Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-05391-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de tutela contra providencias judiciales: debe reunir los requisitos
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-05391-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-05391-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
17 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05391-00
Demandante: MARIELA AURORA GARCÍA GARCÍA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Debe reunir los requisitos
generales establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que proceda su estudio de
fondo / REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple en
este caso, dado que la actora busca discutir aspectos netamente económicos.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Mariela Aurora García
García contra el Tribunal Administrativo de Boyacá.
I. A N T E C E D E N T E S
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 25 de septiembre de la presente anualidad 1, la señora Mariela Aurora García
García, por medio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Boyacá, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso
a la administración de justicia2. Formuló las siguientes pretensiones:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la
sentencia proferida el día 7/12/2023, en el expediente rad. No.
15001333301020220009501, transgredió los derechos fundamentales: AL
DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN
MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES 3 FORMALES DE
DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD
JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL
VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no
1 Se advierte que, el 9 de octubre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 La accionante también consideró desconocidos los principios de seguridad jurídica,
«situación más
favorable en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho»
y perpetuatio jurisdictionis.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05391-00
Demandante: Mariela Aurora García García
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia
constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso
administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales
de la accionada.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de
precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las
sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del
H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el
reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la
demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes
expedientes:
3.CORTE CONSTITUCIONAL
N RADICADO FECHA MAGISTRADO CONSEJEROS
o. EXPEDIENTE DECISIÓN PONENTE FIRMANTES
Exp. T-6.736.200 SENTENCIA DE
17 de Dra. GLORIA UNIFICACIÓN
1 octubre de STELLA ORTIZ 098/2018 DE LA
2018 DELGADO CORTE
CONSTITUCIONAL
Exp. T-5904426 y SENTENCIA DE
otros Dra. GLORIA
24 de julio UNIFICACIÓN 332
2 STELLA ORTIZ
de 2019 /2019 DE LA CORTE
DELGADO
CONSTITUCIONAL
Dr. LUIS SENTENCIA DE
6 de
Exp. T 7.182-312 GUIILLERMO UNIFICACIÓN 041
3 febrero de
y otros GUERRERO /2020 DE LA CORTE
2020
PÉREZ CONSTITUCIONAL
CONSEJO DE ESTADO
RADICADO FECHA MAGISTRADO CONSEJEROS
No. EXPEDIENTE FIRMANTES
DECISIÓN PONENTE
08001-23-33-
SENTENCIA DE
000-201300666- 6 de agosto de Dra. SANDRA
1 UNIFICACIÓN DEL
01 2020 LISETH IBARRA
CONSEJO DE ESTADO
(0833-16)
76001-23-31- Dr. CÉSAR PALOMINO
000200900867- 24 de enero de Dra. SANDRA CORTÉS - Dr.
2 01, No. Interno: 2019 LISETH IBARRA CARMELO PERDOMO
4854-2014 CUÉTER
Dr. JAIME ENRIQUE
11001-0315- Dr. NICOLÁS
17 de junio de RODRÍGUEZ NAVAS -
3 000-2018- YEPES
2019 Dr. GUILLERMO
04617-01 CORRALES
SÁNCHEZ LUQUE
Dr. ROBERTO DRA. NUBIA MARGOTH
11001-03-15- PEÑA GARZÓN- DR.
28 de junio de AUGUSTO
4 000-2018- HERNANDO SÁNCHEZ
2019 SERRATI
04679-01) SÁNCHEZ
VALDÉS
Dr. JAIME ENRIQUE
11001-0315- Dr. NICOLÁS
29 de julio de RODRÍGUEZ NAVAS -
5 000-2018- YEPES
2019 Dr. GUILLERMO
03499-01 CORRALES
SÁNCHEZ LUQUE
Dr. RAFAEL Dr. WILLIAM
08001 23 33 000 HERNÁNDEZ GÓMEZ
2 de diciembre FRANCISCO
6 2014 00173-01
de 2019 SUÁREZ - Dr. GABRIEL
(1688-16)
VARGAS VALBUENA
Dr. CÉSAR PALOMINO
08001-23-33-
10 de junio de Dra. SANDRA CORTÉS - Dr.
