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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02789-00

Fecha
20 de octubre de 2023
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-02789-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo presentada por Yor Luis Zabala Rodríguez, Adriana Cecilia Zabala Rodríguez y Martha Cecilia Rodríguez Barbosa, por las razones dadas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin10. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-02789-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

20 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 20 de octubre de 2023

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02789-00
Demandante: Yor Luis Zabala Rodríguez y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Defectos fáctico | Defecto
sustantivo | desconocimiento del precedente judicial | Negar

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia de segunda instancia, dentro de
un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que se reclamó el
reconocimiento de la sustitución de la pensión de gracia de una docente fallecida.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Yor Luis Zabala
Rodríguez, Adriana Cecilia Zabala Rodríguez y Martha Cecilia Rodríguez
Barbosa contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
terceros.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 24 de mayo de 2023, Yor Luis Zabala Rodríguez, Adriana Cecilia
Zabala Rodríguez y Martha Cecilia Rodríguez Barbosa presentaron acción
de tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso e igualdad, con ocasión de la Sentencia de 5 de
diciembre de 2022, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 25000-23-42-000-2017-03936-00/01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):

“1. Se tutelen los derechos a un DEBIDO PROCESO e IGUALDAD, vulnerados
por el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02789-00
Demandante: Yor Luis Zabala Rodríguez y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera Instancia
Decisión: Niega
____________________________________________________________________________________________________________

SECCION SEGUNDA, SUBSECCION A, CONSEJERO PONENTE: WILLIAM
HERNÁNDEZ GÓMEZ, profiere la sentencia de fecha 05 DE DICIEMBRE DE 2022,
a través del cual se resuelve recurso de apelación dentro del Proceso Nulidad
y Restablecimiento del Derecho Radicado: N° 25000-23-42-000-2017-03936-01
(3806-2022).

2. Como consecuencia de la anterior decisión de Tutela, se REVOQUE la
decisión de 5 DE DICIEMBRE DE 2022, proferida por el CONSEJO DE ESTADO,
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION SEGUNDA,
SUBSECCION A, CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ, a través
de la cual se resuelve recurso de apelación dentro del Proceso Nulidad y
Restablecimiento del Derecho Radicado: N° 25000-23-42-000-2017-03936-01
(3806-2022).”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
se destacan los siguientes:

4. 1) María Betty Cajar de Zabala nació el 4 de septiembre de 1942 y
trabajó como docente oficial al servicio de la Escuela Nacional de
Señoritas de Sahagún – Córdoba y la Secretaría de Educación de Bogotá,
desde el 11 de marzo de 1965 hasta el 30 de diciembre de 1999.

5. 2) El 3 de diciembre de 1968, la señora Cajar de Zabala contrajo
matrimonio con Jorge Luis Zabala Acevedo y fruto de esa unión nacieron
Ingrid Josefina, Viviana de Jesús y María Isabel Zabala Cajar.

6. 3) Mediante Resolución No. 30042 de 2 de julio de 1993, la Caja
Nacional de Previsión Social (CAJANAL) reconoció una pensión de gracia
a favor de María Betty Cajar de Zabala. Prestación que fue reliquidada a
través de la Resolución No. 28371 de 28 de noviembre de 2001, en la que
se ordenó elevar su cuantía a $516.294.38, a partir del 30 de diciembre de
1999.

7. 4) La señora Cajar de Zabala falleció el 7 de septiembre de 2005.

8. 5) El 13 de marzo de 2012, Jorge Luis Zabala Acevedo solicitó a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscal de la Protección Social (UGPP) que se le reconociera la
sustitución pensional, con fundamento en que había convivido 37 años
con la causante y cumplía con los requisitos exigidos en el artículo 46 de la
Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003.

9. 6) Mediante Resolución No. RDP020629 de 20 de diciembre de 2012,
la mencionada solicitud fue negada, tras considerar que no se logró
comprobar que para el momento del deceso de la pensionada hubiese
existido una convivencia continua e ininterrumpida con el señor Zabala
Acevedo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02789-00
Demandante: Yor Luis Zabala Rodríguez y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera Instancia
Decisión: Niega
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10. 7) Contra la anterior decisión fue interpuesto recurso de reposición y,
en subsidio, apelación, los cuales fueron resueltos desfavorablemente
mediante Resoluciones No. RDP010809 de 9 de marzo y RDP012433 de 14
de marzo de 2013.

11. 8) El 30 de marzo de 2016, el señor Zabala Acevedo presentó nueva
solicitud de reconocimiento de la pensión de sobreviviente. Dicha petición
fue resuelta por la UGPP, en Resolución No. RDP 021197 de 31 de mayo de
2016, mediante la cual negó lo pretendido, bajo el argumento de que el
interesado no acreditó una convivencia con la pensionada fallecida
durante sus últimos 5 años previos a su muerte.

