Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-05230-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-05230-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-05230-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
9 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202305230-01
Actores: Over Galván Rincón y otros1
Demandados: Tribunal Administrativo de Sucre y otro2
Tema: Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) acceso a la
administración de justicia, iii) igualdad y iv) reparación integral
Derechos Fundamentales Amparados: i) Igualdad y ii) acceso a la administración
de justicia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Al no haber obtenido la mayoría de votos el proyecto de sentencia presentado a
consideración de la Sala por la Consejera de Estado, doctora Nubia Margoth Peña
Garzón, la Sala decide la impugnación presentada por el Tribunal Administrativo de
Sucre, el Ministerio de Defensa Nacional y el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social contra la sentencia de tutela de 30 de noviembre de 2023
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio de la cual amparó
los derechos fundamentales a la igualdad y de acceso a la administración de justicia
de los actores.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “1EDCARATULAPDF(.pdf) NroActua 2”. Archivo
aportado en forma digital
2 Idem pie de página núm. 1 supra.
2
Núm. único de radicación: 110010315000202305230-01
Actores: Over Galván Rincón y otros
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. Los actores3, a través de apoderado, presentaron solicitud de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito
de Sincelejo, porque, a su juicio: i) el Tribunal, al proferir, la sentencia de 26 de abril
de 2023; y ii) el Juzgado, al proferir, la sentencia de 19 de enero de 2021, en el
proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa identificado
con el número único de radicación 700013333008201500141-01: vulneraron sus
derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:
3. Manifestaron que, presentaron demanda contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional y Policía Nacional, el Municipio de San Benito
de Abad, el Departamento de Sucre, la Unidad Administrativa Especial de Atención
y Reparación Integral a las Víctimas y el Departamento para la Prosperidad Social
en ejercicio del medio de control de reparación directa, con el fin de que se les
declarara administrativa y patrimonialmente responsables por el desplazamiento
forzado del que fueron víctimas por el actuar de los grupos organizados al margen
de la ley, así como por los homicidios de los señores Eduar Ramon Acosta
Valderrama, Carmelo Guillermo Acosta Valderrama y Luis Francisco Acosta
Mercado y, en consecuencia, se les reparara los perjuicios causados.
3 Over Galván Rincón, Lida del Carmen Acosta Valderrama, quien actúa en nombre propio y en representación
de sus hijos menores de 18 años de edad DGA y DLGA; Jesús David Galván Acosta, Overneys Galván Acosta,
Edwin Galván Acosta, Nohelia Porfiria Acosta Valderrama, Miguel Antonio Lastre Acosta, Karely Luz Lastre
Acosta, quien actúa en nombre propio y en representación de su hija menor de 18 de edad CML; Petrona María
Tovar Camargo, Ramon Andrés Acosta Tovar, Eduar Manuel Acosta Tovar, Yurani Paola Acosta Tovar, quien
actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores de 18 años de edad BSA, ASA y WSA;
Omaira Alejandra Acosta Tovar, Roger Carlos Pérez Mercado, Milfar Berenice Acosta Valderrama, quien actúa
en nombre propio y en representación de su hijo menor de 18 años de edad JDPA, Roger Junior Pérez Acosta
y Jhonatan Yesid Pérez Acosta. La Sala precisa que, adopta como medida de protección a la intimidad de los
menores de 18 años de edad relacionados en este proceso la supresión de los datos que permiten su
identificación, razón por la cual, sus nombres serán reemplazados por las siguientes iniciales DGA, DLGA, CML,
BSA, ASA, WSA y JDPA.
3
Núm. único de radicación: 110010315000202305230-01
Actores: Over Galván Rincón y otros
4. Señalaron que, el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de
Sincelejo, profirió sentencia, en primera instancia, el 19 de enero de 2021, en la cual,
resolvió acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda.
5. Advirtieron que, la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de
Sucre profirió sentencia, en segunda instancia, el 26 de abril de 2023, mediante la
cual resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada, en su lugar, DECLÁRASE probada
la excepción de caducidad del término para formular la demanda de reparación
directa. En consecuencia, NEGAR las pretensiones de la demanda, de acuerdo a los
argumentos expuestos en precedencia […]”.
5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] Así las cosas, para el alto tribunal, es el mismo ordenamiento jurídico interno el
que asigna a las personas la carga para que actúen con prontitud en cuanto a la
reclamación efectiva y oportuna de los derechos consagrados en las disposiciones
jurídicas, so pena de la configuración de la caducidad (que no puede ser desconocida,
modificada o alterada por las partes), dada su naturaleza de orden público, derivada
del artículo 228 constitucional […]”.
[…]
“[…] Aunque al sub judice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes
para la fecha de presentación la demanda (Ley 1437 de 2011, así como las del Código
General del Proceso, en los aspectos no regulados); en lo que concierne a la
caducidad, debe tenerse en cuenta que los términos que hubiesen empezado a correr
en vigencia de una ley anterior continuarán corriendo de conformidad con ella, en
atención a lo consagrado en el artículo 40 de la Ley 153 de 18874, modificado por el
artículo 624 del Código General del Proceso.
Para la época de ocurrencia de los hechos, el artículo 136 del Decreto 01 de 19845
establecía que la acción de reparación directa caducaba al vencimiento del plazo de
2 años contados a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho que dio origen
al daño.
Frente a la caducidad, la parte demandante alegó en su demanda que no operaba el
término de 2 años, toda vez que se trataba de delitos de lesa humanidad, lo que
justificaba la inaplicación del plazo legal.
No obstante debe indicarse que, el 29 de enero de 2020, la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado unificó su postura en relación con la caducidad de las
pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa
humanidad, los crímenes de guerra y otros […]”.
[…]
“[…] En la misma línea, la Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-312
de 13 de agosto de 2020, M. P. Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez, unificó su
jurisprudencia sobre la aplicación de las reglas de caducidad en asuntos donde se
discute la responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de daños
4
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Actores: Over Galván Rincón y otros
derivados en delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, en el sentido
que los presupuestos para determinar la presentación de las demandas que se
edifican en este tipo de pretensión, establecidos en el artículo 164 numeral 2° literal
i), se ajustan a los mandatos constitucionales y convencionales, y por ende, deviene
su aplicación, pero tomando como extremo inicial para el cómputo el momento en que
las víctimas tienen inferencia razonable de la participación del Estado en los hechos,
y siempre y cuando se encuentren materialmente en posibilidad de acceder a la
administración de justicia […]”.
[…]
“[…] En la sentencia T-044 de 2022, la Corte Constitucional, consideró y concluyó que
si bien, en la parte resolutiva de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020,
la Sala Plena de la Sección Tercera guardó silencio sobre los efectos en el tiempo de
la sentencia de unificación, la misma seguía las reglas generales y por ende, tenía
efectos retrospectivos, por lo que se aplica aun para casos en trámite […]”.
[…]
“[…] En aplicación de las anteriores normas y de la jurisprudencia en cita, que
constituye, se reitera, precedente de obligatorio acatamiento por tratarse de sentencia
de unificación del máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa, la Sala
estima que en el presente asunto operó la caducidad del medio de control, ya que la
demanda fue instaurada por fuera de los dos (2) años contados a partir del momento
en que las víctimas tuvieron serias posibilidades materiales de ejercer el derecho de
acción.
Así las cosas, se advierte que, en principio, en el presente caso operó la caducidad
del medio de control, debido a que la oportunidad para acudir a la jurisdicción se
extendió hasta el año 2004, teniendo en cuenta que a partir de las afirmaciones de la
demanda, el desplazamiento se produjo en el año 2002; sin embargo, la demanda se
presentó hasta el año 2015, cuando el término para intentar el medio de control se
encontraba vencido.
En línea con la jurisprudencia del Consejo de Estado, en cada caso el juez debe
valorar el momento desde el cual el demandante conoció o debió haber conocido la
cooperación del Estado en el hecho dañoso y si existió alguna limitante para acceder
a la administración de justicia […]”.