7 000-201400208-
2020 LISETH IBARRA CARMELO PERDOMO
01
CUÉTER
2
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05391-00
Demandante: Mariela Aurora García García
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Dr. RAFAEL
08001-23-31-
Dr. WILLIAM FRANCISCO SUÁREZ
000-201400254- 22 de octubre
8 HERNÁNDEZ VARGAS - Dr. GABRIEL
01 de 2020
GÓMEZ VALBUENA
(4960-2017)
HERNÁNDEZ
Dr. RAFAEL
08001-23-33- 12 de Dr. WILLIAM FRANCISCO SUÁREZ
9 000-201400132- noviembre de HERNÁNDEZ VARGAS - Dr. GABRIEL
01 2020 GÓMEZ VALBUENA
HERNÁNDEZ
Dr. WILLIAM
08001 23 31 Dr. GABRIEL HERNÁNDEZ GÓMEZ -
17 de junio de
10 000 2014 00815 VALBUENA Dr. RAFAEL
2021
01 (4979–2017) HERNÁNDEZ FRANCISCO SUÁREZ
VARGAS
Dra. SANDRA LISSET
08001-23-33- Dr. CÉSAR
17 de junio de IBARRA VÉLEZ - Dr.
11 000-201500331- PALOMINO
2021 CARMELO PERDOMO
01 CORTÉS
CUÉTER
Dr. RAFAEL
19001-23-33-
4 de Dr. WILLIAM FRANCISCO SUÁREZ
000-2015-
12 noviembre de HERNÁNDEZ VARGAS - Dr. GABRIEL
00445-
2021 GÓMEZ VALBUENA
02(048320)
HERNÁNDEZ
08001-23-33- Dr. CÉSAR PALOMINO
25 de
000-201401127- Dra. SANDRA CORTÉS - Dr.
13 noviembre de
01 LISETH IBARRA CARMELO PERDOMO
2021
(1002-2021) CUÉTER
Dr. RAFAEL
40001-23-40-
25 de Dr. WILLIAM FRANCISCO SUÁREZ
000-201700134-
14 noviembre de HERNÁNDEZ VARGAS - Dr. GABRIEL
01
2021 GÓMEZ VALBUENA
(2208-2020)
HERNÁNDEZ
Dr. RAFAEL
080001-23-40-
11 de Dr. WILLIAM FRANCISCO SUÁREZ
000-201590008-
15 noviembre de HERNÁNDEZ VARGAS - Dr. GABRIEL
01
2021 GÓMEZ VALBUENA
(2387-2020)
HERNÁNDEZ
Dr. WILLIAM
080001-23-40-
11 de Dr. GABRIEL HERNÁNDEZ GÓMEZ -
000-201490022-
16 noviembre de VALBUENA Dr. RAFAEL
01
2021 HERNÁNDEZ FRANCISCO SUÁREZ
(5154-2016)
VARGAS
Dr. WILLIAM
080001-23-33-
Dr. GABRIEL HERNÁNDEZ GÓMEZ -
000-201700931- 20 de enero de
17 VALBUENA Dr. RAFAEL
01 2022
HERNÁNDEZ FRANCISCO SUÁREZ
(1001-2021)
VARGAS
Dr. RAFAEL
080001-23-33-
Dr. WILLIAM FRANCISCO SUÁREZ
000-201500075- 3 de marzo de
18 HERNÁNDEZ VARGAS - Dr. GABRIEL
01 2022
GÓMEZ VALBUENA
(2660-2020)
HERNÁNDEZ
76001-23-33-
Dr. CARMELO Dr. CÉSAR PALOMINO
000-201300756- 28 de abril de
19 PERDOMO CORTÉS - Dra. SANDRA
01 2022
CUÉTER LISETH IBARRA
(2224-2020)
Dr. WILLIAM
080001-23-40- Dr. RAFAEL
HERNÁNDEZ GÓMEZ -
000-201700795- 9 de mayo de FRANCISCO
20 Dr. GABRIEL
01 2022 SUÁREZ
VALBUENA
(2659-2020) VARGAS
HERNÁNDEZ
47-001-23-33- Dr. CÉSAR PALOMINO
000-201900359- 19 de mayo de Dra. SANDRA CORTÉS - Dr.
21
01 2022 LISETH IBARRA CARMELO PERDOMO
(4004-2021) CUÉTER
47-001-23- Dr. CÉSAR PALOMINO
33000-2019- 1 de julio de Dra. SANDRA CORTÉS - Dr.
22
00376- 2022 LISETH IBARRA CARMELO PERDOMO
01 (4462-2021) CUÉTER
3
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05391-00
Demandante: Mariela Aurora García García
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
08001-23-33- Dr. SANDRA LISSET
Dr. CÉSAR
000-201500509- 22 de agosto IBARRA VELEZ – Dr.
23 PALOMINO
01 de 2022 CARMELO PERDOMO
CORTÉS
(2140-2020) CUÉTER
08001-23-33- Dr. SANDRA LISSET
22 de Dr. CESAR
000-201590124- IBARRA VELEZ – Dr.
