Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-05215-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-05215-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-05215-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
2 de noviembre de 2023
Demandante: Orlando Neusa Forero
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05215-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05215-00
Demandante: ORLANDO NEUSA FORERO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
A
Temas: Tutela contra providencia judicial proferida por alta corte -
improcedencia por falta de relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La sala decide el presente mecanismo constitucional de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021, y el Acuerdo
080 de 2019, de la Sala Plena de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El 20 de septiembre de 2023, el señor Orlando Neusa Forero presentó acción de
tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A con el fin de que
se amparen sus derechos fundamentales al «debido proceso, en conexidad con
seguridad social, Mínimo Vital y dignidad humana1».
Las mencionadas garantías constitucionales las estimó vulneradas por la autoridad
judicial con ocasión de la providencia de 2 de junio de 2023, mediante la cual revocó
la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, que había negado las pretensiones de la demanda de reparación
directa2 presentada contra la Superintendencia de Sociedades, para en su lugar,
declarar probada la caducidad del medio de control.
1.2. Pretensiones
Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:
Por lo anteriormente expuesto solicito, respetuosamente amparar mi Derecho
fundamental al debido proceso, en conexidad con seguridad social,
Mínimo Vital y dignidad, y DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia proferida
1 Transcrito con posibles errores ortográficos.
2 El expediente se identificó con el radicado 25000-23-36-000-2015-00687-00/01.
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Demandante: Orlando Neusa Forero
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
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en el proceso 2015-00687-01 (57-319) de junio 2 de 2023 de la Sección
Tercera, Subsección A de la Sala de lo Contencioso Administrativo del H.
Consejo de Estado y, en consecuencia:
ORDENAR a la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A que profiera una nueva sentencia donde, en sede de instancia
revoque en su integridad la sentencia del A quo, para que en su lugar declare
patrimonialmente responsable a la Nación – Superintendencia de Sociedades,
de todos los daños y perjuicios, materiales y morales, irrogados como
consecuencia: a) de la pérdida de mis salarios y prestaciones sociales causados
como gastos de administración; b) ms acreencias clasificadas como créditos
de primer grado, más la debida indemnización por despido injusto; c)
cálculo actuarial por el tiempo al servicio del empleador que no fue cotizado por
éste al sistema obligatorio de pensiones, suma que no fue pagada por la masa
concursal al Seguro Social, lo que me origina la pérdida forzada del tiempo
laborado al servicio de la Flota Mercante Gran Colombiana S.A. y por contera
del derecho de acceder a una pensión de vejez, con Colpensiones3.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
1) En septiembre de 1997 la empresa Flota Mercante S.A. suspendió los
contratos laborales de los trabajadores4 del mar, pero la Corte Suprema de Justicia
ordenó la restauración de los mismos y el pago de los salarios dejados de percibir.
2) El 5 de marzo de 2016, el señor Orlando Neusa Forero formuló la pretensión
de reparación directa contra la Nación – Superintendencia de Sociedades por la
presunta falla en el servicio derivada de las deficiencias en su rol de autoridad
jurisdiccional dentro del trámite liquidatorio, lo que causó que no obtuviera el pago
total de sus acreencias en el proceso de la liquidación obligatoria de la Compañía
de Inversiones de la Flota Mercante S.A.
3) El 16 de marzo de 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B negó las pretensiones de la demanda, al considerar
que no se probó «el incumplimiento del liquidador en el orden de la prelación de
créditos y, tampoco, que el demandante tenía derecho a una pensión de jubilación
a cargo de la liquidada».
4) Agregó que «el hecho de que la sociedad liquidada tuviera un estado
financiero tan desfavorable que hiciera nugatorio el pago de las acreencias laborales
[…], no era un hecho que comprometiera la responsabilidad de la administración,
máxime si se tenía en cuenta que justamente fue el estado financiero desfavorable
de la compañía el que conllevó a su intervención y posterior liquidación».