[…]
“[…] En el sub judice, observa la Sala que es necesario hacer una distinción, pues se
trata de dos daños distintos, uno producto de los asesinatos de los señores Eduar
Ramón Acosta Valderrama, Carmelo Guillermo Acosta Valderrama y Luis Francisco
Acosta Mercado, ocurrida el 7 de noviembre de 2000 y otro, derivado del
desplazamiento forzado, acaecido en junio de 2002, en los términos de la demanda
[…]”.
[…]
“[…] Así las cosas, se advierte que en el presente caso operó la caducidad del medio
de control, debido a que la oportunidad para acudir a la jurisdicción por el hecho del
homicidio de las tres personas se extendió hasta el 8 de noviembre de 2002; sin
embargo, la demanda se presentó el año 2015, cuando el término para intentar el
medio de control se encontraba vencido. Inclusive para la fecha de radicación de la
solicitud de conciliación -24 de abril de 2015- ya había operado la caducidad del medio
de control. […]”.
[…]
5
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Actores: Over Galván Rincón y otros
“[…] Con ello se observa que los demandantes pudieron acudir a las entidades
gubernamentales, pese a ello no demandaron del Estado la reparación integral de sus
perjuicios. Así las cosas, se advierte que en el presente caso operó la caducidad del
medio de control, debido a que la oportunidad para acudir a la administración de
justicia por el hecho del desplazamiento forzado venció en el año 2004 […]”.
[…]
“[…] En virtud de lo anotado, la Sala advierte que los demandantes debieron acreditar
una circunstancia especial que hubiera impedido el ejercicio oportuno de la presente
acción y que conlleven a variar los límites temporales del estudio de la caducidad
frente al caso bajo análisis, situación que como ya se anotó no acontece […]”.
[…]
“[…] De otro lado, no olvida la Sala que la parte demandante sostuvo que no operaba
el término de caducidad, tesis que acogió el juez de primera instancia en aplicación
de la sentencia SU 254 de 2013. Sin embargo, este cuerpo colegiado ha estimado en
anteriores oportunidades que los presupuestos a que se refiere la sentencia SU-254
de 2013 tienen que ver la reclamación, o fijación del monto de la indemnización
administrativa establecida en la Ley 1448 de 2011 y su Decreto Reglamentario 4800
del mismo año, más no con el término para reclamar la indemnización propia por
daños en torno a la responsabilidad del Estado, conforme a la cláusula establecida
en el artículo 90 constitucional […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
6. Los actores solicitaron en su escrito de tutela:
“[…] 1. Se tutelen los derechos fundamentales al Debido Proceso, Acceso Efectivo a
la Administración de Justicia, Precedente Judicial, Derecho a la Igualdad y Derecho
a la Reparación Integral de los Actores.
2. Se deje sin efecto la providencia de fecha Veintiséis (26) de abril de dos mil
veintitrés (2023), proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, que
revocó en su totalidad la providencia del diecinueve (19) de enero de dos mil veintiuno
(2021), proferida por el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
SINCELEJO.
3. Se ordene al JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
SINCELEJO, que aclare la sentencia proferida el diecinueve (19) de enero de dos mil
veintiuno (2021), respecto a la liquidación de los perjuicios morales de los homicidios
de los señores CARMELO GUILLERMO ACOSTA VALDERRAMA y LUIS
FRANCISCO ACOSTA MERCADO, dado que, a pesar de ser reconocidos, solo se
liquidó los perjuicios morales por homicidio del también asesinado EDUAR RAMON
ACOSTA VALDERRAMA.
4. Se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, que en términos
perentorios expida una nueva providencia en la cual se declare no prosperada la
excepción de caducidad de los hechos victimizantes de Desplazamiento Forzado de
los actores, y Homicidio de Eduar Ramon Acosta Valderrama, Carmelo Guillermo
Acosta Valderrama y Luis Francisco Acosta Mercado […]”.
6
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6.1. Los actores en su escrito de tutela señalaron que se desconoció el carácter
preclusivo de las etapas procesales, comoquiera que el Juzgado, en el auto
admisorio de la demanda hizo un pronunciamiento sobre la inexistencia de la
caducidad en el proceso.
6.2. Argumentaron que “[…] la Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020
del Consejo de Estado, además de haberse basado en una similitud inexistente
entre dos normas procesales, desconoció el control de convencionalidad y
preceptos internacionales, pues no tuvo en cuenta lo prescrito en la Convención
Americana y consecuentemente, desconoció lo interpretado por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, saltándose con ello incluso la Constitución
misma […]”.
6.3. Expusieron que en el caso Órdenes Guerra vs Chile, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos extendió la regla de imprescriptibilidad a los casos de
responsabilidad estatal, en el entendido en que, si bien dicha regla operaría sólo en
casos en los que se encuentren vinculadas las acciones civiles a los procesos
penales, también es posible que dicha garantía se extienda a otras causas, en
salvaguarda del derecho a obtener una reparación.
6.4. Señalaron que, “[…] el desplazamiento forzado causa un daño continuado
que obliga a contar el término de caducidad de la acción, no a partir del día en que
ocurrió el desplazamiento, sino del momento en que cesa el daño, es decir, cuando
están dadas las condiciones de seguridad para que se produzca el retorno […]”.
6.5. Manifestaron que se desconoció que en sentencia SU 254 de 20134, la Corte
Constitucional estableció que los términos de caducidad, para que la población
desplazada con anterioridad a esa decisión pudiese comparecer ante la jurisdicción
contenciosa, solo podían comenzar a computarse desde la ejecutoria de esa
providencia.
6.6. Precisaron que el Tribunal debió aplicar la regla jurisprudencial vigente al
momento en que fue presentada la demanda, además que no podía desconocer las
normas del ius cogens, pese a la existencia del artículo “[…] 164 del CPACA relativo
4 Corte Constitucional. Sentencia SU-254 de 24 de abril de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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a la caducidad de las acciones contenciosas y al fallo de unificación de fecha 29 de
enero del 2020 de la sala mayoritaria de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
teniendo en cuenta que estamos frente a un caso calificado de lesa humanidad,
cuyo juzgamiento en materia de reparación no está sometido a la regla general de
la caducidad [...]”.
Actuación
7. El Despacho sustanciador de la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
mediante auto de 27 de septiembre de 2023, inadmitió la solicitud de tutela, la cual
fue corregida dentro del término respectivo.
8. El Despacho sustanciador de la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
mediante auto de 18 de octubre de 2023; i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó
notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Sucre y al Juez Octavo
Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo; y iii) vinculó a la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional, al Ejército Nacional, a la Policía Nacional, al Municipio de San
Benito de Abad (Sucre), al Departamento de Sucre, a la Unidad Administrativa
Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, al Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social y a Deivis de Jesús Acosta Bohórquez, en
calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días
para que rindieran informe sobre el particular.
Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo
9. El Tribunal Administrativo de Sucre solicitó i) declarar improcedente la acción
de tutela; y subsidiariamente ii) negar la acción de tutela, por las siguientes razones:
“[…] Sobre ello, se evidencia que en el presente asunto no se supera el requisito
general de relevancia constitucional, toda vez que el accionante pretende convertir
el mecanismo de amparo en una instancia adicional para discutir la interpretación
jurídica del juez y reabrir la discusión sobre un tema que ya se agotó al interior del
proceso ordinario, a cargo del juez natural.
Resulta claro y ostensible que el actor simplemente está en desacuerdo con el
análisis jurídico y probatorio que realizó el tribunal al decidir el recurso de alzada,
toda vez que resultó lesivo a sus pretensiones, y no ataca la providencia porque
realmente en ella se hubiera incurrido en un defecto de suficiente gravedad, que
lesionara sus derechos fundamentales […]”.
