RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-05264-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05264-01

Fecha
30 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05264-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la sociedad Fiduprevisora S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de octubre de 2023, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-05264-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

30 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05264-01
Accionante: REINA LORENA MARTÍN GUTIÉRREZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Se confirma la
sentencia impugnada que declaró improcedente el mecanismo de amparo por
no cumplir con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.
Sanción moratoria.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la señora Reina Lorena Martín
Gutiérrez contra la sentencia de 19 de octubre de 2023, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Reina Lorena Martín Gutiérrez, por intermedio de apoderado judicial,
solicitó el amparo de sus derechos fundamentales «AL DEBIDO PROCESO,
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL
TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN
DE LAS FUENTES FORMALES DE (sic) DERECHO, GARANTÍA A LA
SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO
JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE (sic)
PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL», cuya vulneración le atribuyó a la sentencia
de 26 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 15001-
33-33-004-2022-00052-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05264-01
Accionante: Reina Lorena Martín Gutiérrez

2.1. Relató que labora como docente desde el año 1990, en el Departamento de
Boyacá, razón por la que tiene: «[…] derecho al reconocimiento y pago de cesantías
por el régimen anualizado, con pago de intereses cada año […]».

2.2. Indicó que, el 15 de febrero de 2021, el Ministerio de Educación Nacional no
consignó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio las cesantías
causadas a su favor por los servicios prestados en el año 2020, por lo que el 4 de
agosto de 2021, le solicitó a la Secretaría de Educación del Departamento de
Boyacá el reconocimiento y pago de la sanción por mora establecida en el artículo
99 de la Ley 50 de 19901.

2.3. Comentó que, mediante Oficio núm. 1.2.5.1.1 – 38 de 26 de agosto de 2021, la
Secretaría de Educación de Boyacá negó el reconocimiento y pago de la sanción
por mora, solicitada por la no consignación oportuna de las cesantías.

2.4. Señalóque, debido a lo anterior, promovió la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 15001-33-33-004-2022-00052-00/01 en contra de
la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y del Departamento de Boyacá- Secretaría de Educación,
para que se declarara la nulidad del acto administrativo que negó su solicitud de
reconocimiento y pago de la sanción por mora establecida en el artículo 99 de la
Ley 50 de 28 de diciembre 19902.

2.5. Mencionó que el proceso fue conocido en primera instancia por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Tunja, autoridad judicial que, mediante sentencia de 26
de octubre de 2022, negó las pretensiones de la demanda.

2.6. Refirió que inconforme con la decisión de primera instancia interpuso recurso de
apelación.

2.7. Esgrimió que el recurso fue desatado por el Tribunal Administrativo de Boyacá,
mediante sentencia de 26 de mayo de 2023, en la que se confirmó la decisión de
primera instancia porque la sanción moratoria por la consignación tardía de las
cesantías dispuesta en la Ley 50 de 1990 no era aplicable a la parte demandante,
como tampoco el régimen de la Ley 52 de 18 de diciembre de 19753.

2.8. Puso de presente que, el Tribunal censurado incurrió en un desconocimiento del
precedente jurisprudencial, ya que existe una abierta discordancia entre lo
expresado por la Corte Constitucional y por la Sección Segunda del Consejo de
Estado en más de 26 sentencias dictadas durante los años 2021 y 2023, y la
decisión objeto de esta acción constitucional.

1 «Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones».
2 A título de restablecimiento del derecho solicitó que se reconociera y pagara la sanción moratoria establecida

en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la indemnización por pago tardío de los intereses a las cesantías
dispuesta en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975 y el Decreto 1176 de 1991.
3 «Por la cual se reconocen los intereses anuales a las cesantías de los trabajadores particulares».

3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05264-01
Accionante: Reina Lorena Martín Gutiérrez

2.9. También sostuvo que el desconocimiento de las sentencias proferidas por el
máximo órgano de cierre de la jurisdicción contencioso-administrativa develan una
transgresión de los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y
favorabilidad, así como una vulneración del derecho a la igualdad. En ese sentido,
enunció que se desconocieron las sentencias de 6 de agosto de 2020 4, de 24 de
enero de 20195, de 17 de junio de 20196, de 28 de junio de 20197, de 29 de julio de
20198, de 2 de diciembre de 20199, de 10 de junio de 202010, de 2 de octubre de
202011, de 12 de noviembre de 202012, de 17 de junio de 202113, de 4 de noviembre
de 202114, de 25 de noviembre de 202115, de 11 de noviembre de 202116, de 20 de
enero de 202217, de 3 de marzo de 202218, de 28 de abril de 202219, de 9 de mayo
de 202220, de 19 de mayo de 202221, de 1° de julio de 202222, de 22 de agosto de
202223, de 22 de septiembre de 202224, de 19 de enero de 202325 y de 26 de enero
de 202326.