12. 9) Inconforme con el acto administrativo, el 1 de julio de 2016, el
interesado presentó recurso de reposición y, en subsidio, apelación. Ambos
fueron igualmente resueltos de forma negativa, a través de las
Resoluciones No. RDP30068 de 17 de agosto y RDP037249 de 4 de octubre
de 20162.

13. 10) El señor Zabala Acevedo presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, orientada a obtener la declaratoria de
nulidad de los actos administrativos de 31 de mayo y 4 de octubre de 2016,
para que, en su lugar, se ordenará a la UGPP el reconocimiento de
sobreviviente a su favor, en calidad de cónyuge supérstite de la señora
Cajar de Zabala. A su vez, que se condenara a la misma entidad al pago
de las mesadas pensionales dejadas de percibir desde que se causó el
derecho hasta que se dictara sentencia.

14. 11) Mediante Sentencia de 7 de octubre de 2021, la Subsección A
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Como
fundamento de su decisión, indicó que, si bien el señor Zabala Acevedo no
había logrado demostrar la convivencia con la señora Cajar de Zabala
durante sus últimos 5 años de vida, sí acreditó que entre ellos se celebró un
matrimonio religioso el 3 de diciembre de 1968 y que, de su unión fueron
procreadas 3 hijas.

15. Agregó que no se observó que la sociedad conyugal hubiese sido
disuelta, por lo que le asistía el derecho a la parte activa al reconocimiento
de la sustitución pensional. En consecuencia, indicó que al señor Zabala
Acevedo le debía ser otorgada la prestación reclamada en una cuantía
del 100 % de la pensión en vida gozaba su esposa fallecida. En cuanto al
fenómeno jurídico de la prescripción, arguyó que se encontraban
prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 30 de marzo de 2013,

2 Por medio de la cual se resolvió: “Confirmar en todas y cada una de sus partes la Resolución No. 21197 del 31

de mayo de 2016, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución”.

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Demandante: Yor Luis Zabala Rodríguez y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera Instancia
Decisión: Niega
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al haber transcurrido más de 3 años entre la fecha de causación del
derecho (7/9/2005) y la reclamación en sede administrativa (30/3/2016).

16. 12) La anterior decisión fue apelada por la UGPP, con fundamento
en que, de acuerdo a distintos pronunciamientos normativos y
jurisprudenciales sobre el régimen de la sustitución pensional, el señor
Zabala Acevedo no había logrado demostrar el requisito de convivencia
con la pensionada fallecida por lo menos durante los últimos 5 años de
vida de aquella, ya que, en la declaración extra juicio allegada al
proceso, el cónyuge manifestó que la pensionada vivía en la ciudad de
Bogotá, mientras que él tenía su domicilio en el municipio de San Marco,
Sucre. Resaltó que la jurisprudencia había sido enfática en sostener que la
comunidad de vida entre la pareja debía ser acreditada a fin de
demostrar los lazos de afecto y el ánimo de prestarse ayuda mutua,
aspectos que era imprescindibles para justificar el reconocimiento
pensional.

17. 13) En Sentencia de 5 de diciembre de 2022, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado revocó la sentencia apelada, tras
determinar que las pruebas documentales presentadas por la parte
demandante no llevan a la convicción de la existencia de una
convivencia real, constante y permanente con la señora Cajar de Zabala,
y mucho menos se acreditó el requisito de convivencia previsto en el
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley
797 de 2003, para reconocer la sustitución de la pensión, de acuerdo a los
lineamientos jurisprudenciales trazados por la Sentencia de 11 de agosto
de 2022, Rad. 23001-23-33-000-2014-00444-01 (1655-2017).

18. Como fundamento de la vulneración la parte accionante indicó que
con la decisión cuestionada la autoridad judicial incurrió en:

19. (1) Defecto fáctico, (a) al darle una valoración arbitraria a las
declaraciones extraprocesales allegadas donde se concluyó que no eran
“lo suficiente asertivas” para la demostración de los hechos constitutivos de
la convivencia como pareja entre Jorge Luis Zabala Acevedo y María Betty
Cajar de Zabala, específicamente en relación al modo, tiempo y lugar en
que se había desarrollado la misma; (b) al no valorar en conjunto las
pruebas aportadas, esto es, las declaraciones extra juicio, los registros
civiles de las hijas, el registro civil de matrimonio, la partida eclesiástica de
matrimonio expedida por la parroquia San José – Ciénaga de Oro y las
certificaciones de trabajo, pues omitió que la pareja había convivido
durante 37 años de casados, tenían 3 hijas y la imposibilidad de cohabitar
en el mismo techo por razón de trabajo, ya que ambos eran docentes; (c)
erró al indicar que no encontró justificada la separación de cuerpos entre
la causante y el compañero permanente.

