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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05284-00

Fecha
13 de octubre de 2023
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05284-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-05284-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

13 de octubre de 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, trece (13) de octubre de dos mil veintitrés (2023).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2023-05284-00
Demandante: LUCILA MORALES GAITÁN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL. SANCIÓN MORATORIA POR EL PAGO
TARDÍO DE CESANTÍAS A DOCENTE OFICIAL
AFILIADO AL FOMAG. SE DECLARA IMPROCEDENTE
LA ACCIÓN DE TUTELA POR EL INCUMPLIMIENTO
DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.

Síntesis del caso: se cuestionó la sentencia de segunda instancia mediante la cual se confirmó
la decisión de negar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria. A juicio de la
demandante, esa providencia incurrió en desconocimiento del precedente judicial, defecto
sustantivo y violación directa de la Constitución. Sin embargo, la Sala declarará improcedente
el amparo por cuanto el interés de la parte actora es emplear la acción de tutela como una
instancia adicional al proceso ordinario.

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Lucila Morales Gaitán1,
por intermedio de apoderado judicial, en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá
para la protección de sus derechos constitucionales fundamentales del debido
proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y seguridad social
consagrados en los artículos 13, 29, 48 y 229 de la Carta Política, presuntamente
vulnerados con ocasión de la providencia de 27 de junio de 2023 proferida por dicha
autoridad judicial.

I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1 Mediante escrito presentado el 22 de septiembre de 2023.

2
Expediente: 11001-03-15-000-2023-05284-00
Demandante: Lucila Morales Gaitán
Acción de tutela
1) La señora Lucila Morales Gaitán sostuvo que se desempeñó como docente al
servicio del departamento de Boyacá y que, para el período 2020, tenía derecho al
pago de los intereses a las cesantías a más tardar el 31 de enero del 2021, cesantías
que debían ser consignadas hasta el 15 de febrero del 2021.

2) El 27 de julio de 2021, la demandante le solicitó al FOMAG el pago y reconocimiento
de la sanción por mora establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y en reiterada
jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

3) Mediante el oficio no. BOY2021EE029826 del 2 de agosto de 2021, la Secretaría
de Educación del departamento de Boyacá le negó el reconocimiento y pago de la
sanción por mora.

4) Presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y del departamento de Boyacá, en
la que solicitó la nulidad del acto administrativo que le negó el reconocimiento y pago
de la sanción moratoria y los perjuicios materiales por el pago tardío de los intereses
a las cesantías 2.

5) Mediante sentencia de 12 de diciembre de 2022, el Juzgado Octavo Administrativo
del Circuito Judicial de Tunja negó las pretensiones de la demanda, por cuanto era
incompatible la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 con el régimen especial
de cesantías docentes, puesto que el Fomag no era un fondo de cesantías privado;
aunado a que, dentro de dicho régimen no estaba establecido el derecho al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria ni la indemnización por pago tardío de
los intereses a las cesantías, por lo que la sentencia SU-098 de 2018 y las demás
decisiones del Consejo de Estado invocadas como desconocidas por el demandante
no eran aplicables al caso.

6) La demandante apeló esa decisión con fundamento en que los docentes tienen
derecho a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 en virtud de la sentencia
SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional, la cual ha sido acatada por el Consejo de
Estado.

2 Proceso con radicación no. 15001-33-33-008-2022-00028-00/01.

3
Expediente: 11001-03-15-000-2023-05284-00
Demandante: Lucila Morales Gaitán
Acción de tutela
7) A través de sentencia de 27 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá
confirmó la decisión porque la docente era beneficiaria del régimen de cesantías
anualizado consagrado en la Ley 91 de 1989, de ahí que no se le podían aplicar las
disposiciones que consagran la sanción moratoria por el retardo en el pago de las
cesantías y de los intereses a las mismas, estipuladas en el artículo 99 de la Ley 50
de 1990 y el artículo 1º de la Ley 52 de 1975, pues son incompatibles con el régimen
especial docente.