5) La providencia en mención fue recurrida en apelación por el extremo
desfavorecido, oportunidad en la que el accionante enfatizó que la ilegalidad
provenía de varios autos5 proferidos por la Superintendencia de Sociedades,
3 Trascrito con posibles errores ortográficos, mayúsculas sostenidas y negritas del texto original.
4 De, entre otros, del señor Orlando Neusa Forero.
5 Los autos «546-022468 y 546-022813 de diciembre 12 y 18 de 2001 [que] aprobaron de manera
[…] el avalúo del inventario de los bienes que conforman el patrimonio a liquidar […] [y] 440-20886
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particularmente porque el juez del concurso6 «debió velar por el cumplimiento del
orden de prioridad de pagos, pero no emitió concepto alguno sino que se limitó a
aprobar el plan propuesto por la Junta Asesora del Liquidador».
6) El 2 de junio de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
revocó la providencia del a quo, para en su lugar declarar la caducidad de la acción
contenciosa, al exponer que «las supuestas fallas de la Superintendencia, en
realidad se erigen como cuestionamiento de pronunciamiento jurisdiccional que, por
la fecha de expedición, debió ser demandado antes del vencimiento del plazo
establecido por la ley para tal efecto».
7) Para llegar a esa conclusión, el ad quem inició su análisis señalando que el
trámite liquidación se rigió por la Ley 222 de 1995, por lo que la imputación debía
analizarse, según el caso, en los términos de un error jurisdiccional o de defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia [Ley 270 de 1996].
8) Destacó que «si la fuente del daño no es un hecho u omisión desplegada en
ejercicio de competencias jurisdiccionales, sino una decisión expedida por la
respectiva autoridad en ese mismo ámbito competencial, la oportunidad del reclamo
judicial por los efectos que pueda generar lo equivocadamente decidido se cuenta
desde el día siguiente a cuando queda ejecutoriada la decisión».
9) Por lo anterior resaltó que «la supuesta falta de control de la
Superintendencia frente a estas cuestiones se concret[ó] en las decisiones que por
ley debe emitir, las que en el caso de la liquidación obligatoria de la Compañía de
Inversiones de la Flota Mercante S.A., se contienen en» los:
• autos 440-13199 del 3 de agosto de 2001 y 546- 022786 del 14 de diciembre
de 2001, de graduación y calificación de créditos;
• autos 546-022468 del 12 de diciembre de 2001 y 546-022813 del 18 de
diciembre de 2001, que aprobaron el avalúo del inventario para liquidar la
compañía;
• autos 440-20886 del 12 de diciembre de 2002 y 440-002498 del 14 de febrero
de 2003 que aprobaron el plan de pagos,
• y, auto 400-010928 del 28 de agosto de 2012, que aprobó la rendición final
de cuentas, declaró terminado el proceso concursal y ordenó la cancelación
de la personería jurídica en el registro mercantil.
10) Al descender a las particularidades del asunto a resolver, precisó que
«incluso, si se tienen en cuenta las decisiones más recientes acabadas de citar,
esto es, el auto 440-002498 del 14 de febrero de 2003, la demanda del 5 de marzo
de 2015 es notoriamente extemporánea, sin que sea posible tomar como fecha
aquella en la que se terminó el proceso liquidatorio7, ya que es claro que fue en las
determinaciones antecedentes a esta, que se tenía evidencia de lo que acontecería
con los pagos de las acreencias».
del 12 de diciembre de 2002, que aprobó el plan de pagos de la CIFM, como el 440-002498 del 14
de febrero de 2003, que [lo] confirmó».
6 Superintendencia de Sociedades.
7 Cabe destacar que el trámite de liquidación obligatoria terminó el 28 de agosto de 2012.
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11) La providencia de segunda instancia fue notificada el 22 de junio de 2023 y
la acción de tutela de la referencia radicada el 20 de septiembre de 2023.
1.4. Fundamentos de la solicitud
En el sub examine el accionante expuso que se le vulneraron sus derechos
fundamentales y se incurrió en una vía de hecho al transgredirse la «doctrina [de la]
Corte Constitucional».
