Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00520-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00520-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00520-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
30 de mayo de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00520-01
Demandante: José Arley Cruz Sierra
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00520-01
Demandantes: JOSÉ ARLEY CRUZ SIERRA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Tema: Contra providencia judicial que declaró la prescripción trienal de las
prestaciones económicas del subsidio familiar.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por José Arley Cruz Sierra contra la
sentencia del 29 de febrero de 2024, dictada por la Sección Primera del Consejo de
Estado, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 5 de febrero de 20241, en ejercicio de la acción de tutela y mediante apoderada
judicial, José Arley Cruz Sierra pidió la protección de los derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a los derechos adquiridos,
así como del principio de seguridad jurídica.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del
25 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que revocó
la decisión de primera instancia para acceder parcialmente a las pretensiones de
nulidad y restablecimiento del derecho y declaró la prescripción trienal del pago de la
prestación reconocida, en el proceso con radicado 15001-33-33-005-2021-00071-01.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. Que se TUTELEN los derechos fundamentales invocados y que están siendo vulnerados por el
H. Tribunal Administrativo de Boyacá, al proferir la sentencia de fecha 25 de agosto de 2023
mediante la cual se declaró la prescripción de derechos reclamados con anterioridad al 4 de
septiembre de 2016.
2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales invocados se declare la
NULIDAD PARCIAL de la sentencia en mención, y le ordene a la autoridad judicial accionada,
Tribunal Administrativo de Boyacá, a que profiera nueva sentencia en la cual se declare que
sobre el caso en concreto no ha operado el fenómeno de la prescripción.
1 Índice 2 de Samai.
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Demandante: José Arley Cruz Sierra
3. Con base en lo anterior, se le ordene al Tribunal Administrativo de Boyacá a que disponga que
el reconocimiento y reajuste del subsidio familiar bajo los términos del artículo 11 del decreto
1794 del 2000 debe operar desde el 29 de junio de 2013 hasta la fecha en que se efectúe el
retiro de la institución del accionante.
4. Que se advierta a las Entidades tuteladas, sobre las consecuencias que conlleva el
incumplimiento de la providencia que du Despacho profiera.
3. Hechos
Del expediente la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1. Actuación administrativa
El 16 de agosto de 2001, el señor José Arley Cruz Sierra ingresó al Ejército Nacional a
prestar su servicio militar obligatorio, y luego, el 11 de noviembre de 2003 se vinculó a
la entidad como soldado profesional. El 29 de junio de 2013, contrajo matrimonio.
Mediante orden administrativa 2374 del 30 de noviembre de 2014, se reconoció el
subsidio familiar al señor Cruz Sierra con fundamento en el Decreto 1161 de 2014.
El 4 de septiembre de 2019, el señor Cruz Sierra solicitó el reajuste del subsidio familiar
conforme al Decreto 1794 de 2000. Sin embargo, la petición no fue resuelta, por lo que
se generó un acto ficto o presunto negativo.
3.2. El proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
El señor Cruz Sierra presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, para que se declarara la
nulidad del acto ficto y se ordenara el reconocimiento y pago del subsidio familiar en
aplicación del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.
Al proceso le correspondió el radicado 15001-33-33-005-2021-00071-00, y conoció en
primera instancia el Juzgado Quinto Administrativo de Tunja, que mediante sentencia
del 20 de septiembre de 2022 denegó las pretensiones de la demanda.
Inconforme con la decisión, el señor Cruz Sierra interpuso recurso de apelación, y el
por el Tribunal Administrativo de Boyacá mediante sentencia del 25 de agosto de 20232,
la revocó y, en su lugar, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y
ordenó reajustar el subsidio familiar del demandante conforme a lo previsto en el
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 con efectos fiscales a partir del 4 de septiembre
de 2016, pues frente a las mesadas anteriores había operado la prescripción trienal.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La parte actora adujo que la sentencia del 25 de agosto de 2023, dictada por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, incurrió en:
Defecto sustantivo al interpretar de manera equivocada el artículo 151 del Código
Procesal del Trabajo. Que se asemejó la exigibilidad del derecho con la consolidación,
pues para el momento que contrajo matrimonio, no resultaba exigible el subsidio familiar
debido a que estaba vigente el Decreto 3770 de 2009. Que el derecho se hizo exigible
2 Notificada el 31 de agosto de 2023.
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en 2017, cuando quedó ejecutoriada la sentencia anulatoria que revivió el Decreto 1794
de 2000 y, por ende, fue posible solicitar su aplicación.
