Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05333-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05333-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-05333-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
7 de diciembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05333-01
Demandante: Gilma Mireya Bonilla Leguizamón
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05333-01
Demandante: GILMA MIREYA BONILLA LEGUIZAMÓN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de obtener el reconocimiento de
la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 por pago tardío de
las cesantías. Requisito de la relevancia constitucional
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte actora contra la sentencia de 19 de octubre de 2023, dictada
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la que resolvió:
“PRMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, por los motivos expuestos en esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida por la
señora Gilma Mireya Bonilla Leguizamón contra el Tribunal Administrativo de Boyacá.
(…)”.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La accionante relató que se vinculó con posterioridad a 1990 como docente del
departamento de Boyacá, y que el 15 de febrero de 2021 el Ministerio de Educación
Nacional no consignó las cesantías correspondientes al año 2020, por lo que el 29
de julio de 2021 presentó una petición ante la Secretaría de Educación de Boyacá,
con el fin de que se materializara el pago de la sanción moratoria establecida en el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990, solicitud que fue negada mediante acto
administrativo No. 1.2.5.1.1-38 de 26 de agosto de 2021.
Afirmó que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho presentó demanda contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, el
FOMAG, Fiduprevisora S.A. y el departamento de Boyacá, para que se anulara el
mencionado acto y cancelara la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías regulada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
Indicó que el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Tunja en sentencia
de 12 de diciembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda.
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Demandante: Gilma Mireya Bonilla Leguizamón
Finalmente, manifestó que contra la anterior decisión interpuso recurso de
apelación, en el que señaló un abundante número de sentencias del Consejo de
Estado y la Corte Constitucional. El Tribunal Administrativo de Boyacá en fallo de
26 de mayo de 2023, la confirmó íntegramente.
2. Fundamentos de la acción
La parte actora comenzó por referirse a algunos de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial, sobre
la relevancia constitucional, citó la sentencia de tutela del 23 de marzo de 2023,
dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en el proceso
No. 11001031500020230106300.
Alegó la configuración del defecto sustantivo, violación directa de la
Constitución y desconocimiento del precedente judicial de la Corte
Constitucional, fijado en las sentencias de unificación SU-098 de 20181, SU-332
de 20192 y SU-041 de 20203, y del Consejo de Estado establecido en las siguientes
sentencias: del 6 de agosto de 20204, 24 de enero de 20195, 17 de junio de 20196,
28 de junio de 20197, 29 de julio de 20198, 2 de diciembre de 20199, 10 de junio de
202010, 22 de octubre de 202011, 12 de noviembre de 202012, 17 de junio de 202113,
414, 2515 y 11 de noviembre de 202116, 20 de enero de 202217, 3 de marzo de
202218,28 de abril de 202219, 920 y 19 de mayo de 202221, 1 de julio de 202222, 22
de agosto de 202223, 22 de septiembre de 202224, 1925 y 2626 de enero de 2023.
Por último, se refirió a sentencias proferidas por Juzgados Administrativos del
Circuito en donde se han aplicado estos precedentes judiciales. No obstante, la Sala
1
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 2
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 3
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 4
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2013- 00666-01 (0833-16), C.P. Sandra
Liseth Ibarra. 5
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de enero de 2019, Exp. 76001-23-31- 000- 200900867- 01 (4854-2014), C.P. Sandra
Liseth Ibarra. 6
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2019. Exp. 11001-03-15- 000-2018- 04617-01, C.P. Nicolás Yepes Corrales
7
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de junio de 2019, Exp. 11001-03-15- 000-2018- 04679-01, C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés
8
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de julio de 2019, Exp. 11001-0315- 000-2018- 03499-01, C.P. Nicolás Yepes Corrales. 9
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de diciembre de 2019, Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-01 (1688-16), C.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas
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Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de junio de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2014- 00208-01(0324-2016), C.P. Sandra
Liseth Ibarra. 11
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de octubre de 2020, Exp. 08001-23-31- 000-2014- 00254-01(4960-2017), C.P. William
Hernández Gómez. 12
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de noviembre de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2014- 00132-01, C.P. William
Hernández Gómez. 13
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de junio de 2021, Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017), C.P. Gabriel