En primer lugar, el tutelante hizo alusión, in extenso, a la configuración del daño
antijurídico en su caso concreto, luego, al referirse puntualmente acerca de la
sentencia hoy controvertida, expuso que la autoridad judicial incurrió en un
«prevaricato», comoquiera que la caducidad se debió computar desde el auto 400-
010928 de 28 de agosto de 2012, porque es con esta providencia que se terminó el
proceso liquidatorio.
Resaltó que, en todo caso, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
no tuvo en cuenta que al interior de una acción de tutela8, un juez constitucional
ordenó a la Superintendencia de Sociedades conceder un recurso de apelación en
contra del mencionado auto, pero ese organismo técnico decidió no atender tal
disposición.
Como «causales específicas» de procedencia de este mecanismo, el tutelante
alegó:
3.1. Sentencia presuntamente fraudulenta.
Violando la doctrina de la Corte Constitucional, la Sala indicó que el tiempo para
contar la caducidad es de dos (2) años después de cada uno de los autos que
ponen fin a las diversas etapas del proceso liquidatorio; y no desde la fecha del
auto definitivo que pone fin al proceso concursal.
Pero bajo este sofisma se esconde el presunto prevaricato, según el cual el auto
400-010928 de agosto 28 de 2012 no existe, porque el proceso judicial terminó
diez (10) años antes y sobre él no puede hacerse ningún tipo de análisis.
3.2. Cohonestación presunto fraude a resolución judicial
La Sala del H. Consejo de Estado no quiso hacer análisis de ilegalidad al auto
400-10928 de agosto 28 de 2012, ni mucho menos a las decisiones judiciales
tomadas con posterioridad como, por ejemplo, el desacato de la Sentencia
2012-00201 de enero de 2013.
En grave error manifiesto excluye del análisis el presunto fraude a resolución
judicial en que incurrió la Superintendencia de Sociedades, quien hizo caso
omiso de la orden que le impartió el Juzgado Treinta y Nueve Administrativo del
Circuito de Bogotá el 23 de enero de 2013, de conceder de la Sentencia contra
el auto 400-010928 de agosto 28 de 2012.
8 La sala resalta que el tutelante se limitó a precisar que el radicado corresponde a «2012-00201» y
que el fallo se profirió el 23 de enero de 2013.
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Finalmente expuso que se encuentra en un estado de absoluta indefensión, ya que
(i) tiene 64 años, (ii) no disfruta de una pensión, (iii) es padre cabeza de familia, (iv)
posee serios problemas cardiacos y familiares, porque por estrés causado por la
afectación a su mínimo vital ha sufrido tres infartos, le han implantado 8 «stenst en
[sus] arterias, dado que sufr[e] de arteriosclerosis crónica y prescripción de
medicamentos de por vida».
Resaltó que «perdí mi hogar, perdí mi salud, perdí mis bienes, perdí todo; tuve que
vender parte de mi patrimonio. Tenía dos predios y dos vehículos los cuales tuve
que vender. Sólo me queda un predio el cual tuve que proteger con un fideicomiso
civil por los embargos judiciales y las deudas a mis acreedores».
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 25 de septiembre de 2023 el magistrado sustanciador admitió la
acción de tutela y ordenó notificar como demandado a la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, y como terceros con interés en las resultas
del proceso, al (i) Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, y (ii) a la Superintendencia de Sociedades.
Así mismo, se ordenó a la oficina de sistemas de la Corporación, realizar la
publicación de la información relativa al proceso de la referencia en la página del
Consejo de Estado.
1.6. Intervenciones
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes:
1.6.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por intermedio del
magistrado sustanciador de la providencia controvertida, solicitó declarar
improcedente la acción de la referencia por falta de relevancia constitucional, al
exponer que el análisis de la caducidad se realizó conforme a la línea de la sala
mayoritaria, valorando cada uno de las pruebas aportadas y concluyendo que «las
reales fuentes del daño fueron las decisiones particulares que decidieron sobre el
inventario y avalúo de bienes, sobre la graduación de créditos y sobre la aprobación
de pagos».