Que siendo así, la reclamación administrativa se presentó dentro de los tres años
siguientes a la exigibilidad del derecho y, por lo tanto, el reconocimiento debió tener
lugar desde la causación (fecha de matrimonio)
Desconocimiento del precedente sobre la forma como se debe aplicar la prescripción
cuando se declara la nulidad con efectos ex tunc. Explicó que según la jurisprudencia
reiterada y pacífica del Consejo de Estado3, es solo a partir de la sentencia y ejecutoria
de la misma que se obtiene la exigibilidad del derecho, por lo que es a partir de esa
fecha que el beneficiario de la decisión se le habilita para reclamar ante la entidad y
ante el operador judicial el reconocimiento de su derecho.
En cualquiera de los dos defectos, sostuvo que, entre la fecha de exigibilidad del
derecho otorgada por la ejecutoria de la sentencia y la petición, no transcurrió el término
trienal de prescripción contemplado en la sentencia de segunda instancia, por lo que el
subsidio familiar debe ser reconocido desde que contrajo matrimonio.
5. Intervenciones
El Tribunal Administrativo de Boyacá pidió que se declarara improcedente la acción
de tutela porque no cumple el requisito general de relevancia constitucional. Adujo que,
el tutelante busca una tercera instancia sobre la extinción de los derechos laborales
reconocidos en la sentencia cuestionada y que el asunto no tiene trascendencia ius
fundamental sino económica, pues atañe al pago de unas sumas de dinero.
En su defecto, solicitó que se denieguen las pretensiones por cuanto no se incurrió en
defecto sustantivo ni en desconocimiento del precedente. Frente al primero, argumentó
que la configuración del derecho coincide con su exigibilidad, por lo que, con la nulidad
del Decreto 3770 de 2009 se consideró que el Decreto 1794 de 2000 se mantenía
vigente y, por lo mismo, era plausible de reclamarlo si se cumplía el requisito de las
nupcias.
En relación con el segundo, sostuvo que, si bien existen decisiones que dan cuenta de
la posición del tutelante, también hay otras que se refieren a la esgrimida en el fallo
cuestionado y, además, las que se citaron como desconocidas partieron de una premisa
inexacta de que la pretensión de nulidad es constitutiva y, por lo mismo, el derecho se
hace exigible desde la ejecutoria de la sentencia que infirma el acto general.
El Ministerio de Defensa solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela,
porque se respetaron los derechos fundamentales, no se configuró un perjuicio
irremediable y el tutelante cuenta con el recurso extraordinario de revisión.
El Juzgado Quinto Administrativo de Tunja remitió el expediente ordinario, pero no
se pronunció sobre el fondo del asunto.
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Rad. 25000-23-25-000-1998-03184-00, CP. Tarcisio Cáceres
Toro. Posición ratificada en fallo de 4 de octubre de 2007, CP. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Rad. 25000-23-
25-000-2005-04230-01. Posteriormente, en sentencia de 21 de abril de 2016, CP. William Hernández Gómez, Rad.
05001-23-31-000-2003-01220-01; en sentencia de 27 de julio de 2017, CP. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad. 08001-
23-33-000-2013-00561-01; y en sentencia de 19 de abril de 2018, CP. William Hernández Gómez, Rad. 25000-23-
42-000-2013-03880-01.
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6. Sentencia impugnada
La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 29 de febrero de
2024, declaró improcedente la acción de tutela, por considerar que no se cumplió el
requisito de relevancia constitucional. Sostuvo que la parte actora pretende que se
realice un nuevo análisis del asunto como si se tratara de una instancia adicional y que
los argumentos que invocó son los mismos puestos a consideración de la jurisdicción
contencioso administrativo.
