Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05255-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05255-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-05255-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
13 de diciembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05255-01
Demandante: Juan Carlos García Rozo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-05255-01
Demandante JUAN CARLOS GARCÍA ROZO
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, SALA DE DECISIÓN
Nro. 3
Temas Tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedibilidad de la acción. La relevancia constitucional. Medio de
control de nulidad y restablecimiento. Sanción moratoria por
consignación tardía de las cesantías del artículo 99 de la Ley 50 de
1990 a docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Juan Carlos García Rozo
contra la sentencia de 19 de octubre de 2023, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Quinta, que dispuso:
“PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por la FIDUPREVISORA S.A.
(Como Administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio)
SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Juan Carlos
García Rozo contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, por los motivos expuestos en esta
providencia. […]”
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 22 de septiembre de 20231, el señor Juan Carlos García Rozo interpuso acción
de tutela, mediante apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Boyacá,
Sala de Decisión Nro. 3, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y al acceso a la administración
de justicia, con la sentencia del 29 de junio de 2023 que confirmó la decisión de
primera instancia en la cual se negaron las pretensiones del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 15001-33-33-003-2022-00036-01.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1 Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida
el día 6/29/2023, en el expediente rad. No. 15001333300320220003601, transgredió los
derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD
SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO,
GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA
1 Samai, índice 2. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2023-05255-00.
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Demandante: Juan Carlos García Rozo
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA
PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO
DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las
razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante
jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso
administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la
accionada.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales
que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de
octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante
diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como
fue solicitada en la demanda […]”.
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. En el año 2022, el señor Juan Carlos García Rozo presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
el Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (FOMAG) y el departamento de Boyacá, con el fin de que se
declarara la nulidad del acto administrativo mediante el cual se negó el pago
de la sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías y el pago de
la indemnización por el pago extemporáneo de los intereses sobre las
cesantías.
2.2. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Tunja conoció en primera
instancia el asunto, bajo el radicado Nro. 15001-33-33-003-2022-00036-00.
Mediante sentencia del 7 de octubre de 2022, dicha autoridad judicial negó las
pretensiones de la demanda, por considerar que la sanción por mora por
consignación tardía de las cesantías no es aplicable para los docentes
afiliados al FOMAG, pues estos tienen una norma especial que regula la
materia, que es la Ley 91 de 1989, y en ese régimen no está contemplada
dicha sanción, entre otras razones.
2.3. La anterior providencia fue apelada por la parte demandante. Mediante
sentencia del 29 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala
de Decisión Nro. 3, confirmó la decisión por similares razones.
3. Fundamentos de la acción
3.1. La parte actora argumentó que se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, incluyendo el de
relevancia constitucional, puesto que se pretende el amparo de derechos
fundamentales vulnerados ante la falta de reconocimiento de la sanción
moratoria y la protección de principios constitucionales como la seguridad
jurídica, la confianza legítima y la favorabilidad. Y agregó que: “no se podrá
entender este recurso de amparo como una tercera instancia bajo ningún escenario, por
cuanto fue interpuesto, únicamente ante la vulneración de los derechos fundamentales del
accionante”.
Seguido, indicó que, al proferir la sentencia de 29 de junio de 2023, el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Nro. 3, incurrió en violación directa
de la Constitución, por el desconocimiento del artículo 53 constitucional, que
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Demandante: Juan Carlos García Rozo
consagra el principio de favorabilidad. Sobre ese punto, mencionó que han
existido otros casos en los cuales la Corte Constitucional ha aplicado el
régimen general a personas que están amparadas bajo un régimen especial,
sin que tal situación conlleve al desconocimiento del principio de
inescindibilidad. Es el caso de la aplicación de la norma sobre el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria de cesantías a los servidores
públicos por el pago tardío de las mismas en favor de los docentes del sector
oficial.
Luego manifestó que el Tribunal Administrativo de Boyacá desconoció 22
sentencias del Consejo de Estado, en las cuales se establece que la Ley 50
de 1990 sí es aplicable a los docentes afiliados al FOMAG vinculados después
del 1 de enero de 1990 por disposición expresa de las Leyes 91 de 1989 y 344
de 1996 y los Decretos Nacionales 1582 de 1998, 1252 de 2000 y 3752 de
2003. Consecuentemente, sostuvo que de esas providencias se desprende la
obligación del Ministerio de Educación Nacional de consignar las cesantías a
dicho fondo a más tardar el 15 de febrero de cada año.