Valbuena Hernández y Exp. 08001-23-33- 000-2015- 00331-01), C.P. César Palomino Cortés. 14
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de noviembre de 2021, Exp. 19001-23-33- 000-2015- 00445- 02(0483-20), C.P. William
Hernández Gómez. 15
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021, Exp. 08001-23-33- 000-2014- 01127-01 (1002-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021, Exp. 40001-23-40- 000-2017- 00134-01
(2208-2020), C.P. William Hernández Gómez. 16
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-23- 40-000-2015- 90008-01 (2387-2020), C.P. William Hernández Gómez; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-23- 40-000-2014-
90022-01 (5154-2016), C.P. Gabriel Valbuena Hernández. 17
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 20 de enero de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-2017- 00931-01 (1001-2021), C.P. Gabriel
Valbuena Hernández
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 3 de marzo de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-2015- 00075-01. Sentencia de 3 de marzo
de 2022. Expediente No. 76001-23-33-000-2013-00756-01. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. (2660-2020), C.P. William Hernández Gómez. Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 080001-23-40-000-2017-00795-01. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. 19
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de abril de 2022, Exp. 76001-23-33- 000-2013- 00756-01 (2224-2020), C.P. Carmelo
Perdomo Cuéter. 20
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de mayo de 2022, Exp. 080001-23- 40-000-2017- 00795-01 (2659-2020), C.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas. 21
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-23- 33-000-2019- 00359-01 (4004-2021), C.P. Sandra
Liseth Ibarra. 22
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-23- 33-000-2019- 00376-01 (4462-2021), C.P. Sandra
Liseth Ibarra. 23
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de agosto de 2022, Exp. 08001-23-33- 000-2015- 00509-01 (2140-2020), C.P. César
Palomino Cortés. 24
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2022, Exp 08001-23-33- 000-2015- 90124-01 (2394-2020), C.P. César Palomino Cortés.
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de enero de 2023, Exp 76001-23-31- 000-2012- 00212-02 (4470-2021) , C.P. William
Hernández Gómez. 26
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de enero de 2023, Exp 47001-23-33- 000-2018-0231- 01 (0871-2020), C.P. Rafael
Francisco Gómez. 2
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Demandante: Gilma Mireya Bonilla Leguizamón
se abstiene de citarlos porque se descarta desde ya la fuerza vinculante que tienen
para el Tribunal Administrativo de Boyacá.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formularon las siguientes:
“Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida
el día 5/26/2023, en el expediente rad. No. 15001333300820220011401, transgredió los
derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD
SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN
LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO,
GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA
PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO
DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las
razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante
jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso
administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la
accionada.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales
que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de
octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante
diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como
fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes
expedientes: (…)”.
4. Pruebas relevantes
Se allegó copia digitalizada de las actuaciones surtidas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado No. 15001-33-33-008-2022-00114-01,
promovido por la señora Gilma Mireya Bonilla Leguizamón.
5. Trámite procesal
Por auto de 26 de septiembre de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado
dispuso la admisión de la demanda de tutela y ordenó notificar a la parte
demandante y a la autoridad judicial demandada. Además, se ordenó vincular al
Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja, a la Nación -
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (Fomag), a Fiduprevisora S.A., al departamento de Boyacá – Secretaría
de Educación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como
terceros interesados en el resultado del proceso.
6. Oposición
6.1. La coordinadora de tutelas de la Fiduprevisora S.A. como vocera y
administradora del FOMAG pidió que se declarara improcedente la solicitud de
amparo por no cumplir con las causales generales y específicas de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial y solicitó ser desvinculada por carecer
de competencia frente a las pretensiones de la demandante.
6.2. El apoderado judicial del departamento de Boyacá, solicitó que se declare
improcedente la solicitud de tutela. Señaló el procedimiento para la transferencia
de los recursos de la Nación al FOMAG para el pago de cesantías e indicó las
actuaciones que se adelantaron para el caso de la demandante.
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Demandante: Gilma Mireya Bonilla Leguizamón
Refirió que la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990
no es aplicable a los docentes oficiales afiliados al FOMAG, en razón a que los
mismos se encuentran amparados bajo un régimen jurídico especial que no
contempla sanción.
