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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-01484-01

Fecha
21 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-01484-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 28 de junio de 2013, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda. En su lugar: SEGUNDO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda. TERCERO: Sin condena en costas. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-31-000-2011-01484-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

21 de noviembre de 2022

Expediente: 76001-23-31-000-2011-01484-01 (50304)
Demandantes: Anatolio Avellanada González y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Radicado número: 76001-23-31-000-2011-01484-01 (50304)
Demandantes: Anatolio Avellanada González y otros
Demandados: Nación—Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa

Tema: Responsabilidad del Estado por daños causados en la administración de Justicia
Subtema 1: Privación injusta de la libertad. Ley 906 de 2004
Subtema 2: Antijuridicidad del caño no acreditada

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección resuelve los recursos de apelación interpuestos por las partes,
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el
28 de junio de 2013, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Anatolio Avellanada González fue capturado con ocasión de la investigación que
adelantó la Fiscalía General de la Nación por los presuntos cobros irregulares que
estarían haciendo los funcionarios del DAS para el trámite irregular del certificado
de antecedentes judiciales. La captura fue ordenada por el Juzgado 12 Penal
Municipal con funciones de control de garantías y legalizada por el Juzgado
Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías, que también
formuló la imputación e impuso medida de aseguramiento consistente en
detención domiciliaria por los delitos de concusión, prevaricato por omisión y
concierto para delinquir. Al instalarse la audiencia preparatoria, la Fiscalía solicitó
la preclusión, debido a que no contaba con elementos de prueba suficientes para
desvirtuar la presunción de inocencia del procesado.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

Anatolio Avellanada González y Mónica Andrea Tovar Salas (esposa), Steven
Avellanada Payan, Alejandro Avellanada Tovar, María Kamila Avellanada (hijos),
Flor de María González (madre), María Decsy Avellanada (hermana), Christin
Nayibe Pinzón Avellaneda, Angela Jineth Pinzón Avellaneda y Daniel Pinzón
Avellanada (sobrinos), por conducto de apoderado, presentaron demanda en
ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación, Rama
Judicial y Fiscalía General de la Nación1 con la pretensión de que se les declare
administrativa y patrimoniaMente responsables del daño derivado de la privación
injusta de la libertad a la que fue sometido Anatolio Avellanada. Como fundamento
fáctico de sus pretensiones, la parte actora enunció que, el 22 de junio de 2007, la

1 Aunque en la demanda se mencionó al Departamento Administrativo de Seguridad como ente demandado,
esta fue admitida por el tribunal solamente contra la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial, sin
que la parte actora recurriera dicha providencia para vincular al DAS, auto admisorio del 2 de noviembre de
2011, f. 133, c. 1.

Expediente: 76001-23-31-000-2011-01484-01 (50304)
Demandantes: Ana tollo Avellaneda González y otros

Policía Judicial del DAS detuvo al señor Anatolio Avellaneda y al día siguiente, un
juez de control de garantías legalizó su captura e impuso medida de
aseguramiento de detención domiciliaria. Finalmente, la Fiscalía solicitó la
preclusión de la investigación, por cuanto no existían suficientes indicios en contra
del procesado que indicaran su participación en lós delitos de concusión,
prevaricato por omisión y concierto para delinquir.

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia

La demanda presentada el cinco (5) de octubre de dos mil once (2011)2 fue
admitidas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el auto de admisión
notificado en debida forma&

La Nación, Rama Judicial, representada por la Directora Seccional de
Administración Judicial, por medio de apoderado, presentó escrito de
contestación de la demanda en el que expuso que el Juez penal de control de
garantías decretó la medida de aseguramiento con base en los elementos
materiales probatorios legalmente recaudados y exhibidos por la Fiscalía y realizó
las audiencias preliminares con pleno respeto de las garantías y derechos
fundamentales del procesado, por lo que no hay lugar a declarar la
responsabilidad del Estado'. Por su parte, la Nación, Fiscalía General de la
Nación, por medio de apoderado, manifestó su inconformidad con el monto de la
indemnización de perjuicios solicitada por la parte actora, pues consideró que no
se ajusta a los parámetros establecidos por la jurisprudencia. Más adelante señaló
que el proceso al que fue vinculado el demandanté inició con una orden de
captura emitida por un juez con función de control de garantías, la cual fue
legalizada; posteriormente, la medida de aseguramiento fue impuesta con base en
elementos materiales probatorios legalmente obtenidos, lo que da cuenta de que
toda la actuación estuvo ajustada a derecho. Por último, la Fiscalía propuso como
excepción la falta de legitimación en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que
es al juez penal al que le corresponde analizar las pruebas presentadas para
decretar la medida de aseguramiento privativa de la libértat

Vencida la etapa probatoria, el tribunal corrió traslado a las partes para que
alegaran de conclusión7. Así lo hicieron la parte actora y los órganos
demandados'.

2.3. La sentencia recurrida

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 28 de junio de 2013, accedió a
las pretensiones de la demanda porque encontró demostrado el daño, pues el
demandante estuvo privado de la libertad en detención domiciliaria por un lapso de
5 meses y 10 días, en virtud de la medida de asegúramiento impuesta en su
contra por los delitos de prevaricato y cohecho, entre otros, que cesó cuando el
Juzgado Catorce Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Cali ordenó
la libertad inmediata, por vencimiento de términos. Consideró, además, que el
Estado tiene el deber de reparar los perjuicios causados con la privación de la
libertad que padeció el demandante, puesto que la investigación precluyó sin que
se desvirtuara la presunción de inocencia del sindicado, situación que compromete

2 Escrito de demanda, f. 100 a 123, c. 1.
3 Auto de admisión de la demanda proferido el 02 de noviembre de 2011, f. 133, c. 1.
4 Constancias de notificación, f. 139 y 140, c. 1.
Escrito de contestación, Rama Judicial, f. 141, c. 1.
6 Escrito de contestación, Fiscalía General de la Nación, f. 180, c. 1.
7 Auto de traslado, 12 de marzo de 2013, f. 225, c. 1.
Alegatos en primera instancia, f. 226 a 277, c. 1.

