Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05255-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05255-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-05255-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
19 de octubre de 2023
Demandante: Juan Carlos García Rozo
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05255-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05255-00
Demandante: JUAN CARLOS GARCÍA ROZO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Temas: Tutela contra providencia judicial. Sanción moratoria e
indemnización por el pago tardío de los intereses a las
cesantías a docente. Improcedencia por no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir la acción de tutela de la referencia consagrada en
la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de
1991, en consonancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
Mediante escrito radicado el 22 de septiembre de 2023 en el Sistema de
Recepción de Tutelas y Habeas Corpus en línea de la Rama Judicial, el
señor Juan Carlos García Rozo por intermedio de apoderado judicial,
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, con el
fin de que le sean protegidos sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la seguridad social, a la situación más favorable al trabajador en caso de
duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, a
la garantía, a la seguridad social, a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia, al principio de constitucional de la perpetuatio jurisdictionis, a la
seguridad jurídica y al desconocimiento de precedente judicial vertical.
Consideró vulneradas dichas garantías con la providencia del 29 de junio de
2023, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Boyacá, confirmó la
sentencia del 7 de diciembre de 2022 proferida por el Juzgado 3
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja que negó las pretensiones
de la demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
1
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Demandante: Juan Carlos García Rozo
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05255-00
instaurado por el actor contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento
de Boyacá.
1.2 Pretensiones.
En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:
“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la
sentencia proferida el día 6/29/2023, en el expediente rad. No.
15001333300320220003601, transgredió los derechos fundamentales: AL
DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN
MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES 3 FORMALES DE
DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD
JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL
VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión
no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia
constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso
administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos
fundamentales de la accionada.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en
el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de
precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en
las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda
del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el
reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la
demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes
expedientes.
(…)”.1
1.3. Hechos
La solicitud se sustenta en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son
relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:
El señor Juan Carlos García Rozo sostuvo que labora con la entidad
territorial certificada en Educación del Departamento de Boyacá, después del
año de 1990, razón por la cual tiene derecho al reconocimiento y pago de
cesantías por el régimen anualizado con pago de intereses cada año.
Señaló que el 15 de febrero del año 2021, no le fueron consignadas sus
cesantías por parte del Ministerio de Educación Nacional (como patrono) al
1 Transcripción del original con posibles errores ortográficos
2
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Demandante: Juan Carlos García Rozo
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá
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Fomag – fondo al que pertenece como trabajador del Estado y que le
corresponden por sus servicios prestados en el año 2020.
Afirmó que el 26 de julio de 2021 solicitó al departamento de Boyacá además
de su pago, el reconocimiento de la sanción por mora establecida en el
artículo 99 de la ley 50 de 1990 por la no consignación oportuna de sus
cesantías causadas en el año 2020. Sin embargo, mediante acto
administrativo de 29 de agosto de 2021 la entidad demandada le negó lo
pedido.
Inconforme con la respuesta brindada por la entidad el señor Juan Carlos
García Rozo presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el acto administrativo con el cual la entidad demandada negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus
cesantías.
En primera instancia el asunto lo dirimió el Juzgado 3 Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Tunja que en sentencia de 7 de octubre de 2022 negó las
pretensiones. En resumen, manifestó que, la parte demandante no tiene
derecho a que se le reconozca lo pretendido, como quiera que, el artículo 98
de la Ley 50 de 1990 no resulta aplicable a los docentes vinculados al
FOMAG, en tal medida, como los supuestos de hecho señalados en dicha
norma no se aplican al demandante, tampoco lo es la consecuencia jurídica
allí prevista, esto es la sanción por mora por la consignación tardía de las
cesantías anualizadas.
Por lo anterior, interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, que mediante providencia del 29 de junio
de 2023 confirmó la anterior decisión. Dicho tribunal concluyó que las
pretensiones no estaban llamadas a prosperar en atención a la existencia de
un régimen especial que regula en forma expresa el trámite de
reconocimiento de cesantías e intereses a las cesantías de servidores
públicos docentes que están afiliados al FOMAG sin que pueda ser objeto de
aplicación en el mismo los tramites de la Ley 50 de 1990.
1.4. Sustento de la vulneración
El accionante manifestó que la acción de tutela contra providencias judiciales
está concebida como un procedimiento cautelar que garantiza la efectividad
del derecho fundamental al debido proceso de otro proceso judicial, en el que
se ha vulnerado presuntamente este derecho, por lo que se trata de una
pretensión de prevención y protección. Agregó que este recurso de amparo
ostenta el carácter de excepcional y residual, procurando que cuando no
exista otro medio de defensa, se pueda garantizar la aplicación de los
derechos fundamentales en el proceso principal y se le prohíbe pronunciarse
sobre el asunto de fondo lo cual es de competencia del juez de conocimiento.
