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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05359-01

Fecha
25 de enero de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05359-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 19 de octubre de 2023 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, conforme con las razones expuestas en la parte considerativa. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-05359-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

25 de enero de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05359-01
Accionante: Elizabeth Hernández Villamil

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05359-01
Accionante: ELIZABETH HERNÁNDEZ VILLAMIL
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ – SALA DE
DECISIÓN 4

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate
planteado por la parte actora es de naturaleza legal y
económica.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la accionante en contra del
fallo de tutela proferido el 19 de octubre de 2023 por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Elizabeth Hernández Villamil, actuando por conducto de
apoderado, promovió acción de tutela en contra de la sentencia proferida
el 27 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Decisión 4, y para ello formuló las siguientes pretensiones1:

“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
BOYACÁ en la sentencia proferida el día 6/27/2023, en el
expediente rad. No. 15001333300720220008301, transgredió

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Accionante: Elizabeth Hernández Villamil

los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A
LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL
TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E
INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO,
GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS,
SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE
PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la (sic) accionante, por
considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los
postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional
y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso
administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos
fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la
providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva,
atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el
tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17
de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de
Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento
y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda
[…]”. [Mayúsculas y negrillas en el escrito de tutela].

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La parte actora informó que es docente y que labora para el departamento
de Boyacá, con vinculación posterior al año de 1990, razón por la que
considera tiene derecho al reconocimiento y pago de las cesantías por el
régimen anualizado, con pago de interés cada año.

Aseveró que el 15 de febrero de 2021 no le fueron consignadas las
cesantías por parte del Ministerio de Educación Nacional al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, fondo al que pertenece
por los servicios prestados en el año 2020.

Manifestó que el 8 de marzo de 2021 solicitó al precitado ente territorial
el pago de las cesantías y el reconocimiento de la sanción por mora
establecida por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y en la reiterada
jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

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Accionante: Elizabeth Hernández Villamil

Señaló que la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá emitió
el acto administrativo identificado como 1.2.5.1.1 del 26 de agosto de
2021 “(…) donde niegan el reconocimiento y pago de la SANCIÓN POR
MORA por la no consignación oportuna de las cesantías establecida en la
Ley 50 de 1990, artículo 99, (…) así como también niegan el derecho a la
INDEMNIZACIÓN, por el pago tardío de los intereses a las cesantías, que
se encuentra establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, la Ley 50
de 1990 y el Decreto Nacional 1176 de 1991 (…)”.

La accionante, actuando por conducto de apoderado, presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación –
Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio - FOMAG - y el departamento de Boyacá, con el fin que se
declarara la nulidad del precitado acto administrativo proferido el 26 de
agosto de 2021.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Séptimo Administrativo
de Tunja (radicado nro. 15001-33-33-007-2022-00083-00/01) que, en
sentencia del 14 de diciembre de 2022, negó las pretensiones, decisión
contra la que la parte actora interpuso recurso de apelación, y la Sala de
Decisión 4 del Tribunal Administrativo de Boyacá, en sentencia del 27 de
junio de 2023 la confirmó.

La parte actora indicó que “(…) de acuerdo con la sentencia SU 098 de
2018, en virtud del principio de igualdad, in dubio pro operario y de
conformidad con la Ley 244 de 1995 adicionada por la Ley 1071 de 2006
no se debe excluir al sector oficial docente de la aplicación de la Ley 50
de 1990, pues al tener los mismos carácter de servidores públicos, son
beneficiarios de la sanción moratoria prevista en dichas disposiciones a
modo de correctivo, represivo e inclusive preventivo para garantizar el
pago oportuno de la prestación social (…)”2.

2
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Accionante: Elizabeth Hernández Villamil

Anotó que, en el trámite del proceso ordinario, los juzgadores de manera
caprichosa no aplicaron el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes
del sector oficial en calidad de servidores públicos, y que dicha decisión
no sólo vulneró su derecho fundamental a la igualdad, sino también el
derecho a la seguridad social.

Sostuvo que la sentencia cuestionada no fue proferida acorde con la
normatividad que regula la materia y la jurisprudencia y afirmó que el
tribunal accionado no tuvo en cuenta “(…) las últimas 21 sentencias del
Consejo de Estado, donde esta alta jurisdicción contenciosa
administrativa se hace la pregunta ¿le es aplicable sí o no, la Ley 50 de
1990 a los docentes afiliados al FOMAG? Y el Consejo de Estado, al
unísono, en su sección segunda en sus diferentes salas, compuestas por
sus 6 consejeros, cada uno de ellos en sus diferentes ponencias han
expedido sentencias haciéndose la misma pregunta y la respuesta ha sido
siempre positiva (…)”3.

