RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-05244-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-05244-01

Fecha
22 de febrero de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-05244-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 13 Sentencia T-450/18 de la Corte Constitucional. 16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandantes: Anatolio Avellaneda González y otros Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2023-05244-01 PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 25 de octubre de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, para en su lugar, DECLARAR LA IMPROCEDENCIA del mecanismo de amparo con respecto al defecto por desconocimiento del precedente y NEGAR el amparo solicitado respecto del cargo sustentado en la presunta trasgresión al derecho a la igualdad SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-05244-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

22 de febrero de 2024

Demandantes: Anatolio Avellaneda González y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05244-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE (E): LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05244-01
Demandantes: ANATOLIO AVELLANEDA GONZALEZ Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN C

Temas: Tutela contra providencia judicial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 25 de octubre del 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B ante la cual negó el amparo solicitado por no configurarse la
vulneración de los derechos fundamentales de los demandantes.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Con escrito radicado en el sitio web tutela en línea de la Rama Judicial el 21 de
septiembre de 2023, los señores Anatolio Avellaneda González, Mónica Andrea
Tovar Salas en representación de su hija María Kamila Avellaneda Tovar, Alejandro
Avellaneda Tovar, Flor de María González y María Decsy Avellanada González,
actuando a través de apoderado judicial, ejercieron acción de tutela contra el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C con el fin de que sean
amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al
precedente jurisprudencial, a la seguridad jurídica y al acceso a la administración
de justicia.

Los accionantes consideraron vulneradas las referidas garantías constitucionales,
con ocasión del fallo de segunda instancia proferido el 21 de noviembre de 2023,
que revocó la providencia del 28 de junio del 2013, dictada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y mediante la cual se había accedido
parcialmente a las pretensiones del medio de control de reparación directa, para en
su lugar negarlas.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Anatolio Avellaneda González y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05244-01

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior déjese sin efecto la sentencia de
segunda instancia del 21 de noviembre de 2022 del Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”,

TERCERA: ORDÉNESE al Consejo De Estado, Sección Tercera, Subsección
“C” que en el término que este lo disponga, se dicte un nuevo fallo teniendo en
cuenta la SENTENCIA UNIFICACIÓN del H. CONSEJO DE ESTADO. - SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. - SECCION TERCERA. -
SUBSECCIÓN “A”. - Consejero Ponente: Dr. MAURICIO FAJARDO GÓMEZ
del 17 de diciembre de 2013, radicación: 52001-23-31-000-1996-07459-
01(23354). - Actor: LUIS CARLOS OROZCO OSORIO. - DEMANDADO:
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Y la sentencia de UNIFICACION del 28
de agosto de 2014 (expediente 36.149) y el Derecho a la igualdad.

CUARTA: Que se dé aplicabilidad al derecho a la igualdad.

QUINTA: Lo que en derecho corresponda para que se le restablezcan los
derechos.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

El señor Anatolio Avellaneda González era funcionario del DAS adscrito al
aeropuerto de la ciudad de Cali. El Juzgado 12 Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Cali ordenó su captura en razón a una investigación penal
adelantada por la Fiscalía General de la Nación, por existir denuncias sobre
presuntos cobros irregulares para la expedición y trámite del certificado de
antecedentes penales.

El Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías
legalizó la captura del accionante e impuso la medida de aseguramiento consistente
en detención domiciliaria por los delitos de concusión, prevaricato por omisión y
concierto para delinquir.

Posteriormente, al celebrarse la audiencia preparatoria la Fiscalía General de la
Nación solicitó la preclusión de la investigación que se adelantaba contra el señor
Avellaneda González debido a que no contaba con el material probatorio suficiente
para desvirtuar su presunción de inocencia. La solicitud fue aceptada por el Juez
Trece Penal Municipal del Circuito Judicial de Cali. Por lo tanto, el accionante
recobró su libertad el 14 de diciembre de 2007.