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Expediente: 76001-23-31-000-2011-01484-01 (50304)
Demandantes: Anatolio Avellaneda González y otros

la responsabilidad de la administración bajo el régimen de responsabilidad
objetivo. El tribunal condenó a la Nación-Fiscalía General y a la Nación-Rama
Judicial a pagar, como indemnización por perjuicios morales, 30 smlmv a favor del
privado de la libertad, 20 smlmv a favor de su esposa y cada uno de sus hijos, 15
smlmv para la madre y 10 smlmv para la hermana. El perjuicio moral padecido por
los sobrinos del privado de la libertad no se encontró acreditado en el proceso.
Como indemnización por lucro cesante, reconoció la suma de $8.081.203, con
base en el salario que el demandante devengaba como servidor público del DAS y
negó la indemnización solicitada por daño emergente, porque no demostró los
gastos por concepto de honorarios.

2.4. Recurso de apelación

La parte actora interpuso recurso de apelación con el fin de que la indemnización
por perjuicios morales se calcule conforme a los estándares jurisprudenciales, se
reconozca indemnización a favor de los sobrinos, se indemnice el daño a la vida
de relación y se aumente el lucro cesante en 6 meses, correspondiente al tiempo
que una persona tarda en restablecerse económicamente. Además, solicitó que se
condene al Departamento Administrativo de Seguridad —DAS-, por cuanto fue el
órgano que expuso al demandante ante los medios de comunicación al
presentarlo como un delincuente ante la sociedad9.

La Nación, Rama Judicial formuló recurso de apelación" en el que manifestó
que todas sus actuaciones fueron realizadas conforme a la ley y con base en los
indicios serios que obraban en contra del demandante, por lo que la medida de
aseguramiento no fue desproporcionada o arbitraria. Aseguró que el Juzgado
Trece Penal con funciones de control de garantías de Cali declaró la legalidad de
la captura, debido al cumplimiento de los procedimientos legales y la existencia de
indicios de responsabilidad suficientes, tal como lo exige la normativa penal.
Finalmente, manifestó que el órgano llamado a responder es la Fiscalía General
de la Nación, que goza de autonomía patrimonial y administrativa y es la que
cuenta con la facultad para solicitar la preclusión de la investigación, debido a que
no existían suficientes méritos para sostener la acusación.

2.5. Trámite relevante en segunda instancia

El tribunal fijó fecha para la celebración de la audiencia de conciliación ordenada
en el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, pero las partes manifestaron no tener
ánimo conciliatorio, por tal razón, la diligencia se declaró fallida". Por auto del 19
de marzo de 2014, esta Corporación admitió los recursos de apelación
interpuestos por haber sido presentados dentro de la oportunidad lega112. Durante
el término de traslado para alegar de conclusión, el Ministerio Público y la parte
demandante guardaron silencio, mientras la Nación-Fiscalía General de la Nación
presentó alegatos13 en los que manifestó que su actuación se ajustó las funciones
de investigación atribuidas en la ley, y que es el juez de control de garantías el que
tiene la potestad de decretar la medida de aseguramiento.

III. PROBLEMA JURÍDICO

En atención a los argumentos de inconformidad expuestos en los recursos de
apelación interpuestos por las partes, constitutivos del marco de juzgamiento de la
9 Recurso de apelación, parte demandante, f. 326, c. ppal.
19 Recurso de apelación, Rama Judicial, f. 360, c. ppal.
11 Acta de conciliación judicial, F. 380, c. ppal.
12 Auto de admisión de recurso de apelación, 19 de marzo de
2014, f 390, c ppal
13 Alegatos de conclusión, Fiscalía General de la Nación, f. 394, c.
ppal.

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Expediente: 76001-23-31-000-2011-01484-01 (50304)
Demandantes: Anatolio Avellaneda González y otros

segunda instancia, la Sala resolverá los siguientes problemas jurídicos:

¿La medida de aseguramiento de detención domiciliaria impuesta a Anatolio
Avellaneda González por el Juez Segundo Penal Municipal de Cali con funciones
de control de garantías, en la audiencia concentrada celebrada el 23 de junio de
2007, por la comisión de delitos contra la administración pública imputados en su
condición de servidor público del DAS, seccional Cali, constituye un daño
antijurídico por contrariar los principios de legalidad, proporcionalidad,
razonabilidad y necesidad?

En el evento de que la respuesta al anterior problema jurídico sea afirmativa, la
Subsección establecerá: ¿El daño antijurídico derivado de la imposición de la
medida de detención domiciliaria en contra de Anatolio Avellaneda González
resulta imputable a la Nación, Rama Judicial, y/o a la Nación, Fiscalía General de
la Nación por causa de su acción u omisian?

Finalmente, en caso de que se configuren los dos presupuestos necesarios para
que surja la responsabilidad estatal, se estudiará la prueba atinente a los
perjuicios, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación.

IV. HECHOS PROBADOS RELEVANTES PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS
PROBLEMAS JURÍDICOS ENUNCIADOS

El material de prueba aportado al expediente da cuenta de los siguientes hechos:

4.1. El 23 de junio de 2007, el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones
de control de garantías de Cali realizó audiencias de legalización de captura,
formulación de la imputación y solicitud de medida de aseguramiento para 17
funcionarios de la seccional del Valle del Cauca del Departamento Administrativo
de Seguridad —DAS. La solicitud de imposición de medida de aseguramiento fue
sustentada por la Fiscalía General de la Nación, entre otras, en el resultado de la
misión de trabajo número 331 del 15 de agosto de 2006, adelantada por
investigadores del grupo anticorrupción del Departamento Administrativo de
Seguridad —DAS-, que dio cuenta de las irregularidades denunciadas mediante
correo electrónico dirigido a la Vicepresidencia de la República, en el que se
denunció el cobro de tarifas no establecidas para la expedición del certificado
judicial.

