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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05251-00

Fecha
20 de octubre de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05251-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 36 Número único de radicación: 110010315000-2023-05251-00 Actora: DIANA VANESA BENÍTEZ SALDAÑA SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-05251-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

20 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-05251-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: DIANA VANESA BENÍTEZ SALDAÑA

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR
NO CUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS EN LA ACCION
DE TUTELA FUERON DEBATIDOS EN EL PROCESO JUDICIAL EN EL
QUE SE PROFIRIÓ LA PROVIDENCIA CUESTIONADA. SE PRETENDE
UTILIZAR LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL COMO UNA TERCERA
INSTANCIA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD, A LA SEGURIDAD SOCIAL, AL TRABAJO, A LA CONSULTA
PREVIA Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra

el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA1.

I.- ANTECEDENTES

1
En adelante el TRIBUNAL.

2

Número único de radicación: 110010315000-2023-05251-00
Actora: DIANA VANESA BENÍTEZ SALDAÑA

I.1.- La solicitud

La señora DIANA VANESA BENÍTEZ SALDAÑA, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la

seguridad social, al trabajo, a la consulta previa y al acceso a la

administración de justicia, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados

por el TRIBUNAL con ocasión del trámite surtido en segunda

instancia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento

del derecho identificado con el número único de radicación

760013333018-2016-00082-01.

I.2.- Hechos

Manifestó que pertenece a la comunidad negra del corregimiento de

San Isidro – Municipio de Jamundí, por haber convivido en el mismo,

territorio de influencia de la comunidad negra.

Comentó que previo a la construcción del Complejo Penitenciario y

Carcelario de Alta y Medina Seguridad de Jamundí – COJAM, ubicado

en territorios que pertenecen a las comunidades de los

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Actora: DIANA VANESA BENÍTEZ SALDAÑA

corregimientos de Bocas del Palo y San Isidro del Municipio de

Jamundí, se celebró la diligencia de consulta previa entre el Instituto

Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, delegados del Ministerio

del Interior y los representantes del Consejo Comunitario de las

Comunidades negras de los mencionados corregimientos, con

relación a la construcción en sus territorios.

Informó que como resultado de la consulta previa, las comunidades

negras de los corregimientos accedieron a la construcción del

complejo penitenciario y carcelario y, el INPEC, por su parte, se

comprometió con los respectivos consejos comunitarios a mantener

40 cupos de trabajo permanentes bajo nombramientos provisionales

(20 para cada comunidad), mientras se mantuviera en

funcionamiento dicho complejo carcelario y en caso de incrementarse

su planta de personal, también aumentarían los cupos de trabajo a

favor de dichas comunidades, tal como quedó plasmado en el acta

de protocolización.

Precisó que mediante la Resolución núm. 008362 de 13 de julio de

2010, la Dirección General del INPEC dispuso unos nombramientos

provisionales, siendo vinculada en el cargo de Auxiliar Administrativo

– Código 4044 – Grado 13, para prestar los servicios en el COJAM.

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Explicó que la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC adelantó

concurso de méritos para proveer los cargos del INPEC en

propiedad, por lo que mediante Resolución núm. 003440 de 23 de

septiembre de 2015 se realizaron varios nombramientos en período

de prueba y se dio por terminado su nombramiento.

Expuso que antes de expedirse la Resolución núm. 003440 de 2015

el INPEC omitió surtir el requisito de consulta previa, obligatorio e

indispensable para proceder con el retiro de los servidores

incorporados a dicha planta de cargos en cumplimiento de los

acuerdos suscritos con las comunidades.

Precisó que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda

en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho contra el INPEC con el fin de que se declarara la nulidad de

la resolución que la desvinculó y se ordenara su reintegro al cargo

que venía desempeñando, junto con el reconocimiento y pago de los

salarios dejados de devengar.

Adujo que a la demanda le fue asignado el número único de

radicación 2016-00082-00 y fue conocida en primera instancia por el

Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del Circuito Judicial de

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Cali2 que, en sentencia de 29 de junio de 2018, negó las

pretensiones al estimar que no se indicó en el acta de protocolización

la denominación de los 40 cargos ni las persona que los ocuparían,

lo que no implicaba el desconocimiento del derecho de consulta

previa.

