Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05226-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05226-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-05226-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
1 de febrero de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05226-01
Accionantes: Azucena Báez Solano y otras
Se modifica la sentencia de primera instancia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05226-01
Accionantes: Azucena Báez Solano y otras
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otros
Temas: Tutela contra providencia judicial / Proceso ejecutivo / Liquidación del crédito
/ Sucesión procesal / Defecto procedimental absoluto / Defecto sustantivo / Defecto
fáctico / Violación directa de la Constitución / Se modifica la sentencia de primera
instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de impugnación interpuesto contra la sentencia proferida
el 2 de noviembre de 2023 por la Sección Primera del Consejo de Estado, que
declaró la improcedencia por falta de legitimación en la causa por activa de las
accionantes.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y en el Acuerdo
80 de 2019 de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 21 de septiembre de 2023, Azucena, Hercilia, Eugenia, Alba Luz, Martha y
Janeth Báez Solano presentaron, a nombre propio y en calidad de herederas, una
acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al trabajo y a la seguridad
social. En su concepto, dichas garantías constitucionales fueron vulneradas por los
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Accionantes: Azucena Báez Solano y otras
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autos proferidos (i) el 27 de marzo de 2023 y (ii) el 8 de agosto de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Santander; y por los autos proferidos (iii) el 9 de marzo de 2023 y
(iv) el 1° de junio de 2023 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga;
igualmente, por el acto administrativo por medio del cual la UGPP ordenó el embargo
de la cuota parte, en cabeza del causante, de un inmueble ubicado en Bucaramanga.
Estas providencias, se dictaron dentro del proceso ejecutivo de radicado 68001-33-
33-004-2015-00252-00/03, promovido por el causante, Álvaro Báez Cabrera, contra
la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección social
(en adelante, UGPP).
2.- Las accionantes formularon las siguientes pretensiones (se transcriben):
«1-. Tutelar el DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO en conexidad con
el DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES, DERECHO FUNDAMENTAL AL TRABAJO
POR RESPETO A LOS DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS Y RECONOCIDOS
EN SENTENCIA JUDICIAL QUE HA HECHO TRANSITO A COSA JUZGADA, AL
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN LA INTERPRETACION Y APLICACIÓN DE
NORMAS LABORALES Y DEL FALLO JUDICIAL BASE DE EJECUCION, a los
PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL
SOBRE EL PROCESAL y COSA JUZGADA así como AL DERECHO DE PROPIEDAD
y los demás derechos que su despacho encuentre vulnerados, de las suscritas como
SUCESORAS PROCESALES de nuestro padre y demandante ALVARO BAEZ
CABRERA (Q. e. p. d) transgredidos por los despachos judiciales aquí demandados
en el trámite tanto de primera como de segunda instancia del PROCESO EJECUTIVO
radicado 68001-3333-004- 2015-00252-00 y 2015-00252-03 en las providencias
judiciales objeto de esta acción de tutela.
2-. En consecuencia, SE DEJEN SIN EFECTO las siguientes providencias judiciales:
2.1-. El auto de fecha 27 de marzo de 2023 proferido por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO ORAL DE SANTANDER por el cual decidió el recurso de apelación
interpuesto por nuestro padre y demandante a través de apoderada y que avalo la
errada liquidación del CONTADOR LIQUIDADOR de esa corporación para establecer
ilegal e irregularmente, un “saldo a favor de la ejecutada UGPP por valor de
$4’082.124”, así como la errada e irregular liquidación del crédito realizada por el
contador liquidador de esa corporación en la cual se fundamenté esta providencia
judicial.
2.2-. El auto de fecha 8 de agosto de 2023 proferido por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO ORAL DE SANTANDER mediante el cual negó la solicitud de
adición solicitada por nuestra apoderada.
2.3-. El auto de fecha 9 de marzo de 2023 proferido por el JUZGADO 4
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA por el cual “volvió a
proferir sentencia de primera instancia” declarando “ilegal e irregularmente terminado
el proceso por pago de la obligación”.
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2.4-. El auto de fecha 1 de junio de 2023 proferido por el JUZGADO 4
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA por el cual decidió
recurso de reposición interpuesto por nuestra apoderada contra el auto anterior,
CONFIRMANDOLO y concediendo en el “EFECTO DEVOLUTIVO” el recurso de
apelación interpuesto subsidiariamente.