Resaltó que «el auto del 28 de agosto de 2012 que dio por terminado el trámite de
liquidación obligatoria, […] no es posible tomarlo como inicio del conteo de
caducidad, en la medida que es claro que fue en las determinaciones antecedentes
a el que se tenía conocimiento y evidencia de lo que acontecería con los pagos de
las acreencias laborales».
Destacó que lo pretendido es reabrir el debate probatorio y convertir esta tutela en
una tercera instancia, porque «[l]a determinación de revocar la sentencia de primera
instancia estuvo fundada en la sana crítica, con una carga argumentativa válida y
razonable, propia de la autonomía del operador judicial frente a la apreciación de
las pruebas de manera conjunta, sin que pueda decirse por ello que se dejó de
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aplicar una norma o que se ignoró la existencia del auto que puso fin al proceso
concursal».
1.6.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, a través de la funcionaria a cargo de la primera instancia, luego de
precisar que su estudió se enfocó en negar las pretensiones del medio de control,
sin haberse pronunciado acerca de la caducidad, solicitó que le desvincule de esta
tutela.
1.6.3. La Superintendencia de Sociedades requirió declarar la improcedencia de
la solicitud de amparo, porque no se cumplió con las causales generales y
específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Precisó que la autoridad judicial accionada no incurrió en una vía de hecho, puesto
que en «los procesos de liquidación obligatoria, lo ha dicho el Honorable Consejo
de Estado, es necesario tener presente cuál es la decisión o decisiones que se
adoptaron y que pudieron causar un daño antijurídico al demandante. No es posible,
dejar abierta esta puerta, hasta cuando se dé por terminado el proceso concursal
para retrotraerlo a otras determinaciones que son las que pudieran generar el
presunto daño antijurídico9».
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Orlando Neusa Forero, de conformidad con lo establecido
en los Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y en el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestión previa - solicitud de desvinculación
Esta colegiatura advierte que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A solicitó su desvinculación del presente trámite, no
obstante, la referida petición será negada, en razón a que su comparecencia a este
mecanismo se hizo en calidad de tercero con interés en las resultas del proceso y
no como autoridad judicial demandada.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales advertidos el accionante, por parte del
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A con ocasión de la sentencia
proferida en segunda instancia el 2 de junio de 2023.
Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
9 En este punto el tercero con interés hizo alusión a otro antecedente de la Subsección en el que se
abordó un caso similar, particularmente de la sentencia proferida en el proceso 13001-23-33-000-
2016-00322-01.
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providencia judicial, (ii) los requisitos generales de procedibilidad adjetiva, y (iii) el
caso en concreto.
2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 10
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema11.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales12.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201413, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en
cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, así:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe
analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
10 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada ponente: María Elizabeth
García González.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
12 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra
una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.14
Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional en
la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta Corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 201415, que en concreto se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal.
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de
un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde
definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera
instancia16.
Sobre el particular, se considera que este asunto no es relevante
constitucionalmente, como se pasará a explicar.
En primera medida se debe enfatizar que en materia de tutelas contra providencias
judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la
órbita de los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por la
parte actora dentro del trámite de tutela, ya que de no hacerlo, se atentaría contra
el principio de autonomía judicial y así, en últimas, se convertiría el mecanismo
constitucional en una tercera instancia.
Además, que si bien la tutela puede ser procedente para controvertir decisiones de
cualquier grado, sin excluir las de las corporaciones de cierre, también es importante
resaltar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional hace especial énfasis en la
carga argumentativa que se debe tener cuando se pretenda dejar sin efectos una
decisión de la Sección que la Constitución Política17 y la Ley18 determinaron como
14 Énfasis de la sala.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de
septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.
16 Énfasis de la sala.
17 «Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de tribunal
supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley. […]»
(Énfasis de la Sala).