[…]
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“[…] Por tal motivo, este Tribunal para resolver el asunto, tomó como sustento lo
resuelto por el la Sala Plena de la Sección Tercera del H. Consejo de Estado, en
sentencia de unificación de fecha 29 de enero de 20205,donde se señaló que, para
efectos de contabilizar los términos configurativos de caducidad, en medios de
control de reparación directa cuya pretensión de responsabilidad se edifica en
delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, así como también se sustenten en
cualquier otro asunto o materia en el que se pueda solicitar la declaratoria de
responsabilidad patrimonial al Estado […]”.
[…]
“[…] Adicionalmente, se expuso en la sentencia que, la Corte Constitucional en
sentencia de unificación SU-312 de 13 de agosto de 2020, M. P. Dr. Luis Guillermo
Guerrero Pérez, unificó su jurisprudencia sobre la aplicación de las reglas de
caducidad en asuntos donde se discute la responsabilidad patrimonial del Estado
como consecuencia de daños derivados en delitos de lesa humanidad, genocidio y
crímenes de guerra, en el sentido que los presupuestos para determinar la
presentación de las demandas que se edifican en este tipo de pretensión,
establecidos en el artículo 164 numeral 2° literal i), se ajustan a los mandatos
constitucionales y convencionales, y por ende, deviene su aplicación, pero tomando
como extremo inicial para el cómputo el momento en que las víctimas tienen
inferencia razonable de la participación del Estado en los hechos, y siempre y
cuando se encuentren materialmente en posibilidad de acceder a la administración
de justicia […]”.
[…]
“[…] Se señaló, que en la sentencia T-044 de 2022, la Corte Constitucional,
consideró y concluyó que si bien, en la parte resolutiva de la sentencia de unificación
del 29 de enero de 2020, la Sala Plena de la Sección Tercera guardó silencio sobre
los efectos en el tiempo de la sentencia de unificación, la misma seguía las reglas
generales y por ende, tenía efectos retrospectivos, por lo que se aplica aun (sic)
para casos en trámite. ….“la sentencia de unificación aplica desde el momento en
el que fue proferida, esto es, a los casos que se encontraban en curso y a los
iniciados luego de la sentencia de unificación –efectos retrospectivos–, mas (sic) no
solo a los procesos iniciados con posterioridad al fallo de unificación –efectos
prospectivos–...” […]”.
[…]
“[…] En aplicación de las anteriores normas y de la jurisprudencia en cita, que
constituye, se reitera, precedente de obligatorio acatamiento por tratarse de
sentencia de unificación del máximo órgano de la jurisdicción contencioso
administrativa, la Sala estima que en el presente asunto operó la caducidad del
medio de control, ya que la demanda fue instaurada por fuera de los dos (2) años
contados a partir del momento en que las víctimas tuvieron serias posibilidades
materiales de ejercer el derecho de acción […]”.
10. El Ministerio de Defensa Nacional solicitó negar la solicitud de tutela, al
considerar que:
“[…] Ahora bien, en cuanto Sentencia proferida el veintiséis (26) de abril de dos mil
veintitrés (2023), por el Tribunal Administrativo de Sucre, en el marco del proceso de
5 Radicación número: 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033); C. P. Dra. MARTA NUBIA VELÁSQUEZ
RICO.
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reparación directa con radicado No. 70001 33 33 008 2015-00141-01, mediante la
cual revocó la decisión del Juzgado 08 Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo
en sentencia de fecha 19 de enero de 2021, se dio aplicación al precedente
jurisprudencial establecido en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, lo
cual es acorde con la línea de unificación y obligatoria en su aplicación establecida
por el Alto Tribunal en temas de caducidad, como así lo ha expresado el Consejo de
Estado.
Del mismo modo no se estructura irregularidades procesales ni sustanciales en las
Sentencias enjuiciada que ameriten la intervención del juez constitucional en procura
de proteger los derechos que supuestamente se vulneraron con el decreto judicial de
la caducidad […]”.
[…]
“[…] De lo expuesto por el Tribunal Administrativo de Sucre en la sentencia
cuestionada, se puede observar el análisis de los hechos y de las pruebas obrantes
en el expediente como así las enlista y señala, que los desplazamientos se dieron de
acuerdo a sus relatos en el año 2002 y los homicidios se extendieron hasta el 08 de
noviembre de 2002, sin que se hubiese demostrado impedimento alguno para
demandar en termino (sic) oportuno establecido por el legislador, por tanto, al proferir
sentencia de primera y segunda instancia se encontraba vigente el precedente judicial
contemplado en la sentencia de fecha 29 de enero de 2020 proferida por el Consejo
de Estado, por tanto, los pronunciamientos previos a esta, en materia de caducidad
en casos de lesa humanidad no constituían precedente judicial, puesto que no existía
una línea argumentativa única por parte de las subsecciones del Consejo de Estado,
por el contrario, había varios criterios y lineamientos en el tema […]”.
[…]
“[…] Esta más que demostrado y ampliamente argumentado, que el Tribunal
Administrativo de Sucre lo que hizo en su decisión de fecha la sentencia de fecha
veintiséis (26) de abril de dos mil veintitrés (2023) proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre, en el marco del proceso de reparación directa con radicado
No. 70001 33 33 008 2015 00141 01, fue ceñirse a lo dispuesto por su órgano de
cierre de lo Contencioso Administrativo el cual unificó postura en lo que se refiere a
la contabilización del termino (sic) de caducidad del medio de control de reparación
directa en casos de lesa humanidad y así lo confirmó la Corte Constitucional también
en sentencia SU 312-2020 al acoger la posición adoptada por el Consejo de Estado
en la misma materia, razón por la cual ya no hay discusión, sino por el contrario
uniformidad en cuanto al tema en mención, en consecuencia, la decisión atacada
debe quedar incólume, por tanto, se debe declarar que no hubo vulneración de los
derechos que refiere la parte actora […]”.
11. La Policía Nacional solicitó negar la acción de tutela, por las siguientes
razones.
“[…] En el caso sometido a consideración de su ilustre Despacho, es posible afirmar
sin lugar a dudas la inexistencia en la vulneración o amenaza a los derechos
fundamentales de los accionantes, por parte del Honorable Tribunal Administrativo de
Sucre- Sala Segunda de Decisión, teniendo en cuenta que por intermedio de
apoderado ejercieron el medio de control de reparación directa fuera de los términos
legales establecido para ello en el numeral 8 del artículo 136 del Decreto 01 de 1984
(norma aplicable para la época de los hechos) […] De lo señalado por el Consejo de
Estado en su jurisprudencia, es claro que los hoy tutelantes, contaban con un término
de 2 años para ejercer la acción de reparación directa, contado a partir del día
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siguiente de la ocurrencia de los hechos o del momento en que se tuvo conocimiento,
es decir a partir del mes de junio de 2002 fecha en la que tuvieron pleno conocimiento
de los hechos generadores del daño […]”.
[…]
“[…] En este orden de ideas resulta necesario aclarar que la presente acción de tutela
es plenamente improcedente, teniendo en cuenta la inexistencia de un perjuicio
irremediable ocasionado los accionantes, derivado de la determinación adoptada por
el Honorable Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre– Sala Segunda de
Decisión […]”.
12. La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas manifestó que no vulnero los derechos de los actores y solicitó su
desvinculación, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva, por
las siguientes razones:
“[…] Ahora bien, tenemos que para el presente caso, los hechos datan del año 2000,
por lo que es evidente que el tiempo transcurrido ha sido más que suficiente para
acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en busca del resarcimiento de
los perjuicios que le hubiere podido ocasionar un hecho u omisión de la
administración, incluso, en gracia de discusión, ha superado con creces el término
fijado por la Corte Constitucional mediante la sentencia SU-253 de 2013 –decisión
que recae sobre la población en condición de desplazamiento forzado- esto es, el
término de caducidad a partir de la ejecutoria de dicho fallo, esto es, un plazo máximo
hasta el 23 de mayo del año 2015 […]”.
[…]
“[…] Para el caso que nos ocupa, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas, no puede ser hallada responsable dentro de la acción de la referencia,
por cuanto respecto de la misma se presenta una falta de legitimación por pasiva
como pasará a explicarse a continuación […]”.