El juez de control de garantías impartió legalidad a 15 capturas, entre estas, la de
Anatolio Avellaneda González, a quien le imputó los delitos de concierto para
delinquir, concusión y prevaricato por omisión, imputación formulada por la
Fiscalía en la modalidad de coautoría impropia. Finalmente, le impuso medida de
aseguramiento de detención domiciliaria, debido a que la consideró procedente,
según lo previsto en el artículo 308 de la Ley 906 de 200414. La imposición de
medida de aseguramiento fue confirmada por el Juzgado Quinto Penal del
Circuito de Cali, en audiencia del 26 de julio de 200715.

4.2. El 14 de diciembre de 2007, Anatolio Avellaneda González recuperó la
libertad, una vez el Juzgado Catorce Penal del Circuito de Cali, con funciones de
conocimiento, revocó la decisión del Juez Sexto Penal Municipal de control de
garantías, que en audiencia de 20 de noviembre de 2007 había negado la libertad
del imputado por configurarse la causal de libertad prevista en el numeral 4 del

14 Archivo audiovisual audiencia del 23 de junio de 2007, Samai, índices 37 y 38.
15 Acta de audiencia, 26 de julio de 2007, f. 150, c. 6.

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Expediente: 76001-23-31-000-2011-01484-01 (50304)
Demandantes: Anatolio Avellaneda González y otros

artículo 317 del CPP, por observar que el término para formular acusación se
había cumplidois.

4.3. El 22 de febrero de 2008, luego de varios aplazamientos, el Juzgado Trece
Penal del Circuito de Cali con funciones de conocimiento acusó a Anatolio
Avellaneda González por los delitos de concierto para delinquir, concusión y
prevaricato por omisión17. La variación en los delitos por los que fue imputado
obedeció a que la Fiscalía no contaba con elementos de prueba para demostrar la
comisión de los demás delitos.

4.4. El 2 de septiembre de 2009, el Juzgado Trece Penal del Circuito de Cali, a
petición de la Fiscalía, decretó la preclusión de la investigación y, en
consecuencia, declaró la extinción la acción penal y revocó la medida cautelar
impuesta en contra de los procesados. La anterior decisión quedó en firme el
mismo día de la audiencia, por cuanto, las partes no interpusieron recursos". La
solicitud de preclusión elevada por la Fiscalía tuvo como fundamento la falta de
elementos materiales de prueba para desvirtuar la presunción de inocencia de los
procesados.

V. CONSIDERACIONES

La Sala procede a resolver el asunto habida consideración de la competencia que
le asiste para ello, dado que la Ley 270 de 1996, al prever la responsabilidad del
Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia y privación injusta de la libertad estableció que estos
asuntos serían competencia de los Tribunales Administrativos en primera
instancia y del Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la
cuantía19.

Asimismo, la Sala encuentra acreditado que la acción de reparación fue ejercida
en oportunidad, esto es, en el término de dos (2) años previsto en el artículo 136.8
CCA29, porque: i) la providencia por medio de la cual el Juzgado Trece Penal del
Circuito de Cali decretó la preclusión de la investigación fue expedida el dos (02)
de septiembre de dos mil 'nueve (2009)21; ii) la solicitud de conciliación prejudicial
fue presentada el dos (2) de agosto de dos mil once (2011)22 e interrumpió el
término de caducidad hasta el veintiuno (21) de septiembre de dos mil once
(2011), cuando se declaró fallida la audiencia de conciliación realizada; iii) y la
demanda de reparación fue presentada el cinco (5) de octubre de dos mil once
(2011).

16 Acta de audiencia, 14 de diciembre de 2007, f. 179, C. 2. Boleta de libertad del 14 de diciembre
de 2007, f.
163, c 3.
17 Acta de audiencia, 22 de febrero de 2008, f. 108, c. 3.
16 Acta de audiencia, 2 de septiembre de 2009, f. 486, c. 6.
19 E1 artículo 73 de la Ley 270 de 1996, vigente para la fecha de presentación de la
demanda, fue derogado de
manera expresa por el artículo 309 del CPACA, este último declarado exequible por la Corte Constitucional en
sentencia C- 818 de 1° de noviembre de 2011. A partir de la vigencia del CPACA, la competencia en los
asuntos referidos en la Ley 270 de 1996, se rige conforme a lo previsto en el numeral 6 del artículo 152 de ese
código.
20 Conforme a la jurisprudencia de esta Corporación en los eventos en los que se pretende la
indemnización
de los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad, el término de caducidad de dos años previsto
en el artículo 136-8 del Código Contencioso Administrativo inicia a partir del día siguiente a la fecha de
ejecutoria de la decisión penal absolutoria, de la que cesó el procedimiento o de la que declaró la preclusión
de la investigación penal, pues solo a partir de ese momento el sindicado puede inferir la existencia de un
daño antijuridico. (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de unificación de 15 de agosto de 2018 y
18 de julio de 2019, expedientes 46947 y 44572, respectivamente. En igual sentido, Sección Tercera, auto de
19 de julio de 2010, expediente 37410).
21 Acta de audiencia, 2 de septiembre de 2009, f. 67, c. 1.
22 Certificación proferida por la Procuraduría 20 judicial, f. 16, c. 1.