24 septiembre de PALOMINO
01 CARMELO PERDOMO
2022 CORTÉS
(2394-2020) CUÉTER
76001-23-31- DR. RAFAEL
000-2012- Dr. WILLIAMFRANCISCO SUAREZ
19 de enero de
25 00212-02 HERNANDEZ VARGAS – Dr. GABRIEL
2023
(4470-2021) GOMEZ VALBUENA
HERNANDEZ
47001-23-33- DR. WILLIAM
DR. RAFAEL
000-2018-0231- 26 de enero HERNÁNDEZ GÓMEZ –
26 FRANCISCO
01 (0871-2020) 2023 DR. GABRIEL
GOMEZ
VALBUENA
1.2. Hechos
De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:
La señora Mariela Aurora García García labora como docente «con la entidad
territorial certificada en educación del Departamento de Boyacá». Además, se
encuentra afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 3 y es
beneficiaria del régimen de cesantías anualizadas.
El 9 de agosto de 2021, la hoy accionante le solicitó a la Secretaría de Educación
Departamental de Boyacá el reconocimiento y pago de la sanción por la no
consignación de cesantías y la indemnización por el pago tardío de los intereses,
con fundamento en el régimen establecido en las Leyes 52 de 1975 y 50 de 1990.
Mediante acto administrativo 1.2.5.1.1- 38 del 26 de agosto de 2021, la Secretaría
de Educación del Departamento de Boyacá negó la solicitud de la demandante.
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la
señora Mariela Aurora García García demandó al Ministerio de Educación Nacional
– FOMAG y al Departamento de Boyacá, con el fin de que se declarara la nulidad
del acto administrativo que negó la petición de reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por la no consignación de las cesantías y la indemnización por el pago
tardío de los intereses.
Mediante sentencia del 16 de noviembre de 2022, el Juzgado Décimo Administrativo
de Tunja negó las súplicas de la demanda, por considerar que la señora Mariela
Aurora García García se encontraba afiliada al FOMAG y, por tanto, tenía un
régimen especial de cesantías en el cual no operaba la sanción por mora.
3 En adelante FOMAG.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05391-00
Demandante: Mariela Aurora García García
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Contra la anterior decisión, la accionante interpuso recurso de apelación con
fundamento en que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en reiteradas
ocasiones, habían establecido que era posible aplicar la Ley 50 de 1990 a los
docentes oficiales, con fundamento en el principio de favorabilidad. Es decir, que
como en la Ley 91 de 1989 —régimen especial de los docentes— no existe
regulación sobre la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, se
debía aplicar la norma más favorable, esto es, la Ley 50 de 1990, que sí lo
estableció.
En providencia del 12 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá
confirmó la decisión de primera instancia, bajo el argumento de que la demandante,
quien es docente oficial, se encuentra cobijada por el régimen especial de cesantías,
esto es, la Ley 91 de 1989.
De otra parte, si bien el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 determinó la obligación de
reconocer, liquidar y pagar las cesantías a un fondo privado de cesantías hasta el
15 de febrero de cada año, generándose por el incumplimiento del plazo legal las
sanciones establecidas en dichas normativas, lo cierto es que dicha disposición no
es aplicable al sector docente, debido a que (i) dicho régimen especial fue expedida
con posterioridad a la Ley 91 de 1989 y, además, (ii) las cesantías de los docentes
oficiales son transferidas bajo el principio de unidad de caja.
Agregó que no existe identidad fáctica entre el caso estudiado en la sentencia SU
098 de 2018 y el caso en concreto, debido a que allí los docentes no fueron afiliados
al Fomag y, por el contrario, aquí la señora García García sí fue afiliada al Fomag y
las cesantías de la docente están previstas en los recursos de la nación.
1.3. Argumentos de la tutela
A lo largo del escrito de tutela, de forma resumida, la parte actora sostuvo que el
Tribunal Administrativo de Boyacá desconoció el precedente fijado por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018, así como en 26 sentencias del
Consejo de Estado, entre las cuales se destacan la sentencia de tutela del 29 de
julio de 2019 y la SU-2013-00666 del 6 de agosto de 2020, en las que se determinó
que la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 sí resultaba
aplicable a los docentes oficiales.
Luego de hacer un recorrido histórico sobre el FOMAG y su funcionamiento, adujo
que, si bien los docentes gozan de un régimen especial, lo cierto es que, en virtud
del principio de favorabilidad, se les debe aplicar la normativa del régimen general
5
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05391-00
Demandante: Mariela Aurora García García
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
que consagra la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, esto
es, la Ley 50 de 1990.