3-. En su lugar PROFIERA LA LIQUIDACION DEL CREDITO DE REEMPLAZO de
acuerdo a lo verdaderamente ordenado en la sentencia base de ejecución del proceso
ejecutivo, aplicando todos los términos en que se emitió la orden de reliquidación,
indexación y calculado de intereses de mora contenida en la sentencia judicial base
de ejecución, en el proceso ejecutivo radicado 68001-3333-004-2015-00252-00
tramitado ante el JUZGADO 4 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
BUCARAMANGA en primera instancia y ante el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL
DE SANTANDER radicado 2015-00252-03.
4-. O tome las medidas que su despacho considere pertinentes para lograr la
protección de los derechos fundamentales conculcados por los despachos judiciales
aquí demandados.
5-. También como consecuencia de la anterior declaración ordenar a la demandada y
ejecutada UGPP que en improrrogable termino de 48 siguientes a la notificación de la
sentencia judicial que tutele nuestros derechos fundamentales proceda a:
5.1-. LEVANTAR LA MEDIDA DE EMBARGO que irregularmente realizó sobre el
cincuenta por ciento (50%) del inmueble distinguido con el número de matrícula
inmobiliaria 300 – 2746 ubicado la calle 100 # 32 -34 Barrio La Libertad ciudad de
Bucaramanga que está registrado como de propiedad del ahora causante ALVARO
BAEZ CABRERA (Q. e. p. d), Oficiando para tal efecto a la OFICINA DE REGISTRO
DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DEL CIRCULO DE BUCARAMANGA.
5.2-. Abstenerse de exigir, presionar y constreñir a las suscritas SUCESORAS
PROCESALES o a nuestra apoderada CLAUDIA JANNETH VARELA VILLALBA para
que alleguemos escritura pública de sucesión de nuestro padre y demandante
ALVARO BAEZ CABRERA, para acreditar nuestra condición de herederas del mismo,
y sobre el inmueble que ellos mismos tienen irregular, ilegal y abusivamente
embargado desde hace dos (2) años, lo que tiene como único fin cobrarnos esa suma
que fue determinada como “saldo a favor de la UGPP” en la providencia judicial objeto
de la presente acción de tutela.
6-. Las demás medidas que su despacho considere necesarias para lograr la
protección efectiva de los derechos fundamentales de la parte accionante».
B. Hechos
3.- Las accionantes basaron su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
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3.1.- Álvaro Báez Cabrera, padre de las accionantes, instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL
– EICE, hoy UGPP). La demanda pretendía (i) la nulidad del acto administrativo ficto
producido por el silencio administrativo negativo de CAJANAL frente a su solicitud de
reliquidación de la pensión de vejez y, en consecuencia, (ii) su reliquidación.
3.2.- Mediante sentencia de primera instancia del 17 de febrero de 2012, el Juzgado
Cuarto Administrativo de Bucaramanga accedió a las pretensiones de la demanda.
Declaró la nulidad del acto ficto y ordenó reliquidar la pensión de vejez de Álvaro
Báez Cabrera con efectos retroactivos desde el 1° de abril de 1999 al 30 de marzo
de 2000, según el régimen pensional de los empleados de la Rama Judicial, Decreto
546 de 1971 (por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de
los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de
sus familiares)1. El Tribunal Administrativo de Santander confirmó dicha providencia
el 17 de julio de 2014.
3.3.- Con base en lo anterior, Álvaro Báez Cabrera instauró demanda ejecutiva contra
la UGPP para exigir el cumplimiento de la sentencia de segunda instancia proferida
el 17 de julio de 2014 por el Tribunal Administrativo de Santander. El proceso se
adelantó bajo el radicado 68001-33-33-004-2015-00252-00 y le correspondió al
Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga.
3.4.- Mediante auto del 8 de noviembre de 2017, el Juzgado Cuarto Administrativo
de Bucaramanga ordenó seguir adelante con la ejecución por la suma del
mandamiento de pago. Según afirman las accionantes, el valor adeudado era de
ciento cuarenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos
cuarenta y un pesos con tres centavos ($144.433.441,3).
