Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-05284-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-05284-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-05284-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
25 de enero de 2024
Radicación: 11001 03 15 000 2023 05284 01
Accionante: Lucila Morales Gaitán
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 05284 01
Accionante: LUCILA MORALES GAITÁN
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ – SALA DE
DECISIÓN 4
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate
planteado por la parte actora es de naturaleza legal y
económica.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la accionante en contra del
fallo de tutela proferido el 13 de octubre de 2023 por la Subsección B,
Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la
solicitud de amparo.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Lucila Morales Gaitán, actuando por conducto de apoderado,
promovió acción de tutela en contra de la sentencia proferida el 27 de
junio de 2023 por la Sala de Decisión 4 del Tribunal Administrativo de
Boyacá, y para ello formuló las siguientes pretensiones1:
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“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
BOYACÁ en la sentencia proferida el día 6/27/2023, en el
expediente rad. No. 15001333300820220002801, transgredió
los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A
LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL
TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E
INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO,
GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS,
SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE
PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por
considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los
postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional
y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso
administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos
fundamentales de la accionada.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la
providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva,
atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el
tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17
de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de
Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento
y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda
[…]”. [Mayúsculas y negrillas en el escrito de tutela].
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La parte actora informó que es docente y que labora para el departamento
de Boyacá, con vinculación posterior al año de 1990, razón por la que
considera tiene derecho al reconocimiento y pago de las cesantías por el
régimen anualizado, con pago de interés cada año.
Aseveró que el 15 de febrero de 2021 no le fueron consignadas las
cesantías por parte del Ministerio de Educación Nacional al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, fondo al que pertenece,
por los servicios prestados en el año 2020.
Manifestó que el 27 de julio de 2021 solicitó a la Secretaría de Educación
Departamental de Boyacá el pago de las cesantías y el reconocimiento de
la sanción por mora establecida por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y
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en la reiterada jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.
Señaló que la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá emitió
el acto administrativo identificado con el oficio BOY2021EE029826 del 28
de agosto de 2021 “(…) donde niegan el reconocimiento y pago de la
SANCIÓN POR MORA por la no consignación oportuna de las cesantías
establecida en la Ley 50 de 1990, artículo 99, (…) así como también
niegan el derecho a la INDEMNIZACIÓN, por el pago tardío de los
intereses a las cesantías, que se encuentra establecida en el artículo 1 de
la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto Nacional 1176 de 1991
(…)”2.
La accionante, actuando por conducto de apoderado, presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación –
Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio - FOMAG - y el departamento de Boyacá, con el fin que se
declarara la nulidad del precitado acto administrativo del 28 de agosto de
2021.
La demanda correspondió por reparto al Juzgado Octavo Administrativo
de Tunja que, en sentencia del 12 de diciembre de 2022, negó las
pretensiones, decisión contra la que la parte actora interpuso recurso de
apelación, y el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4, en
sentencia del 27 de junio de 2023 la confirmó.
La parte actora indicó que “(…) de acuerdo con la sentencia SU 098 de
2018, en virtud del principio de igualdad, in dubio pro operario y de
conformidad con la Ley 244 de 1995 adicionada por la Ley 1071 de 2006
no se debe excluir al sector oficial docente de la aplicación de la Ley 50
de 1990, pues al tener los mismos carácter de servidores públicos, son
beneficiarios de la sanción moratoria prevista en dichas disposiciones a
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modo de correctivo, represivo e inclusive preventivo para garantizar el
pago oportuno de la prestación social (…)”3.
Anotó que, en el trámite del proceso ordinario, los juzgadores de manera
caprichosa no aplicaron el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes
del sector oficial en calidad de servidores públicos, y que dicha decisión
no sólo vulneró su derecho fundamental a la igualdad, sino también el
derecho a la seguridad social.
