Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05084-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05084-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-05084-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
2 de noviembre de 2023
Demandante: Heliodoro Fierro Méndez
Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05084-00 acumulado con 11001-03-15-000-2023-06302-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05084-00 acumulado con 11001-03-
15-000-2023-06302-00
Demandante: HELIODORO FIERRO MÉNDEZ
Demandado: TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
BOGOTÁ
Tema: Tutela contra acto administrativo – declara improcedente por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El señor Heliodoro Fierro Méndez, actuando en nombre propio, presentó
acción de tutela contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá2. Con
la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al
mínimo vital y móvil, al debido proceso, a la salud y a la dignidad humana 3.
2. La anterior trasgresión constitucional se la adjudicó a la Resolución 289
del 28 de agosto de 2023 dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá. Mediante este acto administrativo se nombró en provisionalidad a la
señora Yuly Paola Burgos Garzón en el cargo de Juez Doce de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad del Distrito Judicial de Bogotá, cargo que el
accionante ocupaba en provisionalidad. Adicionalmente por el no suministro de
las pruebas relacionadas con su historial laboral
1 Modificado por el artículo 1.º del Decreto Nacional 333 de 2021.
2 El mecanismo constitucional fue radicado el 15 de septiembre de 2023
3 Se resalta que la tutela fue radicada inicialmente ante la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, sin embargo, mediante oficio del 5 de septiembre de 2023 y atendiendo a
lo que dispuesto en el numeral 8 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 de 2021, fue remitido a esta Corporación.
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Demandante: Heliodoro Fierro Méndez
Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05084-00 acumulado con 11001-03-15-000-2023-06302-00
1.2. Pretensiones constitucionales
3. La parte actora solicitó la protección de los derechos fundamentales
referidos. En consecuencia, pidió lo siguiente:
De forma provisional respetuosamente solicito:
La suspensión temporal de la Resolución No. 289 del 28 de agosto de 2023,
“Por medio de la cual se hace un nombramiento en provisionalidad” y decide
declarara la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución No. 109 del 5 de marzo
de 2018, que me nombró como Juez 12 de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá, en los términos argumentados en el acápite inicia. (Prueba
01).
Lo anterior, hasta tanto me encuentre en nómina de pensionados percibiendo mi
mesada pensional, garantizando mis derechos invocados y acatando el artículo
128 de la Constitución Política.
De fondo comedidamente solicito:
1.) Se ordene a la accionada el suministro de las pruebas que me permitan
proceder a la contención de la Historial Laboral ante Colpensiones, por las
semanas no cotizadas; expedición de la Certificación Electrónica de Tiempos
Laborados – CETIL, con inclusión de todos mis tiempos de servicios.
2.) La garantía de mi derecho al trabajo y mis demás derechos vulnerados por la
accionada, hasta tanto sea incluido en la nómina de pensionados de
Colpensiones. (Sic a toda la cita y negrita del texto original).
1.3. Hechos
La Sala resume los supuestos fácticos de la tutela de la siguiente manera:
4. El señor José Henry Torres Mariño fue nombrado en propiedad en el cargo
de Juez Doce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá. Sin
embargo, mediante Resolución 118 del 5 de marzo de 2018, el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá lo suspendió en el ejercicio del cargo con ocasión
de una medida de aseguramiento privativa de la libertad.
5. En virtud de lo anterior, mediante Resolución 118 del 5 de marzo de 2018
el señor Heliodoro Fierro Méndez fue nombrado en el mencionado cargo, por el
término de la suspensión del titular.
6. La Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal confirmó en
segunda instancia la sentencia condenatoria contra el señor Torres Mariño.
7. En virtud de la condena definitiva contra el señor Torres Mariño, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante Resolución 225 del 10 de julio
de 2023, lo declaró insubsistente por inhabilidad sobreviviente.