Con relación a la aplicación de la sentencia SU-098 de 2018, manifestó que la
misma se resolvió en el marco de un docente que nunca fue afiliado al FOMAG, por
lo que tal criterio no resulta vinculante para el caso por carecer de identidad fáctica
o jurídica.
6.3. La titular del Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Tunja
señaló que en casos similares se ha establecido que la acción de tutela se torna
improcedente por no cumplir el requisito de relevancia constitucional. Agregó que
en el proceso ordinario se dio el trámite legal y se agotó el debido proceso, aunado
al hecho que la vulneración se encuentra dirigida únicamente al Tribunal
Administrativo de Boyacá, por lo que indicó que carece de legitimación en la causa
por pasiva.
Finalmente, remitió el vínculo de acceso al expediente del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 15001-33-33-008-2022-00114-00.
6.4. La Profesional Especializada Grado 23 del Tribunal Administrativo de
Boyacá señaló que la acción de tutela no resulta procedente para dirimir las
pretensiones de la accionante, y en caso de serlo, consideró que la decisión en
cuestión no está viciada de ningún defecto que dé lugar a ordenar el amparo de los
derechos fundamentes invocados.
6.5. El Ministerio de Educación Nacional guardó silencio.
7. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Quinta del Consejo de Estado por sentencia de 19 de octubre de 2023,
declaró la improcedencia de la acción de tutela, por cuanto, consideró que las
pretensiones de la solicitud son de índole estrictamente económica, cuya falta de
reconocimiento no compromete un derecho fundamental.
Sostuvo que la acción de tutela carece de relevancia constitucional, al tratarse de
un asunto que versó sobre el reconocimiento de la sanción moratoria por pago
extemporáneo de las cesantías en un proceso judicial que resultó desfavorable a
sus intereses, toda vez que el caso obedece a una situación con presupuestos
fácticos análogos a los estudiados por la Sala Plena de la Corte Constitucional en
la sentencia SU-573 del 2019, mediante la cual declaró la improcedencia de tres
acciones constitucionales seleccionadas para revisión por revestir de una
naturaleza eminentemente legal y patrimonial.
Adujo que en la referida sentencia, el máximo tribunal constitucional expuso que el
carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza como
prestación patronal de rango legal, cuya finalidad es el auxilio de la persona que se
quede temporalmente en situación de desempleo y, por tanto, “solo en la medida en
que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se
advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a
la seguridad social del trabajador”.
En este sentido, sostuvo que la Corte Constitucional señaló en aquella sentencia
unificadora que todo pago adicional no correspondiente con la finalidad buscada por
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las cesantías, sino que está relacionado con una penalidad impuesta al empleador
por el no pago o pago tardío de las mismas y cuenta con una naturaleza
estrictamente patrimonial, de manera que se hace innecesaria la intervención del
juez de tutela.
8. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la accionante
impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revocara. Así mismo, reiteró
los argumentos que sustentan los defectos alegados en la solicitud de amparo.
Señaló que en fallos anteriores la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de
Estado tenía una postura pacífica en la que, con base en el principio de
favorabilidad, accedía al derecho que ostentan los docentes de educación pública
al pago de la sanción moratoria de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
razón por la cual afirmó que acudió al medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho así como a acciones de tutela con casos de similar naturaleza para que
en virtud al principio de seguridad jurídica se decida de la misma forma.
Aseguró que en distintas sentencias se ha arribado a “acertadas conclusiones que
siguen siendo postura en el Consejo de Estado, ya que en el interregno en el cual se radicó
la acción de tutela y hasta la fecha del día de hoy se profirió el pronunciamiento más reciente
en la materia, fue proferida el 19 de enero de 2023, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente Dr. William Hernández Gómez,
consistente en un fallo de segunda instancia dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, es decir, que mientras estamos en el presente trámite de la
acción constitucional, el Consejo de Estado ratifica su postura en el tema de sanción
moratoria cesantías anualizadas – Docente”.
Reiteró que la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional, en virtud de
los principios de igualdad, in dubio pro operario y de conformidad con la Ley 244 de
1995 adicionada por la Ley 1071 de 2006, indicó que no se debe excluir al sector
oficial docente de la aplicación de la Ley 50 de 1990, pues al tener los mismos
carácter de servidores públicos, son beneficiarios de la sanción moratoria prevista
en dichas disposiciones a modo de correctivo, represivo e inclusive preventivo para
garantizar el pago oportuno de la prestación social.
