 22 de marzo de 2024, a través del cual, resolvió en forma desfavorable un
recurso de reposición.

1.2. Hechos de la solicitud1.

El señor Andrés Gómez Álvarez promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a la que le fue
asignado el radicado número 66001-23-33-000-2022-00185-00.

El Tribunal Administrativo de Risaralda, con auto del 6 de junio de 2023, inadmitió la
demanda y otorgó el término de 10 días para subsanar las falencias advertidas. El
demandante presentó el escrito respectivo el 26 de junio siguiente, momento para el
cual, se había superado la oportunidad pertinente. No obstante, el tribunal admitió la
demanda a través de providencia del 14 de septiembre de 2023.

1 Índice 0002 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai, con certificado número

B7860DB8B0B55DD7 4A341536199DE084 DCF5F55413023822 7BF05A5C79B16CD9

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Una vez fue notificada en forma personal, la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales presentó recurso de reposición, con el que solicitó se revocara la admisión
y en su lugar se rechazara la demanda, para lo cual, se remitió a lo decidido en el auto
de unificación del 29 de noviembre de 2022, que estableció la diferencia en la
regulación de la notificación de autos por estados electrónicos y la notificación
electrónica de providencias, y que, en ese orden, no era viable incluir dentro del
cómputo de la oportunidad para subsanar, los 2 días de que trata el numeral 2 del
artículo 2052 de la ley 1437 de 2011.

El recurso fue decidido en forma desfavorable con auto del 22 de marzo de 2024. El
tribunal explicó que la providencia de unificación no contiene una regla vinculante en
relación con la notificación de autos a través de estados, sino que la estableció para
las providencias que requieren notificación personal, y que, por tanto, con amparo en
la autonomía judicial, la corporación optó por aplicar el término previsto en el numeral
2 artículo 205 como fundamento de las decisiones censuradas, en garantía del acceso
a la administración de justicia.

1.3. Pretensiones de la acción de tutela.

La entidad accionante solicitó se amparen sus derechos fundamentales, y se dejen sin
efectos los autos del 14 de septiembre de 2023 y del 22 de marzo de 2024.

1.4. Argumentos de la solicitud de amparo.

La parte actora afirmó que las providencias censuradas se apartaron de lo decidido en
el auto de unificación del 29 de noviembre de 2022 dictado en el asunto con radicado
núm. 68001-23-33-000- 2013-00735-02 (68177), y de la providencia del 2 de junio de
2023 proferida en el proceso número 25000-23-36-000-2018-00130-01 (68442), en las
que el Consejo de Estado precisó que la notificación de los autos por estados
electrónicos, regulada en el artículo 201 de la Ley 1437 de 2011, no se puede asimilar
a la notificación electrónica prevista en los artículos 203 y 205 del mismo estatuto.

Así, explicó que los 10 días otorgados en el auto inadmisorio dictado en el proceso
ordinario, se computan a partir del día siguiente a la notificación por estados, y por
tanto, el memorial de subsanación fue radicado en forma extemporánea, lo que
implicaba el rechazo y no la admisión.

1.5. Trámite en primera instancia.

1.5.1. La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado profirió auto el 9 de
julio de 2024 en el que admitió la acción de tutela, ordenó notificar al accionado, y
vinculó a Andrés Gómez Álvarez como tercero con interés.

1.5.2. El Tribunal Administrativo de Risaralda3 remitió el link del expediente digital
del proceso ordinario y, a través de informe, sostuvo que la acción de tutela se utilizó
como una nueva instancia para decidir aspectos que ya fueron resueltos con los autos
censurados, por lo que el asunto no denota relevancia constitucional.

En lo atinente al desconocimiento del precedente, indicó que el auto del 29 de
noviembre de 2022 no es aplicable para estudiar la oportunidad en la presentación del

2 “La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles

siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la
notificación”
3 Índice 00019 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai.

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escrito de subsanación en el proceso ordinario, en tanto fijó una regla para las
notificaciones previstas en el artículo 203 de la ley 1437 de 2011, y no para la
notificación de autos por estados electrónicos. Por ende, explicó que, en garantía del
derecho de acceso a la administración de justicia, la sala mayoritaria del tribunal acogió
la aplicación de los lineamientos del artículo 205 para la notificación de autos a través
de estado, hasta tanto se profiera decisión de unificación sobre la materia.

1.5.3. Andrés Gómez Álvarez4 solicitó se desestimen las pretensiones de la acción
de tutela, dado que, en su concepto, contiene apreciaciones subjetivas y a la fecha no
existe un criterio unificado sobre la notificación de los autos a través de estados
electrónicos.

