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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04984-00

Fecha
12 de octubre de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04984-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Secretaría de Salud de la Gobernación del Chocó. SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor Fernando González Meléndez por no superar el requisito de relevancia constitucional. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04984-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

12 de octubre de 2023

Demandante: Fernando González Meléndez
Demandados: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04984-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C. doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04984-00
Demandante: FERNANDO GONZÁLEZ MELÉNDEZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial. Falta de relevancia
constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 1.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. El señor Fernando González Meléndez, actuando por intermedio de apoderado
judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Chocó y el
Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó2. Con la solicitud de
amparo la parte actora pretende la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y de los
principios de seguridad jurídica y de prevalencia del derecho sustancial sobre el
procesal.

2. En sentir de la parte actora, la transgresión de las citadas garantías constitucionales
se consolidó con el auto del 25 de mayo de 2023, proferido por el Tribunal
Administrativo del Chocó, mediante el cual confirmó la decisión del 11 de octubre de
2021, dictada por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, que
se abstuvo de librar mandamiento de pago contra la Gobernación del Chocó3.

1.2. Hechos

La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la siguiente manera:

3. Mediante Resolución 0933 del 30 de diciembre de 2008, la ESE Salud Chocó
declaró insubsistente al señor Fernando González Meléndez.

1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
2 La tutela se presentó el 13 de septiembre de 2023.
3 Proceso identificado 27001-33-33-004-2009-00544-00/01.

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Demandante: Fernando González Meléndez
Demandados: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
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4. En virtud de lo anterior, la parte actora presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la ESE Salud Chocó con la
finalidad de obtener el reintegro y el pago de los salarios y prestaciones dejados de
percibir.

5. Es importante resaltar que mediante Resolución 833 del 29 de diciembre de 2010,
se declaró la terminación de la existencia legal de la ESE Salud Chocó.

6. Ahora bien, el proceso interpuesto por la parte actora le correspondió al Juzgado
Tercero Administrativo Oral del Circuito de Chocó. Esa autoridad judicial, mediante fallo
de 29 de septiembre de 2011, accedió a las pretensiones de la demanda y en
consecuencia ordenó la nulidad de la Resolución 0933 del 30 de diciembre de 2008, el
reintegro al cargo que venía desempeñando o a uno de igual categoría, y el pago de las
sumas dejadas de percibir desde la declaratoria de insubsistencia hasta el momento que
fuera incorporado.

7. Mediante Resolución 163 del 9 de agosto de 2012, el mandatario de la ESE Salud
Chocó en liquidación dio cumplimiento a lo ordenado en la decisión anterior. En esta
explicó que no era procedente cumplir con la sentencia en lo concerniente al reintegro
pues el cargo que desempeñaba fue suprimido4 ya que se declaró terminada la
existencia legal de la entidad. Sin embargo, ordenó el pago de lo dejado de percibir entre
la fecha de insubsistencia hasta el día 30 de diciembre de 20105.

8. Inconforme con lo anterior, el señor González Meléndez interpuso recurso de
reposición y en subsidio apelación, al considerar que el acto administrativo no cumplía a
cabalidad con lo establecido en la sentencia proferida por el juzgado.

9. Mediante Resolución 009 del 9 de febrero de 2013, se reconoció los intereses de
mora de las sumas reconocidos con anterioridad.

10. Posteriormente, el accionante inició un proceso ejecutivo en contra de la
Gobernación del Chocó6 con el fin de obtener los conceptos no reconocidos en los
referidos actos administrativos.

11. El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó decidió, en auto del
11 de octubre de 2021, no librar mandamiento de pago al considerar que la intención del
demandante era debatir los montos reconocidos en la resolución que dio cumplimiento a
la sentencia y, por ende, debió perseguir la nulidad de dichos actos administrativos. En
ese sentido, determinó que no se encontraba ante una obligación clara, expresa y
exigible, por lo que no se podía libra mandamiento de pago.

4 La planta de personal fue suprimida mediante la Resolución 001 del 12 de noviembre de 2009.
5 Fecha en la cual se declaró terminada la existencia legal de la entidad.
6 Entidad territorial a cargo del pasivo de la ESE Salud Chocó.