8. Por otra parte, mediante oficios 582J12-HFM del 22 de julio, 592-J12HFM
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Demandante: Heliodoro Fierro Méndez
Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
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del 10 de agosto y 22 de agosto de 2023, el señor Heliodoro Fierro Méndez
manifestó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá tener 66 años y
ostentar la calidad de pre-pensionado. Adicionalmente puso de presente que se
encontraba en proceso de recuperación de unas semanas de cotización no
reportadas en su historia laboral de Colpensiones, que fueron trabajadas en
entidades públicas, entre ellas la Rama Judicial. Finalmente, sostuvo que ha sido
objeto de acoso laboral.
9. La Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
mediante oficio 1269 del 9 de agosto de 2023, respondió al actor que no
encontraba el soporte o la información que lo pudiera acreditar como pre-
pensionado. Respecto al acoso laboral, le señaló que no era competente para
adelantar investigaciones en esa materia. Por ende, lo invitó a acudir a las
autoridades correspondientes y mediante oficio 1311 del 11 de agosto de 2023,
dio traslado de la petición al comité de convivencia de la Rama Judicial.
10. Por otra parte, el accionante con comunicación 581J12-HFM del 19 de julio
de 2023 solicitó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá la relación de los descuentos que le han realizado con cargo a cotización
a pensión. Lo anterior, teniendo en cuenta que no se reflejaban en su historial
laboral actualizada al 17 de julio de 2023, la totalidad de las semanas.
11. Ahora bien, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en virtud
de lo dispuesto en los numerales 2 y 4 del artículo 91 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo4, consideró que
el acto administrativo de nombramiento del señor Fierro Méndez perdió
ejecutoriedad por haber desaparecido los fundamentos de hecho que lo
sustentaron, toda vez que estaba supeditado al término de la suspensión del
titular.
12. Por lo anterior, mediante Resolución 289 del 28 de agosto de 2023,
nombró en provisionalidad en el cargo de Juez Doce de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá a la señora Yuly Paola Burgos Garzón.
1.4. Sustento de la vulneración
13. Afirmó que se encontraba adelantando las diligencias para recuperar las
semanas no reportadas en la historia laboral en Colpensiones por tiempos
4 Artículo 91. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán
obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que
le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia.
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Demandante: Heliodoro Fierro Méndez
Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
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laborados en la Fiscalía General de la Nación y en la Rama Judicial. Por lo tanto,
no gozaba de pensión de vejez que pudiera cubrir su mínimo vital y móvil.
14. Sostuvo que puso de presente a la Sala Plena del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Bogotá y
Cundinamarca su situación de adulto mayor de 66 años y 10 meses, que se
encontraba en trámite de la pensión y que de conformidad con la sentencia C-
1037 de 2003 debían mantenerlo en su cargo hasta tanto fuera incluido en la
nómina de pensionados.
15. Alegó que, por tanto, es un sujeto de especial protección constitucional y
que por su larga trayectoria como servidor público debería ser tratado
dignamente y tener un retiro decoroso, sobre todo porque quien lo reemplazó no
era titular del cargo, sino que fue nombrada en provisionalidad.
16. Agregó que existía un mecanismo para desvincular personal que se
encontraba en condición de pre-pensionado, esto es que se debía hacer de
conformidad con lo ordenado por el Decreto 2245 de 2012, el parágrafo 3 del
artículo 9 de la Ley 797 de 2003 y la sentencia C-1037 de 2003 de la Corte
Constitucional.
17. Finalmente, manifestó un desconocimiento de las reglas sentadas por la
Corte Constitucional en sentencias C-1037 de 2003, SU-917 de 2010 y SU-691
de 2011 y por el Consejo de Estado en decisión del 16 de agosto de 20215.
18. Por otra parte, de los hechos y pretensiones de la demanda, se puede
evidenciar que el actor reclama la vulneración del derecho fundamental de
petición por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Bogotá.
19. En este sentido, el actor requiere que dicha autoridad remita los soportes
de los pagos realizados por concepto de aportes a pensión, que le permitan iniciar
los trámites de reconocimiento de pensión de vejez ante Colpensiones.
1.5. Trámite de la acción
20. Mediante auto del 19 de septiembre de 2023, se admitió la acción
constitucional de la referencia. En consecuencia, se ordenó notificar como
accionado al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Plena.