El 5 de octubre del 2011, el señor Anatolio Avellaneda González junto con Steven
Avellaneda Payan y Mónica Andrea Tovar Salas en representación de sus hijos

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Anatolio Avellaneda González y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05244-01

Alejandro Avellaneda Tovar y María Kamila Avellaneda Tovar y las señoras Flor de
María González, María Decsy Avellaneda González en representación de sus hijos
menores Christin Nayibe Pinzón Avellaneda, Angela Jineth Pinzón Avellaneda y
Daniel Pinzón Avellaneda presentaron demanda de reparación directa en contra de
la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación.

El asunto fue conocido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que,
mediante sentencia del 28 de junio del 2013, declaró responsable administrativa y
patrimonialmente a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial como
consecuencia de los perjuicios causados por la privación injusta de la libertad del
señor Anatolio Avellaneda González y condenó a las entidades al pago de los
perjuicios morales en favor de los actores.

La anterior decisión tuvo como fundamento que, bajo el régimen de responsabilidad
objetiva se demostró que el fundamento de la privación de la libertad fue equivocado
pues la medida inicial fue contraria a los fines u objetos que imponen la Constitución
y por ende resultaba lesiva a los derechos fundamentales de la parte.

Inconforme con lo anterior, se presentó recurso de apelación por el apoderado de
la parte accionante y el de la Rama Judicial. El asunto en segunda instancia fue
conocido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C que en
sentencia del 21 de noviembre de 2022 revocó la dictada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca el 28 de junio de 2013.

La providencia tuvo en consideración la razonabilidad, proporcionalidad y la
necesidad de la medida de aseguramiento que recayó en el señor Anatolio
Avellaneda González, la cual se decretó en razón a los elementos materiales
probatorios presentados al inicio del proceso penal, los cuales fueron suficientes y
dieron cuenta de que el investigado podía ser coautor de las conductas delictivas
que fueron objeto de investigación.

Igualmente, sostuvo que la medida fue proporcional en razón a que el tiempo de la
detención domiciliaria impuesta al demandante no puede considerarse como una
sanción equivalente a la pena de prisión prevista en la ley para los hechos punibles
que le fueron imputados. Por último, explicó que:

Además, el juez consideró que la medida privativa de la libertad era necesaria
para evitar la obstrucción a la justicia, teniendo en cuenta que los funcionarios
del AS implicados habían establecido una estructura criminal al interior de la
entidad, que tenía la capacidad de usar la información privilegiada para
defraudar la fe pública

1.4. Sustento de la vulneración

Los accionantes sostuvieron que existe identidad fáctica y jurídica con el fallo del
señor Zamir Hernán Meneses Muñoz identificado con radicado 76001-23-31-000-

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Anatolio Avellaneda González y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05244-01

2011-00817-01, el cual si accedió a la demanda de reparación directa por la
privación injusta de la libertad del que además era compañero de trabajo del
accionante.

Argumentaron el cumplimiento de los requisitos adjetivos de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judiciales. Además, afirmaron que, las
providencias de las altas cortes tienen fuerza vinculante, en razón a ello, explicaron
que en el momento de la ocurrencia de los hechos se encontraba vigente la
sentencia de unificación jurisprudencial del 17 de octubre de 2013 de la Sección
Tercera del Consejo de Estado1, mediante la cual consideraron que debía ser
aplicado el título de imputación objetivo al caso en concreto.

Indicaron que la Corte Constitucional, mediante sentencia de unificación SU-072 de
5 de julio 2018, precisó que los artículos 90 de la Constitución Política de Colombia
no estableció ningún título específico de imputación en contra del Estado, pues el
juez puede adecuar la situación al título pertinente, situación que no hizo la
providencia de la segunda instancia.

Además, explicaron que el desconocimiento del precedente jurisprudencial quedó
plasmado en la sentencia T-330/05 del máximo tribunal constitucional. Sostuvieron
que existe una vulneración al derecho fundamental al derecho a la igualdad, el cual
tiene dos aristas: como principio que obliga a un trato igual ante los jueces y,
además, como derecho subjetivo de los ciudadanos a exigir un trato igualitario.

Manifestaron que, el señor Anatolio Avellaneda González se encontraba en igualdad
de condiciones que el señor Zamir Hernan Meneses Muñoz. En esa medida,
explicaron que frente a varios funcionarios que fueron capturados en la denominada
operación sultana no se profirieron de manera uniforme fallos por parte del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca ni del Consejo de Estado.

