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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05084-01

Administrativa: resolución 289 del 28 de agosto de 2023 /

Fecha
5 de febrero de 2024
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05084-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 2 de noviembre de 2023, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-05084-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

5 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES (E)

Bogotá D.C., febrero cinco (05) de dos mil veinticuatro (2024).

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-05084-01

Accionante: HELIODORO FIERRO MÉNDEZ

Accionado: TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (IMPUGNACIÓN)

Temas: ACCIÓN DE TUTELA PARA CUESTIONAR UNA DECISIÓN
ADMINISTRATIVA – Resolución 289 del 28 de agosto de 2023 /
IMPROCEDENCIA POR SUBSIDIARIEDAD – El medio de control nulidad y
restablecimiento del derecho es el mecanismo previsto en la ley para estudiar la
legalidad del acto administrativo que se cuestiona en sede de tutela.

Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la parte actora
contra la sentencia de 2 de noviembre de 2023, mediante la cual el Consejo de
Estado, Sección Quinta declaró improcedente la acción de tutela de la referencia1.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

El 15 de septiembre de 2023 el señor Heliodoro Fierro Méndez, en nombre propio,
instauró demanda de tutela en contra del Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Bogotá, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital y
móvil, al debido proceso, a la salud y la dignidad humana.

1
Que ingresó para fallo el 4 de diciembre de 2023.
1

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-05084-01
Accionante: Heliodoro Fierro Méndez
Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

2. Hechos relevantes

El señor Heliodoro Fierro Méndez fue nombrado Juez en provisionalidad del
Juzgado Doce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, dado
que su titular fue suspendido del cargo a consecuencia de una medida de
aseguramiento.

Mediante Resolución 289 del 28 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Bogotá, fue nombrada en provisionalidad la señora
Yuly Paola Burgos Garzón en el cargo que el accionante ocupaba en
provisionalidad, dado que el titular fue declarado insubsistente como consecuencia
de la sentencia de condena en primera y segunda instancia penal.

3. Fundamentos de la demanda de tutela

Alegó el tutelante que se vulneró su derecho fundamental al mínimo vital y móvil,
al debido proceso, a la salud y a la dignidad humana. Así mismo, solicitó una
medida provisional para que fuera suspendido el acto administrativo (resolución
No. 289 del 28 de agosto de 2023, que lo desvinculó de la Rama Judicial, pues se
encontraba adelantando diligencias para recuperar semanas no reportadas en la
historia laboral de Colpensiones por tiempos laborados con la Fiscalía General de
la Nación y la Rama Judicial, por tanto, no gozaba de pensión de vejez que
pudiera cubrir su mínimo vital y móvil.

Indicó que como ostentaba la calidad de sujeto de especial protección
constitucional, por ser un adulto mayor con edad de 66 años y 10 meses de edad,
además de tener condición de “pre-pensionado”, y de conformidad con la
sentencia C-1037 de 2003 debía mantenerse en su cargo hasta que fuera incluido
en la nómina de pensionados, por lo debía ser tratado dignamente, teniendo un
retiro decoroso, pero que la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá y la Dirección Ejecutiva Seccional de Bogotá y Cundinamarca no
tuvieron en cuenta eso, sino que, por el contrario, se nombró a otra persona en
provisionalidad siendo “botado y echado de su empleo”.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-05084-01
Accionante: Heliodoro Fierro Méndez
Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

Por otro lado, argumentó que existe un procedimiento para desvincular al personal
que se encuentra en condición de “pre-pensionado” al no poder acceder a la
prestación con las semanas completadas y con la responsabilidad de la misma
accionada.

Por último, requiere que le remitan soportes de los pagos por concepto de aportes
a pensión, así como la corrección de la historia laboral ante Colpensiones por las
semanas no cotizadas, para iniciar los trámites de reconocimiento de pensión de
vejez ante Colpensiones.

4. Trámite en primera instancia

4.1. Inicialmente el proceso fue conocido por la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Penal, pero mediante auto del 5 de septiembre de 2023 se determinó
que no le correspondía conocer la acción de tutela y fue enviada al Consejo de
Estado.

4.2. El 19 de septiembre de 2023, el Consejo de Estado, Sección Quinta, admitió
la demanda de tutela; ordenó notificar a la entidad accionada; vinculó como
tercero a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central, a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Seccional Bogotá, a Yuly Paola
Burgos Garzón y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; negó la
solicitud de medida provisional2.

