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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05427-00

Fecha
23 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05427-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Amparar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y a la igualdad de Martha Raquel López Duarte, por las razones expuestas en la parte considerativa de este fallo. 2. Dejar sin efecto el auto del 10 de agosto de 2023, proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Segunda de Decisión en el proceso de reparación directa nro. 15001-33-33-014-2023-00021-01. En consecuencia, ordenarle a la accionada que, en el término de tres (3) días, contados a partir de la notificación de esta decisión, dicte providencia de reemplazo en la que decida sobre la caducidad de la acción de conformidad con los argumentos expuestos en esta providencia. 3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 5. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-05427-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

23 de noviembre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05427-00
Demandante: Martha Raquel López Duarte

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-05427-00
Demandante MARTHA RAQUEL LÓPEZ DUARTE
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, SALA SEGUNDA DE
DECISIÓN

Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Medio de control de
reparación directa. La caducidad de la acción. Ocurrencia del hecho
generador. Defecto sustantivo. Criterios de interpretación normativa.
Principios pro actione y pro homine.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta, decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por Martha Raquel López Duarte, de conformidad con lo dispuesto por
los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 25 de septiembre de 20231, la señora Martha Raquel López Duarte, de manera
directa, interpuso acción de tutela contra la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Boyacá por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a
la igualdad y al acceso a la administración de justicia.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«Sírvase REVOCAR en su totalidad el auto proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
BOYACÁ el 10 de agosto de 2023 en el proceso de referencia, y en su lugar proferir uno que
en derecho corresponda.»2

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El 31 de enero de 2023, Martha Raquel López Duarte promovió medio de
control de reparación directa contra la Nación, Par Caprecom Liquidado
(administrado por La Previsora S.A.), la Procuraduría General de la Nación, la
Contraloría General de la República, el Ministerio de Salud y Protección Social,
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia Financiera
para que se declarara su responsabilidad administrativa y patrimonial con
ocasión al impago de las obligaciones laborales reconocidas mediante
sentencia en proceso ordinario laboral con radicación nro. 15001-31-05-001-
2014-00416-01.

2.1.1. En la demanda de reparación directa se indicó que la señora López Duarte
trabajó para Caprecom, hoy Par Caprecom Liquidado, desde el 10 de mayo de
2010 hasta el 30 de junio de 2012.

1 Samai, índice 2.
2 Página 11 de la acción de tutela. Samai, índice 2.
1

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05427-00
Demandante: Martha Raquel López Duarte

La hoy accionante presentó demanda laboral ordinaria para que se declarara el
contrato realidad y se procediera con las medidas de restablecimiento de sus
derechos. En el proceso se emitieron las sentencias del 4 de diciembre de 2017
y del 21 de febrero de 2018, en las cuales se reconoció la relación laboral de la
señora López Duarte como trabajadora oficial y se ordenó el pago a su favor de
las acreencias laborales y pensionales a las que había lugar.

2.1.2. El Par Caprecom Liquidado, administrado por la Fiduprevisora S.A., decidió
pagar los derechos laborales de la convocante y le envió a través de correo
electrónico un contrato de transacción en el cual se transigía de mutuo acuerdo
el valor de $130.736.594, de los cuales pagaría la suma de $69.009.346.

En respuesta al correo electrónico, el 15 de octubre de 2020 la actora solicitó
reconsiderar el monto del contrato dado que desconoció la sanción moratoria.
El Par Caprecom descartó la propuesta de la actora el 27 de octubre de 2020
porque estimó que no se puede liquidar la sanción moratoria más allá de la
fecha de liquidación de la entidad (27 de enero de 2017).

2.1.3. En el mes de junio de 2021, el Par Caprecom Liquidado constituyó depósito
judicial por la suma de $66.009.346 en cumplimiento de la condena y solicitó al
Juzgado Laboral de Tunja la entrega del título como pago por consignación. El
dinero fue retirado por la demandante.

2.1.4. La demandante insiste en que entre el valor pagado y el ordenado por el
Juzgado Laboral y el Tribunal Superior de Tunja Sala Laboral, existe una
diferencia de $61.727.248, por lo que Caprecom Liquidado incumple una
decisión judicial ejecutoriada y en firme.

2.2. El conocimiento del asunto, en primera instancia, correspondió al Juzgado 14
Administrativo del Circuito de Tunja, bajo el radicado 15001-33-33-014-2023-
00021-00. En auto del 13 de abril de 2023, el juez rechazó la demanda porque
operó el fenómeno de la caducidad de la acción.