9) Aunado a lo anterior, afirmó que la sentencia SU-098 de 2018 y las demás
decisiones del Consejo de Estado invocadas como desconocidas por el demandante
no eran un precedente aplicable al caso, pues los supuestos fácticos eran diferentes.

2. Los fundamentos de la vulneración

La demandante reprochó la sentencia del 27 de junio de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá porque, en su criterio, esa autoridad incurrió en los defectos
sustantivo, desconocimiento del precedente constitucional y violación directa de la
Constitución.

Respecto del defecto sustantivo por la indebida interpretación de las normas, expuso
que la sanción moratoria descrita en la Ley 50 de 1990 sí le es aplicable a los docentes
oficiales vinculados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, toda vez que la
sentencia SU-332 de 2019 hizo extensivo su alcance en virtud del principio de
favorabilidad, de modo que el valor reconocido con corte a 31 de diciembre de cada
año por concepto de la aludida prestación también les debe ser consignado en el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a más tardar el 14 de febrero
del año siguiente a su causación.

Frente al desconocimiento del precedente, el demandante alegó que el tribunal
desconoció las sentencias SU-098 de 17 de octubre de 2018, SU-195 de 2012, SU-
336 de 2017 y C-486 de 2016 de la Corte Constitucional, así como las sentencias del
Consejo de Estado proferidas en los procesos nos. 2012-00212-02, 2013-00666-01,
2013-00756-01, 2012-00212-02, 2014-00173-01, 2014-00208-01, 2014-00254-01,
2014-00132-01, 2014-00815-01, 2015-00331-01, 2015-00445-01, 2014-01127-01,
2017-00134-01, 2015-90008-01, 2014-90022-01, 2017-00931-01, 2015-00075-01,
2017-00795-01, 2019-00359-01, 2019-00376-01, 2015-00509-01, 2015-90124-01,
2018-00231-01 las cuales fueron claras en señalar que, en virtud del principio de
favorabilidad, procede aplicar lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 99 de la Ley

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-05284-00
Demandante: Lucila Morales Gaitán
Acción de tutela
50 de 1990, pues los docentes oficiales, en tanto empleados públicos, tienen derecho
al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías.

Con fundamento en las decisiones que invocó como desconocidas, manifestó que en
el régimen anualizado, aplicable al caso de los docentes vinculados después de 1990
y 1996, es lógico que se exija la afiliación y el pago oportuno del auxilio de cesantías,
ya que la consignación es la manera de garantizar el acceso a la prestación, sistema
que solo puede ser equitativo si las personas pueden contar con su pago de forma
oportuna para poder disponer de la prestación en cualquiera de los eventos en que se
permite.

Una interpretación restrictiva de la aplicación de la sanción moratoria incurriría en un
trato desigual de los docentes frente a otros trabajadores del Estado que gozan de
ella, pues su derecho estaría limitado por tener una categoría específica dentro de los
trabajadores estatales.

En el régimen de los docentes se puede aplicar la norma especial, excepto en caso de
vacío normativo, en donde es posible acudir al régimen general, lo que determina la
aplicación de la Ley 50 de 1990, en virtud del principio de igualdad y de favorabilidad.

Según el precedente del Consejo de Estado, el demandante tiene derecho a la sanción
moratoria por la no consignación de cesantías, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, disposición que es más favorable
respecto de los derechos laborales de los docentes oficiales, máxime cuando su
ámbito de aplicación se extiende a todos los empleados públicos.

De acuerdo con las providencias judiciales que fueron desconocidas, no resulta cierto
que la sanción por mora establecida en la Ley 50 de 1990 solo opera para los docentes
que no se han afiliado al FOMAG, pues para poder generar la obligación de consignar
por parte de un deudor, es necesario que este conozca exactamente dónde, a quién y
cuándo pagar, circunstancia que no podría realizar el ministerio si previamente no
conoce si el docente se encuentra o no afiliado a dicho fondo.

