Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05103-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05103-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-05103-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
25 de abril de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05103-01
Demandante: Ronal Andrés Guerrero Ceballos
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05103-01
Demandante: RONAL ANDRÉS GUERRERO CEBALLOS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Temas: Contra sentencia que declaró la prescripción trienal de las prestaciones
económicas derivadas de la reliquidación del subsidio familiar
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la sentencia
del 23 de noviembre de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, que denegó la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 18 de septiembre de 20231, en ejercicio de la acción de tutela Ronal Andrés Guerrero
Ceballos, actuando a través de apoderado, pidió la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la providencia del 24
de mayo de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que denegó las
pretensiones de reliquidación pensional.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. PRIMER GRUPO DE PRETENSIONES DECLARATIVAS: RELACIONADAS CON EL DEFECTO
SUSTANTIVO.
1.1. Se declare que, en la sentencia, proferida por el Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, se
estructura la causal especifica de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales, denomina
DEFECTO SUSTANTIVO, específicamente la subregla de APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA,
pues la norma no se adecua a la situación fáctica y subjetiva de los hechos y partes de esta demanda.
1.2. Se declare que el defecto sustantivo se estructura porque el Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO, en la sentencia cuestionada, realiza una APLICACIÓN O INDEBIDA DEL artículo
151 del Código Procesal del Trabajo.
1.3. Como consecuencia de lo anterior, se declare que Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, con
la expedición de la sentencia aquí́ cuestionada vulneró el DERECHO FUNDAMENTAL DEL DEBIDO
PROCESO de mi poderdante.
2. SEGUNDO GRUPO DE PRETENSIONES DECLARATIVAS: RELACIONADAS CON El
DEFECTO SUSTANTIVO, específicamente la regla de FALTA DE AMPLIACIÓN DEL PRECEDENTE
APLICABLE AL CASO SIN CARGA DE RECONOCIMIENTO NI DE ARGUMENTACIÓN que permita
justificar su desconocimiento.
1 Índice 1 de Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05103-01
Demandante: Ronal Andrés Guerrero Ceballos
2.1. Se declare que, en la sentencia, proferida por el Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, se
estructura la causal específica de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales, denomina
DEFECTO SUSTANTIVO, específicamente la subregla de FALTA DE AMPLIACIÓN DEL
PRECEDENTE APLICABLE AL CASO SIN CARGA DE RECONOCIMIENTO NI DE
ARGUMENTACIÓN que permita justificar su desconocimiento.
2.2. declare que Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, con la expedición de la sentencia aquí́
cuestionada vulneró el DERECHO FUNDAMENTAL DEL DEBIDO PROCESO de mi poderdante.
3. TERCER GRUPO DE PRETENSIONES DECLARATIVAS: RELACIONADAS CON UNA
PRIMERA VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN.
3.1. Se declare que, en la sentencia, proferida por el Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
BOYACÁ SALA DE DECISIÓN 4 MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ASCENCIÓN FERNÁNDEZ
OSORIO, se estructura la causal especifica de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales,
denomina VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN, específicamente la VIOLACION DEL
DERECHO FUNDAMENTAL DE LA IGUALDAD EN LA MODALIDAD DE TRATO
DISCRIMINATORIO.
3.2. Se declare que la VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN se estructura porque el
Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ SALA DE DECISIÓN 4 MAGISTRADO
PONENTE: JOSÉ ASCENCIÓN FERNÁNDEZ OSORIO, en la sentencia cuestionada, para mi
poderdante dio un trato diferente, frente al que el mismo Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE BOYACÁ SALA DE DECISIÓN 4 MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ASCENCIÓN FERNÁNDEZ
OSORIO, dio al señor ELGUIS FERNANDO BELTRÁN CARE, identificado con cédula de Ciudadanía
78.302.079 de Monte Líbano dentro del proceso 15001333300920210006701.
3.3. Que, como consecuencia de lo anterior, declare que el trato dado a mi poderdante, por parte del
tutelado, es trato discriminatorio, y que el mismo está proscrito por el artículo 13 de la Constitución
Política, lo que conlleva a que es estructure la causal especifica de procedibilidad de tutela contra
providencias judiciales, denomina VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN, en la sentencia
aquí́ cuestionada.
3.4. Como consecuencia de lo anterior, se declare que Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO,
con la expedición de la sentencia aquí́ cuestionada vulneró el DERECHO FUNDAMENTAL DE LA
IGUALDAD de mi poderdante.
4. CUARTO GRUPO DE PRETENSIONES DECLARATIVAS: RELACIONADAS CON UNA
SEGUNDA VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN.