Como fundamento de su decisión, expuso que el 27 de octubre de 2020,
cuando la entidad advirtió que no pagaría un valor adicional al del contrato de
transacción, se exteriorizó el conocimiento del daño consistente en el impago
del total de la obligación. Luego, los dos años de la caducidad se concretaron
el 28 de octubre de 2022, aunque la solicitud de conciliación extrajudicial se
radicó el día 25 de octubre de 2022, interrumpiendo por 4 días el término, lo
cierto es que la constancia se expidió el 27 de diciembre de 2022, por lo que
tenía hasta el 16 de enero de 2023, pero la demanda fue radicada el 31 de
enero de 2023, esto es, fuera del término.

2.3. La demandante recurrió esta decisión. Como fundamento de su disenso
expuso que debe identificarse el hecho generador del daño que se reclama.
Este no puede ser, a su juicio, una comunicación informal del valor que el Par
Caprecom pretendía pagar (27 de octubre de 2020). Destaca que el hecho
generador en este caso es la constitución del título judicial (junio de 2021).

2.4. En auto del 10 de agosto de 2023, la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Boyacá confirmó el fallo de primera instancia. El ad quem
planteó como problemas jurídicos: identificar el hecho generador del daño y
establecer si operó la caducidad de la acción.

Sostuvo que el hecho generador del daño era la omisión de Caprecom de
pagar el pasivo ordenado en la sentencia judicial, en consecuencia, el daño
era el no pago. En esa vía, expuso que, el 15 de octubre de 2020, la parte
demandante manifestó su inconformismo por correo electrónico donde se
informó que no se le pagaría la totalidad de la deuda. Y ante esta
manifestación, en correo del 27 de octubre de 2020, Caprecom señaló que

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Demandante: Martha Raquel López Duarte

no le iban a pagar más de lo indicado en el contrato de transacción; luego, «es
a partir de allí, que se exterioriza el conocimiento que tenía la parte actora de que la entidad
no iba a pagar todo el valor de la sentencia».

3. Fundamentos de la acción

En lo que respecta a la procedibilidad adjetiva de la acción, la señora López Duarte
defiende que se cumple con la inmediatez porque fue incoada en un plazo
razonable. También estima que se supera el requisito de subsidiariedad debido a
que agotó los mecanismos judiciales ordinarios a disposición para procurar la
garantía de sus derechos, por lo que la acción de tutela es la herramienta judicial
idónea y eficaz para procurar que se deje sin efectos la providencia judicial a la que
se le atribuye la vulneración iusfundamental.

En lo que respecta al fondo del asunto, la accionante estima que el Tribunal
Administrativo de Boyacá vulneró sus derechos fundamentales porque tomó como
pauta para el cómputo de la caducidad el correo del 27 de octubre de 2020 en el
que el Par Caprecom le informó el valor que pretendía transar, pero ese «no es el
hecho generador por el que se busca declarar la responsabilidad del Estado».

Dijo que el contrato de transacción nunca fue suscrito y que no puede tenerse una
comunicación informal sobre el valor a cancelar como hecho generador. En esa vía,
precisó que «el hecho generador por el que se imputa en el presente medio de control (…) es la
constitución del título judicial ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tunja, que es el hecho
objetivo demostrable desde donde se debe contabilizar el término de caducidad y el cual ocurrió en
el mes de junio de 2021». Agregó que el Tribunal accionado confirmó la premisa jurídica
del a quo sin revisar ni individualizar el hecho generador del daño.

Finalmente, en el acápite de fundamentos de derecho relacionó varias sentencias
de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado relativos al significado y alcance
de la figura de la caducidad de la acción, al cumplimiento de las sentencias
judiciales, al derecho de acceso a la administración de justicia y al proceso de
liquidación de entidades del Estado.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto del 2 de octubre de 2023, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela interpuesta por la señora Martha Raquel López Duarte contra la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá. Asimismo,
vinculó, en calidad de tercero con interés, al Juzgado 14 Administrativo de
Tunja porque declaró el rechazo de la demanda en primera instancia del
proceso de reparación directa con radicación 15001-33-33-014-2023-00021-00.

4.2. El Juzgado 14 Administrativo del Circuito de Tunja, a través del titular del
despacho, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela
porque se la está tomando como una tercera instancia para discutir decisiones
judiciales contrarias a los intereses de los accionados, pero sin que se concrete
una real vulneración de derechos fundamentales.

También advirtió que el actor no enmarcó sus argumentos de disenso en
ninguna de las causales especiales de procedibilidad de la acción, sino que se
limitó a reiterar lo dicho en el curso del proceso de reparación directa.

Agregó que, de acuerdo con las pruebas del proceso, fue hasta (i) el 15 de
octubre de 2020, cuando el apoderado de la actora emitió su no aceptación
frente a la minuta de contrato de transacción en el que se informó el valor que
Caprecom pretendía pagarle y, posteriormente, con (ii) la respuesta de la
entidad del 27 de octubre de 2020, en la cual señala que no pagará algo
adicional; cuando se exteriorizó el conocimiento que tenía la parte actora de

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Demandante: Martha Raquel López Duarte

que la entidad no iba a pagar toda la condena judicial. Por lo que se tomó esta
fecha como pauta para el cómputo de la caducidad.