De igual manera, sostuvo que se desconoció que en varias sentencias proferidas por
los juzgados administrativos del país, en virtud del principio de favorabilidad, se
reconoció el derecho a la sanción por mora a docentes vinculados después del 1 de

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-05284-00
Demandante: Lucila Morales Gaitán
Acción de tutela
enero de 1990, por la falta de consignación del Ministerio de Educación Nacional al
Fomag el 15 de febrero del 20213.

Finalmente, la actora consideró que se incurrió en una violación directa de la
Constitución por no aplicarse el principio de favorabilidad descrito en el artículo 53 de
la Carta Política ni lo dispuesto en la sentencia SU-332 de 2019.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la
sentencia proferida el día 6/27/2023, en el expediente rad. No.
15001333300820220002801, transgredió los derechos fundamentales: AL
DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN
MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE
DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD
JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL
VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión
no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia
constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso
administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos
fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en
el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de
precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en
las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda
del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el
reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la
demanda, de acuerdo a los postulados establecidos (…)”. (archivo disponible
en medio magnético en el aplicativo SAMAI)

4. Actuación procesal

Mediante auto de 26 de septiembre de 2023 se admitió la acción de tutela y se ordenó
la notificación al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo
de Boyacá, así como la vinculación al titular del Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito Judicial de Tunja, al Secretario de Educación Departamental de Boyacá y al

3 Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pereira, sentencia del 23 de junio de 2022, Rad. 66001-

33-33-001-2022-00020-00; Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo, sentencia del 9
de septiembre de 2002, rad: 70001-33-33- 002-2022-00115-00; Juzgado Diecinueve Administrativo Oral
de Medellín, sentencia del 21 de septiembre de 2022, rad. 05001-33-33- 019-2022-00085-00, entre
otras.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-05284-00
Demandante: Lucila Morales Gaitán
Acción de tutela
director del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG),
entregándoles copia de la demanda y los anexos.

5. Intervenciones de las autoridades demandadas y vinculadas

El gobernador del departamento de Boyacá solicitó que se desestimaran las
pretensiones, por cuanto no existió vulneración de los derechos fundamentales
invocados y no se cumplió con los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales.

La titular del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja manifestó
que la acción de tutela era improcedente, por cuanto los argumentos expuestos están
dirigidos a cuestionar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá
por medio de la cual se confirmó la decisión que negó la aplicación de la sanción
moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, sin que se acreditara el
requisito de relevancia constitucional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. La finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para
desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-05284-00
Demandante: Lucila Morales Gaitán
Acción de tutela
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales de la
demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional
al Tribunal Administrativo de Boyacá con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con
ocasión de la decisión judicial adoptada en la sentencia del 27 de junio de 2023, por
cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente
judicial y violación directa de la Constitución Política.

En los términos en los que fue propuesta la controversia la Sala declarará
improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional porque todos sus planteamientos se dirigieron de manera exclusiva a
discutir argumentos que ya fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos en
el trámite del proceso ordinario, por las razones que procederán a exponerse:

1) El demandante alegó que se desconocieron las sentencias SU-098 de 2018, SU-
195 de 2012, SU-336 de 2017, C-486 de 2016 proferidas por la Corte Constitucional,
así como otras decisiones dictadas por esta Corporación en las cuales se aplicó la Ley
50 de 1990, en virtud del principio de favorabilidad4.

2) Asimismo, consideró que se configuró un defecto sustantivo por indebida
interpretación de las normas, ya que sí tiene derecho a la sanción moratoria descrita
en la Ley 50 de 1990 en su condición de docente oficial vinculado al Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio, toda vez que la sentencia SU-332 de 2019 hizo
extensivo su alcance en virtud del principio de favorabilidad.

3) Por último, frente a la violación directa de la Constitución manifestó que se debía
aplicar el artículo 53 de la Constitución Política y por principio de favorabilidad hacer
extensible el alcance de la Ley 50 de 1990.