4.1. Se declare que, en la sentencia, proferida por el Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
BOYACÁ SALA DE DECISIÓN 4 MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ASCENCIÓN FERNÁNDEZ
OSORIO, se estructura la causal especifica de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales,
denomina VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN, específicamente la VIOLACION DEL
DERECHO FUNDAMENTAL DE LA IGUALDAD en la modalidad de trato desigual, EN LA
APLICACIÓN DE LA LEY.
4.2. Se declare que la VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN se estructura porque el
Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ SALA DE DECISIÓN 4 MAGISTRADO
PONENTE: JOSÉ ASCENCIÓN FERNÁNDEZ OSORIO, en la sentencia cuestionada, para mi
poderdante realizó una APLICACIÓN DESIGUAL DE LA LEY, frente a la aplicación dada por el
honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA los siete (7) soldados señalados en
los hechos, y sin que exista un criterio objetivo que lo justifique.
4.3. Se declare que la VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN se estructura porque el
Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ SALA DE DECISIÓN 4 MAGISTRADO
PONENTE: JOSÉ ASCENCIÓN FERNÁNDEZ OSORIO, en la sentencia cuestionada, realiza un trato
desigual sin un criterio objetivo que lo justifique para mi poderdante frente al trato que le dio honorable
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA los siete (7) soldados señalados en los hechos
en los hechos de la demanda.
4.4. Que, como consecuencia de lo anterior, declare que el trato dado a mi poderdante, por parte del
tutelado, es trato discriminatorio, y que el mismo está proscrito por el artículo 13 de la Constitución
Política, lo que conlleva a que es estructure la causal especifica de procedibilidad de tutela contra
providencias judiciales, denomina VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN, en la sentencia
aquí́ cuestionada.
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Demandante: Ronal Andrés Guerrero Ceballos
4.5. Como consecuencia de lo anterior, se declare que Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, con
la expedición de la sentencia aquí́ cuestionada vulneró el DERECHO FUNDAMENTAL DE LA
IGUALDAD de mi poderdante.
5. QUINTO GRUPO DE PRETENSIONES DECLARATIVAS, CONSECUTIVAS DE LAS
ANTERIORES:
5.1. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, le ruego encarecidamente al Honorable
Despacho, que proceda a dejar, PARCIALMENTE (únicamente lo relacionado con LA
PRESCRIPCION DEL SUBSIDIO DE FAMILIA) sin efectos la SENTENCIA DE SEGUNDA
INSTANCIA proferida por el Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ SALA DE
DECISIÓN 4 MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ASCENCIÓN FERNÁNDEZ OSORIO Tunja,
veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitrés (2023) MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO REFERENCIA: 15001-33-33-012-2019-00219-01
DEMANDANTE: RONAL ANDRÉS GUERRERO CEBALLOS DEMANDADO: NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL TEMA: SOLDADOS PROFESIONALES –
INCREMENTO DE ASIGNACIÓN SALARIAL MENSUAL EN UN 20 % – PRIMA DE ACTIVIDAD –
RECONOCIMIENTO DE SUBSIDIO FAMILIAR CON DECRETO 1794 DE 2000 – RECTIFICACIÓN
DE JURISPRUDENCIA ASUNTO: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.
5.2. Así́ mismo le ruego al Honorable Despacho que ordene al Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO proferir nueva sentencia en la cual se declare que no ha operado la prescripción
del derecho con relación al tema de subsidio de familia para el señor RONAL ANDRÉS GUERRERO
CEBALLOS, identificado con cédula de Ciudadanía 93.437.888 de Mariquita.
5.3. Como consecuencia de lo anterior, se le ordene al Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
condenar a la entidad demandando a que se reconozca y pague el subsidio de familia al señor RONAL
ANDRÉS GUERRERO CEBALLOS, identificado con cédula de Ciudadanía 93.437.888 de Mariquita
desde la fecha del matrimonio.
5.4. Se le ordene al Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO el cumplimiento del Fallo de tutela
dentro del término legal establecido para ello.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1. Actuación administrativa
El señor Ronal Andrés Guerrero Ceballos ingresó al Ejército Nacional como soldado
voluntario. El 3 de octubre de 2009, contrajo matrimonio.
Mediante Orden Administrativa de Personal No. 1459 del 30 de abril de 2015, el Ejército
Nacional reconoció el salario como subsidio familiar en aplicación del Decreto 1161 de
2014.
El 5 de octubre de 2018, el actor pidió al Ejército Nacional que (i) reconociera y pagara la
diferencia salarial del 20%, (ii) pagara el subsidio familiar en aplicación del Decreto 1794
de 2000 y, (iii) reconociera y pagara la prima de actividad.
A través de Oficio No. 20183112273841 del 21 de noviembre de 2019, la sección de
ejecución presupuestal del Ejército Nacional denegó la reliquidación con aplicación del
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.