21. Asimismo, se dispuso vincular como terceros con interés a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central, a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración de Bogotá, a la señora Yuly Paola Burgos Garzón.
Por otra parte, en virtud de lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del
Proceso, se procedió a vincular a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
5 Identificada con el radicado 11001-03-15-000-2021-03010-01.
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Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
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Estado.
22. Adicionalmente, se negó la medida provisional solicitada consistente en
que se suspendieran los efectos de la Resolución 289 del 28 de agosto de 2023
proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
23. Manifestó que no es la autoridad competente para atender las
pretensiones de la presente acción constitucional y que en su lugar sí lo era la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, pues el
accionante laboraba para los despachos a cargo de la misma.
24. En consecuencia, solicitó que se declarara probada la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva y que se ordenara la vinculación de la
mencionada autoridad.
1.6.2. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
25. Manifestó que no se había vulnerado derecho fundamental alguno al
accionante porque el nombramiento efectuado en provisionalidad se encontraba
sujeto a la suspensión del titular con ocasión de una medida de aseguramiento
privativa de la libertad, condición que se cumplió al proferirse la sentencia
condenatoria y que generó que se declarara la insubsistencia por inhabilidad
sobreviviente.
26. Por lo anterior, la autoridad accionada consideró que el acto de
nombramiento del accionante perdió ejecutoriedad por haber desaparecido los
fundamentos de hecho que lo sustentaron, en virtud de lo dispuesto en el numeral
2 del artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
27. Afirmó que, en uso de las facultades legales, en especial la otorgada por
el numeral 7 del artículo 131 de la Ley 270 de 19966, procedió a suplir la nueva
6 Artículo 131. Las autoridades nominadoras de la Rama Judicial, son:
1. Para los cargos de las Corporaciones: Las respectivas Corporaciones en pleno.
2. Para los cargos adscritos a las presidencias y vicepresidencias: La respectiva Corporación o
Sala.
3. Para los cargos de las Salas: La respectiva Sala.
4. Para los cargos del despacho de los Magistrados: El respectivo Magistrado.
5. Para los cargos de Magistrados de los Tribunales: La Corte Suprema de Justicia o el Consejo
de Estado, según el caso.
6. Para los cargos de Magistrados de los Consejos Seccionales: La Sala respectiva del Consejo
Superior de la Judicatura.
7. Para los cargos de Jueces de la República: El respectivo Tribunal.
8. Para los cargos de los Juzgados: El respectivo Juez.
9. Para los cargos de Director de Unidad y Jefe de División del Consejo Superior de la Judicatura:
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
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Demandante: Heliodoro Fierro Méndez
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situación administrativa y nombró a Yuly Paola burgos Garzón como Juez 12 de
Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.
28. Sostuvo que el señor Fierro Méndez no aportó prueba alguna que
permitiera a la Corporación realizar un estudio para determinar si se encontraba
en una condición que lo hiciera beneficioso de la estabilidad reforzada, además
que no fue posible documentar la situación personal porque se trataba de
información privada. De hecho, manifestó que el accionante se mostró renuente
e irreverente a colaborar con la Secretaría General cuando se le solicitó
información para actualizar su hoja de vida.
29. Arguyó que el mecanismo constitucional era improcedente por ausencia
del requisito de subsidiariedad, pues hasta el momento el accionante no había
solicitado en forma clara y concreta protección por parte de alguna autoridad, por
el contrario, no allegó la información que se le solicitó en su oportunidad para
establecer si estaba en alguna de las eventualidades de protección
constitucional, bien por su edad o por su salud, es más solo indicaba que cumplió
la edad de pensión pero no precisó cuantas semanas cotizadas llevaba.
30. Aunado a lo anterior, consideró que había acudir al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contenciosa
administrativa.
1.6.3. Yuly Paola Burgos Garzón
31. Manifestó que el accionante tenía pleno conocimiento de la condición
temporal en el ejercicio del cargo y que debió haber acreditado con pruebas la
estabilidad laboral preferente que alega.