4.3. La Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial – Nivel Central solicitó
que se declare probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva, toda vez que tiene como función adelantar las labores necesarias para el
funcionamiento de la Rama Judicial, sin embargo, conforme a lo establecido en la
Ley 270 de 1996 se determinó la descentralización de esta función, por ello, se
crearon las Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial en el

2
El accionante en su escrito de tutela solicitó la suspensión temporal de la resolución No. 289 del
28 de agosto de 2023, debido a que afirma ser una persona que supera los 60 años, no cuenta con
una pensión de vejez que garantice su mínimo vital y móvil y tiene una trayectoria como servidor
público amplia, por tanto merece un trato digno, pero fue negada ya que la complejidad de esta
situación exige un análisis más detenido y requiere de la participación de todas las partes
involucradas para tomar una decisión adecuada.
3

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-05084-01
Accionante: Heliodoro Fierro Méndez
Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

que se deben cumplir las funciones establecidas en el artículo 103 de esta misma
ley.

4.4. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá solicitó denegar la acción
de tutela, pues el nombramiento del señor Fierro Méndez, como Juez 12 de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá mediante Resolución 109
del 5 de marzo 2018, se encontraba sujeto a una suspensión del titular por una de
medida de aseguramiento privativa de la libertad, pero al proferirse sentencia
condenatoria contra este funcionario, el Tribunal lo declaró insubsistente por
inhabilidad sobreviviente mediante Resolución No. 225 del 10 de julio de 2023.

En ese sentido, señaló que la Sala Plena, en votación mayoritaria, concluyó que el
acto de nombramiento del accionante perdió ejecutoriedad pues desaparecieron
los hechos que lo sustentaban, supliendo la nueva situación administrativa y
nombrando a Yuly Paola Burgos Garzón en su reemplazo conforme a la resolución
289 del 28 de agosto de 2023 explicando a detalle el fundamento de esta decisión.

Sumado a que el accionante no aportó pruebas de las cuales permitiera realizarse
un estudio que determinara la condición que lo hacía beneficiario de la estabilidad
reforzada existiendo una ausencia del requisito de subsidiariedad, ya que no actuó
con diligencia, incluso pudiendo acudir al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

4.5. Yuly Pola Burgos Garzón solicitó que no se accediera a las pretensiones, toda
vez que la Sala Plena del Tribunal Superior de Bogotá, mediante Resolución 289
del 28 de agosto de 2023, la nombró como Juez 12 de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá. Sumado a que el accionante tenía pleno
conocimiento de la condición temporal en el ejercicio de su cargo cuando fue
nombrado en provisionalidad mientras se definía la situación del titular, quien era
procesado penalmente.

Además, si tenía forma de acreditar con pruebas los derechos que ahora alega de
una estabilidad laboral preferente, debía comenzar actualizando su hoja de vida y
soportes, sin embargo, no aportó ninguno y solo aducía tener condiciones de

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-05084-01
Accionante: Heliodoro Fierro Méndez
Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

adulto mayor y que conforme a la sentencia C-1037 de 2003 debían mantenerlo
en el cargo hasta que se incluyera en la nómina de pensionados, sin poner de
presente su situación de pre-pensionado y que estuviera en un proceso de
recuperación de semanas laborales.

4.6. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá solicitó que se
negara por improcedente la acción de tutela ya que existe un hecho superado por
carencia actual del objeto, pues, una vez se allegó la acción constitucional, se
instó al área de asuntos laborales con el fin de emitir respuestas a la solicitud del
accionante realizándose el día 4° de octubre de 2023 por parte de la Coordinación
de Asuntos Laborales.

4.7. El accionante Heliodoro Fierro Méndez ha realizado varios pronunciamientos
como el del 26 de septiembre de 2023 cuya finalidad es manifestar que el Tribunal
falta a la verdad y pretende inducir en error a la Sección, ya que ambas
Direcciones Ejecutivas de Administración Judicial (Nivel Central y la de Bogotá),
conocían su situación referente al trámite de pensión, así como el reclamo de que
faltaban unas semanas de cotización para dar trámite de la pensión de vejez.