Estima que esta decisión estuvo acorde con el sustento factico, normativo y
jurisprudencial debatido en primera y segunda instancia del proceso ordinario.

4.3. La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, por
conducto del ponente de la decisión cuestionada, solicitó que se nieguen las
pretensiones de la demanda porque la decisión acusada se adoptó en derecho
y no fue fruto de arbitrariedad o capricho del juez de la causa. Es por lo anterior
que no puede aceptarse que a través de la acción de tutela se dé trámite a un
asunto que está caducado.

4.4. La parte accionante allegó memorial el 2 de noviembre de 20233 en el cual
puso de presente un caso con idéntico escenario fáctico al suyo. En ese caso,
la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, proceso con
radicación 15001333300820230002501, revocó la decisión de caducidad del
Juzgado 8° del Circuito de Tunja y, en su lugar, ordenó la admisión de la
demanda.

En esta oportunidad, la Sala de decisión cambió la tesis de caducidad que
había expuesto en el proceso 2023-00021-01 (objeto de análisis) y optó por una
que atiende mejor al derecho al acceso a la administración de justicia y a los
principios pro actione y pro homine. En consecuencia, la Sala Sexta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá declaró que la caducidad debía
computarse desde la constitución del depósito judicial.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19914, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales5
y especiales6 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir

3 Samai, índice 11.
4 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
5 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
6 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
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todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional7 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por ello, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso

3. Planteamiento del problema jurídico

3.1. Lo primero es indicar que la acción de tutela supera el análisis adjetivo de
procedibilidad cuando se interpone contra providencias judiciales. Esto
comoquiera que se interpuso en un plazo razonable, pues la providencia
acusada data del 10 de agosto de 2023; se agotaron los mecanismos
ordinarios de protección de derechos; se hizo una relación clara y coherente
de los hechos y pretensiones y no se cuestiona una sentencia de tutela.

Solo debe aclarar la Sala que, aunque existe similitud entre los argumentos de
la apelación en el proceso ordinario y los de la petición de amparo, no se
evidencia que se tome la acción de tutela para exponer desacuerdos o
apreciaciones subjetivas frente a la argumentación de los jueces de instancia
en lo relativo al cómputo de caducidad. Por el contrario, la parte actora advierte
que la vulneración de su derecho al acceso a la administración de justicia se
origina en el error de apreciación en el que incurrieron los dos jueces de
instancia frente a la determinación del hecho generador del daño. Estima que
la incomprensión de los hechos de la demanda llevó al Tribunal accionado a
ubicar el hecho generador del daño en un cruce informal de correos, cuando
lo correcto era tomarlo desde la constitución del depósito judicial, fecha en la
que materializó el pago incompleto de la obligación (daño antijurídico).

Considerando que la parte accionante alega que la vulneración del derecho al
acceso a la justicia se ha mantenido en las dos instancias del proceso de
reparación directa y que además, se desconoció su derecho a la igualdad con
ocasión una nueva tesis de cómputo de caducidad desarrollada por el Tribunal
accionado, el presente asunto supera el requisito general de la relevancia
constitucional, y estima necesario entrar al fondo del asunto con miras a
establecer se si configuró el escenario de vulneración de los derechos
fundamentales acusado.

3.2. De otra parte, aunque en el escrito de tutela no se enmarcaron los argumentos
en las causales especiales de procedibilidad desarrolladas por la
jurisprudencia constitucional, ello no es un obstáculo para proceder con el
estudio de fondo del asunto. Dada la informalidad que caracteriza la acción de
tutela, lo relevante es que la parte accionante exponga los argumentos que
permitan al juez de tutela identificar el correspondiente defecto.

Así pues, estima la Sala que los alegatos propuestos por la parte actora se
enrutan hacia la configuración del defecto sustantivo dado que su
inconformidad se concreta en: (i) la indebida interpretación y aplicación al caso
particular del artículo 164.2. i) del CPACA y, (ii) en la omisión en la aplicación

7 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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del principio pro actione para procurar la garantía del derecho al acceso a la
administración de justicia de la accionante.

3.3. Entonces, corresponde a la Sección establecer si al proferir el auto del 10 de
agosto de 2023 en el que confirmó la decisión de declarar la caducidad de la
acción en el proceso de reparación directa nro. 15001-33-33-014-2023-00021-
01, la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió
en defecto sustantivo.