De otra parte, la accionante señaló que el ad quem no argumentó con claridad por
qué se apartó del precedente consagrado en las 26 sentencias emitidas por el
Consejo de Estado, pues lo único que expresó es que «existía unidad de caja en el
manejo de los recursos del FOMAG y que no existe sentencia unificada,
despreciando la masividad de sentencias expedidas por las 2 secciones que
conforman la sección 2da del H.C.E.».
Agregó que, contrario a la decisión del Tribunal, la aplicación de la Ley 50 de 1990
a los docentes oficiales no desconoce el principio de inescindibilidad, pues, como
se ha evidenciado, se aplica la norma de manera integral favoreciendo al docente
oficial. Además, indicó que, al existir un vacío normativo, lo más lógico es llenarlo
con la norma más favorable.
Asimismo, mencionó que la autoridad judicial accionada desconoció el principio de
seguridad jurídica, toda vez que «existe una abierta discordancia. entre lo
expresado por la Sección Segunda, en más de 22 ocasiones entre los años 2021,
2022 y 2023 y la decisión adoptada el 7/12/2023 por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, en el expediente radicado No. 15001333301020220009501 ».
Sostuvo que existe una sucesión de «irregularidades sustantivas» dentro de la
decisión de segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá.
Finalmente, citó 10 sentencias proferidas por diferentes juzgados administrativos
del país, en las que, con fundamento en el principio de favorabilidad, se reconoció
la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales a los
docentes demandantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990.
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 26 de septiembre de 2023, el despacho de la magistrada
ponente admitió la acción de tutela y ordenó que aquel se notificara a los
magistrados que integran la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo
de Boyacá, como parte demandada, y, como terceros con interés, a la ministra de
Educación Nacional, a la Fiduprevisora, en calidad de administradora del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, y al gobernador de
Boyacá. Así mismo, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05391-00
Demandante: Mariela Aurora García García
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
2.2. La Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio manifestó
que las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales, por
cuanto el FOMAG fue creado mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad
de caja. En ese sentido, los valores que corresponden a las cesantías no se
consignan, sino que «ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde el
primer mes de cada vigencia».
Sostuvo que la señora Mariela Aurora García García realizó una indebida
interpretación de la jurisprudencia relacionada con las cesantías del FOMAG, pues
reclamó la consignación extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos
en la Ley 50 de 1990 e indemnización por el pago inoportuno de los intereses, frente
a lo cual es «imposible que se cause una demora respecto de un hecho que la
administración no puede ejecutar en el régimen especial de los docentes, ya que
resulta imposible realizar una consignación ante la ausencia de cuentas individuales
por cada afiliado».
Pidió que se declarara improcedente la tutela porque la autoridad judicial accionada
decidió la controversia conforme a la normativa establecida y observó las garantías
procesales.
2.3. El Tribunal Administrativo de Boyacá solicitó que se declarara la improcedencia
de la acción de tutela, debido a que, entre otras razones: (i) la discusión sobre el
reconocimiento y pago de la sanción por la no consignación de cesantías y la
indemnización por el pago tardío de los intereses es de carácter meramente
económico; (ii) la parte actora no afirmó que la no consignación de sus cesantías
afectó su mínimo vital y (iii) la señora García García pretende convertir la presente
tutela en una instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 15001-33-33-010-2022-00095-01.
2.4. El Departamento de Boyacá pidió que se negara la acción de tutela. Para tal
efecto, manifestó que el pago de las cesantías al FOMAG ingresan mediante un giro
global, el cual no tiene prevista la consignación de las cesantías a sus afiliados.
Advirtió, además, que esos recursos provienen de la Nación y del Sistema General
de Participaciones para el sector educativo, situación que no es competencia del
departamento.
Agregó que la Ley 50 de 1990 resulta inaplicable a los docentes oficiales afiliados
al FOMAG, puesto que estos tienen un régimen jurídico especial en materia de
reconocimiento y pago de cesantías que no contempla la sanción moratoria.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05391-00
Demandante: Mariela Aurora García García
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Sostuvo que la sentencia SU-098 de 2018 no resulta vinculante, toda vez que no
guarda identidad fáctica y jurídica con lo que se debate en este proceso, pues en
aquel se trató de un docente nombrado en provisionalidad que nunca fue afiliado al
FOMAG.
Agregó que no existía posición unificada en la jurisprudencia sobre el
reconocimiento de la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990 al sector
docente.
2.6. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos
generales de la tutela contra providencia judicial, particularmente, el de relevancia
constitucional. De cumplirse, deberá abordarse el estudio de fondo del asunto, con
el fin de establecer si la sentencia proferida el 12 de julio de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 15001-33-33010-2022-00095-01, incurrió en los defectos endilgados
y, de paso, vulneró los derechos fundamentales de la señora Mariela Aurora García
García.