4 Sentencia del 6 de agosto de 2020, expediente 08001-23-33-000-2013-00666-01 (0833-16), M.P. Sandra

Liseth Ibarra.
5 Sentencia del 24 de enero de 2019, expediente 76001-23-31-000-2009-00867-01 (4854-2014), M.P. Sandra

Liseth Ibarra.
6 Sentencia del 17 de junio de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-04617-01, M.P. Nicolás Yepes Corrales.
7 Sentencia del 28 de junio de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-04679-01, M.P. Roberto Augusto

Serrato Valdés.
8 Sentencia del 29 de julio de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-03499-01, M.P. Nicolás Yepes Corrales.
9 Sentencia del 2 de diciembre de 2019, expediente 08001-23-33-000-2014-00173-01 (1688-16), M.P. Rafael

Francisco Suárez Vargas.
10 Sentencia del 10 de junio de 2020, expediente 08001-23-33-000-2014-00208-01, M.P. Sandra Liseth Ibarra.
11 Sentencia del 22 de octubre de 2020, expediente 08001-23-31-000-2014-00254-01 (4960-2017), M.P. William

Hernández Gómez.
12 Sentencia del 12 de noviembre de 2020, expediente 08001-23-33-000-2014-00132-01, M.P. William

Hernández Gómez.
13 Sentencia del 17 de junio de 2021, expediente 08001-23-31-000-2014-00815-01 (4979-2017), M.P. Gabriel

Valbuena Hernández.
14 Sentencia del 4 de noviembre de 2021, expediente 19001-23-33-000-2015-00445-02 (0483-20), M.P. William

Hernández Gómez.
15 Sentencia del 25 de noviembre de 2021, expediente 08001-23-33-000-2014-01127-01 (1002-2021), M.P.

Sandra Liseth Ibarra.
16 Sentencia del 11 de noviembre de 2021, expediente 08001-23-40-000-2015-90008-01 (2387-2020), M.P.

William Hernández Gómez.
17 Sentencia del 20 de enero de 2022, expediente 08001-23-33-000-2017-00931-01 (1001-2021), M.P. Gabriel

Valbuena Hernández.
18 Sentencia del 3 de marzo de 2022, expediente 08001-23-33-000-2015-00075-01 (2660-2020), M.P. William

Hernández Gómez.
19
Sentencia del 28 de abril de 2022, expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020), M.P. Carmelo
Perdomo Cuéter.
20 Sentencia del 9 de mayo de 2022, expediente 08001-23-40-000-2017-00795-01 (2659-2020), M.P. Rafael

Francisco Suárez Vargas.
21 Sentencia del 19 de mayo de 2022, expediente 47001-23-33-000-2019-00359-01 (4004-2021), M.P. Sandra

Liseth Ibarra.
22 Sentencia del 1 de julio de 2022, expediente 47001-23-33-00-2019-00376-01 (4462-2021), M.P. Sandra Liseth

Ibarra.
23 Sentencia del 22 de agosto de 2022, expediente 08001-23-33-000-2015-00509-01 (2140-2020), M.P. César

Palomino Cortés.
24 Sentencia del 22 de septiembre de 2022, expediente 08001-23-33-000-2015-90124-01 (2394-2020), M.P.

César Palomino Cortés.
25 Sentencia del 19 de enero de 2023, expediente 76001-23-31-000-2012-00212-02 (4470-2021), M.P. William

Hernández Gómez.
26 Sentencia del 26 de enero de 2023, expediente 47001-23-33-000-2018-0231-01 (0871-2020), M.P. Rafael

Francisco Gómez.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05264-01
Accionante: Reina Lorena Martín Gutiérrez

2.10. Agregó que la autoridad cuestionada, al sustentar que no existe una posición
unificada respecto del asunto bajo estudio, debió explicar con claridad y suficiencia
su decisión de apartarse de lo expuesto en las sentencias antes referidas.

2.11. En el mismo sentido, también enumeró y citó apartes textuales de varias
providencias dictadas por la Corte Constitucional27, en relación con la aplicación del
principio de favorabilidad respecto de las Leyes 91 de 29 de diciembre de 198928,
50 de 1990 y 344 de 31 de diciembre de 199629.