Adicionalmente, consideró que la discusión recae sobre un asunto económico y de mera
legalidad, porque se centra en que la autoridad judicial accionada no debió decretar la
prescripción trienal del subsidio familiar antes del 4 de septiembre de 2016. Explicó que,
entre el 30 de septiembre de 2009 y el 8 de septiembre de 2017, el derecho al
reconocimiento del subsidio familiar bajo el Decreto 1794 no era exigible, y se habilitó
una vez se declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009.
Puso de presente que el juez natural hizo un análisis de la situación fáctica y jurídica y
concluyó que, debido a que la reclamación se realizó el 4 de septiembre de 2019 y los
efectos fiscales de la reliquidación cobijan los 3 años anteriores a la solicitud del
subsidio, ordenó el reajuste y el pago a partir del 4 de septiembre de 2016. Que los
efectos retroactivos de la sentencia que anuló el Decreto 3770 conllevan a concluir que
el derecho se hizo exigible desde la fecha en que el actor contrajo matrimonio.
Por último, sostuvo que no se vislumbraba que la autoridad judicial accionada hubiere
actuado de forma arbitraria o hubiere desbordado los límites del principio de autonomía
judicial, pues se pronunció frente a los aspectos que alude el actor. Que otra cosa es
que el accionante no comparta la tesis allí dispuesta al ser adversa a sus intereses.
7. Impugnación
La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia con fundamento en los
mismos argumentos de la acción de tutela. Solicitó que se revoque y que, en su lugar,
se acceda a las pretensiones de la demanda.
Para el efecto, sostuvo que el asunto tiene relevancia constitucional, porque no es una
inconformidad contra la decisión proferida. Que lo que busca es dejar en evidencia el
error al asimilar la consolidación con la exigibilidad del derecho, y, por ende, la falacia
cometida al disponer la prescripción de derechos al reconocimiento ordenado.
Indicó que el accionante consolidó el derecho tras cumplir con el requisito de cambiar
el estado civil el 29 de junio de 2013, pero el derecho no era exigible. Que el primero
hace referencia al momento en que el accionante cumple con el requisito para acceder
a derecho, mientras que el segundo se refiere a la posibilidad de materializar el derecho.
Explicó que el recurso de apelación en sede ordinaria se promovió sobre la procedencia
general del reconocimiento del derecho al subsidio familiar, y, por tanto, la exigibilidad
solo fue expuesta y analizada en el aparte 4 de la sentencia de segunda instancia, por
lo que la parte accionante no había presentado argumento alguno tendiente a analizar
la consolidación del derecho y la no aplicación de la prescripción.
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II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor
José Arley Cruz Sierra para dejar sin efectos la sentencia del 25 de agosto de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que revocó la decisión de primera
instancia para acceder parcialmente a las pretensiones de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, por el acto ficto
negativo del reajuste del subsidio familiar.
La Sala anticipa que, si bien la acción de tutela cumple los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, lo cierto es que no se
incurrió en los defectos alegados, pues, en virtud del principio de autonomía judicial,
adoptó un criterio diferente al de las sentencias invocadas por la parte actora y lo
sustentó con una carga argumentativa razonable y suficiente. Por lo tanto, se revocará
la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se denegará la solicitud de amparo.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a: (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) la verificación de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, y (iii) el análisis del caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales4 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos5 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando
se han superado los requisitos generales.
3. Verificación de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales
La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora
cumple los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que no se
trata de una discrepancia de interpretación jurídica ni una cuestión patrimonial. Por el
contrario, si existieran los errores que alega la parte actora, se estarían afectando
derechos laborales del demandante.
La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez, porque la sentencia
cuestionada se notificó el 31 de agosto de 2023 y la demanda de tutela se radicó el 5
de febrero de 2024, esto es, en el término de seis meses previstos por la Sala Plena de
4 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y
que no se cuestione un fallo de tutela.
5 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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esta Corporación.
Se agotaron los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dado que agotó el
recurso de apelación y no se evidencia la viabilidad del recurso extraordinario de
revisión, puesto que los errores endilgados no pueden encuadrarse en las causales de
procedibilidad previstas en el artículo 250 6 del CPACA.
Así mismo, advierte la Sala que la actora identificó de manera razonable los hechos
que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, esto es, expuso
de manera clara que la vulneración de los derechos fundamentales invocados proviene
de la existencia de los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente al proferir
la sentencia del 25 de agosto de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá.
Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, la actora cuestiona una
sentencia de segunda instancia de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
4. Análisis del caso concreto
La parte actora adujo que la sentencia del 25 de agosto de 2023, dictada por el Tribunal
Administrativo de Boyacá incurrió en defecto sustantivo y desconocimiento del
precedente al declarar la prescripción trienal del reajuste del subsidio familiar, cuando
no habían transcurrido tres años entre la sentencia de nulidad ejecutoriada y la petición,
por lo que el reajuste del subsidio familiar procedía desde la fecha que contrajo
matrimonio.
Frente al defecto sustantivo, sostuvo que se interpretó indebidamente el artículo 151
del Código Procesal del Trabajo por dos razones: (i) se concluyó que el derecho era
exigible desde que contrajo matrimonio, cuando en realidad ello ocurrió con la sentencia
ejecutoriada que anuló con efectos ex tunc el Decreto 1794 de 2000; y (ii) la petición
interrumpió la prescripción.
En relación con el desconocimiento del precedente del Consejo de Estado7, explicó que
en casos similares de prescripción cuando se declarara la nulidad con efectos ex tunc,
la exigibilidad del derecho se cuenta desde la sentencia ejecutoriada.
6 ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
son causales de revisión: 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos,
con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por
fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en
documentos falsos o adulterados. 3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados
penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. 4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo
violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin
al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. 6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de
una persona, otra con mejor derecho para reclamar. 7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación
periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia
o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida. 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que
constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a
revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Rad. 25000-23-25-000-1998-03184-00, CP. Tarcisio Caceres
Toro. Posición ratificada en fallo de 4 de octubre de 2007, CP. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Rad. 25000-23-
25-000-2005-04230-01. Posteriormente, en sentencia de 21 de abril de 2016, CP. William Hernández Gómez, Rad.
05001-23-31-000-2003-01220-01; en sentencia de 27 de julio de 2017, CP. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad. 08001-
23-33-000-2013-00561-01; y en sentencia de 19 de abril de 2018, CP. William Hernández Gómez, Rad. 25000-23-
42-000-2013-03880-01.
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Como los cargos están relacionados, la Sala los decidirá de manera conjunta, pero
previo a ello, se empezará por precisar cuál fue el análisis realizado por el Tribunal
Administrativo de Boyacá sobre el fenómeno de la prescripción extintiva.
El Tribunal Administrativo de Boyacá empezó por precisar que el subsidio familiar
estaba previsto inicialmente en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000. Que, sin
embargo, el Decreto 3770 de 2009 lo derogó y luego, mediante el Decreto 1161 de
2014 fue creado nuevamente, pero a partir del 1° de julio de 2014 y para los soldados
que no lo percibían en aplicación del Decreto 1794 de 2000.
Que, sin embargo, el 8 de junio de 2017, la Sección Segunda del Consejo de Estado
declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009 con efectos ex tunc.
A partir de lo anterior, señaló que «a los soldados profesionales que contrajeron matrimonio
o declararon la existencia de una unión marital de hecho antes del 30 de septiembre de 2009
les aplica el Decreto 1794 de 2000, debido a que en ese momento estaba vigente
indiscutiblemente. Asimismo, quienes consolidaron el derecho después del 1º de julio de 2014
quedaron cobijados por el Decreto 1161 de 2014, porque, como lo indicó el Consejo de Estado,
continúa vigente».
Que, entre esas dos fechas en principio no existió ninguna disposición en el
ordenamiento que contemplara un subsidio familiar a favor de los soldados
profesionales, sin embargo, la nulidad del Decreto derogatorio revivió los efectos del
Decreto 1794 de 2000, con lo cual se llenó el vacío que afectaba a quienes vieron
frustrada la expectativa legítima que pudo consolidarse dentro de ese periodo.
Que, esa premisa generó diferentes interpretaciones sobre el factor determinante para
entender consolidado el derecho y, de forma secundaria, sobre la forma como debía
computarse el fenómeno de la prescripción.