3.2. Actuación judicial
Ronal Andrés Guerrero Ceballos presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra del Ejército Nacional para que se declarara la nulidad del Oficio No.
20183112273841 del 21 de noviembre de 2019 y del acto ficto derivado del silencio
administrativo originado con la petición del 5 de octubre de 2018. A título de
restablecimiento del derecho pidió que se ordenara el reconocimiento y pago de la
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Demandante: Ronal Andrés Guerrero Ceballos
diferencia salarial del 20% adeudada, del subsidio familiar con aplicación del Decreto 1794
del 2000 y se pagara la prima de actividad.
La demanda se adelantó bajo el radicado 15001-33-33-012-2019-00219-00 y
correspondió al Juzgado 12 Administrativo de Tunja, que, por sentencia del 9 de junio de
2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y ordenó reajustar el
subsidio familiar del demandante conforme a lo previsto en el artículo 11 del Decreto 1794
de 2000 con efectos fiscales a partir del 9 de junio de 2017.
Inconformes con la decisión, las partes apelaron y el Tribunal Administrativo de Boyacá,
en sentencia del 24 de mayo de 20232, la confirmó parcialmente. Adicionó dos numerales
para declarar probada la excepción de ineptitud de la demanda respecto de las
pretensiones subsidiarias y la de prescripción respecto de las diferencias causadas antes
del 5 de octubre de 2015 por concepto de subsidio familiar.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, el demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia acusada incurrió en los siguientes
vicios de fondo:
En defecto sustantivo por indebida aplicación del artículo 151 del CPT para determinar
la prescripción del reajuste del subsidio familiar porque esa es una norma de carácter
general, que debió acudir a las normas que contemplan la prescripción para el régimen
especial de las fuerzas militares como lo son el artículo 10 del Decreto 2728 de 1968 y
174 del Decreto 1211 de 1990, que dice le son aplicables a los soldados profesionales.
Que, en todo caso, al demandante no le era aplicable el fenómeno de la prescripción
porque presentó la reclamación administrativa una vez tuvo la posibilidad jurídica de
hacerlo.
En violación directa de la Constitución, porque la decisión de declarar la prescripción
trienal de las prestaciones económicas derivadas del reajuste del subsidio familiar
desconocía el derecho a la igualdad del señor Guerrero Ceballos.
Dijo que en casos similares los Tribunales Administrativos de Boyacá y de Cundinamarca
no declararon la prescripción, porque la petición de reajuste de la prestación se presentó
dentro de los cuatro años siguientes a la ejecutoria de la sentencia del Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, que declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009 con
efectos ex tunc y devolvió a la vida jurídica el Decreto 1794 del 2000.
Explicó que se desconoció el precedente vertical fijado por el Consejo de Estado en
Sentencia del 27 de julio de 20173 y 19 de abril de 20184 que dice, señaló que el derecho
a devengar las prestaciones reclamadas solo surge a partir de la expedición y ejecutoria
de la sentencia que declaró la nulidad de los decretos que eliminaron el derecho a
devengarlos, que, como en esos casos, el demandante contaba con un impedimento que
no le permitía exigir el reconocimiento y pago del subsidio familiar y su derecho a
reclamarlo solo surgió a partir de la sentencia que declaró la nulidad del decreto que
eliminó ese subsidio y el tribunal demandado no explicó las razones para apartarse de ese
precedente.
2 Notificada por correo electrónico del 30 de mayo de 2023.
3 Consejo de Estado, sentencia del 27 de julio de 2017, Exp. 1100103250002008000800, C.P. Alfonso Vargas Rincón.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Exp. 25000-23-42-000-2013-03880-01(2586-16), C.P. William
Hernández Gómez
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Demandante: Ronal Andrés Guerrero Ceballos
Que además, desconoció el precedente horizontal de las sentencias del 22 de marzo
de 20235, dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá y del 18 de octubre de 2022 6,
25 de noviembre de 20227,10 de marzo de 20238, 25 de agosto de 20239, 24 de marzo de
202410, dictadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, del 5 de octubre de 202211, el 24 de agosto de 202212 y 28 de junio de
202313, dictadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, del 19 de enero de 202314 y 13 de julio de 202315 dictadas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, del 9 de febrero de
202316 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, del 24 de agosto de 202317 dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y del 29 de agosto de 202318 dictada por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
reconocieron el reajuste del subsidio familiar sin declarar prescripción y con eso sometió
al señor Guerrero Ceballos a un trato desigual y discriminatorio.
Que el trato diferenciado no estaba constitucionalmente justificado dado que no existía un
criterio objetivo que lo promoviera y que el Tribunal Administrativo de Boyacá no presentó
ningún razonamiento para justificar el trato diferente al dado en las providencias en cita.