Al respecto, hizo una relación de las sentencias proferidas por la Sección
Segunda de esta Corporación el 6 de agosto de 20204, el 24 de enero de
20195, 17 de junio de 20196, 28 de junio de 20197, el 29 de julio de 20198,
el 2 de diciembre de 20199, el 10 de junio de 202010, 22 de octubre de
202011, 12 de noviembre de 202012, 17 de junio de 202113, 4 de
noviembre de 202114, 25 de noviembre de 202115, 11 de noviembre de

3
Ibidem.
4
Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2013 00666 01.
5
Proceso identificado con el radicado nro. 76001 23 31 000 2009 00867 01.
6
Proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 15 000 2018 04617 01.
7
Proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 15 000 2018 04679 01.
8
Proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 15 000 2018 03499 01.
9
Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2014 00173 01.
10
Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2014 00208 01.
11
Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 31 000 2014 00254 01.
12
Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2014 00132 01.
13
Procesos identificados con los radicados nro. 08001 23 31 000 2014 00815 01 y nro.
08001 23 33 000 2015 00331 01.
14
Proceso identificado con el radicado nro. 19001 23 33 000 2015 00445 02.
15
Procesos identificados con los radicados nro. 08001 23 33 000 2014 01127 01 y 40001
23 40 000 2017 00134 01.
4

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Accionante: Elizabeth Hernández Villamil

202116, 20 de enero de 202217, 3 de marzo de 202218, 28 de abril de
202219, 9 de mayo de 202220, 19 de mayo de 202221, 1 de julio de 202222,
22 de agosto de 202223, 22 de septiembre de 202224, 19 de enero de
202325 y 26 de enero de 202326.

Agregó que también se desconoció lo dispuesto por la Corte Constitucional
en las sentencias SU-098 del 17 de octubre 2018, SU-332 del 25 de julio
2019 y SU-041 del 6 de febrero 2020.

Explicó que, en sede de tutela, la Subsección B, Sección Segunda del
Consejo de Estado, en providencia proferida el 23 de marzo de 202327
“(…) analizó un caso con una idéntica naturaleza al que nos ocupa,
encontrando superados los requisitos de procedibilidad de la tutela y de
manera específica consideró que el juzgador de segunda instancia incurrió
en desconocimiento del precedente (…)”28, por lo tanto, solicitó que en el
presente asunto se dicte sentencia de tutela en igual sentido.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 22 de septiembre de 202329 a través de la
ventanilla virtual de esta Corporación y correspondió por reparto a la

16
Procesos identificados con los radicados nro. 08001 23 40 000 2014 90022 01 y
080001 23 40 000 2015 90008 01.
17
Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2017 00931 01.
18
Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2015 00075 01.
19
Proceso identificado con el radicado nro. 76001 23 33 000 2013 00756 01.
20
Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 40 000 2017 00795 01.
21
Proceso identificado con el radicado nro. 47001 23 33 000 2019 00359 01.
22
Proceso identificado con el radicado nro. 47001 23 33 000 2019 00376 01.
23
Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2015 00509 01.
24
Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2015 90124 01.
25
Proceso identificado con el radicado nro. 76001 23 31 000 2012 00212 02.
26
Proceso identificado con el radicado nro. 47001 23 33 000 2018 00231 01.
27
Proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01063 00.
28
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05359 00.
29
Ibidem.
5

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05359-01
Accionante: Elizabeth Hernández Villamil

Sección Cuarta que, por auto del 26 de septiembre de 202330 la admitió,
dispuso notificar31 a los magistrados de la Sala de Decisión 4 del Tribunal
Administrativo de Boyacá como parte accionada, así como al Juzgado
Séptimo Administrativo de Tunja, la Nación – Ministerio de Educación
Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG), a la Fiduciaria la Previsora S.A. y al departamento de Boyacá,
como terceros interesados en el resultado del proceso32.

De igual forma, requirió al Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Decisión 4 y al Juzgado Séptimo Administrativo de Tunja que remitiera
copia digital del proceso con radicado nro. 15001-33-33-007-2022-
00083-00/01, el cual fue remitido33.

3.2. El titular del Juzgado Séptimo Administrativo de Tunja rindió
informe34 en el que resumió el trámite que se surtió en primera instancia
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de esta
acción de tutela, y sostuvo que la decisión adoptada por dicho despacho
fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, y no resulta lesiva de los derechos fundamentales alegados en la
tutela, toda vez que se fundamentó en las normas y jurisprudencia
aplicables al control judicial de nulidad y restablecimiento del derecho.