18 Ver Ley 270 de 1996: «Artículo 34. INTEGRACION Y COMPOSICION. Modificado por el Artículo
9 de la Ley 1285 de 2009. El Consejo de Estado es el máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo y estará integrado por treinta y un (31) magistrados, elegidos por la
misma Corporación para los períodos individuales que determina la Constitución Política, de listas
superiores a cinco (5) candidatos, que reúnan los requisitos constitucionales, por cada vacante que
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suprema autoridad en la materia, lesión que se podría sintetizar en una actuación
«arbitraria o violatoria de derechos fundamentales19».
Ahora, para resolver este asunto, resulta pertinente recordar que el cargo de la
solicitud de amparo se podría resumir en la oposición que tiene el tutelante frente a
la forma como se computó la caducidad en el caso concreto, particularmente al
exponer que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A debió tener en
cuenta el auto que puso fin al proceso liquidatorio, así como su ejecutoria. Lo que
se podría leer como una indebida interpretación de la norma [artículo 164 del
CPACA y 68 de la Ley 270 de 1996].
En este punto cabe destacar que si bien el accionante alegó la transgresión de la
«doctrina [de la] Corte Constitucional», se tiene que este cargo no fue desarrollado,
en atención a que no se precisó cuál fue el antecedente que el ad quem desatendió
en lo que respecta a la caducidad del medio de control en estos casos.
Por su parte, se tiene que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
inició el análisis del caso concreto haciendo alusión al criterio que tiene la sala
mayoritaria en relación a cómo se debe computar la caducidad en estos asuntos.
Particularmente precisó que, como la fuente del daño fueron las «decisiones que
resolvieron sobre [las] cuestiones controversiales de los acreedores, el actor debió
haber promovido la acción de reparación directa a más tardar en 2005 y cuestionar
formalmente la última providencia relacionada con la gestión del liquidador, esto es,
el auto 440-002498 del 14 de febrero de 2003, en lugar de esperar a que el trámite
de liquidación obligatoria terminara (auto 400- 010928 del 28 de agosto de 2012)»,
ni mucho menos que esta decisión quedara ejecutoriada.
En efecto, el tribunal de cierre concluyó que la presunta falta de control de la
Superintendencia frente a estas cuestiones se concretó en las decisiones que por
ley debe emitir, esto es, las contenidas en los autos 440-13199 del 3 de agosto de
2001 y 546- 022786 del 14 de diciembre de 200120; autos 546-022468 del 12 de
diciembre de 2001 y 546-022813 del 18 de diciembre de 200121, y autos 440-20886
del 12 de diciembre de 2002 y 440-002498 del 14 de febrero de 200322.
En este orden de ideas, esta colegiatura no puede pasar por alto que en la solicitud
de amparo no se controvirtieron las razones por las cuales la autoridad judicial
se presente, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura». (Énfasis de
la Sala).
19 Ver al respecto SU-573 de 2019: «Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional
orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela
contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la decisión se
fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de
derechos fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los jueces
constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en estricto respeto a la independencia
de los jueces ordinarios». (Énfasis de la Sala).
20 De graduación y calificación de créditos.
21 Que aprobó el avalúo del inventario para liquidar la compañía.
22 Que aprobó el plan de pagos
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accionada revocó lo dispuesto por el a quo y declaró la caducidad del medio de
control, esto es, el hecho que, con la expedición de las providencias en mención el
accionante «tenía evidencia de lo que acontecería con los pagos de las
acreencias».
Al respecto, esta sala advierte que el juez natural de la causa se enfrenta a múltiples
posibilidades hermenéuticas en su labor de interpretación y aplicación de normas a
un caso en específico23, y no le corresponde al juez constitucional señalar cuál de
tales posibilidades es la «correcta», pues se vulneraría la independencia y
autonomía con la que cuenta el funcionario que conoce el trámite ordinario, donde
cabe destacar que de hacerlo, esta sección se convertiría en una tercera instancia.