Por ende, manifestó que se pasaron por alto los principios de igualdad,
confianza legítima, seguridad jurídica y favorabilidad de los docentes, ante el
desconocimiento de tales decisiones judiciales, muchas proferidas entre el año
2021 y 2022 por la Sección Segunda del Consejo de Estado. Puntualmente,
se refirió a las siguientes sentencias proferidas por el Consejo de Estado,
Sección Segunda y respecto de algunas de estas efectuó una transcripción de
sus apartes:
N°. Fecha de la Providencia Expediente No. Magistrado (a) Ponente
1 SU del 6 de agosto de 2020 08001-23-33-000-2013-00666-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez
2 Sentencia de 24 de enero de 2019 76001-23-31-000-2009-00867-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez
3 Sentencia de 17 de junio de 2019 11001-03-15-000-2018- 04617-01 Nicolás Yepes Corrales
4 Sentencia de 28 de junio de 2019 11001-03-15-000-2018- 04679-01 Roberto Augusto Serrato Valdés
5 Sentencia de 29 de julio de 2019 11001-03-15-000-2018-03499-01 Nicolás Yepes Corrales
6 Sentencia de 2 de diciembre de 2019 08001-23-33-000-2014-00173-01 Rafael Francisco Suárez Vargas
7 Sentencia de 10 de junio de 2020 08001-23-33- 000-2014-00208-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez
8 Sentencia de 22 de octubre de 2020 08001-23-31- 000-2014-00254-01 William Hernández Gómez
9 Sentencia de 12 de noviembre de 2020 08001-23-31- 000-2014-00132-01 William Hernández Gómez
10 Sentencia de 17 de junio de 2021 08001-23-31-000-2014-00815-01 Gabriel Valbuena Hernández
11 Sentencia de 17 de junio de 2021 08001-23-33- 000-2015-00331-01 César Palomino Cortés
12 Sentencia de 4 de noviembre de 2021 19001-23-33-000-2015-00445-02 William Hernández Gómez
13 Sentencia de 25 de noviembre de 2021 08001-23-33-000-2014-01127-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez
14 Sentencia de 25 de noviembre de 2021 40001-23-40-000-2017-00134-01 William Hernández Gómez
15 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 08001-23-40-000-2015-90008-01 William Hernández Gómez
16 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 08001-23-40-000-2014-90022-01 Gabriel Valbuena Hernández
17 Sentencia de 20 de enero de 2022 08001-23-33-000-2017-00931-01 Gabriel Valbuena Hernández
18 Sentencia de 3 de marzo de 2022 08001-23-33-000-2015-00075-01 William Hernández Gómez
19 Sentencia de 28 de abril de 2022 76001-23-33-000-2013-00756-01 Carmelo Perdomo Cuéter
20 Sentencia de 9 de mayo de 2022 08001-23-40-000-2017-00795-01 Rafael Francisco Suárez Vargas
21 Sentencia de 19 de mayo de 2022 47001-23-33-000-2019-00359-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez
22 Sentencia de 1 de julio de 2022 47001-23-33-000-2019-00376-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez
23 Sentencia de 22 de agosto de 2022 08001-23-33-000-015-00509-01 César Palomino Cortés
24 Sentencia de 22 de septiembre de 2022 08001-23-33-000-015-90124-01 César Palomino Cortés
25 Sentencia de 19 de enero de 2023 76001-23-31-000-2012-00212-02 William Hernández Gómez
26 Sentencia de 26 de enero 2023 47001-23-33-000-2018-00231-01 Rafael Francisco Suárez Vargas
A su vez, aseveró que no se cumplen los requisitos establecidos para realizar
un cambio de jurisprudencia, pues lo único que se expresó es que existía
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unidad de caja en el manejo de los recursos del FOMAG y que no existe
sentencia unificada, pese a la gran cantidad de sentencias expedidas por las
dos secciones que conforman la Sección Segunda del Consejo de Estado. Sin
embargo, la unidad de caja, sostuvo, solo implica que los recursos de salud
pueden utilizarse para pagar pensiones y cesantías de los docentes, pero no
desdibuja la obligación de consignación oportuna de las cesantías.
Igualmente, se refirió a las Sentencias de Unificación SU-098 de 2018, SU-
332 de 2019 y SU-041 de 2020, respecto de las cuales también efectuó una
transcripción de algunos de sus apartados.
Reconoció que, si bien en el pasado existían dos posiciones sobre la materia,
lo cierto es que después del estudio hecho en la Sentencia SU-098 de 2018 la
Corte Constitucional y el Consejo de Estado acogieron una interpretación
favorable, en el sentido de indicar que a los docentes oficiales sí les aplica la
Ley 50 de 1990 que castiga la falta de consignación oportuna de las cesantías.
Por ende, aseguró que es falso afirmar, como lo hacen las entidades
involucradas, que en la Sentencia SU-098 de 2018 se estudian supuestos
fácticos diferentes al presente.
Agregó que en el año 2006 jurisprudencialmente se argumentó que la
aplicación de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990 y el régimen especial de los docentes contemplado en la Ley 91 de 1989
generaba una violación al principio de inescindibilidad. Sin embargo, aseguró
que tal principio no se transgrede, puesto que no se aplican de manera
fragmentada los contenidos normativos, de distintas fuentes, que más
favorecen al trabajador. Al contrario, el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional han reconocido que existe un vacío normativo, dado que el
régimen de docentes no regula la figura de la sanción moratoria por la no
consignación de cesantías. Por esa razón, se debe acudir al régimen general,
es decir a la Ley 50 de 1990.
También, desestimó el argumento según el cual la sanción por mora
establecida en la Ley 50 de 1990 sólo opera para los docentes que no han sido
afiliados al FOMAG, mas no para aquellos que sí pertenecen a este. Al
respecto, la parte actora sostuvo que a partir del artículo 4 de la Ley 91 de
1989 los docentes vinculados con posterioridad al 1 de enero de 1990 serán
afiliados automáticamente al FOMAG, a fin de que el docente ya no reclamara
sus cesantías directamente a su patrono, sino a dicho fondo con los recursos
consignados por el empleador.
Finalmente, transcribió varias sentencias proferidas por tribunales y juzgados
administrativos del circuito en las que también se opta por el reconocimiento
de la sanción moratoria solicitada por la parte actora.
3.2. Por otra parte, la parte actora expuso una serie de razones por las cuales
consideró que los docentes sí tienen derecho a la consignación oportuna de
cesantías y, consecuentemente, a la sanción moratoria cuando esta se realiza
extemporáneamente.