4. Alcance del defecto sustantivo y su análisis en el caso particular

4.1. El defecto sustantivo es aquel vicio relacionado con la interpretación y
aplicación de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, que tiene
una incidencia directa en la decisión y del que se puede predicar que de forma
directa y autónoma lesiona los derechos fundamentales. De esta forma, la
jurisprudencia constitucional ha considerado que el defecto material o
sustantivo se produce cuando el juez toma una decisión con fundamento en
normas inexistentes, inconstitucionales o inaplicables al caso, lo que genera
una contradicción evidente entre los fundamentos y la decisión8.

Igualmente, puede presentarse cuando se interpreta una disposición en forma
incompatible con las circunstancias fácticas y, por tanto, la interpretación dada
por el juez resulta a todas luces improcedente. En estos casos, la
jurisprudencia ha sido enfática en predicar que no cualquier interpretación
inadecuada puede considerarse vulneradora del derecho al debido proceso,
sino que esta debe ser abiertamente arbitraria.

4.2. En el caso objeto de análisis, el problema jurídico propuesto por el Tribunal
Administrativo de Boyacá se centró en determinar (i) cuál era el hecho dañoso
en el caso particular y (ii) cuándo se concretó. Establecido esto, procedió con
el cómputo de la caducidad para decidir si había lugar a confirmar o revocar la
decisión de rechazo de la demanda.

Así pues, la accionada concluyó que el hecho generador del daño en el caso
concreto es la omisión de Caprecom Liquidado de pagar en integridad el
pasivo reconocido en la sentencia laboral. Dijo que la demandante conoció que
no obtendría el pago total de la sentencia en el correo electrónico del 27 de
octubre de 2020, cuando el Par Caprecom Liquidado le informó que no pagaría
más de lo propuesto en el contrato de transacción. Se relacionan los apartes
pertinentes de la providencia cuestionada:
«De cara a resolver el recurso de apelación y establecer el término de la caducidad de la
acción, se tiene entonces que el término de dos (2) años para presentar la demanda se
cuentan a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño,
o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha
posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su
ocurrencia.
Para la Sala, la lectura integral de la demanda permite determinar que el hecho generador del
daño es la omisión de Caprecom de pagar el pasivo reconocido en la sentencia, y el daño es
entonces el no pago, el cual se materializó cuando le cancelaron solamente los $66.009.346.
Sin embargo, tal y como lo ha decantado la jurisprudencia, la caducidad se cuenta a partir el
hecho generador.
(…)
Según se extrae de la situación fáctica y probatoria de la demanda, desde el 30 de julio de
2019, (anexos demanda folio 137) el PAR CAPRECOM LIQUIDADO asume la obligación
laboral de la aquí accionante, y pese a que se desconoce con precisión la fecha en la cual el
PAR CAPERECOM remitió el contrato de transacción, es el 15 de octubre de 2020 cuando la
parte demandante sabe que no le van a pagar la totalidad de la deuda reconocida en la
sentencia, porque manifiesta a través de un correo electrónico su inconformismo (hecho 20

8 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-159 de 2002.
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de la demanda fl. 6), y luego con la respuesta de la entidad de fecha 27 de octubre de 2020
(Demanda fl.6), que señala no pagar nada adicional a lo que ya se consideró en el contrato
de transacción, por lo que es a partir de allí, que se exterioriza el conocimiento que tenía la
parte actora de que la entidad no iba a pagar todo el valor de la sentencia.
(…)
Téngase en cuenta que el recurrente señala como fecha del hecho generador el mes de junio
de 2021, cuando se constituyó el título judicial cancelado, sin embargo, debe decir la Sala que
se reclaman los aparentes daños causados con la ocasión del incumplimiento de CAPRECOM
en el pago de la sentencia 4 de diciembre de 2017, y del 21 de febrero de 2018, de ahí que,
es cuando le dijeron que no le reconocían la totalidad de la deuda cuando debe computarse
los términos de la caducidad. Por lo anterior, al advertir del hecho 21 de la demanda lo
siguiente: “del correo electrónico del 27 DE OCTUBRE de 2020, manifestó el PAR
CAPRECOM LIQUIDADO: “Es pertinente aclarar que la sanción moratoria no se está
desconociendo, pues la misma se está liquidando hasta el 27 de enero de 2017 fecha en la
cual finalizó la liquidación de la extinta entidad, razón por la cual no sería pertinente liquidarla
más allá de esa fecha, pues la entidad ya perdió toda posibilidad de dar cumplimiento a
obligaciones que estuvieran a su cargo tal como lo ha manifestado la corte”, por lo que es a
partir del 27 de octubre de 2020 cuando se deben computar los términos de caducidad de la
acción de reparación directa. »

4.3. Según la tesis defendida por la parte demandante, no se puede tener como
inicio del cómputo de caducidad de la acción el cruce de correos informal entre
ella y el Par Caprecom Liquidado, pues el contrato de transacción que originó
esa comunicación ni siquiera fue suscrito.