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Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá
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Expresó que cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela y en especial se refirió a la relevancia constitucional. Para lo
cual mencionó una sentencia del 29 de julio de 2019 emitida por la Sección
Tercera, Subsección C de esta Corporación en la cual se superaba el
análisis de este requisito por cuanto el asunto recaía sobre una vulneración
de derechos fundamentales tales como igualdad, debido proceso, seguridad
social y la obligatoriedad de seguir el precedente, de conformidad con el
principio de favorabilidad.
Señaló que el eje central del recurso de amparo consiste en la vulneración
que existe en contra de los docentes, pues al no poder disponer del auxilio
de cesantías, se está transgrediendo el derecho fundamental de la seguridad
social, y es que esta prestación social es una modalidad de protección del
trabajador cesante y su familia, de conformidad con los artículos 42 y 48 de
la Constitución Nacional.
Manifestó que los docentes se encuentran en la categoría de empleados
públicos, razón por la cual, no es admisible la distinción con los demás
servidores públicos a que sus prestaciones sociales sean canceladas en
tiempo, como lo es, el auxilio de cesantías, y que una interpretación
contraria, conllevaría una restricción en la posibilidad de gozar de la garantía
del pago oportuno del auxilio de cesantías y, a su vez, de las protecciones ya
mencionadas que se derivan de esa prestación, lo que conlleva una
connotación de relevancia constitucional, ya que se está vulnerando el
derecho a la igualdad de los docentes, respecto de otros servidores públicos.
1.5. Trámite
Por auto del 25 de septiembre de 2023, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Boyacá, para que, si lo consideraban del caso, intervinieran
en el presente proceso en calidad de accionados.
Asimismo, se dispuso vincular como terceros interesados al Juzgado 3
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja y al Ministerio de Educación
Nacional – Fondo de prestaciones sociales del Magisterio y a la gobernación
de Boyacá para que efectúen las manifestaciones que consideren
pertinentes.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Tribunal Administrativo de Boyacá. Solicitó declarar improcedente la
acción de tutela negar el amparo deprecado en razón a que no cumple con el
requisito de relevancia constitucional.
Expresó que la discusión propuesta en la acción de tutela se limitó a la
aplicación de unas normas que prevén una sanción moratoria, la cual tiene
un alcance estrictamente monetario y no afecta sus derechos al mínimo vital
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ni a la seguridad social.
Señaló que la Corte constitucional advirtió que la sanción moratoria por la no
consignación oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental ni
está ligado a la satisfacción de una garantía constitucional.
1.6.2. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Mediante comunicación
emitida por el jefe de la Oficina Jurídica de dicho ministerio solicito se declare
improcedente la acción de tutela por cuanto el actor no logra edificar una
fundamentación clara sobre la concreta relevancia constitucional aducida ya
que no se demuestra que la presunta vulneración de sus garantías
compromete gravemente la existencia o supervivencia del accionante.
Señala que en este caso en particular se presenta un debate procesal
estrictamente económico que involucra intereses privados, situación que
excede la competencia del juez de tutela.
1.6.3 FIDUPREVISORA S.A. (Como Administradora del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio) a través de su Coordinadora de
tutelas solicitó declarar improcedente la acción de y a su vez sea
desvinculada por no estar legitimada por pasiva.
Adujo que la acción de tutela es improcedente ya que se está utilizando este
mecanismo con el ánimo de invalidar actuaciones procesales realizadas con
anterioridad mediante el ejercicio de esta acción.
Señaló que por disposición del Decreto 1582 de 1998, artículo 2, las
entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990
podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las
cesantías. Esta modalidad de administración corresponde exclusivamente a
las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990,
no así para el FOMAG, que se creó mediante la Ley 91 de 1989 bajo el
principio de unidad de caja y, por tanto, las cesantías de los docentes no se
administran en cuentas individuales.
Expresó que “teniendo en cuenta que el procedimiento involucra los recursos
de las cesantías y sus intereses, se puede concluir que anualmente se
realiza la actividad operativa de la liquidación de las cesantías, ya que los
recursos están inmersos en el FOMAG antes del 1 de febrero de cada
vigencia, bajo el principio de unidad de caja. Esta actuación es
probatoriamente demostrable en la medida en que Fiduprevisora S.A., en su
calidad de vocera y administradora del FOMAG, emite comunicados a las
diferentes Secretarías de Educación Certificadas y a los encargados de las
oficinas de prestaciones económicas de las entidades territoriales, sobre la
fecha de entrega del reporte de cesantías para pago de intereses en la
primera nómina de cada vigencia”
Concluyó manifestando que:
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“1.El compendio normativo en el cual se sustenta el FOMAG, cuyas normas
fueron puntualmente citadas, no contempla la posibilidad de la apertura de
cuentas individuales para cada uno de los afiliados, configurándose así la
imposibilidad jurídica de acudir a su creación por vía de una orden judicial,
como lo pretende el demandante, pues el FOMAG se rige por el principio de
unidad de caja expresamente dispuesto para su administración.
