Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05359-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05359-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-05359-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
19 de octubre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05359-00
Actor: Elizabeth Hernández Villamil
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05359-00
Demandante: ELIZABETH HERNÁNDEZ VILLAMIL
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ -SALA CUARTA
DE DECISIÓN-
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de obtener el reconocimiento
de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 por pago tardío
de las cesantías. Requisito de la relevancia constitucional
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Elizabeth Hernández Villamil, quien actúa por conducto
de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, con el objeto
de que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad
social, igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los principios
de favorabilidad laboral, a la seguridad jurídica y la “perpetuatio jurisdictionis”, los
cuales considera vulnerados con la sentencia de 27 de junio de 2023, proferida en
el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido contra el Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Boyacá, cuya
pretensión se orientaba a acceder al reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías establecido en la Ley 50 de 1990.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La accionante relató que se vinculó “después del año de 1990” como docente del
departamento de Boyacá, y que el 15 de febrero de 2021 el Ministerio de
Educación Nacional no consignó las cesantías correspondientes al año 2020, por
lo que el 8 de marzo de 2021 presentó una petición ante el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG) y Fiduprevisora S.A.,
con el fin de que se materializara el pago de la sanción moratoria establecida en
el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 .
Indicó que mediante acto administrativo identificado con el No. 1.2.5.1.1 – 38 de
fecha 26 de agosto de 2021 la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá
negó la precitada solicitud.
Afirmó que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho presentó demanda contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, el
FOMAG, Fiduprevisora S.A. y el departamento de Boyacá, para que se anulara el
acto administrativo identificado con el No 1.2.5.1.1 – 38 de fecha 26 de agosto de
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05359-00
Actor: Elizabeth Hernández Villamil
2021 y se reconociera la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías
regulada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
Indicó que el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Tunja en sentencia
de 14 de diciembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda.
Finalmente, manifestó que contra la anterior decisión interpuso recurso de
apelación, en el que señaló un abundante número de sentencias del Consejo de
Estado y la Corte Constitucional. El Tribunal Administrativo de Boyacá en fallo de
27 de junio de 2023, la confirmó íntegramente.
2. Fundamentos de la acción
La parte actora comenzó por referirse a algunos de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial,
sobre la relevancia constitucional citó la sentencia de tutela del 23 de marzo de
2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en el
proceso No. 11001031500020230106300.
Alegó la configuración del defecto sustantivo, violación directa de la
Constitución y desconocimiento del precedente judicial de la Corte
Constitucional, fijado en las sentencias de unificación SU-098 de 20181, SU-332
de 20192 y SU-041 de 20203, y del Consejo de Estado establecido en las
siguientes sentencias: del 6 de agosto de 20204, 24 de enero de 20195, 17 de junio
de 20196, 28 de junio de 20197, 29 de julio de 20198, 2 de diciembre de 20199, 10
de junio de 202010, 22 de octubre de 202011, 12 de noviembre de 202012, 17 de
junio de 202113, 414, 2515 y 11 de noviembre de 202116, 20 de enero de 202217, 3
de marzo de 202218, 28 de abril de 202219, 920 y 19 de mayo de 202221, 1 de julio
1
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
2
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
3
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
4
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2013- 00666-01 (0833-
16), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
5
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de enero de 2019, Exp. 76001-23-31- 000- 200900867- 01 (4854-
2014), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
6
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2019. Exp. 11001-03-15- 000-2018- 04617-01, C.P.
Nicolás Yepes Corrales
7
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de junio de 2019, Exp. 11001-03-15- 000-2018- 04679-01, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés
8
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de julio de 2019, Exp. 11001-0315- 000-2018- 03499-01, C.P.
Nicolás Yepes Corrales.
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de diciembre de 2019, Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-01 (1688-
16), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de junio de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2014- 00208-01(0324-
2016), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
11
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de octubre de 2020, Exp. 08001-23-31- 000-2014- 00254-
01(4960-2017), C.P. William Hernández Gómez.
12
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de noviembre de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2014- 00132-01,
C.P. William Hernández Gómez.
