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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05335-00

Fecha
27 de octubre de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05335-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. 11 Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional. 12 Sentencia de unificación SU-032-CE-S2 del 11 de octubre de 2023. 8 Radicación: 11001-03-15-000-2023-05335-00 Accionante: Doris Amparo López Soler Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia) SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-05335-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

27 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05335-00
Accionante: Doris Amparo López Soler
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - Instancia adicional – la parte
actora pretende reabrir el debate estrictamente legal y económico al no estar de
acuerdo con lo decidido por el juez natural – reconocimiento de la sanción moratoria
por el no pago oportuno de las cesantías a favor de los docentes oficiales afiliados
al Fomag.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de
la solicitud de amparo constitucional formulada por Doris Amparo López Soler contra
el Tribunal Administrativo de Boyacá.

I. ANTECEDENTES

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 22 de septiembre del año en curso, la señora Doris Amparo López Soler, a
través de apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Boyacá, con el fin de que se dejara sin efectos la sentencia del 15
de junio de 2023, proferida por dicha autoridad judicial al interior del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho2 que promovió contra la Nación – Ministerio
de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio3 y
el departamento de Boyacá, con el propósito de que se declarara la nulidad del acto
administrativo 1.2.5.1.1 - 38 de 26 de agosto de 2021 a través del cual se le negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990, así
como el pago de la indemnización por el desembolso tardío de los intereses a las
cesantías, consagrada en la Ley 52 de 1975, por los servicios prestados durante el
año 2020, en su calidad de docente oficial.

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Identificado con número de radicado 15001-33-33-007-2022-00096-01.
3 En adelante Fomag.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05335-00
Accionante: Doris Amparo López Soler
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

2.- El asunto le correspondió para su conocimiento, en primera instancia, al Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Tunja, el cual, mediante sentencia del 15 de
diciembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda. Esa decisión fue
confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, a través del fallo del 15 de junio
de 2023, al estimar que: (i) a la actora no le son aplicables las disposiciones que
consagran la sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías
anualizadas y de los intereses a las mismas, consagradas en los artículos 99 de la
Ley 50 de 1990 y 1° de la Ley 52 de 1975, pues su liquidación y forma de pago se
regulan según la Ley 91 de 1989 y el Acuerdo 39 de 1998, (ii) la sentencia SU-98 de
2018 proferida por la Corte Constitucional, que se alegó como precedente, no
comporta tal carácter para el caso concreto y, (iii) en la actualidad no existe
precedente emitido por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que aplique
los presupuestos de la Ley 50 de 1990 relacionados a la consignación de cesantías
a favor de los docentes vinculados al FOMAG.

3.- La parte actora sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y acceso a la
administración de justicia4, al:

(i) Incurrir en un defecto por desconocimiento del precedente, pues, a su juicio, a
partir de las reglas fijadas en la Sentencia SU-98 de 2018, la Corte Constitucional y
el Consejo de Estado han señalado de forma reiterada que, en virtud del principio de
favorabilidad, es posible aplicar a los docentes oficiales las disposiciones
consagradas en la Ley 50 de 1990, en materia de sanción moratoria por la
consignación extemporánea de cesantías anuales, de modo que el valor reconocido
con corte a 31 de diciembre de cada año por concepto de la aludida prestación debe
ser consignado en el Fomag a más tardar el 14 de febrero del año siguiente a su
causación.

(ii) Desconocer las reglas fijadas en las sentencias SU-98/2018, SU-332/2019 y
SU41/2020 de la Corte Constitucional, así como el fallo de unificación proferido por
el Consejo de Estado el 6 de agosto de 2020 dentro del proceso 08001-23-33-000-
2013-00666-01 y las sentencias proferidas por esta misma corporación en los
siguientes procesos: 76001-23-31-000-200900867-01, 11001-03-15-000-2018-
04617-01, 11001-03-15-000-2018-04679-01, 11001-0315-000-2018-03499-01,
08001-23-33-000-2014-00173-01, 08001-23-33-000-2014-00208-01, 08001-23-31-
000-2014-00254-01, 08001-23-33-000-2014-00132-01, 08001-23-31-000-2014-
00815-01, 08001-23-33-000-2015-00331-01, 19001-23-33-000-2015-00445-02,
08001-23-33-000-2014-01127-01, 40001-23-40-000-2017-00134-01, 080001-23-40-
000-2015-90008-01, 080001-23-40-000-2014-90022-01, 080001-23-33-000-2017-
00931-01, 080001-23-33-000-2015-00075-01, 76001-23-33-000-2013-00756-01,
080001-23-40-000-2017-00795-01, 47-001-23-33-000-2019-00359-01, 47-001-23-