Expediente: 76001-23-31-000-2011-01484-01 (50304)
Demandantes: Anatolio Avellaneda González y otros

En cuanto a la legitimación en la causa por activa, está acreditado que Anatolio
Avellaneda González fue privado de la libertad, motivo por el que se encuentra
legitimado para ejercer la acción de reparación directa. También están legitimados
Steven Avellaneda Payan, Alejandro Avellaneda Tovar, María Kamila Avellaneda
(hijos), Mónica Andrea Tovar Salas (esposa), Flor de María González (madre),
María Decsy Avellaneda (hermana), Christin Nayibe Pinzón Avellaneda, Angela
Jineth Pinzón Avellaneda y Daniel Pinzón Avellaneda (sobrinos), debido a que,
mediante copia auténtica de los registros civiles de nacimiento y matrimonio, se
demostró que son esposa, hijos, madre, hermana y sobrinos de Anatolio
Avellaneda González23.

Sobre la legitimación en la causa por pasiva, la Sala observa que el daño que
se invoca en la demanda proviene de actuaciones que corresponden a la Fiscalía
General de la Nación, como órgano encargado de formular imputación y solicitar la
medida de aseguramiento y, a la Rama Judicial, encargada de adelantar el
proceso penal en contra del demandante. De manera que la Nación, como
persona jurídica representada por el Director Ejecutivo de Administración Judicial
o su delegado, y por el Fiscal General de la Nación, se encuentra legitimada en
este asunto.

En este punto resulta pertinente precisar que el Departamento Administrativo de
Seguridad DAS no fue vinculada al presente proceso, pues la demanda no fue
admitida en su contra, decisión que no fue recurrida en su momento por la parte
demandante. En ese orden, no procede el estudio de la pretensión relacionada
con el daño causado por la exposición del demandante en los medios de
comunicación que, a su juicio, fue determinada por el DAS.

5.1. Antijuridicidad del daño

El artículo 90 de la Constitución Política dispone que el Estado responderá
patrimonialnnente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de
las autoridades públicas. En función de este precepto que funge como cláusula
general de responsabilidad patrimonial pública en nueptro ordenamiento jurídico,
son dos los elementos estructurales de la responsabilidad estatal: el daño
antijurídico, que obra como elemento central en esa estructura, y la imputación a
la entidad pública por causa de los actos u omisiones de las autoridades.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la declaración de
responsabilidad referida requiere la demostración de los siguientes elementos: (i)
el daño antijurídico" y (ii) la imputabilidad al Estado, que se centra en constatar si
el daño antijurídico es atribuible a la acción u omisión de la parte demandada o si,
por el contrario, el mérito de las pruebas recaudadas dan cuenta de que el
elemento determinador en la lesión causada reside en la conducta de la víctima o
de un tercero25. Esta imputabilidad se desenvuelve en dos fases, una en el plano

23 Registro civil de nacimiento de Anatolio Avellaneda González, indicativo serial 710316, da cuenta de que su
madre es Flor de María González, f. 3; registro civil de nacimiento de Steven Avellaneda Payan, indicativo
serial 30967626, f. 4; registro civil de matrimonio entre Anatolio Avellaneda González y Mónica Andrea Tovar
Salas, número 3098598, f. 5; registro civil de nacimiento de Alejandro Avellaneda Tovar, indicativo serial
35318635, f. 6; registro civil de nacimiento de María Kamila Avellaneda, indicativo serial 43940656, f. 7,
registro civil de nacimiento de María Decay Avellaneda, sin indicativo serial, f. 8; registro civil de nacimiento de
Christin Nayibe Pinzón Avellaneda, indicativo serial 89071751636, f. 9; registro civil de nacimiento de Angela
Jineth Pinzón Avellaneda, indicativo serial 930818, f. 10; registro civil de nacimiento de Daniel Pinzón
Avellaneda, indicativo serial 33797301, f. 11, c. 1.
24 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 29 de octubre de 2018, exp. 46932.
25 La doctrina, tanto como la jurisprudencia, consideran de diferentes maneras el lugar que corresponde a
la
culpa de la victima o de un tercero en la estructura de la responsabilidad. Algún sector estima que su prueba
es causa de la quiebra del nexo de causalidad; otro, que obra como un factor impediente de la imputación del
daño a la demandada. Sin embargo, una elemental consecuencia con la definición que ya ha quedado

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Expediente: 76001-23-31-000-2011-01484-01 (50304)
Demandantes: Anatollo Avellaneda González y otros

fáctico, que se verifica en función del principio de causalidad, y otra en el plano
jurídico, que se verifica en función de la carga obligacional del órgano
demandado26.

Con relación al primer elemento, la jurisprudencia de la Sala ha considerado que
el daño debe ser cierto, personal y antijurídico, es decir, i) que exista lesión a un
bien jurídico tutelado; ii) que tenga consecuencias ciertas en el patrimonio
económico o moral del titular; y iii) que quien padece el daño no tenga el deber
jurídico de soportarlon.

En los eventos en que el bien jurídico tutelado de la libertad es restringido, en
virtud de la facultad de investigación de los delitos, a través de la imposición de la
medida de detención preventiva y excepcional, el daño que genera tal restricción
será indemnizable solo cuando se configure una privación injusta de la libertad, tal
como lo prevé el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de Administración
de Justicia- bajo la consideración que el término injusticia hace referencia a una
actuación "abiertamente arbitraria", "desproporcionada y vio/atora de los
procedimientos legales'28.

En cuanto a los presupuestos elementales de legalidad de la medida restrictiva de
la libertad excepcional y preventiva, el artículo 28 de la Constitución Política
establece que la detención esté precedida de una orden expedida por autoridad
judicial competente, por motivos previamente definidos y con las formalidades
previstas en la ley.