5. Intervenciones
La magistrada del Tribunal Administrativo de Boyacá, ponente de la decisión
cuestionada, pidió que se declarara improcedente o se denegara la solicitud de amparo.
Dijo que la acción de tutela pretendía ser usada como una instancia adicional al proceso
ordinario y que, por lo tanto, carecía de relevancia constitucional.
Que, en todo caso, la decisión cuestionada explicó que en el Consejo de Estado no existe
un criterio uniforme sobre la prescripción y expone las 3 tesis que pueden encontrarse
acerca del cómputo de ese fenómeno en el reajuste del subsidio familiar y optó por acoger
la tesis de la prescripción trienal con base en el artículo 151 del CPT y expuso de los
argumentos que llevaron a la adopción de esta postura.
5 Tribunal Administrativo de Boyacá, sentencia del 22 de marzo de 2023, Exp. 15001-33-33-009-2021-00067-01,
Demandante: Elguis Fernando Beltrán Care, M.P. José Ascención Fernández Osorio.
6 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, sentencia del 18 de octubre de 2022, Exp.
11001333501520200018301, Demandante: Jairo Mayorga Valbuena, M.P. Patricia Victoria Manjarrés Bravo.
7 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, sentencia del 25 de noviembre de 2022,
Exp. 11001334205120200028401, Demandante: Wilson Antonio Villada Soto, M.P. Patricia Victoria Manjarrés Bravo.
8 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, sentencia del 24 de marzo de 2023, Exp.
110013335000820200026501 , Demandante: Robin Meza Florez, M.P. Patricia Victoria Manjarrés Bravo.
9 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, sentencia del 25 de agosto de 2023, Exp.
11001334205120200028101, Demandante: Ernesto Gutiérrez, M.P. Ramiro Ignacio Dueñas Rugnon
10 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, sentencia del 10 de marzo de 2023, Exp.
11001333501520200004401 , Demandante: Jhon Arley Trujillo Niguera, M.P. Jaime Alberto Galeano Garzón.
11 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, sentencia del 5 de octubre de 2022, Exp.
11001333502820200002101, Demandante: Jarledy Moreno Serna, M.P. Amparo Oviedo Pinto.
12 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, sentencia del 24 de agosto de 2022, Exp.
11001334205620190040901 , Demandante: Alvaro Castillo Mateus.
13 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, sentencia del 28 de junio de 2023, Exp.
11001333501120200018901 , Demandante: Mario Andrés Gutiérrez Aragón, M.P. Samuel José Ramírez Poveda.
14 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, sentencia del 19 de enero de 2023, Exp.
11001334205120200029601, Demandante: José Castro Peña, M.P. Cerveleón Padilla Linares.
15 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, sentencia del 13 de julio de 2023, Exp.
11001334205120200021401, Demandante: Yamil Enrique Yanes Ortega, M.P. Israel Soler Pedroza.
16 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de febrero de 2023, Exp.
25307333300120210004201 Demandante: Darubio Antonio Soto Torres, M.P. Carmen Alicia Rengifo Sanguino
17 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 24 de agosto de 2023, Exp.
11001333501720200032701, Demandante: Jonathan Ruíz Zolano, M.P. Luis Gilberto Ortegón Ortegón
18 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, sentencia del 29 de agosto de 2023, Exp.
25307333300220210015401, Demandante: Gustavo Hernán Moreno Lanchero, M.P. Patricia Salamanca Gallo
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Demandante: Ronal Andrés Guerrero Ceballos
Que no se puede hablar de desconocimiento del precedente porque la sentencia acusada
citó las providencias que le sirvieron de sustento y, además, se expuso de manera clara
que a partir de esa providencia esa autoridad judicial rectificaba su posición para asumir
desde ese momento un nuevo criterio sobre el tema. Que, por eso, no podía considerarse
como precedente horizontal aplicable el fallo dictado por ese tribunal dos meses antes del
cuestionado.
La coordinadora del grupo contencioso constitucional del Ministerio de Defensa solicitó
que se declarara improcedente la solicitud de amparo. Dijo que no se cumplía el requisito
general de subsidiariedad porque el demandante contaba con el recurso extraordinario de
revisión y que, tampoco estaba demostrada la eventual configuración de un perjuicio
irremediable.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del 23 de
noviembre de 2023, denegó el amparo solicitado por el señor Guerrero Ceballos.
Explicó que la sentencia cuestionada fue motivada en aplicación de la sentencia del 28 de
septiembre de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B19
que señaló que, ante la falta de norma especializada, lo aplicable era el artículo 151 del
CPT para el estudio de la prescripción.