Anotó que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de

apelación, el cual fue desatado por el Tribunal que, mediante

sentencia de 30 de junio de 2023, confirmó la decisión del a quo.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Arguyó que la presente acción de tutela cumple con el requisito

general de la relevancia constitucional, si se tiene en cuenta el valor

que representan los derechos fundamentales invocados como

vulnerados, así como los principios a la favorabilidad, expectativa

legítima, buena fe, solidaridad, igualdad, equidad, dignidad humana

y consulta previa respecto de la protección de los derechos de las

comunidades negras en el asunto.

2
En adelante el JUZGADO.

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Comentó que la autoridad judicial accionada desconoció el

precedente jurisprudencial al no aplicar los lineamientos previstos

por la Corte Constitucional3 y el Consejo de Estado4 respecto del

derecho a la consulta previa.

Destacó que, en casos similares al suyo, el Tribunal5 ha accedido a

las pretensiones de la demanda, ordenando el reintegro de los allí

accionante al INPEC, al considerar que se vulneró el derecho

fundamental a la consulta previa de la comunidad.

Argumentó que la autoridad judicial accionada también incurrió en

decisión sin motivación, pues no es de tal acierto que las razones

emitidas por el INPEC resulten una justa causa para dar por

terminado su nombramiento, toda vez que el COJAM está ubicado en

territorios que pertenecen a las comunidades negras y, por tanto,

necesitan contar con la aprobación de las mismas, además, previo a

3
C-030 de 2008, T-769 de 2009, C-175 de 2009, C-317 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa, C-
077 de 2017 y T-186 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y SU-123 de 2018 M.P. Alberto Rojas
Ríos y Rodrigo Uprimny Yepes, SU-446 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

4
Sentencia de 5 agosto de 2010 Exp. No, 2007-00039; Sección Tercera, Subsección “C” radicación No.
11001-03-26-000-2014-00143-00(52149); Sentencia 15 Noviembre 2018 Rad, 05001-23-33-000-
2013-01754- 01 (4450-16)B; Sala de Consulta y Servicio Civil, sentencia de 30 de agosto de 2016,
Rad.: 11001- 03- 06-000-2016-00057-00(2290) Actor: Ministerio del Interior y C.P. Álvaro Namén
Vargas; Sección Segunda, C.P.: César Palomino Cortés, Sentencia del 22 de marzo de 2018, Rad.:
25000-23-42-000-2013-01621-01(3660-14), Actor: Harvey Eduardo Franco Laverde, entre otras.

5
Rad. 760013333005-2016-00052-00 y 760013333005-2016-00033-00.

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la construcción del complejo carcelario se celebró la consulta previa

en el cual se crearon una serie de condiciones y compromisos que no

pueden ser desconocidos.

Explicó que quien sea desvinculado de un empleo provisional, le

asiste el mismo derecho de quien se encuentra escalafonado en el

empleo público, en el sentido de que el acto administrativo de retiro

debe estar motivado, esto es, dando a conocer las razones que

llevaron a dicha desvinculación para evitar excesos de las

autoridades, puesto que la facultad discrecional traducida en no

motivar la decisión está reservada para los empleos de libre

nombramiento y remoción.

Añadió que también se incurrió en violación directa de la

Constitución, teniendo en cuenta el carácter otorgado a las

comunidades afrodescendientes y los derechos relativos a la

adopción de medidas de protección a favor de grupos vulnerables.

Finalmente, resaltó que el Tribunal vulneró sus derechos

fundamentales al confirmar la decisión de primera instancia, pues era

obligatorio e indispensable el requisito de consulta previa para

proceder al retiro de los servidores incorporados a dicha planta de

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cargos en cumplimiento de los acuerdos suscritos con las

comunidades.

I.4.- Pretensiones

La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia, pretende lo

siguiente:

“[…] SEGUNDA: En consecuencia, se deje sin efectos la
Sentencia del 30 de junio de 2023 – notificada el 25/07/2023,
dictada por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
VALLE DEL CAUCA – SALA SEGUNDA DE DECISIÓN, dentro del
proceso con Radicación 76001-33-33- 018-2016-00082-00.