1.6. Sentencia de tutela de primera instancia.

La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado profirió sentencia de
primera instancia el 8 de agosto de 20245, con la que negó el amparo solicitado.

Se remitió a los fundamentos expuestos por el tribunal accionado en la providencia
que decidió el recurso de reposición, y a partir de su análisis, descartó el cargo de
desconocimiento del precedente judicial, al indicar que allí se explicó que el auto del
29 de noviembre de 2022 no dispuso en la parte resolutiva una regla concreta aplicable
a la notificación de autos por estados electrónicos, y se consignó la tesis mayoritaria
de la corporación que tiene por objeto la garantía de acceso a la administración de
justicia.

En consecuencia, indicó que no se comprobó que la actuación del tribunal fuese
caprichosa o arbitraria.

1.7. Impugnación.

La parte accionante presentó escrito de impugnación6 en contra de la sentencia del 8
de agosto de 2024, con la solicitud de que se revoque, y en su lugar se conceda el
amparo deprecado.

Afirmó que el fallo solo contiene la transcripción de las consideraciones del tribunal, y
sin mayor análisis, concluyó que no se desconoció el precedente judicial aplicable para
adoptar la decisión frente a la inadmisión de la demanda en el proceso ordinario, pese
a que en sentencia del 16 de abril de 20247 la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado consideró que, para evitar el desconocimiento del precedente
judicial, el Juez estaba obligado a atender lo dispuesto en la ratio decidendi de una o
varias sentencias previas, sin que se pueda considerar que solo es vinculante lo que
se disponga en la parte resolutiva, pues son las razones las que constituyen la base
de la decisión, y por ende, atan al juez. Indicó que, de la misma manera, se pronunció
la Sección Segunda, Subsección A en sentencia del 25 de julio de 20248.

Con fundamento en lo anterior, aludió que el auto del 29 de noviembre de 2022
contiene en su parte motiva un análisis referente a la notificación de los autos a través
de estados electrónicos, con el que la diferenció del trámite de las providencias que
deben ser notificadas en forma personal, y descartó la aplicación del término adicional

4 Índice 00024 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai.
5 Índice 00027 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai.
6 Índice 00031 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai.
7 Radicación 11001-03-15-000-2024-00094-01
8 Radicación: 11001 03 15 000 2024 02543 00

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del numeral 2 del artículo 205 del CPACA; además, que, con base en esa y en otras
consideraciones, creó la regla de unificación para la notificación de providencias
regulada en dicha norma.

Por tanto, en su concepto, dicha motivación es vinculante, y no puede el tribunal
desconocer su naturaleza de precedente, máxime cuando tal tesis fue reiterada por la
Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado en decisión del 2 de junio de
20239.

En consecuencia, insistió en que las providencias censuradas vulneraron sus derechos
fundamentales pues permitieron la radicación extemporánea del memorial de
subsanación de la demanda ordinaria, y esto, en la práctica, se traduce en una
modificación indebida de las normas procesales.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad
con el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991.

2.2. Procedibilidad de la acción.

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues, solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea en función de los defectos
que aduce a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales10.

2.3. Legitimación.

La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales, quien actuó como demandado en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 66001-23-33-000-2022-00185-00,
en el que se profirió el auto del 14 de septiembre de 2023 que admitió la demanda, y
9 Radicación 25000-23-36-000-2018-00130-01 (68.442)
10 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se
concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en
una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el
amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de
competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del
procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de
prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina
en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía
de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error
inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar
una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece
el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de
la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone
de manera preferente la aplicación de sus postulados.

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la providencia del 22 de marzo de 2024, que resolvió en forma desfavorable el recurso
de reposición por ella interpuesto.

También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Risaralda, dado que fue la autoridad que profirió las providencias,
que, según la parte tutelante, vulneraron sus derechos fundamentales.

2.4. Relevancia constitucional.

En las acciones de tutela contra providencias judiciales, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”11.

Quien solicita el amparo debe cumplir con la carga de exponer las razones por las que
el reproche a una providencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la
controversia litigiosa propia de la causa ordinaria, a una cuestión con relevancia
constitucional, en términos de los defectos definidos por la jurisprudencia como únicas
causales que habilitan el control constitucional concreto12.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional fijó como criterios para definir el
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en tutela gire
en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la
controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparos fue emitida por una Alta Corte,
el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.