Que tampoco se configuraba el desconocimiento del precedente horizontal porque las
providencias citadas por la parte actora no eran aplicables a su caso, sobre todo porque
se trataba de providencias dictadas por un tribunal diferente y, en ese caso, primaba la
autonomía judicial.
EL señor Guerrero Ceballos presentó solicitud de adición de la sentencia de primera
instancia porque consideró que no se pronunció sobre el cargo de violación directa de la
Constitución en que señaló que la decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá sometió
al demandante a un trato desigual al frente a las siete decisiones del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que no aplicaron el fenómeno prescriptivo.
Por auto del 18 de enero de 2024, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
denegó la solicitud de adición.
7. Impugnación
La parte demandante impugnó la sentencia de primera instancia.
Señaló que la sentencia del 23 de noviembre de 2023 dictada por el a quo estaba viciada
de nulidad porque no resolvió sobre todas las pretensiones e infringió el artículo 280 del
CGP y por lo tanto carecía de congruencia. Que no se refirió a los hechos que sirvieron
de base para el cargo de violación directa de la Constitución por afectación al derecho a
la igualdad.
Que el a quo debió verificar la existencia de un criterio objetivo que justificara el trato
desigual que le dio al demandante frente a las 8 providencias citadas que fueron dictadas
por los Tribunales Administrativos de Cundinamarca y de Boyacá y aplicar un test de
igualdad frente a los casos resueltos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda y por el mismo Tribunal Administrativo de Boyacá con su caso.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiuno
(2021), radicado: 2021-03688.
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Demandante: Ronal Andrés Guerrero Ceballos
En cuanto a la impugnación, insistió en que la sentencia del 24 de mayo de 2023, dictada
por el Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en defecto sustantivo, violación directa
de la Constitución y desconocimiento del precedente vertical y horizontal que señaló en el
escrito de la demanda.
Sobre el defecto sustantivo por indebida aplicación del artículo 151 del CPT, además de
lo señalado en la demanda de tutela, agregó que si bien el Decreto 1794 de 2000 no regula
el tema de la prescripción de los derechos laborales de los soldados y que, por tratarse
de un régimen especial lo procedente era acudir a las normas aplicables a los demás
miembros de las fuerzas militares y no acudir a las reglas del régimen general.
Que lo mismo ocurría con los Decretos 4433 de 2004 y 1211 de 1990 pues, aunque
regulaban asignaciones de retiro y la carrera de oficiales y suboficiales, también hacían
parte de las reglas especiales del régimen de las fuerzas militares.
Agregó que para el estudio del caso debía aplicarse la inversión de la carga de la prueba
y la presunción de discriminación en favor del demandante. Citó las sentencias C-022 de
1996, T-230 de 1994, T-355 de 2000, T-079 de 1995, T-247 de 2010 y T-863 de 2001 para
señalar que en los casos en que se alega discriminación, la carga de la prueba no debe
recaer exclusivamente en la persona que alega ser víctima y obliga al demandado a
demostrar que su conducta es garantista del derecho a la igualdad, que cuando la parte
acusada no satisface adecuadamente esa carga debe tenerse por cierto que hubo
discriminación.
Que el demandante probó tener condiciones de hecho y de derecho idénticas a las de los
8 casos citados en el cargo de desconocimiento del precedente horizontal, pero el tribunal
demandado no había demostrado la existencia de una causal objetiva que justificara el
trato diferente y, por lo tanto, debía presumirse la discriminación.
Que, además, la sentencia de primera instancia no realizó el análisis del caso a partir de
la premisa de que la carga argumentativa está inclinada a favor de la igualdad, sobre todo
porque, a su juicio, la autoridad judicial demandada no probó que no incurrió en un trato
desigual injustificado.
II. CONSIDERACIONES
1. Cuestión previa. La solicitud de nulidad de la sentencia de primera instancia
La parte actora manifiesta que la decisión de tutela de primera instancia se encuentra
viciada de nulidad, porque no resolvió sobre todas las pretensiones e infringió el artículo
280 del CGP y por lo tanto carecía de congruencia, no se refirió a los hechos que sirvieron
de base para el cargo de violación directa de la Constitución por afectación al derecho a
la igualdad, ni verificó la existencia de un criterio objetivo que justificara el trato desigual
que le dio el tribunal demandado al señor Guerrero Ceballos frente a las 8 providencias
citadas que fueron dictadas por los Tribunales Administrativos de Cundinamarca y de
Boyacá, que debió aplicar un test de igualdad frente a esos casos.
A partir de lo anterior la Sala encuentra que los argumentos planteados por el demandante
no coinciden con ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 133 del CGP20
20 ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes
casos:
1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.