TERCERA: Que se ordene al TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA – SALA SEGUNDA DE
DECISIÓN que, en un término de treinta (30) días, o en el que
ustedes tengan a bien señalar, profiera una decisión de
reemplazo de la Sentencia de segunda instancia dictada el 30 de
junio de 2023, dentro de la Acción de Nulidad y Restablecimiento
del Derecho con Radicación 76001-33-33-018- 2016-00082-00,
en la que:

-REVOQUE la Sentencia No. 103 del 29 de junio de 2018,
proferida por el Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del
Circuito del Cali; mediante la cual, se negaron las pretensiones
de la demanda formulada dentro del asunto con Radicado
76001-33-33-018-2016-00082-00.

-Que consecuentemente, se DECLARE la Nulidad parcial de la
Resolución No. 003440 del 23 de septiembre de 2015, notificada
por Oficio No. 85102 –SUTAH – GATAL – 19667 del 20 de octubre
de 2015, dado a conocer el 22/10/2015, en cuanto me
desvinculó del cargo de Auxiliar Administrativo, Código 4044,
Grado 13 del Complejo Penitenciario y Carcelario de Alta y Media
Seguridad de Jamundí - Valle – COJAM-, perteneciente a la

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Planta Global de cargos del INPEC, por haberse dictado sin
consideración y respeto del derecho fundamental de Consulta
previa a las Comunidades Negras de los Corregimientos San
Isidro y Bocas del Palo del Municipio de Jamundí.

-Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, se ORDENE al Instituto
Penitenciario y Carcelario, que expida un acto administrativo con
el cual se ordene el reintegro inmediato de la suscrita en el cargo
de Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 13 de la Planta
Globalizada de Cargos o uno de igual o mejor categoría,
ubicándome de manera específica en el Complejo Carcelario y
Penitenciario de Jamundí (COJAM), determinando que no hubo
solución de continuidad desde el 30 de octubre de 2015 hasta la
fecha de mi reintegro efectivo.

-Se CONDENE al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario al
reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales
que dejé de percibir desde el 30 de octubre de 2015 hasta que
se haya efectuado mi respectivo reintegro en el cargo de Auxiliar
Administrativo Código 4044, Grado 13 de la Planta Globalizada
de Cargos o uno de igual o mejor categoría.

CUARTA: Seguidamente, se ORDENE al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, CONDENAR en
COSTAS a la entidad INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
CARCELARIO – INPEC por haber sido vencida en juicio […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL precisó que el acta del acuerdo suscrito entre

el INPEC y la comunidad a la que pertenece la actora fue valorada,

de conformidad con la sentencia C-208 de 2007.

Agregó que, en cuanto a los precedentes señalados como

desconocidos, la actora no especificó cómo estos eran determinantes

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para cambiar la decisión adoptada, además, si bien dichas sentencias

tratan el tema de la consulta, no guardan similitud fáctica con el

asunto bajo examen, ya que no se refieren a la desvinculación en

conjunto con la consulta previa, pues la mayoría tiene que ver con la

consulta previa en temas de Zonas de Interés de Desarrollo Rural,

Ley General Forestal y Estatuto de Desarrollo Rural, entre otros.

En cuanto a los precedentes horizontales, afirmó que ninguno de

ellos ha correspondido a esa Sala y aunque respetando las decisiones

que se hayan tomado, no son vinculantes en razón al principio de

independencia y autonomía judicial.

Así las cosas, aseveró que no ha incurrido en vulneración de derecho

fundamental alguno.

I.5.2.- El INPEC solicitó su desvinculación del presente trámite

constitucional, pues no ha vulnerado los derechos fundamentales de

la accionante ni es la encargada de dar solución a lo planteado en la

acción de tutela de la referencia.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

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Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema

jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para

efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como

el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que el INPEC solicitó ser desvinculado del presente

trámite constitucional por carecer de legitimación en la causa por

pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

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de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que
el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor
y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación
en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad
y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas,
y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera

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de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se
rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la
conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su
conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

En el presente caso, independientemente de la prosperidad o no de

las pretensiones de la solicitud de amparo, comoquiera que el INPEC

es sujeto procesal en el medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho origen de la controversia, es claro que

tiene un interés directo en las resultas del presente asunto, por lo

que debía ser notificado de su existencia, razón por la cual la Sala

denegará su desvinculación por falta de legitimación en la causa por

pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la

presente providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

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Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

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a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la

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irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

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b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el caso bajo examen, la actora pretende que se deje sin efecto la

providencia de 30 de junio de 2023, proferida por el TRIBUNAL

a través de la cual confirmó la decisión del a quo, que denegó las

pretensiones de la demanda dentro del medio de control de nulidad

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y restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2016-00082-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos

fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social,

al trabajo, a la consulta previa y al acceso a la administración de

justicia, habida cuenta que, a juicio de la actora, la autoridad judicial

accionada adoptó una postura sobre la consulta previa, sin tener en

cuenta la jurisprudencia dispuesta para el asunto; además, que el

acto administrativo que la retiró del cargo carecía de una justa

motivación, comoquiera que el complejo carcelario está ubicado en

territorios que pertenecen a las comunidades negras y, por tanto,

necesitan contar con la aprobación de las mismas.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)

establecer si el TRIBUNAL accionado vulneró los derechos

fundamentales invocados.