Al respecto, la parte actora efectuó un recuento normativo sobre la regulación
de las cesantías para docentes y sus distintos regímenes, en el cual incluyó la
Ley 6 de 1945, el Decreto Ley 3118 de 1968, la Ley 91 de 1989 y la Ley 50 de
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1990. Con base es en este, afirmó que el Gobierno Nacional, las entidades
territoriales, las Cajas Departamentales y Nacionales de Previsión, el Fondo
Nacional del Ahorro y el Ministerio de Educación tienen la obligación de
consignar las cesantías al FOMAG antes del 15 de febrero de 2021,
independientemente de si trata de docentes vinculados antes del 31 de
diciembre de 1980, docentes nacionales pertenecientes al régimen anualizado
de cesantías desde 1968 o docentes vinculados después de 1990.
Seguido, aseguró que no existe ningún régimen especial de las cesantías para
docentes, puesto que “las cesantías anualizadas de los maestros oficiales, se liquidan de
la misma forma, como se liquidan a los a los empleados públicos y privados del país, la única
diferencia radica en los intereses a las cesantías, los cuales, se les cancela liquidando el DTF
sobre el saldo acumulado (…) pero esta es una situación no es una circunstancia novedosa
como lo quiere hacer ver la entidad demandada y la sentencia hoy en reproche, PUES ESTOS
INTERESES A LAS CESANTÍAS, YA SE LES PAGABA A LOS DOCENTES NACIONALES
DESDE 1968”.
Indicó que el supuesto régimen especial es inexistente, puesto que la Ley 91
de 1989 asignó la competencia de la consignación de los recursos al FOMAG
y las cuantías. Y sostuvo que el presunto régimen especial de docentes no es
más favorable, pues la liquidación de intereses es menor que la de los demás
servidores públicos.
Afirmó que el propósito del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, según el cual: “Los
docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efecto de las
prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los
empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de
1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley” era dar
un tratamiento igualitario tanto a los maestros que ya eran nacionales afiliados
al Fondo Nacional del Ahorro.
En esa medida, sostuvo que a los docentes le son aplicables los Decretos
Nacionales 3118 de 1968, 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1042 de 1978 y 1045
de 1978 y las demás normas expedidas con posterioridad, es decir la Ley 50
de 1990 y la Ley 344 de 1996, que consagran la obligación del patrono de
consignar las cesantías a los docentes oficiales en el FOMAG a más tardar el
15 de febrero de cada anualidad.
Reprochó que el FOMAG y la Fiduciaria La Previsora hayan asumido la
postura de que no existe obligación de consignar las cesantías antes del 15
de febrero de cada anualidad, solo para favorecer los intereses del Ministerio
de Educación Nacional.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Mediante auto de 25 de septiembre de 2023, se admitió la acción de tutela
interpuesta por el señor Juan Carlos García Rozo contra el Tribunal
Administrativo de Boyacá; se ordenó vincular en calidad de terceros al
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, al Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) y a la gobernación de Boyacá; se reconoció al abogado Yobany
Alberto López Quintero como apoderado judicial de la parte demandante; y se
dispuso efectuar las notificaciones correspondientes.
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4.2. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho Nro. 62, rindió informe en
el que solicitó que la acción de tutela de la referencia debe ser declarada
improcedente por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, o
en su defecto se nieguen las pretensiones, pues lo que se pretende es debatir
en una tercera instancia las razones por las cuales el actor no está de acuerdo
con la tesis, según la cual, el demandante no es sujeto del régimen de auxilio
a las cesantías previsto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
Indicó que la tutela se limitó a la aplicación de unas normas que prevén una
sanción moratoria, lo que implica que es un asunto de carácter meramente
legal y económico. Para sustentar esta idea, citó la sentencia SU-573 de 2019
dictada por la Corte Constitucional, y dijo que en un caso con similitud fáctica
y jurídica se determinó que carecía de relevancia constitucional, pues estos
asuntos que versan sobre connotaciones patrimoniales privadas, no se
relacionan directamente con la protección de derechos fundamentales.
Adujo que en caso de considerarse procedente la acción de tutela, debía
tenerse en cuenta que no existió vulneración alguna de derechos
fundamentales, pues para dictar la sentencia de segunda instancia se realizó
un estudio exhaustivo de las disposiciones constitucionales, legales y
reglamentarias. Pues en su concepto, no es posible equiparar el régimen
previsto en la ley 91 de 1989 con el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, para
darle aplicación al caso en estudio.
4.3. La Fiduprevisora S.A.3 señaló que, de conformidad con el Decreto 1582 de
1998, las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de
1990 podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de
las cesantías. Sin embargo, aseveró que las cesantías de los docentes no se
administran en cuentas individuales, ya que esa modalidad de administración
corresponde exclusivamente a las entidades administradoras de cesantías
creadas por la Ley 50 de 1990, dentro de las cuales no está el FOMAG. Este
último, por el contrario, se creó mediante la Ley 91 de 1989 y se rige bajo el
principio de unidad de caja.
Explicó que en el FOMAG no hay cuentas individuales para los docentes. Por
ende, “anualmente se realiza la actividad operativa de la liquidación de las cesantías, ya que
los recursos están inmersos en el FOMAG antes del 1 de febrero de cada vigencia, bajo el
principio de unidad de caja”. E indicó que la liquidación anual de cesantías se
comprueba con los comunicados que emite dirigidos a las diferentes
secretarías de educación certificadas y a los encargados de las oficinas de
prestaciones económicas de las entidades territoriales, sobre la fecha de
entrega del reporte de cesantías para pago de intereses en la primera nómina
de cada vigencia.