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Demandante: Yor Luis Zabala Rodríguez y otros
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20. (2) Defecto sustantivo, por cuanto interpretó erradamente los
requisitos para la obtención de la sustitución de pensión, establecidos en el
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley
797 de 2003, tras afirmar que no se había acreditado el requisito mínimo de
convivencia previsto en el mencionado artículo.

21. (3) Desconocimiento del precedente constitucional contenido en la
Sentencia T-128 de 2016 de la Corte Constitucional, sobre el tiempo que se
debía acreditar dentro de la convivencia requerida en el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes y/o del derecho a la sustitución pensional.

1.2. Posición de la parte demandada y terceros3

22. La UGPP indicó que la acción de tutela era improcedente toda vez
que 1) la parte actora pretendía usarla como una tercera instancia para
revisar las decisiones adoptadas por juez natural y 2) no era el mecanismo
judicial idóneo para solicitar el reconocimiento de la pensión de
sobreviviente. En ese entendido, consideró que las autoridades judiciales
accionadas habían actuado conforme con la normatividad y el
precedente jurisprudencial aplicable, por lo que no existió ninguna
vulneración de los derechos fundamentales. A su vez, señaló que la parte
actora no tenía legitimación activa en la causa, puesto que Jorge Luis
Zabala Acevedo falleció el 12 de diciembre de 2020 y, tanto administrativa
como judicialmente, las pretensiones que había realizado en vida fueron
negadas. Por lo anterior, solicitó negar el amparo solicitado y archivar la
acción constitucional.

23. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la
Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el departamento de Cundinamarca guardaron silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Legitimación activa en la causa. 2.2. Fijación de la controversia. 2.3.
Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4. Verificación de
defectos alegados y/o vulneración de derechos fundamentales. 2.5. Conclusión.

2.1. Legitimación activa en la causa

24. La Sala considera que, si bien le corresponde al juez natural del
asunto determinar la procedencia de la sucesión procesal, debe indicarse
que ello resulta ser una cuestión diferente a la legitimación activa en la
causa dentro del mecanismo constitucional de tutela.

3 Mediante Auto de 31 de mayo de 2023, el despacho ponente resolvió (1) admitir la acción de tutela de la

referencia, (2) tener como demandado a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado (3)
vincular, en calidad de terceros interesados en el asunto, a la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al departamento de Cundinamarca y a la UGPP.

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25. De conformidad con el artículo 10 del Decreto 2591 de 19914, la
legitimación en la causa se predica de una persona que considere
amenazados o vulnerados sus derechos fundamentales. Así las cosas, en el
presente asunto, se observa que Yor Luis Zabala Rodríguez y Adriana
Cecilia Zabala Rodríguez, mediante registro civil de nacimiento,
acreditaron ser hijos del señor Jorge Luis Zabala Acevedo, quien falleció,
según consta en el registro civil de defunción aportado. En cuanto a
Martha Cecilia Rodríguez Barbosa, a pesar de existir un matrimonio y una
sociedad conyugal vigente entre María Betty Cajar de Zabala y el señor
Zabala Acevedo, para la época en que contrajo matrimonio con el
causante, se tendrá por superado pues alegó tener un interés legítimo
sustentado en un acto, que prima facie, se reputa legal como lo es el
registro civil de matrimonio. Por lo tanto, se advierte que no es el juez de
tutela el llamado a estudiar la validez de dicho negocio jurídico.

26. En esa medida, la Sala tendrá por acreditada la legitimación activa
en la causa, independientemente si, dentro del proceso ordinario se
declaró la sucesión procesal5, pues (1) Yor Luis Zabala Rodríguez, Adriana
Cecilia Zabala Rodríguez y Martha Cecilia Rodríguez Barbosa, acudieron a
la acción de tutela ante la presunta vulneración de sus propios derechos
fundamentales y de los del señor Zabala Acevedo, como sus hijos y esposa
y (2) se evidenció que Jorge Luis Zabala Acevedo hizo parte del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho que aquí se cuestiona.

