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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-05251-01

Fecha
26 de enero de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-05251-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 20 de octubre de 2023 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2023-05251-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

26 de enero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05251-01
Accionante: Diana Vanesa Benítez Saldaña
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada en contra del fallo proferido el 20 de
octubre de 2023 por la Sección Primera del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 22 de septiembre de 20231 la señora Diana Vanesa Benítez Saldaña interpuso
acción de tutela2 en procura de la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, al trabajo, a la consulta previa
y al acceso a la administración de justicia, los que consideró vulnerados por la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca al proferir la
sentencia del 30 de junio de 2023, que confirmó la decisión del 29 de junio de 2018
dictada por el Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del Circuito de Cali, dentro del
radicado 76-001-33-33-018-2016-00082-01.

1.1. Hechos

1.1.1. El 24 de junio de 2010 entre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y
los Consejos de las comunidades “Negras de Bocas del Palo y San Isidro,
corregimiento de Jamundí” se suscribió acta de protocolización de proceso de
consulta previa, a fin de poder adelantar la construcción del Complejo Penitenciario
y Carcelario de Alta y Medina Seguridad de Jamundí – COJAM3. Entre otros
aspectos, el INPEC se obligó a mantener “40 cupos (20 y 20 para cada consejo
comunitario) de trabajo otorgados a las comunidades en el tiempo que dure el

1
Índice 1, expediente digital de tutela de primera instancia (rad. 11001-03-15-000-2023-05251-00).
2
Obra en el certificado 8A35D007915F41A8 E3D13F38A110B291 DA71DE6690B5C1E6 B893841845533F98, índice 2,
expediente digital de tutela de primera instancia (rad. 11001-03-15-000-2023-05251-00).
3
Acta de protocolización proceso de consulta previa, Código AN-P02-F03 del 29 de julio de 2009, obra a folios 8-12, archivo
001expediente 2016-00082, certificado 75EB806C14A41D8E 216810234B984397 B86A1A1D9EAFCD33
FC181059907D5659, índice 9, expediente digital de tutela de primera instancia (rad. 11001-03-15-000-2023-05251-00).

2
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05251-01
Accionante: Diana Vanesa Benítez Saldaña
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

funcionamiento del complejo carcelario (…) Estas personas serán nombradas en
provisionalidad y son de orden nacional”4.

1.1.2. A través de Resolución 008362 del 13 de julio de 20105 la señora Benítez
Saldaña fue nombrada en provisionalidad en el cargo de Auxiliar Administrativo,
Código 4044, Grado 13, del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Jamundí.

1.1.3. La Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC mediante Acuerdo 297 del
11 de diciembre de 2012, modificado por el Acuerdo 303 del 13 de marzo de 20136,
llevó a cabo la convocatoria 250 de 2012 para proveer las vacantes definitivas de
los empleos de carrera de la planta de personal administrativo del INPEC. A partir
de lo anterior, mediante Resolución 003440 de 23 de septiembre de 2015 el INPEC
procedió a realizar diversos nombramientos en período de prueba y dio por
terminado el nombramiento de la señora Benítez Saldaña7.

1.1.4. El 4 de abril de 2016 la accionante presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho8 en contra de la Resolución 003440 de 2015, a fin de
obtener la nulidad del acto administrativo precitado y, a título de restablecimiento
del derecho, disponer el reintegro al cargo de auxiliar administrativo del INPEC.

1.1.5. El 29 de junio de 2018 el Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del Circuito
de Cali resolvió negar las pretensiones de la demanda9. Argumentó que la
inconformidad de la actora radicó en el incumplimiento del acuerdo suscrito el 24 de
junio de 2010, con lo cual, la discusión se centra en un derecho colectivo que debe
ser alegado por la comunidad. Añadió que se estaba utilizando ese medio de control
para salvaguardar un derecho colectivo con fines particulares y concretos, más aún
si se tiene en cuenta que los 40 cupos se encuentran en cabeza de las comunidades
y no de unas personas específicas.