Ahora, en lo relativo a los demás elementos, la Corte Constitucional precisó que
su determinación implica necesariamente "definir si la providencia a través de la
cual se restringió la libertad a una persona mientras era investigada y/o juzgada
fue proporcionada y razonada, previa la verificación de su conformidad a
derecho"29. Bajo ese marco constitucional, resulta insoslayable que quien califica
de injusta la medida restrictiva de la libertad asuma la carga de probar que la
actuación fue "abiertamente arbitraria", "desproporcionada" y desconocedora de
los principios de razonabilidad y necesidad que se imponen en virtud de que el
sacrificio de la libertad debe ser excepcional. La apreciación de los medios de
prueba realizada con ese propósito, exige "valoraciones que superan el simple
juicio de causalidad y ello por cuanto una interpretación adecuada del artículo 68
de la Ley 270 de 1996, impone considerar, independientemente del título de

sentada, del daño antijurídico, permite inferir válidamente que, si el daño que la propia víctima o un tercero
determina por su obrar gravemente negligente, imprudente o inexperto, es, por antonomasia, un daño que
sólo ella debe soportar, tal daño no puede reputarse antijurídico.
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 8 de abril de
2014, exp. 29195.
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 28 de abril de
2010 y de 25 de abril de 2012,
expediente 21861.
28 Corte Constitucional, sentencia C- 037 de 5 de febrero de 1997. Declaró
exequible el articulo 68 de la Ley
270 de 1996, bajo la condición que "el término injustamente' se refiere a una actuación abiertamente
desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se tome evidente que la
privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente
arbitraria."
28 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia SU-072 de 5 de julio de 2018. "En
el caso de la privación injusta de
la libertad la Corte, ciñéndose exclusivamente al texto normativo y teniendo en cuenta las dos premisas
señaladas, esto es, que el artículo 90 de la Constitución no define un título de imputación y que, en todo caso,
la falla en el servicio es el título de imputación preferente, concluyó en la sentencia C-037 de 1996 que el
significado de la expresión "injusta" necesariamente implica definir si la providencia a través de la cual se
restringió la libertad a una persona mientras era investigada y/o juzgada fue proporcionada y razonada, previa
la verificación de su conformidad a derecho (...) 103. Ahora bien, el entendimiento de los calificativos
contenidos en dicha norma exige tener en cuenta que las diferentes normas que han regulado los supuestos
en los cuales procede la detención preventiva tienen insito el juicio de razonabilidad y
proporcionalidad; por
ejemplo, en el Decreto Ley 2700 de 1991 se consagraba como presupuesto para imponer medida de
aseguramiento que contra el sindicado resultare por lo menos un indicio grave de responsabilidad con base en
las pruebas legalmente producidas en el procesa".

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Expediente: 76001-23-31-000-2011-01484-01 (50304)
Demandantes: Anatolio Avellaneda González y otros

atribución que se elija, si la decisión adoptada por el kmcionario judicial penal se
enmarca en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad"30.

De acuerdo con lo anterior, la imputación de respondabilidad al Estado bajo el
título de privación injusta de la libertad no procede con la sola acreditación de una
decisión preclusiva o absolutoria de responsabilidad penal, dado que, conforme a
lo dispuesto en la sentencia de constitucionalidad citada, es necesario que en
cada caso particular se analicen los presupuestos de procedencia de la medida de
aseguramiento al momento de su imposición, para determinar si se ajustó o no a
los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necasidad que la rigen, análisis
que está directamente relacionado con el estándar inobatorio previsto en cada
etapa del proceso penal (principio de progresividad penal) 31.

Bajo el marco constitucional y legal referido, la Sala procede a establecer si la
medida privativa de la libertad impuesta en contra de Anatolio Avellaneda
constituyó una detención razonable, proporcional y necesaria.

La Sala encuentra demostrado que Anatolio Avellaneda González estuvo privado
de la libertad desde el 22 de junio de 2007, cuando fue capturado por orden del
Juzgado Trece Penal Municipal de Cali con funciones de control de garantías y le
fue impuesta medida de aseguramiento de detención domiciliaria, hasta el 14 de
diciembre de 2007, cuando el Juzgado Catorce Penal Oei Circuito de Cali ordenó
su libertad inmediata al configurarse la causal de libertad prevista en el numeral 4
del artículo 317 del CPP, por observar que el término para formular acusación se
había cumplido. Por tanto, está acreditado que Anatolio Avellaneda González
sufrió un menoscabo en su libertad personal por causa de la decisión cautelar
adoptada por el Juzgado Segundo Penal Municipal cpn funciones de control de
garantías de Cali32, esto es, en un derecho fundamental reconocido en el artículo
28 constitucional33, detrimento este que, a su vez, trae consigo padecimientos
morales a los seres queridos más cercanos a quién resultó privadom de su libre
locomoción.

Ahora bien, para que el daño tenga carácter antijurídico, además de recaer
sobre un interés tutelado por el derecho, es necesario verificar que no exista un
título legal conforme al ordenamiento constitucional, que justifique o que lo
legitime35.

