Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-03936-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-03936-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-03936-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
5 de diciembre de 2022
1
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03936-01 (3806-2022)
Demandante: Jorge Luis Zabala Acevedo
Demandada: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2017-03936-01 (3806-2022)
Demandante: JORGE LUIS ZABALA ACEVEDO
Demandada: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE
LA PROTECCIÓN SOCIAL1
Tema: Sustitución pensión gracia. Aplicación integral de la
sentencia de unificación SUJ-029-CE-S2 del 11 de agosto
de 2022. Falta de acreditación de convivencia real y
permanente entre causante y cónyuge supérstite.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-212-2022
ASUNTO
La Subsección A decide el recurso de apelación formulado por la parte
demandada contra la sentencia proferida el 7 de octubre de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Jorge Luis Zabala Acevedo en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20112, formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones3
1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos expedidos
por la entidad demandada: i) Resolución RDP021197 del 31 de mayo de
2016 que negó el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a favor
del libelista con ocasión del fallecimiento de la señora María Betty Cajar de
Zabala, y; ii) Resolución RDP037249 del 4 de octubre de 2016 por medio
1
En adelante UGPP.
2
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,
en adelante CPACA.
3
Folios 2 a 3.
2
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03936-01 (3806-2022)
Demandante: Jorge Luis Zabala Acevedo
Demandada: UGPP
de la cual se confirmó en todas sus partes la precitada decisión
administrativa.
2. A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la UGPP a efectuar el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a que tiene derecho el señor
Jorge Luis Zabala Acevedo en su condición de cónyuge supérstite de la
señora María Betty Cajar de Zabala.
3. Se condene al pago de la suma de $303.002.559 por concepto de mesadas
pensionales dejadas de percibir desde el momento de la causación del
derecho, esto es, el 7 de septiembre de 2005.
4. Que se conmine a la demandada a dar cumplimiento a la sentencia en los
términos del artículo 197 y subsiguientes del CPACA, y al pago de costas
que se generen dentro del proceso.
Fundamentos fácticos relevantes4
1. El señor Jorge Luis Zabala Acevedo contrajo matrimonio con la señora
María Betty Cajar de Zabala el 3 de diciembre de 1968.
2. La señora Cajar de Zabala prestó sus servicios al Estado desde el 11 de
marzo de 1965 y hasta el 30 de diciembre de 1999.
3. Mediante Resolución 30042 del 2 de julio de 1993 le fue otorgada una
pensión gracia a la referida mujer. Esta prestación fue reliquidada a través
de la Resolución 028371 del 28 de noviembre de 2001, en el sentido de
elevar la cuantía de la misma a una suma de $516.294,38.
4. La señora María Betty Cajar de Zabala falleció el 7 de septiembre de 2005.
5. El demandante manifestó que mantuvo una convivencia con la causante
desde el 3 de diciembre de 1968 y hasta la fecha del deceso de esta última,
por un período total de 37 años. Agregó que de dicha unión procrearon tres
hijas que responden al nombre de Ingrid Josefina, Viviana de Jesús y María
Isabel Zabala Cajar.
6. Por medio de escrito del 13 de marzo de 2012, el libelista presentó ante la
UGPP solicitud de reconocimiento de pensión de sobrevivientes.
7. El anterior requerimiento fue desatado de manera negativa en la Resolución
RDP020629 del 20 de diciembre de 2012, al argumentar la entidad
demandada que no se logró comprobar que para el momento del deceso de
la pensionada hubiere existido una convivencia continua e ininterrumpida
con el reclamante.
8. En consecuencia, fue interpuesto recurso de reposición y en subsidio el de
apelación contra la anterior resolución, los cuales fueron desatados
desfavorablemente mediante Resoluciones RDP010809 del 9 de marzo de
2013 y RDP012433 del 14 de marzo del mismo año, que resolvieron
confirmar en todas sus partes la decisión administrativa recurrida.
4
Folios 3 a 8.
3
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03936-01 (3806-2022)
Demandante: Jorge Luis Zabala Acevedo
Demandada: UGPP
9. El libelista presentó nuevamente solicitud de reconocimiento pensional, el
30 de marzo de 2016.
10. En atención a ello fue proferida la Resolución RDP021197 del 31 de
mayo de 2016 que negó el derecho prestacional instado, bajo el estimado
de que el interesado no acreditó una convivencia con la pensionada
fallecida durante sus últimos 5 años de vida.
11. Fue interpuesto recurso de reposición y en subsidio el de apelación
contra dicho acto administrativo, y este primero fue desatado de manera
negativa a través de la Resolución RDP037249 del 4 de octubre de 2016.
SOBRE LA AUDIENCIA INICIAL
En el presente proceso no se celebró dicha diligencia, debido a que, conforme
al auto del 19 de junio de 2020 (folio 449), el a quo prescindió de esta en
aplicación del artículo 13 del Decreto Legislativo 806 de 2020, ello con el fin
de correr traslado para alegar de conclusión y proferir sentencia anticipada por
tratarse de un litigio de pleno derecho sin pruebas pendientes para practicar.
SENTENCIA APELADA5
El a quo profirió sentencia escrita el 7 de octubre de 2021, en la cual accedió
parcialmente a las pretensiones del demandante con fundamento en las
siguientes consideraciones:
Inicialmente puntualizó que en lo referente al goce de la pensión gracia y en
virtud de las normas especiales que la rigen, se advierte que no se encuentra
regulada la figura de sustitución pensional de la misma, pero en igual sentido,
tampoco se pronunció sobre su prohibición.
Bajo este entendido, se remitió a lo preceptuado por la Ley 71 de 1988 y su
Decreto Reglamentario 1160 de 1989 a fin de exponer que estas prerrogativas
agruparon los derechos mínimos en materia de sustituciones pensionales a
favor de los afiliados de cualquier naturaleza, así como en su artículo 3.°
extendió las previsiones de las Leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y
113 de 1985 respecto a los cónyuges y compañeros permanentes como
beneficiaros de la prestación, entre otros grupos.