2.12. Insistió, por último, que si bien el artículo 8º de la Ley 91 de 1989 dispone que
los recursos con los que se financia el FOMAG pueden ser administrados bajo el
principio de unidad de caja para el pago de sus prestaciones, lo cierto era que el
Ministerio de Educación Nacional no estaba exento de trasladar al FOMAG, el 15
de febrero de cada anualidad, los recursos de las cesantías de los docentes
vinculados después del 1º de enero de 1990, dado que es una obligación como
“patrono de los docentes”.

2.13. También adujo que el Tribunal confundió los regímenes de cesantías aplicables
a los docentes con la obligación del Ministerio de Educación Nacional o el ente
territorial correspondiente, de pagar o de consignar oportunamente las cesantías al
Fondo que se encuentra afiliado la docente.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

«[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la
sentencia proferida el día 5/26/2023, en el expediente rad. No.
15001333300420220005201, transgredió los derechos fundamentales: AL
DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN
MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE (sic)
DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD
JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE (sic) PRECEDENTE JUDICIAL
VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no
se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia

27 Las siguientes: i) Corte Constitucional, sentencia del 17 de octubre de 2018, expediente T-6.736.200, M.P.

Gloria Stella Ortiz Delgado; ii) Corte Constitucional, sentencia del 25 de julio de 2019, expediente T-5904426 y
otros, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; y iii) Corte Constitucional, sentencia del 6 de febrero de 2020, expediente
T-7.182.312 y otros, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Páginas 53 a 63 del archivo electrónico que contiene
el escrito de tutela, ubicado en el índice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con
certificado: 69FAAB46C657217C 4FCB2D9A5F343F19 5E58DFE196E2A892 C04EE1A940AC806C.
28 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
29 Enunció las siguientes: Sentencia de Unificación 098 del 17 de octubre de 2018, expediente T-6.736-200,

M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; Sentencia de Unificación 332 del 25 de julio de 2019, expediente T-5904426 y
otros, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; y Sentencia de Unificación 041 del 6 de febrero de 2020, expediente T-
7.182.312 y otros, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05264-01
Accionante: Reina Lorena Martín Gutiérrez

constitucional y (sic) de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso
administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales
por parte de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de
precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las
sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del
H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el
reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la
demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes
expedientes […]». (Negrilla original del texto)

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 26 de septiembre de 2023, el Despacho Sustanciador de la
Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la presente acción de tutela.
Asimismo, ordenó vincular en calidad de terceros con interés directo en las resultas
del proceso «[…] al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Tunja, al Departamento de Boyacá – Secretaría de Educación, a la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio
(FOMAG) y a la Fiduprevisora SA. […]».

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad judicial accionada y a los
vinculados, se allegaron los siguientes informes:

5.1. ElTribunal Administrativo de Boyacá, a través de un profesional
especializado grado 23 del despacho ponente de la decisión tutelada, solicitó
declarar improcedente la presente acción de tutela porque los argumentos
presentados por la parte actora fueron resueltos en su sede natural por el juez de
lo contencioso administrativo.

5.2. Igualmente, planteó que la accionante no explicó de manera precisa en que
consistió la presunta afectación a sus derechos fundamentales, sino que
simplemente enunció dicha vulneración.

5.3. Finalmente, expuso que en la sentencia que resolvió el recurso de apelación se
efectuó un estudio de las decisiones que se anuncian como desconocidas.

5.4. La Juez Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja expuso, luego de un
recuento procesal, que la actuación se adelantó de acuerdo con las etapas
previstas en el ordenamiento jurídico y respetando las garantías al debido proceso.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05264-01
Accionante: Reina Lorena Martín Gutiérrez

5.5. Seguidamente, destacó que en el caso en concreto no se cumplieron los
requisitos establecidos en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, para
la imposición de la sanción por la consignación tardía de las cesantías anualizadas
a favor de la señora Reina Martín Gutiérrez.

5.6. Por último, afirmó que no existe una sentencia de unificación sobre la aplicación
de la sanción moratoria por la consignación tardío de las cesantías a los docentes
oficiales, por lo que consideró que no ha desconocido la aplicación uniforme de la
jurisprudencia, regulada en el artículo 10 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201130.

5.7. ElDepartamento de Boyacá – Secretaría de Educación, a través de
apoderada judicial, pidió que se desestimaran las pretensiones de la acción de
tutela en tanto que no se encontró ningún hecho que constituyera una violación a
los derechos fundamentales de la parte actora.