Sostuvo que la sentencia cuestionada no fue proferida acorde con la
normatividad que regula la materia y la jurisprudencia y afirmó que el
tribunal accionado no tuvo en cuenta “(…) las últimas 21 sentencias del
Consejo de Estado, donde esta alta jurisdicción contenciosa
administrativa se hace la pregunta ¿le es aplicable sí o no, la Ley 50 de
1990 a los docentes afiliados al FOMAG? Y el Consejo de Estado, al
unísono, en su sección segunda en sus diferentes salas, compuestas por
sus 6 consejeros, cada uno de ellos en sus diferentes ponencias han
expedido sentencias haciéndose la misma pregunta y la respuesta ha sido
siempre positiva (…)”4.
Al respecto, hizo una relación de las sentencias proferidas por la Sección
Segunda de esta Corporación el 6 de agosto de 20205, el 24 de enero de
20196, 17 de junio de 20197, 28 de junio de 20198, el 29 de julio de 20199,
el 2 de diciembre de 201910, el 10 de junio de 202011, 22 de octubre de
202012, 12 de noviembre de 202013, 17 de junio de 202114, 4 de
3
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radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05284 00.
4
Ibidem.
5
Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2013 00666 01.
6
Proceso identificado con el radicado nro. 76001 23 31 000 2009 00867 01.
7
Proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 15 000 2018 04617 01.
8
Proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 15 000 2018 04679 01.
9
Proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 15 000 2018 03499 01.
10
Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2014 00173 01.
11
Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2014 00208 01.
12
Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 31 000 2014 00254 01.
13
Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2014 00132 01.
14
Procesos identificados con los radicados nro. 08001 23 31 000 2014 00815 01 y nro.
08001 23 33 000 2015 00331 01.
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Accionante: Lucila Morales Gaitán
noviembre de 202115, 25 de noviembre de 202116, 11 de noviembre de
202117, 20 de enero de 202218, 3 de marzo de 202219, 28 de abril de
202220, 9 de mayo de 202221, 19 de mayo de 202222, 1 de julio de 202223,
22 de agosto de 202224, 22 de septiembre de 202225, 19 de enero de
202326 y 26 de enero de 202327.
Agregó que también se desconoció lo dispuesto por la Corte Constitucional
en las sentencias SU-098 del 17 de octubre 2018, SU-332 del 25 de julio
2019 y SU-041 del 6 de febrero 2020.
Explicó que, en sede de tutela, la Subsección B, Sección Segunda del
Consejo de Estado, en providencia proferida el 23 de marzo de 202328
“(…) analizó un caso con una idéntica naturaleza al que nos ocupa,
encontrando superados los requisitos de procedibilidad de la tutela y de
manera específica consideró que el juzgador de segunda instancia incurrió
en desconocimiento del precedente (…)”29, por lo tanto, solicitó que en el
presente asunto se dicte sentencia de tutela en igual sentido.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
15
Proceso identificado con el radicado nro. 19001 23 33 000 2015 00445 02.
16
Procesos identificados con los radicados nro. 08001 23 33 000 2014 01127 01 y 40001
23 40 000 2017 00134 01.
17
Procesos identificados con los radicados nro. 08001 23 40 000 2014 90022 01 y
080001 23 40 000 2015 90008 01.
18
Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2017 00931 01.
19
Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2015 00075 01.
20
Proceso identificado con el radicado nro. 76001 23 33 000 2013 00756 01.
21
Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 40 000 2017 00795 01.
22
Proceso identificado con el radicado nro. 47001 23 33 000 2019 00359 01.
23
Proceso identificado con el radicado nro. 47001 23 33 000 2019 00376 01.
24
Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2015 00509 01.
25
Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2015 90124 01.
26
Proceso identificado con el radicado nro. 76001 23 31 000 2012 00212 02.
27
Proceso identificado con el radicado nro. 47001 23 33 000 2018 00231 01.
28
Proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01063 00.
29
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3.1. La tutela fue radicada el 22 de septiembre de 202330 a través de la
ventanilla virtual de esta Corporación y correspondió por reparto a la
Subsección B, Sección Tercera que, por auto del 26 de septiembre de
202331 la admitió y dispuso notificar32 al presidente y magistrados que
integran el Tribunal Administrativo de Boyacá como parte accionada, así
como vincular33 al Juzgado Octavo Administrativo de Tunja, al Director
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y al
Secretario de Educación Departamental de Boyacá, como terceros
interesados en el resultado del proceso.