2.Ante la imposibilidad física y jurídica de apertura de cuentas individuales
para cada docente afiliado al FOMAG, la imposibilidad se extiende a la figura
de la “consignación de cesantías”. En lugar de una consignación, los
docentes tienen la posibilidad de retirar sus cesantías siempre que su
solicitud cumpla con el lleno de los requisitos de ley.
3.Teniendo en cuenta las anteriores precisiones, no podría configurarse la
sanción moratoria contemplada en la Ley 50 de 1990, artículo 99, para el
escenario del FOMAG, ya que lo que pena la ley en mención es la
consignación inoportuna de las cesantías y, al estar vedada la posibilidad de
la consignación de las cesantías de los docentes del FOMAG, de contera se
descarta algún tipo de sanción”2
1.6.4. Juzgado 3 Administrativo del Circuito Judicial de Tunja. Se limitó
al envío del expediente digital sin efectuar pronunciamiento alguno.
1.6.5 El departamento de Boyacá pese a ser notificado en debida forma
guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991,
2.2.3.1.2.1 numeral 5° del Decreto 1069 de 2015, modificado por el numeral
1° del Decreto 333 de 2021 y 25 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestión Previa
La FIDUPREVISORA S.A. (Como Administradora del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio) a través de su Coordinadora de
tutelas solicitó ser desvinculada del proceso por no estar legitimada por
pasiva, se anuncia que esta petición será denegada con fundamento a que
su llamado a este trámite se hizo en calidad de tercero con interes.
2 Transcripción del original con posibles errores
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2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala analizar si la solicitud de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, de superarse lo anterior, deberá
verificar si el Tribunal Administrativo de Boyacá, vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la situación más
favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de
las fuentes formales de derecho, garantía a la seguridad social, a la
igualdad, de acceso a la administración de justicia, al principio constitucional
de la perpetuatio jurisdictionis, al principio de seguridad jurídica y al
desconocimiento de precedente judicial vertical, al presuntamente incurrir en
defecto sustantivo.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de
procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el
fondo del reclamo.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio
de 20123, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:
“…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración
de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal
criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.”4 (Negrilla fuera de texto)
Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado
su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se
presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados
hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la
decisión de unificación.
3 Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
• Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
4 Ibídem.
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Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará
ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta
el momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es
un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no
puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
–procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del
asunto. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado,
se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.5. Estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad
En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que la
Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 reiteró que este
presupuesto “protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales” y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:
“(...) (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
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contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.” (Destacado por la Sala)
En concordancia con lo anterior, dicha Corte indicó en la sentencia SU-573
de 27 de noviembre de 2019 que “la controversia debe versar sobre un
asunto constitucional, pero no meramente legal y/o económico” y que según
la jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden legal, es decir, las
relativas a un derecho de índole económico5 deben ser resueltas mediante
los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite6, comoquiera que “le
está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos
de carácter netamente legal o reglamentario”7, so pena de involucrarse
en cuestiones que le corresponden definir a otras jurisdicciones.
Señaló que el carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado con su
naturaleza de prestación social, cuya finalidad es el auxilio de la persona que
se queda temporalmente en situación de desempleo. Por tanto, “solo en la
medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría
procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva a la vulneración
del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador”.
Por tanto, el reconocimiento y pago de las cesantías representan un derecho
inalienable para el trabajador, y su falta de pago implica una violación de
garantías constitucionales de carácter fundamental como el derecho al
mínimo vital y la seguridad social. No obstante, es importante aclarar que no
se aplica el mismo principio a la cuantía relacionada con la penalidad por la
sanción moratoria cuando el empleador no realiza el depósito de las
cesantías en el plazo estipulado. Esto se debe a que dicho monto tiene un
carácter eminentemente sancionatorio y legal, lo que excluye la intervención
del juez constitucional.
En tales condiciones, se advierte que la controversia planteada por el señor
Juan Carlos García Rozo versa sobre una cuestión de interpretación
meramente legal, que no impacta la garantía de derechos fundamentales
sino patrimoniales, por cuanto considera que el Tribunal Administrativo de
Boyacá, en la providencia de 29 de junio de 2023, vulneró los derechos
fundamentales invocados tras confirmar la decisión de primera instancia.