3.3. La coordinadora de tutelas de la Fiduprevisora S.A. allegó escrito35,
en el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela y
se desvincule a dicha entidad del trámite tutelar por no estar legitimados
en la causa por pasiva.

30
Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05359 00.
31
Esta orden se cumplió el 28 de septiembre de 2023. Visto en el índice 8 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023
05359 00.
32
Ibidem.
33
Visto en los índices 9 y 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05359 00
34
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05359 00.
35
Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05359 00.
6

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Accionante: Elizabeth Hernández Villamil

Expuso que Fiduprevisora S.A. actúa en calidad de vocera y
administradora del Patrimonio Autónomo del FOMAG, y que las
autoridades judiciales que conocieron el proceso actuaron conforme con
las normas aplicables, sin que se pueda aducir que el tribunal accionado
haya desconocido, entre otros, los precedentes judiciales relacionados
con el tema objeto de debate.

3.4. El magistrado ponente de la providencia cuestionada rindió informe36,
en el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela,
comoquiera que la cuestión discutida carece de relevancia constitucional.

Indicó que el asunto bajo examen versa sobre prerrogativas
eminentemente legales y de carácter económico, como son la sanción
moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías anualizadas
y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías.
Agregó que dichos conceptos laborales no tienen relación directa con un
derecho fundamental, y que la accionante, en ningún momento afirmó
que se esté vulnerando su mínimo vital, máxime cuando mantiene una
relación legal y reglamentaria de la que se deriva una remuneración
habitual y periódica.

3.5. La apoderada del departamento de Boyacá presentó memorial37 en
el que solicitó se desestimen las pretensiones de la accionante, teniendo
en cuenta que no existe vulneración de los derechos fundamentales
invocados.

Señaló que la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50
de 1990 no es aplicable a los docentes oficiales afiliados al FOMAG,
comoquiera que a estos servidores los ampara un régimen jurídico
especial en materia de reconocimiento y pago cesantías que no prevé tal
sanción.

36
Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05359 00.
37
Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Accionante: Elizabeth Hernández Villamil

Agregó que el trámite, tal como está establecido en la norma especial,
se cumplió en su integridad, puesto que la liquidación para el año 2021
se hizo dentro de los 20 primeros días hábiles del mes de enero y se
remitió al Fondo en medio electrónico el 4 de febrero y en medio de físico
el 5 de febrero de 2021.

Indicó que “(…) el medio de tutela como mecanismo transitorio y
excepcional no constituiría un instrumento dable y garantista para
acceder a las pretensiones de la parte accionante, puesto que tal como se
sustentó por parte del Tribunal Administrativo de Boyacá en ejercicio de
los criterios de transparencia y suficiencia se apartó de las decisiones
emitidas por el Consejo de Estado (…)”.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia del 19 de octubre
de 202338, declaró improcedente la acción de tutela, por considerar que
en el caso no se supera el requisito general de relevancia constitucional.

Señaló que la parte actora reiteró en la tutela los argumentos planteados
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que acudió
al mecanismo constitucional para insistir en el debate legal ya decidido
por el juez natural de la controversia, finalidad para la que no está
previsto este medio judicial.

Indicó que si bien la parte actora hizo referencia a la sentencia de tutela
del 23 de marzo de 2023, proferida por la Subsección B, Sección Segunda
de esta Corporación, sobre dicha providencia se declaró la nulidad por
parte de la Sección Primera del Consejo de Estado, por indebida
conformación del contradictorio.

38
Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05359 00.
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Agregó que en la sentencia SU-573 de 2019 de la Corte Constitucional,
frente a un asunto con idéntica situación fáctica y jurídica, dicha alta
Corporación judicial concluyó que la tutela carecía de relevancia
constitucional porque i) versaba sobre una cuestión meramente legal, que
no impactaba la garantía de derechos fundamentales, sino patrimoniales;
ii) la discusión propuesta no involucraba la protección de derechos
fundamentales, y iii) los demandantes pretendían reabrir la controversia
legal.

5. EL TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, la accionante lo
impugnó manifestando lo siguiente39:

Aseveró que la acción de tutela sí cumple con el requisito general de
relevancia constitucional, e hizo referencia a la sentencia del 23 de marzo
de 2023 proferida por la Subsección B, Sección Segunda de esta
Corporación, para acotar que allí se analizó un caso con idéntica
naturaleza en el que se consideró que sí se superaban los requisitos
generales de procedibilidad y, de manera específica, que la autoridad
judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente, razón por
la que solicitó que en este caso se profiera sentencia en igual sentido;
también hizo referencia a la sentencia proferida el 17 de abril de 2023 en
la acción de tutela identificada con el radicado nro. 11001 03 15 000 2023
00965 00.