2.2. Fijación de la controversia

27. Establecer, luego de verificados los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, si la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, como juez de
segunda instancia, incurrió en un: (1) defecto fáctico por no tener como
probada la convivencia de la señora María Betty Cajar de Zabala y Jorge
Luis Zabala Acevedo con fundamento en las declaraciones extra juicio, el
registro civil de matrimonio de estos, la partida eclesiástica de matrimonio
expedida por la parroquia San José de Ciénaga de Oro, los registros civiles
de matrimonio de las hijas concebidas y las certificaciones de trabajo de
los docentes; (2) defecto sustantivo por cuanto no le dio una debida
aplicación al artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo
13 de la Ley 797 de 2003; y (3) desconocimiento del precedente contenido
en la Sentencia T-128 de 2016 de la Corte Constitucional.

4 “Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por

cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma
o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.// También se pueden agenciar derechos
ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.// También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los
personeros municipales.”
5 La Sala no tiene certeza si dentro del proceso ordinario se adelantó la sucesión procesal, ya que, dentro del

expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, no se encontró constancia alguna que se
haya presentado solicitud de sucesión procesal.

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2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial6

28. La Sala advierte que se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, porque: (1) no existe recurso idóneo
y eficaz que permitiera al demandante alegar los reparos planteados vía
tutela y procurar la defensa del derecho presuntamente vulnerado.

29. (2) Hubo un plazo razonable entre la fecha de notificación de la
providencia enjuiciada (5/12/2022)7 y la interposición de la presente
acción de tutela (24/5/2023)8.

30. (3) No se enjuició un fallo de tutela, pues la controversia se relacionó
con una providencia de segunda instancia proferida en el marco de un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

31. (4) Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible los
hechos y la presunta vulneración derivada de ellos.

32. (5) Por último, se advierte que la controversia tiene relevancia
constitucional por tratarse de la presunta afectación del derecho
fundamental al debido proceso de la parte demandante, con ocasión de
una providencia judicial respecto de la cual se alegó una falta de
valoración probatoria, una indebida aplicación normativa y el
desconocimiento del precedente constitucional en relación a los requisitos
para obtener la sustitución pensional. Asimismo, no se advierte que los
argumentos planteados sean una reiteración de aquellos presentados en
el proceso ordinario.

2.4. Verificación de defectos alegados y/o vulneración de derechos
fundamentales

33. La Sala negará la solicitud de amparo, al no evidenciar vulneración
alguna al derecho fundamental al debido proceso, como tampoco la
configuración de los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del
precedente judicial, por las razones que se exponen a continuación:

34. 1) En lo relacionado con el defecto fáctico, la Sala advierte que, la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado adoptó la
decisión con fundamento en las pruebas que consideró relevantes para el
proceso, en el cual hizo un estudio razonable y proporcional de cada una
de estas para determinar si Jorge Luis Zabala Acevedo había demostrado

6 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la

Sentencia T-66 de 2019.
7Al consultar SAMAI, se constató que el mensaje de datos se envió el 16 de enero 2023. Ver índice No. 16del

expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 25000-23-42-000-2017-03936-01.
8 Según acta Individual de reparto.

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cumplir con los requisitos señalados en el artículo 47 de la Ley 100 de 19939,
para ser acreedor de la sustitución de la pensión de gracia de María Betty
Cajar de Zabala (se trascribe):

“(…) De otro lado, de las declaraciones extraprocesales arrimadas al proceso,
las cuales si bien es cierto no pueden ser tenidas en cuenta como testimonios
dentro del proceso judicial, sí procede su valoración como documentos
declarativos de terceros, acorde con el artículo 262 del Código General del
Proceso, no son lo suficientemente asertivas para la demostración de los
hechos constitutivos de la convivencia como pareja entre el señor Jorge Luis
Zabala Acevedo y la señora María Betty Cajar de Zabala, pues en
observancia de estos medios de convicción a la Sala no le es posible
determinar con precisión cual fue la data a partir de la cual la pareja inició la
convivencia efectiva o mucho menos que esta hubiese perdurado en el
tiempo.

En estos términos, no se ha demostrado la convivencia real entre los
implicados, específicamente en lo que respecta al modo, tiempo y lugar en
que se desarrolló la misma, pues al margen de que los deponentes hubieren
afirmado que la pareja convivió hasta el 7 de septiembre de 2005, fecha del
fallecimiento de la causante, sus dichos no llevan a la convicción plena del
aspecto que aquí se debate, es decir, la convivencia; ello, toda vez que no
expusieron con claridad situaciones tendientes a demostrar la permanencia
en la relación.