32. Sostuvo que el señor Fierro Méndez se limitó a indicar que los adultos
mayores debían ser protegidos, que tenía 66 años y que en virtud de la sentencia
C-1037 de 2003 debían mantenerlo en el cargo hasta que fuera incluido en la
nómina de pensionados.
33. Indicó que al momento de posesionarse en el cargo de juez nunca puso
de presente su situación de pre-pensionado y que estuviera en un proceso de
recuperación de semanas laborales, y que solo hizo alusión a ello cuando cambió
la situación administrativa y el tribunal debía proferir un nuevo acto de
nombramiento después de la insubsistencia del titular.
10. Para los cargos de los Consejos Seccionales de la Judicatura: La correspondiente Sala del
respectivo Consejo Seccional; y,
11. Para los cargos de las Unidades del Consejo Superior de la Judicatura: Los respectivos
Directores de Unidad
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1.6.4. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá
34. Manifestó que el día 4 de octubre de 2023 la Coordinación de Asuntos
Laborales de la DEAJB informó al accionante que, una vez verificados los
archivos digitales que soportan el pago a los aportes al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones, de los periodos comprendidos entre febrero a
mayo de 2019, marzo, abril, octubre de 2020, febrero y noviembre de 2021, se
podía observar el pago correspondiente.
35. Así mismo frente a los periodos comprendidos entre el mes de diciembre
de 2001 al mes de julio de 2022, si bien no se acreditan en la historial laboral de
Colpensiones, sí se reflejan en el histórico de pagos emitidos por aportes en línea
y el operador pago simple bajo el NIT de la Rama Judicial.
36. De lo anterior sostuvo que la obligación en calidad de empleador de
efectuar periódicamente los aportes al Sistema de Seguridad Social, entre ellos,
el aporte dirigido al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, se efectuó por
parte de la Dirección mes a mes, en los tiempos y montos exigidos. Anexó al
respecto los respectivos soportes de los pagos.
37. En este sentido, frente al derecho de petición solicita que se «niegue por
improcedente» la presente tutela toda vez que se encuentra ante un hecho
superado por carencia actual de objeto.
16.5. Heliodoro Fierro Méndez
38. El accionante ha realizado varios pronunciamientos a partir del auto
admisorio de la tutela.
39. El 26 de septiembre de 2023 manifestó que el tribunal faltaba a la verdad
y pretendía inducir en error a esta Sección. Posterior a ello, indicó que la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central y la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá conocían que se
encontraba en el trámite de pensión y que estaba reclamando unas semanas de
cotización faltantes para dar inicio ante Colpensiones al trámite de pensión de
vejez.
40. Así mismo afirmó que con ocasión de esta situación se encontraba en un
tratamiento médico y exámenes del corazón y trajo a colación la sentencia SU-
354 de 2017 de la Corte Constitucional.
41. El 1 de octubre de 2023 remitió la petición del 19 de junio de 2023 que
elevó a Colpensiones solicitando la corrección de su historia laboral, así como la
respuesta que al respecto suministró la mencionada entidad el 19 de julio de
2023. En ésta la entidad indicó que, de encontrar irregularidades en su historia
laboral, debía acercarse a un punto de atención y entregar una documentación y
diligenciar de un formulario que les permitiría atender se petición en debida forma.
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42. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado fue debidamente
vinculada a este trámite, pero guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
43. La Sala es competente para conocer en primera instancia la presente
acción de tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.
2.2. Cuestión previa. Acumulación procesal
44. Es menester indicar que la acción de tutela fue conocida inicialmente por
la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Esta autoridad, mediante
auto del 5 de septiembre de 2023, determinó que no le correspondía conocer del
presente mecanismo constitucional y ordenó su remisión al Consejo de Estado
para que efectuara el trámite correspondiente.
45. En este sentido, el 11 de octubre de 2023, el citado tribunal envió el
expediente a esta Corporación. El mismo fue repartido al despacho del doctor
Oswaldo Giraldo López, magistrado de la Sección Primera y fue identificado con
el radicado 11001-03-15-000-2023-06302-00.