4 También invocó la garantía de la “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e

interpretación de las fuentes formales de derecho”, así como los principios de perpetuatio jurisdictionis y
seguridad jurídica.
2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05335-00
Accionante: Doris Amparo López Soler
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

33-000-2019-00376-01, 08001-23-33-000-2015-00509-01, 08001-23-33-000-2015-
90124-01, 76001-23-31-000-2012-00212-02 y 47001-23-33-000-2018-00231-01.

4.- Finalmente, señaló que la postura adoptada por la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado ha sido acogida por los Tribunales y jueces administrativos del
circuito en diversas decisiones5.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

5.- Mediante auto de 28 septiembre de 2023, se dispuso: (i) admitir la acción de
tutela; (ii) notificar de su presentación al Tribunal Administrativo de Boyacá; (iii)
vincular a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), a la Fiduprevisora S.A. y al municipio
de Neiva, en calidad de terceros interesados; (iv) comunicar la decisión a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para lo de su cargo y; (v) requerir al
Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Tunja para que remitiera, en
medio magnético, copia del expediente identificado con el radicado número 5001-33-
33-007-2022-00096-00/01.

(ii) Departamento de Boyacá6

6.- Adujo que era dable que en el escenario judicial se hubiese determinado que la
sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 no es aplicable
a los docentes oficiales afiliados al FOMAG, en razón a que a estos servidores los
ampara un régimen jurídico especial en materia de reconocimiento y pago cesantías
que no contempla tal sanción, máxime cuando el trámite tal como está establecido
en la norma especial se cumplió en su integridad. Además, expuso que la sentencia
SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional es un criterio que no resulta vinculante
en el presente caso, toda vez que el asunto que allí se decidió no guarda identidad
fáctica o jurídica con el que se debate en el presente proceso.

7.- Así las cosas, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, las cuales, a su
juicio, no están debidamente soportadas, en la medida que el fallo que pretenden
acatar se encuentra suficientemente estudiado y motivado por el Tribunal
Administrativo de Boyacá.

(ii) Fiduprevisora S.A.7

8.- La Fiduciaria, actuando en calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo del Fomag, precisó que las cesantías de los docentes no se administran
en cuentas individuales, sino que se rigen bajo el principio de unidad de caja, según
lo establecido en la Ley 91 de 1989, por lo que los valores que corresponden a las
mismas no se consignan, pues ya están presupuestadas y son trasladadas al fondo,
desde el primer mes de cada vigencia. Señaló que es imposibilidad física y jurídica

5 Visibles a folio 92 a 102 y 105 del escrito de tutela.
6 Expediente digital, intervención contenida en 25 folios con anexos.
7 Expediente digital, intervención contenida en 10 folios.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05335-00
Accionante: Doris Amparo López Soler
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

de apertura de cuentas individuales para cada docente afiliado al Fomag, se extiende
a la figura de consignación de cesantías, por lo que, en su lugar, los profesores tienen
la posibilidad de retirar sus cesantías siempre que la solicitud cumpla con los
requisitos legalmente establecidos. Por esa razón, adujo, la sanción moratoria
reclamada por el demandante no resulta procedente.

9.- Por otra parte, indicó que las circunstancias fácticas relacionadas con el caso
que desató la Corte Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018 no corresponden
a las mismas en las que se fundan las pretensiones de la demanda que resultó
desfavorable para la accionante y que hoy reclama por vía tutela. A su vez, resaltó
que las accionas actuaron conforme a la normatividad establecida.

10.- En razón a lo anterior solicitó que se declare improcedente la solicitud de
amparo, así como su desvinculación, en la medida en que no tiene legitimación en
la causa por pasiva.