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12. Respecto de la anterior decisión se interpuso recurso de apelación, el cual fue
desatado por el Tribunal Administrativo del Chocó, que confirmó la decisión del a quo
mediante providencia del 25 de mayo de 2023.

13. El ad quem manifestó que los actos administrativos debieron ser demandados si
consideraba que el ejecutante no dio cumplimiento a la sentencia, esto porque los actos
crearon situaciones jurídicas nuevas que debieron ser demandadas en su momento.

1.3. Pretensión constitucional

14. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

1. Que se tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, vida en
condiciones dignas, seguridad social, mantenimiento del poder adquisitivo de mi pensión,
in dubio pro operario, igualdad, y cualquier otro derecho que considere la Corporación
violado.

2. Que se dejen sin valor ni efecto el fallo proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE ANTIOQUIA-SALA SEGUNDA DE ORALIDAD el 1 de marzo de 2023 en el proceso
con Rad. 050013333 007 2020 00004 01.

3. Que se ordene proferir una sentencia en la que se garantice el debido proceso, el
poder adquisitivo de mi asignación de retiro y el mantenimiento de las condiciones de vida
logradas con mi trabajo-vida digna ligados con la seguridad social, y la aplicación del
entendimiento más favorable de las normas laborales.

4. Se tome cualquier otra medida que la Judicatura estime pertinente para proteger y
restablecer mis derechos fundamentales. (SIC).

1.- Se AMPAREN los derechos fundamentales invocados como vulnerados por la parte
actora.

2.- Siguiendo el principio de Congruencia y la línea Jurisprudencial adelantada y
mencionada con anterioridad, que trata Sobre el reintegro ordenado en una sentencia
judicial y su imposibilidad de acatarlo.

a.- Se UNIFIQUE LA JURISPRUDENCIA en lo atinente al tema Sobre el reintegro
ordenado en una sentencia judicial, su imposibilidad de acatarlo y el pago de la
indemnización y como consecuencia de lo anterior:

i.- DEJAR SIN EFECTO el auto 323 de mayo 25 de 2023 dictado por el H. Tribunal
Contencioso Administrativo del Chocó, que confirmó en su totalidad el auto 1103 de
octubre 11 de 2021 emanado del Juzgado tercero administrativo oral del circuito de
Quibdó.

ii.- Como consecuencia de lo anterior, ORDÉNASE al H. Tribunal Contencioso
Administrativo del Choco, que dentro de un término máximo de treinta (30) días siguientes
a la ejecutoria de la decisión tomada, emita una nueva providencia en la que tenga en
cuenta y valore la línea Jurisprudencial que ha venido desarrollando el H. Consejo de
Estado, que trata Sobre el reintegro ordenado en una sentencia judicial y su imposibilidad
de acatarlo, teniendo en cuenta las pruebas obrantes dentro del proceso y como
consecuencia de ello, libre el respectivo mandamiento de pago a favor de mi poderdante.

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3.- Si las anteriores pretensiones, son falladas favorablemente, se oficie a la Procuraduría
Departamental, por parte del señor Consejero Ponente, para que vigile el cumplimiento
inmediato de la presente acción, para así evitar dilaciones y demoras injustificadas por
parte del accionado, ya que estas decisiones son de cumplimiento inmediato, tal como lo
expresan las sentencias de tutela Nros. T - 942 del 2000 y T - 098 del 2002. (SIC).

1.4. Sustento de la vulneración

15. Indicó que las autoridades judiciales incurrieron en los defectos procedimental
absoluto, sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente judicial y violación directa
de la Constitución, sin hacer referencia específica a los mismos, únicamente los enunció
en términos generales.

16. Mencionó que únicamente se reconocieron como salarios adeudados los
causados desde el 30 de diciembre de 2008 al 30 de diciembre de 2010, fecha en la cual
se declaró terminada la existencia legal de la ESE Salud Chocó. Por ende, considera
que no se estaba cumpliendo integralmente el fallo, puesto que el mismo es del 2011 y
solo le estaban cumpliendo hasta el 2010, máxime cuando la entidad continuó laborando
post cierre. Así mismo manifestó que la ESE Salud Chocó debió reconocer la
indemnización contenida en el artículo 189 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA).