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y, por el contrario, constituyen argumentos propios de la impugnación de la sentencia, por
lo tanto, se estudiarán de ese modo.
2. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por el
señor Ronal Andrés Guerrero Ceballos, resulta procedente revocar o modificar la
sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de dejar sin efectos la
sentencia del 24 de mayo de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que
declaró la prescripción trienal del reajuste del subsidio familiar.
La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia porque el Tribunal
Administrativo de Boyacá, en virtud del principio de autonomía judicial, adoptó un criterio
diferente al de las sentencias invocadas por la parte actora y lo sustentó con una carga
argumentativa razonable y suficiente.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales y (ii) analizará el caso concreto.
3. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales21 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos22 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
4. Análisis del caso concreto
La Sala precisa que si bien el demandante alegó que la sentencia objeto de tutela incurrió
en violación directa de la Constitución, defecto sustantivo y en desconocimiento del
precedente judicial, lo cierto es que esos cargos apuntan a demostrar que el Tribunal
2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o
pretermite íntegramente la respectiva instancia.
3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en
estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.
4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial
carece íntegramente de poder.
5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una
prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.
6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.
7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del
recurso de apelación.
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o
el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de
aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida
forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de
la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la
actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este
código.
PARÁGRAFO. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente
por los mecanismos que este código establece.
21 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de tutela;
la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no se
cuestione un fallo de tutela.
22 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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Administrativo de Boyacá, al declarar la prescripción trienal en aplicación del artículo 151
del CPT, desconoció que, en casos similares, ese mismo tribunal y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, se abstuvieron de declararla. A juicio
del actor, no existe un criterio objetivo que justificara ese trato desigual.
Como esos cargos están relacionados, la Sala los decidirá de manera conjunta, cuando
se aborde el desconocimiento del precedente judicial.
También se precisa que no se analizará sobre la inversión de la carga de la prueba a la
que alude el demandante, porque tratándose de acción de tutela contra providencias
judiciales, el derecho a la igualdad debe analizarse a partir del desconocimiento del
precedente judicial. En efecto, en el caso del señor Guerrero Ceballos el supuesto trato
desigual no nace a partir de circunstancias de discriminación, sino de la aplicación de
criterios diferentes por parte de Tribunales Administrativos y del Consejo de Estado al
determinar si al reajuste del subsidio familiar le resulta aplicable la prescripción y cuál
término se debe aplicar. Es decir, se trata de un análisis propio de desconocimiento de
precedente judicial y así lo abordará la Sala.
Ahora, para analizar si en este caso se configura el desconocimiento del precedente, la
Sala empezará por precisar cuál fue el análisis realizado por el Tribunal Administrativo de
Boyacá sobre el fenómeno de la prescripción extintiva.
En la providencia acusada se explicó que no existía uniformidad en la jurisprudencia sobre
la norma que debe regir el reconocimiento del subsidio familiar a favor de los soldados
profesionales que contrajeron matrimonio o declararon la existencia de una unión marital
de hecho entre el 30 de septiembre de 2009 y el 30 de junio de 2014, y que solicitaron el
reconocimiento de la prestación en vigencia del Decreto 1161 de 2014.
Se expuso que, luego de una nueva revisión, se rectificaría la posición para acoger la tesis
que afirma que la disposición aplicable para el reajuste del subsidio familiar es el artículo
11 del Decreto 1794 de 2000 y que, en cuanto al término trienal de prescripción, opera a
partir de la fecha en la que el interesado elevó la reclamación administrativa.
Para desarrollar esa tesis, señaló que la determinación sobre la norma a aplicar en los
casos de los soldados que contrajeron matrimonio o declararon la existencia de una unión
marital de hecho entre el 30 de septiembre de 2009 y el 30 de junio de 2014 ha generado
diferentes interpretaciones, que no existe una posición pacífica o unificada en el Consejo
de Estado sobre el tema, y que, por lo tanto, esa sala de decisión acogía la tesis según la
cual la consolidación del derecho tenía lugar con el hecho mismo del matrimonio o la
declaratoria de unión marital de hecho durante ese periodo sin necesidad de verificación
adicional de la fecha en que el interesado reclamó el reconocimiento.