Ahora, en punto al sub lite analizó los elementos de convicción aportados al
plenario para concluir que al margen de que el señor Jorge Luis Zabala
Acevedo no logró demostrar la convivencia con la señora María Betty Cajar de
Zabala durante sus últimos 5 años de vida, sí se acreditó que entre ellos se
celebró un matrimonio religioso el 3 de diciembre de 1968 y que de su unión
fueron procreada tres hijas. Agregó que no se observó que la sociedad
conyugal hubiese sido disuelta, por lo que le asiste el derecho a la parte activa
al reconocimiento de la sustitución pensional, en los términos desarrollados
por la jurisprudencia del Consejo de Estado.
5
Folios 484 a 498.
4
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03936-01 (3806-2022)
Demandante: Jorge Luis Zabala Acevedo
Demandada: UGPP
En consecuencia, indicó que al señor Zabala Acevedo le debía ser otorgada
la prestación de la referencia en una cuantía del 100 % de la pensión gracia
que en vida gozaba su esposa fallecida. En cuanto al fenómeno jurídico de la
prescripción, arguyó que se encontraban prescritas las mesadas causadas con
anterioridad al 30 de marzo de 2013, al haber transcurrido más de tres años
entre la fecha de causación del derecho (7 de septiembre de 2005) y la
reclamación en sede administrativa (30 de marzo de 2016).
Acorde a los anteriores razonamientos, el tribunal de primera instancia profirió
sentencia que se resume así: i) declaró la nulidad de las Resoluciones
RDP021197 del 31 de mayo y RDP037249 del 4 de octubre, ambas de 2016,
que negaron el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a favor de la
parte activa; ii) ordenó a la UGPP a reconocer y pagar a favor del demandante
una pensión de sobrevivientes, con efectividad a partir del 30 de marzo de
2013, de conformidad con la parte motiva del proveído, y; iii) denegó las demás
pretensiones de la demanda.
RECURSO DE APELACIÓN6
La UGPP presentó recurso de alzada contra la decisión reseñada
anteriormente y solicitó que esta sea revocada para denegar las pretensiones
de la demanda. Al respecto, efectuó un recuento normativo de las sendas
disposiciones que han regulado el régimen de la sustitución pensional, para
indicar que en el caso de marras el demandante no ha logrado demostrar el
requisito de convivencia con la pensionada fallecida por lo menos durante los
últimos 5 años de vida de aquella, si se tiene en cuenta que en la declaración
extrajuicio arrimada por el señor Zabala Acevedo se manifestó que la finada
vivía en la ciudad de Bogotá mientras que él en el municipio de San Marco,
Sucre.
Resaltó que la jurisprudencia ha sido enfática en sostener que la comunidad
de vida entre la pareja debe ser acreditada a fin de demostrar los lazos de
afecto y el ánimo de prestarse ayuda mutua, aspectos que justifican el
reconocimiento pensional. En estos términos, concluyó su razonamiento al
precisar que en el sub examine únicamente obran como elementos de juicio
para comprobar el lleno de los requisitos, las declaraciones extraproceso, las
cuales carecen del valor probatorio suficiente para acceder a los pedimentos
de la demanda.
SOBRE LA ETAPA DE ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA
INSTANCIA
Una vez presentado el recurso de apelación por la parte demandada, al estar
dentro del término procesal correspondiente, el Despacho ponente mediante
auto del 18 de agosto de 2022, admitió el recurso de alzada y, en concordancia
con el artículo 212 del CPACA y el ordinal 5.° del artículo 67 de la Ley 2080 de
2021 a través del cual se modificó el artículo 247 del CPACA, dispuso que por
Secretaría, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de mencionada
providencia, pasara el expediente al Despacho para dictar sentencia, salvo
que las partes presenten solicitud probatoria.
6
Folios 501 a 507.
5
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03936-01 (3806-2022)
Demandante: Jorge Luis Zabala Acevedo
Demandada: UGPP
En cumplimiento de lo anterior y en atención a la constancia del 16 de
septiembre de 2022, proferida por la Secretaría, visible a índice 11 del registro
de SAMAI, en la cual se indicó que no hubo solicitud de pruebas, se procede
a decidir de fondo el asunto.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de apelación, el cual en el presente caso únicamente lo formuló la
entidad demandada.
Problema jurídico
Con fundamento en los anteriores argumentos, el problema jurídico que se
debe resolver en esta instancia, se resume en la siguiente pregunta:
¿El señor Jorge Luis Zabala Acevedo cumple con los requisitos previstos en
el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley
797 de 2003, para ser beneficiario de la sustitución de la pensión gracia con
ocasión del deceso su cónyuge, la señora María Betty Cajar de Zabala?
Al respecto, la Subsección sostendrá la siguiente tesis: debido a las
características propias de la pensión gracia instada por el demandante para
su sustitución, resulta aplicable a su caso la sentencia de unificación dictada
por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 11 de agosto de 2022.
Empero, el señor Jorge Luis Zabala Acevedo, en su calidad de cónyuge
supérstite, no demostró el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley y,
por tanto, no tiene derecho a la sustitución deprecada, con base en los
argumentos que a continuación se esbozan.
Acerca de la sentencia de unificación SUJ-029-CE-S2 del 11 de agosto de
2022 y su aplicación en el presente caso
Al respecto, se resalta que la sentencia SUJ-029-CE-S2 del 11 de agosto de
2022 fue dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado, con el fin de
fijar las reglas jurisprudenciales de interpretación para la resolución judicial y
administrativa de asuntos como el analizado en dicha providencia y el que es
objeto de examen en esta oportunidad, correspondiente a la acreditación del
requisito de convivencia por parte del beneficiario que, en calidad de cónyuge
o compañero permanente, reclame la sustitución de la pensión gracia del
docente fallecido.