17. Puso de presente el concepto 1302 del 12 de octubre de 2000 del Consejo de
Estado que indicó que, si no es posible el reintegro por la supresión de la entidad, la
entidad afectada deberá emitir un acto administrativo en el que exponga las causas que
hacen imposible el reintegro. Adicionalmente insiste que el artículo 189 del CPACA
dispone la figura del incidente para solucionar o liberar a la administración de la
obligación de reintegrar, mediante el pago de una indemnización. Al respecto citó en
extenso la sentencia T-023 de 2022.

18. Manifestó que se incurrió en un defecto procedimental por exceso de ritual
manifiesto pues en las providencias cuestionadas por un apego extremo y aplicación
mecánica de las formas, se renunció a la verdad jurídica e inaplicó el principio de la
prevalencia del derecho sustancial.

19. En síntesis, el accionante alegó que:

a. Se debió ordenar el pago hasta septiembre de 2011 que fue la fecha en que se dictó
sentencia a favor del accionante. Y se debió reconocer la indemnización contenida en el
artículo 189 del CPACA.

b. Se desconoció la sentencia de unificación del 9 de agosto de 2022 proferida por la
Sala Plena del Consejo de Estado en ponencia de la doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez 7,
que establece que ante la imposibilidad de reincorporar al servicio procedería la
indemnización como compensación por el acto ilegal, pues no era posible concretar el

7 Identificada con el radicado 11001-03-25-000-2017-00151-00

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propósito del restablecimiento del derecho que era volver al estado anterior, esto es, al
tiempo de la expedición del acto que se anuló.

c. Se desconoció que respecto del acto de liquidación de una sentencia no procedían las
acciones contenciosas ante la jurisdicción dado que no se trataba de actos
administrativos definitivos, o sea mediante los cuales se finalizara una actuación
administrativa o se impidiera su continuación, sino que eran meros actos de cumplimiento
o de ejecución. Luego al no darle cumplimiento a la sentencia no había necesidad de
realizar un nuevo proceso ordinario para lograr la prestación adeudada y reconocida a
través de sentencia judicial, lo que continuaba era solicitar la reactivación del ejecutivo
como se hizo.

d. Se desconoció lo consignado en los artículos 297 y 306 del CPACA, así como lo
decidido por el Consejo de Estado en sentencias del 31 de julio de 2019 8 y del 19 de
marzo de 20209. En estas últimas se indicó que cuando se obtenga una sentencia de
condena se puede iniciar un proceso ejecutivo con el fin que se profiera el mandamiento
de pago.

1.5. Trámite de la acción de tutela

20. Mediante auto del 15 de septiembre de 2023, el magistrado ponente admitió la
tutela y dispuso la notificación del Tribunal Administrativo del Chocó y del Juzgado
Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó. También se ordenó vincular como
tercero con interés en las resultas del proceso al Departamento del Chocó – Secretaría
de Salud – ESE Salud Chocó. Así mismo, en los términos del artículo 610 del Código
General del Proceso, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

21. Adicionalmente, solicitó a las autoridades judiciales accionadas copia íntegra
digital del proceso con radicado N. ° 27-001-33-33-004-2009-00544-00.

1.6. Intervenciones

22. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron
las siguientes intervenciones:

1.6.1. Gobernación del Chocó

23. Afirmó que era imposible realizar un reintegro de un funcionario en una entidad
que ya desapareció del mundo jurídico y que además que no se podía predicar medida
ejecutiva y cautelar contra una entidad que no tenía existencia legal.

24. En atención a lo anterior consideró que no vulneró derechos fundamentales del
accionante y por ende solicitó que se declarara la improcedencia de la acción.

8 Radicado 25000-23-42-000-2015-06054-00/01
9 Radicado 25000-23-42-000-2015-03421-00/01

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1.6.2. Secretaría de Salud de la Gobernación del Chocó

25. Solicitó la desvinculación del trámite tutelar al considerar que carece de
legitimación en la causa por pasiva al no ser competencia para atender lo relacionado
con las actividades que se llevaron a cabo durante la vigencia de la DASALUD en
liquidación y la ESE Salud Chocó liquidada.