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En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».7

6
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

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Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [10].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [11].

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”

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El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [12].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente

[12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [13]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [14].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [15]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos

[13] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[14] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[15] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

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constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Ahora bien, revisado el expediente contentivo del proceso

contencioso administrativo en el que se profirió la decisión objeto de

controversia, la Sala advierte que los argumentos que sustentan la

solicitud de amparo constitucional fueron debidamente debatidos en

aquel, por lo que es evidente la carencia del requisito general de

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relevancia constitucional, pues lo que se pretende es promover

una tercera instancia ordinaria.

En efecto, como se indicó en los antecedentes expuestos en

precedencia, la actora sustenta la presunta vulneración de sus

derechos fundamentales en el hecho de que se desconoció el

precedente jurisprudencial dispuesto por la Corte Constitucional y el

Consejo de Estado respecto del derecho a la consulta previa;

además, que las razones emitidas por el INPEC no resultan una justa

causa para dar por terminado su nombramiento, toda vez que el

complejo carcelario está ubicado en territorios que pertenecen a las

comunidades negras y, por tanto, necesitan contar con la aprobación

de las mismas, además, previo a la construcción del complejo

carcelario se celebró la consulta previa en el cual se crearon una serie

de condiciones y compromisos que no pueden ser desconocidos.

Ahora, se advierte que dicho debate ya se había surtido en el propio

proceso contencioso, como se evidencia en el escrito de demanda,

en el que manifestó lo siguiente:

“[…] Bajo el entendido anterior, no solo se desconoció el derecho
fundamental a la consulta previa de las comunidades negras de
Bocas de Pala y San Isidro al haberse retirado a mi mandante
del cargo que ostentaba en provisionalidad y por razón del

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acuerdo logrado en la consulta previa mencionada, sin la
participación o a aquiescencia de dichas comunidades, sino que
se desconoció el postulado de buena fe y confianza legítima pues
no se respetó el acuerdo logrado con dichas comunidades, que
fue el presupuesto básico para que estas consintieran la
construcción del centro carcelario en comento.

[…]

Al respecto en la sentencia C-030 de 2008, el alto Tribunal
conceptuó que de las disposiciones del convenio podían inferirse
dos niveles de participación de los grupos indígenas y tribales
[…]

Según con la interrelación del instrumento internacional en
comento, en la sentencia C-175 de 2009, la Corte precisó que:
[…]

Ahora bien, la determinación de cuáles son las medidas que
deben ser sometidas a consulta, la forma en que esta debe
llevarse y las finalidades de la misma, fueron sintetizadas por la
Corte Constitucional en la sentencia C-882 de 2011.

En aquella ocasión estimó la Corte Constitucional, a partir de los
criterios sentados en sentencias como la C-030 de 2008 y T-769
de 2009, respecto del alcance de la consulta previa, que esta
resulta obligatoria cuando las medidas que se adopten sean
susceptibles de afectar específicamente a las comunidades
indígenas en su calidad de tales […]

Así en la sentencia C-038 de 2008, precisó que por afectación
directa debe entenderse toda medida que “altera el estatus de
la persona o de la comunidad, bien sea porque le impone
restricciones o gravámenes o, por el contrario, le confiere
beneficios […]

En suma, salta a la vista que siempre que se deban adoptar
medidas legislativas o administrativas que afecten a una
comunidad, en este caso de afrodescendientes, se debe respetar
el derecho de esta a la consulta previa como derecho
fundamental colectivo, pues la trasgresión de esta afecta la
eficacia jurídica de las actuaciones que se lleguen a ejecutar.