Advirtió que el hecho generador del daño que se imputa a las demandadas en
el proceso de reparación directa es la constitución de un título judicial ante el
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tunja por un valor menor al
establecido en las sentencias de condena. Evento que ocurrió en el mes de
junio del año 2021, dado que «la demandada suscribió dicho título judicial sin previo
aviso, por lo que hasta esta fecha se conoció la diferencia entre lo que la demandada iba a
pagar y lo que realmente adeudaba.»

4.4. Ahora bien, el artículo 164.2.i) del CPACA establece que la demanda de
reparación directa deberá presentarse dentro de 2 años contados a partir del
día siguiente a «la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño». Según la
sentencia acusada, el hecho generador del daño es la omisión del Par
Caprecom Liquidado de pagar en integridad el pasivo reconocido en sentencia
laboral.

4.5. Las tesis encontradas en torno al parámetro de inicio del cómputo de
caducidad son: (i) el correo electrónico del 27 de octubre de 2020 en el que se
informó a la demandante que no se pagaría la sanción moratoria más allá de
la fecha de liquidación de la entidad; o (ii) la fecha de constitución del depósito
judicial que la demandada realizó a favor de la señora Martha Raquel López
Duarte en el que se hizo un pago que desconoce la condena judicial que
originó la obligación.

Esta Sala estima que para establecer el momento en el cual debía iniciar el
cómputo de la caducidad en el caso particular era importante considerar
cuándo surgió el interés para demandar, con fundamento en la concreción de
un daño cierto en los términos desarrollados por la jurisprudencia contencioso-
administrativa9, es decir, que no sea apenas eventual o hipotético o fruto de
una mera conjetura, sino que en el afectado obre seguridad sobre su
existencia.

Así pues, se tiene que, a efectos del cómputo de la caducidad en el caso
particular, entre las dos opciones consultadas lo apropiado era optar por la

9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Proceso de
reparación directa nro. 25000-23-36-000-2011-00247-01(49034), con ponencia de la magistrada Marta
Nubia Velásquez Rico.
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Demandante: Martha Raquel López Duarte

segunda, es decir, tener como parámetro de inicio la fecha en la que se
constituyó el depósito judicial para el pago de la deuda por un valor menor al
establecido en la sentencia. Esto porque, de conformidad con la demanda y
las pruebas aportadas en la etapa de admisión, esa era la hipótesis que
eventualmente podría servir de parámetro para establecer la ocurrencia del
daño y por tanto, el momento a partir del cual la perjudicada podría acudir a la
jurisdicción en procura de la garantía de sus derechos.

Del análisis del expediente se evidencia que el cruce de correspondencia entre
el Par Caprecom Liquidado y la señora López Duarte tuvo como origen una
propuesta de transacción remitida por la entidad con miras a transigir el valor
de los intereses moratorios. La propuesta no fue aceptada por la hoy
accionante, justamente por la oferta de un pago por menor valor de lo
adeudado, pero la certeza de tal pago incompleto solo se produjo cuando la
entidad constituyó el título judicial por un monto menor al adeudado. Así las
cosas, siendo el daño la afectación que sufrió el actor a su patrimonio se tiene
que este ocurrió con la constitución del depósito judicial por un valor de
$69.009.346, en lugar de $130.736.594.

4.6. Lo dicho cobra más fuerza si se considera que la decisión se adoptó en una
etapa incipiente del proceso (la de la admisión), cuando no se contaba con la
contestación sobre los hechos de la demanda ni se había surtido la etapa
probatoria. Así pues, existiendo inquietud en torno al momento en el cual debió
iniciar el cómputo de la caducidad, se considera como opción más garantista
del derecho al acceso a la administración de justicia de la demandante
disponer la admisibilidad de la demanda y retomar el tema de la caducidad con
mejores elementos de juicio en la audiencia inicial o en sentencia.
También debe considerarse que la autoridad accionada fundamentó el inicio
del cómputo de la caducidad en un hecho de la demanda que resulta general
y ambiguo, pues apenas se relató el contenido parcial del texto del correo, pero
no hay datos en relación con la dirección de correo electrónica desde la que
se envió o sobre el funcionario que la firmó y si este tenía capacidad para
adoptar decisiones en torno al pago de las obligaciones derivadas de las
condenas judiciales.
El contenido del hecho 19 de la demanda, en la que el Tribunal accionado
fundamentó el parámetro de la caducidad de la acción es el siguiente:

Conforme a lo anterior, se tiene que, en la etapa de admisión, cuando ni
siquiera se ha obtenido un pronunciamiento de la contraparte sobre los hechos
de la demanda, la dificultad para establecer el parámetro del cómputo de la
caducidad debía resolverse en aplicación del principio pro actione, en beneficio
del derecho al acceso a la administración de justicia de la parte actora. Esto,
sin perjuicio de que, en etapas posteriores del proceso, con mejores elementos
de juicio, se pudiera retomar la discusión.
Sobre el principio pro actione y pro damnato en eventos de cómputo de la
caducidad de la acción, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha
establecido:

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«(…) es deber del juez encuadrar el asunto en una de las tres hipótesis planteadas, teniendo
en cuenta las circunstancias propias del caso; para ello, debe cimentar su decisión en el
material probatorio recaudado y, en caso de existir duda sobre la fecha de ocurrencia del
hecho dañino, debe darse aplicación a los principios pro damnato y pro actione”, sentencia del
3 de julio de 2020, exp. 51117. “Así las cosas, ante las circunstancias particulares del presente
caso, esto es la existencia de una duda razonable en relación con el inicio del conteo de la
caducidad dado que no se conoce la fecha en la que ocurrió el hecho dañoso, si fue uno solo
o si, por el contrario, obedeció a una multiplicidad de causas, la Sala, en aplicación de los
principios pro damnato (sic) y pro actione, dará prevalencia al derecho fundamental al acceso
a la administración de justicia. En este punto se recuerda que, en caso de duda sobre el inicio
del término de caducidad, los referidos principios facultan al juez para interpretar de manera
más flexible las normas procesales en aras de garantizar la finalidad que ellas persiguen, esto
es, el acceso a la administración de justicia y la primacía de los derechos sustanciales»10

4.7. Refuerza la duda en torno el cómputo de caducidad en el caso particular el
hecho de que el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Sexta de Decisión,
descartó de manera expresa la tesis desplegada en el auto del 10 de agosto
de 2023 en el proceso 2023-00021-01 (providencia que ahora se estudia), para
acoger una que garantizara el principio de justicia material y de derecho al
acceso a la administración de justicia.

Así pues, en memorial del 2 de noviembre de 2023, la accionante allegó el
auto del 30 de octubre del año en curso, proferido en el proceso nro. 2023-
00025-01 en el cual la Sala Sexta de decisión del Tribunal Administrativo de
Boyacá─ la cual está integrada por el magistrado que fue ponente en el auto
objeto de tutela11─ revocó la decisión de rechazo por caducidad en un caso
con identidad fáctica. Dijo que el parámetro del cómputo no es el correo
informal del Par Caprecom Liquidado, como se consideró en otra oportunidad,
sino la constitución del depósito judicial.

Se relaciona el aparte pertinente de la providencia:
«58. Teniendo en cuenta lo anterior, y siendo este de aquellos casos que al tenor de la
jurisprudencia de lo Contencioso Administrativo se considera difícil, habrá de decirse en primer
lugar que la Sala de Decisión número dos de esta corporación, el día 10 de agosto de 2023
[el que se estudia en esta tutela], en un caso similar al presente asunto, profirió providencia
en donde con el propósito de resolver el recurso de apelación y establecer el término de
caducidad del medio de control señaló: (…)
59. Esta Sala considera que aquella posición que pudo haber sido útil y adecuada para
resolver ciertos conflictos en un determinado momento, no puede constituir hermenéutica para
el presente caso; siendo necesario aceptar como así lo ha hecho la Corte Constitucional que
todo sistema jurídico se estructura en torno a una tensión permanente entre la búsqueda de
la seguridad jurídica y la realización de la justicia material del caso en concreto.
60. Conforme a lo anterior, y en ejercicio de su autonomía interpretativa acorde con los
principios y valores esenciales del ordenamiento constitucional y en especial con el Acceso a
la Administración de Justicia se hace necesario tener la máxima prudencia como así lo enseña
la jurisprudencia de lo contencioso Administrativo, para en este caso definir el término de
caducidad del medio de control de tal manera que dando aplicación a la fuente en Derecho no
se omita por razones formales la eventual reparación del daño antijurídico.
(…)
62. A su vez en aplicación del principio procesal pro damnato y pro actione aplicado por la
jurisprudencia del Consejo de Estado, se dirá que la Caducidad del medio de control de
Reparación Directa en un asunto como este no puede dilucidarse bajo el cruce de correos
informales como aquel tenido en cuenta en la primera instancia para computar el término de
Caducidad en cuanto a la Acción se refiere.