En punto a los efectos de esta decisión, es válido anotar que la misma
sentencia los contempló de manera retrospectiva según el ordinal segundo de
6
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03936-01 (3806-2022)
Demandante: Jorge Luis Zabala Acevedo
Demandada: UGPP
su parte resolutiva7, ello a fin de que estos se extendieran a todas las
situaciones pendientes de definición jurídica que no hayan sido objeto de
consolidación del fenómeno de cosa juzgada, por lo que claramente su
estudio y sometimiento para resolver el asunto sub lite es pertinente y
necesario, puesto que el proceso de la referencia se encuentra pendiente de
definición judicial en segunda instancia y se ajusta a los criterios temáticos de
dicha providencia.
Ahora, la sentencia unificadora aludida abordó el estudio sobre las normas
que regulan la sustitución de la pensión gracia, las cuales hacen referencia a
las vigentes para la fecha del fallecimiento del pensionado o del docente, bajo
la aclaración de que cuando se presenta el deceso del trabajador que tenía
un derecho consolidado se está en el campo de la sustitución pensional,
mientras que cuando quien muere es el afiliado se habla de pensión de
sobrevivientes.
En ese orden, se destaca que en lo relativo a las precisiones efectuadas en el
proveído en mención frente al marco normativo que gobierna a los casos como
el particular, se partió de la premisa general según la cual la norma aplicable
es la contenida en el Sistema General de Pensiones, siempre que esta se
encontrare vigente a la fecha del fallecimiento del causante, conforme se
señaló:
«[…] 105. En el marco de unificación en el que se elabora el presente estudio,
corresponde a la Sala definir si en el caso de la pensión gracia la norma aplicable
para el requisito de convivencia de los beneficiarios de la sustitución pensional y
pensión de sobrevivientes son las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, que exigen
5 años de convivencia del cónyuge supérstite o compañero permanente con el
causante; o la Ley 71 de 1988, reglamentada por el Decreto 1160 de 1989, que
en el caso del cónyuge supérstite solo exige el vínculo matrimonial y que al
momento del deceso hiciere vida en común con el causante; y para el compañero
permanente requería que hubiere hecho vida marital con el docente durante el año
inmediatamente anterior al fallecimiento.
[…]
107. En este punto es pertinente destacar que el artículo 279 de la Ley 100 de
1993, también exceptuaba a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio. Posteriormente, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003
dispuso que los docentes vinculados después de su entrada en vigencia tendrán
“los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003”. Y, para los vinculados antes “gozan del
mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985”8. Entonces tal como lo ha dicho la
jurisprudencia de esta Corporación los docentes en materia pensional gozan de
una pensión que no es especial, sino que dependiendo de la fecha de vinculación
se rige por las normas para la pensión ordinaria de jubilación anteriores o las del
SGSSP.
7
El cual reza lo siguiente: «[…] Segundo: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas en esta providencia en relación con los temas objeto de unificación, constituyen precedente
obligatorio en los términos del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en discusión
tanto en vía administrativa como judicial, toda vez que los efectos de la presente sentencia de unificación
son retrospectivos, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. […]». (Negrilla del
texto original).
8
Sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-19 del 25 de abril de 2019, proceso con radicado 68001-23-
33-000-2015-00569-01(0935-17).
7
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03936-01 (3806-2022)
Demandante: Jorge Luis Zabala Acevedo
Demandada: UGPP
108. Ahora bien, retomando el carácter especial de la pensión gracia se tiene que,
en todo caso, la referida característica no excluye la procedencia de la sustitución
pensional conforme las previsiones generales vigentes para la fecha de
fallecimiento del docente. No obstante, en este punto se resalta que como la
pensión gracia no requiere aportes ni afiliación a la Caja Nacional de Previsión
Social, la aplicación de las normas generales procederá en tanto sean compatibles
con aquella.
109. La remisión a las normas generales consta en el Acto Legislativo 01 de 2005,
el cual constitucionalizó que: “Los requisitos y beneficios para adquirir el derecho
a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes
del Sistema General de Pensiones". Por ello, la Corte Constitucional consideró que
“Esta regla constitucional impide la aplicación ultractiva de regímenes de
pensiones de sobrevivientes anteriores a la Ley 100 de 1993”. En consecuencia,
para el caso de la pensión gracia, en materia de sustitución pensional es
improcedente aplicar la Ley 71 de 1988, reglamentada por el Decreto 1160 de
1989, por ser normas anteriores a la Ley 100 de 1993. Sin perjuicio de la protección
de los derechos adquiridos o situaciones consolidadas bajo su vigencia.
[…]
122. De esta forma, la aplicación de la Ley 100 de 1993 en materia de pensión
gracia sobre la convivencia para los beneficiarios del docente que laboró 20 años
de servicio, se explica en tanto como norma general complementa una pensión
especial; pero, a la luz de los principios de razonabilidad y proporcionalidad no
puede conllevar a que también proceda el reconocimiento de la pensión gracia de
sobrevivientes con 50 semanas de cotización, porque la vocación de sustituibilidad
de una pensión creada como especial y transitoria no puede llevar a perpetuar una
regulación de un tiempo pretérito (1913), creada para compensar salarialmente a
los maestros de primaria de las regiones apartadas. […]». (Negritas del texto).
En igual sentido, a lo largo de este proveído el Consejo de Estado indicó que
el Acto Legislativo 01 de 2005 introdujo a nuestro ordenamiento nuevos
criterios como el de la equidad y la sostenibilidad financiera del sistema de
seguridad social, por cuanto este dispone de recursos limitados que debían
ser distribuidos de acuerdo con las necesidades de la población.
Puntualmente respecto a la pensión de sobrevivientes, la referida adición
normativa trazó que para su reconocimiento debía remitirse a las leyes del
Sistema General de Pensiones (Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797
de 2003), que son las que contienen los requisitos para lo propio; ello bajo la
regla general según la cual, la norma que gobierna la situación pensional es la
vigente para la fecha del deceso del causante.
Lo anterior, precisamente con el propósito de fortalecer el sistema pensional,
tal como fue invocado por la sentencia unificadora, al sostener textualmente
que: «el requisito de convivencia de 5 años en materia de pensión de sobrevivientes
responde a las necesidades de robustecer el sistema pensional, blindándolo de
fraudes pensionales que lo desfinancian, con matrimonios o convivencias de último
minuto, a las que se refieren las sentencias C-1176 de 2001 y SU 149 de 2021». Sin
perderse de vista que la finalidad de la sustitución pensional y de la pensión
de sobrevivientes, en el marco de las referidas disposiciones normativas, es
que la pareja del trabajador o pensionado hubiese tenido un proyecto de vida
con permanencia, solidaridad y apoyo mutuo.