[…]
“[…] Ahora bien, la persona que tiene la habilidad o potencia de causar el daño
antijurídico es cualificado, por cuanto solamente la omisión de una autoridad que
tenga el deber jurídico de protección, seguridad y/o mantenimiento del orden público
puede incurrir en tal responsabilidad. En este orden, es necesario precisar cuáles
órganos y quienes ejercen dichas funciones en Colombia, todo ello para concluir
finalmente que mi representada NO TIENE RESPONSABILIDAD alguna en los
hechos objeto de la demanda y mucho menos puede ser encontrada responsable de
la indemnización pretendida por la parte actora, puesto que, como se ha señalado, no
hace parte de las entidades competentes para la protección, defensa y/o seguridades
ciudadanas. Tal calidad no la tiene ni la puede tener la Unidad para las Víctimas, de
acuerdo a la distribución de competencias normativas señaladas en el primer acápite
del presente escrito, además de insistir en que, para la época de los hechos la Unidad
no había nacido a la vida jurídica […]”.
[…]
“[…] Así, en ocasiones, a pesar de presentarse el daño, no puede realizarse la
atribución, como por ejemplo en el caso bajo estudio, pues el no pago inmediato de
la indemnización administrativa no es un daño antijurídico y adicional a ello, no se
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constituye en un riesgo excepcional al que este siendo sometido la parte demandante
por parte de la Unidad para las Víctimas, pues el agotamiento de los procedimientos
previos para el reconocimiento de la reparación administrativa deben ser acatados
por toda la población víctima y, en consecuencia, hacen parte de las cargas públicas
que ordinariamente las víctimas deben soportar. Al respecto, es menester reiterar que
existen unos procedimientos establecidos en la Ley para el reconocimiento y pago de
la indemnización administrativa que, como quedó claro, comprende la solicitud por
parte de la víctima, la evaluación de la necesidad y priorización de la vulnerabilidad a
través del PAARI, hoy denominado entrevista única de caracterización, situaciones
que sin duda requieren de un tiempo prudencial para su respectiva aplicación y
valoración ante la imposibilidad de realizar un pago universal, circunstancias que a su
vez constituyen razones suficientes para impedir sustancialmente la imputación a la
Unidad para las Víctimas […]”.
13. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social solicitó declarar
la improcedencia de la acción de tutela, por las siguientes razones:
“[…] En el caso concreto, respecto de la providencia del 19 de enero de 2021, el
recurso de amparo no satisface el presupuesto de inmediatez, pues han transcurrido
más de seis (6) meses entre la fecha de su interposición y el momento en el cual se
profirió la decisión atacada:
Fecha providencia atacada: 19 de enero de 2021.
Fecha interposición tutela: 21 de septiembre de 2023.
Debe precisarse que la solicitud de aclaración fue resuelta a través de providencia del
14 de septiembre de 2021, por lo que tampoco se cumpliría con el término de los seis
(6) meses señalados como plazo razonable para incoar la acción de tutela […]”.
[…]
“[…] En el caso concreto al verificarse si los requisitos generales se encuentran
satisfechos, no se encuentra que ello ocurra con el requisito de subsidiariedad. […]”.
[…]
“[…] Sin embargo, en el caso particular, la acción de tutela presentada por la parte
accionante no satisface este requisito, pues en la controversia propuesta en el escrito
de tutela respecto del yerro indicado, defecto sustantivo, no se exponen razones
tendientes a demostrar una vulneración de derechos fundamentales por parte de la
autoridad judicial con ocasión de la providencia proferida en el marco del proceso de
reparación directa, sino que plantea un debate frente a la aplicación de las sentencias
de unificación de jurisprudencia con relación al fenómeno de caducidad, lo cual debió
realizar al interior del proceso ordinario, en el trámite del recurso de apelación contra
la sentencia de segunda instancia, y no a través del presente mecanismo judicial de
carácter residual […]”.
[…]
“[…] Al verificar las cuestiones planteadas en la presente acción constitucional se
tiene que el defecto que se señala adolece la providencia judicial del 26 de abril de
2023, defecto sustantivo, con los argumentos propuestos realmente lo que persigue
es el agotamiento de una instancia judicial en un escenario distinto al que se debieron
plantear […]”
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Núm. único de radicación: 110010315000202305230-01
Actores: Over Galván Rincón y otros
14. El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, el Ejército
Nacional, el Municipio de San Benito de Abad (Sucre), el Departamento de Sucre y
Deivis de Jesús Acosta Bohórquez guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
La sentencia impugnada y la solicitud de aclaración o adición
15. La Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia en primera
instancia, el 30 de noviembre de 2023, por medio de la cual resolvió lo siguiente:
“[…] 1. Amparar los derechos fundamentales a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia de Over Galván Rincón; Lida del Carmen Acosta
Valderrama, que actúa en nombre propio y en representación de los menores Dianys,
y Danny Luz Galván Acosta; Jesús David Galván Acosta; Overneys Galván Acosta;
Edwin Galván Acosta; Nohelia Porfiria Acosta Valderrama; Miguel Antonio Lastre
Meza; Luis Miguel Lastre Acosta; Kary Luz Lastre Acosta, que actúa en nombre propio
y en representación de la menor Ceidiseth Martínez Lastre; Petrona María Tovar
Camargo; Ramón Andrés Acosta Tovar; Yulisa Del Carmen Acosta Tovar; Eduar
Manuel Acosta Tovar; Yuranis Paola Acosta Tovar, que actúa en nombre propio y
representación de los menores Brisny, Angie y Wesly Suárez Acosta; Omaira
Alejandra Acosta Tovar; Roger Carlos Pérez Mercado; Milfar Berenice Acosta
Valderrama, que actúa en nombre propio y en representación del menor Jaffer David
Pérez Acosta; Roger Junior Pérez Acosta y Jhonatan Yesid Pérez Acosta, por las
razones expuestas. En consecuencia, se dispone:
2. Dejar sin efectos la sentencia del 26 de abril de 2023, dictada por el Tribunal
Administrativo de Sucre, que, en segunda instancia, declaró probada la caducidad del
medio de control de reparación directa (expediente 70001-33-33-008-2015-00141-
01).
3. Ordenar al Tribunal Administrativo del Sucre que, en el término de 20 días,
contados a partir de la notificación de esta decisión, dicte sentencia de reemplazo, en
la que tenga en cuenta las consideraciones aquí expuestas […]”.
15.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] A partir de lo anterior, la Sala encuentra que, en efecto, el tribunal demandado
incurrió en desconocimiento del precedente constitucional aplicable en casos de
desplazamiento forzado causados con anterioridad a la fecha en que fue dictada la
sentencia SU-254 de 2013.
De hecho, pese a que en la demanda de reparación directa los demandantes citaron
la sentencia SU-254 de 2013 para que la autoridad judicial tuviera en cuenta la regla
de unificación establecida en torno a la caducidad de las acciones judiciales, el
Tribunal Administrativo de Sucre descartó su aplicación bajo el argumento de que esa
providencia solo era extensible en casos de indemnización por vía administrativa.
Eso demuestra que el tribunal demandado no tuvo en cuenta que la sentencia SU-
254 de 2013 estableció expresamente que «los términos de caducidad para población
desplazada, en cuanto hace referencia a futuros procesos judiciales que se adelanten
ante la jurisdicción contencioso administrativa sólo pueden computarse a partir de la
ejecutoria del presente fallo y no se pueden tener en cuenta transcursos de tiempo
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Núm. único de radicación: 110010315000202305230-01
Actores: Over Galván Rincón y otros
anteriores, en atención a su condición de sujetos de especial protección
constitucional»
En esa sentencia, la Corte Constitucional fue clara al señalar que se trataba de una
regla aplicable exclusivamente a personas víctimas de desplazamiento forzado y para
futuros procesos judiciales ante la jurisdicción contencioso-administrativa. De modo
que, atendiendo al criterio de especialidad, esa regla, resulta aplicable y prevalente al
caso de los demandantes, pues, como se vio, son víctimas del desplazamiento
forzado y los hechos victimizantes tuvieron lugar con antelación a la expedición de
esa sentencia.