1.1.6. En contra de la anterior decisión la accionante interpuso recurso de
apelación10. El 30 de junio de 2023 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
confirmó la decisión de primera instancia11 al entender que el acto administrativo

4
Folio 9, archivo 001expediente 2016-00082 del certificado 75EB806C14A41D8E 216810234B984397 B86A1A1D9EAFCD33
FC181059907D5659, índice 9, expediente digital de tutela de primera instancia (rad. 11001-03-15-000-2023-05251-00).
5
Folios 14-17, Ibídem.
6
Folios 290-293, Ibídem.
7
Folios 18-28, Ibídem.
8
Folios 59-84, Ibídem.
9
Folios 496-521, Ibídem.
10
Folios 530-537, Ibídem.
11
Obra en el archivo 006SENTENCIA TRIBUNAL del certificado 75EB806C14A41D8E 216810234B984397
B86A1A1D9EAFCD33 FC181059907D5659, índice 9, expediente digital de tutela de primera instancia (rad. 11001-03-15-
000-2023-05251-00).

3
Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Diana Vanesa Benítez Saldaña
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

por el cual se dio por terminado el nombramiento en provisionalidad de la
demandante se encontraba debidamente motivado, descartándose los cargos de
falsa motivación y desviación de poder.

1.2. Fundamentos de la acción de tutela

1.2.1. La parte accionante consideró que se le vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, al trabajo, a
la consulta previa y al acceso a la administración de justicia, al entender que el
tutelado incurrió en:

Defecto sustantivo por proferir una decisión sin motivación. Explicó la accionante
que el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca se equivocó al
señalar que, por haberse emitido la resolución 1849 del 8 de septiembre del 2014,
en la que la Comisión Nacional del Servicio Civil conformó y adoptó la lista de
elegibles para el empleo ofertado, existía una justa causa para dar por terminado su
nombramiento.

Desconocimiento del precedente. Expuso que el Tribunal accionado pasó por alto
el precedente jurisprudencial de las altas cortes, en relación con la consulta previa,
la falta de motivación de los actos administrativos, la desviación de poder y la
estabilidad laboral.

Violación directa de la Constitución. Indicó que el Tribunal accionado desconoció el
derecho a la consulta previa, generando una afectación a los pueblos indígenas y
comunidades afrodescendientes.

1.3. Pretensiones de la acción de tutela

La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:

“PRIMERA: Se TUTELEN mis derechos fundamentales a la IGUALDAD, DEBIDO
PROCESO, ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, SEGURIDAD SOCIAL, DERECHO AL
TRABAJO, CONSULTA PREVIA DE COMUNIDADES Y GRUPOS ETNICOS, y de
todos aquellos que me están siendo vulnerados por el TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA – SALA SEGUNDA DE DECISIÓN, con
ocasión de la expedición el 30 de junio de 2023, de la Sentencia de segunda instancia
dentro del proceso con Radicación 76001-33-33-008-2016-00082-00; providencia
notificada por correo electrónico el día 25 de julio de 2023.

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Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

SEGUNDA: En consecuencia, se deje sin efectos la Sentencia del 30 de junio de 2023
– notificada el 25/07/2023, dictada por el TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA – SALA SEGUNDA DE DECISIÓN, dentro
del proceso con Radicación 76001-33-33- 018-2016-00082-00.

TERCERA: Que se ordene al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
VALLE DEL CAUCA – SALA SEGUNDA DE DECISIÓN que, en un término de treinta
(30) días, o en el que ustedes tengan a bien señalar, profiera una decisión de reemplazo
de la Sentencia de segunda instancia dictada el 30 de junio de 2023, dentro de la Acción
de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con Radicación 76001-33-33-018- 2016-
00082-00, en la que:

-REVOQUE la Sentencia No. 103 del 29 de junio de 2018, proferida por el Juzgado
Dieciocho Administrativo Oral del Circuito del Cali; mediante la cual, se negaron las
pretensiones de la demanda formulada dentro del asunto con Radicado 76001-33-33-
018-2016-00082-00.