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-03936-01 (3806-2022)
Demandante: Jorge Luis Zabala Acevedo
Demandada: UGPP
En suma, se colige que la circunstancia de muerte del docente o del
pensionado habilita a los beneficiarios para reclamar la sustitución de la
pensión gracia, pues esta resulta sustituible conforme a las reglas generales
en materia pensional, lo que fuerza a remitirse a los preceptos vigentes para
la fecha del deceso. Entendimiento anterior el cual excluye la aplicación de la
Ley 71 de 1988 y el artículo 7.º del Decreto 1160 de 1989, si el fallecimiento
ocurre en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Bajo los términos expuestos en la sentencia unificadora del 11 de agosto de
2022, es dable concluir frente a la sustitución pensional o pensión de
sobrevivientes de la pensión gracia que:
i) La norma aplicable es la vigente para la fecha del deceso del maestro
o del docente pensionado.
ii) Los requisitos de los beneficiarios en su calidad de cónyuge o
compañero o compañera permanente son los previstos en el artículo 47
de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de
2003, que exige la acreditación de no menos de 5 años de convivencia,
siempre que sean las normas vigentes para la fecha del fallecimiento
del causante.
iii) La aplicación del Sistema General de pensiones no habilita a reconocer
la prestación con fundamento en el numeral 2.º del artículo 46 de la Ley
100 de 1993 modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 20039, esto
es, a la luz de la acreditación de 50 semanas de cotización, sino
únicamente en cumplimiento de 20 años de servicios, al tratarse de una
pensión de carácter especial.
Ahora, la Sala encuentra que mediante Resolución 30042 del 2 de julio de
199310 la extinta Cajanal (hoy UGPP) reconoció una pensión gracia a favor de
la señora María Betty Cajar de Zabala; prestación la cual, en ejercicio del
presente medio de control, es instada por la parte activa para que le sea
sustituida en su alegada condición de cónyuge supérstite.
Por su parte, la inconformidad de la autoridad demandada se centra en la no
acreditación por parte del señor Zabala Acevedo del requisito de convivencia
exigido por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13
de la Ley 797 de 2003, para acceder a la sustitución pensional, por lo que en
su recurso de alzada solicitó que se revocara la sentencia impugnada, y en su
lugar, denegar los pedimentos de la demanda.
Bajo las condiciones en cita, es diáfano que para definir la presente
controversia se debe acudir a la regla jurisprudencial anunciada en
precedencia, contenida en la sentencia de unificación SUJ-029-CE-S2 del 11
de agosto de 2022 de esta Sección Segunda, en lo que respecta al
cumplimiento del requisito de convivencia durante no menos de 5 años
continuos con anterioridad al fallecimiento del pensionado.
Régimen legal de la sustitución pensional
9
“Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere
cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento”.
10
Conforme se desprende de la parte motiva de la Resolución RDP021197 del 31 de mayo de 2016, a
folio 30.
9
Radicado: 25000-23-42-000-2017-03936-01 (3806-2022)
Demandante: Jorge Luis Zabala Acevedo
Demandada: UGPP
Conforme al artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad social es un
servicio público obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y
control del Estado, con observancia de los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, en los términos que determine la ley.
A través de la Ley 100 de 1993, el legislador organizó el Sistema de Seguridad
Social Integral, en lo que tiene que ver con el régimen de pensiones, su
objetivo fue garantizar a la población el amparo contra las eventualidades
derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de
las pensiones y prestaciones que se determinan en la citada ley.
Así pues, con la finalidad de atender la contingencia derivada de la muerte, el
legislador previó la denominada pensión de sobrevivientes y sustitución
pensional, como una prestación dirigida a suplir la ausencia repentina del
apoyo económico que brindaba el afiliado al grupo familiar y, por ende, evitar
que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las condiciones
mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha prestación. Es
decir, que su reconocimiento se fundamenta en normas de carácter público y
constituye un desarrollo del principio de solidaridad.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-1094 de 2003, manifestó:
«[…] Por su parte, el legislador ha dispuesto que el sistema general de pensiones
tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias
derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las
pensiones y prestaciones que se determinan en ley, así como propender por la
ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con
un sistema de pensiones.
La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos
instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social
antes mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es la protección
de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las
personas que dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo
sus necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la situación social y
económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido.
Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de prelación, las
personas más cercanas y que más dependían del causante y compartía con él su
vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades. […]» (Se subraya).
En este punto es relevante aclarar que, si bien ambas figuras tienen la misma
finalidad, la sustitución pensional es aquella prestación que se le otorga al
núcleo familiar de un pensionado que fallece o del afiliado que cumple con los
requisitos legalmente exigibles para pensionarse y fallece; en cambio la
pensión de sobrevivientes es aquella prestación que se le otorga al núcleo
familiar del afiliado no pensionado, que muere sin cumplir con los requisitos
mínimos para obtener la pensión11.
Beneficiarios de la sustitución pensional
En cuanto a la normativa que prevé la sustitución pensional, esta Subsección
11
Sentencia T-564 de 2015. Sentencia del 3 de septiembre de 2015. Referencia expediente T-4.919.041.
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-03936-01 (3806-2022)
Demandante: Jorge Luis Zabala Acevedo
Demandada: UGPP
en diferentes oportunidades12, así como en la sentencia de unificación SUJ-
029-CE-S2 del 11 de agosto de 2022, ha considerado que las disposiciones
aplicables son aquellas vigentes al momento del fallecimiento del causante.
En este sentido, en razón a que el deceso de la señora María Betty Cajar de
Zabala (causante de la pensión en controversia) se produjo el 7 de septiembre
de 200513, es por lo que, frente a la sustitución pensional, estaba vigente la
Ley 100 de 1993 que en lo pertinente fue modificada por la Ley 797 de 2003 y
preceptúa:
«[…] Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios
de la pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o
compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida
marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no
menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte; […]».