Adujo que, en el interregno entre la radicación de la acción de tutela hasta la fecha,
se profirió el pronunciamiento más reciente en la materia de 19 de enero de 2023,
por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, en el que aduce,
“ratifica su postura en el tema de sanción moratoria cesantías anualizadas – Docente”.
Afirmó que se está vulnerando el derecho fundamental a la seguridad social al no
poder disponer del auxilio de cesantías, pues conforme con los artículos 42 y 48 de
la Constitución Política esta prestación social constituye “una modalidad de protección
del trabajador cesante y su familia”.
Anotó que la sentencia SU-098 de 2018 es un precedente judicial unificado de la
Corte Constitucional acogido por el Consejo de Estado, por lo que no se puede
“excluir al sector oficial docente de la aplicación de la Ley 50 de 1990”.
Finalmente, señaló que “al caso en concreto, es aplicable el régimen anualizado de
cesantías para los docentes vinculados después de 1990 y 1996, es decir que, se deberá
afiliar y realizar el pago oportuno del auxilio de cesantías, ya que la consignación es la única
manera de garantizar el acceso a la prestación, pues tal sistema solo puede ser equitativo
si los trabajadores pueden contar con su pago de forma oportuna para poder disponer del
auxilio de cesantías en cualquiera de los eventos en que se permite su utilización, es decir,
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ante el desempleo, financiar educación superior, y adquisición, construcción, mejora o
liberación de vivienda”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
debe revocar la sentencia de 19 de octubre de 2023, dictada por la Sección Quinta
del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela por falta de
relevancia constitucional, y de superarse los restantes requisitos generales de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, si el Tribunal Administrativo
de Boyacá vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social,
a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de
favorabilidad laboral, a la seguridad jurídica y la “perpetuatio jurisdictionis”, al
supuestamente incurrir en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente
judicial y violación directa de la Constitución.
3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones27.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 200528, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que
se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente
a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia
de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional29.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.
27
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
28
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
29
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
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Esta Sala30, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el
interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la
providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la
propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar
o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el
juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. En primera instancia, la Sección Quinta del Consejo de Estado por sentencia
de 19 de octubre de 2023 declaró la improcedencia de la acción, por cuanto señaló,
que las pretensiones de la solicitud son de índole meramente económica, cuya falta
de reconocimiento no compromete un derecho fundamental, por lo que carece de
relevancia constitucional.
30
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05333-01
Demandante: Gilma Mireya Bonilla Leguizamón
Sostuvo que la controversia propuesta por la actora no tiene relevancia
constitucional al tratarse de un asunto que versó sobre el reconocimiento de la
sanción moratoria por pago extemporáneo de las cesantías en un proceso judicial
que resultó desfavorable a sus intereses, toda vez que el caso obedece a una
situación con presupuestos fácticos análogos a los estudiados por la Sala Plena de
la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 del 2019, mediante la cual declaró
la improcedencia por tratarse de una cuestión eminentemente legal y patrimonial.
Igualmente, adujo que en la sentencia en mención, el máximo tribunal constitucional
expuso que el carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado con su
naturaleza como prestación patronal de rango legal, cuya finalidad es el auxilio de
la persona que se quede temporalmente en situación de desempleo y, por tanto,
“solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente
cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital
y a la seguridad social del trabajador”.
En el escrito de impugnación, la demandante reiteró los argumentos expuestos en
la demanda de tutela e insistió en la relación de sentencias desarrolladas en el
escrito inicial de tutela.
4.2. La Sala confirmará la improcedencia de la acción de tutela conforme lo concluyó
el a quo, porque no cumple el requisito de la relevancia constitucional, en tanto se
acude a ella con el propósito de dar continuidad al debate legal que fue resuelto en
dos instancias.
De la revisión de los cargos de la solicitud de amparo, la Sala advierte que coinciden
con los argumentos propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. En efecto, en el proceso ordinario y en la acción de tutela, la señora Gilma
Mireya Bonilla Leguizamón insiste en que la sanción moratoria prevista en la Ley 50
de 1990 es aplicable a los docentes oficiales. Además, cita sentencias tanto de la
Corte Constitucional como del Consejo de Estado que, a su juicio, respaldan esa
tesis.