10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del
24 de septiembre de 2020. Proceso de reparación directa 68001-23-31-000-2012-00532-01 (56283).
11 El auto que se discute vía tutela fue proferido el 10 de agosto de 2023 dentro del proceso nro. 2023-00021-
01 (Sala de Decisión 2), con ponencia del magistrado Luis Ernesto Arciniegas Triana. La providencia que
aportó la demandante data del 30 de octubre de 2023 y fue emitida dentro del proceso nro. 2023-00025-01
en Sala Sexta de decisión integrada por Félix Alberto Rodríguez Riveros (M.P), Luis Ernesto Arciniegas
Triana y Diego Mauricio Higuera Jiménez.
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63. En efecto, el correo electrónico direccionado desde la dirección
vqueroa@parcaprecom.com.co no puede ser considerado como el hecho generador del daño,
por ende, ser tenido en cuenta como una efectiva manifestación de voluntad de la
Administración y su representación legal para -por esta vía- generar el supuesto hecho dañoso
en cuanto hace al desacato frente al cumplimiento de Sentencia Judicial. Visto tal escrito no
contiene siquiera firma manuscrita o digital ni constancia alguna de la facultad en que se actúa
por parte de quien se denomina “Viviana Quero.
65. Por el contrario, estima la Sala, que en el asunto sometido a su consideración el hecho
dañoso se evidenciaría con el depósito judicial parcial realizado en favor de la demandante el
día 06 de mayo de 2021, por la suma de $65.472.461,0019, pues es a través de ese acto de
la Administración que se configura el supuesto menoscabo de una obligación cierta, clara y
exigible derivada de Sentencia Judicial.
(…)
69. Esta omisión se constituye como el supuesto generador del daño, respecto de lo cual tal y
como se ha referido la caducidad debe contabilizarse a partir del momento en que
presuntamente generó la consignación parcial de la obligación cierta antes referida, lo que
consecuencialmente representaría una omisión de la Administración en desacato de sus
responsabilidades legales, pues es este el momento determinante de la producción de un
eventual daño, susceptible de ser controvertido ante la jurisdicción contenciosa.»

El aparte de la sentencia judicial en cita da cuenta de que el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala Sexta de Decisión, consideró que los casos
que presentan las características fácticas ya expuestas resultan difíciles a
efectos de establecer el momento desde el cual debe iniciar el cómputo de
caducidad de la acción. Por lo que, en aplicación del principio de justicia
material, de prevalencia del derecho sustancial (artículo 228 C.P.) y en
garantía del derecho al acceso a la administración de justicia, decidió que la
pauta para el cómputo de la caducidad no podía ser un cruce informal de
correos, sino que el hecho dañoso se evidencia con la constitución del depósito
judicial. Esta última tesis es la que ha defendido la señora López Duarte en el
proceso ordinario y de tutela.

Esta situación, como es claro, tiene efectos en el derecho a la igualdad de la
señora López Duarte, pues en un caso con escenario fáctico idéntico al suyo,
el Tribunal accionado optó por un cómputo flexible del fenómeno de la
caducidad de la acción, lo que da cuenta de un trato diferenciado con impacto
determinante en su derecho al acceso a la administración de justicia.

Al respecto, conviene recordar que el inciso primero del artículo 13 de la
Constitución Política establece que todas las personas deben recibir el mismo
trato y protección por parte de las autoridades y que deben gozar de los
mismos derechos y oportunidades. Esta dimensión formal12 del derecho a la
igualdad implica que debe ser real y efectiva, es decir, que ante una misma
situación debe aplicarse la Ley de la misma manera a todos sus destinatarios.
Así entonces, uno de los mandatos que deriva del principio de igualdad, según
la jurisprudencia de la Corte Constitucional13, es que las autoridades deben

12 Sobre las dimensiones del principio y derecho a la igualdad, en la sentencia SU109 de 2022, con ponencia
de la magistrada Paola Meneses, se indicó: «134. Teniendo en cuenta lo anterior, la jurisprudencia ha
señalado que la igualdad tiene dos facetas o dimensiones: la formal y la material. Por una parte, la dimensión
formal de la igualdad supone que “la ley debe ser aplicada del mismo modo a todas las personas”, lo cual
“se traduce, asimismo, en una prohibición de discriminación ‘por razones de sexo, ideología, color de piel,
origen nacional o familiar u otros similares’”. Por su parte, la dimensión material de la igualdad “opera cuando
por las condiciones de los sujetos implicados en la regulación, se torna imperativo discriminar
positivamente”. A través de la faceta material de la igualdad se “permite (y en muchos casos exige) que el
Estado fije tratamientos diferenciados positivos o afirmativos, a fin de garantizar la igualdad de
oportunidades”. Las acciones afirmativas son aquellas “políticas o medidas dirigidas a favorecer a
determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social,
cultural o económico que los afectan, bien de lograr que los miembros de un grupo subrepresentado,
usualmente un grupo que ha sido discriminado, tengan una mayor representación”»
13 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-010 de 2023. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera. Sobre
los mandatos del derecho a la igualdad: «49. Del principio de igualdad se derivan cuatro mandatos: (i) un
mandato de trato idéntico a destinatarios que “se encuentren en circunstancias idénticas” ; (ii) un mandato
de trato diferente a destinatarios “cuyas situaciones no comparten ningún elemento en común” ; (iii) un
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dispensar un trato idéntico a destinatarios que se encuentran en circunstancias
idénticas.