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de junio de 2021, Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–
2017), C.P. Gabriel Valbuena Hernández y Exp. 08001-23-33- 000-2015- 00331-01), C.P. César Palomino Cortés.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de noviembre de 2021, Exp. 19001-23-33- 000-2015- 00445-
02(0483-20), C.P. William Hernández Gómez.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021, Exp. 08001-23-33- 000-2014- 01127-01
(1002-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021,
Exp. 40001-23-40- 000-2017- 00134-01 (2208-2020), C.P. William Hernández Gómez.
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-23- 40-000-2015- 90008-01
(2387-2020), C.P. William Hernández Gómez; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de
2021, Exp. 080001-23- 40-000-2014- 90022-01 (5154-2016), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 20 de enero de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-2017- 00931-01
(1001-2021), C.P. Gabriel Valbuena Hernández
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 3 de marzo de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-2015- 00075-01.
Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 76001-23-33-000-2013-00756-01. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. (2660-
2020), C.P. William Hernández Gómez. Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 080001-23-40-000-2017-00795-
01. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05359-00
Actor: Elizabeth Hernández Villamil
de 202222, 22 de agosto de 202223, 22 de septiembre de 202224, 1925 y 2626 de
enero de 2023.
Por último, se refirió a sentencias proferidas por Juzgados Administrativos del
Circuito en donde se han aplicado estos precedentes judiciales. No obstante, la
Sala se abstiene de citarlos porque se descarta desde ya la fuerza vinculante que
tienen para el Tribunal Administrativo de Boyacá.
3. Pretensiones
La accionante formuló las siguientes:
“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia
proferida el día 6/27/2023, en el expediente rad. No. 15001333300720220008301,
transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO
DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES
FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA
IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD
JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la
accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los
postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de
cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando
los derechos fundamentales de la accionada.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes
judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098
de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado
mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por
mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en
los siguientes expedientes”:
4. Pruebas relevantes
Obra en el expediente copia de la sentencia 27 de junio de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá.
5. Trámite procesal
Por auto de 26 de septiembre de 2023, el despacho de la magistrada
sustanciadora admitió la demanda y ordenó notificar a la parte demandante, a la
autoridad judicial demandada, así como al Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Tunja, a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), a Fiduprevisora S.A. y al
departamento de Boyacá– Secretaría de Educación, como terceros interesados en
el resultado del proceso.
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de abril de 2022, Exp. 76001-23-33- 000-2013- 00756-01 (2224-
2020), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de mayo de 2022, Exp. 080001-23- 40-000-2017- 00795-01 (2659-
2020), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
21
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-23- 33-000-2019- 00359-01
(4004-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-23- 33-000-2019- 00376-01
(4462-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de agosto de 2022, Exp. 08001-23-33- 000-2015- 00509-01
(2140-2020), C.P. César Palomino Cortés.
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2022, Exp 08001-23-33- 000-2015- 90124-01
(2394-2020), C.P. César Palomino Cortés.
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de enero de 2023, Exp 76001-23-31- 000-2012- 00212-02 (4470-
2021) , C.P. William Hernández Gómez.
26
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de enero de 2023, Exp 47001-23-33- 000-2018-0231- 01 (0871-
2020), C.P. Rafael Francisco Gómez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05359-00
Actor: Elizabeth Hernández Villamil
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 104204 a 104211
todos de 28 de septiembre de 202327, con el fin de notificar a las partes.
6. Oposición
6.1. El magistrado del Tribunal Administrativo de Boyacá solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela por no cumplir el presupuesto de relevancia
constitucional o que en su defecto se nieguen las pretensiones de la demanda. En
ese sentido, señaló que la postura inicialmente consagrada en la sentencia SU-
098 de 2018, expresada como fundamento de la demanda, fue modificada en la
sentencia SU-573 de 2019 en el sentido de señalar que carecen de relevancia
constitucional las acciones de tutela interpuestas contra las sentencias ordinarias
que niegan el reconocimiento de la sanción moratoria para los docentes oficiales.