En consecuencia, aseveró que es imposible jurídicamente crear cuentas
individuales para cada uno de los afiliados del FOMAG, en virtud del principio
de unidad de caja y, en consecuencia, no es posible aplicar la figura de
“consignación de cesantías” pues los docentes tienen la posibilidad de retirar
sus cesantías cuando cumplan los requisitos establecidos para tal efecto. Por
lo tanto, no puede aplicarse la sanción moratoria establecida en el artículo 99
2 Samai, índice 9. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2023-05255-00.
3 Samai, índice 11. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2023-05255-00.
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de la Ley 50 de 1990, pues esa figura se consagró para los eventos en que se
da consignación tardía en las cuentas individuales; lo cual no ocurre en el caso
de los docentes.
Finalmente, aseveró que no se vulneraron los derechos fundamentales de la
parte accionante, ya que la decisión judicial cuestionada aplicó los
precedentes judiciales vinculantes para la decisión adoptada. E indicó que no
tiene competencia para atender las pretensiones de la demanda, por lo que
solicitó su desvinculación del trámite de la acción de tutela y la declaratoria de
improcedencia de la tutela.
4.4. El Ministerio de Educación4 realizó un análisis sobre los requisitos generales
y específicos para la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial. Añadió que los operadores judiciales deben ser autónomos e
independientes, pues solo de esta forma los casos por ellos conocidos son
resueltos de forma imparcial.
Señaló que el defecto cuya remisión se persigue debe conllevar la violación
de uno o varios derechos fundamentales, y que es el extremo activo quien
tiene que probar si existe una eventual trasgresión de derechos por parte del
juez de conocimiento, al punto que lo hayan hecho apartarse del ámbito legal
generando actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico.
En consecuencia, solicitó que se declare la improcedencia de la presente
acción constitucional, o en su defecto, se ordene su desvinculación.
4.5. El departamento de Boyacá5 precisó que a los docentes oficiales afiliados al
FOMAG no se les aplica la Ley 50 de 1990, por lo cual solicitó desestimar las
pretensiones de amparo. Asimismo, adujo no tener competencia para resolver
las reclamaciones relacionadas con las cesantías y la liquidación y el pago de
los intereses de estas.
Señaló que, la sentencia SU-098 de 2018 no guarda similitud fáctica ni jurídica
con el caso del señor García Rozo y que no hay lugar a que el juez de tutela
emita un pronunciamiento sobre hechos debatidos en un proceso ordinario. De
otra parte, afirmó que no se desconoció la aplicación del principio de
favorabilidad en favor del docente, pues no se está frente a un vacío legal que
regule el tema, sino ante la existencia de un régimen especial en favor de los
docentes oficiales el cual debe ser aplicado de forma integral al ser el más
favorable.
Concluyó que la decisión acusada está debidamente motivada, sin que incurra
en ninguna irregularidad, la cual fue proferida por el Tribunal Administrativa de
Boyacá en ejercicio de su función constitucional y de los principios de
autonomía e independencia judicial.
4.6. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja 6 allegó
copia del expediente ordinario.
4 Samai, índice 12 y 16. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2023-05255-00.
5 Samai, índice 15. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2023-05255-00.
6 Samai, índice 14. Expediente Nro. 11001-03-15-000-2023-05255-00.
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5. Providencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Quinta, en sentencia de 19 de octubre de 2023,
declaró improcedente la solicitud de amparo por considerar que se incumplía con el
requisito general de relevancia constitucional.
Señaló que, en primera medida, que la controversia planteada por el accionante
versa sobre una cuestión de interpretación meramente legal, que no impacta la
garantía de derechos fundamentales sino patrimoniales. De modo que el objeto del
debate se centra, a juicio del tutelante, en la normativa que regula la liquidación
anual de las cesantías de los servidores públicos que también aplica a los
educadores oficiales y, por ello, se le debía consignar al Fomag a más tardar el 15
de febrero de 2021 dicha prestación.
Por lo que manifestó que el asunto en estudio gira en torno a una cuestión
meramente legal y de carácter económico, más allá de estar orientado a la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social,
a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, asunto que es competencia
del juez natural y no constitucional.
En segunda medida, indicó que las inconformidades planteadas por la parte actora
en el escrito de tutela coinciden con las consideraciones que expuso en el recurso
de apelación de la sentencia de primera instancia en el proceso ordinario, las cuales
ya fueron estudiadas por la colegiatura accionada.
6. Impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó su revocatoria, en escrito
en el que reiteró los argumentos que sustentan los defectos alegados en la solicitud
de amparo.
Añadió que la acción constitucional sí cumple con el requisito de relevancia
constitucional, “por cuanto al no tener los docentes la garantía de la prestación claramente vulnera
el derecho fundamental a la seguridad social, luego entonces, se evidencia una clara vulneración de
índole constitucional. Es decir, que la única forma de garantizar el auxilio de cesantías es con la
respectiva consignación efectiva”.