2. Análisis de la Sala
2.1. Del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, en relación
con la supuesta falta de aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990
En sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la
autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en
asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para
determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional,
es necesario examinar dos elementos.
El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por la vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales ».
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05391-00
Demandante: Mariela Aurora García García
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger
derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus
discrepancias con las providencias que allí se dicten.
Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores excepciones,
la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
En el asunto que ocupa la atención de la Sala, se reclama la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia del 12 de julio de
2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio del cual
confirmó la sentencia dictada el 16 de noviembre 2022, por el Juzgado Décimo
Administrativo de Tunja.
En el fondo, la accionante alega que tiene derecho al reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por la no consignación oportuna de sus cesantías, pues, en su
criterio, se le debe aplicar el artículo 99 de la ley 50 de 1990, que sí consagra dicha
sanción.
La Sala anticipa que la acción de tutela no tiene vocación de prosperidad. Tal
afirmación encuentra respaldo en las siguientes razones:
En primer lugar, la solicitud de amparo elevada por la señora Mariela Aurora García
García carece de relevancia constitucional, debido a que es evidente que la
controversia que aquí se examina, en el fondo, es de carácter legal e
indudablemente se circunscribe a un asunto económico, pues se pretende el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus
cesantías.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia de unificación SU - 573 de
2019, revocó diferentes fallos en los que se negaron tutelas que pretendían el pago
de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías, para, en su lugar,
declararlas improcedentes por falta de relevancia constitucional, precisamente,
porque consideró que comprendían discusiones económicas o patrimoniales para
las cuales no estaba instituida este instrumento constitucional. Así lo indicó:
9
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05391-00
Demandante: Mariela Aurora García García
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
[L]a sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías no es un
derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de
naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido
el carácter irrenunciable de las cesantías, como una prestación patronal de
rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente
sin trabajo” 4 . Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha
prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de
pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social
del trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda
a la finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador
que no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados,
es un reconocimiento de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que
no amerita la intervención del juez de tutela. Además, según se deriva de los
antecedentes de los casos acumulados, no es prima facie admisible considerar
que la falta de reconocimiento de aquella pretensión económica pueda
comprometer su mínimo vital, en la medida en que los tres accionantes
mantienen vigente su vínculo laboral con el Departamento del Atlántico5
Asimismo, en varias oportunidades, el Consejo de Estado ha considerado que la
sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías es un asunto
netamente económico. Por ejemplo, esta Subsección, en la sentencia del 18 de
marzo de 2022 6, indicó lo siguiente:
La accionante discute que tiene derecho al reconocimiento de la sanción
moratoria porque la entidad pública pagadora contaba con 45 días a partir del
acto administrativo que ordenó la liquidación de sus cesantías para cancelar
dicha prestación social y se tardó más de 260 días en mora.
En ese orden de ideas, se considera que la controversia gira en torno a una
cuestión netamente económica, toda vez que la inconformidad que se planteó
se limita al pago de un derecho patrimonial -pago de la sanción moratoria- y no
se orienta a la protección de los derechos fundamentales invocados en la
demanda de tutela.
Esta Corporación ya se pronunció sobre un tema similar y consideró que:
33. [E]sta Sala otorga relevancia constitucional a toda pretensión que, en sede
de tutela, estuviese relacionada con una controversia en torno al amparo de un
derecho o garantía de rango fundamental, como lo son las cesantías; no
obstante, en asuntos como el caso en concreto, se ha sostenido que las
pretensiones que versen sobre derechos de índole estrictamente económico,
al no encontrarse ligados a la satisfacción de una garantía de naturaleza
fundamental, se tornan improcedentes frente al amparo constitucional.
34. El anterior lineamiento acogido por la Sala se ha construido en estricto
seguimiento de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-573
del año 2019, providencia cuyos elementos fácticos guardan identidad con el
asunto examinado, dado que versó sobre tres solicitudes de amparo contra
decisiones judiciales que no accedieron a la pretensión de reconocer sanción
moratoria por el pago tardío de cesantías.
35. En la sentencia en mención, el máximo Tribunal Constitucional señaló que
el carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza
como prestación patronal de rango legal, cuya finalidad es el auxilio de la
persona que se quede temporalmente en situación de desempleo y, por tanto,
“solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela
devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la
vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador”.
4 Cita original de la providencia: Sentencia SU-336 de 2017.
5 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de marzo de 2022, M.P.