4.8. El 1° de octubre del 2023 remitió una petición del 19 de junio de 2023 elevada
a Colpensiones donde solicitaba la corrección de su historial laboral y la respuesta
que la entidad brindó, en esta se explicaba que debía acercarse a un punto de
atención, así como entregar una documentación, además de diligenciar un
formulario para atender la petición de manera correcta.

4.9. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino.

5. La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 2 de noviembre de 2023, el Consejo de Estado, Sección
Quinta, declaró improcedente el amparo solicitado y solicitó acumular los
expedientes 11001-03-15-000-2023-05084-00 y 11001-03-15-000-2023-06302-00.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-05084-01
Accionante: Heliodoro Fierro Méndez
Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

En primer lugar, precisó que la acción de tutela fue conocida inicialmente por la
Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Penal, pero mediante auto del
5 de septiembre de 2023, ordenó su remisión al Consejo de Estado, dado que no
era la autoridad competente.

Dicho esto, el 11 de octubre de 2023 se remitió a esta corporación y se repartió al
despacho del consejero Oswaldo Giraldo López con el radicado 2023-06302-00.
Posteriormente, el accionante envió un memorial adicional a la Secretaría General
de esta Corporación, pero por error no se remitió a ese expediente, ya que se
asignó un nuevo proceso repartiéndose al despacho del consejero Pedro Pablo
Vanegas Gil con el radicado 2023-05084-01. Dada esta situación, el consejero
Giraldo López profirió un auto de ponente solicitando que se acumularan ambos
procesos3 por existir identidad de los hechos, de las partes y las pretensiones.

Por otro lado, indicó que el señor Heliodoro Fierro Méndez cuenta con otro
mecanismo de defensa judicial, idóneo y eficaz para discutir el acto cuestionado,
toda vez que su punto central se basa en el nombramiento de la señora Yuly Paola
Burgos Garzón, como Juez Doce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad;
sin embargo, el nombramiento del accionante efectuado en provisionalidad se
encontraba sujeto a la suspensión del titular con ocasión de una medida de
aseguramiento privativa de la libertad, siendo cumplida al proferirse la sentencia
condenatoria, perdiendo sus efectos.

En ese sentido, consideró la Sección Quinta de la Corporación que, si el
accionante consideraba que fue desvinculado sin justa causa, debía acudir al
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de ese acto
administrativo.

Por último, se logró evidenciar que la administración brindó una respuesta al
accionante en relación con el historial laboral, por tanto, no existe vulneración de
derechos fundamentales, pero se reitera que aun cuando no fuese así, el
accionante puede acudir directamente a las autoridades y solicitar de manera

3
Se deja claridad que no se presenta actuación temeraria ya que el accionante no interpuso dos
tutelas por los mismos hechos, sino que por error se abrieron dos expedientes para su solicitud de
amparo.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-05084-01
Accionante: Heliodoro Fierro Méndez
Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

clara, expresa e inequívoca la corrección, la documentación y soportes necesarios
sin que un juez constitucional subsane su falta de diligencia o reemplace aquello
que puede acudir él mismo.

6. La impugnación

La parte tutelante solicitó que se revocara la sentencia apelada y en su reemplazo
se ordene amparar los derechos fundamentales vulnerados, puesto que el objeto
de la tutela no tiene como finalidad atacar la legalidad del acto de nombramiento
de la señora Burgos Garzón, sino que su inconformidad radica en el
desconocimiento de su situación de pre-pensionado.

Mencionó que la autoridad accionada incurrió en una vía de hecho, en la que se
desconoció el precedente constitucional al desvincularlo como juez y vulnerando
su “(i)derecho al debido proceso probatorio; (ii) derecho de defensa; (ii) derecho a
ser oído; (iii) derecho a garantizar el derecho a la salud; (iv) el desconocimiento
del precedente constitucional del derecho a no ser separado del cargo sino
cuando sea incluido en la nómina de pensionados de Colpensiones”.

De otra parte, argumentó que la Sección Quinta de esta Corporación separó el
contenido de la Resolución 289 de 2023 y no analizó de manera correcta que tal
decisión se trajo a colación con el fin de demostrar que nunca le resolvieron las
peticiones, cuando el mismo “sentenciador” -Sección Quinta- citó las advertencias
que realizó al Tribunal y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá4 en varias ocasiones, pero, por el contrario, se concluyó que
finalidad del señor Heliodoro Fierro Méndez era atacar lo resuelto en el acto de
nombramiento contando con otro mecanismo de defensa para discutir lo
cuestionado.