Reiteró que, en virtud de los principios de igualdad e in dubio pro operario y de la
Ley 244 de 1995 adicionada por la Ley 1071 de 2006, en la Sentencia SU-098 de
2018 la Corte Constitucional indicó que no se debe excluir al sector oficial docente
de la aplicación de la Ley 50 de 1990, pues al tener el mismo carácter de servidores
públicos son beneficiarios de la sanción moratoria a modo de correctivo, represivo
e inclusive preventivo para garantizar el pago oportuno de la prestación social. Por
ende, aseguró que “el presente asunto tiene relevancia constitucional, por cuanto al no tener los
docentes la garantía de la prestación claramente vulnera el derecho fundamental a la seguridad
social, luego entonces, se evidencia una clara vulneración de índole constitucional. Es decir, que la
única forma de garantizar el auxilio de cesantías es con la respectiva consignación efectiva”.
Señaló que una interpretación restrictiva de la aplicación de la sanción moratoria
incurriría en un trato desigual de los docentes frente a otros servidores públicos que
gozan de la sanción como garantía del auxilio de cesantías, y tal distinción entre
unos y otros viola el derecho a la igualdad.
8
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Por último, insistió que en el curso de la acción de tutela presentada el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, bajo ponencia del magistrado William
Hernández Gómez, profirió sentencia de segunda instancia de 19 de enero de 2023,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual se
ratificó la postura en el tema de sanción moratoria de cesantías anualizadas para
docentes.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19917, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
En los términos del escrito de impugnación, corresponde a la Sala determinar si le
asistió razón al juez de primera instancia al declarar improcedente la acción de tutela
a falta del requisito de relevancia constitucional.
En caso de que la respuesta sea negativa y se cumplan los restantes requisitos de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, la Sala deberá verificar si
en la sentencia del 29 de junio de 2023, mediante la cual el Tribunal Administrativo
de Boyacá confirmó el fallo de primera instancia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, se incurre en (i) defecto sustantivo, por la indebida
interpretación de las Leyes 91 de 1989, 50 de 1990 y 344 de 1996; (ii)
desconocimiento del precedente judicial, contenido en la Sentencia SU-098 de 2018
de la Corte Constitucional y en múltiples pronunciamientos de la Sección Segunda
del Consejo de Estado; y (iii) violación directa de la Constitución por la falta de
aplicación del principio de favorabilidad.
3. La acción de tutela contra providencia judicial
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales8
y especiales9 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
7
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
8
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que
el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
9 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
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todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional10 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.
Es por lo anterior, que la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
4. Requisito de relevancia constitucional
La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar
al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está
orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes
encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta premisa, la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de
evidente relevancia constitucional.
Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que
son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo
señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5
de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T–248 de 2018, ha
fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de
tutela cumple o no con este requisito:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
10 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en
los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos
por los jueces competentes.
La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional evidencie de manera
diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una marcada importancia
constitucional que afecte derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, el
presupuesto de relevancia constitucional lo que persigue es que el juez de tutela
evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de importancia iusfundamental y que
corresponde decidir de manera exclusiva al juez natural11.
Con base en el último criterio expuesto hay lugar a afirmar que la relevancia
constitucional supone que la tutela no se emplee para insistir en las inconformidades
ya resueltas en el proceso ordinario. Es deber del juez de tutela, entonces, verificar
que la acción no se esté utilizando como una instancia adicional al proceso en el
cual se profirió la providencia atacada. Para tal propósito, se estudia si los cargos
expuestos en el proceso en que se profirió la providencia cuestionada y los
desarrollados en el escrito de tutela son iguales. En caso de que se trate de los
mismos argumentos es factible que el juez de tutela concluya que el mecanismo
constitucional se está empleando como una instancia adicional.
En ese supuesto, se evidencia que lo perseguido por el tutelante es insistir en los
argumentos planteados ante el juez natural, con la esperanza de que el juez de
tutela, a diferencia del primero, sí acceda a sus pretensiones.
5. Análisis del caso
El accionante considera que el Tribunal Administrativo de Boyacá, en la sentencia
de 29 de junio de 2023 (mediante la cual confirmó el fallo que negó las pretensiones del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho) incurrió en (i) defecto sustantivo, por la
indebida interpretación de las Leyes 91 de 1989, 50 de 1990 y 344 de 1996, toda
vez que en estas sí se prevé la posibilidad de reconocer la sanción moratoria y la
indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías a favor de los
docentes afiliados al FOMAG; en (ii) desconocimiento del precedente judicial,
contenido en la Sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional y en múltiples
11 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: SU-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
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pronunciamientos de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en los cuales se
ha acogido una interpretación favorable según la cual a los educadores oficiales
vinculados después del 1° de enero de 1990 les resulta aplicable la Ley 50 de 1990;
y en (iii) violación directa de la Constitución por la falta de aplicación del principio
de favorabilidad.
En primera instancia, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia de 19
de octubre de 2023, declaró improcedente la solicitud de amparo, luego de
considerar que no se cumplió con el requisito de la relevancia constitucional, habida
cuenta de que “ […] la Sala declarará improcedente la solicitud de tutela toda vez que el reclamo
del señor Juan Carlos García Rozo carece de relevancia constitucional, en atención a que lo
pretendido es convertir este mecanismo de amparo en una instancia adicional al proceso ordinario
para que se resuelva una controversia que se reduce a un debate meramente legal y económico”. A
lo cual agregó que la discusión no trasciende el plano puramente económico.
La Sala considera que la decisión de primera instancia del juez de tutela fue
acertada, toda vez que la acción de tutela analizada se está empleando como una
instancia adicional, pues esta última es una reiteración de los argumentos
presentados en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, tanto
en la demanda como en el recurso de apelación de la sentencia de primera
instancia.