3.5.- Mediante Resolución RDP 027573 del 7 de julio de 2017, la UGPP reliquidó la
pensión de Álvaro Báez Cabrera y efectuó un pago parcial por veinticuatro millones
cuatrocientos sesenta y ocho mil ochocientos cuarenta y nueve pesos con
noventa y nueve centavos ($24.468.849, 99). El pago fue comunicado al juzgado
por la apoderada del ejecutante, para que se tuviera en cuenta como abono a la
obligación.
3.6.- El 16 de noviembre de 2017 la apoderada de Álvaro Báez Cabrera presentó la
liquidación del crédito. Sin embargo, el juzgado improbó dicha liquidación mediante
1 La liquidación de la pensión se haría en un monto equivalente al 75% del promedio mensual de todos los
factores salariales devengados desde el 1° de abril de 1999 al 30 de marzo de 2000. Se incluirían todos los
factores salariales devengados durante el último año de servicios, los cuales correspondían al sueldo básico,
1/12 parte de. prima de Navidad, 1/12 parte de prima de vacaciones, 1/12 parte de bonificación por servicios y
1/12 parte de prima de servicios.
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el auto del 6 de febrero de 2019. En su lugar, la modificó señalando que la UGPP
realizó el pago total de la obligación y que la ejecutada tenía un saldo a favor por
cinco millones novecientos treinta y seis mil novecientos ochenta y ocho
pesos ($5.936.988).
3.6.1.- El 12 de febrero de 2019, Álvaro Báez Cabrera interpuso recurso de reposición
y en subsidio de apelación contra dicho auto. El juzgado no repuso su decisión y
concedió el recurso de apelación; sin embargo, este fue rechazado por el Tribunal
Administrativo de Santander por considerarlo improcedente.
3.6.2.- El 11 de junio de 2019, Álvaro Báez Cabrera interpuso recurso de queja contra
el auto del tribunal que rechazó por improcedente el recurso de apelación. El recurso
de queja fue resuelto por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante auto
del 6 de mayo de 2022, en el sentido de admitir el recurso de apelación y ordenar al
Tribunal Administrativo de Santander que lo resolviera.
3.6.3.- Álvaro Báez Cabrera (en adelante, el causante) falleció el 13 de septiembre
de 20212.
3.6.4.- Mediante la Resolución RDP 030148 del 7 de octubre de 2019, la UGPP abrió
un proceso de cobro coactivo contra el señor Báez Cabrera para obtener el pago del
saldo a favor determinado en el proceso ejecutivo. Para ello decretó medidas de
embargo de la cuota parte, en cabeza del causante, de un inmueble ubicado en
Bucaramanga.
3.6.5.- Mediante auto del 31 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de
Santander profirió auto de obedézcase y cúmplase frente a lo decidido por la Sección
Segunda del Consejo de Estado. En consecuencia, remitió el expediente al
profesional contable adscrito a la Secretaría del tribunal para que realizara la
liquidación a efectos de resolver el recurso de apelación presentado por la parte
ejecutante.
3.6.6.- Mediante el auto del 27 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de
Santander revocó el auto proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo de
Bucaramanga que improbó la liquidación presentada por la parte ejecutante y, en su
lugar, con base en la liquidación fijada por el contador, señaló que existía un saldo a
favor de la parte ejecutada por cuatro millones ochenta y dos mil ciento
veinticuatro pesos ($4.082.124).
2 Registro civil de defunción con Indicativo Serial 10559400.
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3.6.7.- El 31 de marzo de 2023 la apoderada del causante presentó solicitud de
adición de la providencia para que se incluyeran los factores salariales de «sueldo
de vacaciones de 1999» y «prima de navidad del año 2000», así como la
actualización de la mesada pensional. Esta solicitud fue negada por el tribunal
mediante el auto proferido el 8 de agosto de 2023, por considerar que se había
pronunciado sobre todos los puntos de la controversia y no había lugar a aclarar la
providencia.
3.7.- A su vez, mediante auto del 9 de marzo de 2023, el Juzgado Cuarto
Administrativo de Bucaramanga declaró la terminación del proceso ejecutivo por
pago de la obligación. Dicha providencia fue impugnada por la apoderada del
causante, porque aún no se había resuelto el recurso de apelación presentado contra
el auto del 6 de febrero de 2019.
3.7.1.- Mediante el auto del 1° de junio de 2023, el juzgado negó el recurso de
reposición y concedió el recurso de apelación en efecto devolutivo. El 5 de junio de
2023, la apoderada de causante solicitó la aclaración y adición de dicho auto.