3.2. La coordinadora de tutelas de la Fiduprevisora S.A. presentó
escrito34, en el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción
de tutela y se desvincule a dicha entidad del trámite tutelar por no estar
legitimados en la causa por pasiva.
Expuso que Fiduprevisora S.A. actúa en calidad de vocera y
administradora del Patrimonio Autónomo del FOMAG en virtud de un
contrato de fiducia mercantil suscrito con el Ministerio de Educación
Nacional.
Señaló que las autoridades judiciales que conocieron el proceso actuaron
conforme con las normas aplicables, sin que se pueda aducir que el
tribunal accionado haya desconocido, entre otros, los precedentes
judiciales relacionados con el tema objeto de debate.
3.3. La titular del Juzgado Octavo Administrativo de Tunja rindió informe35
en el que manifestó que en el proceso de nulidad y restablecimiento del
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Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05284 00.
32
Esta orden se cumplió el 29 de septiembre de 2023. Visto en el índice 8 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023
05284 00.
33
Ibidem.
34
Visto en los índices 9 y 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05284 00.
35
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05284 00.
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derecho objeto de esta acción de tutela se impartió el trámite legal
correspondiente y se agotó el debido proceso.
Adujo que existe una falta de legitimación en la causa por pasiva frente
al despacho a su cargo, comoquiera que la parte actora alega una
presunta violación de sus derechos fundamentales únicamente por parte
del Tribunal Administrativo de Boyacá con ocasión de la sentencia de
segunda instancia proferida el 27 de junio de 2023 por dicha autoridad
judicial.
Sin perjuicio de lo anterior, resaltó que “(…) el accionante a través de su
apoderado no argumenta en el escrito tutelar la vulneración de derechos
fundamentales, sino que centra su inconformidad con la sentencia de
segunda instancia del proceso ordinario, lo que resulta improcedente, en
tanto la acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida
como una tercera instancia para reabrir debates ya concluidos dentro del
trámite ordinario, ni mucho menos para modificar decisiones que ya han
hecho tránsito a cosa juzgada (…)”.
3.4. El magistrado encargado del despacho nro. 1 del Tribunal
Administrativo de Boyacá allegó informe36 en el que solicitó que se declare
la improcedencia de la acción de tutela.
Indicó que el asunto bajo examen versa sobre prerrogativas
eminentemente legales y de carácter económico, como son la sanción
moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías anualizadas
y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías,
conceptos laborales que no tienen relación directa con un derecho
fundamental.
Sostuvo que la sentencia cuestionada “(…) adelantó un extenso análisis
legal y jurisprudencial no solo de la normatividad aplicable al docente
respecto de sus cesantías anualizadas, de acuerdo con su fecha de
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vinculación, sino también de los elementos necesarios para la
configuración de la sanción moratoria y su incompatibilidad con el régimen
docente, competencias y dinámica presupuestal (…)”.
3.5. La apoderada del departamento de Boyacá radicó memorial37 en el
que solicitó se desestimen las pretensiones de la accionante, teniendo en
cuenta que no existe vulneración de los derechos fundamentales
invocados.
Explicó que la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50
de 1990 no es aplicable a los docentes oficiales afiliados al FOMAG,
comoquiera que a estos servidores los ampara un régimen jurídico
especial en materia de reconocimiento y pago cesantías que no prevé tal
sanción.
Agregó que el trámite, tal como está establecido en la norma especial, se
cumplió en su integridad, puesto que la liquidación para el año 2021 se
hizo dentro de los 20 primeros días hábiles del mes de enero y se remitió
al Fondo en medio electrónico el 4 de febrero y en medio de físico el 5 de
febrero de 2021.