Respecto al primer aspecto, expuso que el Consejo de Estado en sede de tutela ha
adoptado diferentes soluciones. Que la mayoría de las veces ha denegado o declarado
improcedentes las acciones de tutela presentadas contra las providencias judiciales y,
luego, presentó dos tesis existentes, así: (i) la consolidación del derecho requiere no
solo la prueba del matrimonio o la unión marital de hecho, sino también que se solicite
su reconocimiento ante el Ejército Nacional; y (ii) los soldados profesionales en el
interregno en el que no existía el subsidio familiar no podían solicitar al Ejército Nacional
el reconocimiento del derecho.
Luego, precisó que esa Sala de decisión «a través de sentencia del 24 de mayo de 2023 –
Magistrado Ponente doctor José A. Fernández Osorio, dentro del radicado número 15001-33-
33-012-2019-00219-01, acogió el criterio según el cual la consolidación del derecho, en los
casos en los que el matrimonio o la declaración de la unión marital de hecho ocurren entre el
30 de septiembre de 2009 y el 30 de junio de 2014, no requiere de la verificación adicional de
la fecha en que el interesado reclamó el reconocimiento del subsidio familiar al Ejército
Nacional»
Para sustentar su tesis, sostuvo tres argumentos: (i) en virtud de los efectos retroactivos
de la sentencia que anuló el decreto derogatorio, se entiende que el Decreto 1794 de
2000 estuvo plenamente vigente durante ese lapso; (ii) la exigencia relativa a radicar la
reclamación del derecho es irrazonable, pues en el interregno en comento no existía
ninguna norma que permitiera a los soldados profesionales acceder al subsidio familiar;
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y (iii) el Decreto 1794 de 2000 simplemente manifiesta que el soldado profesional debe
reportar el cambio de estado civil.
A partir de lo anterior, concluyó que «la fecha en la que se consolidó el derecho a adquirir
el subsidio familiar por parte del demandante, fue el 29 de junio de 2013, fecha en que contrajo
matrimonio con la señora Eliana Fernanda Valenzuela Carreño, es decir, después de la
derogatoria del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, pero antes de la expedición del Decreto
1161 de 2014».
En cuanto a la prescripción dijo lo siguiente:
38. De acuerdo con la jurisprudencia8, la norma que regula la prescripción para estos asuntos es el
artículo 151 del Código Procesal del Trabajo, debido a que el Decreto 1794 de 2000 no desarrolla la
materia, el Decreto 4433 de 2004 se refiere únicamente a este fenómeno respecto de las asignaciones
de retiro y pensiones y el Decreto 1211 de 1990, trata el régimen de los oficiales y suboficiales de las
Fuerzas Militares.
39. Por su parte, la legislación laboral establece que el cómputo debe efectuarse desde que la
obligación se hace exigible y se interrumpe por una sola vez con el reclamo del trabajador 9. En ese
sentido, los efectos retroactivos de la sentencia que anuló el decreto derogatorio se traducen en que
el derecho se hizo exigible desde la fecha en la que el actor contrajo matrimonio (29 de junio de 2013),
pues implican que jurídicamente el Decreto 1794 de 2000 nunca fue retirado del ordenamiento.
40. Es del caso señalar que, el actor presentó su reclamación el 4 de septiembre de 2019 y no podría
asumirse que, hipotéticamente, de no haberse expedido el Decreto 3770 de 2009, el interesado
hubiera pedido el reconocimiento del derecho anticipadamente o siquiera en una fecha concreta.
41. Entonces es claro que, el momento cierto en el que el accionante interrumpió́ el fenómeno es el 4
de septiembre de 2019 y luego formuló la demanda el 28 de abril de 2021, de modo que no permitió
su reanudación. En consecuencia, los efectos fiscales de la reliquidación que se ordenará
judicialmente cobijan los 3 años anteriores a la solicitud en comento, es decir, corren desde el 5 de
octubre de 2015.
De acuerdo con lo anterior, la autoridad judicial demandada acogió la tesis según la
cual la prescripción debe computarse como se hace habitualmente, es decir, teniendo
como referencia la fecha de radicación de la reclamación administrativa y con un plazo
de tres años en aplicación de lo dispuesto en el artículo 151 del CPT y no la planteada
por la demandante, consistente en que los efectos fiscales de la reliquidación del
subsidio familiar solo se surten desde el 8 de junio de 2017, que fue la fecha de
expedición de la sentencia que anuló el decreto derogatorio y en la que la prescripción
solo puede afectar sumas que se causaron después de esa fecha y que superen el
plazo extintivo correspondiente.