Esta Corporación ha precisado que, para realizar el examen del requisito de relevancia
constitucional, se requiere en primera medida establecer que quien actúe como
accionante motivó con suficiencia argumentativa las razones por las cuales considera
que la decisión judicial que reprocha se erige como una afectación de derechos
fundamentales, a efectos de evitar una instancia adicional en el proceso ordinario13.

2.5. Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente.

La Corte Constitucional ha definido el precedente judicial “como la sentencia o
sentencias que se expidieron con anterioridad a un caso y que por su similitud con el
problema jurídico que con posterioridad le corresponde resolver a una autoridad
judicial (singular o colegiada) debe ser considerado por esta en el análisis y decisión
del nuevo fallo” 14.

El precedente horizontal, se refiere a las decisiones expedidas por los jueces que se
encuentran en el mismo nivel jerárquico, así como por el mismo funcionario judicial, y
tiene fuerza vinculante, pues efectiviza los principios de seguridad jurídica, buena fe,
confianza legítima y el derecho a la igualdad. El precedente vertical, lo constituyen las
decisiones emitidas por el superior jerárquico y los órganos de cierre encargados de

11 Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
12 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
13 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado

número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
14 SU-354 de 2017

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unificar la jurisprudencia; su observancia, es obligatoria para los jueces y se erige como
un límite a la autonomía judicial15.

El tribunal constitucional indicó que “el precedente hace referencia a la sentencia o
sentencias cuya ratio decidendi contiene una regla determinante para resolver el caso
posterior ya sea en razón de la similitud con los supuestos fácticos, problema jurídico
o cuestión constitucional que se esté analizando”16

El defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, como lo ha definido la Corte
Constitucional “se configura cuando el funcionario judicial se aparta de las sentencias
emitidos [sic] por los tribunales de cierre (precedente vertical) o los dictados por ellos
mismos (precedente horizontal) al momento de resolver asuntos que presentan una
situación fáctica similar a los decididos en aquellas providencias, sin exponer las
razones jurídicas que justifique el cambio de jurisprudencia”17.

La invocación de un precedente está determinada por la especialidad, de manera que
sea el órgano de cierre que defina los criterios y reglas aplicables en casos semejantes,
o, en el caso del precedente horizontal, los órganos judiciales deben resolver los
asuntos que conocen a partir de un criterio de igualdad. Por otro lado, la Corte ha
dicho que, el precedente constitucional no constituye una obligatoriedad absoluta,
pues en razón del principio de la autonomía judicial, el juez puede apartarse de
aquellos, siempre y cuando presente (i) de forma explícita las razones por las cuales
se separa de aquellos, y (ii) demuestre con suficiencia que su interpretación aporta un
mejor desarrollo a los derechos y principios constitucionales.

En suma, la jurisprudencia constitucional18 estableció los siguientes criterios a tomar
en consideración, para determinar si una sentencia o sentencias anteriores son
vinculantes, y, por tanto, se erigen como precedente relevante para decidir un asunto
en concreto:

i) En la ratio decidendi de la sentencia se encuentra una regla relacionada con el
caso a resolver posteriormente.

ii) La ratio debió haber servido de base para solucionar un problema jurídico
semejante, o a una cuestión constitucional semejante.

iii) Los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia anterior deben ser
semejantes o plantear un punto de derecho semejante al que debe resolverse
posteriormente.

En caso contrario, es decir, al no encontrar similitud entre los hechos o el problema
jurídico, es válido que el operador judicial no considere la existencia de un precedente
vinculante19.

2.6. Caso concreto.

2.6.1. De la revisión del expediente ordinario remitido en medio digital 20, se tiene que,
Andrés Gómez Álvarez promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas
15 SU-027 de 2021
16 T-292 de 2006, reiterada en SU-027 de 2021
17 Sentencia T-459 de 2017, SU354 de 2017
18 SU-027 de 2021
19 Ibídem
20 Índice 00019 del aplicativo Samai, del expediente de tutela de primera instancia.

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Nacionales, a la que le correspondió el radicado número 66001-23-33-000-2022-00185-
00.

El Tribunal Administrativo de Risaralda, con auto del 6 de junio de 2023, inadmitió la
demanda, y al amparo del artículo 170 de la ley 1437 de 2011, concedió al demandante
el término de 10 días para subsanarla, so pena de rechazo. La decisión fue notificada
por estados electrónicos del 7 de junio de 202321.

A través de correo electrónico del 26 de junio de 2023, el actor remitió el escrito de
subsanación a la demanda22.