46. Por su parte, mediante memorial del 15 de septiembre de 2023 el actor
allegó a Secretaría General información adicional para la sustanciación de su
caso. No obstante, la secretaría por error no remitió esos memoriales al
expediente que cursa en el despacho del Dr. Giraldo López, sino que le asignó
un nuevo radicado y lo repartió al despacho sustanciador de esta providencia.
47. Es importante resaltar que el presente proceso fue admitido mediante auto
del 19 de septiembre de 2023. Por su parte, en el expediente que cursa en el
despacho de la Sección Primera no se ha proferido auto admisorio. Lo anterior
porque al advertirse el error de secretaria, el Dr. Giraldo López profirió un auto
de ponente en el que solicitó la acumulación de ambos procesos.
48. Así las cosas, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del
Decreto 2591 de 19917, la Sala advierte que no existe una actuación temeraria
7 ARTICULO 38. ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la
misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios
jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes. // El
abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos
hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos
años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás
sanciones a que haya lugar.
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del actor, pues no interpuso dos tutelas por los mismos hechos, sino que por error
se abrieron dos expedientes para su solicitud de amparo (11001-03-15-000-
2023-05084-00 y expediente 11001-03-15-000-2023-06302-00).
49. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo
2.2.3.1.3.1.del Decreto 1834 de 20158 se cumplen los presupuestos para
acumular los referidos expedientes como quiera que el expediente identificado
con el radicado N. ° 11001-03-15-000-2023-05084-009 contiene como anexo el
escrito de tutela idéntico al aportado en el expediente con radicado 11001-03-15-
000-2023-06302-00, de tal suerte que existe identidad de los hechos, de la parte
pasiva y de las pretensiones.
50. En ese sentido, ambos instrumentos constitucionales tienen como
accionada al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y persiguen dejar
sin efectos la Resolución 289 del 28 de agosto de 2023 2023 que nombró en
provisionalidad a la señora Yuly Paola Burgos Garzón, en el cargo que el
accionante ocupaba.
51. Ahora bien, como quiera que el proceso asignado a la Sección Quinta fue
admitido mediante auto del 19 de septiembre de 2023 y el de la Sección Primera
aún no ha sido admitido, lo procedente es acumular a este proceso el expediente
de la Sección Primera.
52. Así las cosas, como quiera que mediante auto del 13 de octubre de 2023
el Despacho del Dr. Giraldo López solicitó la acumulación del expediente 2023-
06302-00 a este proceso, la Sala accederá a dicha petición y procederá a
acumular ambas causas.
53. En virtud de los principios de economía y celeridad que rigen a la acción
de tutela y como quiera que no es necesario vincular a ninguna parte o
interviniente, lo procedente es la acumulación de ambos procesos en esta
providencia.
2.3. Legitimación en la causa
54. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
55. Con fundamento en lo expuesto, la Sala advierte que el señor Heliodoro
Fierro Méndez se encuentra legitimado en la causa por activa. Así, se evidencia
8
Artículo 2.2.3.1.3.1. Las acciones de tutela que persigan la protección de los mismos derechos
fundamentales, presuntamente amenazados o vulnerados por una sola y misma acción u
omisión de una autoridad pública o de un particular se asignarán, todas, al despacho judicial
que, según las reglas de competencia, hubiese avocado en primer lugar el conocimiento de la
primera de ellas”
9 Que le correspondió por reparto al despacho ponente.
9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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que le asiste un interés directo y personal en las resultas del proceso, pues es la
persona que considera vulnerados sus derechos fundamentales por el
nombramiento en provisionalidad a la señora Yuly Paola Burgos Garzón en el
cargo de Juez Doce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Distrito
Judicial de Bogotá, cargo que él también ocupaba en provisionalidad.