De acuerdo con el contenido del archivo audiovisual de la audiencia preliminar del
23 de junio de 2007, la medida de aseguramiento fue impuesta por el Juzgado
Trece Penal Municipal de Cali con funciones de control de garantías, en atención
a la solicitud elevada por la Fiscalía General de la Nación que, con base en el
informe derivado de la misión de trabajo número 331 del 15 de agosto de 2006,

3° Corle Constitucional, Sentencia SU-072 de 2018.
31 Corte Suprema de Justicia, Sala Especial de Primera Instancia, sentencia de 29 de abril de 2021,
expediente 00320 (AEP-00045). "Vale la pena en primer lugar destacar que la estructura del proceso penal
tiene dos vertientes, una formal y otra conceptual: en la primera están todos los actos sucesivos y con carácter
preclusivo que lo componen de cara a una secuencia lógico-jurídica, eni tanto que la segunda apunta a la
definición progresiva y vinculante de su objeto, que no es otro que el de. establecer la verdad de los hechos
investigados. Por lo anterior, la queja que cifra el defensor en que el delito por el cual ha sido convocado a juicio
(...) no es el mismo por el cual se le definió la situación jurídica, está enmarcada en la estructura conceptual del
debido proceso caracterizado por el principio de progresividad, ya que cada fase va exigiendo un mayor grado
de conocimiento del objeto de investigación, matizado así de la posibilidad, luego la probabilidad, hasta llegar a la
certeza.".
32 Información contenida en la copia del audio de la audiencia del 23 de junio de 2007.
33 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de abril de 2010, expediente 18960, y sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2013, expediente 25022.
34 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, expediente 36149.
35 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 29 de octubre de 2018, expediente
46932.

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Expediente: 76001-23-31-000-2011-01484-01 (50304)
Demandantes: Anatolio Avellanada González y otros

adelantada por el grupo anticorrupción del DAS con ocasión de una denuncia
anónima, tuvo conocimiento de que el contenido de las interceptaciones
telefónicas realizadas a los funcionarios involucrados en los hechos, daba cuenta
de diversas irregularidades en el proceso de emisión de las certificaciones
judiciales emitidas por el DAS, y permitía inferir la configuración de diversos
delitos tales como el concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en
documento público, prevaricato por acción, revelación de secreto, abuso de
función pública, prevaricato por omisión, cohecho por dar u ofrecer, falsedad
personal y falsedad material en documento público.

Durante la audiencia de formulación de imputación, la Fiscalía relató
detalladamente los hechos investigados, individualizó al procesado Anatolio
Avellaneda González y señaló que se trata de un funcionario del DAS que trabaja
en las oficinas de migración del aeropuerto y cuyo nombre fue escuchado en
diversas llamadas en las que coordinaba con otro funcionario el pago de tarifas
por entrega irregular de información. El Fiscal precisó que la interceptación de las
líneas telefónicas de los servidores vinculados al proceso mostró una actividad
criminal organizada bajo la coautoría impropia, porque cada uno de los
involucrados realizaba distintos comportamientos ilícitos, circunstancia que
configuraba la conducta punible de concierto para delinquir. Para el caso de
Avellaneda González, relató que fue interceptada la línea correspondiente al
funcionario del DAS Nelson Ortiz Morales, quien se comunicaba al abonado
telefónico de la oficina de migración del aeropuerto para coordinar información
sobre las irregularidades cometidas con los certificados de antecedentes judiciales
de personas que se disponían a salir del país.

En el informe presentado por la Fiscalía quedó claro que los hallazgos derivados
de la invettigación se dividieron en dos temas: "ilicitudes presentadas en la
asignación y obtención de citas para el certificado judicial en la secciona' del DAS"
e "ilicitudes presentadas en el manejo del sistema de información SIFDAS por
parte de algunos funcionados (..)". Los servidores públicos involucrados fueron
clasificados según sus funciones en la oficina del DAS, y dentro de la categoría de
"funcionarios encargados de la expedición del certificado judicial en la oficina de
reseña (...)" se relacionó la interceptación telefónica realizada a Nelson Ortiz
Morales, funcionario encargado de tramitar y expedir los certificados judiciales, en
cuyo contenido se encontró involucrado Anatolio Avellaneda. Al respecto la
Fiscalía relató36:

"Llamada del 6 de febrero de 2007, Nelson llama al teléfono fijo 0326663392
que corresponde al teléfono de las oficinas de migración en el aeropuerto y
pregunta por Anatolio, funcionario de extranjería del DAS que trabaja en el
aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y le solicita que le diga al amigo que le
hagan la vuelta por 2 millones cada uno, para que él se pueda ganar si
quiera el 10% del negocio. Esta llamada nos evidencia cómo los dos
funcionarios Anatolio y Nelson coordinan el valor de la irregularidad que
piensan efectuar aprovechando su condición de funcionarios públicos. En la
llamada del 7 de febrero, Nelson llama a Anatolio preguntándole que si ya le
averiguó en cuanto dejan la vuelta, Anatolio le dice que eso se lo dejan en
$2.100.000 (... )"37.

La Fiscalía formuló imputación en contra de Anatolio Avellaneda González, por los
delitos de concierto para delinquir, concusión y prevaricato por omisión, debido a

36 Escrito de formulación de acusación, f. 130, c. 3.
37 Audiencia de formulación de imputación, minutos 1:46:33 y
1:48:00.

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Expediente: 76001-23-31-000-2011-01484-01 (50304)
Demandantes: Anatolio Avellanada González y otros

que de las interceptaciones realizadas a las llamadas recibidas en el abonado de
las oficinas de migración del aeropuerto donde trabajaba, específicamente, el 5, 6
y 7 de febrero de 2007, revelaron que Avellaneda González, en su condición de
servidor del DAS, se prestaba para cobrar a particulares por realizar trámites
irregulares.

El juez de control de garantías comunicó la respectiva imputación y verificó que el
procesado entendiera los cargos, con el fin de que conociera la posibilidad de
allanarse a estos. Una vez el imputado manifestó que no se allanaría a los cargos,
se procedió al inicio de la audiencia de imposición de medida de aseguramiento,
durante la cual el ente acusador solicitó al despacho judicial la imposición de una
medida privativa de la libertad consistente en fietención preventiva en
establecimiento carcelario, con fundamento en el cumplimiento de los requisitos
previstos en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004.