-Que consecuentemente, se DECLARE la Nulidad parcial de la Resolución No. 003440
del 23 de septiembre de 2015, notificada por Oficio No. 85102 –SUTAH – GATAL –
19667 del 20 de octubre de 2015, dado a conocer el 22/10/2015, en cuanto me
desvinculó del cargo de Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 13 del Complejo
Penitenciario y Carcelario de Alta y Media Seguridad de Jamundí - Valle – COJAM-,
perteneciente a la Planta Global de cargos del INPEC, por haberse dictado sin
consideración y respeto del derecho fundamental de Consulta previa a las
Comunidades Negras de los Corregimientos San Isidro y Bocas del Palo del Municipio
de Jamundí.

-Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, se ORDENE al Instituto Penitenciario y Carcelario, que expida un acto
administrativo con el cual se ordene el reintegro inmediato de la suscrita en el cargo de
Auxiliar Administrativo Código 4044, Grado 13 de la Planta Globalizada de Cargos o
uno de igual o mejor categoría, ubicándome de manera específica en el Complejo
Carcelario y Penitenciario de Jamundí (COJAM), determinando que no hubo solución
de continuidad desde el 30 de octubre de 2015 hasta la fecha de mi reintegro efectivo.

-Se CONDENE al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario al reconocimiento y pago
de los salario y prestaciones sociales que dejé de percibir desde el 30 de octubre de
2015 hasta que se haya efectuado mi respectivo reintegro en el cargo de Auxiliar
Administrativo Código 4044, Grado 13 de la Planta Globalizada de Cargos o uno de
igual o mejor categoría.

CUARTA: Seguidamente, se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE
DEL CAUCA, CONDENAR en COSTAS a la entidad INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC por haber sido vencida en juicio.

QUINTA: Se ordene TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA – SALA SEGUNDA DE DECISIÓN que una vez recibido el nuevo fallo proferido
por CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMNISTRATIVO
procedan a OBDECER y CUMPLIR DE MANERA INMEDIATA con lo ordenado por el
superior jerárquico.”12.

2. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición

Mediante auto del 27 de septiembre de 202313 se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

12
Folios 2-3 del certificado 8A35D007915F41A8 E3D13F38A110B291 DA71DE6690B5C1E6 B893841845533F98, índice 2,
expediente digital de tutela de primera instancia (rad. 11001-03-15-000-2023-05251-00).
13
Obra en el certificado ECF73EFEE04B02C8 7AF94BA317F3C570 65823621E4F9A8AD F44352B1DF1A53B3, índice 5,
expediente digital de tutela de primera instancia (rad. 11001-03-15-000-2023-05251-00).

5
Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Diana Vanesa Benítez Saldaña
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

en calidad de demandados, así como al INPEC y al Juzgado Dieciocho
Administrativo Oral del Circuito de Cali, en calidad de tercero con interés.

2.1. El Tribunal Administrativo del Valle14 solicitó que se desestimaran las
pretensiones de la parte accionante, en tanto se circunscribe a un defecto fáctico
por no dar alcance del acta de acuerdo entre el INPEC y la comunidad, y por
violación de precedentes. Afirmó que se valoró la mencionada acta y su alcance a
la luz de la Sentencia C-208 de 2007. Agregó que no existió un desconocimiento
del precedente, toda vez que la actora no señaló por qué son determinantes para
cambiar la decisión adoptada. En cuanto a los precedentes horizontales, argumentó
que ninguno de ellos correspondió a esa Sala, por lo que no resultan vinculantes en
razón al principio de independencia y autonomía judicial.

2.2. El INPEC15 señaló que no ha violado los derechos fundamentales de la actora
y no es la autoridad encargada de dar solución a lo planteado en este asunto.