4) Sin embargo, de entrada, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan
la interposición de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir

4 2013-00666-01, 2013-00756-01, 2012-00212-02, 2014-00173-01, 2014-00208-01, 2014-00254-01,
2014-00132-01, 2014-00815-01, 2015-00331-01, 2015-00445-01, 2014-01127-01, 2017-00134-01,
2015-90008-01, 2014-90022-01, 2017-00931-01, 2015-00075-01, 2017-00795-01, 2019-00359-01,
2019-00376-01, 2015-00509-01, 2015-90124-01, 2018-00231-01.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-05284-00
Demandante: Lucila Morales Gaitán
Acción de tutela
argumentos que fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con miras a que se admitiera
que, con base en el precedente de la Corte Constitucional y la Sección Segunda del
Consejo de Estado y en virtud del principio de favorabilidad, procede aplicar lo
dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

5) Ahora bien, en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, la
parte demandante indicó, en los mismos términos que ahora plantea, que la Corte
Constitucional y la Sección Segunda del Consejo de Estado en un sin número de
providencias ha reconocido que, al igual que los demás servidores públicos
comprendidos en el marco del artículo 123 de la Constitución Política, los docentes de
la educación pública son sujetos destinatarios de la sanción moratoria por la
consignación tardía de las cesantías anuales contemplada en la Ley 50 de 1990, en
virtud del principio de favorabilidad.

6) Por su parte, en el fallo de 27 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá
confirmó la decisión que negó las pretensiones de la demanda, por cuanto consideró
que, de conformidad con el desarrollo jurisprudencial sobre el ámbito de aplicación
normativa del sector docente, le era aplicable lo consagrado en la Ley 91 de 1989, la
cual no contempla indemnización alguna por el no pago de los intereses de las
cesantías a los docentes,

7) En consecuencia, no se le podían aplicar las disposiciones que consagran la
sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías y de los intereses a las
mismas, estipuladas en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y el artículo 1º de la Ley 52
de 1975, pues son incompatibles con el régimen especial docente; aunado a lo
anterior, afirmó que la sentencia SU-098 de 2018 y las demás decisiones del Consejo
de Estado invocadas como desconocidas por la demandante no eran un precedente
aplicable al caso, pues los supuestos fácticos eran diferentes, en los siguientes
términos:

“99. El principal argumento de la apelación se refiere a la extensión de las
penalidades gracias a los principios de favorabilidad e igualdad, con
fundamento en la sentencia SU-098 de 2018. No obstante, esa providencia
no constituye precedente para este caso y, además, la naturaleza
meramente económica del asunto hace que no tenga trascendencia
constitucional.

100. Al respecto, la Corte Constitucional reiteradamente ha explicado que el
precedente se define como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a
un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas
jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-05284-00
Demandante: Lucila Morales Gaitán
Acción de tutela
judiciales al momento de emitir un fallo”15. A partir de este concepto, el alto
tribunal ha señalado que para que una decisión judicial se considere
precedente es necesario que reúna tres requisitos: (...)

101. Teniendo en cuenta lo anterior, la referida sentencia SU-098 de 2018
efectivamente extendió la sanción moratoria que prevé la Ley 50 de 1990 a
favor de una docente oficial (no se pronunció sobre la indemnización por el
pago tardío de los intereses a las cesantías), pero sus condiciones
particulares no son similares a las que presenta este caso, en concordancia
con el análisis que efectuó la sentencia SU-573 de 2019.

102. En el proceso que conoció la alta corporación, la demandante se retiró
del servicio y en ese momento descubrió que la entidad territorial respectiva
no la afilió al Fomag ni a ningún fondo de cesantías por un error
administrativo, lo que significó que nunca consignó a su favor sus cesantías
anualizadas. Por esa razón, demandó al municipio respectivo para que
reconociera y pagara la sanción moratoria correspondiente, ya que no
trasladó al Fomag la obligación de depositar los dineros.

103. En este asunto, la parte demandante sigue vinculada al servicio, la
entidad territorial realizó su afiliación al Fomag oportunamente y en debida
forma, no se reprocha la falta de consignación de las cesantías, y las
entidades señaladas como responsables de las penalidades son tanto el
Departamento de Boyacá como el Ministerio de Educación, sin precisar sus
competencias específicas respecto de la supuesta aplicabilidad de la sanción
(cuestión que sí era clara en el otro caso).