6.2. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Tunja pidió que se
nieguen las pretensiones de la demanda al considerar que la decisión
cuestionada se fundamentó en la normatividad y jurisprudencia aplicables para el
estudio de la problemática del caso bajo estudio relativa al pago de la sanción e
indemnización previstas en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y artículo 1 de la
Ley 52 de 1975 en favor de docentes, que permitieron concluir que las citadas
normas no resultaban compatibles con el régimen especial de cesantías de los
docentes, porque estaban dirigidas a trabajadores del sector privado, a lo que
agregó que la incorporación que se realiza del régimen de cesantías anualizado
para los servidores públicos con la Ley 344 de 1996, en su artículo 13,
expresamente excluye el régimen especial de los docentes de la Ley 91 de 1989.
6.3. La coordinadora de tutelas de la Fiduprevisora S.A. como vocera y
administradora del FOMAG pidió que se declare improcedente la solicitud de
amparo por no cumplir con las causales generales y específicas de procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial y solicitó ser desvinculada por
carecer de competencia frente a las pretensiones de la demandante.
6.4. La apoderada del departamento de Boyacá pidió que se nieguen las
pretensiones de la demanda al considerar que la decisión cuestionada se
encuentra debidamente fundamentada en la normatividad aplicable al caso
concreto, por lo que la autoridad judicial accionada no incurrió en una vía de
hecho, a lo que agregó que la actora emplea el mecanismo de protección
constitucional para manifestar su desacuerdo con la decisión.
6.5. El Ministerio de Educación Nacional no se pronunció pese a que, como se
vio, fue debidamente notificado.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
27
La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes
direcciones de correo electrónico: yobanylopeznotijud@gmail.com, sectradmboy@cendoj.ramajudicial.gov.co,
sgtadminboy@notificacionesrj.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, juridicasedboyaca@gmail.com,
juridica.educacion@boyaca.gov.co, dirjuridica.notificaciones@boyaca.gov.co, juridicasedboyaca@gmail.com,
juridica.educacion@boyaca.gov.co, notjudicial@fiduprevisora.com.co, tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co,
j07admintun@cendoj.ramajudicial.gov.co, jadmin07tnj@notificacionesrj.gov.co,
notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05359-00
Actor: Elizabeth Hernández Villamil
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Boyacá
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, a la
igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de
favorabilidad laboral, a la seguridad jurídica y la “perpetuatio jurisdictionis”, al
supuestamente incurrir en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente
judicial y violación directa de la Constitución.
La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito general de
relevancia constitucional, por cuanto se limita a reiterar que la sanción moratoria
prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 resulta aplicable a los docentes, por
lo tanto, declarará improcedente la solicitud de amparo.
3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii)
evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones”28.
Al respecto, esa corporación judicial ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 200529, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional30.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como
requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de
la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala31, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela
no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir
asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de
discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
28
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
29
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
30
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
31
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el
interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la
providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la
propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en
el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no
está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar,
completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o
proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por
más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir
las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
4. Estudio y solución del caso concreto
La parte actora considera que el Tribunal Administrativo de Boyacá con la
sentencia de 27 de junio de 2023, vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, seguridad social, igualdad y de acceso a la administración de justicia, así
como los principios de favorabilidad laboral, a la seguridad jurídica y la
“perpetuatio jurisdictionis”, al supuestamente incurrir en defecto sustantivo,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución,
conforme a los argumentos expuestos en los fundamentos de la acción de tutela.
De la revisión de los cargos de la solicitud de amparo, la Sala advierte que
coinciden con los argumentos propuestos en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. En efecto, en el proceso ordinario y en la acción de
tutela, la señora Elizabeth Hernández Villamil insiste en que la sanción moratoria
prevista en la Ley 50 de 1990 es aplicable a los docentes oficiales. Además, cita
sentencias tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado que, a su
juicio, respaldan esa tesis.
Así, se observa que en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia del 14 de diciembre de 2022, dictada por el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Tunja (resumido en la providencia de segunda
instancia), se lee lo siguiente:
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Actor: Elizabeth Hernández Villamil
“35. Señaló que a partir de la sentencia SU-098 de 2018 la jurisprudencia de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado se dirige a proteger los derechos
prestacionales de los docentes, los cuales durante mucho tiempo han sido
vulnerados, pues el régimen especial no puede contener condiciones menos
favorables que el general.