De acuerdo con lo anterior, indicó que se debe analizar si el fallo objeto
del recurso de amparo desconoció los derechos fundamentales de la
accionante, al no tener en cuenta el régimen aplicable a los docentes para
el pago de la sanción por la tardanza en la consignación del auxilio de
cesantías.

39
Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05359 00.
9

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05359-01
Accionante: Elizabeth Hernández Villamil

5.2. Por auto del 8 de noviembre de 2023, el despacho ponente de la
primera instancia concedió la impugnación40.

5.3. La impugnación fue asignada a esta Sección por acta de reparto del
23 de noviembre de 202341.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199142, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201543, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202144, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201945 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.

6.2. HECHOS RELEVANTES

40
Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05359 00.
41
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05359 01.
42
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
43
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
44
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
45
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
10

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05359-01
Accionante: Elizabeth Hernández Villamil

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente46:

6.2.1. La señora Elizabeth Hernández Villamil, actuando por conducto de
apoderado, promovió demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de
Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio – FOMAG y el departamento de Boyacá, con el fin de que se
declarara la nulidad del acto administrativo identificado como 1.2.5.1.1
del 26 de agosto de 2021, mediante la cual se negó el reconocimiento y
pago de la sanción por mora por la no consignación oportuna de las
cesantías establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, así como la
indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías prevista
en la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a las
demandadas a reconocer y pagar la sanción por mora señalada en el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990, equivalente a un día de su salario por
cada día de retardo, contados desde el 15 de febrero del año 2021; así
como la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías,
que se refiere el artículo 1 de la Ley 52 de 1975.

6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Séptimo
Administrativo de Tunja que, en sentencia proferida el 14 de diciembre
de 2022, negó las pretensiones.

6.2.3. En contra de la precitada decisión la parte actora interpuso recurso
de apelación, y la Sala de Decisión 4 del Tribunal Administrativo de
Boyacá, en sentencia del 27 de junio de 2023, la confirmó.

46
Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado nro. 15001-33-33-007-2022-00083-00/01. Visto en los índices 2 y 9 de
la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15
000 2023 05359 00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05359-01
Accionante: Elizabeth Hernández Villamil

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Teniendo en cuenta que el a quo declaró improcedente la acción de tutela
por no cumplir el requisito general de relevancia constitucional, y la parte
recurrente insiste en la impugnación que dicho requisito sí está cumplido,
la Sala se detendrá en el mismo, y para ello, examinará: (i) los criterios
que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional,
para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.

6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional47

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”48.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta

47
Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos
términos en la sentencia C – 590 de 2005.
48
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
12

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Accionante: Elizabeth Hernández Villamil

es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional49.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades50:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia51. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.

6.3.2. Caso concreto

Para determinar si está superada la relevancia constitucional, la Sala
examinará el segundo criterio que la compone, el cual busca preservar la
competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones

49
En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó
que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben
aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez
debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
50
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracia, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
51
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
13

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diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

Frente a este segundo elemento la Corte Constitucional ha dicho que 52
“(…) la controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no
meramente legal y/o económico. Según la jurisprudencia constitucional,
las discusiones de orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de
índole económica, deben ser resueltas mediante los mecanismos
ordinarios dispuestos para su trámite, dado que “le está prohibido al juez
de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de carácter
netamente legal o reglamentario”, so pena de “involucrarse
en [cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones” (…)”.

En ese sentido, anotó que53 “en tales términos, un asunto carece de
relevancia constitucional, según lo ha considerado la Corte, (i) cuando la
discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un
derecho, como la correcta interpretación o aplicación de una norma ‘de
rango reglamentario o legal’, salvo que de esta ‘se desprend[a]n
violaciones a los derechos y deberes constitucionales’ o (ii) cuando sea
evidente su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una
controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o
privadas, ‘que no representen un interés general’”.

La Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU – 573 de 2019
revocó los fallos de tutela proferidos por la Sección Quinta del Consejo de
Estado que confirmaron la decisión de primera instancia en la que fueron
negados los amparos y, en su lugar, declaró improcedentes las tutelas
por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.

En dicha oportunidad, las accionantes promovieron las solicitudes de
amparo con el fin de controvertir las sentencias proferidas por la
Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado que, en el marco

52
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.
53
Ibidem.
14

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de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho adelantados
por las allí tutelantes, negaron el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías prevista por
el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996.