5.8. Relacionó que la sanción moratoria, regulada en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990, no era aplicable a los docentes oficiales afiliados al FOMAG, sino que estos
se encuentran cobijados por un régimen jurídico especial.

5.9. La sociedad Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora del
Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
y a través de apoderada judicial, manifestó que la argumentación de la parte
accionante era «[…] exigua […]» en relación con la configuración de las causales
genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales y que: «[…] el mecanismo tutelar se est[aba] utilizando con el ánimo de
invalidar actuaciones procesales realizadas […]» en el marco de un proceso
judicial.

5.10. Sostuvo que «[…] las entidades administradoras de cesantías creadas por la
Ley 50 de 1990 podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el
pago de las cesantías. Esta modalidad de administración corresponde
exclusivamente a las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley
50 de 1990, no así para el FOMAG, que se creó mediante la Ley 91 de 1989 bajo
el principio de unidad de caja […]».

5.11. Señaló que la sentencia SU-098 de 201831 era inaplicable al caso concreto «[…]
por dos razones fundamentales: (i) porque se trata de una sentencia de unificación
de jurisprudencia perteneciente a la tipología “interpretativas”, y (ii) porque los
pronunciamientos del Consejo de Estado citados por la parte demandante deciden
casos particulares y concretos en donde las pretensiones no han prosperado por
estar prescritas […]».

5.12. Por último, solicitó su desvinculación del presente proceso.

30 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».
31 Corte Constitucional. Sala Plena. Exp. T-6.736.200, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 17 de octubre de 2018.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05264-01
Accionante: Reina Lorena Martín Gutiérrez

5.13. El
Ministerio de Educación Nacional, a través de apoderado judicial,
manifestó que el asunto carecía de relevancia constitucional porque la controversia
versaba sobre un asunto estrictamente económico, y tampoco se logró probar la
vulneración de los derechos fundamentales de la señora Reina Lorena Martín
Gutiérrez.

VI. FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 19 de octubre de 2023, la Sección Quinta del Consejo
de Estado declaró improcedente la acción de amparo, al considerar que la acción
de tutela no cumplió con el requisito general de relevancia constitucional, por
cuanto, la accionante insistió en los mismos argumentos expuestos en el proceso
contencioso administrativo.

7. Como fundamento de lo anterior, en el fallo impugnado se indicó:

«[…] 69. En la sentencia SU-573 de 2019, el máximo Tribunal Constitucional
señaló que el carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado con su
naturaleza de prestación social, cuya finalidad es el auxilio de la persona que
se queda temporalmente en situación de desempleo. Por tanto, «solo en la
medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría
procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del
derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador»32.

70. De acuerdo con el precedente establecido por la Alta Corte, el
reconocimiento y pago de las cesantías representan un derecho
inalienable para el trabajador, y su falta de pago implica una violación de
garantías constitucionales de carácter fundamental, como el derecho al
mínimo vital y a la seguridad social. No obstante, es importante aclarar
que no se aplica el mismo principio a la cuantía relacionada con la
penalidad por la sanción moratoria cuando el empleador no realiza el
depósito de las cesantías en el plazo estipulado. Esto se debe a que dicho
monto tiene un carácter eminentemente sancionatorio y legal, lo que excluye la
intervención del juez constitucional.

71. Por lo expuesto, esta Sección reiterará la postura de la Corte
Constitucional y, en consecuencia, declarará improcedente la presente
acción de tutela por no cumplir con el requisito general de procedibilidad
de relevancia constitucional. Es importante resaltar que esta posición ya
ha sido adoptada por esta Sala de decisión en varias providencias
anteriores en las que también se controvirtió vía acción de tutela
sentencias ordinarias en las que se habían negado solicitudes de
reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías33.

32 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019.
33 Al respecto pueden consultarse, entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, Sección Quinta: decisión de 17.03.22., Rad. 11001-03-15-000-2022-01048-00, M.P. Pedro
Pablo Vanegas Gil; sentencia 05.08.21., Rad. 11001-03-15-000-2021-01482-01, M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio; providencia 08.07.21., Rad. 11001-03-15-2021-02351-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; fallo

8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05264-01
Accionante: Reina Lorena Martín Gutiérrez

72. En todo caso, para la Sala es importante resaltar que la Sección Segunda
del Consejo de Estado, como órgano de cierre especializado en la materia
objeto de estudio, unificó jurisprudencia sobre la procedencia de aplicar
la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la
indemnización de la Ley 52 de 1975 a favor de los docentes afiliados al
Fomag. Para el efecto, mediante sentencia de 11 de octubre de 2023, dispuso
o siguiente:

Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de
cesantías regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal
docente en servicio activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable
la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como
un mínimo de protección social en favor del docente estatal.