3.7.2.- Durante el trámite de tutela el juzgado realizó control de legalidad, y mediante
auto del 16 de noviembre de 2023 dejó sin efectos los autos (i) del 9 de marzo de
2023, por medio del cual se había declarado la terminación del proceso, y (ii) del 1°
de junio de 2023 que concedió el recurso de apelación en efecto diferido. En su lugar,
resolvió obedecer y cumplir lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Santander
en el auto del 27 de marzo de 2023 y, declaró terminado el proceso por pago.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- Las accionantes afirman que, con sus providencias, las autoridades accionadas
vulneran sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, al trabajo y a la seguridad social. Señalan que las
autoridades accionadas han incurrido en los siguientes defectos: procedimental
absoluto, fáctico, sustantivo y violación directa a la Constitución.
4.1.- Frente al defecto procedimental absoluto, las accionantes afirman que las
autoridades accionadas actuaron al margen del proceso establecido. Consideran que
el auto proferido el 27 de marzo de 2023 por el tribunal, mediante el cual se liquidó
el crédito, no tuvo en cuenta el título ejecutivo, pues excluyó los factores salariales
de «sueldo de vacaciones de 1999» y «prima de navidad del año 2000», y la
indexación de las mesadas pensionales; igualmente, señalan que no se tuvieron en
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cuenta los valores fijados mediante el auto que ordena seguir adelante la ejecución,
proferido el 8 de noviembre de 2017. Adicionalmente, manifiestan que en dicha
providencia el tribunal no corrió traslado a las partes del dictamen realizado por el
profesional contable de la corporación. Y también afirman que el auto del 9 de marzo
de 2023 proferido por el juzgado incurre en un defecto procedimental absoluto porque
desconoce la sentencia que ordena seguir adelante la ejecución, dando por
terminado de forma irregular el proceso por pago.
4.2.- Frente al defecto fáctico, las accionantes afirman el auto proferido el 27 de
marzo de 2023 por el tribunal no valoró el escrito de operaciones de reliquidación
pensional, la indexación y el cálculo de los intereses de mora sobre los cuales se
emitió el mandamiento de pago. Aunado a lo anterior, señalan que tampoco practicó
la prueba pericial solicitada, mediante la cual pretendían que un perito abogado de
la lista de auxiliares de justicia realizara la liquidación del crédito. También consideran
que se valoró indebidamente la liquidación hecha por el profesional contable adscrito
al tribunal, ya que no correspondía a los valores establecidos en el título ejecutivo.
4.3.- Respecto al defecto sustantivo, las accionantes consideran que el auto proferido
el 27 de marzo de 2023 por el tribunal incurre en una inadecuada interpretación y
aplicación del título ejecutivo, pues no tuvo en cuenta en la liquidación los factores
salariales de «sueldo de vacaciones de 1999» y «prima de navidad del año 2000»,
ni realizó la indexación de la mesada pensional. Dichos vicios también fueron
endilgados al auto proferido el 8 de agosto de 2023 por el tribunal, pues negó la
adición solicitada pese a que no se había hecho un pronunciamiento sobre todos los
puntos de la apelación. Por otra parte, señalan que el juzgado también incurrió en
dicho defecto, pues el auto del 9 de marzo de 2023 da por terminado el proceso
desconociendo así la orden de seguir adelante con la ejecución.
4.4.- Frente a la violación directa de la Constitución, señalan que los autos proferidos
el 27 de marzo de 2023 y el 8 de agosto de 2023 por el tribunal son contrarios al
artículo 53 de la Constitución, pues no aplican la interpretación más favorable para
el extrabajador; señalan que vulneran el artículo 229 de la Constitución, pues le
niegan el acceso a la administración de justicia al no pronunciarse sobre todos los
argumentos del recurso de apelación; además, manifiestan que son contrarios a los
artículos 1, 25 y 48 de la Constitución, pues afectan la dignidad, el derecho al trabajo
y a la seguridad social, desconociendo derechos laborales adquiridos y reconocidos
en el fallo que se ejecuta. Respecto al auto proferido el 9 de marzo de 2023 por el
juzgado, señalan que niega el acceso a la administración de justicia (artículo 229 de
la Constitución), pues termina el proceso sin tener presente la orden de seguir
adelante con la ejecución; esto, a su vez, vulnera el principio de cosa juzgada. Por
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otra parte, señalan que la UGPP vulneró su derecho a la propiedad privada, pues
inició un proceso de cobro coactivo contra Álvaro Báez Cabrera y ordenó el embargo
de la cuota parte del inmueble con base en una decisión irregular.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- El Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga3 (accionado) solicitó que se
declarara la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional y solicitó su desvinculación del proceso.