Destacaron que existe una vulneración al debido proceso por vías de hecho de
carácter sustancial, pues al no existir una jurisprudencia unificada del Consejo de
Estado se genera un soslaye a las libertades del individuo que hace que sea
necesaria la limitación por la ley al Estado.

1.5. Admisión de la demanda

El magistrado ponente de la decisión de primera instancia, mediante auto del 28 de
septiembre del 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar al Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C; y iii) remitir el expediente digital del medio
de control de reparación directa identificado con radicado 76001-23-31-000-2011-
01484-01.(iv) Por último, se vinculó a Nación- Rama Judicial - Fiscalía general de la
Nación; a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali y al Tribunal

1 SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL - del diecisiete (17) de octubre de dos mil

trece (2013) Radicado: 52001-23-31-000-1996-07459-01(23354)

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Anatolio Avellaneda González y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05244-01

Administrativo del Valle del Cauca, con el fin de que pudieran participar en el trámite
constitucional.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

Por medio de memorial recibido el 2 de octubre del 2023, el magistrado ponente de
la decisión cuestionada adujo que revocó la sentencia de primera instancia luego
de realizar un análisis conjunto de las pruebas allegadas al proceso y confrontarlos
con los postulados de la sentencia C-037 de 1997 y la SU-072 de 2018, y tras
contemplar el criterio que se maneja actualmente en la Corporación que se refiere
a que la sola acreditación de una decisión preclusiva o absolutoria de la
responsabilidad penal no es suficiente para imputarle el daño al Estado por privación
injusta de la libertad.

Arguyó que para tal fin se debe demostrar que no se cumplió con la necesidad y
razonabilidad de la medida, que en el caso en concreto se infirió, porque el imputado
pudo ser participe de las conductas antijurídicas.

Indicó que el juez debe verificar los elementos de juicio que se utilizaron para la
imposición de la medida restrictiva de la libertad. Entonces, a disposición que
avanza el proceso penal, es indispensable una mayor carga probatoria para la
imposición de la medida, que finalmente desencadenará en una condena o la
absolución, lo que no hace que la decisión inicial sea arbitraria o injusta.

Frente al argumento del accionante según el cual se vulnera el derecho a la igualdad
con respecto de la providencia que resolvió el proceso de reparación directa del
señor Zamir Hernán Meneses indicó que:

(…) aun cuando el accionante se detuvo en las semejanzas que existen entre
su caso y el del señor ZAMIR HERNÁN MENESES, en cuanto ambos
provinieron de los mismos hechos penalmente investigados y, por tanto,
comparten una identidad fáctica y jurídica, el Despacho, en cambio, advierte
que, pese a ser el mismo hecho investigado, en el presente caso se acometió
el estudio que impone la sentencia C-037 de 2007 de la Corte Constitucional,
máxime, cuando en el proceso penal se implicó a un grupo amplio de personas,
las cuales pueden tener un acervo común y otro particular y concreto en razón,
entre otros aspectos, a la función que desempeñaban los servidores públicos,
ya que algunos de ellos tenían acceso directo a las bases de datos, mientras
que otros no, algunos se vieron implicados por la alteración de la asignación de
citas para la expedición del certificado judicial y otros por la emisión de
certificados judiciales falsos. Además, ya en el trámite de la reparación directa
no todos los expedientes contaron con la misma disponibilidad probatoria.

Por último, sostuvo que:

(…) aun cuando los investigados fueron absueltos principalmente porque no
existió cotejo de voces respecto de las interceptaciones telefónicas, lo cierto es

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Anatolio Avellaneda González y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05244-01

que, en el caso que nos ocupa existían otros medios de convicción que
cumplían con el estándar de prueba que la codificación penal vigente para
entonces imponía para la estructuración de los indicios necesarios al momento
de imponer la medida de aseguramiento, que no la preclusión, porque el
proceso penal se rige por el principio de progresividad y ello es importante
tenerlo en cuenta.

1.6.2. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Se limitó a enviar el expediente ordinario de la referencia, sin pronunciarse sobre
los hechos y consideraciones de la demanda.