En cuanto a los requisitos sustanciales para la imposiéión de la medida privativa
de la libertad, la Ley 906 de 2004, norma procesal penal vigente para la época de
los hechos que fundamentan la demanda, prevé que el fiscal debe solicitar al juez
de control de garantías el decreto de la medida de aseguramiento con exposición
de la identificación de la persona contra quien recae, de la conducta delictiva que
se le atribuye, de los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la
medida y de su necesidad o urgencia. El juez de control de garantías, después de
escuchar los argumentos del fiscal, del Ministerio Público, de la víctima o su
apoderado, y de la defensa, debe resolver sobre lq imposición de la medida
cautelar. La presencia del defensor constituye requisito, de validez de la respectiva
audiencia (art. 306). El juez de control de garantías decreta la medida de
aseguramiento cuando los elementos materiales probatorios permitan inferir
razonablemente que el imputado puede ser autor Q participe de la conducta
delictiva que se investiga (art. 308).

Bajo el marco normativo señalado por la Ley 906 de 2004, la Sala encuentra que
el Juez Segundo Penal Municipal de Cali con función de control de garantías infirió
razonablemente que el imputado podía ser autor o participe de las conductas
delictivas objeto de investigación, porque los medios de prueba recaudados hasta
ese momento daban cuenta de irregularidades constitutivas de conductas punibles
contra la administración pública. Entre los elementos probatorios que soportaron la
decisión, se mencionó el resultado de una misión de trábajo expedida por el grupo
anticorrupción del DAS, relativa a la verificación de funcionamiento de las líneas
telefónicas de atención al público interesado en la - expedición del certificado
judicial, la revisión de las planillas que consignaban el recibo de las llamadas y la
interceptación de llamadas telefónicas a los abonados'belulares de los servidores
del DAS que tenían a su cargo funciones relacionadas con la actualización y
expedición del documento, y a los teléfonos de migración asignados a los
servidores encargados del manejo de la base de .datos de antecedentes y
requerimientos judiciales.

En punto a la eficacia probatoria de la misión de trabajo elaborada por la oficina de
anticorrupción del DAS, es del caso precisar que esta se enmarcó en la gestión
administrativa que le imponía al organismo de seguridad adelantar averiguaciones
sobre conductas corruptas puestas en conocimiento por una queja ciudadana,
labor que se diferencia de los informes de policía, rendidos en ejercicio de
funciones de policía judicia138, que "si bien muchas veces revelan situaciones

" Ley 906 de 2004. "Articulo 200. Órganos. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación realizar la
indagación e investigación de los hechos que revistan características de un delito que lleguen a su
conocimiento por medio de denuncia, querella, petición especial o por cualquier otro medio idóneo. II En

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Expediente: 76001-23-31-000-2011-01484-01 (50304)
Demandantes: Anatolia Avellaneda González y otros

objetivas que han verificado sus agentes, en otras, son producto de indagaciones
con terneros, muchas veces indeterminados, que estructuran conjeturas o
apreciaciones que materialmente no son idóneos para fundar una prueba'39.

Además, contó con la interceptación telefónica realizada al teléfono fijo de las
oficinas de migración, que dio cuenta de que el servidor del DAS Nelson Ortiz
encargado de tramitar y expedir los certificados judiciales, llamó a Anatolio
Avellaneda, funcionario de extranjería del DAS que trabaja en el aeropuerto
Alfonso Bonilla Aragón, llamada que mostró a los dos coordinando el precio de
una actuación irregular que realizarían aprovechando su condición de funcionarios
públicos". Dichas conversaciones se encontraban relacionadas con las funciones
que Avellaneda González desarrollaba como funcionario del DAS, ya que al ser la
persona que trabajaba en la oficina de migración del aeropuerto de Cali, era
contactado para coordinar la información de quienes obtenían su permiso de
salida del país de manera irregular.

Ahora, si bien la Fiscalía, en el escrito de solicitud de preclusión de la
investigación que cursaba contra el aquí demandante, puso de presente que no
fue posible realizar el cotejo de voces en dichas llamadas, tal circunstancia no
desvirtúa la legalidad y razonabilidad de la medida de aseguramiento, dado que al
momento en que fue impuesta todos los medios de prueba válidamente
recaudados daban cuenta de que el imputado podía ser autor o participe de la
conducta delictiva. Distinto es que resultaron insuficientes en la etapa de
acusación, puesto que, en ejercicio del derecho de no autoincriminación, los
imputados no permitieron la toma de muestras para cotejar las voces41.

Por los motivos expuestos, la decisión de restringir el derecho a la libertad del
señor Anatolio Avellaneda González resultó razonable42, al encontrarse los
elementos materiales probatorios suficientes que dieron cuenta de que el
investigado podía ser coautor de las conductas delictivas que eran objeto de
investigación.

Ahora, la medida de aseguramiento también se muestra proporcional, en razón a
que el tiempo de la detención domiciliaria impuesta al demandante no puede
considerarse como una sanción equivalente a la pena de prisión prevista para
algunos hechos punibles contra la administración pública (concusión"), así como
para el concierto para delinquir", que prevén una pena de prisión superior a