Del expediente ordinario aportado como prueba, se observa que, en primera
instancia, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Tunja en sentencia de
12 de diciembre de 2022, negó las súplicas de la demanda, al considerar que la
demandante no tenía derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria
consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, como tampoco al reconocimiento
de la indemnización por pago tardío de los intereses a las cesantías establecida en
el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, pues los docentes gozan de un régimen
prestacional especial. Precisó que “no es dable exigir una obligación como la sanción
por no consignación oportuna de las cesantías que se liquidan anualmente, ya que i) en el
régimen de cesantías de los docentes no existe dicha obligación principal ni para las
entidades territoriales ni para la Nación, ii) el FOMAG no es un conjunto de cuentas
individualizadas de los docentes sino una cuenta especial que se administra por el principio
de unidad de caja con disponibilidad permanente de recursos para el pago no solamente
de las cesantías, sino también de las pensiones, otras prestaciones de la seguridad social
y de los servicios médicos de los docentes, y iii) la afiliación al FOMAG por parte de los
docentes oficiales es obligatoria”.
Además, consideró que “la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional es un
criterio que no resulta vinculante en el presente caso, toda vez que el asunto que allí se
decidió no guarda identidad fáctica o jurídica con el que se debate en el presente proceso
y además no es una jurisprudencia aplicable de la Corte Constitucional acerca del carácter
especial del régimen prestacional de los docentes”.
La accionante presentó recurso de apelación contra la precitada decisión, en el que
insistió en la supuesta línea jurisprudencial desarrollada por la Corte Constitucional
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05333-01
Demandante: Gilma Mireya Bonilla Leguizamón
y el Consejo de Estado, en la que, a su juicio, existe una postura pacífica frente al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías
por parte del FOMAG.
El Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de sentencia de 26 de mayo de
2023, confirmó el fallo impugnado, luego de hacer un recuento jurisprudencial de la
aplicación de la Ley 50 de 1990, determinó que “En razón a su importancia se reitera
que la sanción es incompatible con los procedimientos presupuestales que la Ley prescribe
para la financiación de las prestaciones sociales de los docentes, pues primero los recursos
no los gira la Entidad que funge como nominador, tampoco el Ministerio de Educación, sino
que lo hace el Ministerio de Hacienda y Crédito Público quien es un organismos del sector
central de la Administración Pública nacional, perteneciente a la rama ejecutiva del poder
público del orden nacional que funge como un tercero en la relación laboral entre el
particular y el Ministerio de Educación Nacional y la Entidad Territorial Departamento de
Boyacá. Sobre el particular cabe señalar que dicha entidad responsable de girar los
recursos para el pago de las prestaciones sociales de los Docentes del Magisterio no fue
objeto de reclamación administrativa ni demandado al interior del presente medio de
control”.
Por otra parte, sostuvo que al comparar el caso analizado y la postura desarrollada
por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación SU-
098 de 18 de julio de 201831, la misma no resulta aplicable al caso porque no existe
identidad fáctica. Finalmente, indicó que la indemnización solicitada en los términos
de la Ley 52 de 1975, tampoco es procedente, por cuanto la accionante cuenta con
disposición especial que no prevé lo relacionado con el no pago oportuno de los
intereses de las cesantías a los docentes.
Lo anterior permite evidenciar que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá estudiaron de manera suficiente lo
relativo al régimen prestacional aplicable a los docentes, en específico, respecto de
la sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías anualizado y de los
intereses a las mismas, lo cual fundamentó la denegación de las pretensiones de la
demanda.
Como se observa, la parte actora acude al mecanismo de amparo para insistir en el
debate legal ya superado por el juez natural de la controversia en sus dos instancias.
En este punto, resulta importante señalar que en la solicitud de amparo se refirió a
nuevas sentencias que han abordado el mismo asunto, lo cierto es que las invoca
con el mismo propósito con el que citó otras en la demanda ordinaria y en el recurso
de apelación del proceso ordinario.
En el escenario que propone la demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por la autoridad judicial demandada en
el proceso ordinario, finalidad para la que no está prevista este mecanismo
constitucional. La acción de tutela tiene como fin la protección de derechos
fundamentales, y no puede utilizarse como instancia adicional de los procesos
ordinarios, como ya lo ha precisado la Sala en otras oportunidades32.