(Resaltado del texto).
Conforme a la normativa en cita, se observa que para que el compañero
permanente o cónyuge supérstite sea beneficiario de la sustitución pensional,
se debe probar, en este caso, que el aquí demandante hizo vida marital con la
causante hasta la fecha de su deceso no menos de cinco años continuos con
anterioridad a su muerte.
El aparte subrayado de la norma citada fue declarado exequible por la Corte
Constitucional, que en sentencia C-1094 de 200314 consideró:
«[…] La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos
instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social
antes mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es la protección
de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las
personas que dependían económicamente del causante puedan seguir
atendiendo sus necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la situación
social y económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha
fallecido. Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de
prelación, las personas más cercanas y que más dependían del causante y
compartía con él su vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades.
[…]
En relación con los cargos formulados, la Corte encuentra que, en principio, la
norma persigue una finalidad legítima al fijar requisitos a los beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes, lo cual no atenta contra los fines y principios del
sistema. En primer lugar, el régimen de convivencia por 5 años sólo se fija
para el caso de los pensionados y, como ya se indicó, con este tipo de
disposiciones lo que se pretende es evitar las convivencias de última hora
con quien está a punto de fallecer y así acceder a la pensión de
sobrevivientes. […]». (Negrilla del texto).
12
Ver, entre otras, sentencias del 10 de noviembre de 2005. Exp. 3496-04; y del 2 de octubre de 2008.
Exp. 2638-2014.
13
Acorde con el registro civil de defunción obrante a folio 115.
14
Sentencia del 19 de noviembre de 2003. Referencia: expediente D-4659.
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En este orden de ideas, se observa que la exigencia de ese requisito no es
otra cosa que evitar que con base en vínculos adquiridos a último momento y
convivencia que no tenga el carácter de permanencia, se origine el derecho a
sustituir, en forma vitalicia, una prestación.
Ahora bien, en lo que respecta a la convivencia y lo que se ha entendido como
tal, esta Subsección15 ha sostenido:
«[…] La “convivencia” entendida no solamente como "habitar juntamente" y "vivir
en compañía de otro" sino como acompañamiento espiritual y moral permanente,
auxilio, apoyo económico y vida en común es el cimiento del concepto de familia.
Núcleo básico de la sociedad que, como ya se indicó, es el objeto principal de
protección de la sustitución pensional.
Es necesario precisar que la voluntad de conformar hogar y mantener una
comunidad de vida, son elementos distintivos y esenciales del grupo familiar, los
cuales, en criterio reciente y reiterado de la Corte Suprema de Justicia16, no se
pueden desvirtuar por la “separación”, cuando esta eventualidad se impone por la
fuerza de las circunstancias:
“El grupo familiar lo constituyen aquellas personas entre las que se establecen
lazos afectivos estables que deben trascender el plano de un mero
acompañamiento emocional y social, y alcanzar el nivel de un proyecto común de
vida; es esencial a la familia el prestarse ayuda mutua, que no es cualquier
clase de apoyo sino la que se encamina a realizar el propósito familiar
común.
De esta manera el acompañamiento espiritual y material ha de estar referido
a lo que la jurisprudencia ha reiterado: una verdadera vocación de constituir
una familia.
En sentencia de 8 de septiembre de 2009, rad. N° 36448, precisó la Corporación:
‘En el diseño legislativo de la pensión de sobrevivientes tal como fue concebida
en la Ley 100 de 1993, la convivencia ha estado presente como condición esencial
para que el cónyuge o la compañera o compañero permanente accedan a esa
prestación.
‘Este ha sido también el criterio reiterado de la jurisprudencia de la Corte,
que ha visto en la convivencia entendida como acompañamiento espiritual
permanente, apoyo económico y con vida en común que se satisface
cuando se comparten los recursos que se tienen, con vida en común o aún
en la separación cuando así se impone por fuerza de las circunstancias, ora
por limitación de medios, ora por oportunidades laborales, el cimiento del
concepto de familia en la seguridad social y requisito indispensable para que la
cónyuge o la compañera o compañero permanente puedan tener la condición de
miembros del grupo familiar, y vocación para ser beneficiarios de la prestación por
muerte del afiliado o pensionado.
‘Lo anterior significa que en principio para que haya convivencia se exige
vida en común de la pareja, y que no se desvirtúa el concepto de familia en
la separación siempre que ésta obedezca a una causa razonable que la
justifique, porque de lo contrario lo que no existiría es esa voluntad de
15
Cita de cita. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 24 de octubre de
2012. Radicación número: 25000-23-25-000-2010-00860-01 (2475-11).
16
Sentencia de Casación Laboral de 27 de abril de 2010, proceso No. 38113, Demandante: Beatriz Elena
Aristizábal Vallejo.
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conformar un hogar y tener una comunidad de vida’”(resaltado y subrayas
fuera del texto).”17 […]» (Subrayas conforme a la transcripción).
En virtud de lo citado en precedencia y conforme lo consideró en aquella
oportunidad el Consejo de Estado que la convivencia no se refiere, en forma
exclusiva, a compartir el mismo techo y habitar junto al otro, sino que los
elementos que en mayor medida definen esa convivencia se relacionan con el
acompañamiento espiritual, moral y económico y el deber de apoyo y auxilio
mutuo. Además de ello, es preciso tener en cuenta el factor volitivo de la pareja
de mantener un hogar y tener la vocación y convicción de establecer, constituir
y mantener una familia.
Respecto al requisito de la convivencia, esto es, los 5 años continuos
inmediatamente anteriores a la muerte del causante, la Sección Segunda18 ha
señalado que «[…] el legislador lo previó como un mecanismo de protección, ello
para salvaguardar a los beneficiarios legítimos de quienes pretenden solo buscar
provecho económico […]».
Asimismo, que debe acreditarse la vocación de estabilidad y permanencia,
por lo tanto, no se tienen en cuenta aquellas relaciones casuales,
circunstanciales, incidentales, ocasionales, esporádicas o accidentales que
haya podido tener en vida el fallecido pensionado.