8 Cita del texto original: “Ver, por ejemplo: C.E., Sec. Tercera, Sent. 2022-01166, may. 25/2022. M.P. Martín
Bermúdez Muñoz: “(...) 12.1.- La Sala observa que si bien el Decreto 1794 de 2000 no estableció́ un término de
prescripción para el subsidio familiar y que el Decreto 4433 de 2004 no se refirió́ a ese asunto, lo cierto es que el
reparo elevado por el accionante no es determinante para la decisión y no altera de forma alguna la conclusión a la
que llegó el tribunal. // 12.2.- Cabe señalar que el accionante no indicó la norma que, en su concepto, debió́ aplicarse
en lugar del Decreto 4433 de 2004. De todas formas, ante la falta de una norma especial, debe aplicarse la regla
general en materia de derechos laborales, prevista en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo, en virtud del
cual el término de prescripción es de tres años, que se interrumpen ante la solicitud del derecho. Por lo tanto, dado
que en este caso la prescripción es trienal, en nada afecta a la decisión el hecho de que el tribunal se valiera de lo
previsto en el Decreto 4433 de 2004 para declararla, pues esta también dispone de un término de tres años de
prescripción. (...)”
9 Cita del texto original: “(...) ARTÍCULO 151. PRESCRIPCIÓN. Las acciones que emanen de las leyes sociales
prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple
reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpirá́ la prescripción pero sólo por un lapso igual. (...)”
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00520-01
Demandante: José Arley Cruz Sierra
Siendo así, para la Sala de la argumentación desarrollada por el Tribunal Administrativo
de Boyacá puede advertirse que no acogió la tesis del demandante y explicó que por
los efectos retroactivos de la sentencia que anuló el decreto derogatorio del subsidio
familiar, el Decreto 1794 de 2000 nunca fue retirado del ordenamiento y, por eso, el
derecho del señor Cruz Sierra se hizo exigible desde la fecha en que contrajo
matrimonio.
En contraste a esa decisión, se encuentran las sentencias que aportó el demandante
que dice, señalan que el derecho a devengar las prestaciones reclamadas solo surge a
partir de la expedición y ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad de los decretos
que eliminaron el derecho a devengarlos, sin embargo, la Sala encuentra que, el tribunal
demandado explicó que no existe un criterio unificado y que, como se vio, eligió aplicar
otra de las posiciones vigentes y explicó las razones por las que la adoptaba, esto es,
que el Decreto 1794 de 2000 nunca fue retirado del ordenamiento (por los efectos
retroactivos de la sentencia que anuló el decreto derogatorio del subsidio familiar) y, por
eso, el derecho del señor Cruz Sierra se hizo exigible desde la fecha en que contrajo
matrimonio.
Por ende, el tribunal demandado no solo tuvo en cuenta la existencia de múltiples
posiciones, sino que, además, explicó las razones por las que acogía una de ellas. En
consecuencia, la Sala encuentra que, en el caso del demandante prima la autonomía
judicial del tribunal encargado del análisis de nulidad y restablecimiento del derecho
que, como ya se explicó, fue razonable pues adoptó la posición según la cual el derecho
se hace exigible desde el momento mismo de su causación y, por lo tanto, le resulta
aplicable la regla de prescripción prevista en el artículo 151 del CPT.
Por último, la Sala destaca que, en otro caso de iguales condiciones fácticas10, esta
Sección resolvió la solicitud de amparo constitucional en el mismo sentido.
Las anteriores razones son suficientes para revocar la decisión de primera instancia
para denegar las pretensiones, puesto que la sentencia del 25 de agosto de 2023 del
Tribunal Administrativo de Tunja no incurrió en los defectos alegados.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Revocar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia.
Y en su lugar:
2. Denegar las pretensiones de la acción de tutela, por las razones expuestas en la
parte motiva.
3. Notificar la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
10 Sentencia del 25 de abril de 2024, Rad. 11001-03-15-000-2023-05103-01, CP. Wilson Ramos Girón.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00520-01
Demandante: José Arley Cruz Sierra
5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
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