1.6.3. Tribunal Administrativo del Chocó

26. Solicitó que se rechazara la acción de tutela por improcedente toda vez que lo
pretendido por la parte actora era constituir una tercera instancia, además de no cumplir
con el requisito de relevancia constitucional.

1.6.4. El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó remitió copia
digital del proceso 27001-33-33-004-2009-00544-00.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

27. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo del Chocó y el Juzgado
Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó. Lo anterior, de conformidad con lo
establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto1069 de 2015
modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.

2.2. Cuestión Previa

28. La Secretaría de Salud de la Gobernación del Chocó solicitó que se le desvincule
del presente trámite, bajo el argumento de que carece de legitimación en la causa por
pasiva.

29. La Sala negará la anterior solicitud. Se aclara que su vinculación se ordenó en
calidad de tercera con interés, sin que ello implique que sea la responsable de la
transgresión alegada o le corresponda satisfacer las pretensiones del tutelante.

2.3. Legitimación en la causa

30. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la
acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las
pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente
a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

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31. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el señor
Fernando González Meléndez se encuentra legitimado en la causa por activa. Esto,
porque figura como demandante en el proceso ejecutivo identificado con el radicado
27001-33-33-004-2009-00544-00.

32. Por su parte, esta Colegiatura encuentra que el Tribunal Administrativo del Chocó
y el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, se encuentran
legitimados en la causa por pasiva al ser las autoridades que profirieron las decisiones
reprochadas en esta oportunidad.

2.4. Problema jurídico

33. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados; los problemas jurídicos a resolver en
el caso concreto son los siguientes:

34. En primer problema jurídico que subyace al caso en concreto consiste en
determinar si concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.

35. De encontrarse superados, la Sala analizará lo siguiente:

36. ¿El Tribunal Administrativo del Chocó vulneró los derechos fundamentales del
accionante, con ocasión de la decisión proferida el 25 de mayo de 2023, en la que se
confirmó el auto proferido el 11 de octubre de 2021 por el Juzgado Tercero Administrativo
Oral del Circuito de Quibdó? En estas providencias se negó librar mandamiento de pago
en contra de la Gobernación del Chocó.

37. La Sala destaca que, si bien el tutelante controvirtió las decisiones proferidas en
ambas instancias del proceso ejecutivo, el análisis en sede constitucional se realizaría a
partir de la decisión de segunda instancia del expediente, esto es, el auto de 25 mayo de
2023 expedido por el Tribunal Administrativo del Chocó, comoquiera que con dicha
decisión se puso fin a la controversia al interior del proceso.

38. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos generales de procedibilidad, los cuales, de
encontrarse superados junto con las demás exigencias, se procederá al análisis de (iii)
el caso concreto

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

39. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios
que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en
fallo de 31 de julio de 201210. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P.

María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

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Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema11. En la
referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es
procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales12.

40. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción
de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta
Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201413. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia14 y ocho defectos especiales en
los que puede incurrir una providencia judicial15.

41. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura los
defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:

i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.

11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
12 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014,

M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
14 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05 de

agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que
se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;
iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte
actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
15 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el

funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para
ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al margen del
procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo,
como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que
se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii)
Violación directa de la Constitución.

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42. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos,
se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más
de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha establecido que, para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o
razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en
el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se intente reabrir el debate de instancia.

43. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como
una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

44. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de inmediatez y, solo en el caso
de encontrarlos superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los
defectos aludidos.

2.6. Estudio del requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional

45. En primer lugar, se advierte que el Alto Tribunal Constitucional adoptó el término
“relevancia constitucional” en la sentencia C-590 de 200516. En esta providencia se
señaló que la acción de tutela contra providencia judicial sólo es procedente cuando se
cumplan ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, dentro de los que se encuentra
la relevancia constitucional. Sobre esta exigencia, en aquella oportunidad se advirtió:

Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se
mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar
con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes17. (Subrayado fuera de texto).

46. Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional ha logrado significativos
avances en torno a los criterios que llevan a determinar cuándo se cumple con esta
exigencia. Así, en la sentencia SU-215 de 202218, el Alto Tribunal unificó los criterios que

16 Durante el periodo comprendido entre 1992 y 2005 hasta aquí, es claro que el Alto Tribunal
Constitucional si bien aún no contemplaba como requisito general para la procedibilidad de la acción de
tutela, la relevancia constitucional, lo cierto es que de manera indirecta sí hacía alusión a ella, al señalar
que: a) la solicitud de amparo no se constituye como una tercera instancia; b) que no se instituyó para
controvertir la interpretación hecha por los jueces ordinarios en una decisión judicial; c) que no es
procedente para estudiar asuntos netamente económicos. Esto, bajo el entendido que las discusiones de
orden legal escapan del radio de acción de garantías superiores.
17 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
18 A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en primera y

segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro de una acción de
tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de cierre.

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se deben analizar a la hora de determinar si un asunto reviste o no de relevancia
constitucional. La Sala los expondrá estos parámetros en el siguiente gráfico para mayor
entendimiento:

Finalidad de la relevancia constitucional Parámetros que se deben tener en cuenta para verificar si se
cumple con los cometidos de la relevancia constitucional

Respeto por las competencias de las jurisdicciones. El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un
asunto meramente legal y/o económico, es decir, la cuestión “debe revestir una
“clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.

Relevancia constitucional -
La protección de la autonomía e independencia de los La controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica: La
jueces. tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se

sentencia Corte
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de
los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal.” En este orden,
se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de
amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los

Constitucional 2022
jueces naturales”.

la preservación de la específica finalidad de la acción de Carga argumentativa mínima: La acción de tutela debe plantear argumentos
tutela, instituida para la protección y restablecimiento de suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera
los derechos fundamentales. grave un derecho fundamental.

la prevención del uso indebido de la acción como una El examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes debe
instancia adicional de los procesos adelantados ante las ser estricto lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
jurisdicciones competentes o para la solución de actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
discusiones de naturaleza eminentemente legal fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar
una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir
controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal.

47. A su vez, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
en sentencia de unificación del 5 de agosto del 201419, adoptó de manera expresa la
posición de la Corte Constitucional establecida en la sentencia C-590 de 2005 sobre los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.

48. En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad señaló que
este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el principio constitucional
de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la acción de tutela se torne en un
instrumento para involucrarse en asuntos que corresponde a otras jurisdicciones.

49. Finalmente, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022 20 modificó
la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de relevancia
constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que los
temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda advertir la
necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible vulneración de una
garantía constitucional.

Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para
superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte Constitucional esbozó que el mecanismo de
tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad
para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii) planteaba una discusión
preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque
no se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 05 de agosto de 2014,

M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de

septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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50. De esta manera, esta Sala de Decisión, planteó que el estudio de la relevancia
constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte
Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia.

51. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a decidir si
en el presente caso el asunto reviste o no relevancia constitucional, de conformidad con
los criterios antes planteados y atendiendo a los fines acogidos por la Corte
Constitucional y esta Corporación.

2.7. Análisis del requisito de relevancia constitucional en el caso en concreto

52. Como quedó expuesto en los antecedentes de este proveído, la parte actora
considera que el auto del 25 de mayo de 2023 está viciado de defecto procedimental
absoluto, sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente judicial, violación directa
de la Constitución.

53. A su juicio, el Tribunal Administrativo del Chocó incurrió en los yerros relacionados
al no librar mandamiento de pago en contra del Departamento del Chocó, toda vez que
la Resolución 163 del 9 de agosto de 2012 no contenía todas las sumas a las que era
acreedor, esto al considerar que debía pagarle lo dejado de percibir hasta el momento
en que se notificó del mencionado acto y se debió incluir la indemnización de que trata
el artículo 189 del CPACA21 ante la imposibilidad de reintegrarlo.