Finalmente, no es factor determinante para desvirtuar la convivencia efectiva,
el que los cónyuges o compañeros permanentes no vivan juntos en un
momento dado. En efecto, debe valorarse cada circunstancia en concreto, las
razones por las que no vivieron en el mismo techo, así como los demás
factores determinantes de la convivencia, como los son el auxilio o apoyo
mutuo, la comprensión y la vida en común, que en últimas son los que
legitiman el derecho reclamado19.
Bajo las anteriores precisiones normativas y jurisprudenciales, procede la
Subsección a verificar si en efecto, el demandante demostró los requisitos
señalados en la norma para ser acreedor de la sustitución de la pensión gracia
que en vida disfrutaba con su cónyuge, la señora María Betty Cajar de Zabala.
En este orden de ideas, en el expediente se tiene probado lo siguiente:
Ø Copia de la cédula de ciudadanía de señor Jorge Luis Zabala Acevedo, que
indica que nació el 13 de abril de 1949. (Folio 53).
Ø Copia del registro civil de nacimiento de la señora María Betty Cajar de
Zabala (folio 114), que da cuenta que nació el 4 de septiembre de 1942, y
del registro civil de defunción (folio 115), del cual se desprende que la
referida mujer falleció el 7 de septiembre de 2005.
Ø Copias de los registros civiles de nacimiento de las señoras Viviana de
Jesús, Ingrid Josefina y María Isabel Zabala Cajar, los cuales informan que
17
Sentencia de abril 7 de 2001, Radicación número: 76001-23-31-000-2005-02741-01(0669-08).
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de noviembre de 2017, número
interno: 0286-2015
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 22 de marzo de 2018. Radicación:
15-001-23-33-000-2013-00077-01, número interno: 4526-2013.
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nacieron respectivamente los días 11 de septiembre de 1973, 19 de marzo
de 1970 y 25 de marzo de 1978, y que sus padres son los señores Jorge
Luis Zabala Acevedo y María Betty Cajar de Zabala. (Folios 59 a 61).
Ø Registro civil de matrimonio número 6161339 el cual da cuenta de que el
señor Jorge Luis Zabala Acevedo y la señora María Betty Cajar de Zabala
celebraron matrimonio el 3 de diciembre de 1968. (Folio 56).
Ø Partida eclesiástica expedida por la parroquia San José de Ciénaga de Oro,
en la cual se indicó que el señor Jorge Luis Zabala Acevedo y la señora
María Betty Cajar de Zabala contrajeron nupcias el 3 de diciembre de 1968.
(Folio 57).
Ø De la parte motiva de la Resolución RDP021197 del 31 de mayo de 2016
se desprende que a la señora María Betty Cajar de Zabala le fue otorgada
una pensión gracia mediante la Resolución 30042 del 2 de julio de 1993,
en una cuantía inicial de $53.242,88 efectiva a partir del 4 de septiembre
de 1992. (Folio 30).
Ø Resolución RDP020629 del 20 de diciembre de 2012, a través de la cual
se negó el reconocimiento de una «pensión de sobrevivientes» a favor del
libelista, al considerar que este no logró acreditar una convivencia continua
y sin interrupciones con la pensionada fallecida durante sus últimos 5 años
de vida, tal como lo exige el artículo 47 de la Ley 100 de 1993. (Folios 63 a
66).
Ø Resoluciones RDP010809 del 6 de marzo (folios 67 a 68) y RDP012433
del 14 de marzo (folios 70 a 71), ambas de 2013, por medio de las cuales
se desataron unos recursos de reposición y apelación, respectivamente,
interpuestos contra la decisión administrativa del 20 de diciembre de 2012,
en el sentido de confirmarla en todas sus partes.
Ø Resolución RDP021197 del 31 de mayo de 2016 que resolvió de manera
negativa una nueva solicitud de reconocimiento pensional presentada por
la parte activa, en los siguientes términos:
«[…] Que es preciso señalar:
Que con la documentación aportada, se allegó declaración juramentada de
terceros, rendida por el Señor PABLO SEGUNDO ROMERO MARTINEZ, en la
cual declara que el Señor JORGE LUIS ZABALA ACEVEDO y la Señora MARIA
BETTY CAJAR DE ZABALA, convivieron juntos hasta el día de su muerte,
situación que resulta contraria a la declaración rendida por el Señor JORGE LUIS
ZABALA ACEVEDO, presentada en la Notaria Segunda del Círculo de Sincelejo el
día 25 de mayo de 2012, en la cual manifiesta que no convivían juntos, en razón a
sus trabajos.
Que conforme a lo anterior, esta administración a través de Radicado No.
20127220685022, consecutivo SOP201200007571, solicito se realizara un estudio
de seguridad por parte de CYZA, de la siguiente manera:
() INVESTIGAR EN SINCELEJO, LA CONVIVENCIA ENTRE LA CAUSANTE Y EL
SOLICITANTE JORGE LUIS ZABALA ACEVEDO EN CALIDAD DE ESPOSO- LA
CAUSANTE FALLECE 2005 ()
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Que en respuesta a ello, mediante informe investigativo No. 453 del 2012, se
remitieron los resultados, indicando que una vez realizados los estudios de campo,
se tiene que la Señora CAJAR DE ZABALA MARIA BETTY, nunca se le conoció
algún compañero permanente, por el contrario se tiene que solo vivía con sus hijas
INGRID y VIVIANA, concluyendo que :
() NO EXISTIO CONVIVENCIA como COMPAÑEROS PERMANENTES entre
MARIA BETTY CAJAR DE ZABALA identificada con CC No. 20337392 (causante)
y JORGE LUIS ZABALA ACEVEDO identificado con CC No. 15035890 solicitante),
especialmente durante los últimos cinco años de vida del causante ()
Que de lo anterior se colige que el Señor JORGE LUIS ZABALA ACEVEDO, no
convivio con la causante por lo menos durante los últimos 5 años de su vida, motivo
por el cual se procede a negar el Reconocimiento de una Pensión de
Sobrevivientes, toda vez que no cumple los requisitos señalados anteriormente.