Esa regla tiene especial incidencia en el caso de los demandantes, pues la sentencia
SU-254 de 2013 quedó ejecutoria (sic) el 23 de mayo de 2013, es decir, que a partir
de esa fecha debió iniciar el conteo de caducidad de la acción de reparación directa.
La solicitud de conciliación prejudicial fue presentada el 24 de abril de 2015, cuando
había transcurrido 1 año y 11 meses. Los términos se suspendieron hasta el 7 de julio
de 2015 (fecha en que fue se (sic) suscribió la constancia de no acuerdo). Al día
siguiente empezó a correr el mes que faltaba del plazo de caducidad. Y como la
demanda fue radicada el 21 de julio de 2015, debió entenderse presentada en tiempo,
pues había transcurrido 1 año, 11 meses y 14 días conforme con la regla fijada por la
Corte Constitucional.
La Sala no desconoce que la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, unificó jurisprudencia sobre el
conteo del término de caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con
ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y otros. Sin
embargo, tampoco puede pasarse por alto que la sentencia SU-254 de 2013 de la
Corte Constitucional fijó una regla especial y específica para los casos de
desplazamiento forzado y, por lo tanto, no puede entenderse que la regla de 2013 de
la Corte Constitucional perdió vigencia tras la expedición de la sentencia de
unificación de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado […]”.
[…]
“[…] Además, si bien el tribunal demandado dijo que aunque considerara que no
operó el fenómeno de la caducidad, y estudiara de fondo el asunto tampoco estaría
probado el nexo de causalidad, para la Sala esa argumentación no es suficiente para
motivar una sentencia que deniega pretensiones y afecta el acceso a la
administración de justicia de los demandantes […]”.
16. Los actores presentaron solicitud de aclaración o adición de la sentencia
mencionada supra, al considerar que la Sección Cuarta del Consejo de Estado no
se pronunció en relación con la caducidad de la reparación por los homicidios de los
señores Eduar Ramón Acosta Valderrama, Carmelo Guillermo Acosta Valderrama
y Luis Francisco Acosta Mercado.
17. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante auto de 25 de enero de
2024, negó la solicitud de los actores. Para tal efecto consideró:
“[…] Como puede verse, la parte resolutiva de la sentencia no contiene conceptos o
frases que ofrezcan motivo de duda y ameriten aclaración. La Sala concedió el
amparo, dejó sin efectos la sentencia del 26 de abril de 2023 y ordenó al tribunal
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Núm. único de radicación: 110010315000202305230-01
Actores: Over Galván Rincón y otros
demandado que dictara una sentencia de reemplazo en la que tuviera en cuenta las
consideraciones que se expusieron en la parte motiva […]”.
[…]
“[…] La sentencia SU-254 de 2013 estudió procesos de tutela cuyos demandantes
eran personas víctimas de desplazamiento forzado y, en lo que interesa, fijó una regla
de caducidad en procesos judiciales. Luego, como se anticipó en la sentencia, tanto
el análisis de la Sala como el amparo que se concedió se limitó únicamente con el
desplazamiento forzado.
La Sala no desconoce que en la acción de tutela se hace referencia a la caducidad
del hecho victimizante de los homicidios de los señores Eduar Ramón Acosta
Valderrama, Carmelo Guillermo Acosta Valderrama y Luis Francisco Acosta Mercado.
Sin embargo, tampoco se puede pasar por alto que no se expusieron de manera
específica cargos contra la decisión del tribunal frente a ese asunto. A lo largo de las
114 páginas del escrito de tutela se hicieron consideraciones generales sobre el
control de convencionalidad, sobre el término de caducidad en casos de delitos de
lesa humanidad y se transcribieron precedentes del Consejo de Estado y de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, pero no se explicaron las razones concretas
por las que la providencia del tribunal demandado, al analizar la caducidad frente a
ese punto, hubiese incurrido en algún vicio de fondo que amerite la intervención del
juez de tutela […]”.
La impugnación
18. El Tribunal Administrativo de Sucre solicitó negar las pretensiones de la
solicitud de tutela, por las siguientes razones:
“[…] El Tribunal Administrativo de Sucre consideró que: i) había lugar a declarar la
caducidad del medio de control de reparación directa interpuesto por los actores, con
fundamento en la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 29 de enero de
2020 como precedente judicial vinculante, dado que se trataba del mismo escenario
decisional y, a su vez, ii) que la sentencia de unificación de la Corte Constitucional no
era aplicable, por tratarse de supuestos disimiles (sic), que no encajaban en las
circunstancias fácticas del caso analizado bajo el radicado
70001333300820150014101, toda vez que aquella se refería exclusivamente a la
contabilización del fenómeno extintivo en cuanto a las solicitudes de indemnización
por vía administrativa […]”.
[…]
“[…] Así las cosas, teniendo en cuenta que en el sub judice estaba probado que los
actores tuvieron acceso a una indemnización administrativa por parte de las
autoridades competentes, era diáfano que su pretensión no estaba dirigida a solicitar
ese reconocimiento, lo que impedía aplicar la regla plasmada en la SU-254 de 2013
[…]”.
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Actores: Over Galván Rincón y otros
19. El Ministerio de Defensa Nacional solicitó negar las pretensiones de la
solicitud de tutela, al señalar que:
“[…] Frente a lo expuesto y la posición asumida por el Consejo de Estado nos
encontramos en desacuerdo, ya que el Tribunal Administrativo de Sucre en sentencia
de fecha 23 de abril de 2023, tenía la obligación de aplicar la sentencia de unificación
de fecha 29 de enero de 2020, ya que la sentencia de unificación se profiere en
respuesta a la necesidad por la incertidumbre imperante que se presentaba en todos
los despachos judiciales del país en torno al tema de caducidad, lo cual generaba una
dualidad de posiciones al interior del Consejo de Estado y en general de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, dando lugar en consecuencia, a la seguridad jurídica
en torno al tema y evitando decisiones contrarias en la misma Jurisdicción […]”.
[…]
“[…] De otro lado, el fallo de tutela de facha (sic) 30 de noviembre de 2023, indica que
al presentarse la demanda en el año 2015 ante la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa, para efectos de contabilización de términos de caducidad debió
tenerse en cuenta la sentencia de la Corte Constitucional SU-253 (sic), lo cual es
absurdo si tenemos en cuenta que la el caso concreto que fue estudiado por el
Consejo de Estado para proferir sentencia de unificación el 29 de enero de 2020, la
demanda fue presentada en el año 2014, lo cual indica que este caso debe seguir la
misma regla por analogía […]”.
[…]
“[…] La anterior es una de las muchas posiciones en las que se decidió declarar la
caducidad en casos relacionados con crímenes de lesa humanidad, genocidios y
otras violaciones graves de los derechos humanos, donde se diferenciaba el carácter
“imprescriptible” en casos penales de la “caducidad” en materia contencioso
administrativa, siendo dos conceptos y aplicación diferentes, por tanto, quien definió
de manera clara y contundente el tema de caducidad en los casos mencionados
anteriormente, fue la sentencia de unificación del H. consejo de Estado de fecha 29
de enero de 2020, por tanto fue correcta la aplicación de dicho precedente y por tanto
se debe revocar el fallo de tutela de primera instancia de fecha 30 de noviembre de
2023 y en su lugar negar las peticiones del accionante […]”.
[…]
“[…] Lo anterior indica que el Tribunal Administrativo de Sucre realizó un cuidadoso
análisis del material probatorio y aplicación del precedente judicial en el caso en
concreto, en el cual concluyó que sin lugar a dudas había operado el fenómeno
jurídico de la caducidad, argumento del cual nos encontramos totalmente de acuerdo
[…]”.
20. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social solicitó declarar
improcedente la acción de tutela. Para tal efecto, manifestó:
“[…] En la sentencia de tutela de la cual disentimos se otorgó el amparo constitucional
deprecado por los accionantes sin que se observara el cumplimiento del requisito de
subsidiariedad […]”.
[…]
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Actores: Over Galván Rincón y otros
“[…] Contrariamente a la conclusión a la que así se llega, debo manifestar que en el
presente caso la parte accionante si cuenta con el medio extraordinario del recurso
de revisión, mecanismo judicial que permite exponer ante el juez contencioso
administrativo los mismos argumentos que vía acción de tutela pretende exponer para
que se infirme la sentencia judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre
dentro del medio de control de reparación directa […]”.
[…]
“[…] Tampoco resulta procedente que se invoque como fundamento de la decisión
impugnada lo resuelto por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera ponente:
MARÍA ADRIANA MARÍN Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés
(2023) Radicación número: 44001-23-40-000-2015-00085-01 (64435), respecto a que
con posterioridad a la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, se continuó
aplicando la regla que sobre caducidad fijó la Corte Constitucional en la sentencia
SU254 de 2013, pues se reitera, la autoridad judicial accionada nunca señaló que
dicha sentencia resultara inaplicable porque la sentencia de unificación de la
jurisdicción de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo prevalecía
sobre ella, sino que en la sentencia sustentó la excepción de su inaplicabilidad al caso
[…]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
21. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19916, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20217 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 8, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
22. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
6 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
7 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
8 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Actores: Over Galván Rincón y otros
Cuestión previa
Falta de legitimación en la causa por pasiva
23. Advierte la Sala que, si bien la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada por la Unidad Administrativa Especial
de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, no fue objeto de pronunciamiento
por parte del A quo en el trámite de la primera instancia, esta Sala entrará a realizar
el respectivo análisis.
24. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o
con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin
perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
25. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20069, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
9 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[10].
(Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.
26. La Sala advierte que la Unidad Administrativa Especial de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas solicitó su desvinculación, por cuanto, a su juicio,
carece de legitimación en la causa por pasiva.
27. Al respecto, es preciso indicar que la Unidad Administrativa Especial de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas fue vinculada al proceso de tutela de
la referencia como tercero con interés, en la medida en que integró la parte
demandada dentro del medio de control de reparación directa cuestionado por los
actores; es decir, que a dicha entidad le asiste interés en el resultado del proceso
de la referencia.
28. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que a la Unidad Administrativa
Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas le asiste interés en la
decisión de tutela que esta Sala profiera.
29. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada respecto de la Unidad Administrativa
Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
10 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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Actores: Over Galván Rincón y otros
Problemas Jurídicos
30. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre, al proferir la sentencia de
26 de abril de 2023, y el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo,
al proferir la sentencia de 19 de enero de 2021, en el proceso adelantado en ejercicio
del medio de control de reparación directa identificado con el número único de
radicación 700013333008-2015-00141-01, incurrieron en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial, lo que trajo como consecuencia que se
declarara probada la excepción de caducidad y, en consecuencia, se negaran las
pretensiones propuestas dentro de dicho medio de control.
31. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los
requisitos de procedencia en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial; v) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; vi) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia; vii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a
la igualdad; viii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental a la reparación integral; ix) análisis del caso concreto, y finalmente x)
las conclusiones de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales
32. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello11, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,
C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
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de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la Ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales
33. Esta Sección12 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.
34. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
35. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590
de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
especiales de procedencia, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado
como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de
tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”13.
36. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,
C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
13Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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Núm. único de radicación: 110010315000202305230-01
Actores: Over Galván Rincón y otros
37. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”14 que encaje en dichos
parámetros.
38. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
39. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201415.
Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de
tutela en el caso concreto
40. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional.
41. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con
los requisitos generales de procedencia, así:
41.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales de
14 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
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los actores al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
igualdad, y a la reparación integral.
41.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco de
la acción de tutela contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la
posible afectación de los derechos fundamentales invocados supra, y además, ii)
los actores cumplieron con la carga argumentativa mínima en dar las razones
jurídicas por las cuales la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente.
41.3. Para la Sala exigirle a los actores una carga argumentativa mínima se
justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica
principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales16, en el escenario
del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el
principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover
dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la
argumentación jurídica de los actores, que realmente el operador judicial profirió
una providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos
fundamentales.
41.4. Cumplió con el requisito general de procedencia de inmediatez17.
41.5. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces
y eficientes con los cuales los actores puedan lograr la protección de los derechos
invocados.
41.6. Por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es necesario
hacer un análisis de este requisito;
16 “Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el
derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado.
Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
17 Puesto que la sentencia de 26 de abril de 2023 proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Sucre se notificó el 31 de mayo de 2023 (dos días siguientes al envío del mensaje de datos
que se realizó el 29 de mayo de 2023), mientras que la tutela se interpuso el 15 de septiembre de 2023, es
decir, se presentó antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada la providencia cuestionada.
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41.7. Los actores identificaron los hechos y los derechos cuya vulneración alega;
y
41.8. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
42. La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento
jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las
siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente
jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la
extensión de la jurisprudencia.
43. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley
169 de 31 de diciembre de 189618 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201119;
así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 200120; C-816 de
201121; C-179 de 201622; y T-102 de 201423.
44. En relación con esta causal, la Corte Constitucional”24 ha desarrollado,
ampliamente, el concepto del precedente judicial, señalando que es el “[…] conjunto
de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para
la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar
necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar
sentencia […]”, que busca asegurar la eficacia de los principios y derechos
fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza
legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso
efectivo a la Administración de Justicia.
18 “Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
19 “se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de
Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar
jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de
revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”.
20 Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
21 Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
22 Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
23 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial).
24 Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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45. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte
Constitucional25, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con
fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que,
en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus
decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado
por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez
(precedente horizontal).
46. Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia
constitucional, cuya doctrina es obligatoria26, la regla del respeto del precedente no
es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente
a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a
resolver una situación concreta.
47. Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en
los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados
jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala27, a
saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el
precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación
significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la
regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden
constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como
precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser
tomada como referente, y v) la consideración que esa jurisprudencia resulta
errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que
se fundamenta el ordenamiento jurídico.
48. En efecto, la Sala28 ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que
se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de
la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las
25 Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
26 Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5 de
febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de 2013,
C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00.
28 ibídem.
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que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial29”, para lo cual resulta
obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y
fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión
de apartarse.
49. Por último, debe hacerse énfasis, en que la labor judicial que llevan a cabo
los órganos de cierre como lo son: i) la Corte Constitucional, ii) el Consejo de Estado
y iii) la Corte Suprema de Justicia, cuando establecen o fijan el alcance de una
disposición normativa, fijan reglas y sub reglas jurisprudenciales, que deben ser
tenidas en cuenta por todos los jueces, cuando: a) se evidencie que los hechos del
caso sean equiparables a los resueltos anteriormente y b) que la ratio decidendi
resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
50. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
51. Atendiendo a que, la Corte Constitucional30 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
29 Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez
y T-161 de 8 de marzo de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
30 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia
52. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
53. Atendiendo a que, la Corte Constitucional31 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
54. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
31 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
55. Atendiendo a que la Corte Constitucional32 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
reparación integral
56. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en
los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros
que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos […]”.
57. Atendiendo a que la Corte Constitucional33 ha entendido que el derecho a la
reparación integral “[…] se trata de un derecho fundamental en atención a que “1)
busca restablecer la dignidad de las víctimas a quienes se les han vulnerado sus
derechos constitucionales; y 2) por tratarse de un derecho complejo que se
interrelaciona con la verdad y la justicia, que se traduce en pretensiones concretas
de restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y no repetición
[…]”.