104. Estas diferencias tienen la suficiente relevancia como para descartar el
carácter de precedente para este asunto, pues los hechos de los casos no
son equiparables.

105. Adicionalmente, la Corte Constitucional modificó el criterio de la
sentencia SU-098 de 2018 con la sentencia SU-573 de 2019, que ya se
mencionó. Esta última decisión, para lo que interesa a este análisis, sostuvo
que la discusión relativa a la aplicabilidad de la sanción moratoria de la Ley
50 de 1990 (i) versa sobre una cuestión meramente legal, con una
connotación de contenido patrimonial, y (ii) no involucra la protección de
derechos fundamentales.

106. Ambos aspectos hacen que no sea procedente analizar la regulación
de los docentes bajo los principios de favorabilidad e igualdad, pues el
carácter meramente económico de la discusión impide que el asunto
trascienda al plano constitucional. (...)

111. Finalmente, no se desconoce que desde el año 2020 la Sección
Segunda del Consejo de Estado ha emitido algunas sentencias que
extienden a favor de docentes oficiales la sanción moratoria por la
consignación extemporánea de cesantías anualizadas (no hacen referencia
a la indemnización por pago tardío de los intereses a las cesantías), con
fundamento en la sentencia SU-098 de 2018. Sin embargo, con los
argumentos que acaban de exponerse, la Sala se aparta respetuosamente
de esa posición, con el cumplimiento de los criterios de transparencia y
suficiencia20. Esto, sin perjuicio de resaltar que la alta corporación no ha
expedido una sentencia de unificación que zanje definitivamente la discusión
y cuyos efectos sean vinculantes y obligatorios para todas las autoridades
administrativas y jurisdiccionales.”.

8) En esa medida, esta Corporación denota que los argumentos planteados tanto en
el recurso de apelación como en el escrito de tutela se dirigen a lo mismo, esto es, que

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Demandante: Lucila Morales Gaitán
Acción de tutela
se dé aplicación a algunas sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado, con el fin de que se reconozca que tiene derecho al reconocimiento y pago de
la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías contemplada en el numeral 3°
del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

9) Para la Sala resulta claro que, si bien la autoridad judicial demandada en la
providencia objeto de tutela no se pronunció de forma expresa frente a cada una de
las providencias invocadas como desconocidas, lo cierto es que todas ellas se citaron
con el fin de que el juzgador reconociera que sí le eran aplicables, en virtud del principio
de favorabilidad, las disposiciones consagradas en los artículos 99 de la Ley 50 de
1990 y 1 de la Ley 52 de 1975 y, por ende, el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por el retardo en el pago de las cesantías anualizadas y de los intereses a
las mismas, análisis jurisprudencial que, en todo caso, el tribunal sí realizó, con base
en diferentes sentencias, y a partir del cual le fue posible establecer que el demandante
no era beneficiario del régimen general anualizado de cesantías.

10) Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo
constitucional la parte demandante expuso similares planteamientos a los estudiados
en el proceso ordinario dirigidos de manera exclusiva a revivir la discusión tendiente a
que se hiciera un análisis jurisprudencial sobre el ámbito de aplicación normativa del
sector docente, con el fin de que se reconociera y pagara al demandante la sanción
moratoria por el retardo en el pago de las cesantías anualizadas y de los intereses a
las mismas consagrado en la Ley 50 de 1990.

11) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a
dicha situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la
acción de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados y
discutidos en el proceso ordinario y se dirigieron de manera exclusiva a que se
reconociera que tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por
pago tardío de las cesantías, contemplada en el numeral 3° del artículo 99 de la Ley
50 de 1990.

12) En consecuencia, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la
referencia no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es
reabrir un debate jurídico procesal que era propio del proceso ordinario y al juez
constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su
competencia.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-05284-00
Demandante: Lucila Morales Gaitán
Acción de tutela
13) En ese orden de ideas, esta Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA

1º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente). (Firmado electrónicamente)
Ausente con excusa

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Aclara voto

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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