[…]». (Folios 30 a 33).
Ø Resolución RDP037249 del 4 de octubre de 2016 que desató un recurso de
reposición interpuesto contra la precitada decisión administrativa, en el
sentido de confirmarla en todas sus partes, en cuanto consideró que: «[…]
esta entidad no puede desconocer los lineamientos que regulan los criterios para
conceder la pensión de sobrevivientes, por lo tanto es del caso indicar que según
los documentos obrantes en el cuaderno administrativo, no se comprobó la
convivencia entre la causante y el interesado, razón por la cual se procederá a
negar la petición, y en consecuencia confirmar la resolución recurrida en todas y
cada una de sus partes. […]». (Folios 34 a 38).
Ø Declaración extrajuicio presentada por el señor Pablo Segundo Romero
Martínez ante la Notaría Segunda de Sincelejo el 29 de marzo de 2016, a
través de la cual manifestó que conoció a los señores Jorge Luis Zabala
Acevedo y María Betty Cajar de Zabala con ocasión de haberles brindado
asesoría en sendos trámites bancarios y tributarios. Asimismo, indicó que
conoció a sus tres hijas quienes fueron producto de la unión; y que la pareja
convivió junta hasta el 7 de septiembre de 2005, fecha del deceso de la
pensionada. (Folio 112).
Ø Declaración extrajuicio rendida por la señora María Gregoria Páez
Argumedo ante la Notaría Segunda de Sincelejo el 29 de marzo de 2016,
quien adujo mantener una relación de amistad con el demandante y la
finada. Reiteró en su totalidad el dicho referenciado en precedencia. (Folio
113).
Ø Historia clínica del señor Jorge Luis Zabala Acevedo. (Folios 200 a 398).
Ahora bien, en virtud de la relación probatoria que antecede, se realizan las
siguientes conclusiones:
• Es un hecho cierto que la extinta Cajanal (hoy UGPP) a través de la
Resolución 30042 del 2 de julio de 1993 reconoció una pensión gracia a
favor de la señora María Betty Cajar de Zabala, con ocasión de haber
prestado sus servicios como docente. Asimismo, quedó demostrado que la
titular de dicho beneficio pensional falleció el 7 de septiembre de 2005.
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• De otro lado, de las declaraciones extraprocesales arrimadas al proceso,
las cuales si bien es cierto no pueden ser tenidas en cuenta como
testimonios dentro del proceso judicial, sí procede su valoración como
documentos declarativos de terceros, acorde con el artículo 262 del Código
General del Proceso18, no son lo suficientemente asertivas para la
demostración de los hechos constitutivos de la convivencia como pareja
entre el señor Jorge Luis Zabala Acevedo y la señora María Betty Cajar de
Zabala, pues en observancia de estos medios de convicción a la Sala no le
es posible determinar con precisión cual fue la data a partir de la cual la
pareja inició la convivencia efectiva o mucho menos que esta hubiese
perdurado en el tiempo.
En estos términos, no se ha demostrado la convivencia real entre los
implicados, específicamente en lo que respecta al modo, tiempo y lugar en
que se desarrolló la misma, pues al margen de que los deponentes hubieren
afirmado que la pareja convivió hasta el 7 de septiembre de 2005, fecha del
fallecimiento de la causante, sus dichos no llevan a la convicción plena del
aspecto que aquí se debate, es decir, la convivencia; ello, toda vez que no
expusieron con claridad situaciones tendientes a demostrar la permanencia
en la relación.
Sea pertinente indicar que, si bien los señores Jorge Luis Zabala Acevedo
y María Betty Cajar de Zabala contrajeron matrimonio el 3 de diciembre de
1968, tal como se desprende de la partida eclesiástica expedida por la
parroquia San José de Ciénaga de Oro, bajo este hecho no puede
predicarse la existencia de vínculos permanentes y estables que refieran
una cohabitación entre aquellos. Lo anterior sumado al hecho de que no se
logró comprobar una comunidad de vida forjada en el crisol del amor
responsable, la ayuda mutua, el acompañamiento espiritual y la asistencia
solidaria; elementos característicos de una convivencia en pareja.
Empero, pese a las manifestaciones tendientes a afirmar el vínculo sentimental
entre ellos, estas no conducen propiamente al reconocimiento de una
convivencia real y efectiva bajo el apoyo espiritual y físico, lo cual excluye los
encuentros pasajeros, casuales o esporádicos, e incluso las relaciones que, a
pesar de ser prolongadas o en las que incluso se haya contraído matrimonio,
no engendren las condiciones necesarias de una comunidad de vida.
Bajo este entendido, es necesario recordar que, quien ostente la condición de
cónyuge o compañero supérstite, para obtener el derecho a ser beneficiario
de la sustitución pensional, bien sea de la pensión de jubilación o de la pensión
gracia, debe fundamentar esta calidad bajo una convivencia real y efectiva al
momento de la muerte de la causante; la cual exige la demostración de una
vida común que se mantuvo para el momento del fallecimiento ocurrido, para
ello es necesario acreditar la existencia del componente afectivo y formación
de hogar, que tenía con la pensionada al momento de su muerte y durante el
término que la ley lo prevé.
Así, frente al requisito de convivencia debe acreditarse la vocación de
estabilidad y permanencia, aspecto que mediante los medios probatorios
aportados por la parte activa no se logró corroborar de manera fehaciente,
como tampoco la efectividad de una vida juntos entendida como
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acompañamiento espiritual permanente con el ánimo de construir hogar.
En todo caso, y en gracia de discusión, en relación con la separación de
cuerpos, la Sala advierte que aquella se encuentra justificada siempre y
cuando se logre acreditar la convivencia entre el causante y la compañera
permanente hasta el momento de su fallecimiento, lo cual como se analizó en
precedencia no se demostró. En suma, no se logró comprobar que el libelista
haya cumplido con el requisito de haber convivido durante los últimos 5 años
de vida con la pensionada fallecida, pues del limitado acervo probatorio en
análisis, se vislumbra que únicamente contrajeron matrimonio el 3 de
diciembre de 1968, lo cual no se puede interpretar o entender como la
permanencia en la relación hasta los últimos días de vida de la finada.