Así, en el medio de control el ahora tutelante insistió en que no existe régimen
especial alguno para los docentes, pues las normas que los cobijan no son más
favorables que las disposiciones generales de los demás servidores públicos; que
si bien en el pasado se desarrollaron posiciones divergentes, actualmente existe un
precedente jurisprudencial unificado tanto de la Corte Constitucional como del
Consejo de Estado frente al reconocimiento de la sanción moratoria para los
docentes; que existe un vacío legal respecto a la figura de la sanción moratoria en
las normas que rigen a los docentes y, consecuentemente, debe aplicarse el
régimen general, es decir la Ley 50 de 1990 a fin de complementar lo no regulado;
que la falta de reconocimiento de la sanción moratoria a docentes oficiales implica
una transgresión al derecho a la igualdad, en tanto que no existe razón que justifique
el trato diferenciado frente a los demás servidores públicos, entre otros argumentos.
La identidad entre los cargos se corrobora en el recurso de apelación interpuesto
contra la providencia de primera instancia:
“[…] En este punto el juzgado, explica que al ser los docentes trabajadores de régimen
especial, no son sujetos de aplicación del contenido del artículo 99 de la ley 50 de 1990,
situación que ya ha sido revaluada por la SU-098 de 2018 de la Honorable Corte Constitucional
y que el Consejo de Estado ha sido constante en definir, incluso en sentencias de unificación,
pudiéndose afirmar que la postura jurisprudencial vigente en los órganos de cierre
Constitucional y de lo Contencioso administrativo, están direccionados a la protección de los
derechos prestacionales que durante mucho tiempo han sido vulnerados por parte de las
entidades públicas a los que se encuentran adscritos, así mismo que su condición de
servidores públicos de la rama ejecutiva, conlleva que sea viable el reconocimiento de las
pretensiones de la demanda. […]
Es que el régimen especial no puede traer inmerso condiciones menos favorables que el
general, la finalidad de un régimen especial es mejorar y dar un status plus de condiciones y
en caso de su contenido no regular una situación específica es dable traer del régimen general
la norma que cubra ese vacío normativo, interpretación que desde las Sentencias C-741 de
201218 y C-486 de 201619 la Corte Constitucional ha dispuesto que los docentes oficiales se
equiparan a los servidores públicos bajo la modalidad de empleados públicos. Por esa razón,
les es aplicable el régimen general en aquello que no se encuentra regulado en el régimen
especial. […]
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Los docentes son empleados públicos y legalmente no existe una razón que justifique que no
tienen los mismos derechos que un servidor público, o que sus prestaciones sociales sean
canceladas en tiempo extemporáneo, la interpretación dada por el a quo desprotege a los
docentes oficiales y se continua con una restricción de que tengan un pago oportuno de sus
cesantías, y lo que derive de las mismas. […]
Dentro de las pretensiones de la demanda se encuentran el reconocimiento de la sanción
mora por consignación inoportuna de las cesantías del año 2020, esto es después del 15 de
febrero de 2021, así como también la indemnización moratoria por el pago extemporáneo de
los intereses a las cesantías del año 2020, esto es después del 31 de enero de 2021, estas
pretensiones basadas en la interpretación unificada de la Corte Constitucional de la aplicación
del artículo 99 de la ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al Fomag que tenga su régimen
de cesantía anualizado y es que la indemnización contenida en la ley 52 de 1975, hace parte
integral del artículo 99 de la ley 50 de 1990, puesto que así se estableció en el artículo 3° del
Decreto Reglamentario 1176 de 1991 […]
Los docentes hacen parte de los empleados públicos, a quienes, en general, les aplica la
sanción moratoria. En tal medida, se trata de un escenario en el cual todos gozan de una
prestación, el auxilio de cesantías, que garantiza la subsistencia ante el desempleo y el acceso
a la educación y vivienda. Por ello, un acercamiento que disminuye la protección de la garantía
a unos en perjuicio de los otros viola el derecho a la igualdad. […]
La aplicación de la norma general del artículo 99 de la ley 50 de 1990, no resulta incompatible
con el régimen especial que regula la figura del auxilio de cesantías de los docentes porque
no afecta los requisitos, términos y competencia para su reconocimiento ni afecta el derecho
de los docentes a esta prestación como tampoco genera exclusiones entre los docentes del
magisterio. […]
Es claro que la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 no es de aplicación únicamente
para los fondos de cesantías privados, teniendo en cuenta que en reiterada y amplia
jurisprudencia que extendió a los servidores públicos, incluyendo docentes oficiales, por ende,
la sanción moratoria cesa con la respectiva consignación de las cesantías al respectivo fondo
Prestacional del Magisterio FOMAG, por eso se insistió en la importancia del decreto de las
pruebas para que el juzgado tuviera pleno conocimiento de la fecha exacta de Consignación,
o que si en su defecto la entidad territorial y la Nación no han consignado los valores
correspondientes, se allegue la certificación de no pago, en su lugar, las entidades anexaron
el reporte de la liquidación de las cesantías, sin evidencia de su consignación. Es que esta
situación se torna intolerable, por cuanto trae consecuencias nefastas y limitaciones para el
reconocimiento de sus prestaciones, no puede la Nación jugar con los recursos de los
trabajadores de la educación. Así mismo, la reclamación del derecho contenido en este medio
de control, no está supeditado al cálculo de su extremo final, puesto que la consignación de
los recursos al ser certificada limitaría la cuantía, lo que si puede suceder es que a la espera
de la consignación se configure el término prescriptivo, así lo han determinado las altas cortes.