6.- Señaló que las accionantes pretendían reabrir el debate frente a la liquidación del
crédito a través del trámite de la acción de tutela. Indicó que su despacho modificó
de oficio la liquidación del crédito aportada por la apoderada del ejecutante, pues no
se ajustaba a derecho. Así mismo, señaló que no era posible reconocer el factor
salarial de «sueldo de vacaciones», pues dicho rubro no fue reconocido en la
sentencia proferida el 17 de julio de 2014 por el Tribunal Administrativo de Santander;
finalmente, puso de presente que en su liquidación sí se incluyó la «prima de navidad
del año 2000».
7.- El Tribunal Administrativo de Santander (accionado) no se pronunció frente a la
presente acción de tutela, pese a haber sido notificado.
8.- La UGPP4 (accionada), a través de apoderado, solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela por falta de relevancia constitucional y solicitó
su desvinculación.
8.1.- Señaló que lo que pretenden las accionantes es que el juez de tutela sustituya
al juez natural. Indicó que la presente acción de tutela no cumple con los requisitos
generales y específicos de tutela contra providencia judicial.
8.2.- Respecto al proceso de cobro coactivo iniciado contra causante, señaló que la
liquidación del crédito aprobada por el juzgado y posteriormente modificada por el
tribunal dejó en evidencia que existía un saldo a favor de la entidad. Con base en ello
se inició un proceso de cobro coactivo para recuperar lo pagado en exceso, para lo
cual se profirió la Resolución RDP 030148 del 7 de octubre de 20195.
3 Índice 11 de SAMAI de la primera instancia.
4 Índice 10 de SAMAI de la primera instancia.
5 «Adelantar las acciones administrativas y judiciales pertinentes en el caso en que se detecten inconsistencias
en la información laboral o pensional o en el cálculo de las prestaciones económicas y suspender, cuando fuere
necesario, los pagos e iniciar el proceso de cobro de los mayores dineros pagados».
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8.3.- Indicó que a través de la acción de tutela no era posible dejar sin efectos la RDP
030148 del 7 de octubre de 2019, pues se afectaría el patrimonio público, poniendo
en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema pensional. Tampoco era posible
levantar las medidas cautelares ordenadas mediante la Resolución RDP 030148 del
07 de octubre de 2019, pues la UGPP tiene la obligación del recaudo de las mesadas
pensionales pagadas de más.
8.4.- Indicó que en este caso no resulta procedente la acción de tutela contra las
medidas tomadas en el proceso de cobro coactivo, pues no se evidencia un perjuicio
irremediable.
9.- La Oficina de Instrumentos Públicos de Bucaramanga6 (vinculado) señaló que hay
medida de embargo por la jurisdicción coactiva contra el causante, según consta en
la anotación 8 del folio de matrícula inmobiliaria y su cancelación solo es posible bajo
los supuestos del artículo 62 de la Ley 1579 de 20127.
E. Fallo impugnado
10.- En sentencia del 2 de noviembre de 2023, la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela por falta de legitimación en la
causa por activa.
11.- Como fundamento de esta decisión, señaló que las accionantes no eran titulares
de los derechos frente a los cuales reclamaban, pues no se hicieron parte procesal
dentro del proceso ejecutivo en el cual fueron proferidas las providencias
cuestionadas. No obstante, señaló que en el proceso ejecutivo podrían solicitar el
reconocimiento de su calidad de sucesoras procesales, según lo establecido en el
artículo 68 del Código General del Proceso (CGP).
F. Impugnación
12.- Las accionantes impugnan la anterior decisión. Afirman que sí se hicieron parte
dentro del proceso ejecutivo, pues la apoderada remitió el 31 de enero de 2022, en
el trámite del recurso de queja, un memorial dirigido a la Sección Segunda del
Consejo de Estado y al Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga para que se
les reconociera como sucesoras procesales, y allegaron los debidos soportes.
6 Índice 12 de SAMAI de la primera instancia.