32 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
33 Corte Constitucional, Sentencia T-083 de 13 de febrero de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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Análisis del caso en concreto
58. Los actores34, a través de apoderado, presentaron solicitud de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito
de Sincelejo, porque, a su juicio: i) el Tribunal, al proferir, la sentencia de 26 de abril
de 2023; y ii) el Juzgado, al proferir, la sentencia de 19 de enero de 2021, en el
proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa identificado
con el número único de radicación 700013333008201500141-01: vulneraron sus
derechos fundamentales invocados supra.
59. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
60. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
61. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
61.1. Copia digital del expediente del proceso del medio de control de reparación
directa identificado con el número único de radicación 700013333008201500141-
01.
34 Idem pie de página núm. 3 supra.
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Núm. único de radicación: 110010315000202305230-01
Actores: Over Galván Rincón y otros
Solución del caso concreto
62. De conformidad con lo resuelto por el juez constitucional en primera instancia
y los planteamientos formulados en los recursos de impugnación, la Sala precisa
que el análisis del caso en esta instancia se centrará en el presunto
desconocimiento del precedente judicial contenido en la sentencia SU 254 de 2013,
en lo relacionado de forma exclusiva a la caducidad por el hecho del desplazamiento
forzado.
63. La Sala advierte que, los actores en su escrito de tutela señalaron que las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial, toda vez que su decisión se apartó de lo
establecido en la sentencia SU-254 de 201335 que, a su juicio, le era aplicable al
caso bajo estudio, para en su defecto aplicar lo señalado en la sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020 proferida por la Sección Tercera del Consejo de
Estado36 y la sentencia SU-312 de 202037 proferida por la Corte Constitucional. Para
tal efecto, los actores manifestaron lo siguiente:
“[…] Ahora bien, la Sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, además de
haberse basado en una similitud inexistente entre lo establecido en el artículo 164 del
C.P.A.C.A. y la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, esta
jurisprudencia desconoció el control de convencionalidad, con un raciocinio bastante
ligero. Un principio esencial del derecho internacional prescribe que el incumplimiento
de un compromiso, por parte de un Estado, genera responsabilidad, la cual se
expresa en la obligación de reparar de una forma adecuada. Así, en el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, la responsabilidad de los Estados que han
ratificado la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, se origina
tanto de la suscripción de esta, siendo Estados miembros de la OEA, como de la
ratificación de la Convención Americana, aceptando la jurisdicción de la Corte
Interamericana […]”.
[…]
“[…] Ahora bien, entendiendo esto, debemos dilucidar qué fue lo establecido en la
Sentencia caso Órdenes Guerra contra Chile.
En esta jurisprudencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que, si
bien la imprescriptibilidad opera en casos en los que se encuentren vinculadas las
acciones civiles a los procesos penales, también es posible que dicha garantía de
imprescriptibilidad se aplique a otras causas, pues lo importante, señala la decisión,
es salvaguardar el derecho a obtener una reparación, sin importar la acción que se
inicie, ya que lo relevante es que hablamos de graves violaciones de derechos
35 Corte Constitucional. Sentencia SU-254 de 24 de abril de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de
29 de enero de 2020, radicación número: 85001-33-33-002-2014-00144-01(61033). C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico.
37 Corte Constitucional. Sentencia SU-312 de 13 de agosto de 2020. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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humanos; Así, la Corte Interamericana, extendió esta regla de imprescriptibilidad a
los casos de responsabilidad Estatal […]”.
[…]
“[…] Por todo lo anterior explicado, la Sentencia de Unificación del 29 de enero de
2020 del Consejo de Estado, además de haberse basado en una similitud inexistente
entre dos normas procesales, desconoció el control de convencionalidad y preceptos
internacionales, pues no tuvo en cuenta lo prescrito en la Convención Americana y
consecuentemente, desconoció lo interpretado por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, saltándose con ello incluso la Constitución misma […]”.
[…]
“[…] La flexibilización del derecho de acceso a la administración de justicia de las
victimas del conflicto armado, en especial el acceso a la jurisdicción Contenciosa
administrativa se impuso frente a posturas procesales rígidas que consideraban la
contabilización del termino de caducidad del medio de control a partir de la fecha de
ocurrencia del respectivo hecho, de esa forma lo expuso la Honorable Corte
Constitucional en la SU-254/2.013 […]”.
[…]
“[…] La expedición de la SU-254/2013, evidenciaba una nueva postura frente a la
contabilización del término de la caducidad de las acciones de reparación directa
derivadas de la responsabilidad estatal por desplazamiento forzado, precisando que
el termino establecido en el literal i numeral 2º del articulo 164 CPACA,
únicamente se contabilizará a partir de la ejecutoria de la sentencia SU-254/2013
[…]”.
[…]
“[…] Como se puede dilucidar el mismo Consejo de Estado y la Corte Constitucional,
han aceptado la jerarquía de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en materia de interpretación de las normas de derechos humanos,
vinculante desde luego para todos los órganos vinculados a la administración de
justicia del Estado, en todos los niveles, como quiera que fijan a la vez el
parámetro de control de las normas que hacen parte del ordenamiento internacional
y regional de los derechos humanos, por lo que en esa línea de pensamiento sin lugar
a duda las partes accionadas violaron el precedente jurisprudencial fijado por dicho
órgano internacional, teniendo en cuenta que para determinar el tema de la caducidad
no tuvieron en cuenta la sentencia Ordenes Guerra, sino que fundaron sus decisiones
en una norma interna (artículo 164 CPACA) y en una jurisprudencia nacional
(sentencia del 29 de enero del 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado),
que como tantas veces se ha dicho, establecen reglas que limitan en el tiempo a las
víctimas de graves violaciones de los derechos a que interpongan sus recursos de ley
para acceder a su reparación […]”.
[…]
“[…] Como se puede apreciar el tema de la inoperancia de la caducidad cuando se
juzga la responsabilidad del Estado frente a delitos de lesa humanidad ya ha sido
abordado por la Sección Tercera del Consejo de Estado en abundante jurisprudencia
desde hace mucho tiempo atrás y, en tanto constituye un buen antecedente que debe
mantenerse vigente en el tiempo, pese a lo decido en la sentencia de unificación de
fecha 29 de enero del año 2020, como quiera que dichas líneas jurisprudenciales se
encuentran conforme a las reglas del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos y las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos y la
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Actores: Over Galván Rincón y otros
jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, como se verá
más adelante […]”
[…]
“[…] Lo anterior significa, que, en el presente caso, a los despachos judiciales
accionados no le estaba dado declarar probada la caducidad, pese a la existencia de
la sentencia de unificación de fecha 29 de enero del 2020 de la sala mayoritaria de
Sección Tercera del Consejo de Estado, toda vez, que, el mismo legislador ha
reconocido que las pretensiones derivadas por el daño antijurídico por actos de lesa
humanidad no están sometidas a términos de caducidad, por cuanto dicha garantía
se encuentra consagrada en el ordenamiento internacional y por tanto, la demanda
puede ser presentada en cualquier tiempo […]”.38 (Resaltado del texto original)
64. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que para la aplicación del
precedente judicial al caso concreto es necesario verificar la procedencia de los
siguientes criterios: i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre
una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un
problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y, iii) que los hechos del
caso sean equiparables a los resueltos anteriormente39.
Sentencia SU-254 de 201340
65. La Sala Plena de la Corte Constitucional abordó el estudio de varios casos
relacionados con víctimas de desplazamiento forzado por la violencia, en los cuales
se solicitó una reparación integral. Al respecto, en la sentencia de la referencia se
lee:
“[…] Adujeron los accionantes que, como consecuencia del desplazamiento forzado
por el conflicto armado de que fueron víctimas, tuvieron que padecer todo tipo de
vejámenes y discriminación. Sumado a esto, afirman que dejaron atrás sus trabajos
y viviendas, y que les ha sido difícil estabilizarse socio-económicamente en los
lugares de recepción.