3. Fallo de tutela de primera instancia

El 20 de octubre de 202316 la Sección Primera del Consejo de Estado declaró
improcedente el amparo invocado por falta del requisito general de la relevancia
constitucional. Consideró que la actora pretende cuestionar una decisión judicial
como si se tratara de un recurso o instancia adicional al proceso ordinario, sin que
se vislumbre que la autoridad accionada pudo haber actuado de forma abiertamente
arbitraria o desbordado los límites del principio de la autonomía judicial.

4. Razones de la impugnación

Inconforme con la decisión tomada por el juez constitucional de primera instancia,
la parte accionante presentó escrito de impugnación17, en el que reiteró que este
asunto reviste relevancia constitucional, dado que se están desconociendo sus
garantías constitucionales a la igualdad, el debido proceso, el acceso a la
administración de justicia, a la dignidad humana, a la consulta previa y los derechos

14
Obra en el certificado A06F899127168E34 161ED3B4DCF86670 34111AFAD058E19D 33A5DB79B175FBBC, índice 10,
expediente digital de tutela de primera instancia (rad. 11001-03-15-000-2023-05251-00).
15
Obra en el certificado 9CB3B5CAF4FB0DF8 5587FC226405BE90 1FE87DE81B54A3C5 EC2A3061784DEC25, índice 11,
expediente digital de tutela de primera instancia (rad. 11001-03-15-000-2023-05251-00).
16
Obra en el certificado 6E3F720B7C16103D C9C76E354C38E4D0 3956B57A000C63AC F53EADDC6A78A809, índice 13,
expediente digital de tutela de primera instancia (rad. 11001-03-15-000-2023-05251-00).
17
Obra en el certificado D093668F30F70A05 2AB9881CB0A1612C 42C870FF43A6CB7F 951F7B80071666F4, índice 17,
expediente digital de tutela de primera instancia (rad. 11001-03-15-000-2023-05251-00).

6
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Accionante: Diana Vanesa Benítez Saldaña
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

de las comunidades negras. Explicó que en este caso existe una afectación directa
de la comunidad a la que pertenece, dado que se está afectando el estatus de uno
de sus miembros.

5. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia

Mediante auto del 10 de noviembre de 202318 el a quo concedió la impugnación.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
080 de 2019 esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada
en contra del fallo proferido el 20 de octubre de 2023 por la Sección Primera del
Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad en contra de providencias judiciales. En caso afirmativo, se
determinará si se incurrió en las causales específicas o defectos denunciados.

3. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto

3.1. Sobre este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela
“no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”19.

En efecto, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario

18
Obra en el certificado E834210869FD67E9 15745BEBA2E61EEB E7C8A7AE3C19C53B E554E136EF64342C, índice 19,
expediente digital de tutela de primera instancia (rad. 11001-03-15-000-2023-05251-00).
19
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.

7
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Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

examinar dos elementos, a saber20: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa
y justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el
cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo especial
constitucional está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional, a través de la sentencia SU-215 de 202221,
advirtió que para analizar si una acción de tutela cumplía con el requisito de
relevancia constitucional, era necesario verificar

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no
se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.

Así mismo, resaltó que en caso de que una acción de tutela fuere incoada en contra
de una providencia judicial emitida por una Alta Corte, resultaba mandatorio advertir,
además de los anteriores requisitos, “una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales.”.

3.2. Para la Sala se torna evidente que el amparo impetrado no satisface el requisito
de relevancia constitucional, puesto que se advierte como un medio dirigido a revivir
el análisis efectuado por las dos instancias dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de radicado 76-001-33-33-018-2016-00082-01, como
si este mecanismo fuera una instancia adicional, según se explicará.

3.3. Diana Vanesa Benítez Saldaña alegó, en esencia que, en atención a lo
consignado en el acta de 24 de junio de 2010, le fue desconocido su derecho a
permanecer en el cargo de Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 13, del
INPEC, pues pertenece a la comunidad de San Isidro, Jamundí, lo que le otorgaría
el derecho a mantenerse en uno de los 20 cupos otorgados a ese grupo étnico.