56. Por otro lado, la Sala evidencia que el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá se encuentra legitimado en la causa por pasiva. Esto, porque es la
autoridad a la que se le atribuye la supuesta vulneración de las garantías
constitucionales antes mencionadas; y en su calidad de autoridad nominadora
dispuso el nombramiento de Yuli Paola Burgos como Juez 12 de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad del Distrito Judicial de Bogotá, cargo que el
accionante antes ocupaba.
57. Así mismo, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá está legitimada en la causa por pasiva. Esto, en razón a que el actor
pretende el suministro de los soportes de pagos realizados por concepto de
aportes a pensión.
2.4. Problema jurídico
58. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; los problemas
jurídicos a resolver en el caso concreto son los siguientes:
● ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela?
59. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará
lo siguiente:
● ¿El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá vulneró los derechos
fundamentales al mínimo vital y móvil, al debido proceso, a la salud y a la dignidad
humana de la parte actora? Esto, con ocasión de Resolución 289 del 28 de
agosto de 2023 por medio de la cual se hizo la provisión del cargo que ocupaba
en provisionalidad como consecuencia de la pérdida de ejecutoria de la
Resolución 109 del 5 de marzo de 2018 y no haberse tenido en cuenta su
condición de pre-pensionado para tales efectos.
● ¿La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá
vulneró el derecho fundamental de petición de la parte actora? Esto, por la
omisión de suministrar la documentación requerida para proceder a la corrección
de su historia laboral que le permita iniciar el trámite de pensión de vejez ante
Colpensiones.
60. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii) estabilidad laboral reforzada
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Demandante: Heliodoro Fierro Méndez
Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05084-00 acumulado con 11001-03-15-000-2023-06302-00
para sujetos de especial protección constitucional (iii) estabilidad laboral
reforzada en el caso de pre-pensionados (iv) provisión de cargos de carrera en
la Rama Judicial y el derecho a la estabilidad laboral reforzada de los funcionarios
nombrados en provisionalidad y (v) el análisis del caso concreto.
2.5. Generalidad de la acción de tutela
61. Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción
de tutela es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando
resulten vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o
excepcionalmente, de particulares.
62. Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de
defensa judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos
para evitar la consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita
su ejercicio como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la
activación, por parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.
63. En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo
demanda la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son
inherentes, como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la
inminencia de un perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez
constitucional inmiscuirse en determinada controversia y, mucho menos,
acometer las diferentes subreglas dispuestas por la jurisprudencia en torno a
asuntos como el sub examine.
64. Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar del uso inadecuado este
mecanismo, que podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del
ordenamiento jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el
constituyente le confirió
2.6. De carácter subsidiario de la acción de tutela e improcedencia cuando
existen otras vías judiciales disponibles y eficaces.
65. El inciso 3º del artículo 86 de la Carta Política contempla el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que «Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto
Ley 2591 de 1991.10.
10 «ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá:1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que
se encuentra el solicitante».
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66. La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad,
los conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser resueltos,
en principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de manera
que únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas no
resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta
admisible recurrir a esta acción constitucional.
67. De modo que el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la
obligación de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del
ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los
cuales debe hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento
de los recursos legales deviene en la improcedencia de este mecanismo11.
68. El carácter residual o supletorio obedece a la necesidad de preservar las
competencias atribuidas a las diferentes autoridades judiciales en desarrollo de
la independencia y autonomía de la actividad judicial, en los que igualmente se
deben salvaguardar derechos de rango convencional y constitucional, sin que
esta acción pueda convertirse en un mecanismo alternativo, paralelo o
complementario de los procedimientos judiciales « diluyéndose esta exigencia
únicamente cuando el juez constitucional encuentre que se configura un perjuicio irremediable
que exige para el restablecimiento de los derechos involucrados la adopción de medidas
inmediatas, imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo transitorio mientras la
autoridad judicial competente decide de fondo la acción correspondiente»12.
2.7. Caso concreto
69. Como se expuso previamente, la presente acción de tutela cuestiona lo
siguiente:
• La decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de proveer
el cargo que el señor Fierro Méndez ocupaba en provisionalidad sin tener en
cuenta su condición de pre-pensionado.