1.6.3. Fiscalía General de la Nación

Mediante memorial del 3 de octubre de 2023, la entidad indicó que la acción de
tutela era improcedente por la falta del requisito de subsidiariedad al existir otros
mecanismos procedentes para controvertir la decisión. Además, explicó que, los
accionantes no indicaron las causales específicas de procedibilidad de la acción de
tutela para que fuera procedente, por el contrario, pretenden recuperar
oportunidades procesales ya superadas.

1.7. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B en sentencia del 25 de
octubre del 2023 analizó los requisitos generales de procedibilidad, los cuales los
encontró superados. Por lo que, continuó con el análisis del defecto por
desconocimiento del precedente, en esa medida explicó que, con respecto a la
sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013 proferida por la Sección Tercera
del Consejo de Estado esta perdió vigencia en el 2018, de manera que no se puede
aplicar para el momento en que se profirió la sentencia.

En esa medida, expuso que la autoridad judicial enjuiciada no se encontraba atada
al precedente que el accionante alegó como desconocido. Así mismo, sostuvo que,
la aplicación de un trato desigual en casos que tengan una identidad fáctica no es
del todo reprochable dado que no todos los asuntos de privación injusta de la
libertad deben decidirse bajo la fórmula atributiva de responsabilidad a la que
conduce el régimen objetivo, en los casos de absolución por in dubio pro reo.

Entonces, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C al proferir la
sentencia del 21 de noviembre de 2022 no incurrió en una vía de hecho por el
desconocimiento del precedente, pues la decisión de segunda instancia que revocó
a las pretensiones de la demanda se soportó en un estudio razonable de los hechos,
las pruebas allegadas al proceso, la normativa y la jurisprudencia aplicable al caso
y la sola manifestación de inconformismo no es suficiente para la configuración del
defecto.

1.8. Impugnación

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Anatolio Avellaneda González y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05244-01

Explicó que, la acción de tutela no se interpuso con el fin de que se realizara un
nuevo estudio o una instancia adicional al proceso ordinario. Sino que, el
mecanismo constitucional es para poner en evidencia la vulneración del derecho
fundamental de la igualdad del señor Anatolio Avellaneda González.

En esa medida, reiteró que el señor Anatolio Avellaneda González se encontraba
en igualdad de condiciones por la identidad fáctica y jurídica de los hechos con
respecto del señor Zamir Hernán Meneses Muñoz que era el grafólogo del
aeropuerto quien también realizó llamadas telefónicas al número fijo del aeropuerto.

Sostuvo que, en el escrito de tutela se probó que el señor Avellaneda González y
Meneses Muñoz estaban en igualdad de condiciones, además transcribió apartes
de la audiencia de preclusión, con el fin de demostrar que estaban en igualdad de
condiciones.

Sumado a esto, explicó que si se buscaba en la página web de Google aparecerá
el escándalo y el nombre del accionante con lo cual se demuestra el daño que
generó la investigación judicial que conllevó a la privación de la libertad del señor
Avellaneda González.

Por último, indicó que: «los ciudadanos no acuden a la administración de justicia
para que los jueces resuelvan sus litigios con base en algún derecho recién creado
por los mismos jueces, sino respetando y aplicando las reglas y el derecho
establecido previamente».

1.9. Trámite en segunda instancia

El proyecto de fallo fue sometido a discusión de la sala de decisión de la Sección
Quinta el 1 de febrero del 2024. Sin embargo, el magistrado Omar Joaquín Barreto
Suárez manifestó su impedimento para conocer del asunto, el cual se encuentra
fundado en el artículo 56 numeral 1°, en razón a que su cónyuge se encuentra
adscrita a la Fiscalia General de la Nación, entidad que fue parte en el proceso
ordinario que es objeto de litigio.

En atención a lo anterior, con auto del 2 de febrero del 2024, se ordenó el sorteo de
dos conjueces, con el fin de resolver el impedimento manifestado. El 7 de febrero
siguiente, se llevó a cabo el referido sorteo, en el cual se designó como conjuez
principal al doctor Humberto Antonio Sierra Porto y, en calidad de suplente al doctor
Germán Lozano Villegas.