21 Artículo 189: (…) En los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, la entidad demandada,

dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia que resuelva
definitivamente el proceso, cuando resulte imposible cumplir la orden de reintegro del demandante al cargo
del cual fue desvinculado porque la entidad desapareció o porque el cargo fue suprimido y no existe en la
entidad un cargo de la misma naturaleza y categoría del que desempeñaba en el momento de la
desvinculación, podrá solicitar al juez de primera instancia la fijación de una indemnización compensatoria.
// De la solicitud se correrá traslado al demandante por el término de diez (10) días, término durante el cual
podrá oponerse y pedir pruebas o aceptar la suma estimada por la parte demandada al presentar la
solicitud. En todo caso, la suma se fijará teniendo en cuenta los parámetros de la legislación laboral para
el despido injusto y el auto que la señale solo será susceptible de recurso de reposición.

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54. Ahora bien, en criterio de la Sala, la discusión planteada carece de relevancia
constitucional porque lo perseguido por el actor es una discusión de connotación
económica que se circunscribe a reabrir un debate zanjado ampliamente en el proceso
ordinario.

55. La parte actora se limitó a indicar que sus derechos fundamentales fueron
vulnerados como consecuencia de un exceso de ritual manifiesto por parte del tribunal
del Chocó que se abstuvo de librar mandamiento de pago y ordenar al Departamento del
Chocó el pago de sumas, a su juicio, reconocidas por el juez de la nulidad y
restablecimiento del derecho, sin que su exposición cuente con un ejercicio de
sustentación desde la esfera constitucional que demuestre la necesidad flagrante de
intervención de un juez de tutela y un pronunciamiento desde su marco de competencia,
máxime cuando no se indicó con claridad dentro de su escrito de qué manera esta
decisión estaba viciada de los defectos que someramente enunció.

56. De tal suerte que los argumentos expuestos en esta instancia constitucional no
están justificados en una vulneración a derechos fundamentales, sino a una
inconformidad con una decisión que no es acorde con sus intereses. En este sentido, si
bien la parte demandante pretende darle el nombre de vicio o defecto a dicha situación,
es evidente que aspira de manera exclusiva que un juez de tutela analice nuevamente si
la obligación contenida en el acto administrativo es clara, expresa y exigible y si la misma
corresponde a las sumas que según su criterio se ajustan a derecho, lo cual, le está
vedado al operador constitucional, pues eso sería invadir la órbita del juez natural en la
materia.

57. Por otra parte, es preciso indicar que el actor alegó un desconocimiento del
precedente mediante la relación de una serie de providencias proferidas por otros
administradores de justicia, sin especificarse ni delimitar claramente en las providencias
que presuntamente son aplicables a su caso, los hechos y situaciones acontecidas en
esas instancias que son tangencialmente parecidas a las del caso particular.

58. Dicho lo anterior, para que un juez constitucional pueda inmiscuirse en un análisis
normativo es porque se encuentra ante la existencia de una arbitrariedad flagrante y
manifiesta, pues la acción de tutela no puede convertirse en una tercera instancia que
revise las actuaciones judiciales de los jueces de procesos ordinarios y que aquello
genere imponer su apreciación sobre los medios de convicción utilizados para resolver
los casos a su cargo.

59. Es importante resaltar que el simple hecho de existir diferencias de criterio en la
interpretación de las normas de rango legal no puede implicar calificar una providencia
como arbitraria o caprichosa, ni desconocer que su caso fue estudiado en el marco de la
normativa vigente, la sana crítica y la jurisprudencia.

60. En ese orden de ideas, esta Sección advierte que en el caso sub examine, no es
posible afirmar, prima facie que la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada

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haya incurrido en una vulneración de garantías fundamentales, que amerite un nuevo
estudio y pronunciamiento por parte de un juez constitucional sin que con ello se lesione
los principios de cosa juzgada y de seguridad jurídica. Se trata de la reiteración de unos
argumentos ya discutidos y que han quedado resueltos de manera razonable, haciendo
uso de la autonomía judicial, actividad que solo encuentra su límite cuando el juzgador
incurre en arbitrariedad o capricho, escenario que no se advierte en el caso concreto.

61. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Secretaría de Salud de la
Gobernación del Chocó.

SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor
Fernando González Meléndez por no superar el requisito de relevancia constitucional.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número
de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081

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