(iii) Nación Ministerio de Educación Nacional8

11.- Indicó que el asunto no supera el requisito general de subsidiariedad, porque
el incidente de nulidad no ha sido agotado en el presente proceso, así como “demás
acciones ordinarias que propenden por la garantía del debido proceso y el no
agotamiento del aparato judicial”.

12.- Manifestó que si bien en su argumentación la parte accionante presenta la
supuesta vulneración del derecho al debido proceso y la transgresión de algunos
principios de naturaleza constitucional, no logra edificar una fundamentación clara
sobre la concreta relevancia constitucional y la necesidad de la intervención del juez
de amparo para hacer cesar las presuntas vulneraciones a los derechos
fundamentales invocados, ello atendiendo a que no basta con mencionar que se viola
un derecho, sino que debe asumirse una carga argumentativa mayor que demuestre
una real y concreta amenaza o vulneración a los derechos fundamentales.

13.- En razón a ello, concluyó que se presenta como debate procesal una
controversia de naturaleza estrictamente económica y un litigio que involucra
intereses privados, situación que excede la competencia del juez de tutela, por
carecer de absoluta relevancia constitucional, situación por la cual debería
declararse improcedente la presente acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES

C. Cuestión previa

14.- La Sala no accederá a la solicitud de desvinculación presentada por la
Fiduprevisora S.A., pues es claro que la entidad, en su calidad de vocera y
administradora del Patrimonio Autónomo del Fomag, participa de manera directa o

8 Expediente digital, intervención contenida en 14 folios.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05335-00
Accionante: Doris Amparo López Soler
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

indirecta, en los procesos administrativos relacionados con los asuntos laborales de
los docentes, y en esa medida desde sus distintas competencias concurre en la
distribución, manejo y administración de los recursos destinados para ese propósito.
En tal sentido, el reproche de la parte accionante se dirige a las actuaciones
adelantadas por aquella.

D. Análisis del caso concreto

15.- En el caso objeto de estudio, se cuestiona la decisión adoptada por el Tribunal
accionado, al considerar que el caso de la parte accionante se encontraba regulado
por el sistema anualizado de cesantías previsto en la Ley 91 de 1989, razón por la
cual no era posible reconocer a su favor el pago de la sanción moratoria prevista en
el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

16.- Revisados y valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que
se formulara el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, las
pruebas arrimadas por los extremos procesales y la decisión adoptada, la Sala
estima que la controversia propuesta por la accionante no cumple con el requisito
de relevancia constitucional debido a que:

(i) El debate propuesto en el escrito de demanda versa sobre la determinación de
aspectos legales, así como la correcta interpretación y aplicación de las normas que
regulan el reconocimiento y el pago de la sanción moratoria derivada de la
consignación tardía del beneficio de cesantías en el régimen prestacional de los
docentes oficiales, debate que de conformidad con el precedente establecido por la
Sala Plena de Corte Constitucional en la Sentencia SU-573 de 2019, no guarda
ningún tipo de relación con la garantía de derechos fundamentales, debido a su
naturaleza estrictamente económica.

(ii) Al realizar una revisión de los planteamientos expuestos en la demanda de
tutela, es posible advertir que su propósito es convertir el mecanismo de amparo
constitucional en una instancia adicional o complementaria al litigio contencioso
administrativo tramitado y concluido, al pretender reabrir un debate ya zanjado por
el juez natural de la causa por no estar de acuerdo con la decisión de negar las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

17.- En relación con el carácter meramente legal y económico de la controversia
propuesta por la accionante, se tiene que el debate propuesto versa sobre la correcta
interpretación y la aplicación de las disposiciones establecidas en el artículo 13 de la
Ley 344 de 1996, reglamentado por el artículo 1° del Decreto 1582 de 1998 y el
numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al Fomag.

18.- La parte actora sostiene que en virtud de la aplicación del principio de
favorabilidad las normas referidas son extensibles a los docentes afiliados al Fomag,
razón por la cual la autoridad judicial accionada debía reconocer y ordenar el pago
de la sanción moratoria. Por otra parte, la autoridad judicial accionada consideró que
al encontrarse cubierta por el sistema anualizado de cesantías regulado por la Ley
5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05335-00
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

91 de 1989, las disposiciones consagradas en los Decretos 344 de 1996 y 1582 de
1998 y en la Ley 50 de 1990, no eran aplicables al caso de la demandante.