Ahora bien, mediante auto del 22 de febrero del 2023 se declaró infundado el
impedimento, en razón a que, no se advirtió ninguna injerencia real de la funcionaria
sobre el proceso de reparación directa que se adelantó contra la Fiscalía General
de la Nación y sobre el cual versa la acción constitucional de la referencia, así

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Anatolio Avellaneda González y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05244-01

mismo, no existe ninguna participación de la cónyuge del magistrado Barreto Suárez
en el curso del proceso.

Por lo expuesto, la Sala que dirimirá la controversia planteada en esta acción
constitucional estará conformada por los magistrados titulares de la Sección Quinta
del Consejo de Estado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la parte
actora contra la sentencia del 25 de octubre de 2023, dictada por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el
artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de
primera instancia proferida el 25 de octubre del 2023 por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B a través de la cual negó del amparo solicitado,
para lo cual se deberán resolver los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela
contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se resolverá el siguiente
problema:

• ¿Vulneró el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C en sentencia
de 21 de noviembre de 2022, los derechos fundamentales invocados por
presuntamente incurrir en el defecto del desconocimiento del precedente y
vulnerar el principio de igualdad al revocar la sentencia de primera instancia
proferida el 28 de junio del 2013 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, para, en su lugar, negar las pretensiones del proceso de reparación
directa identificado con radicado 76001-23-31-000-2011-01484-01?

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizará: i) el criterio de la
Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial; ii) requisitos de procedibilidad adjetiva; iii) estudio de la relevancia
constitucional respecto del defecto del desconocimiento del presente; iv) estudio de
los requisitos de procedibilidad frente a la violación al principio de igualdad; v) caso
concreto.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Anatolio Avellaneda González y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05244-01

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 2
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema3 y declaró su
procedencia.4

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se
analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Igualmente, se debe manifestar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos generales de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

2.4.1. Relevancia constitucional

Cabe destacar que la Corte Constitucional5 desde la sentencia C-590 de 2005
incluyó como requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela contra

2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth

García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
4 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
5 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia
13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Anatolio Avellaneda González y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05244-01

providencia judicial que (i) la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; (ii) se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, (iii) se cumpla el requisito
de la inmediatez, y (iv) no se trate de sentencias de tutela.

El concepto de relevancia constitucional se refiere a un método objetivo de
procedencia de la acción de tutela, pues busca excluir, en el estudio de
procedibilidad, las vulneraciones de derechos fundamentales que no tengan tal
relevancia.

Ello comprende una carga para el actor de la acción de tutela contra providencia
judicial, de justificar la vulneración del derecho fundamental con una argumentación
diferente de la que se expuso en el proceso ordinario y que se dedique a la lesión
de la garantía fundamental invocada.

Así, respecto de la acción de tutela contra providencia judicial, dicha figura implica
un quebrantamiento del núcleo esencial del derecho fundamental alegado por la
parte actora y que no fue tenido en cuenta por aquella autoridad judicial, por las
razones anteriormente anotadas.

En atención a la definición anterior, para determinar si en un caso concreto se
encuentra acreditado el requisito de relevancia constitucional, el juez debe realizar
el test de procedibilidad en relación con las pretensiones de la demanda y la carga
argumentativa y probatoria que justifica la protección de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora. Lo anterior, desde la perspectiva del
núcleo esencial de las garantías fundamentales invocadas y los casos
anteriormente ejemplificados.

Dicha postura fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en
sentencia de unificación del 5 de agosto de 20146, en la que se indicó que para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial se
debían analizar dichos requisitos.

En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad señaló que
este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el principio
constitucional de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la acción de
tutela se torne en un instrumento para involucrarse en asuntos que corresponde a
otras jurisdicciones.

11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Anatolio Avellaneda González y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05244-01

En la sentencia SU-215 de 20227, el alto tribunal unificó los criterios que se deben
analizar a la hora de determinar si un asunto reviste o no de relevancia
constitucional, de acuerdo precisamente a los fines acogidos hasta ese momento.

Por su parte, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 20228 modificó su
postura en relación con la relevancia constitucional frente a aquellos casos en los
que se hace evidente que los argumentos propuestos por los tutelantes se limitan a
desarrollar aspectos de índole legal o económico, sin que se propongan razones de
importancia para la interpretación y aplicación de la Constitución ante la posible
vulneración de derechos fundamentales, que amerite el estudio del fondo del
asunto.