7 «El Registrador procederá a cancelar un registro o inscripción cuando se le presente la prueba de la cancelación
del respectivo título o acto, o la orden judicial o administrativa en tal sentido.
La cancelación de una inscripción se hará en el folio de matrícula haciendo referencia al acto, contrato o
providencia que la ordena o respalda, indicando la anotación objeto de cancelación».
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Indican tener un interés directo en dicho trámite, pues a partir de las providencias
atacadas la UGPP solicitó el embargo de la cuota parte de un inmueble del causante,
frente al cual tienen derecho como herederas.
13.- Además, el Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga, en el trámite de
tutela, profirió el auto del 16 de noviembre de 2023, mediante el cual termina
irregularmente el proceso por pago, sin que el expediente hubiere regresado
físicamente del tribunal.
II. CONSIDERACIONES
14.- La Sala modificará la sentencia de primera instancia proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia por falta de legitimación
por activa, pues las accionantes sí cumplen con ese requisito. No obstante lo anterior,
(i) se acogerá la posición mayoritaria de la Sala para declarar la improcedencia de la
acción de tutela porque no está acreditado el requisito de relevancia constitucional 8
frente a los defectos planteados contra los autos proferidos el 27 de marzo de 2023
y el 8 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo de Santander, y (ii) se
declarará la carencia actual de objeto por hecho superado frente a los cargos contra
los autos proferidos el 9 de marzo de 2023 y el 1° de junio de 2023 por el Juzgado
Cuarto Administrativo de Bucaramanga. Frente a los reparos hechos contra la UGPP
(iii) se declarará la improcedencia de la acción de tutela porque no está acreditado
el requisito de subsidiariedad.
15.- Vale la pena precisar que la impugnación del fallo de tutela es el medio procesal
adecuado para cuestionar el contenido del fallo, pero no para presentar argumentos
nuevos. Lo contrario desnaturalizaría su objeto y vulneraría el derecho al debido
proceso de los demás intervinientes. Por este motivo, la Sala no se pronunciará frente
a los reparos hechos por las accionantes frente al auto proferido el 16 de noviembre
de 2023 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga, pues constituye un
hecho nuevo de la tutela.
G. Sobre la falta de legitimación por activa de las accionantes
8 El magistrado ponente considera que la presente acción de tutela sí cumple con el requisito de relevancia
constitucional porque las accionantes alegan la vulneración de sus derechos por las providencias atacadas. Sin
embargo, acoge la posición mayoritaria de la Sala, según la cual, cuando se reiteran argumentos que fueron
resueltos dentro del proceso ordinario, no se cumple con este requisito.
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16.- La Sala no comparte la postura señalada por el juez de tutela de primera
instancia que declaró la improcedencia de la acción de tutela por falta de legitimación
en la causa por activa. Considera que la legitimación en la causa por activa, en el
trámite de tutela, debe ser analizada de forma independiente al análisis que haga el
juez natural sobre la sucesión procesal9. Por tal motivo, encuentra superado dicho
requisito toda vez que las accionantes pretenden la protección de derechos
fundamentales de los que son titulares en su calidad de herederas del causante. Se
evidencia, además, que dicha calidad fue acreditada a través de los registros civiles
de nacimiento de cada una las accionantes, así como con la solicitud de sustitución
procesal dentro del proceso ejecutivo10.
H. Sin perjuicio de la falta de relevancia constitucional respecto a los autos
proferidos el 27 de marzo de 2023 y el 8 de agosto de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Santander, se constata que los cargos formulados en el
escrito de tutela no tienen vocación de prosperar
17.- La Sala encuentra que la acción de tutela reitera los mismos argumentos que
fueron planteados en el trámite del proceso ordinario y no se demostró una afectación
a derechos fundamentales. Además, constata que las providencias reprochadas no
incurrieron en los defectos alegados por las accionantes, toda vez que se profirieron
conforme a lo establecido en el título ejecutivo y el numeral tercero del artículo 446
del CGP. Se precisa que los defectos invocados se analizarán en conjunto, pues
estos se resuelven al estudiar las normas jurídicas aplicables al caso y las pruebas
allegadas al expediente.