Lo anterior justamente porque el demandante no arrimó los medios probatorios
necesarios que permitieran llevar al convencimiento a la Subsección de la
presunta convivencia que entre la pareja debió existir. Pues el señor Zabala
Acevedo, como único interesado, debía demostrar dicho requisito exigido por
la norma y el cual fue controvertido en sede administrativa con ocasión del
estudio de seguridad adelantado por parte de la UGPP, el cual sirvió como
fundamento para negar la sustitución pensional en esa etapa y que contrastó
en sus conclusiones con lo afirmado en las escuetas declaraciones.
En ese sentido, las declaraciones extraproceso se tornan insuficientes para la
acreditación del aspecto que aquí se debate, pues para lo propio la parte activa
debía acreditar la veracidad de la tesis sostenida en la demanda a través de
las pruebas pertinentes para ello; lo cual se acompasa con lo previsto en el
artículo 167 del CGP respecto a la carga de la prueba que recae sobre las
partes, en este caso puntualmente frente al libelista, a fin de verificar el fin
perseguido con el ejercicio del presente medio de control.
Pues bien, como se analizó en precedencia, la prestación económica
denominada «sustitución pensional» tiene por objeto garantizar una renta
periódica a los miembros del grupo familiar de quienes dependían
económicamente, como consecuencia de su muerte y de haber realizado en
vida cotizaciones al Sistema de Seguridad Social, ello, con el fin de que el
interesado cuente con los recursos necesarios para mantener un nivel de vida
similar al que tenía antes del fallecimiento del pensionado.
De este modo, en cuanto al caso de marras, y de las pruebas que integran el
dossier, se extrae que no existe certeza acerca de un vínculo fundado en una
cohabitación continua y estable bajo el mismo techo, como mucho menos la
codependencia económica y los lazos de apoyo y socorro recíproco durante
los últimos 5 años de existencia de la causante, aspecto último exigido
taxativamente por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para la procedencia de la sustitución de las
pensiones de vejez y gracia.
Por consiguiente, toda vez que no ha sido posible demostrar la efectividad de
una convivencia permanente o ininterrumpida bajo la presencia de vínculos
familiares o sentimentales entre el señor Jorge Luis Zabala Acevedo y la de
cuius, es dable que en este punto no se pierda de vista la finalidad de la
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sustitución pensional, que pretende mitigar la desprotección en que queda
quien está afectado por la muerte de su pareja, de ahí que no cualquier
convivencia ni la existencia de algún vínculo matrimonial por sí solo conlleva
acceder al mencionado derecho económico, pues se requiere demostrar una
convivencia fundada en la solidaridad y la ayuda mutua.
Al compás de lo anterior, esta Subsección se aparta de la decisión de primera
instancia al estudiar la tesis de la demanda y acceder a las pretensiones de la
misma, pues es evidente que, del material probatorio en estudio, no se
vislumbra una comunidad de vida entre el libelista y la fallecida. Por ello, se
impone revocar la sentencia de primera instancia, y en su lugar, se negarán
los pedimentos del libelo, al prosperar los argumentos del recurso de alzada
interpuesto por la UGPP.
Pues, se reitera, no se evidenció la intención natural de la permanencia en el
hogar, como mucho menos se logró demostrar los tratos naturales de una
convivencia en pareja que debía existir entre ellos a fin de exponer las
calidades de cónyuges. Aunado el hecho de que tampoco fue posible
controvertir o desvirtuar el hecho de la entidad demandada en punto a la
separación de cuerpos de los implicados, al haber manifestado el señor Zabala
Acevedo que residía en un domicilio distinto al de la señora María Betty Cajar
de Zabala.
Corolario, los únicos medios de prueba referenciados conllevan a afirmar que
el señor Jorge Luis Zabala Acevedo no cumple con los requisitos previstos por
el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley
797 de 2003, para ser beneficiario de la sustitución de la pensión gracia
deprecada, pues no se probó que haya convivido con la causante de manera
efectiva por 5 años previos a su fallecimiento.
En conclusión: las pruebas documentales presentadas por la parte
demandante no llevan a la convicción de la existencia de una convivencia real,
constante y permanente con la señora María Betty Cajar de Zabala, como
mucho menos se acreditó el requisito de convivencia previsto en el artículo 47
de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003,
para reconocer la sustitución de la pensión gracia de la pensionada fallecida,
lo cual se acompasa a los lineamientos jurisprudenciales trazados por la
sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022.
Decisión de segunda instancia
Según se ha expuesto, se impone revocar la sentencia apelada en cuanto
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, toda vez que
prosperaron los argumentos del recurso de alzada presentado por la entidad
demandada. En su lugar, se denegarán los pedimentos de la misma.
De la condena en costas
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Esta subsección20 sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del
CPACA, en aquella oportunidad se determinó el criterio objetivo-valorativo
para la imposición de condena en costas por lo siguiente:
a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas,
al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre
costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien
para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará
atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte
vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y
generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la
participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por
éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP21, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que,
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público22.
No obstante lo anterior, en el presente caso no se condenará en costas a la
parte demandante, porque si bien se revocará la sentencia impugnada para
denegar las pretensiones de la demanda, lo anterior obedece al criterio de
unificación adoptado mediante el proveído SUJ-029-CE-S2 del 11 de agosto
de 2022, ocurrido en el transcurso del proceso.
20
Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, demandante: María del
Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
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«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]»
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Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»
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Radicado: 25000-23-42-000-2017-03936-01 (3806-2022)
Demandante: Jorge Luis Zabala Acevedo
Demandada: UGPP
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Revocar la sentencia del 7 de octubre de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en el proceso que
en ejercicio del medio de control y restablecimiento del derecho, promovió el
señor Jorge Luis Zabala Acevedo contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
UGPP. En su lugar,
Segundo: Negar las pretensiones de la demanda.
Tercero: Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa
«SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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