Manifestó que “(…) el medio de tutela como mecanismo transitorio y
excepcional no constituiría un instrumento dable y garantista para
acceder a las pretensiones de la parte accionante, puesto que tal como se
sustentó por parte del Tribunal Administrativo de Boyacá en ejercicio de
los criterios de transparencia y suficiencia se apartó de las decisiones
emitidas por el Consejo de Estado (…)”.
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4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del
13 de octubre de 202338, declaró improcedente la acción de tutela por no
superar el requisito general de relevancia constitucional.
Expuso que los fundamentos que soportan la solicitud de amparo se
dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron debatidos,
analizados y resueltos en el trámite del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Indicó que el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la decisión que
negó las pretensiones de la demanda, por cuanto consideró que, de
conformidad con el desarrollo jurisprudencial sobre el ámbito de
aplicación normativa del sector docente, le era aplicable la Ley 91 de
1989, la cual no prevé indemnización alguna por el no pago de los
intereses de las cesantías a los docentes.
Adujo que “los argumentos planteados tanto en el recurso de apelación
como en el escrito de tutela se dirigen a lo mismo, esto es, que se dé
aplicación a algunas sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo
de Estado, con el fin de que se reconozca que tiene derecho al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de las
cesantías contemplada en el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de
1990”.
Anotó que “(…) si bien la autoridad judicial demandada en la providencia
objeto de tutela no se pronunció de forma expresa frente a cada una de
las providencias invocadas como desconocidas, lo cierto es que todas ellas
se citaron con el fin de que el juzgador reconociera que sí le eran
aplicables, en virtud del principio de favorabilidad, las disposiciones
consagradas en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 1 de la Ley 52 de
1975 y, por ende, el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por
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el retardo en el pago de las cesantías anualizadas y de los intereses a las
mismas, análisis jurisprudencial que, en todo caso, el tribunal sí realizó,
con base en diferentes sentencias, y a partir del cual le fue posible
establecer que el demandante no era beneficiaria del régimen general
anualizado de cesantías (…)”.
Concluyó que la acción de tutela no reviste relevancia constitucional
porque el objeto de la acción de tutela es reabrir un debate jurídico
procesal que era propio del proceso ordinario y al juez constitucional le
está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia.
5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN
Inconforme con el fallo de primera instancia, la accionante lo impugnó39
manifestando lo siguiente:
Aseveró que la acción de tutela sí cumple con el requisito general de
relevancia constitucional y para argumentarlo reiteró que, en sede de
tutela, la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, en
providencia del 23 de marzo de 2023 analizó un caso con idéntica
naturaleza en el que se consideró que sí se superaban los requisitos
generales de procedibilidad y, de manera específica, que la autoridad
judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente, razón por
la que solicitó que en este caso se profiera sentencia en igual sentido.
Bajo esa misma consideración, hizo referencia a la sentencia proferida el
17 de abril de 2023 en la acción de tutela identificada con el radicado nro.
11001 03 15 000 2023 00965 00.
Anotó que “(…) los docentes se encuentran en la categoría de empleados
públicos, razón por la cual, no es admisible la distinción con los demás
servidores públicos a que sus prestaciones sociales sean canceladas en
tiempo, como lo es, el auxilio de cesantías, así, una interpretación
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contraria, conllevaría una restricción en la posibilidad de gozar de la
garantía del pago oportuno del auxilio de cesantías (…) lo que conlleva
una connotación de relevancia constitucional, ya que se está vulnerando
el derecho a la igualdad de los docentes, respecto de otros servidores
públicos (…)”.
Por auto del 9 de noviembre de 2023 se concedió la impugnación40 y la
misma fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 23 de
noviembre de 202341.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199142, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201543, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202144, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201945 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.
40
Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05284 00.
41
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05284 01.