Para resolver, la Corte Constitucional consideró que el asunto no tenía
relevancia constitucional con fundamento, entre otras razones, porque la
“sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías no es
un derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía
de naturaleza constitucional”, a lo que agregó que cualquier pago
adicional que no corresponda con la finalidad de las cesantías, sino una
penalidad para el empleador que no las consigna al fondo o las paga al
trabajador, es un reconocimiento de fuente legal con carácter netamente
patrimonial.

La Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que el segundo elemento que la
compone, esto es, preservar la competencia y la independencia de los
jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto,
evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad o de naturaleza económica, no está superado.

Lo anterior, debido a que la discusión planteada por la parte actora es de
naturaleza legal y económica porque involucra determinar si se debe
condenar a la parte demandada del proceso ordinario al reconocimiento y
pago de la sanción por mora establecida por el artículo 99 de la Ley 50 de
1990 por el no pago oportuno de las cesantías, bajo la consideración que
“(…) no se debe excluir al sector oficial docente de la aplicación de la Ley
50 de 1990, pues al tener los mismos carácter de servidores públicos, son
beneficiarios de la sanción moratoria prevista en dichas disposiciones
(…)”54.

54
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05359 00.
15

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En esa medida, se trata de un debate meramente legal porque conlleva
la discusión sobre el alcance del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y es de
naturaleza económica, dado que el objeto del litigio en el proceso
ordinario giró en torno al reconocimiento y pago de la sanción por mora
por el no pago oportuno de las cesantías, discusión que no compromete
derecho fundamental alguno.

En este punto, se destaca que la inconformidad de la parte actora radica
en que las autoridades judiciales resolvieron el caso sin atender la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado; sin
embargo, en el escrito de tutela e impugnación se limitó a enlistar las
providencias que estima eran aplicables, pero no identificó frente a cada
una de ellas la regla que estima fue desatendida, lo que implicaba señalar
el problema jurídico que fue resuelto en uno y otro caso, así como la
identidad de los hechos y fundamentos de derecho, comparados con el
asunto que es objeto de tutela, tal y como lo ha considerado esta Sala,
en asuntos similares55.

En cuanto al fallo de tutela proferido el 23 de marzo de 2023 por la
Subsección B, Sección Segunda, del Consejo de Estado, en la acción de
tutela con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01063 00, que la
accionante citó en la impugnación, es preciso indicar que mediante
providencia dictada el 16 de junio de 202356 fue declarada la nulidad de
lo actuado en dicha tutela a partir del auto proferido el 1 de marzo de
2023, que admitió la acción, decisión cuyos efectos cobijaron el precitado
fallo.

Así mismo, frente a la sentencia proferida el 17 de abril de 2023 por la
Subsección B, Sección Segunda, del Consejo de Estado, en la acción de
tutela con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00965 00, que la

55
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 7 de julio de 2023. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 11001
03 15 000 2023 02776 00; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Sentencia del 31 de agosto de 2023. C.P. Oswaldo Giraldo López.
Expediente radicación nro. 11001 03 15 000 2023 02496 01.
56
Visto en el índice 31 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01063 00.
16

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accionante también citó en la impugnación, es pertinente señalar que
mediante providencia dictada el 17 de julio de 202357 se revocó el
precitado fallo y se declaró improcedente la solicitud de amparo
presentada.

En todo caso, se resalta que los fallos de tutela tienen efectos inter partes,
y las dos decisiones citadas por la accionante, previamente referenciadas,
no fueron proferidas por esta Sala, por lo que no resultarían vinculantes.

Por último, la Sala destaca que la Sección Segunda de esta Corporación
en sentencia del 11 de octubre de 202358 unificó la jurisprudencia del
Consejo de Estado en el sentido de precisar que “(…) los docentes
estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria
prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera
que es incompatible con el sistema de administración de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en
servicio activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50
de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo
de protección social en favor del docente estatal (…)”. Adicionalmente,
dispuso que la regla jurisprudencial se aplicará a todos los casos
pendientes de solución tanto en vía administrativa como judicial, a través
de acciones ordinarias, en los términos de los artículos 10 y 102 del
CPACA, con la salvedad de aquellos en los que haya operado la cosa
juzgada, los cuales, en función del principio de seguridad jurídica, son
inmodificables.

En consecuencia, la petición de amparo es improcedente por cuanto no
cumple con el requisito general de relevancia constitucional, por lo que se
confirmará el fallo proferido el 19 de octubre de 2023 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado.

57
Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00965 01.
58
Proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho nro. 66001 33
33 001 2022 00016 01.
17

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05359-01
Accionante: Elizabeth Hernández Villamil

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 19 de octubre de
2023 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, conforme con las
razones expuestas en la parte considerativa.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

18

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