Bajo este contexto, se tiene que la señora López Duarte se vio expuesta a
asumir las consecuencias negativas de un trato desigual en un escenario
fáctico idéntico. Aunque es claro que la tesis de corrección fue posterior, por
lo que no es dable hablar de un precedente horizontal, también lo es que el
hecho de que se haya recogido la tesis al reconocer que se trataba de un caso
difícil en el que era necesario defender una postura garantista frente al derecho
de acción, hace evidente un escenario de desigualdad y de justicia material en
el que se justifica la intervención del juez de tutela para equilibrar la balanza.

Por lo anterior, a las razones desarrolladas en los numerales precedentes, las
cuales apoyan una postura de amparo a las pretensiones de la demandada,
se suma la de la garantía del derecho a la igualdad a partir del mandato
constitucional de que las autoridades deben dispensar el mismo trato a las
personas que se encuentren en situaciones idénticas, como el que se analiza.
Aunque debe precisarse que esta conclusión atiende a las particularidades
propias de este caso, en especial, al hecho de que la Sala Sexta de Decisión
del Tribunal Administrativo de Boyacá está integrada por el ponente del auto
del 10 de agosto de 2023 y que se recogió de manera expresa la tesis allí
desarrollada, pues es claro que si se tratara de Salas de Decisión conformadas
por magistrados diferentes primarían los principios de autonomía e
independencia judicial y el análisis de vulneración de derechos debería
hacerse a partir del criterio de razonabilidad de la decisión.
4.8. Conforme a lo expuesto, se insiste en que en el caso particular debió
analizarse la operancia de la caducidad de la acción a la luz de los hechos y
pretensiones de la demanda, así como de las pruebas aportadas al proceso y
su peso de convicción para establecer razonablemente cuándo surgió el
interés para demandar dada la ocurrencia de un daño cierto.
En caso de duda frente a la determinación del hecho generador y del daño
debió atenderse a los principios pro actione y pro homine para dar prevalencia
al derecho de acceso a la administración de justicia, dado que la sanción de
rechazo por caducidad en un caso que presenta duda frente a la concreción
del daño en una etapa temprana del proceso resulta excesiva.
Lo anterior, sin perjuicio de que el juez de la causa pueda retomar la discusión
sobre la caducidad en una etapa posterior del proceso.
Al respecto conviene recordar que, la jurisprudencia constitucional ha
establecido que los jueces pueden incurrir en defecto sustantivo cuando en la
aplicación de la premisa jurídica para resolver el caso particular desconocen
el método de interpretación conforme y de antiformalismo. Este principio exige
que los jueces en la aplicación e interpretación de las leyes opten por
entenderlas en el sentido que mejor guarde coherencia con la Constitución.
5. Conclusión
De conformidad con los argumentos expuestos, se tiene que el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala Segunda de Decisión, incurrió en defecto sustantivo
al emitir el auto del 10 de agosto de 2023. Esto porque la premisa jurídica de sus
decisiones se fundamentó en una interpretación y aplicación rígida y rigurosa del
artículo 164.2.i) del CPACA que afectó el derecho de acceso a la administración de

mandato de trato similar a destinatarios “cuyas situaciones presenten similitudes y diferencias, pero las
similitudes sean más relevantes a pesar de las diferencias” ; y (iv) un mandato de trato diferenciado a
destinatarios que “se encuentren también en una posición en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo
caso las diferencias sean más relevantes que las similitudes”»
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justicia de Martha Raquel López Duarte y desconoció los principios pro actione y
pro homine.
También se evidencia que el hecho de que en una providencia posterior, el Tribunal
Administrativo de Boyacá recogiera expresamente la tesis de cómputo de caducidad
defendida en el auto del 10 de agosto de 2023 para aplicar una que garantizara el
derecho de acción y los principios pro actione y pro homine afectó el derecho a la
igualdad de la señora Martha Raquel López Duarte.
En consecuencia, la Sala dejará sin efectos el auto del 10 de agosto de 2023
proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Segunda de Decisión,
dentro del proceso Nro. 15001-33-33-014-2023-00021-01. En su lugar, se ordenará
que profiera una nueva providencia en la que se realice el estudio de la caducidad
de la acción en el caso particular atendiendo a las consideraciones de la parte
motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Amparar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y a
la igualdad de Martha Raquel López Duarte, por las razones expuestas en la
parte considerativa de este fallo.

2. Dejar sin efecto el auto del 10 de agosto de 2023, proferido por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala Segunda de Decisión en el proceso de
reparación directa nro. 15001-33-33-014-2023-00021-01. En consecuencia,
ordenarle a la accionada que, en el término de tres (3) días, contados a partir
de la notificación de esta decisión, dicte providencia de reemplazo en la que
decida sobre la caducidad de la acción de conformidad con los argumentos
expuestos en esta providencia.

3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

5. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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