4
Cita párrafo 75 de la sentencia:
​“Que tiene 66 años,
​Que los adultos mayores son personas de protección laboral reforzada,
​Que la sentencia C-1037 de 2003 dispone que únicamente podrá retirarse del servicio cuando se le
garantice el pago de la mesada pensional, es decir incluirse en nómina de pensión,
​Que existen irregularidades en su historia laboral que le impiden acudir a Colpensiones al fin de
iniciar los trámites de pensión de vejez.”
​

7

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-05084-01
Accionante: Heliodoro Fierro Méndez
Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

Añadió que la Sección Quinta del Consejo de Estado supuso que el accionante no
solicitó el CETIL cuando sí se realizó el 1° de septiembre de 2023, incluso con
copia al accionado, pero al no presentarse esta prueba no podía suponer que este
hecho no ocurrió o podría haber ordenado la prueba, a pesar de que este no se
pide en los casos relacionados de COLPENSIONES.

Así mismo, el sentenciador de primera instancia afirmó que la obligación de
efectuar periódicamente los aportes al Sistema de Seguridad Social se efectuó
mes a mes, en los tiempos y montos exigidos, cuando existía un memorial con el
que el accionante le refutó al director ejecutivo la respuesta de Colpensiones de
que no se habían realizado los pagos de manera suficiente.

Adujo que la acción de tutela no pretende eludir una demanda ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, pues existe la opción de acudir ante la CIDH, la
OIT, la FGN y la Comisión de Disciplina, solo que acude al juez de tutela porque
se le está causando un perjuicio que no tendrá solución inmediata.

Indicó, además, que en la Resolución 289 del 28 de agosto de 2023 se hace
alusión a una fecha en la que pierde fuerza ejecutoria, razón a que el cargo estaba
vacante y se nombraba a la señora Burgos Garzón, sin embargo, no es suficiente
esta conclusión, por cuanto se trata de un acto administrativo particular y concreto
en que tiene como elemento obligatorio o necesario una parte motivada para tal
decisión.

Por último, argumentó que se desconoció el precedente judicial, dado que la
sentencia C-1037 de 20035 de la Corte Constitucional establece que un servidor
público solo puede ser retirado de su cargo cuando le sea garantizado el pago de
su mesada pensional (sentencia SU-917 de 2010), en la que se habla del deber
que tiene la administración de motivar los actos administrativos, máxime cuando

5
Cita la regla jurisprudencial: “…no puede existir solución de continuidad entre la terminación de la
relación laboral y la iniciación del pago efectivo de la mesada pensional, precisamente para
asegurar al trabajador y a su familia los ingresos mínimos vitales, así como la efectividad y
primacía de sus derechos (C.P., arts. 2° y 5°). Por tanto, la única posibilidad de que el precepto
acusado devenga constitucional es mediante una sentencia aditiva para que el trabajador particular
o servidor público sea retirado sólo cuando se le garantice el pago de su mesada pensional, con la
inclusión en la correspondiente nómina, una vez se haya reconocido su pensión”.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-05084-01
Accionante: Heliodoro Fierro Méndez
Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

se trata del retiro de servidores públicos que ejercen un cargo de provisionalidad,
pues no opera de la misma manera que los de libre nombramiento y remoción.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Cuestión previa

En la sentencia de primera instancia se menciona que se acumularon los
expedientes 11001-03-15-000-2023-05084-00 y 11001-03-15-000-2023-06302-00,
pero realmente lo que ocurrió fue un doble reparto de la misma demanda que, por
virtud de esa “acumulación”, contó con una única e igual decisión de primera
instancia.

2. Caso concreto

La Sala confirmará el fallo recurrido, por cuanto es claro que el fundamento de la
vulneración de derechos fundamentales es una decisión administrativa, contenida
en la Resolución No. 289 de 2023, a través de la cual se retiró del servicio al aquí
accionante para nombrar a otra persona en el cargo que aquel ejercía, de manera
provisional.