42
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
43
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
44
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
45
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
11
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Accionante: Lucila Morales Gaitán
6.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente46:
6.2.1. La señora Lucila Morales Gaitán, actuando por conducto de
apoderado, promovió demanda en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Educación
Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
FOMAG y el departamento de Boyacá, con el fin de que se declarara la
nulidad del acto administrativo identificado con el oficio
BOY2021EE029826 del 28 de agosto de 2021, mediante la cual se negó
el reconocimiento y pago de la sanción por mora por la no consignación
oportuna de las cesantías establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990, así como la indemnización por el pago tardío de los intereses a las
cesantías prevista en la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto
1176 de 1991.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a las
demandadas a reconocer y pagar la sanción por mora señalada en el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990, equivalente a un día de su salario por
cada día de retardo, contados desde el 15 de febrero del año 2021; así
como la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías,
que se refiere el artículo 1 de la Ley 52 de 1975.
6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Octavo
Administrativo de Tunja que, en sentencia proferida el 12 de diciembre
de 2022, negó las pretensiones.
6.2.3. En contra de la precitada decisión la hoy accionante interpuso
recurso de apelación, y el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Decisión 4, en sentencia del 27 de junio de 2023 la confirmó.
46
Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado nro. 15001 33 33 008 2022 00028 00/01. Visto en el índice 11 de la
Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000
2023 05284 00.
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Accionante: Lucila Morales Gaitán
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Teniendo en cuenta que el a quo declaró improcedente la acción de tutela
por no cumplir el requisito general de relevancia constitucional, y el
recurrente insiste en la impugnación que dicho requisito sí está cumplido,
la Sala se detendrá en el requisito general de relevancia constitucional, y
para ello, examinará: (i) los criterios que la jurisprudencia constitucional
ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso
concreto.
6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional47
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”48.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
47
Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos
términos en la sentencia C – 590 de 2005.
48
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
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es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional49.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades50:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia51. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.
6.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se
detendrá en el examen del segundo criterio que la compone, el cual busca
preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
49
En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó
que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben
aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez
debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
50
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracia, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
51
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
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jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
Frente al segundo elemento la Corte Constitucional ha dicho que52 “(…) la
controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no
meramente legal y/o económico. Según la jurisprudencia constitucional,
las discusiones de orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de
índole económica, deben ser resueltas mediante los mecanismos
ordinarios dispuestos para su trámite, dado que “le está prohibido al juez
de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de carácter
netamente legal o reglamentario”, so pena de “involucrarse
en [cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones” (…)”.
En ese sentido, anotó que53 “en tales términos, un asunto carece de
relevancia constitucional, según lo ha considerado la Corte, (i) cuando la
discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un
derecho, como la correcta interpretación o aplicación de una norma “de
rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n
violaciones a los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea
evidente su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una
controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o
privadas, “que no representen un interés general”.
La Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU – 573 de 2019
revocó los fallos de tutela proferidos por la Sección Quinta del Consejo de
Estado que confirmaron la decisión de primera instancia en la que fueron
negados los amparos y, en su lugar, declaró improcedentes las tutelas
por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.
En dicha oportunidad, las accionantes promovieron las solicitudes de
amparo con el fin de controvertir las sentencias proferidas por la
Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado que, en el marco
52
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.
53
Ibidem.
15
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de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho adelantados
por las allí tutelantes, negaron el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías prevista por
el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996.
Para resolver, la Corte Constitucional consideró que el asunto no tenía
relevancia constitucional con fundamento, entre otras razones, porque la
“sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías no es
un derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía
de naturaleza constitucional”, a lo que agregó que cualquier pago
adicional que no corresponda con la finalidad de las cesantías, sino una
penalidad para el empleador que no las consigna al fondo o las paga al
trabajador, es un reconocimiento de fuente legal con carácter netamente
patrimonial.
La Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que el segundo elemento que la
compone, esto es, preservar la competencia y la independencia de los
jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto,
evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad o de naturaleza económica, no está superado.