18.- La Sala advierte que la modificación de la liquidación del crédito es una facultad
judicial consagrada en numeral tercero del artículo 446 del CGP. En este orden de
ideas, el mandamiento de pago y la orden de seguir adelante con la ejecución no se
convierten en una situación inamovible para el operador judicial, quien con
posterioridad podrá variar el monto de la liquidación del crédito según la realidad
procesal y lo establecido en el título ejecutivo11. En este caso está visto que mediante
el auto proferido 27 de marzo de 2023 el Tribunal Administrativo de Santander
resolvió el recurso de apelación contra el auto que liquidó el crédito y, al igual que la
primera instancia, evidenció que existía un saldo a favor de la ejecutada.
9 Esta postura fue adoptada por la Sala en: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia 11001-
03-15-000-2023-02789-00 del 20 de octubre de 2023. C.P. Alberto Montaña Plata.
10 Índices 2, 19 y 20 de SAMAI de la primera instancia.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia 23001-23-33-000-2013-00136-01, 28 de
noviembre de 2018. C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05226-01
Accionantes: Azucena Báez Solano y otras
Se modifica la sentencia de primera instancia
18.1.- En la liquidación (i) se incluyen todos los factores salariales reconocidos en la
parte motiva y resolutiva de la sentencia12 que corresponden al título ejecutivo (ii) y
se advierte que el factor salarial de «sueldo de vacaciones» reclamado por las
accionantes no se encuentra reconocido en el título ejecutivo. Adicionalmente, (iii) el
ingreso base de cotización (IBC) se fijó con base en los factores salariales percibidos
por el causante desde 1° abril de 1999 al 30 marzo de 2000, y por esa razón (iv) no
se incluyó la «prima de navidad 2000» ni «la prima de servicios 2000»13. Se (v) indexó
la diferencia entre los valores reconocidos por la UGPP y el reajuste hecho por el
juzgado entre el 7 de julio de 2006 hasta el 30 de julio de 2014 (esto teniendo en
cuenta que se declararon prescritas las diferencias pensionales causadas con
anterioridad al 7 de julio de 2006), y, por último, (vi) se hicieron las deducciones para
los aportes a salud14 y se liquidaron los intereses15.
18.2.- De otra parte, no había lugar al traslado de la liquidación realizada por el
contador del tribunal porque la ley no establece dicho procedimiento. Adicionalmente,
la liquidación del crédito presentada por el profesional contable no puede ser tenida
como un dictamen pericial, como lo afirman las accionantes, porque este trámite hace
parte del apoyo judicial al que se refiere el parágrafo artículo 446 del CGP.
Finalmente, no era deber del tribunal suplir la carga probatoria de la apoderada del
causante, pues era esta quien debía aportar el dictamen pericial, de conformidad con
el artículo 219 del CPACA16.
19.- Las accionantes afirman que el auto proferido el 8 de agosto de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Santander debió acceder a la solicitud de adición hecha
frente al auto del 23 de marzo de 2023. Al respecto, reiteran que el auto que resolvió
el recurso de reposición omitió hacer un pronunciamiento de fondo frente a cada una
de las inconformidades planteadas en el recurso de apelación, por lo que debía ser
complementado.
12 Según la parte motiva de la sentencia de primera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento, los
factores salariales devengados en el periodo de abril de 1999 al 30 de marzo de 2000 corresponden a sueldo
básico, 1/12 parte de. prima de Navidad, 1/12 parte de prima de vacaciones, 1/12 parte de bonificación por
servicios y 1/12 parte de prima de servicios.
13 Según se advierte en el certificado suscrito por el tesorero de la Fiscalía General de la Nación, del 5 de agosto
de 2010 (folio 77 del escrito de tutela).
14 Inciso tercero del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, adicionado por el artículo 1 de la Ley 1250 de 2008: «La
cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados será del 12% del ingreso de la respectiva
mesada pensional».
15 Señala el fallo de primera instancia que: «Conforme al canon 176 del Estatuto Contencioso Administrativo, se
generarán intereses a partir del treinta y uno de la ejecutoria de esta decisión, en cuanto se cumplan con los
supuestos de hecho previstos para ello en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo».
16 Artículo posteriormente modificado por el artículo 55 de la Ley 2080 de 2021.
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Accionantes: Azucena Báez Solano y otras
Se modifica la sentencia de primera instancia
20.- Al respecto, la Sala encuentra que el auto proferido el 8 de agosto de 2023 por
el tribunal tampoco incurrió en los defectos alegados por las accionantes. Como el
tribunal se había pronunciado frente a las inconformidades planteadas por la
apoderada del causante en el recurso de apelación, era procedente negar la solicitud
de adición del auto del 23 de marzo de 2023 al no existir algún punto que de
conformidad con la ley debiera ser objeto de pronunciamiento.