36. Reseñó que la liquidación de los intereses a las cesantías de los docentes no
es más favorable que la que la ley prevé a favor de los demás empleados públicos,
debido a que la tasa DTF está muy por debajo del 12 % anual.
(…)
39. Insistió en que el precedente de las altas cortes afirma la aplicabilidad de las
sanciones reclamadas a favor de los docentes, de modo que no puede hablarse de
supuestos fácticos diferentes que impidan acudir a esa jurisprudencia.
40. Expuso que la obligación de consignar oportunamente las cesantías
anualizadas de los docentes era tan clara, que los recursos comienzan a
apropiarse desde el año anterior de manera mensual (por doceavas) en el marco
del Sistema General de Participaciones. Por ende, agregó que el Ministerio de
Educación no podía retener dineros que constituyen la garantía del reconocimiento
de las cesantías de los docentes.
41. Argumentó que la sentencia SU-098 de 2018 descartó el criterio de
especialidad que fundamentaba la negativa al reconocimiento de las penalidades
que ahora se reclaman y reiteró que la sanción moratoria no surge por no afiliar al
docente al Fomag, sino por la consignación extemporánea de sus cesantías
anualizadas, así que ese supuesto de hecho era irrelevante.
42. Enlistó múltiples providencias del Consejo de Estado que, según la parte
demandante, admiten la aplicabilidad de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990
a favor de los docentes oficiales”.
Por su parte, en la acción de tutela la señora Elizabeth Hernández Villamil reitera
los argumentos expuestos en el recurso de apelación referentes a la aplicación del
artículo 99 de la Ley 50 de 1990, al desconocimiento de la sentencia SU-098 de
2018 proferida por la Corte Constitucional y a las sentencias del Consejo de
Estado que acogieron ese criterio jurisprudencial, incluso elaboró un listado similar
de los fallos que, a su juicio, resultaban vinculantes para proferir la decisión
cuestionada.
No obstante, esa discusión fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Boyacá
en sentencia de 27 de junio de 2023, que, en lo que interesa, consideró:
“52. El criterio de este Tribunal se dirige a desestimar la posibilidad de que las
sanciones que establecen los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 1.º de la Ley 52 de
1975 sean aplicables a favor de los docentes oficiales que gozan del régimen
anualizado de cesantías y se vincularon en vigencia del Decreto 1252 de 2000, como la
parte actora, por tres razones:
53. En primer lugar, aunque el mencionado Decreto 1252 de 2000 estableció que el
régimen de cesantías que contempla la Ley 50 de 1990 aplicaría a todos los empleados
públicos que se vincularan desde su vigencia, los supuestos de hecho de la sanción
moratoria son incompatibles con el régimen docente, porque (i) las cesantías de este
grupo de trabajadores no se consigna, sino que los recursos se transfieren
gradualmente (de forma mensual) y no llegan a cuentas individuales, y (ii) el giro de los
recursos no lo realiza la entidad territorial certificada, que funge como nominador, y
tampoco el Ministerio de Educación, aunque es la entidad competente para reconocer
las prestaciones sociales de los docentes, sino el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público (un tercero) de manera directa.
54. En segundo lugar, el régimen docente cuenta con una norma especial respecto de
los intereses a las cesantías, la cual es más favorable y no contempla una
indemnización por su pago tardío.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05359-00
Actor: Elizabeth Hernández Villamil
55. Y, en tercer lugar, la interpretación que expuso la sentencia SU-098 de 2018 no es
aplicable a este caso, debido a que (i) sus supuestos fácticos no son los mismos, y (ii)
de acuerdo con la sentencia SU-573 de 2019, el asunto no cuenta con trascendencia
constitucional y, por ese motivo, no resulta procedente abordarlo desde la perspectiva
de los principios de favorabilidad o igualdad.
56. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia apelada, que negó las
pretensiones de la demanda”.
Como se observa, la parte actora acude al mecanismo de amparo para insistir en
el debate legal ya superado por el juez natural de la controversia en sus dos
instancias. En este punto, resulta importante señalar que en la solicitud de amparo
se refirió a nuevas sentencias que han abordado el mismo asunto, lo cierto es que
las invoca con el mismo propósito con el que citó otras en la demanda ordinaria y
en el recurso de apelación del proceso ordinario.