19.- La Sala advierte que la diferencia interpretativa planteada no tiene relevancia
constitucional, para lo que resulta pertinente reiterar la postura desarrollada por la
Corte Constitucional en la Sentencia SU-573 de 2019, según la cual la sanción
moratoria generada por no consignación oportuna de cesantías no es un derecho
fundamental, ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza
constitucional. Esto debido a que: (i) al ser una penalidad, su naturaleza es accesoria
al derecho a recibir el pago del beneficio de cesantías, por lo que su reconocimiento
es de tipo legal y su carácter es netamente patrimonial y, (ii) al ser accesorio, el no
reconocimiento de la sanción moratoria no implica, en comienzo, una afectación al
derecho a la seguridad social o al mínimo vital, por lo que los accionantes se
encuentran obligados a aportar las pruebas que consideren necesarias para
demostrar cualquier tipo de afectación a los mencionados derechos.

20.- Teniendo en cuenta lo anterior, el caso objeto de estudio no se proyecta de
manera directa como una vulneración al derecho a la seguridad social de la parte
actora que demanda su protección, pues, tal y como se indicó la sanción por mora
establecida en la Ley 50 de 1990 es una cuestión económica cuya definición sobre
si está vinculada o no al derecho representado en el pago de la cesantía, no apunta
a la realización de un derecho de raigambre constitucional fundamental, sin que, por
demás, la accionante hubiera acreditado que la negativa del reconocimiento y pago
de la referida sanción produjera una afectación a su derecho al mínimo vital o
comprometiera gravemente su existencia o supervivencia.

21.- Sumado a lo anterior, la presunta configuración del defecto por
desconocimiento del precedente carece de relevancia constitucional. En primer
lugar, porque las decisiones siguientes decisiones, que el accionante alega como
desconocidas, no fueron puestas en conocimiento de la autoridad judicial accionada
en el trámite del recurso de apelación: sentencias SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020
de la Corte Constitucional, y las sentencias proferidas por el Consejo de Estado en
los procesos 11001-03-15-000-2018-04617-01, 11001-03-15-000-2018-04679-00,
76001-23-33- 000-2013-00756-01, 47-001-23-33-000-2019-00359-01, 47-001-23-
33-000-2019-00376-01, 08001-23-33-000-2015-00509-01 y 08001-23-33-000-2015-
90124-01. En ese sentido, resulta improcedente que utilice la acción de tutela como
una tercera instancia para presentar argumentos que no formuló oportunamente en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

22.- De igual forma se tiene que las sentencias proferidas por los Tribunales y
Jueces Administrativos del Circuito tampoco fueron puestas en conocimiento de la
autoridad judicial accionada. Además, es importante aclarar que al ser proferidas por
jueces de igual o menor jerarquía no pueden ser asumidas como precedentes
aplicables al caso concreto, ni tampoco son útiles para respaldar los alegatos
propuestos en la demanda.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05335-00
Accionante: Doris Amparo López Soler
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

23.- En segundo lugar, las siguientes providencias no guardan identidad fáctica con
el caso resuelto por el Tribunal accionado, razón por la cual no es posible que se
alegue su desconocimiento como precedentes: sentencias SU-332 de 2019 y SU-
041 de 2020 de la Corte Constitucional, y las sentencias proferidas por el Consejo
de Estado en los procesos 08001-23-33-000-2013-00666-01, 19001-23- 33-
0002015-00445-02, 40001-23-40-000-2017-00134-01 y 080001-23-40-000-2015-
90008-019. Además, las sentencias de tutela con el número 11001-0315-000-2018-
03499-01, 11001-03-15-000-2018-04617-01 y 11001-03-15-000-2018-04679-01
tampoco resultan aplicables al caso concreto, pues solo producen efectos inter
partes.

24.- Por último, el alegato relacionado con el desconocimiento de la Sentencia SU-
098 de 2018, proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional, que sustentó
principalmente el recurso de apelación formulado por la demandante en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho cuestionado, a primera vista, no permite
evidenciar la existencia de una afectación desproporcionada del derecho a la
igualdad o a la seguridad jurídica que tenga relevancia constitucional.