Por último, si bien la parte actora en el escrito de impugnación se refiere a las
sentencias de tutela de 23 de marzo33 y 17 de abril de 202334, proferidas por la
31
Radicado No. 73001-23-33-000-2014-00580-01, C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
32
En el mismo sentido se ha pronunciado la Sala, entre otras, en sentencias del 18 de mayo de 2023, Expediente 11001-03-
15-000-2023-01500-00, Actora: Sandra Elena Espinosa López, C.P. Wilson Ramos Girón; del 25 de mayo de 2023,
Expediente 11001-03-15-000-2023-02085-00, Actora: Rosa María Castañeda Valencia, C.P. Wilson Ramos Girón y de la
misma fecha, Expediente No11001-03-15-000-2023-00705-01. Actora: Luz Myriam García Camacho. C.P. Milton Chaves
García; y del 1º de junio de 2023, Expediente 11001-03-15-000-2023-02139-00, Actor: Alfonso Rueda Rodríguez, C.P. Wilson
Ramos Girón y Expediente 11001-03-15-000-2023-02069-00, Actora: Julia Inés Fernández González, C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto.
33
Rad. 2023-01063-00.
34
Rad. 2023-00965-01.
9
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05333-01
Demandante: Gilma Mireya Bonilla Leguizamón
Sección Segunda, Subsección “B” de esta Corporación, en las que se dio por
superado el requisito de relevancia constitucional y se accedió al amparo
constitucional solicitado, basta indicar que respecto de la primera se declaró la
nulidad por la Sección Primera del Consejo de Estado por indebida conformación
del contradictorio, y en la segunda por sentencia de 17 de julio de 2023, la Sección
Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado revocó la decisión y, en su lugar,
declaró la improcedencia de la acción de tutela.
Incluso, en un caso con idéntica situación fáctica y jurídica, la Corte Constitucional,
en sentencia SU-573 de 2019, concluyó que la acción de tutela carecía de
relevancia constitucional, por las siguientes razones:
(i) El asunto propuesto versaba sobre una cuestión meramente legal, que no
impactaba la garantía de derechos fundamentales, sino patrimoniales, pues se
proponía que el juez de tutela determinara si a las cesantías anualizadas de los
docentes les resulta aplicable la Ley 91 de 1989 y el Decreto 1831 de 2005 o la Ley
50 de 1990, Ley 344 de 1996 y Decreto 1582 de 1998, asunto que conlleva a
establecer aspectos legales acerca de la calidad de la vinculación de los docentes
(territoriales, nacionales o nacionalizados) y sobre el fondo administrador de
cesantías en que debe efectuarse la afiliación para que se cause la penalidad por
no consignación oportuna de la prestación social.
Que, además, los argumentos buscaban “realizar el análisis de corrección de la
sentencia y, en consecuencia, identificar cuál es la interpretación que los jueces de
la jurisdicción contencioso administrativo deben acoger acerca del alcance del
artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y de la Ley 344 de 1996, reglamentada por el
Decreto 1582 de 1998, en cuanto al reconocimiento de una penalidad por no
consignación oportuna de las cesantías en el régimen docente”
ii) La discusión propuesta no involucraba la protección de derechos
fundamentales y la anomalía procesal alegada (presunto desconocimiento del
precedente y del principio de favorabilidad laboral) no era determinante ni tenía un
efecto decisivo en las sentencias cuestionadas y tampoco conllevaba a la afectación
de un derecho fundamental, por cuanto “las decisiones impugnadas en sede de
tutela no constituyen “desvíos del juez ordinario” ni decisiones carentes de
motivación y no dan cuenta prima facie de la inaplicación de una prerrogativa de
carácter constitucional.”
(iii) Los demandantes pretendían reabrir la controversia legal resuelta tras
obtener una respuesta desfavorable a sus intereses, toda vez que los demandantes
acudían a la tutela bajo la supuesta configuración de dos defectos específicos con
el fin de que el juez constitucional accediera a las mismas pretensiones incoadas
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia impugnada por cuanto
no se cumple el presupuesto de relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
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Demandante: Gilma Mireya Bonilla Leguizamón
Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 19 de octubre de 2023, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta
el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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