Con auto del 14 de septiembre del mismo año, se admitió la demanda respecto del
estudio de la liquidación oficial de revisión No 162412021000008 del 11 de junio de
2021 y de la resolución No. 004701 del 13 de junio de 2022, que resolvió un recurso de
reconsideración. La providencia no contiene un estudio sobre el término con el que
contaba el demandante para subsanar.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales interpuso recurso de reposición
contra el auto de admisión, al considerar que el escrito de subsanación de la demanda
se radicó en forma extemporánea, dado que, al aplicar el término previsto en el numeral
2 del artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, el tribunal le concedió 12 días y no 10. Agregó
que esta norma no es aplicable a la notificación de providencias por estados
electrónicos regulada en el artículo 201 del mismo estatuto, tesis que fundamentó en el
auto de unificación del 29 de noviembre de 2022 proferido por esta Corporación 23.

El Tribunal Administrativo de Risaralda, con auto del 22 de marzo de 2024, desestimó
los argumentos del recurso, y confirmó la decisión de admitir la demanda. Expuso que,
no existe una regla de unificación en la materia, dado que el auto del 29 de noviembre
de 2022 adoptó una regla únicamente sobre la notificación de sentencias, mas no para
la notificación de autos a través de estados electrónicos.

2.6.1. La Sala Plena del Consejo de Estado profirió el auto del 29 de noviembre de
202224, de unificación jurisprudencial “respecto de la interpretación y aplicabilidad de
los artículos 203 y 205 del CPACA y en relación con el momento en que se entienden
notificadas las sentencias proferidas bajo la Ley 1437 de 2011 y sus modificaciones
contenidas en la Ley 2080 de 2021”, en el que se precisó lo siguiente:

i) “(…) la notificación personal de los autos mencionados en los artículos 198 y 199
del CPACA, así́ como la notificación de las sentencias escritas por vía electrónica
de que trata el inciso primero del artículo 203 ibidem, constituyen una notificación
por medios electrónicos”; que es la que regula el artículo 205 de esa normativa.

ii) La notificación por medios electrónicos, es decir, la notificación personal,
consiste en la remisión de las providencias (autos y sentencias), por parte del
secretario al canal digital registrado para notificaciones.

iii) De conformidad con el numeral 2 del artículo 205 del CPACA y el inciso 3 del
artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, “la notificación personal de los autos por medios
21 Índices 0005 y 0008 del aplicativo Samai, del expediente ordinario con radicado número 66001-23-33-

000-2022-00185-00.
22 Índice 00010 del aplicativo Samai, del expediente ordinario.
23 Índice 00022 del aplicativo Samai, del expediente ordinario
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación jurisprudencial

del veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintidós (2022), Radicado No. 68001-23-33-000-2013-
00735-02 (68177).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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electrónicos se entiende realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles
siguientes al envío del mensaje electrónico, y los términos empezarán a correr a
partir del día siguiente al de la notificación”.

iv) “(…) la notificación por estado no puede asimilarse a una notificación
electrónica, pues si bien el precitado artículo 201 dispone que se enviará un
mensaje de datos al canal digital de los sujetos procesales, tal actuación se limita
a comunicar a las partes sobre la existencia de la notificación por estado, pues la
providencia se encuentra inserta en el estado fijado virtualmente en la página web
de la autoridad judicial”. En consecuencia, los términos procesales “empezarán a
correr al día hábil siguiente a la desfijación del estado”.

En aplicación de lo dispuesto en el citado auto de unificación jurisprudencial,
recientemente, esta Corporación ha reiterado lo siguiente:
“(…) el hecho de que se envíe un mensaje de datos al canal digital de los sujetos
procesales no significa que esta actuación corresponda a una notificación por medios
electrónicos o personal, en tanto que el envío del mensaje electrónico da cuenta a las
partes de la información sobre la anotación del estado electrónico -comunicación-, sin
que ello implique su notificación.

Significa lo anterior que la notificación por estado no muta a una notificación por medios
electrónicos, ni siquiera cuando las dependencias secretariales de los despachos
judiciales remiten la providencia que se pretende notificar con el mensaje de datos
enviado en el marco de una notificación por estado, de manera que el término de dos
(2) días hábiles previsto en el artículo 205 del CPACA no aplica a ese último tipo de
notificación”25.