20
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001 03 15 000 2012 02201 01, C.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
21
Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05251-01
Accionante: Diana Vanesa Benítez Saldaña
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

3.4. Ahora bien, al verificar los argumentos vertidos en la providencia del 30 de junio
de 2023 dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, se dilucidan las
siguientes consideraciones:

“[L]a Corte Constitucional colombiana en la sentencia C-208 de 2007 en un caso
análogo que gira en torno a la demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 1278
de 2002, ‘Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente,’ que dicta el
mecanismo idóneo para la regulación de la forma de acceso al servicio educativo
estatal y acoge el sistema de carrera por concurso de méritos, pero no incluye una
regulación especial para la vinculación de los docentes indígenas y directivos al servicio
educativo estatal, señaló, que si bien se incurre en una omisión legislativa por no incluir
la regulación especial sobre la vinculación de los docentes indígenas pero que no
resulta contrario a la Constitución, Pues: Aun cuando las comunidades indígenas, en
virtud de los derechos a la identidad cultural y educativa, son titulares de un tratamiento
especial en relación con la vinculación, administración y formación de docentes y
directivos docentes estatales, ello no desvirtúa su sometimiento a las normas
constitucionales sobre las formas de acceso, permanencia y retiro de la función pública,
las cuales, además, buscan brindarles a todos los docentes estatales, sin distingo de
razas, las garantías propias de los sistemas de administración de personal como son
la igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público, la capacitación, la
estabilidad laboral y la posibilidad de ascender dentro de la carrera. (Corte
Constitucional, Sentencia C-208 de 2007, Numeral 8) Por ello, pese al tratamiento
especial, ello no implica que la ley deba hacer discriminación racial, étnica o cultural
sobre las formas de acceso, permanencia o retiro de la función pública en razón al
principio ‘de igualdad de oportunidades en el acceso al servicio público, como también
a la estabilidad laboral y el derecho a la promoción en la carrera’
(…)
De la jurisprudencia citada anteriormente, así como la del Consejo de Estado, y
teniendo de presente la relevancia de la carrera administrativa, se observa que el acto
administrativo por el cual se dio por terminado el nombramiento en provisionalidad de
la demandante, se encuentra debidamente motivado, en razón a que la aplicación de
la lista de elegibles en virtud del concurso público de méritos constituye justa causa
para dar por terminado la vinculación de servidores públicos que ingresaron a la entidad
en provisionalidad, descartándose los cargos de falsa motivación y desviación de poder
atribuidos por este aspecto.

Sobre el segundo aspecto, observa la Sala que en el Acta de Protocolización que obra
en folios 126 al 131 del cuaderno No. 0116, se pactó el derecho por parte de la
comunidad de la que hace parte la demandante de 40 cupos de trabajo de las
comunidades negras de Bocas del Palo y San Isidro Corregimientos de Jamundí, no
obstante, en el acto de nombramiento de la demandante de cargo no hace alusión a tal
aspecto, lo cierto es que fue nombrada en provisionalidad en un cargo de carrera en la
planta del INPEC, pero infiriéndose que dicha relación y condición si existió para ser
nombrada.

En este escenario, se debe resolver si el ejercicio del derecho fundamental a la consulta
previa debe prevalecer al mérito relacionado con el retiro del servicio en virtud del
ejercicio de los derechos de carrera como consecuencia de la convocatoria a concurso
a fin de proveer los cargos.

Para lo anterior, como se señaló la Corte Constitucional colombiana en la sentencia C-
208 de 2007 en un caso análogo señaló que el tratamiento especial que deben tener
las comunidades étnicas, ello no implica que la ley deba hacer discriminación racial,
étnica o cultural sobre las formas de acceso, permanencia o retiro de la función pública
en razón al principio de igualdad de oportunidades en el acceso al servicio público,
como también a la estabilidad laboral y el derecho a la promoción en la carrera,
mientras no se expida un estatuto especial que regule la materia.