I. Se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado respecto a los
autos proferidos el 9 de marzo de 2023 y el 1° de junio de 2023 por el Juzgado
Cuarto Administrativo de Bucaramanga
21.- Durante el trámite de la acción de tutela, el Juzgado Cuarto Administrativo de
Bucaramanga profirió el auto del 16 de noviembre de 2023, por medio del cual realizó
control de legalidad del proceso y dejó sin efectos los autos proferidos el 9 de marzo
de 2023 y el 1° de junio de 2023. En consecuencia, la Sala declarará la carencia
actual de objeto por hecho superado frente a los reparos hechos contra estas
decisiones.
J. Frente a los reparos contra la UGPP, la acción de tutela no satisface el
requisito de subsidiariedad y no se encuentra probada la configuración de un
perjuicio irremediable
22.- Las accionantes pretenden que, a través de la acción de tutela, se ordene el
levantamiento de la medida de embargo que pesa sobre la cuota parte, en cabeza
del causante, de un inmueble ubicado en Bucaramanga. Dicha medida, fue ordenada
por la UGPP en el marco del proceso de cobro coactivo iniciado para recuperar los
mayores valores pensionales pagados al causante, según las sumas indicadas en la
liquidación del crédito. Adicionalmente, solicitan ordenar a la UGPP abstenerse de
constreñir a las accionantes para que alleguen escritura pública de la sucesión del
causante para acreditar su condición de herederas.
23.- En este sentido, la Sala encuentra que frente a la medida tomada por la UGPP
existían los siguientes medios de defensa: (i) contra el acto administrativo que
determinó los mayores valores pensionales recibidos podía interponerse el recurso
de reposición y podía demandarse su nulidad y solicitar el restablecimiento del
derecho; (ii) frente al proceso de cobro coactivo podían presentarse excepciones.
recurso de reposición contra el acto administrativo que las resuelva y demanda de
nulidad y el restablecimiento frente a al acto administrativo que ordena el embargo17.
17 Corte Constitucional. Sentencia T-412 del 28 de junio de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Accionantes: Azucena Báez Solano y otras
Se modifica la sentencia de primera instancia
23.1.- De la revisión del expediente se desprende que las accionantes interpusieron
recurso de reposición contra el acto administrativo que determina los mayores
valores pensionales recibidos por el causante, pero no se ejercieron el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho. Y en el trámite del procedimiento
de cobro administrativo no hay soporte probatorio que acredite que el ejercicio de los
medios de defensa ordinarios procedentes.
23.2.- Por tal motivo, la Sala no encuentra acreditado el cumplimiento del requisito
de subsidiariedad, pues no se probó que las accionantes hayan ejercido los medios
de defensa que disponían, o que estos se hayan tornado insuficientes para garantizar
la protección de sus derechos dentro del procedimiento de cobro coactivo.
Adicionalmente, no se probó el constreñimiento alegado por las accionantes ni se
acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que justifique la intervención del
juez de tutela.
24.- Finalmente, la Sala negará las solicitudes de desvinculación elevadas por el
Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga y la UGPP, pues de los hechos y
las pretensiones formuladas por las accionantes se advierte la participación directa
de dichas autoridades en el presente asunto.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFÍCASE la sentencia proferida el 2 de noviembre de 2023 por la
Sección Primera del Consejo de Estado, que quedará así:
DECLÁRASE la improcedencia por no estar acreditado el requisito de
relevancia constitucional respecto a los reparos hechos a las providencias
proferidas por el Tribunal Administrativo de Santander.
DECLÁRASE la carencia actual de objeto por hecho superado, respecto a los
reparos hechos a las providencias proferidas por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Bucaramanga.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05226-01
Accionantes: Azucena Báez Solano y otras
Se modifica la sentencia de primera instancia
DECLÁRASE la improcedencia por no estar acreditado el requisito de
subsidiariedad respecto a la UGPP.
NIEGÁNSE las solicitudes de desvinculación presentadas por el Juzgado
Cuarto Administrativo de Bucaramanga y la UGPP.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de esta
Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada a la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto
15
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