[…]
Con base en los apartes transcritos, la Sala observa que los reparos expuestos en
el recurso de apelación interpuesto contra la providencia de primera instancia son
una reproducción de los argumentos desarrollados en el escrito de tutela. De
manera que el tutelante está empleando la acción como si fuera una instancia
adicional, pues los mismos cargos ya fueron objeto de debate en el medio de control.
Así se desprende del siguiente fragmento de la sentencia de segunda instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá en la cual dichos cargos fueron
resueltos y desestimados por las siguientes razones:
[…] 49. Los docentes no tienen la posibilidad de elegir a cuál régimen pertenecer, toda vez
que, por disposición legal, deben afiliarse al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, el cual tiene una naturaleza y racionalidad de funcionamiento diferente a los fondos
privados, en la medida en que es una cuenta especial de la Nación, con independencia
patrimonial, contable y estadística, cuyos recursos son manejados por una entidad fiduciaria,
guiados por el principio de unidad de caja.
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50. No es posible concluir que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en
materia de cesantías funciona de forma similar o con la misma racionalidad que los fondos
privados, comoquiera que, en ese último caso, los recursos se remiten a una cuenta individual
a nombre del correspondiente empleado, los cuales son administrados por las sociedades de
fondos de cesantías. 51. Entre tanto, en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio los recursos
para el pago de las cesantías provienen del Sistema General de Participaciones para el Sector
Educación, los cuales son recibidos de acuerdo con las apropiaciones incorporadas y
aprobados en la Ley del Presupuesto General de la Nación para cada año fiscal, según el
Decreto de Liquidación del presupuesto para cada vigencia. […]
54. Por ello, la transferencia y pago de los recursos funciona de forma diferente, toda vez que,
en el caso de la Ley 50 de 1990, el valor liquidado debe ser consignado antes del 15 de febrero
del año siguiente en la cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de la cesantía, lo
cual quedó regulado expresamente en el artículo 99 ibidem; mientras que para los docentes
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio la entidad territorial, a
través de la secretaría de educación, debe remitir al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio las liquidaciones anuales de todos los docentes afiliados de su jurisdicción. A
su vez, esta información es remitida a la entidad fiduciaria administradora. 55. Los recursos de las cesantías de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio llegan a un fondo que no está clasificado o dividido por cada docente
o servidor. Así, la transferencia de los dineros por ese concepto a cada docente en particular
se hace efectiva previo agotamiento de un trámite administrativo regulado en la Ley 1071 de
2006, únicamente cuando el servidor solicita la liquidación de las cesantías definitivas o
parciales. En este caso, si se incurre en mora, la entidad obligada debe reconocer de sus
propios recursos al beneficiario un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de estas. 56. En cambio, cuando se trata de un fondo de cesantías privado, esa sanción se presenta
cuando el empleador no consigna el valor liquidado por concepto de la cesantía antes del 15
de febrero siguiente en la cuenta individual a nombre del empleador. 57. La misma lógica siguen los reconocimientos a los intereses, pues para el régimen previsto
en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, el empleador debe cancelar al trabajador o servidor los
intereses legales al 12% anual o proporcionales por facción, con respecto a la suma causada
en el año o en la fracción que se liquide definitivamente; y para los docentes afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se debe reconocer un interés anual al DTF
sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año y se realizará el
pago en el mes de marzo cuando la información sobre el proceso de liquidación de las
cesantías se haya realizado de forma adecuada, en los términos del Acuerdo núm. 039 de
1998, expedido por el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, “Por el cual se establece el procedimiento para el reconocimiento y pago de
intereses a las cesantías de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio”. 58. En suma, teniendo en cuenta una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, no
es posible concluir que el régimen de administración de las cesantías a través de fondos
individuales es equiparable al régimen previsto para el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio. 59.
Por ello, resulta improcedente aplicar el principio de favorabilidad, toda vez que no se
presenta duda en la aplicación e interpretación de las normas jurídicas que regulan el régimen
de cesantías de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio ni una falta de regulación en el reconocimiento y pago de las cesantías y sus
intereses, en la medida en que, mediante normas de carácter legal y reglamentario, se ha
establecido de forma clara y precisa la obligación a cargo de las entidades demandadas de la
liquidación, disponibilidad de los recursos destinados a las cesantías y su consignación
directamente a cada docente. 60. Esta Sala precisa que la Corte Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018, con
fundamento en el principio de favorabilidad, aplicó el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y
reconoció la sanción moratoria por la falta de consignación del auxilio de las cesantías en el
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término establecido por el legislador, a favor de un docente que no estaba afiliado al fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por lo que, en ese caso, no era aplicable el
régimen previsto en la Ley 91 de 1989.
61. Teniendo en cuenta lo anterior, es posible inferir que la sentencia SU-098 de 2018 no tiene
identidad fáctica con el caso bajo estudio, en el cual, el docente se encontraba afiliada al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, lo que impide aplicar ese precedente
en esta oportunidad. […]
73. Para la Sala, el acto administrativo acusado no puede ser anulado en la medida en que
atendió la normativa que regula el reconocimiento y pago de las cesantías y sus intereses a
los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que, como
se estudió en los acápites anteriores, no prevé como fecha máxima para su consignación el
15 de febrero de cada año, pues el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 no forma
parte del régimen especial de esos servidores públicos.
74. Tampoco es posible acceder al reconocimiento de la indemnización prevista en el artículo
1 de la Ley 52 de 1975, toda vez que, se insiste, esa normativa no forma parte del régimen
especial previsto para los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.