Lo anterior, soportaría una prueba documental aportada al expediente como era el
oficio del 26 de mayo de 2015, con el cual el director (E) de asuntos para Comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, se pronunció frente a la consulta
efectuada por la subdirección de talento humano, indicando en forma concreta que la

9
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05251-01
Accionante: Diana Vanesa Benítez Saldaña
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Dirección de las mencionadas comunidades no pueden ir en contra del ordenamiento
jurídico.

Adicionalmente, como se probó en el proceso que por medio de la resolución 1849 del
8 de septiembre del 2014, la Comisión Nacional del Servicio Civil, conformó y adoptó
la lista de elegibles para el empleo ofertado, conformada por más de 144 elegibles
quienes lograron el puntaje para ostentar dicha calidad, para proveer veintinueve
vacantes, personas que han sido nombradas en periodo de prueba por cumplir con los
méritos exigidos dentro del proceso de concurso, en esa medida la entidad demandada
no habría tenido margen de actuación a efecto de mantener la vinculación provisional
de la demandante.

Siendo así, observa este despacho que mientras no se expida un estatuto especial, la
situación debe regularse por las normas generales aplicables, y por ello se ve la Sala
en la necesidad de confirmar la decisión del A quo, toda vez que la Actora ocupaba un
cargo en carácter provisional, el cual fue provisto de la lista de elegibles conformada
en virtud del concurso público de méritos- convocatoria 250 de 2012, lo que implica
justa causa para dar por terminado el nombramiento de conformidad con la Ley 909 de
2004 y demás normas concordantes.”22.

3.5. Luego de lo relatado, se observa que, en sede de tutela, la parte accionante
pretende que nuevamente se valoren los argumentos ya planteados en el asunto
ordinario y resueltos por la autoridad judicial accionada en la sentencia censurada,
con el objetivo de que sea reintegrada al cargo que ocupaba en el INPEC.

Se advierte que en sede ordinaria el Tribunal accionado explicó, a partir de las
pruebas aportadas y la jurisprudencia, que la accionante fue nombrada en
provisionalidad en un cargo de carrera en la planta del INPEC, el cual fue provisto
de la lista de elegibles conformada en virtud del concurso público de méritos-
convocatoria 250 de 2012, lo que constituye una justa causa para dar por terminado
el nombramiento de conformidad con la Ley 909 de 2004 y demás normas
concordantes. Lo anterior, encuentra respaldo en que los cupos otorgados por el
INPEC en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Jamundí se encuentran
en cabeza de las comunidades y no a favor de personas específicas.

3.6. Resulta claro que la parte accionante pretende utilizar la acción de tutela como
si se tratara de una instancia adicional, pues, como se vio, las críticas contenidas
en el escrito tuitivo buscan reabrir el debate que tuvo lugar en el trámite ordinario,
con el fin de que prevalezca la interpretación de la tutelante sobre la acogida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, así, el asunto sale de la competencia
del juez constitucional.

22
Folios 10-17, archivo 006SENTENCIA TRIBUNAL del certificado 75EB806C14A41D8E 216810234B984397
B86A1A1D9EAFCD33 FC181059907D5659, índice 9, expediente digital de tutela de primera instancia (rad. 11001-03-15-
000-2023-05251-00).

10
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05251-01
Accionante: Diana Vanesa Benítez Saldaña
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

3.7. Al respecto, debe insistirse en que la procedencia de la acción de tutela en
contra de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para
desconocer la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada
y seguridad jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y
no como un “juicio de corrección” de la decisión cuestionada23, lo que se opone a
que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los
asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en
el curso del proceso ordinario24.

4. En consecuencia, el presupuesto de relevancia constitucional, como se expuso,
no se encuentra superado en este caso y hace que la acción constitucional resulte
improcedente.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 20 de octubre de 2023 proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

23
Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009.
24
Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018.

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