En cuanto a la prescripción dijo lo siguiente:
Volviendo a la jurisprudencia del Consejo de Estado, la Sala advierte que el alto tribunal, bajo la lógica
que se relató previamente, ha considerado razonablemente argumentadas las siguientes posiciones:
a) Tesis1: Sin que sea necesario abordar el fenómeno, el reconocimiento del derecho debe cobijar
únicamente el periodo comprendido entre la fecha del matrimonio o declaración de la unión marital
de hecho y la de expedición del Decreto 1161 de 2014, pues desde este último instante la prestación
quedó gobernada por una nueva regulación23.
b) Tesis 2: Los efectos fiscales de la reliquidación del subsidio familiar solo se surten desde el 8 de
junio de 2017, que fue la fecha de expedición de la sentencia que anuló el decreto derogatorio. Por
ende, la prescripción podría afectar sumas que se causaron después de esa fecha y que superen el
plazo extintivo correspondiente24 (esta fue la postura que aplicó la sentencia de primera instancia).
23 Cita del texto original: Ver, por ejemplo: C.E., Sec. Segunda, Sent. 2021-03220 (AC), oct. 28/2021. M.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas.
24 Cita del texto original: Ver, por ejemplo: C.E., Sec. Tercera, Sent. 2022-06392, mar. 17/2023. M.P. Guillermo Sánchez
Luque.
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c) Tesis 3: La prescripción debe computarse como se hace habitualmente, es decir, teniendo como
referencia la fecha de radicación de la reclamación administrativa y con un plazo de tres años25.
Que acogía la tercera tesis porque resultaba la posición más razonable y que mejor se
adecuaba a las exigencias normativas. Que la primera tesis no era aplicable pues el
Decreto 1161 de 2014 solo cobijaba a los soldados profesionales que no perciben el
subsidio familiar regulado en los Decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009, que tampoco se
podía considerar que los efectos fiscales de la reliquidación iniciaban únicamente desde
la expedición o publicación de la sentencia que anuló el decreto derogatorio porque eso
obviaría que sus efectos se extendieron hacia el pasado, pero esa retroactividad tampoco
podía significar que el derecho se reconozca automáticamente desde su nacimiento sin
importar el paso del tiempo.
Y procedió a señalar que:
144. De acuerdo con la jurisprudencia 26, la norma que regula la prescripción para estos asuntos es
el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo, debido a que el Decreto 1794 de 2000 no desarrolla
la materia, el Decreto 4433 de 2004 se refiere únicamente a este fenómeno respecto de las
asignaciones de retiro y pensiones y el Decreto 1211 de 1990, que trajo a colación la contestación de
la demanda, trata el régimen de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares.
145. La codificación laboral establece que el cómputo debe efectuarse desde que la obligación se
hace exigible y se interrumpe por una sola vez con el reclamo del trabajador 27. En ese sentido, los
efectos retroactivos de la sentencia que anuló el decreto derogatorio se traducen en que el derecho
se hizo exigible desde la fecha en la que el actor contrajo matrimonio (3 de octubre de 2009), pues
implican que jurídicamente el Decreto 1794 de 2000 nunca fue retirado del ordenamiento.
146. Además, el actor presentó su reclamación el 5 de octubre de 2018 y no podría asumirse que,
hipotéticamente, de no haberse expedido el Decreto 3770 de 2009, el interesado hubiera pedido el
reconocimiento del derecho anticipadamente o siquiera en una fecha concreta.
147. Entonces, el momento cierto en el que el accionante interrumpió́ el fenómeno es el 5 de octubre
de 2018 y luego formuló la demanda el 12 de agosto de 2019, de modo que no permitió́ su
reanudación. En consecuencia, los efectos fiscales de la reliquidación que se ordena judicialmente
cobijan los 3 años anteriores a la solicitud en comento, es decir, corren desde el 5 de octubre de 2015.
De acuerdo con lo anterior, la autoridad judicial demandada declaró la prescripción trienal
de las prestaciones derivadas del reajuste del subsidio familiar en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 151 del CPT y para eso tuvo en cuenta la petición con la que el
demandante solicitó el ajuste del subsidio familiar como fecha de interrupción de la
prescripción.
En contraste a esa decisión, se encuentran las sentencias que aportó el demandante del
Consejo de Estado del 27 de julio de 2017 y 19 de abril de 2018 que dice, señalan que el
derecho a devengar las prestaciones reclamadas solo surge a partir de la expedición y
ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad de los decretos que eliminaron el derecho
a devengarlos, sin embargo, la Sala encuentra que el tribunal demandado no solo tuvo en
25 Cita del texto original: Ver, por ejemplo: C.E., Sec. Segunda, Sent. 2021-03688 (AC), sep. 28/2021. M.P. César
Palomino Cortés.