En ese sentido, por más de que la parte demandante predique la vulneración de
sus derechos fundamentales respecto de otras actuaciones y/o decisiones, lo
cierto es que esa decisión administrativa es la que lo afectó, por lo que la
Subsección reitera que en esos casos la acción de tutela resulta improcedente,
por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, porque naturalmente cuenta con
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho6 consagrado en el
artículo 1387 del C.P.A.C.A., en el que, incluso, tiene la posibilidad de solicitar el

6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 3 de marzo de 2023, exp. 2023-00415, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, entre
otras decisiones.
7
“ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea
lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la
nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho;
también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales
establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el
restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la
reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se
presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-05084-01
Accionante: Heliodoro Fierro Méndez
Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

decreto de medidas Cautelares (numeral 3 del artículo 2308) y, si la situación lo
amerita, se pueden adoptar las medidas cautelares de urgencia (artículo 2349).

Cabe aclarar que, si bien el señor Heliodoro Fierro Méndez fue nombrado en el
cargo de Juez Doce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá
mediante resolución No.118 del 5 de marzo de 2018, esto se hizo con ocasión del
término de la suspensión del titular, pero esto no significaba que sería un cargo
permanente, por tanto, una vez se resolvía la situación jurídica de aquel, se
consideró por parte de la autoridad nominadora que el acto de nombramiento

un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a
partir de la notificación de aquel”.
8
“Artículo 230. CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. Las medidas
cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener
relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o
Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas:
“1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba
antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.
“2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A
esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de
conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere
posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba
observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual
recaiga la medida.
“3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
“4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra
con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.
“5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no
hacer.
“PARÁGRAFO. Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos
de índole discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente
en la adopción de la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción
dentro del plazo que fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y
siempre con arreglo a los límites y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente” (se
destaca).
9
El artículo 233 del CPACA establece: “PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE LAS
MEDIDAS CAUTELARES. La medida cautelar podrá ser solicitada desde la presentación de la
demanda y en cualquier estado del proceso.
“El Juez o Magistrado Ponente al admitir la demanda, en auto separado, ordenará correr traslado
de la solicitud de medida cautelar para que el demandado se pronuncie sobre ella en escrito
separado dentro del término de cinco (5) días, plazo que correrá en forma independiente al de la
contestación de la demanda.
“Esta decisión, que se notificará simultáneamente con el auto admisorio de la demanda, no será
objeto de recursos. De la solicitud presentada en el curso del proceso, se dará traslado a la otra
parte al día siguiente de su recepción en la forma establecida en el artículo 108 del Código de
Procedimiento Civil.
“El auto que decida las medidas cautelares deberá proferirse dentro de los diez (10) días siguientes
al vencimiento del término de que dispone el demandado para pronunciarse sobre ella. En este
mismo auto el Juez o Magistrado Ponente deberá fijar la caución. La medida cautelar solo podrá
hacerse efectiva a partir de la ejecutoria del auto que acepte la caución prestada.
“Con todo, si la medida cautelar se solicita en audiencia se correrá traslado durante la misma a la
otra parte para que se pronuncie sobre ella y una vez evaluada por el Juez o Magistrado Ponente
podrá ser decretada en la misma audiencia.
“Cuando la medida haya sido negada, podrá solicitarse nuevamente si se han presentado hechos
sobrevinientes y en virtud de ellos se cumplen las condiciones requeridas para su decreto. Contra
el auto que resuelva esta solicitud no procederá ningún recurso”.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-05084-01
Accionante: Heliodoro Fierro Méndez
Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

perdería ejecutoriedad por desaparecer los fundamentos de hecho que lo
sustentaban, lo que dio lugar a la Resolución No. 289 del 28 de agosto de 2023
mediante la cual se nombró en provisionalidad a la señora Yuly Paola Burgos
Garzón, decisión que, se repite, es la llamada a ser controvertida mediante el
medio de control judicial respectivo.

Así las cosas, resulta evidente que no le es dado al juez constitucional
pronunciarse sobre el fondo del asunto, toda vez que la acción de tutela no es un
medio judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la
ley para defensa de los derechos del ahora accionante, ni está instituido para
desconocer los mecanismos dispuestos para debatir, incluso, el tema relacionado
con las semanas cotizadas y, por ende, si tiene o no derecho a acceder a una
pensión de jubilación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 2 de noviembre de 2023, proferida por
la Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con lo razonado en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-05084-01
Accionante: Heliodoro Fierro Méndez
Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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