Debido a su situación de desplazamiento, en la mayoría de los casos, los peticionarios
acudieron a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional, hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, para que
les fuera reconocido su derecho a la reparación integral, sin lograr respuesta alguna
ante sus solicitudes u obteniendo respuesta negativa. Frente a lo anterior, los
accionantes afirman que Acción Social sólo se ha limitado a brindarles ayuda
humanitaria de emergencia, sin reconocer los demás derechos que les son inherentes
por tratarse de personas con especial protección constitucional. En los demás casos,
los accionantes acudieron directamente a la vía de tutela, sin solicitud previa ante
Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el fin
38 Transcripción literal del texto.
39 Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006.
Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
40 Corte Constitucional. Sentencia SU-254 de 24 de abril de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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de reivindicar su derecho a una reparación integral y a una indemnización justa,
pronta y eficaz.
De esta forma, en todos los casos, de manera directa o previa solicitud de reparación
e indemnización ante la entidad accionada, los actores interpusieron acciones de
tutela contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional- Acción Social-, ahora Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social, para que les fuera reconocido su derecho fundamental a la indemnización
justa e inmediata de todos los daños y perjuicios ocasionados por el desplazamiento
forzado.
En los casos acumulados en la presente sentencia de unificación, con excepción de
los expedientes T-2.405.734 y T-2.448.283 en los cuales los jueces de instancia
rechazaron por improcedente las acciones de tutela, el amparo fue concedido y se
condenó en abstracto a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional -Acción Social-, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, al pago de los perjuicios derivados del desplazamiento forzado y
se remitió el expediente a los jueces administrativos para que se adelante el trámite
correspondiente al incidente de liquidación de los perjuicios […]”.
66. La Corte Constitucional planteó como problema jurídico determinar “[…] si en
los casos de tutela que se examinan, se presenta vulneración del derecho a la
indemnización administrativa y a la reparación integral de los accionantes, por parte
de la antigua Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional -Acción Social-, hoy transformada en el Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social, de conformidad con la Constitución Política de 1991, los
estándares mínimos de derecho internacional en materia de reparación a víctimas,
y el nuevo marco jurídico e institucional creado por la Ley 1448 de 2011 y sus
decretos reglamentarios, especialmente el Decreto 4800 de 2011. Así, la Sala Plena
de esta Corporación deberá unificar los distintos criterios jurídicos que han dado
lugar a la ejecución de distintas acciones judiciales, a partir de las cuales se han
adjudicado diferentes consecuencias jurídicas a los mismos supuestos de hecho en
materia de reparación integral e indemnización administrativa a víctimas del
desplazamiento forzado. Para ello, la Corte deberá resolver diversos
cuestionamientos jurídicos, tanto de tipo procesal como sustancial, asociados a la
procedencia de la acción de tutela, su prosperidad en los casos en concreto y el
régimen legal aplicable, con el fin de lograr la protección efectiva del derecho a la
reparación integral de las víctimas de desplazamiento forzado, atendiendo el nuevo
marco legal y reglamentario en la materia […]”.
67. Por tratarse de un asunto complejo, la Corte realizó varios análisis frente a la
situación de las víctimas de desplazamiento forzado por la violencia, resolviendo lo
siguiente respecto del término de caducidad para la población desplazada en
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relación con futuros procesos judiciales ante la jurisdicción contencioso
administrativa:
“[…] VIGÉSIMO CUARTO.- DETERMINAR que para efectos de la caducidad de
futuros proceso (sic) judiciales ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, los términos para la población desplazada sólo podrán
computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo y no se han de tener en
cuenta trascursos de tiempo anteriores, por tratarse de sujetos de especial
protección constitucional, en atención a sus circunstancias de vulnerabilidad extrema
y debilidad manifiesta […]”. (Resaltado por la Sala)
68. Para la Sala, la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que, si bien el asunto que se
resolvió en la sentencia SU-254 de 2013 fue complejo y abordó múltiples situaciones
de la población desplazada, lo cierto es que se observa que en ambos casos se trata
de víctimas de desplazamiento forzado41, que solicitaron una reparación integral
frente a los perjuicios derivados de ese desplazamiento.
69. En el caso de los actores, de conformidad con las sentencias proferidas en
primera y en segunda instancia dentro del medio de control de reparación directa,
se advierte que: i) “[…] a partir de las afirmaciones de la demanda, el desplazamiento
se produjo en el año 2002 […]”; y ii) “[…] la demanda se presentó hasta el año 2015
[…]”.
70. Por otra parte, se advierte que, i) la sentencia SU-254 de 2013 determinó que
“[…] para efectos de la caducidad de futuros proceso (sic) judiciales ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, los términos para la población
desplazada sólo podrán computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo y no
se han de tener en cuenta trascursos de tiempo anteriores, por tratarse de sujetos
de especial protección constitucional, en atención a sus circunstancias de
vulnerabilidad extrema y debilidad manifiesta […]”; y ii) la ejecutoria de dicha
sentencia de unificación se configuró el 23 de mayo de 2013.
71. Al respecto, la Sala advierte que, en un caso con supuestos fácticos y jurídicos
similares, esta Sección42 se pronunció en los siguientes términos:
41 En la sentencia de 26 de abril de 2023, objeto de debate en la presente acción de tutela, la Sala Segunda de
Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre manifestó que en “[…] En el caso concreto, al expediente se allegó
[…] es posible admitir que los demandantes se encuentran incluidos en el RUV y que se desplazaron en el año
2002, como consecuencia de los hechos de violencia ocurridos en el municipio de San Benito Abad […]”.
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de febrero de
2024, radicado número 110010315000202304852-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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Núm. único de radicación: 110010315000202305230-01
Actores: Over Galván Rincón y otros
“[…] 54. Para la Sala, la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que, si bien el asunto que se
resolvió en la sentencia SU-254 de 2013 fue complejo y abordó múltiples situaciones
de la población desplazada, lo cierto es que se observa que en ambos casos se trata
de víctimas de desplazamiento forzado, que solicitaron una reparación integral frente
a los perjuicios derivados de ese desplazamiento.
55. En el caso de los actores, de conformidad con la sentencia de primera y segunda
instancia proferidas dentro del medio de control de reparación directa, se advierte que:
i) “[…] a partir de las afirmaciones de la demanda, el desplazamiento se produjo en el
año 2001 […]”; y ii) “[…] la demanda se presentó hasta el año 2014 […]”.
56. Por otra parte, se advierte que, i) la sentencia SU-254 de 2013 determinó que “[…]
para efectos de la caducidad de futuros proceso (sic) judiciales ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, los términos para la población desplazada sólo
podrán computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo y no se han de tener en
cuenta trascursos (sic) de tiempo anteriores, por tratarse de sujetos de especial
protección constitucional, en atención a sus circunstancias de vulnerabilidad extrema
y debilidad manifiesta […]”; y ii) la ejecutoria de dicha sentencia de unificación se
configuró el 23 de mayo de 2013.
57. Igualmente, se advierte que, de conformidad con las consideraciones expuestas
en la sentencia T-374 de 2023, la sentencia SU-254 de 2013 era el precedente vigente
al momento de la interposición de la demanda de reparación directa, tratándose de
una regla especial para la población desplazada por la violencia, que busca garantizar
el acceso efectivo a la administración de justicia de una población con una “[…]
especial situación de vulnerabilidad […]”.
72. En ese orden de ideas, la Sala considera que se desconoció la ratio decidendi
establecida en dicha sentencia, puesto que, tal como se expuso previamente, el caso
de los actores se subsume dentro de la regla jurisprudencial que para tal efecto
estableció la Corte Constitucional.
Conclusiones de la Sala
73. En suma, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 30 de noviembre de 2023
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio de la cual
amparó los derechos fundamentales a la igualdad y de acceso a la administración
de justicia de los actores.
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Núm. único de radicación: 110010315000202305230-01
Actores: Over Galván Rincón y otros
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por la Unidad Administrativa Especial de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 30 de noviembre de 2023
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
Salva voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Salva voto
CAMILO CALDERÓN RIVERA
Conjuez
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Núm. único de radicación: 110010315000202305230-01
Actores: Over Galván Rincón y otros
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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