Marta Nubia Velásquez Rico, expediente 11001-03-15-000-2021-09117-01.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05391-00
Demandante: Mariela Aurora García García
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
36. De acuerdo con lo anterior, señaló la Corte Constitucional en aquella
sentencia unificadora que todo pago adicional no correspondiente con la
finalidad buscada por las cesantías, sino relacionado con una penalidad
impuesta al empleador por el no pago o pago tardío de las mismas, cuenta con
una naturaleza estrictamente patrimonial cuyo reconocimiento, por tanto, no
requiere la intervención del juez de tutela […].
En esa misma línea, la Sección Tercera del Consejo de Estado se ha
pronunciado:
5) Lo expuesto permite concluir que las afirmaciones de la demandante que
sustentaron la presentación de la acción de tutela de la referencia ya fueron
materia de análisis por parte del juez natural de la causa por lo cual es evidente
que la parte actora pretendió emplear este mecanismo de amparo como un
recurso con el que buscó un nuevo pronunciamiento favorable a sus intereses,
el cual, dicho sea de paso, corresponde a una discusión de carácter
eminentemente económico a través del reconocimiento de una sanción
moratoria por el pago tardío de cesantías.
6) Ante ese panorama la Sala reitera que la tutela no está instituida como una
instancia para reclamar pretensiones de carácter pecuniario y que no tengan
una relación directa con una discusión de carácter fundamental7.
Así las cosas, si bien el reconocimiento y el pago de las cesantías constituye un
derecho irrenunciable para el trabajador, y su falta de pago podría suponer una clara
vulneración de las garantías fundamentales, lo cierto es que no ocurre lo mismo con
la cuantía correspondiente a la penalidad de la sanción moratoria cuando el
empleador no consigna oportunamente tales cesantías. Lo anterior, porque este
monto es de naturaleza sancionatoria y eminentemente legal, lo que no da lugar a
la intervención del juez de tutela.
También es importante anotar que la accionante no allegó elementos probatorios
mínimos que den cuenta de la afectación de su mínimo vital por la no consignación
de sus cesantías de 2020.
Es evidente, entonces, que la discusión se centra en un aspecto netamente
económico, debido a que la inconformidad que se planteó se limita al pago de un
dinero, como consecuencia de la referida sanción por mora, la que, a juicio de la
accionante, también cobija a los docentes oficiales, aspectos que, en sentir de la
Sala, no se orientan a la protección de los derechos fundamentales invocados en la
solicitud de amparo.
2.2. Desconocimiento del precedente
Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas 8:
7 Cita original de la providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, sentencia del 11 de octubre de 2021, expediente 2021-06078-01, M.P. Fredy
Hernando Ibarra Martínez.
8 Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05391-00
Demandante: Mariela Aurora García García
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
a. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría
desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció 9.
b. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se
habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso
análogo ya decidido.
c. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se
dejó de aplicar.
d. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen
diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las
razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá
desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco
habrá desconocimiento del precedente si el juez identifica el criterio jurisprudencial
supuestamente ignorado y expone las razones para apartarse (principios de
transparencia y razón suficiente 10).
e. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón
central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la
valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y el material
probatorio en cada caso concreto 11.
f. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la
protección del derecho al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia.
En este sentido, según la accionante, la decisión cuestionada desconoció el
precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU 098-2018, así
como el sentado por el Consejo de Estado, entre otras, en las sentencias CE-SUJ-
SII-022-2020, del 22 de septiembre de 2022 y del 29 de julio del 2019, debido a que
lo allí decidido resultaba aplicable en su caso particular; sin embargo, la Sala
9 Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho: «la existencia de un precedente no depende del hecho
de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime
aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo
cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las
sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones
similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplica da en el caso
objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica».
10 En relación con el derecho de apartamiento y los principios de transparencia y razón suficiente,
ver, entre otras, las sentencias T-698 de 2004, T-794 de 2011 y T-364 de 2017 de la Corte
Constitucional.
11 Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es «la formulación general, más allá de las
particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base d e
la decisión judicial específica». Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05391-00
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
advierte que no existe la correspondencia fáctica y jurídica que alega la
demandante, lo cual desvirtúa la configuración del alegado defecto. Así se pudo
constatar a través de los siguientes cuadros comparativos:
Criterio SU 098 de 2018 Sub lite
Vinculación Docente en provisionalidad En el expediente de tutela
de la referencia no se
suministra información
sobre este aspecto.
Estado del vínculo laboral El vínculo del docente terminó, En el expediente de
sin embargo, la Secretaría de tutela de la referencia no
educación, por medio de la se suministra información
resolución 4143.3.21.5447 del sobre este aspecto.