De esta manera, esta Sala de Decisión en esa oportunidad, se planteó que el
estudio de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios
establecidos por la Corte Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en
concreto se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de
aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al
proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto
que este mecanismo sólo está instituido para proteger derechos
fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente
a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate exclusivamente
legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no
se advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una
vulneración ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque
estas controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la
tutela no puede convertirse en una tercera instancia.

La carga argumentativa como criterio para determinar cuándo un asunto reviste de
relevancia constitucional: De acuerdo con la Corte Constitucional, este presupuesto
implica que el accionante cumpla con una carga explicativa mínima al identificar: (i)

7 A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en primera

y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro de una acción
de tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de
cierre. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión
judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte Constitucional esbozó que
el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este postulado. Lo anterior, porque
(i) no tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii) planteaba
una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la carga argumentativa y
explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales
invocados.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de

septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Anatolio Avellaneda González y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05244-01

los derechos fundamentales afectados; (ii) los hechos que generan la vulneración;
y (iii) los motivos por los que considera que la autoridad judicial accionada ha
incurrido en uno de los defectos.

Frente a este último punto, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que
no es suficiente alegar una violación a un derecho fundamental con base en una
simple relación de los hechos, sino que se exige demostrar de manera razonable
una restricción desproporcionada de aquella9.

A su turno, esta Corporación en diferentes oportunidades ha considerado que
tratándose de la carga argumentativa como requisito sine qua non para definir la
procedibilidad de la acción de tutela, existe un deber de sustentar en términos
jurídicos el defecto en el que la autoridad judicial accionada incurrió. Por esto, el
peticionario está obligado a exponer de manera detallada las razones que
sustentan su demanda de amparo y los motivos que, en su criterio explican la
configuración de una causal especifica de procedencia.

2.5. Estudio de la relevancia constitucional respecto del defecto del
desconocimiento del precedente (sin incluir la violación al principio de
igualdad)

La parte accionante indicó que, la providencia objeto de reproche incurrió en el
defecto del desconocimiento del precedente. Esto, al considerar que, la autoridad
judicial accionada debía aplicar la sentencia de unificación jurisprudencial del 17 de
octubre de 2013 de la Sección Tercera del Consejo de Estado y no la nueva
sentencia de unificación proferida en el 2018, pues no era aplicable a la situación
ya que los hechos se dieron en vigencia de otra providencia, por lo que debía ser
aplicaba esta última.

Por tanto, afirmó que la Corte Constitucional no estableció en su jurisprudencia
ningún título de imputación frente al Estado por lo que el juez puede utilizar cualquier
que encuentre probado durante el proceso y no elegir a discreción el régimen que
aplicará.

Ahora bien, al respecto del asunto en concreto, la sala advierte que la parte
accionante mediante la acción constitucional manifiesta es su descontento con el
resultado adverso que tuvo en el proceso de reparación directa. En esa medida,
para la Sala de Decisión los tutelantes presentaron argumentos tendientes a buscar
una instancia adicional al recurso de apelación que resolvió el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C con lo cual pretende reabrir las etapas procesales
y la controversia ya zanjada por el juez natural de la causa, ante la simple
inconformidad con la aplicación de la jurisprudencia vigente por el juez ordinario.

9 Corte Constitucional. Sentencia SU-103 de 2022.

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Anatolio Avellaneda González y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05244-01

Ahora bien, como se puede advertir en los escritos presentados por los actores, se
evidencia una clara omisión de encuadrar y desarrollar rigurosamente sus motivos
en los defectos o requisitos específicos de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial establecidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado y la
Corte Constitucional, evidenciando la carencia de relevancia constitucional de la
controversia propuesta, pues la parte actora solamente se limitó a citar providencias
del máximo tribunal constitucional sin ningún tipo de desarrollo argumentativo que
pudiera establecer la posible vulneración de un derecho fundamental, y tampoco
controvirtió en fundamento jurisprudencial que usó la accionada para negar las
pretensiones de la demanda.