26 Cita del texto original: Ver, por ejemplo: C.E., Sec. Tercera, Sent. 2022-01166, may. 25/2022. M.P. Martín Bermúdez
Muñoz: “(...) 12.1.- La Sala observa que si bien el Decreto 1794 de 2000 no estableció un término de prescripción para
el subsidio familiar y que el Decreto 4433 de 2004 no se refirió a ese asunto, lo cierto es que el reparo elevado por el
accionante no es determinante para la decisión y no altera de forma alguna la conclusión a la que llegó el tribunal. //
12.2.- Cabe señalar que el accionante no indicó la norma que, en su concepto, debió aplicarse en lugar del Decreto
4433 de 2004. De todas formas, ante la falta de una norma especial, debe aplicarse la regla general en materia de
derechos laborales, prevista en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo, en virtud del cual el término de
prescripción es de tres años, que se interrumpen ante la solicitud del derecho. Por lo tanto, dado que en este caso la
prescripción es trienal, en nada afecta a la decisión el hecho de que el tribunal se valiera de lo previsto en el Decreto
4433 de 2004 para declararla, pues esta también dispone de un término de tres años de prescripción. (...)”
27 Cita del texto original: “(...) ARTÍCULO 151. PRESCRIPCIÓN. Las acciones que emanen de las leyes sociales
prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo
escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá
la prescripción pero sólo por un lapso igual. (...)”
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cuenta la existencia de esa posición, sino que, además, explicó las razones por las que
no la adoptaba.
Sobre las sentencias dictadas por las subsecciones A, B, C, D, E y F de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que, al resolver casos de
supuestos fácticos análogos, no declararon la prescripción de las prestaciones derivadas
del reajuste del subsidio familiar, la Sala28 en línea con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, ha precisado que en lo que tiene que ver con el precedente horizontal (que
es el que se invoca en este caso), la observancia no es tan rigurosa como la que se predica
del precedente vertical, pues resulta apenas comprensible que, en virtud de la autonomía
judicial, entre jueces de igual nivel funcional existan criterios de interpretación y decisión
distintos frente a casos análogos.
En otras palabras, cuando el precedente invocado no fue dictado por el superior funcional
(precedente vertical) ni por el propio funcionario (precedente horizontal propio), la
autoridad judicial puede decidir libremente el asunto, conforme a su criterio, que, en todo
caso, debe enmarcarse en los límites de la razonabilidad.
En este caso, el actor cita sentencias del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, es decir, se trata de un precedente horizontal que no vincula al Tribunal
Administrativo de Boyacá. Si bien se trata de dos providencias que, frente a situaciones
fácticas análogas, emitieron decisiones diferentes, eso no implica una vulneración al
derecho a la igualdad, pues se trata de jueces distintos, aunque con la misma jerarquía.
La propia Corte Constitucional29 ha precisado que «cuando el término de comparación no está
dado por los propios precedentes del juez sino por el de otros despachos judiciales, el principio de
independencia judicial no necesita ser contrastado con el de igualdad. El juez, vinculado tan sólo
al imperio de la ley (CP art. 230), es enteramente libre e independiente de obrar de conformidad
con su criterio».
Finalmente, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo de Boyacá tampoco incurrió
en desconocimiento de su propio precedente pues, como se vio, fue enfático al señalar
que a partir de la providencia cuestionada rectificada su posición sobre la norma a aplicar
para el subsidio familiar y el término prescriptivo a aplicar y explicó de manera razonada
y suficiente las razones para hacerlo.
Justamente por lo anterior, no es posible realizar el test de igualdad que propone el
demandante, pues está previsto para analizar si una norma o actuación gubernamental
respeta el principio de igualdad ante la ley30, mientras que, como se dijo, cuando se
cuestionan providencias judiciales, el análisis se hace a partir del desconocimiento del
precedente, en los términos desarrollados por la Corte Constitucional.
En el análisis del desconocimiento del precedente judicial horizontal, puede ocurrir que
dos tribunales tengan decisiones diferentes, pero eso no significa una afectación al
derecho a la igualdad, como lo alega el actor. En virtud del principio de autonomía judicial,
dos jueces de igual jerarquía pueden tener criterios diferentes al momento de dictar
sentencia, siempre que se trate de decisiones con una carga argumentativa razonable y
suficiente.
Por lo anterior, la Sala insiste en que en el caso del demandante primaba la autonomía
judicial del tribunal encargado del análisis de nulidad y restablecimiento del derecho que,
como ya se explicó, fue razonable pues se adoptó en aplicación de la regla de prescripción
prevista en el artículo 151 del CPT.
28 Entre otras, sentencias del 6 de abril de 2017, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, Rad. 11001031500020170019100
y del 5 de febrero de 2019, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, Rad. 11001031500020180386600.
29 T-123 de 1995.
30 Sentencia-084 de 2020.
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Demandante: Ronal Andrés Guerrero Ceballos
Siendo así, la sentencia del 24 de mayo de 2023 no incurrió en el defecto alegado y, por
ende, se confirmará la decisión de primera instancia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Con aclaración de voto
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