22 de octubre de 2007, le
reconoció el pago de las
prestaciones sociales
definitivas y le informó que el
paso se realizaría al respectivo
Fondo de Cesantías.
Afiliación al FOMAG Por un error interno, el docente La docente se encuentra
solo fue afiliado al Fomag en afiliada al FOMAG.
2007, a pesar de haberse
vinculado en 2003.
Reclamación del pago de las Cuando culminó su relación La docente solicitó, el 9 de
cesantías y sus laboral con el Municipio de agosto de 2021, el pago
intereses. Cali, al docente le de la sanción moratoria
reconocieron el pago de las por la no consignación de
prestaciones sociales, entre las cesantías y la
estas, las cesantías. indemnización por el
pago tardío de los
intereses.
Tipo de sanción reclamada El docente solicitó el La docente solicitó tanto
reconocimiento, liquidación y el reconocimiento y el
pago de la sanción moratoria pago de la sanción
por la no consignación de las moratoria por la no
cesantías, los intereses a las consignación de las
cesantías ni los rendimientos. cesantías como la
indemnización por el
pago tardío de los
intereses de las
cesantías.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05391-00
Demandante: Mariela Aurora García García
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Sentencia
Criterio Sub lite Sentencia CE-SUJ-SII- Del 22 de
022-2020 septiembre de
2022 del
Consejo de
Estado12
Determinar si el Determinar el momento a Definir si operó
Tribunal Administrativo partir del cual se la prescripción
de Boyacá desconoció contabiliza el término de de la sanción
el precedente prescripción para moratoria
jurisprudencial que reclamar la sanción reclamada por
habla sobre la aplicación moratoria de la Ley 50 de la accionante
de la Ley 50 de 1990 a 1990. por el pago
los docentes oficiales. tardío de las
cesantías
anualizadas, o
sí, por el
contrario,
procede su
reconocimiento.
Sanción La no consignación de La consignación tardía Pago tardío de
moratoria las cesantías del año de las cesantías en las las cesantías
solicitada 2020 anualidades 2005, 2006 de los años
y 2007 1997 a 2003.
Algunos Artículo 151 del Código
fundamentos Procesal del Trabajo y de Sentencia
legales y/o la Seguridad Social. CESUJ-SII-022-
constitucionales 2020
para resolver el Artículo 99 de la Ley 50
problema de 1990.
jurídico
Características - Docente oficial. - Secretaría de -Docente oficial.
relevantes del - Afiliado a Salud Municipal. -Afiliada a
demandante FOMAG. - Afiliada a FOMAG.
Colfondos. -El vínculo
laboral estaba
vigente hasta la
presentación de
demanda
ordinaria.
Sentencia del 29 de julio
Criterio Sub lite de 2019 emitida por el
Consejo de Estado13
Vinculación En el expediente de tutela Docente en propiedad.
de la referencia no se
suministra información
sobre este aspecto.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 22 de
septiembre de 2022, expediente 2015-90124-01.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de
julio de 2019, expediente de tutela 2018-03499-01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05391-00
Demandante: Mariela Aurora García García
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Estado del vínculo laboral En el expediente de tutela En la sentencia no se
de la referencia no se suministra información sobre
suministra información este aspecto.
sobre este aspecto.
Afiliación al FOMAG La docente se encuentra Según la sentencia en
afiliada al FOMAG. mención, sí está afiliada.
Reclamación del pago de La docente solicitó, el 9 de La docente solicitó el
las cesantías y sus agosto de 2021, el pago de reconocimiento y el pago de la
intereses. la sanción moratoria por la sanción moratoria por
no consignación de las consignación tardía.
cesantías del año 2020 y la
indemnización por el pago.
tardío de los intereses.
Tipo de sanción reclamada La docente solicitó tanto el La docente solicitó al
reconocimiento y el pago municipio de Sabanalarga
de la sanción moratoria por (Atlántico) el reconocimiento
la no consignación de las y el pago de la sanción
cesantías como la moratoria por consignación
indemnización por el pago tardía, con fundamento en la
tardío de los intereses de ley 50 de 1990.
las cesantías.
Lo anterior da cuenta de que en el presente asunto se discute la aplicación de la
Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales, mientras que en las otras sentencias
—incluidas varias de las citadas por la accionante— de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado, el tema central resuelto era distinto, por ejemplo, la
prescripción de la sanción por el pago tardío de las cesantías y/o por no
consignarlas.