Por último, se destaca que formular un simple desacuerdo con una decisión judicial
y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías fundamentales, no
conlleva a que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela revista
necesariamente relevancia constitucional. En estos asuntos, se requiere que en el
escrito inicial medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la
controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental.
Esto, pues la competencia de este juez se restringe a la protección efectiva de las
garantías constitucionales y no a problemas de carácter económico, legal o
patrimonial o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por
los jueces naturales.

2.6. Estudio de los requisitos de procedibilidad frente a la violación al derecho
a la igualdad:

2.6.1. Relevancia constitucional

Para la Sala es necesario precisar que, este requisito10 se encuentra superado
frente a este yerro por cuanto la parte actora adujo que se le vulneró su derecho a
la igualdad, ya que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C en otro
caso de similares supuestos fáticos y jurídicos al suyo, en sentencia del 11 de
noviembre de 2022 (radicado 76001-23-31-000-2011-00817-01), sí accedió a las
pretensiones de la demanda al considerar que aconteció el daño especial al ser
privado de la libertad dentro de un proceso penal por los delitos de concierto para
delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por
acción, revelación de secreto, abuso de función pública ,prevaricato por omisión,
cohecho por dar u ofrecer, falsedad personal y falsedad material en documento
público.

10 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia
13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.

13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Anatolio Avellaneda González y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05244-01

La referida imputación se basó en una serie de grabaciones obtenidas por la Fiscalía
General de la Nación. Sin embargo, el ente investigador no pudo cotejar las
grabaciones recaudadas con la voz del demandante Zamir Hermán Meneses
Muñoz, con el fin de verificar si intervino en las conversaciones interceptadas. Por
tanto, concluyó que la privación de la libertad que padeció el señor Meneses Muñoz
le generó un daño que no estaba obligado a soportar, de manera que el proceso
penal fue precluido pues no existió material probatorio suficiente para desvirtuar su
presunción de inocencia y para acreditar que él fue el que cometió los ilícitos
imputados por lo que determinó un daño especial que es imputable al Estado, de
acuerdo con el artículo 90 de la Constitución.

Así, se reitera que este asunto tiene relevancia constitucional ya que en palabras
de la Corte Constitucional la igualdad está consagrada en el artículo 13 de la
Constitución Política de 1991, simultáneamente como un valor, un principio y un
derecho fundamental. Como principio y como valor, implica que debe estar presente
en la formulación del derecho, lo que impone al legislador la obligación de no
establecer diferenciaciones arbitrarias. Como derecho fundamental, se traduce en
la posibilidad que tienen las personas de exigir un mismo trato frente a la ley, de
manera que ésta se aplique en todos los casos que caen bajo sus supuestos de
hecho.11

En consecuencia, esta Sección no percibe este mecanismo de amparo como un
medio dirigido a reabrir el debate jurídico frente a la calificación efectuada por la
autoridad judicial accionada de los hechos y las pretensiones que dieron lugar al
ejercicio del medio de control contencioso por parte del demandante.

Bajo esta línea argumentativa, la Sala reitera que el asunto sí reviste de relevancia
constitucional, pues se advierte que los reparos contra la providencia bajo
cuestionamiento pretenden poner de presente las irregularidades en que
presuntamente incurrió la autoridad judicial accionada que además comprometen
una serie de garantías de orden superior. Esto, más allá del debate legal surtido en
las instancias del caso, por lo que es evidente tensión entre los derechos
fundamentales invocados y la decisión judicial que controvierte.

2.6.2. Inmediatez

También se acredita el cumplimiento del requisito de la inmediatez. Lo anterior, por
cuanto la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C que se
acusa como vulneradora fue proferida el 22 de noviembre 2022, y notificada el 30
de marzo de 2023.

11 Corte Constitucional. Sentencia T-629 de 2010

14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Anatolio Avellaneda González y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05244-01

Así, sin que sea necesario establecer su fecha de ejecutoria, se advierte que la
acción de tutela se radicó dentro del término razonable de 6 meses señalado por la
jurisprudencia12 , pues el mecanismo se radicó el 21 de septiembre de 2023.