25.- Así, el Tribunal accionado, siguiendo las pautas establecidas por el Alto
Tribunal Constitucional, según las cuales en virtud del principio de autonomía los
jueces pueden apartarse del precedente judicial o constitucional, siempre que
cumplan con los principios de transparencia y de razón suficiente, lo cual exige de
ellos una especial carga argumentativa10, reconoció la existencia de la Sentencia SU-
98 de 2018. Sin embargo, estimó que dicha providencia no constituye precedente
para el caso concreto, toda vez que no guarda identidad fáctica con el asunto objeto
de análisis, pues en ese caso se abordó el estudio de un docente que se retiró del
servicio y que, además, nunca fue afiliado al Fomag ni a ningún otro fondo, mientras
que la aquí actora si fue afiliada al Fomag y se le han reconocido y liquidado sus
cesantías anualmente, tal como lo sostuvo la misma Corte en el fallo SU-573 de
2019.

26.- En los términos precedentes, la Sala estima que los alegatos propuestos por el
accionante tendientes a demostrar la existencia de un defecto por desconocimiento
del precedente no implican la existencia de una restricción desproporcionada del
derecho a la igualdad y la seguridad jurídica de la parte actora. Por el contrario, la
Sala encuentra que el presunto desconocimiento del precedente busca reabrir un
debate de naturaleza legal y económica que fue resuelto por los jueces contencioso
administrativos y que las presuntas deficiencias alegadas respecto de la decisión
adoptada en sede de segunda instancia dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, responden, en realidad, a una mera discrepancia

9 Los fundamentos fácticos relevantes de estos casos, así como los problemas jurídicos resueltos en tales

providencias se exponen en las sentencias proferidas por esta subsección en los procesos 11001-03-15-000-
2023-00518-00 y 11001-03-15-000-2023-00704-00, entre otros.
10 Al respecto, la Corte ha señalado que “[e]l principio de transparencia exige que el juez haga «referencia al

precedente que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si
nunca hubiera existido» y el principio de razón suficiente, que «explique de manera suficiente y razonada los
motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por
un juez de igual o superior jerarquía”. Sentencias SU-027 de 2020 y T-072 de 2022.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05335-00
Accionante: Doris Amparo López Soler
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

valorativa sobre el resultado desfavorable del proceso que no es susceptible de
admitirse como una causal de procedibilidad especial, pues siempre que se trate de
interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural el llamado a fijar aquella
que mejor se ajuste al caso de que se trate, conforme a los criterios de la sana crítica
y en virtud de su autonomía e independencia.

27.- Cabe destacar que la jurisprudencia constitucional no ha considerado factible
la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales, cuando quiera
que estas se fundamentan en un determinado criterio jurídico, en una razonable
interpretación de las normas que son aplicables a la causa y en una valoración
adecuada de las pruebas allegadas, ya que de no ser ello así, habría una intromisión
arbitraria del juez de tutela que menoscabaría de manera grave los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial, los cuales, en forma precisa,
habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y procesal11.

28.- Con todo, no sobra resaltar que si bien para la fecha en que se profirió la
decisión acusada no existía una tesis unificadora por parte del Consejo de Estado,
como máximo órgano de lo contencioso administrativo, que permitiera zanjar de
manera definitiva la discusión en torno al reconocimiento de la sanción moratoria por
la consignación tardía de las cesantías a favor de los docentes oficiales que se
encuentran afiliados al Fomag, lo cierto es que en un reciente pronunciamiento 12 la
Sección Segunda esta Corporación unificó la jurisprudencia sobre la materia bajo el
siguiente criterio:

<< Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera
que es incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley
91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté afiliado
al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del
artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal.>>

29.- Por todo lo anterior, la acción de tutela que se examina no cumple con el
requisito general de relevancia constitucional. En consecuencia, la Sala declarará la
improcedencia de la acción de tutela impetrada por la señora Doris Amparo López
Soler.

30.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

11 Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional.
12 Sentencia de unificación SU-032-CE-S2 del 11 de octubre de 2023.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05335-00
Accionante: Doris Amparo López Soler
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE13
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

13 VF

9

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