• El no suministro de las pruebas relacionadas con su historial laboral que
le impiden el cargue del equivalente de seis semanas por omisión de la acá
accionada y de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá.
• Respecto de la calidad de pre-pensionado del actor y su
desvinculación
70. En primer lugar, y previo a determinar la vulneración de los derechos
aludidos, la Sala considera pertinente hacer alusión a la situación administrativa
11Al respecto ver, entre otras, las sentencias de 21 de enero de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio, rad. 11001-03-15-000-2020-04371-01, 26 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate,
rad. 11001-03-15-000-2021-04912-00 y 9 de septiembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra, rad. 11001-03-15-000-2021-04731-00.
12 Ver, Corte Constitucional, sentencia T-336 de 2009, T-130 del 2010, T-318 del 2017.
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en la que se encuentra el accionante, de conformidad con las pruebas que obran
en el plenario.
71. Como quedó señalado en los antecedentes de esta providencia y revisado
el material probatorio obrante en el expediente, se evidencia que el 5 de marzo
de 2018, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá mediante Resolución
118 nombró al señor Heliodoro Fierro Méndez como Juez Doce de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, por el término que fue suspendido su
titular con ocasión de una medida de aseguramiento privativa de la libertad.
72. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la
sentencia condenatoria contra el titular del cargo, en consecuencia, mediante
Resolución 225 del 10 de julio de 2023, el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá lo declaró insubsistente por inhabilidad sobreviviente.
73. Con base en lo anterior, la autoridad judicial accionada consideró que el
acto administrativo de nombramiento del señor Fierro Méndez perdió
ejecutoriedad al haber desaparecido los fundamentos de hecho que lo
sustentaban, toda vez que estaba supeditado al término de la suspensión del
titular.
74. En ese sentido, mediante Resolución 289 del 28 de agosto de 2023
nombró en provisionalidad en el cargo de Juez Doce de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá a la señora Yuly Paola Burgos Garzón
75. Por otro lado, se tiene que el actor ha advertido mediante diferentes
comunicaciones dirigidas tanto al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
como a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá lo
siguiente:
• Que tiene 66 años,
• Que los adultos mayores son personas de protección laboral reforzada,
• Que la sentencia C-1037 de 2003 dispone que únicamente podrá retirarse
del servicio cuando se le garantice el pago de la mesada pensional, es
decir incluirse en nómina de pensión,
• Que existen irregularidades en su historia laboral que le impiden acudir a
Colpensiones al fin de iniciar los trámites de pensión de vejez.
76. Ahora bien, la Ley 100 de 1993 en su artículo 33, modificado por el artículo
9 de la Ley 797 de 2003, estableció lo siguiente:
Artículo 33. Requisitos para obtener la Pensión de Vejez. Para tener el derecho
a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:
Haber cumplido (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para
el hombre.
A partir del 1° de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en
50 y a partir del 1° de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar
a 1.300 semanas en el año 2015.
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77. Sin embargo, pese a lo anterior, la Sala considera que el señor Heliodoro
Fierro Méndez cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, idóneo y eficaz,
para discutir el acto que cuestiona y lograr la protección de los derechos
fundamentales que considera vulnerados mediante la presente acción.
78. Lo anterior, habida cuenta que sus inconformidades se centran en atacar
lo resuelto en el acto de nombramiento de la señora Yuly Paola Burgos Garzón,
pues a juicio del actor el mismo desconoció que ostentaba la condición de sujeto
de especial protección que lo hacía acreedor de la estabilidad laboral reforzada.
79. Aunado a ello, se resalta que el nombramiento efectuado en
provisionalidad se encontraba sujeto a la suspensión del titular con ocasión de
una medida de aseguramiento privativa de la libertad, condición que se cumplió
al proferirse la sentencia condenatoria y que generó que se declarara la
insubsistencia por inhabilidad sobreviviente, por lo tanto, al cumplirse la condición
consignada en el acto administrativo de nombramiento se perdían sus efectos.