[…]

Como fundamento de la tesis expuesta se traen a colación

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pronunciamientos del Consejo de Estado, en sus diferentes
Secciones, en las cuales, basado en el respeto al derecho a la
consulta previa ha declarado la nulidad de actos administrativos,
o suspendido los mismos […]

Así las cosas, en aplicación de los preceptos constitucionales
expuestos la Resolución No. 003440 del 23 de septiembre de
2015, en cuanto desvinculó del cargo de Auxiliar Administrativo,
Código 4044, Grado 13 del Complejo Penitenciario y Carcelario
de Alta y Mediana Seguridad de Jamundí – Valle – COJAM-,
desconoció que los acuerdos logrados en Acta del día 24 de junio
de 2010 bajo el cual el INPEC se comprometió con los consejos
comunitarios de las comunidades Negras de Bocas del Palo y San
Isidro a mantener 40 cupos de trabajo permanentes bajo
nombramientos provisionales, 20 para cada comunidad, los
cuales se mantendrían mientras estuviera en funcionamiento
dicho complejo carcelario y por tal razón ese acto está viciado
de nulidad porque se dictó desconociendo la buena fe y
afectando la confianza legítima obtenida a través de referido
acuerdo que dio lugar al nacimiento del referido centro
carcelario.

FALSA MOTIVACIÓN: En cuanto a las razones para fundamental
esta causal de nulidad la suscrita se retrotrae a las razones
expuestas en el acápite de la causal de violación de normas
Superior, por cuanto, el fundamento jurídico para enrostrar que
las motivaciones de los actos demandados no son correctas es
el desconocimiento de las normas citadas en este párrafo y por
ende para no hacer más extenso este escrito, los argumentos
arriba expuestos también son válidos para soportar esta causal.

[…]”.

En igual sentido, en el recurso de apelación que la actora interpuso

en su momento contra la sentencia de primera instancia proferida

por el JUZGADO, expuso lo siguiente:

“[…] En primer lugar, debo inferir que, la Consulta Previa es el
derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los
demás grupos étnicos cuando se toman medidas (legislativas o
administrativas) o cuando se vayan a realizar proyectos, obras

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o actividades dentro de sus territorios, buscando de esta manera
proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar
el derecho a la participación. Y que la misma se fundamenta en
el derecho que tienen los pueblos de decidir sus propias
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la
medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y
bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de
alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su
propio desarrollo económico, social y cultural; y en el derecho
de dichos pueblos de participar en la formulación, aplicación, y
evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y
regional susceptibles de afectarles directamente.

Prerrogativa que ha sido abordada por la jurisprudencia
constitucional colombiana en varias ocasiones. Así, de manera
general, se ha dicho que es deber efectuar una consulta previa
a las comunidades indígenas y afrodescendientes antes de tomar
medidas legislativas o administrativas que les afecten
directamente. Y según la jurisprudencia constitucional, la
obligación estatal de consultar previamente a los grupos étnicos
cada vez que se vayan a adoptar las medidas legislativas o
administrativas que los afecten, es una expresión concreta del
derecho a la libre determinación de los pueblos, pues como
grupo especialmente diferenciado, deben poder decidir sobre las
prioridades que influyen en sus proyectos de desarrollo, de
acuerdo con lo señalado por el Convenio 169 de la OIT (aprobado
por la Ley 21 de 1991); y las normas de la Constitución Política
que estructural el bloque de constitucionalidad.

[…]

Precisado lo anterior, y adentrándonos en el caso traído a juicio,
se tiene que del escrito de contestación de demanda, y de la
prolija documental arribada al plenario, se infiere claramente
que NO se surtió el requisito de la Consulta previa con las
comunidades negras de Boca del Palo y San Isidro; obligatorio
e indispensable para poder proceder con el retiro de los
servidores incorporados a dicha planta de cargos en
cumplimiento de los acuerdos suscritos con dichas comunidades,
ni mucho menos se respetó el Acuerdo de la Consulta Previa –
ACP – del día 24 de junio de 2010 de mantener 40 cargos para
que fueran ocupados por miembros de las comunidades en
mención […]”.

Frente a este particular, en la sentencia cuestionada el TRIBUNAL

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hizo especial énfasis en cuanto a la consulta previa y el acuerdo ya

suscrito entre el INPEC y las comunidades negras en cuestión, así:

“[…] NATURALEZA Y FUNDAMENTO NORMATIVO DEL DERECHO
FUNDAMENTAL A LA CONSULTA PREVIA.