Esto, debido a que se negaron las pretensiones de la demanda dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió en
5 “No en todos los eventos en que se denuncie el desconocimiento de los derechos al
acceso a la administración de justicia y debido proceso se está ante un asunto relevante
constitucionalmente, pues si el reclamo se vincula de manera irrestricta a la satisfacción de
una pretensión de contenido económico, la discusión carecerá de tal relevancia.”
6 “Sentencia T-606 de 2000.”
7 “Ibid.2”
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su condición de docente, con el propósito de obtener el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 19908,
así como la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías,
según el artículo 1º de la Ley 52 de 19759.
De modo que el objeto del debate se centra en que, a juicio del tutelante, la
normativa que regula la liquidación anual de las cesantías de los servidores
públicos también aplica a los educadores oficiales y, por ello, se le debía
consignar al Fomag a más tardar el 15 de febrero de 2021 dicha prestación,
correspondiente al servicio que prestó durante el año anterior.
Entonces, el asunto en estudio gira en torno a una cuestión meramente legal
y de carácter económico, pues la inconformidad de la accionante se limita al
pago de derechos patrimoniales –sanción moratoria e intereses anuales a las
cesantías–, más allá de estar orientado a la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia, de modo que la situación descrita es
“de competencia exclusiva del juez ordinario10”, por lo que el juez de tutela no
le corresponde zanjar aspectos como el que aquí se trata.
Adicionalmente, cabe señalar que la Corte Constitucional precisó que la
acreditación del requisito de la relevancia constitucional “supone
justificar razonablemente la existencia de una restricción prima
facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que
una simple relación con aquel” y que la relevancia constitucional tiene tres
finalidades, a saber:
“(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional11 y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad12; (ii) restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que
afecten los derechos fundamentales13 y, finalmente, (iii) impedir que la
acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces14”. (Destacado por la Sala)
Así pues, también se encuentra que las inconformidades planteadas por la
parte actora en el escrito de tutela coinciden con las consideraciones que
expuso para apelar la sentencia proferida por el Juzgado 3 Administrativo del
Circuito Judicial de Tunja, las cuales ya fueron abordadas por la colegiatura
accionada.
8 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras
disposiciones.”
9 “Por la cual se reconocen intereses anuales a las cesantías de los trabajadores
particulares.”
10 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias
SU-573 de 2017 y C-590 de 2005.
11 “Sentencia C-590 de 2005.”
12 “Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008”.
13 “Sentencia C-590 de 2005.”
14 “Sentencia T-102 de 2006.”
10
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Demandante: Juan Carlos García Rozo
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05255-00
Nótese que en la providencia cuestionada se explicó que no había una
posición unificada respecto al reconocimiento de la sanción moratoria
prevista en la Ley 50 de 1990 al sector docente y se concluyó que no era
posible aplicar el precedente fijado en la sentencia SU-098 de 2018, toda vez
que los supuestos fácticos del caso allí analizado eran diferentes a los del
actor.
De otra parte, la Sección Segunda del Consejo de Estado, como órgano de
cierre especializado en la materia objeto de estudio, unificó jurisprudencia
sobre la procedencia de aplicar la sanción moratoria establecida en el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la indemnización de la Ley 52 de 1975 a
favor de los docentes afiliados al FOMAG. Para el efecto, mediante sentencia
de 11 de octubre de 2023, dispuso o siguiente:
“Los docentes estatales afiliados al Fomag no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de
cesantías regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente
en servicio activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50
de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo
de protección social en favor del docente estatal.”15
En este orden de ideas, la Sala declarará improcedente la solicitud de tutela
toda vez que el reclamo del señor Juan Carlos García Rozo carece de
relevancia constitucional, en atención a que lo pretendido es convertir este
mecanismo de amparo en una instancia adicional al proceso ordinario para
que se resuelva una controversia que se reduce a un debate meramente
legal y económico. 16
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
III.FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por la
FIDUPREVISORA S.A. (Como Administradora del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio)
SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el
señor Juan Carlos García Rozo contra el Tribunal Administrativo de Boyacá,
por los motivos expuestos en esta providencia.
TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma
15 Sentencia del 11 de octubre de 2023 radicado 66001-33-33-001-2022-00016-01
16 En este mismo sentido se pronunció la Sala en un caso similar, el cual fue analizado en la
providencia de 23 de marzo de 2023, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-
000-2023-01047-00.
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Demandante: Juan Carlos García Rozo
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05255-00
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”
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