73. De conformidad con lo anterior, pese a que el asunto que se debate en esta
oportunidad se enmarca en aquellos que carecen de relevancia constitucional
para ser estudiados a través de este tipo de acciones constitucionales, en todo
caso, la Sección Segunda del Consejo de Estado determinó en sede de
unificación que los docentes estatales afiliados al Fomag no tienen derecho al
reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías.
[…]». (Negrilla fuera del texto)

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, en síntesis, con base
en los siguientes argumentos:

(i) Sostuvo que no era cierto que no haya una posición respecto de la aplicación
de la Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial, por cuanto el Consejo
de Estado ha definido esta controversia y, para el efecto, volvió a traer a
colación las distintas sentencias proferidas por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo que tratan sobre el reconocimiento a la sanción
moratoria a docentes oficiales.

(ii) Adujo que la presente acción de tutela sí cumplía con el requisito de la
relevancia constitucional y, para tal efecto, trajo a colación las sentencias de
tutela de 23 de marzo y de 17 de abril de 2023, proferidas por la Sección
Segunda -Subsección «B»- de esta Corporación, en las cuales se resolvieron
asuntos similares al presente y se concluyó que tenían relevancia
constitucional.

(iii) Por último, reiteró los argumentos relacionados con la imposibilidad de que
exista unidad de caja entre los recursos del Ministerio de Educación Nacional
y los recursos del FOMAG.

20.05.21., Rad. 11001-03-15-000-2021-01836-00, M.P. Rocío Araujo, proveído del 8.09.22 de la 11001-03-15-
000-2022-04482-00, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05264-01
Accionante: Reina Lorena Martín Gutiérrez

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 199134, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 201535, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 202136, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 201937.

VIII.2. Cuestión previa

10. La Sala advierte que, previamente a la definición de los problemas jurídicos que
se habrán de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por la sociedad Fiduprevisora S.A., en calidad
de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG.

11. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 200638, señaló lo siguiente:

«[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. (…).

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]». (Negrilla fuera del texto)

12. Así las cosas, y teniendo en cuenta que la sociedad Fiduprevisora S.A. fue parte
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la
sentencia que es objeto del presente mecanismo de amparo, la Sala considera que
a esta entidad sí le asiste el interés jurídico para ser vinculada a esta acción

34 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
35 «Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho».
36 «Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único

Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela».
37 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado
38 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05264-01
Accionante: Reina Lorena Martín Gutiérrez

constitucional, razón por la cual se denegará la solicitud de desvinculación elevada,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

VIII.3. Problemas jurídicos

13. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado39, la Sala debe establecer:

a) Si el presente caso cumple con los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se deberá
determinar:

b) Si la sentencia de 26 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
del Boyacá dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado núm. 15001-33-33-004-2022-00052-00/01, vulneró los
derechos fundamentales de la parte accionante, al haber incurrido
presuntamente en un defecto sustantivo, en un desconocimiento del
precedente judicial y en una violación directa de la Constitución.

14. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

15. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201240, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

16. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

17. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de

39
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
40 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia

de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05264-01
Accionante: Reina Lorena Martín Gutiérrez

inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

18. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial41, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución42.

19. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»43 que encaje en dichos
parámetros.

20. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

21. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

41 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado

Jorge Iván Palacio Palacio.
42 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera

absoluta, de jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por
demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o
inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y
ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y
jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado
por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera
directa a las normas establecidas en la Constitución Política.
43 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado

Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05264-01
Accionante: Reina Lorena Martín Gutiérrez

VIII.5. El caso concreto

22. La señora Reina Lorena Martín Gutiérrez, por intermedio de apoderado judicial,
solicitó el amparo de sus derechos fundamentales «AL DEBIDO PROCESO,
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL
TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN
DE LAS FUENTES FORMALES DE (sic) DERECHO, GARANTÍA A LA
SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO
JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE (sic)
PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL», cuya vulneración le atribuyó a la sentencia
de 26 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 15001-
33-33-004-2022-00052-00/01.

23. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.

VIII.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

24. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental44 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones45.

25. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales46, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces47.

26. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación48, sostuvo lo siguiente:

«[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por

44 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado

Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
45 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de

agosto de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
46 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para

efectos de atacar y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
47 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra

Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
48 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge

Octavio Ramírez Ramírez.

13

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05264-01
Accionante: Reina Lorena Martín Gutiérrez

la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]».
(Negrilla fuera del texto)

27. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202249
precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:

«[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.

(…)

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental.

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal.

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

49 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

14

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05264-01
Accionante: Reina Lorena Martín Gutiérrez

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.

(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]». (Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto).

28. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202350.

29. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que asunto tenga relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión atacada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales51.

30. Así las cosas, la Sala destaca que en el presente caso la parte actora alega que
la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales «al debido
proceso, a la seguridad social, a la situación más favorable al trabajador en caso de
duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de (sic) derecho, a la
garantía a la seguridad social, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia,
al principio constitucional de la perpetuatio jurisdictionis, a la seguridad jurídica y al

50 Corte Constitucional. Sala Séptima de Revisión. Exp. T-8.943.494, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera;

22 de marzo de 2022.
51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 8 de octubre de

2015 (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2015-00283-01); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección primera, Sentencia del 3 de noviembre de 2016, (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad.
núm.: 2016-002244-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia
del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-01063-00); Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo
Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-02862-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
primera, Sentencia del 9 de febrero de 2017 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Rad. núm.: 2016-03249-
00).

15

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05264-01
Accionante: Reina Lorena Martín Gutiérrez

desconocimiento de (sic) precedente judicial horizontal y vertical» al haber negado
las pretensiones de la demanda relacionadas con el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por la no consignación oportuna de sus cesantías.

31. En el fallo impugnado, el juez de primera instancia concluyó que la presente
acción constitucional carecía de relevancia porque reiteraba los argumentos que
fueron analizados en el proceso contencioso administrativo.

32. En ese sentido, esta Sección ha venido sosteniendo que comoquiera que la
inconformidad planteada gira en torno a la falta de reconocimiento de la sanción
moratoria, este asunto no involucra la afectación de derechos fundamentales, sino que
tiene una naturaleza eminentemente económica.

33. Lo dicho previamente se fundamenta en que la Corte Constitucional, en sentencia
SU-573 de 201952, precisó que la sanción moratoria no constituye «[…] un derecho
fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza
constitucional […]». En esa oportunidad, dicha Corporación expuso lo siguiente:

«[…] 55. De otro lado, la sanción moratoria por no consignación oportuna
de las cesantías no es un derecho fundamental ni está ligada a la
satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional. La jurisprudencia
de esta Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las cesantías,
como una prestación patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la
persona que se queda temporalmente sin trabajo”. Por tanto, solo en la medida
en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente
cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al
mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En consecuencia, cualquier
pago adicional que no corresponda a la finalidad misma de las cesantías,
sino a una penalidad para el empleador que no las consigna al fondo o las
paga al trabajador en los términos solicitados, es un reconocimiento de
fuente legal con carácter netamente patrimonial, que no amerita la
intervención del juez de tutela […]». (Negrilla fuera del texto)

34. A partir de lo anterior, esta Sección53, al igual que las Secciones Tercera, Cuarta
y Quinta de esta Corporación54, ha venido reiterando, de manera pacífica, que los
conflictos en materia de tutela relacionados con el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria están asociados a controversias de índole meramente legal y
económico, por lo que no cumplen con el citado requisito general de procedencia.

35. Enconclusión, la Sala confirmará el fallo de primera instancia que declaró
improcedente la presente acción de tutela por no cumplir con el requisito general de

52 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-573 de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
53 Ver, entre otras, las siguientes decisiones: de 15 de julio de 2021 expediente número 11001-03-15-000-2021-

01425-01; de 5 de agosto de 2021 expediente número 11001-03-15-000-2021-02676-01; de 7 de abril de 2022
expediente número 11001-03-15-000-2022-01593-00.
54 Ver, entre otras, las siguientes decisiones: de 17 de marzo de 2022 expediente número 11001-03-15-000-

2022-01048-00; de 5 de agosto de 2021 expediente número 11001-03-15-000-2021-01482-01; de 8 de julio de
2021 expediente número 11001-03-15-2021-02351-00; de 20 de mayo de 2021 expediente número 11001-03-
15-000-2021-01836-00.

16

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05264-01
Accionante: Reina Lorena Martín Gutiérrez

procedencia de relevancia constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la sociedad
Fiduprevisora S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de octubre de 2023, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Ausente con excusa

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.