La Corte Constitucional en una providencia que por su
importancia se permite hacer referencia, hace un importante
recorrido normativo sobre la consulta previa, esbozó lo
siguiente16:

“(…) La consulta previa se desprende de que Colombia se
constituye como una república democrática, participativa y
pluralista (C.P. art. 1), que reconoce y protege la diversidad
étnica y cultural como un valor constitucional (C.P. arts. 7 y 70)
y que las comunidades étnicas gozan de plenos derechos
constitucionales fundamentales. Además, la Constitución
reconoce la autodeterminación de los pueblos indígenas en sus
territorios (CP art. 330), por lo cual Colombia es un Estado
multicultural y multiétnico, y la consulta previa es un
instrumento y un derecho fundamental para amparar esos
principios constitucionales. Por eso esta Corte ha establecido que
"la participación de las comunidades indígenas en las decisiones
que puedan afectarlas en relación con la explotación de los
recursos naturales ofrece como particularidad (...) que la
referida participación, a través del mecanismo de la consulta,
adquiere la connotación de derecho fundamental, pues se erige
en un instrumento que es básico para preservar la integridad
étnica, social, económica y cultural de las comunidades de
indígenas y para asegurar, por ende, su subsistencia como grupo
social.

En particular, la exploración y explotación de los recursos
naturales en el subsuelo, en sintonía con las normas que
protegen la diversidad cultural y el medio ambiente en la
Constitución, deben ser compatibles con el nivel de protección
que el Estado y la comunidad internacional exigen para
preservar la integridad de las comunidades nativas y su
existencia digna así como la diversidad étnica y cultural de
Colombia, que deben ser armonizados con el desarrollo
económico del país, la protección de las riquezas naturales y la

16
Corte Constitucional, SU-123 del 2018

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multiculturalidad del Estado-Nación. Por consiguiente, no es
posible desconocer esos valores constitucionales con una simple
alusión al contenido abstracto de interés general.

Además, el derecho a la consulta previa se incorpora vía bloque
de constitucionalidad, a través de varios instrumentos del
derecho internacional de los derechos humanos, dentro de los
cuales se destacan el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo n adelante Convenio 169 OIT–, el
Pacto Internacional sobre los Derechos, Civiles y Políticos –en
adelante PIDCP–, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos Sociales y Culturales –en adelante PIDESC-, y la
Convención Americana sobre los Derechos Humanos –en
adelante CADH–. Dichos instrumentos son vinculantes para la
definición de las controversias y además marco de acción para
garantizar la consulta de los Estados con los pueblos indígenas,
como un principio de derecho internacional público.
Adicionalmente, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por la Resolución
61/295 y la Convención para la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial junto con la Recomendación General Nº
23 de 1997 relativa a los derechos de los pueblos indígenas,
permiten darle alcance al contenido del derecho fundamental a
la consulta previa”.

Siguiendo la misma línea, la H. Corte Constitucional, en
sentencia T-197/16 esbozó lo siguiente:

[…]

No obstante, la Corte Constitucional colombiana en la sentencia
C-208 de 2007 en un caso análogo que gira en torno a la
demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 1278 de
2002, “Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización
Docente,” que dicta el mecanismo idóneo para la regulación de
la forma de acceso al servicio educativo estatal y acoge el
sistema de carrera por concurso de méritos, pero no incluye una
regulación especial para la vinculación de los docentes indígenas
y directivos al servicio educativo estatal, señaló, que si bien se
incurre en una omisión legislativa por no incluir la regulación
especial sobre la vinculación de los docentes indígenas pero que
no resulta contrario a la Constitución, Pues: Aun cuando las
comunidades indígenas, en virtud de los derechos a la identidad
cultural y educativa, son titulares de un tratamiento especial en
relación con la vinculación, administración y formación de
docentes y directivos docentes estatales, ello no desvirtúa su
sometimiento a las normas constitucionales sobre las formas de

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acceso, permanencia y retiro de la función pública, las cuales,
además, buscan brindarles a todos los docentes estatales, sin
distingo de razas, las garantías propias de los sistemas de
administración de personal como son la igualdad de
oportunidades para el acceso al servicio público, la capacitación,
la estabilidad laboral y la posibilidad de ascender dentro de la
carrera. (Corte Constitucional, Sentencia C-208 de 2007,
Numeral 8) Por ello, pese al tratamiento especial, ello no implica
que la ley deba hacer discriminación racial, étnica o cultural
sobre las formas de acceso, permanencia o retiro de la función
pública en razón al principio “de igualdad de oportunidades en el
acceso al servicio público, como también a la estabilidad laboral
y el derecho a la promoción en la carrera” (Corte Constitucional,
2007, párrafo 293). negrilla y subrayas fuera de texto.