Lo anterior, debido a que la discusión planteada por la parte actora es de
naturaleza legal y económica porque involucra determinar si se debe
condenar a la parte demandada del proceso ordinario al reconocimiento y
pago de la sanción por mora establecida por el artículo 99 de la Ley 50 de
1990 por el no pago oportuno de las cesantías, bajo la consideración que
“(…) no se debe excluir al sector oficial docente de la aplicación de la Ley
50 de 1990, pues al tener los mismos carácter de servidores públicos, son
beneficiarios de la sanción moratoria prevista en dichas disposiciones
(…)”54.
54
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05284 00.
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En esa medida, se trata de un debate meramente legal porque conlleva
la discusión sobre el alcance del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y es de
naturaleza económica, dado que el objeto del litigio en el proceso
ordinario giró en torno al reconocimiento y pago de la sanción por mora
por el no pago oportuno de las cesantías, discusión que no compromete
derecho fundamental alguno.
En este punto, se destaca que la inconformidad de la parte actora radica
en que las autoridades judiciales resolvieron el caso sin atender la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado; sin
embargo, en el escrito de tutela e impugnación se limitó a enlistar las
providencias que estima eran aplicables, pero no identificó frente a cada
una de ellas la regla que estima fue desatendida, lo que implicaba señalar
el problema jurídico que fue resuelto en uno y otro caso, así como la
identidad de los hechos y fundamentos de derecho, comparados con el
asunto que es objeto de tutela, tal y como lo ha considerado esta Sala,
en asuntos similares55.
En cuanto al fallo de tutela proferido el 23 de marzo de 2023 por la
Subsección B, Sección Segunda, del Consejo de Estado, en la acción de
tutela con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01063 00, que la
accionante citó en la impugnación, es preciso indicar que mediante
providencia dictada el 16 de junio de 202356 fue declarada la nulidad de
lo actuado en dicha tutela a partir del auto proferido el 1 de marzo de
2023, que admitió la acción, decisión cuyos efectos cobijaron el precitado
fallo.
Así mismo, frente a la sentencia de tutela proferida el 17 de abril de 2023
por la Subsección B, Sección Segunda, del Consejo de Estado, en la acción
de tutela con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00965 00, que la
55
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 7 de julio de 2023. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 11001
03 15 000 2023 02776 00; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Sentencia del 31 de agosto de 2023. C.P. Oswaldo Giraldo López.
Expediente radicación nro. 11001 03 15 000 2023 02496 01.
56
Visto en el índice 31 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01063 00.
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accionante también citó en la impugnación, es pertinente señalar que
mediante providencia dictada el 17 de julio de 202357 se revocó el
precitado fallo y se declaró improcedente la solicitud de amparo
presentada.
En todo caso, se resalta que los fallos de tutela tienen efectos inter partes,
y las dos decisiones citadas por la accionante, previamente referenciadas,
no fueron proferidas por esta Sala, por lo que no resultarían vinculantes.
Por último, la Sala destaca que la Sección Segunda de esta Corporación
en sentencia del 11 de octubre de 202358 unificó la jurisprudencia del
Consejo de Estado en el sentido de precisar que “(…) los docentes
estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria
prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera
que es incompatible con el sistema de administración de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en
servicio activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50
de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo
de protección social en favor del docente estatal (…)”. Adicionalmente,
dispuso que la regla jurisprudencial se aplicará a todos los casos
pendientes de solución tanto en vía administrativa como judicial, a través
de acciones ordinarias, en los términos de los artículos 10 y 102 del
CPACA, con la salvedad de aquellos en los que haya operado la cosa
juzgada, los cuales, en función del principio de seguridad jurídica, son
inmodificables.
En consecuencia, la petición de amparo es improcedente por cuanto no
cumple con el requisito general de relevancia constitucional, por lo que se
confirmará el fallo proferido el 13 de octubre de 2023 por la Subsección
B, Sección Tercera del Consejo de Estado.
57
Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00965 01.
58
Proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho nro. 66001 33
33 001 2022 00016 01.
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Accionante: Lucila Morales Gaitán
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 13 de octubre de
2023 por la Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado, que
declaró improcedente la solicitud de amparo instaurada por la señora
Lucila Morales Gaitán, por las razones expuestas en la parte considerativa.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
19
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