2.6.3. Tutela contra tutela

La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la
misma naturaleza, pues la providencia judicial reprochada fue proferida al interior
del proceso de reparación directa identificadocon radicado 76001-23-31-000-2011-
01484-01.

2.6.4. Subsidiariedad

En consideración a dicho requisito, por tratarse de una providencia que resolvió en
segunda instancia el proceso de reparación directa, es evidente el agotamiento de
los recursos ordinarios. Asimismo, no proceden los recursos extraordinarios de
revisión y unificación de jurisprudencia, comoquiera que la inconformidad
señalada por la parte actora no se adecúa a las causales establecidas en los
artículos 250 y 257 de la Ley 1437 de 2011.

Así pues, superado el cumplimiento de los requisitos adjetivos respecto del cargo
de violación al principio de igualdad, esta Sala entrará a estudiar el caso concreto.

2.7. Caso concreto

La parte actora explicó que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
en un caso de similares supuestos fáticos y jurídicos, en sentencia del 11 de
noviembre de 2022, accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que
sufrió un daño especial, porque no estaba en la obligación de soportarlo. Por lo
tanto, surgió a la luz la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la
libertad, pues la fiscalía en su imputación omitió presentar las pruebas
correspondientes y pertinentes que probaran la participación de la parte en el hecho
ilícito que se imputó.

De los argumentos presentados en el escrito de tutela y en la impugnación se
concluye que en el asunto de la referencia los accionantes consideraron que el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C vulneró sus derechos
fundamentales al revocar la sentencia en el proceso de reparación directa, para en
su lugar, negar las pretensiones por la responsabilidad del estado por la privación
injusta.

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Anatolio Avellaneda González y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05244-01

Los tutelantes hicieron un breve recuento de los hechos fácticos del referido proceso
y explicaron que el señor Zamir Hernán Meneses Muñoz hacía parte del grupo que
fue capturado por presuntamente cobrar dineros para la expedición de los
certificados de antecedentes penales. Sin embargo, el señor Meneses Muñoz fue
absuelto de la investigación penal, pues no existía el material probatorio pertinente
que pudiera cotejar que este incurrió en la conducta antijurídica sancionable por el
Estado. Por lo tanto, el ente investigador en audiencia de imputación solicitó la
preclusión de la investigación.

De acuerdo con lo anterior, los accionantes indicaron que estos se encontraban en
una situación de equivalencia, ya que, el referido proceso guarda una identidad en
la situación fáctica con el caso que hoy se controvierte en este trámite constitucional.
No obstante, el argumento consistente en que se le vulneró el principio a la igualdad
no tiene vocación de prosperidad, por cuanto el fallo invocado fue dictado por una
subsección diferente a la que falló la sentencia controvertida.

En tal sentido, la conclusión adoptada por la Subsección B no puede ser impuesta
a la Subsección C, pues los magistrados que resolvieron el proceso objeto del sub
examine, gozan de autonomía funcional e independencia, de tal manera que no le
resulta vinculante ni obligatoria su decisión.

Frente al punto, la Corte Constitucional ha indicado que la autonomía e
independencia judicial comporta tres atributos básicos en nuestro ordenamiento
superior: i) la posibilidad del juez de aplicar el derecho libre de interferencias
tanto internas como externas; ii) la materialización del principio de separación de
poderes, el derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia;
y, finalmente, iii) constituye un principio estructural de la Carta Política de 199113.

2.8. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto en los párrafos precedentes, se modificará la
sentencia del 25 de octubre de 2023 dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B que negó el amparo de la tutela promovida por la parte
actora, para en su lugar, declarar la improcedencia de la solicitud de amparo por
incurrir en el defecto del desconocimiento del precedente y, también, negar la
solicitud de protección del derecho fundamental de igualdad solicitada.

3. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

13 Sentencia T-450/18 de la Corte Constitucional.

16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Anatolio Avellaneda González y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05244-01

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 25 de octubre de 2023 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, para en su lugar, DECLARAR
LA IMPROCEDENCIA del mecanismo de amparo con respecto al defecto por
desconocimiento del precedente y NEGAR el amparo solicitado respecto del cargo
sustentado en la presunta trasgresión al derecho a la igualdad

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado(E1)

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.