En el escenario que propone la demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por la autoridad judicial demandada en
el proceso ordinario, finalidad para la que no está previsto este mecanismo
constitucional. La acción de tutela tiene como fin la protección de derechos
fundamentales, y no puede utilizarse como instancia adicional de los procesos
ordinarios, como ya lo ha precisado la Sala en otras oportunidades32.
Por último, si bien la parte actora se refiere a la sentencia de tutela de 23 de
marzo de 202333 proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” de esta
Corporación, en las que se dio por superado el requisito de relevancia
constitucional y se accedió al amparo constitucional solicitado, basta indicar que
sobre dicho fallo se declaró la nulidad por la Sección Primera del Consejo de
Estado por indebida conformación del contradictorio.
Incluso, en un caso con idéntica situación fáctica y jurídica, la Corte Constitucional,
en sentencia SU-573 de 2019, concluyó que la acción de tutela carecía de
relevancia constitucional, por las siguientes razones:
(i) El asunto propuesto versaba sobre una cuestión meramente legal, que no
impactaba la garantía de derechos fundamentales, sino patrimoniales, pues
se proponía que el juez de tutela determinara si a las cesantías anualizadas de los
docentes les resulta aplicable la Ley 91 de 1989 y el Decreto 1831 de 2005 o la
Ley 50 de 1990, Ley 344 de 1996 y Decreto 1582 de 1998, asunto que conlleva a
establecer aspectos legales acerca de la calidad de la vinculación de los docentes
(territoriales, nacionales o nacionalizados) y sobre el fondo administrador de
cesantías en que debe efectuarse la afiliación para que se cause la penalidad por
no consignación oportuna de la prestación social.
Que, además, los argumentos buscaban “realizar el análisis de corrección de la
sentencia y, en consecuencia, identificar cuál es la interpretación que los jueces
de la jurisdicción contencioso administrativo deben acoger acerca del alcance del
artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y de la Ley 344 de 1996, reglamentada por el
Decreto 1582 de 1998, en cuanto al reconocimiento de una penalidad por no
consignación oportuna de las cesantías en el régimen docente”
ii) La discusión propuesta no involucraba la protección de derechos
fundamentales y la anomalía procesal alegada (presunto desconocimiento del
32
En el mismo sentido se ha pronunciado la Sala, entre otras, en sentencias del 18 de mayo de 2023, Expediente 11001-
03-15-000-2023-01500-00, Actora: Sandra Elena Espinosa López, C.P. Wilson Ramos Girón; del 25 de mayo de 2023,
Expediente 11001-03-15-000-2023-02085-00, Actora: Rosa María Castañeda Valencia, C.P. Wilson Ramos Girón y de la
misma fecha, Expediente No11001-03-15-000-2023-00705-01. Actora: Luz Myriam García Camacho. C.P. Milton Chaves
García; y del 1º de junio de 2023, Expediente 11001-03-15-000-2023-02139-00, Actor: Alfonso Rueda Rodríguez, C.P.
Wilson Ramos Girón y Expediente 11001-03-15-000-2023-02069-00, Actora: Julia Inés Fernández González, C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto.
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Rad. 2023-01063-00.
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Actor: Elizabeth Hernández Villamil
precedente y del principio de favorabilidad laboral) no era determinante ni tenía un
efecto decisivo en las sentencias cuestionadas y tampoco conllevaba a la
afectación de un derecho fundamental, por cuanto “las decisiones impugnadas en
sede de tutela no constituyen “desvíos del juez ordinario” ni decisiones carentes
de motivación y no dan cuenta prima facie de la inaplicación de una prerrogativa
de carácter constitucional”.
(iii) Los demandantes pretendían reabrir la controversia legal resuelta tras
obtener una respuesta desfavorable a sus intereses, toda vez que los
demandantes acudían a la tutela bajo la supuesta configuración de dos defectos
específicos con el fin de que el juez constitucional accediera a las mismas
pretensiones incoadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Así las cosas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela presentada por la
señora Elizabeth Hernández Villamil, por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora Elizabeth Hernández Villamil, quien actúa por conducto de apoderado
judicial, contra el Tribunal Administrativo de Boyacá.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Ausente en comisión Presidenta (E)
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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