[…]

En el presente caso, se discute por un lado la motivación que
tuvo la demandada como causal de retiro del servicio de la
demandante y por la otra el balanceo entre el derecho
fundamental a la consulta previa y los derechos de carrera
administrativa.

Sobre el primer punto en la Sentencia de Unificación de la Corte
Constitucional SU-917 de 2010 dispuso:

[…]

De la jurisprudencia citada anteriormente, así como la del
Consejo de Estado, y teniendo de presente la relevancia de la
carrera administrativa, se observa que el acto administrativo por
el cual se dio por terminado el nombramiento en provisionalidad
de la demandante, se encuentra debidamente motivado, en
razón a que la aplicación de la lista de elegibles en virtud del
concurso público de méritos constituye justa causa para dar por
terminado la vinculación de servidores públicos que ingresaron
a la entidad en provisionalidad, descartándose los cargos de
falsa motivación y desviación de poder atribuidos por este
aspecto.

Sobre el segundo aspecto, observa la Sala que en el Acta de
Protocolización que obra en folios 126 al 131 del cuaderno No.
0116, se pactó el derecho por parte de la comunidad de la que
hace parte la demandante de 40 cupos de trabajo de las
comunidades negras de Bocas del Palo y San Isidro
Corregimientos de Jamundí, no obstante, en el acto de
nombramiento de la demandante de cargo no hace alusión a tal

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aspecto, lo cierto es que fue nombrada en provisionalidad en un
cargo de carrera en la planta del INPEC, pero infiriéndose que
dicha relación y condición si existió para ser nombrada.

En este escenario, se debe resolver si el ejercicio del derecho
fundamental a la consulta previa debe prevalecer al mérito
relacionado con el retiro del servicio en virtud del ejercicio de los
derechos de carrera como consecuencia de la convocatoria a
concurso a fin de proveer los cargos.

Para lo anterior, como se señaló la Corte Constitucional
colombiana en la sentencia C-208 de 2007 en un caso análogo
señaló que el tratamiento especial que deben tener las
comunidades étnicas, ello no implica que la ley deba hacer
discriminación racial, étnica o cultural sobre las formas de
acceso, permanencia o retiro de la función pública en razón al
principio “de igualdad de oportunidades en el acceso al servicio
público, como también a la estabilidad laboral y el derecho a la
promoción en la carrera, mientras no se expida un estatuto
especial que regule la materia.
[…]

Siendo así, observa este despacho que mientras no se expida un
estatuto especial, la situación debe regularse por las normas
generales aplicables, y por ello se ve la Sala en la necesidad de
confirmar la decisión del A quo, toda vez que la Actora ocupaba
un cargo en carácter provisional, el cual fue provisto de la lista
de elegibles conformada en virtud del concurso público de
méritos- convocatoria 250 de 2012, lo que implica justa causa
para dar por terminado el nombramiento de conformidad con la
Ley 909 de 2004 y demás normas concordantes.

[…]”

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala reitera que la acción de tutela

de la referencia es improcedente por falta del requisito general

de la relevancia constitucional, porque a través de ésta la actora

lo que pretende es cuestionar una decisión judicial como si este

mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional al proceso

ordinario, sin que en todo caso, se vislumbre que la autoridad

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accionada pudo haber actuado de forma abiertamente arbitraria o

desbordado los límites del principio de la autonomía judicial.

Esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado improcedentes

acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no resulta ser de

verdadera relevancia constitucional, debido a que se centra en

reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue el caso de

la providencia de 29 de agosto de 201817, en la que se sostuvo:

“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.

Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).

17
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.

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Igualmente, en providencia de 9 de febrero de 201718, se indicó:

“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,

sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como

si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en

relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la

autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede

inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela

un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la

competencia y la independencia del juez ordinario.

18
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En consecuencia, la Sala declarará improcedente la presente acción

de tutela por carecer del requisito general de la relevancia

constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por el Instituto

Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 20 de octubre de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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