En cuanto a la SU-098 de 2018, es claro que resulta fáctica y jurídicamente diferente
al caso de la señora Mariela Aurora García García, en la medida en que allá, (i) por
un error interno, el docente provisional nunca estuvo afiliado al FOMAG; (ii) su
vínculo con la respectiva secretaría de educación ya había finalizado y, de hecho,
(iii) ya se le habían reconocido las cesantías y estaba esperando el traslado de los
recursos al fondo de cesantías.
Aún más, el Tribunal accionado se refirió a la SU-098 de 2018 y a las reglas
jurisprudenciales allí fijadas, pero advirtió que no podían aplicarse al asunto objeto
de estudio, primero, porque la Corte Constitucional modificó el criterio de la
sentencia de unificación en mención, pues, mediante la SU-573 de 2019, indicó que
la discusión respecto a la aplicación de la Ley 50 de 1990 versa sobre un debate
meramente económico y no involucra la protección de los derechos humanos
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05391-00
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Y, en segundo lugar, porque existe una clara diferencia entre el funcionamiento del
FOMAG y la forma como se administran los recursos en los fondos privados de
cesantías, habida cuenta de que en el primero rige el principio de unidad de caja, lo
que significa que, a diferencia de lo que ocurre en el modelo de los fondos, no se
efectúan consignaciones a cuentas individuales de los docentes, sino que todos los
recursos, provenientes, de hecho, del Sistema General de Participaciones, son
girados al FOMAG, para que este pague las prestaciones correspondientes una vez
sean exigibles.
De otra parte, si bien la sentencia del 29 de julio de 2019, dictada por la Subsección
C de la Sección Tercera de esta Corporación 14, tiene ciertas similitudes con el caso
examinado por el Tribunal Administrativo de Boyacá, lo cierto es que no era una
decisión vinculante, pues, como se sabe, los fallos proferidos en sede de tutela
tienen efectos inter partes. Por la misma razón tampoco resulta vinculante el fallo
de tutela proferido el 23 de marzo de 2023 por la Sección Segunda, Subsección B,
del Consejo de Estado15, al que también aludió la parte actora.
Con todo, conviene advertir que la tesis contenida en ese fallo de tutela fue
revaluada recientemente por la propia Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación, la que, mediante sentencia del 22 de junio de 2023 16, analizó un caso
que guarda identidad fáctica y jurídica con el que aquí se estudia, y negó la solicitud
de amparo, por considerar que la autoridad judicial accionada «efectuó el estudio
del caso en concreto en el marco de la normativa aplicable al asunto, por lo que no
observa una valoración caprichosa o arbitraria en perjuicio del interés de la parte
demandante que pudiere configurar un desconocimiento del precedente ». A esto
agregó que la Sección Segunda de esta Corporación no ha unificado el tema en
cuestión, aspecto que sólo puede darse en sede ordinaria y no en el marco de una
acción de tutela.
Finalmente, en cuanto a los fallos proferidos por varios juzgados administrativos del
país, en los que se reconoce el derecho a la sanción por mora a docentes vinculados
después del 1º de enero de 1990, por la falta de consignación oportuna de los
recursos del Ministerio de Educación Nacional al FOMAG, basta señalar que tales
decisiones no resultaban vinculantes para el Tribunal Administrativo de Boyacá, por
emanar de jueces de inferior jerarquía, lo cual claramente desvirtúa el
desconocimiento del precedente alegado.
14 Exp. 2018-03499-01, M.P. Nicolás Yepes Corrales. Allí se revocó el fallo impugnado y, en su lugar,
se concedió el amparo solicitado por la parte actora, reclamación que, entre otras, se sustentaba en
la aplicación a los docentes oficiales de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la ley 50
de 1990, en virtud del principio de favorabilidad.
15 Expediente 11001031500020230106300.
16 Sentencia de tutela del 22 de junio de 2023, exp. 2023-02451-00, M.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar.
16
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05391-00
Demandante: Mariela Aurora García García
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Entonces, teniendo en cuenta (i) que la accionante centra la discusión en un tema
netamente legal y económico; (ii) que no se aportó suficiente material probatorio
que acredite que la no consignación de las cesantías afectó sus derechos
fundamentales; (iii) que la sentencia en cuestión no incurrió en desconocimiento del
precedente judicial enlistado por la señora Mariela Aurora García García, dado que
no comparten identidad fáctica y, en su mayoría, tampoco elementos jurídicos y,
además, (iv) que el Tribunal Administrativo de Boyacá argumentó suficientemente
el por qué se apartó del precedente sentado en algunas sentencias de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado, se considera que la solicitud de amparo
incumple con el requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por la señora
Mariela Aurora García García, por lo razonado en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
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