Ahora, es relevante destacar que si bien esta sección ha optado por estudiar de
fondo casos en los que se discute la trasgresión a las garantías fundamentales con
ocasión de un rechazo de la demanda, tales asuntos se han enfocado, en su gran
mayoría, en rechazos de plano y en procesos en donde se discute la vulneración de
derechos humanos de la población civil por delitos que se consideran de lesa
humanidad o crímenes de guerra. También es importante destacar que, para su
debido análisis en sede constitucional, el mecanismo debe contener la carga
argumentativa mínima para superar el presupuesto de la relevancia y establecer su
procedencia, la cual debe ser mayor cuando se trate de una tutela contra una alta
corte.
En este punto, esta colegiatura no puede pasar por alto que si bien es cierto la
jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado se ha inclinado por
establecer que en casos de error jurisdiccional los perjuicios sufridos como
consecuencia de la liquidación de sociedades se cuenta desde el acto definitivo de
liquidación, este cargo no fue alegado ni mucho menos desarrollado en este
mecanismo de amparo, como por ejemplo, invocando un desconocimiento del
precedente, luego no le correspondería a este juez de tutela, como si se tratara de
una instancia adicional al proceso ordinario, analizar tal presupuesto.
Además, también resulta pertinente enfatizar que, aunque tal puede ser un criterio
mayoritario al interior de la sección que la Constitución Política y la Ley determinaron
como suprema autoridad en la materia, es igual de cierto que la Subsección B de
esa especialidad ha venido modificando tal tesis24. Entonces no le corresponde a
esta sección, investida como juez de tutela, establecer cuál es el criterio aplicable
al caso concreto.
Finalmente, la sala considera que los argumentos que se refieren al estado de
«absoluta indefensión» del tutelante, sustentados en sus condiciones de salud o
desmejoramiento económico, por sí solos, no habilitan superar la relevancia en este
caso, comoquiera que, por un lado lo pretendido con el mecanismo constitucional
es la modificación del criterio de una Subsección y tales particularidades no
permiten esa variación, y por otro, porque no es claro cuál sería el nexo entre tales
23 Ver al respecto: Corte Constitucional sentencia T-192 de 2015.
24 Ver en este sentido sentencias proferidas al interior de los expedientes con radicado interno 57.319
y 55.770.
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padecimientos con la decisión que hoy se controvierte.
En consecuencia, se considera que si bien la parte actora intenta exponer las
razones por las cuales considera que la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, en su condición de alta corte, incurrió en una «vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales» o en «una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales», en realidad lo que se evidencia en
una mera inconformidad con los dispuesto por el ad quem.
En otras palabras, constituye un deber para el accionante exponer con suficiencia
los motivos de inconformidad o las actuaciones vulneradoras de sus derechos
fundamentales sobre todo cuando se trata de tutelas ejercidas contra providencias
judiciales, las cuales, dada su naturaleza, exigen por parte de los jueces
constitucionales un estudio más riguroso de la materia, lo cual se acentúa cuando
el proveído proviene de una alta corte.
Por todo lo anterior, se considera que en este caso no se acreditaron los criterios
fijados por la Corte Constitucional en las sentencias de unificación 573 de 2019 y
215 de 2022 para encontrar superado el requisito de relevancia constitucional,
puesto que la controversia se enfocó en intentar, con sustento en la presunta
transgresión de algunos derechos fundamentales, en reabrir el debate en cuanto a
la interpretación de la norma que se refiere a la caducidad e intentar modificar el
criterio del ad quem que, a primera vista, no resulta irrazonable o arbitrario.
En este sentido, para esta sección, resulta claro que la controversia es «de
competencia exclusiva del juez ordinario»25.
2.6. Conclusión
Así las cosas, es claro para esta sala que en el sub examine, no puede el juez
constitucional pronunciarse de fondo sobre la solicitud de amparo, toda vez que no
se superara el requisito de relevancia Constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación que radicó el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.
SEGUNDO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por el señor Orlando Neusa Forero.
25 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-573
de 2017 y C-590 de 2005.
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TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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