desarrollo de la función prevista en el inciso anterior a la Fiscalía General de la Nación, por conducto del fiscal
director de la investigación, le corresponde la dirección, coordinación, control jurídico y verificación técnico-
científica de las actividades que desarrolle la policía judicial, en los términos previstos en este código. II Por
policía judicial se entiende la función que cumplen las entidades del Estado para apoyar la investigación penal
y, en el ejercicio de las mismas, dependen funcionalmente del Fiscal General de la Nación y sus delegados".
39 Code Constitucional, sentencia C-1315 de 26 de septiembre de
2000, que declara estarse a lo resuelto en
sentencia C-392 de 6 de abril del mismo año, que decidió sobre la constitucionalidad de los artículos
demandados de la Ley 504 de 1999. En igual sentido, sentencia C-793 de 29 de junio de 2000.
4° Audiencia de formulación de imputación, minutos 1:46:33 y 1:48:00.
41 Escrito de solicitud de preclusión, f. 464, c. 3.
42 La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de estado, en
la sentencia del 29 de noviembre de
2019 (exp. 48452) definió que la razonabilidad, por su parte, se verifica con la constatación del
cumplimiento
del estándar probatorio que impone el legislador, en relación con la apariencia de responsabilidad, para
la
adopción de la medida (artículos 308 de la Ley 906 de 2004). Esto porque la decisión de imponer la medida
de aseguramiento debe estar basada en la valoración de las pruebas obrantes en el proceso, que
permitan
establecer fehacientemente la participación del investigado en los hechos que se le imputan. La medida no
puede adoptarse con base en conjeturas y suposiciones.
43 Ley 599 de 2000, Articulo 404. Concusión. El servidor
público que abusando de su cargo o de sus
funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier
otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta
(180) meses
(...)-
44 Código Penal, artículo 404, modificado por el artículo 14 de
la Ley 890 de 2004. Concusión. "El servidor
público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al
mismo
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Expediente: 76001-23-31-000-2011-01484-01 (50304)
Demandantes: Anatotio Avellaneda González y otros

cuatro (4) años, mínimo exigido por el artículo 313 de la Ley 906 de 2004, para
que proceda la imposición de la medida de detención preventiva".

En relación con el presupuesto de necesidad de la medida de aseguramiento, el
artículo 308 de la Ley 906 de 2004 establece que la detención preventiva procede
siempre que se imponga necesaria para evitar que el imputado: i) obstruya el
ejercicio de la justicia, ii) cuando constituya un peligro para la comunidad o para la
víctima y, iii) cuando resulte probable que no comparecerá al proceso. Frente al
segundo de los supuestos, el artículo 310 del Código Procesal Penal, vigente al
momento de imponer la detención domiciliaria en contra del demandante (23 de
junio de 2007) , establecía que para estimar si la libertad del imputado suponía un
peligro para la comunidad, además de la gravedad del hecho y la pena imponible,
debían atenderse algunas de las siguientes circunstancias: i) la continuación de la
actividad delictiva, ii) el número de delitos imputados y su naturaleza, iii) estar
acusado o sujeto a medida de aseguramiento o disfrutando de un mecanismo
sustitutivo de la pena por delito doloso o preterintencional y/o, iv) la existencia de
sentencias condenatorias. Adicional a lo anterior, en el caso bajo estudio en el que
la medida de aseguramiento consistió en detención domiciliaria, resulta relevante
considerar que, conforme al artículo 314 del Código Prpcesal Penal, el juez podía
estimar suficiente la reclusión en el lugar de residencia en atención a la vida
personal, laboral, familiar o social del imputado, siempre que encontrara
acreditados los requisitos generales de procedibilidad de la medida restrictiva de
libertad, esto es, que los elementos probatorios permitieran inferir razonablemente
que el imputado podía ser autor o partícipe de la conducta delictiva y que resultara
necesaria por alguno de los eventos descritos en precedencia.

En atención a la normativa referida, la Sala encuentra que la medida de detención
domiciliaria en este caso también se revelaba necesaria, porque se fundamentó
en que los imputados constituían un peligro para la comunidad, teniendo en
cuenta que presuntamente se dedicaban a obtener provecho de la necesidad de
los ciudadanos de tramitar el certificado judicial. Así, se basó en la gravedad de
los hechos punibles revelados durante la investigación, en el número de delitos
que se le imputaban y en su naturaleza, dado que en todos se encontraba
comprometida la administración pública (concierto para delinquir, concusión y
prevaricato por omisión). Además, el juez consideró que la medida privativa de la
libertad era necesaria para evitar la obstrucción a la justicia, teniendo en cuenta
que los funcionarios del QAS implicados habían establecido una estructura
criminal al interior de la entidad, que tenía la capacidad de usar la información
privilegiada para defraudar la fe pública".

Así las cosas, la medida de aseguramiento de detención preventiva que le fue
impuesta al demandante fue legalmente adoptada y observó los principios de
necesidad y razonabilidad, lo que significa que, aunque constituyó un daño
material y un menoscabo a la libertad física, no admite, a la luz de las pruebas
traídas a este contencioso, prédica de antijuridicidad. Ausente de prueba como se
halla el daño antijurídico que los actores pretendían les fuera reparado, no hay

servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión de noventa
y seis (96) a ciento ochenta (180) meses, [...y. Artículo 340, modificado por la Ley 890 de 2004 y la Ley 733
de 2002. Concierto para delinquir. "Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada
una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108)
meses".
45 Ley 906 de 2004. artículo 313. "Satisfechos los requisitos señalados en el articulo 308,
procederá la
detención preventiva en establecimiento carcelario, en los siguientes casos: fi 1. En los delitos de
competencia de los jueces penales de circuito especializados. II 2. En los delitos investigables de oficio,
cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de cuatro (4) años".
46 Samai, índice 38, min. 14:00.

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Expediente: 76001-23-31-000-2011-01484-01 (50304)
Demandantes: Anatolia Avellaneda González y otros

lugar a avanzar al juicio de imputación, por lo que la sentencia apelada que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda será revocada.

VI. COSTAS

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay
lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado
temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no
se efectuará condena en costas.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, el 28 de junio de 2013, que accedió parcialmente a las súplicas
de la demanda. En su lugar:

SEGUNDO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen.

Cópiese, Notifíquese, Cúmplase

NICOLÁS PES cáiVRA‘És
Preside e
Aclaración de voto

JAIME IQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
L
GUILLERMO SÁNCHEZ L QUE
Ma rado
Aclaración de voto. Cfr. Rad. 36.146-15
#1 y Rad 50.668-20

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