2.6.3. La Subsección advierte que el auto del 29 de noviembre de 2022 cumple con los
supuestos jurisprudenciales para constituirse como precedente judicial, y por ende,
debió ser atendido por el Tribunal Administrativo de Risaralda al momento de adoptar
la decisión sobre la subsanación de la demanda del proceso ordinario26, por las
siguientes razones:

i) La ratio decidendi contiene una clara regla en lo atinente al momento en que se
entiende surtida la notificación de providencias a través de estados, creada a partir
del análisis de la regulación contenida en el artículo 20127 de la Ley 1437 de 2011,
que descartó la aplicación del término de 2 días previsto en el numeral 2 del artículo
20528 ibidem. Esto, por cuanto la notificación por estados no puede asimilarse a la

25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

auto del veintiuno (21) de febrero de dos mil veintitrés (2023), Radicado No. 47001-23-33-000-2022-
00095-01 (69471); Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, auto del cinco (5) de junio de dos mil veintitrés (2023), Radicado No. 25000-23-36-000-
2022-00614-01 (69781); Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, auto del veintisiete (27) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), Radicado No. 25000-23-37-
000-2022-00061-01 (28482).
26 Identificado con el radicado número 66001-23-33-000-2022-00185-00.
27 Artículo 201. Notificaciones por estado. Los autos no sujetos al requisito de la notificación personal

se notificarán por medio de anotación en estados electrónicos para consulta en línea bajo la
responsabilidad del Secretario.
(…)
El estado se insertará en los medios informáticos de la Rama Judicial y permanecerá allí en calidad de
medio notificador durante el respectivo día.
Las notificaciones por estado se fijarán virtualmente con inserción de la providencia, y no será necesario
imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva,
y se enviará un mensaje de datos al canal digital de los sujetos procesales.
28 Artículo 205. Notificación por medios electrónicos. La notificación electrónica de las providencias se

someterá a las siguientes reglas:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
8
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02879-01
Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian

electrónica, ya que el envío del mensaje de datos en la notificación por estados,
corresponde a una mera comunicación a las partes, pues la providencia se encuentra
inserta en la página web.

ii) Dicho análisis, fue la base para solucionar un problema jurídico semejante, que
correspondió a establecer el momento a partir del cual se entiende surtida la
notificación de las providencias conforme a los lineamientos del artículo 205 del
CPACA, recabando en la diferencia sustancial de los dos trámites de notificación.

iii) Los supuestos de hecho estudiados en el auto de unificación encuentran
semejanza con la situación fáctica del proceso ordinario, pues en ambos casos se
abordó el estudio de la forma en que se notifican las providencias, para establecer
desde qué día se entiende realizada y surte efectos.

En efecto, la motivación del auto que resolvió el recurso de reposición del 22 de marzo
de 2024, al igual que el informe que remitió el tribunal, dan cuenta que, en el trámite del
proceso ordinario, concretamente, al momento de adoptar la decisión sobre la
subsanación de la demanda, la autoridad se apartó de la providencia del 29 de
noviembre de 2022 proferida por la Sala Plena de esta Corporación, y que constituye
precedente vinculante, pues consideró que la decisión que inadmitió la demanda se
entendía notificada luego de transcurridos 2 días hábiles siguiente al envío del mensaje
de datos del estado electrónico, en contradicción a los lineamientos de unificación.

Así las cosas, la Sala encuentra que, tanto el auto que admitió la demanda del 14 de
septiembre de 2023, como el que resolvió el recurso de reposición del 22 de marzo de
2024, incurrieron en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, y
se considera relevante agregar que no es admisible el argumento con el que el tribunal
pretendió apartarse del precedente29, dado que, las razones a partir de las cuales se
estructuraron los criterios de unificación, sí resultaban aplicables al caso.

En consecuencia, la Sala revocará el fallo de tutela de primera instancia, y en su lugar,
amparará los derechos fundamentales de la parte actora, dejará sin efectos los autos
del 23 de septiembre de 2023 y del 22 de marzo de 2024, y, ordenará al Tribunal
Administrativo de Risaralda proferir una nueva decisión en la que se atiendan las
consideraciones expuestas en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 8 de agosto de 2024, proferida por la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado.

SEGUNDO. En su lugar, AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian.

(…)
2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles
siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la
notificación.
29 Relativo a que no existe unificación jurisprudencia en la materia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
9
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02879-01
Accionante: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian

TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS los autos del 23 de septiembre de 2023 y del 22
de marzo de 2024, mediante los cuales, el Tribunal Administrativo de Risaralda admitió
la demanda y resolvió en forma desfavorable el recurso de reposición,
respectivamente, proferidos en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el número de radicado 66001-23-33-000-2022-00185-00,
promovido por Andrés Gómez Álvarez.

CUARTO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Risaralda, proferir una nueva
decisión, en la que se tengan en cuenta las consideraciones expuestas en esta
providencia, y se estudie nuevamente la oportunidad del escrito de subsanación que
presentó el señor Andrés Gómez Álvarez el 26 de junio de 2023.

QUINTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el
medio más expedito.

SEXTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SFGS

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10
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