75. Por las razones expuestas, se confirmará la sentencia apelada.”
Así entonces, el cotejo entre la demanda, el recurso de apelación contra la
providencia de primera instancia, el escrito de tutela y la sentencia de segunda
instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá dan cuenta de que los
argumentos expuestos en el escrito de tutela ya fueron desestimados en el medio
de control. De ahí que no queda duda que la acción carece de la relevancia
constitucional necesaria, pues se está empleando como si la tutela fuera una
instancia adicional del medio de control.
En este punto, resulta importante señalar que, si bien en la solicitud de amparo la
parte actora se refirió a nuevas sentencias que han abordado el mismo asunto,
incluyendo la sentencia alegada de 19 de enero de 2023 proferida por el magistrado
William Hernández Gómez, lo cierto es que las invoca con el mismo propósito con
el que citó otras en la demanda ordinaria y en el recurso de apelación contra la
sentencia dictada en primera instancia: demostrar que sí debió hacerse extensivo
el régimen de cesantías previsto en la Ley 50 de 1990 al personal docente para
reconocer la sanción moratoria de que trata el artículo 99 de ese marco normativo.
En un caso con idéntica situación fáctica y jurídica, la Corte Constitucional concluyó,
en la Sentencia SU-573 de 2019, que la acción de tutela carecía de relevancia
constitucional, por las siguientes razones:
(i) El asunto propuesto versaba sobre una cuestión meramente legal, que no
impactaba la garantía de derechos fundamentales, sino patrimoniales, pues se
proponía que el juez de tutela determinara si a las cesantías anualizadas de los
docentes les resulta aplicable la Ley 91 de 1989 y el Decreto 1831 de 2005 o la Ley
50 de 1990, Ley 344 de 1996 y Decreto 1582 de 1998; asunto que conlleva a
establecer aspectos legales acerca de la calidad de la vinculación de los docentes
(territoriales, nacionales o nacionalizados) y sobre el fondo administrador de
cesantías en que debe efectuarse la afiliación para que se cause la penalidad por no
consignación oportuna de la prestación social.
Que, además, los argumentos buscaban «realizar el análisis de corrección de la
sentencia y, en consecuencia, identificar cuál es la interpretación que los jueces de la
jurisdicción contencioso administrativo deben acoger acerca del alcance del artículo
99 de la Ley 50 de 1990 y de la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582
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Demandante: Juan Carlos García Rozo
de 1998, en cuanto al reconocimiento de una penalidad por no consignación oportuna
de las cesantías en el régimen docente».
(ii) La discusión propuesta no involucraba la protección de derechos fundamentales y la
anomalía procesal alegada (presunto desconocimiento del precedente y del principio
de favorabilidad laboral) no era determinante ni tenía un efecto decisivo en las
sentencias cuestionadas y tampoco conllevaba a la afectación de un derecho
fundamental, por cuanto «las decisiones impugnadas en sede de tutela no constituyen
“desvíos del juez ordinario” ni decisiones carentes de motivación y no dan cuenta
prima facie de la inaplicación de una prerrogativa de carácter constitucional».
(iii) Los demandantes pretendían reabrir la controversia legal resuelta tras obtener una
respuesta desfavorable a sus intereses, toda vez que los demandantes acudían a la
tutela bajo la supuesta configuración de dos defectos específicos con el fin de que el
juez constitucional accediera a las mismas pretensiones incoadas en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.
Esa misma línea argumentativa ha sido acogida por esta Sala al declarar
improcedente la acción de tutela por no cumplir el presupuesto de la relevancia
constitucional porque la parte actora pretendía reabrir el debate legal en torno a la
aplicación de la Ley 50 de 1990, en tanto reiteraba los argumentos expuestos en la
demanda y en el recurso de apelación12.
Precisado lo anterior, se recuerda que la jurisprudencia constitucional ha dicho que
la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó como un análisis de
las mejores razones entre las expuestas en la decisión atacada y la interpretación
sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su naturaleza y propósito. De
ahí que la simple disparidad de criterio no constituye en sí misma una vulneración
de derechos fundamentales.
De aceptar esa posibilidad, se desnaturalizaría la acción de tutela contra
providencias judiciales, como mecanismo excepcional. Es por tal motivo, que de
manera reiterada se ha sostenido que cuando se controvierten decisiones judiciales,
la procedencia del amparo está sujeta a que el asunto sea de tal relevancia en
materia constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo una vulneración
grosera o de bulto, lo que no ocurre en este caso.
Finalmente, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida por un
juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los principios de
independencia, autonomía funcional y juez natural. Por consiguiente, a fin de
encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una decisión judicial sin efectos
y tales principios es imperativo que se cumplan con rigor cada uno de los requisitos
generales señalados jurisprudencialmente, incluyendo la relevancia constitucional.
6. Conclusión
En ese orden de ideas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, por
considerar que la tutela bajo estudio no cumple el requisito de la relevancia
constitucional.
12 Sentencias de 18 de mayo de 2023, M.P. Wilson Ramos Girón, expediente No. 11001-03-15-000-2023-
01500-00, 25 de mayo de 2023, expediente No. 11001-03-15-000-2023-00705-01, M.P. Milton Chaves
García. Véanse también las sentencias de 1 de junio de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-02069-00
y de 29 de junio de 2023, expedientes 11001-03-15-000-2023-01047-01, 11001-03-15-000-2023-02310-00,
11001-03-15-000-2023-02432-00, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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Demandante: Juan Carlos García Rozo
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia del 19 de octubre de 2023, dictada por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, dadas las razones expuestas en esta
providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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