80. Dicho esto, es evidente que, si el accionante considera que fue
desvinculado sin una justa causa, tiene a su disposición el medio de control de
nulidad y restablecimiento de derecho en contra del acto que designó en
propiedad a la señora Yuly Paola Burgos Garzón como juez doce de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad.
81. Se recuerda entonces, que este mecanismo constitucional se torna
improcedente para suplir mecanismos idóneos de defensa, de lo contrario, esta
herramienta sería utilizada como un instrumento de remplazo de las demás
acciones jurídicas contempladas en el ordenamiento, lo que de suyo
desnaturalizaría esta acción que es eminentemente protectora de derechos
fundamentales, en los mismos términos ha sido señalado por el alto tribunal
constitucional, al indicar que «en caso de existir un medio judicial principal, el
actor tiene la carga de acudir a él toda vez que es necesario preservar las
competencias legales asignadas por el legislador a cada jurisdicción [96] (…) »13.
82. Adicionalmente, es importante resaltar que el accionante ha omitido de
manera reiterativa, indicar con claridad tanto en sede de tutela como en sede
administrativa, cuáles son las condiciones que le acreditan como persona de
especial protección constitucional y por ende acreedor de la estabilidad laboral
reforzada.
• Respecto de la solicitud de información
83. Al respecto, es menester indicar que el actor pretende mediante este
mecanismo de amparo que:
13 Corte Constitucional, sentencia T-081 de 2021.
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Se ordene a la accionada el suministro de las pruebas que me permitan proceder
a la contención de la Historial Laboral ante Colpensiones, por las semanas no
cotizadas; expedición de la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados –
CETIL
84. Del acervo probatorio se observa que mediante comunicación 581-J12-
HFM del 19 de julio de 2023 el actor solicitó a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá lo siguiente:
85. Frente a esto, le entidad peticionada mediante correo electrónico del 4 de
octubre de 2023, manifestó al actor que verificó los archivos digitales que
soportan el pago a los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones.
86. En consecuencia, consideró que su obligación de efectuar periódicamente
los aportes al Sistema de Seguridad Social, entre ellos, el aporte dirigido al
Sistema de Seguridad Social en Pensiones, se efectuó mes a mes, en los tiempos
y montos exigidos. Para esto, adjuntó los respectivos soportes de los pagos.
87. La remisión de la respuesta se evidencia en el siguiente pantallazo:
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88. Por lo anterior es evidente que la administración ya brindó una respuesta
al accionante, pese a que, en estricto sentido, la solicitud planteada en esta
instancia constitucional, no corresponde en identidad estricta a la elevada a la
mentada autoridad, pues en ese escenario, por ejemplo, no solicitó la
Certificación Electrónica de Tiempos Laborados – CETIL.
89. En ese sentido, tampoco se evidencia una vulneración a derechos
fundamentales respecto de este punto, sin perder de vista, que en gracia de
discusión este mecanismo procedería si el interesado no tuviera medios de
defensa judicial ordinarios, o si contando con ellos, estos no resultaran idóneos
para la defensa de los derechos que reclama.
90. Sin embargo, se reitera que, en este caso el accionante tuvo y tiene la
oportunidad de acudir directamente a las autoridades y solicitar de manera
expresa, clara e inequívoca la corrección, la documentación y los soportes
necesarios, y no pretender que el juez constitucional subsane su falta de
diligencia y lo reemplace en aquello a lo que pudo haber acudido directamente a
la administración en debida forma.
91. Dicho esto, para esta Sala no se logró evidenciar una vulneración a
derechos fundamentales por parte de las autoridades aquí tuteladas, y, por ende,
procede a declarar la improcedencia de la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: ACUMULAR los expedientes 11001-03-15-000-2023-05084-00 y
11001-03-15-000-2023-06302-00.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela impetrada por el señor
Heliodoro Fierro Méndez por no superar el requisito de subsidiariedad.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Ordenar a la secretaría realizar anotación de la acumulación, en el
expediente 11001-03-15-000-2023-06302-00.
QUINTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
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Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05084-00 acumulado con 11001-03-15-000-2023-06302-00
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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