Sea pertinente indicar que, si bien los señores Jorge Luis Zabala Acevedo y
María Betty Cajar de Zabala contrajeron matrimonio el 3 de diciembre de
1968, tal como se desprende de la partida eclesiástica expedida por la
parroquia San José de Ciénaga de Oro, bajo este hecho no puede
predicarse la existencia de vínculos permanentes y estables que refieran una
cohabitación entre aquellos. Lo anterior sumado al hecho de que no se logró
comprobar una comunidad de vida forjada en el crisol del amor responsable,
la ayuda mutua, el acompañamiento espiritual y la asistencia solidaria;
elementos característicos de una convivencia en pareja.

Empero, pese a las manifestaciones tendientes a afirmar el vínculo sentimental
entre ellos, estas no conducen propiamente al reconocimiento de una
convivencia real y efectiva bajo el apoyo espiritual y físico, lo cual excluye los
encuentros pasajeros, casuales o esporádicos, e incluso las relaciones que, a
pesar de ser prolongadas o en las que incluso se haya contraído matrimonio,
no engendren las condiciones necesarias de una comunidad de vida (…)”.

35. De acuerdo con lo anterior, pese a que la parte actora alegó una
indebida valoración de las pruebas legalmente aportadas al proceso y
afirmó que el señor Zabala Acevedo acreditó la condición de cónyuge
supérstite de la pensionada fallecida mediante registro civil de matrimonio,
lo cierto es que el simple acto jurídico no demuestra que hubiera existido
una convivencia material y efectiva con la causante (donde hubiesen
tenido un proyecto de vida con permanencia, caracterizado por la
solidaridad y apoyo mutuo, más si se tiene en cuenta que la pensionada
falleció en el 2007 y el señor Zabala Acededo contrajo matrimonio en el
2006 con la señora Rodríguez Barbosa), no menos de 5 años continuos
hasta el momento de su fallecimiento, es decir, que no se probó la
exigencia de un mínimo de convivencia para establecer el

9 Modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

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reconocimiento de la sustitución pensional, tal y como se señaló en la
Sentencia SUJ-029- CE-S2 de 11 de agosto de 2022, (se trascribe):

“(…) no es suficiente con demostrar la existencia del vínculo matrimonial, o de
la convivencia al momento del fallecimiento, en tanto, el artículo 47 de la Ley
100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, exige al
cónyuge o al compañero acreditar no menos de 5 años de convivencia con
el docente o el pensionado.”.

36. En ese orden, es importante resaltar que, así como lo mencionó en su
momento el juez natural, en virtud de la carga de la prueba, por regla
general, corresponde a cada parte acreditar los hechos que invoca y la
veracidad de la tesis sostenida a través de las pruebas pertinente para ello,
a fin de verificar lo perseguido con el ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.

37. En atención a lo expuesto, no se configuró un defecto fáctico, toda
vez que, la apreciación de las pruebas se caracterizó por ser un acto
autónomo del juez natural, en el marco de la sana crítica, por lo cual
emerge el principio constitucional de la autonomía judicial y, a su vez, se
evidenció la falta de actividad probatoria por parte del demandante en
relación con el tiempo de convivencia con la causante.

38. 2) En relación con el defecto sustantivo, para la Sala, la aplicación
normativa e interpretativa realizada por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en lo que refiere al cumplimiento de los
requisitos para el reconocimiento de la sustitución pensional, fue acertada
por cuanto no se dieron los supuestos de hecho establecidos en el artículo
47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de
2003, al no acreditar la existencia de un vínculo (se trascribe) “fundado en
una cohabitación continua y estable bajo el mismo techo, como mucho
menos la codependencia económica y los lazos de apoyo y socorro
recíproco durante los últimos 5 años de existencia de la causante”.

39. Por lo anterior, se concluye que no se incurrió en defecto material o
sustantivo, sino que, por el contrario, la decisión adoptada por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, se ajustó al
ordenamiento legal y al precedente jurisprudencial vigente al momento de
resolver el asunto.

40. 3) Frente al aparente desconocimiento de la Sentencia T-128 de 2016
de la Corte Constitucional, la Sala advierte que no se configuró el defecto
alegado, en razón a que la mencionada providencia no fijó reglas de
unificación sobre el requisito de convivencia para el cónyuge supérstite o
el compañero permanente en materia de sustitución de pensión gracia,
de las cuales se pueda predicar su desconocimiento.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-02789-00
Demandante: Yor Luis Zabala Rodríguez y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera Instancia
Decisión: Niega
____________________________________________________________________________________________________________

2.5. Conclusión

41. En ese orden de ideas, la Sala negará la solicitud de amparo por no
encontrar configurados los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento
del precedente judicial, alegados por la parte demandante.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo presentada por Yor Luis Zabala
Rodríguez, Adriana Cecilia Zabala Rodríguez y Martha Cecilia Rodríguez
Barbosa, por las razones dadas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal
fin10.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

10 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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