Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05469-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Acción de tutela contra providencias judiciales: debe reunir los requisitos
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05469-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-05469-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
17 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05469-00
Demandante: NASLY YAMILE HERNÁNDEZ CORREA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Debe reunir los requisitos
generales establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que proceda su estudio de
fondo / REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple en
este caso, dado que la actora busca discutir aspectos netamente económicos.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Nasly Yamile Hernández
Correa contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.
I. A N T E C E D E N T E S
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 26 de septiembre de la presente anualidad 1, la señora Nasly Yamile Hernández
Correa, por medio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración
de justicia2. Formuló las siguientes pretensiones:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA en la
sentencia proferida el día 31/08/2023, en el expediente rad. No.
05001333303620220023500, transgredió los derechos fundamentales: AL
DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS
1 Se advierte que, el 10 de octubre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2
La accionante también consideró desconocidos los principios de seguridad jurídica, «situación más
favorable en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formas de derecho» y
perpetuatio jurisdictionis.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05469-00
Demandante: Nasly Yamile Hernández Correa
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E
INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA
A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA
PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL
DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la
accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los
postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este
órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se
encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA; dejar sin efectos la providencia referida en
el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de
precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las
sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H.
Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento
y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a
los postulados establecidos en los siguientes expedientes:
3.CORTE CONSTITUCIONAL
N RADICADO FECHA MAGISTRADO CONSEJEROS
o. EXPEDIENTE DECISIÓN PONENTE FIRMANTES
Exp. T-6.736.200 SENTENCIA DE
17 de Dra. GLORIA UNIFICACIÓN
1 octubre de STELLA ORTIZ 098/2018 DE LA
2018 DELGADO CORTE
CONSTITUCIONAL
Exp. T-5904426 y SENTENCIA DE
otros Dra. GLORIA
25 de julio UNIFICACIÓN 332
2 STELLA ORTIZ
de 2019 /2019 DE LA CORTE
DELGADO
CONSTITUCIONAL
Dr. LUIS SENTENCIA DE
6 de
Exp. T 7.182-312 GUIILLERMO UNIFICACIÓN 041
3 febrero de
y otros GUERRERO /2020 DE LA CORTE
2020
PÉREZ CONSTITUCIONAL
CONSEJO DE ESTADO
RADICADO FECHA MAGISTRADO CONSEJEROS
No. EXPEDIENTE FIRMANTES
DECISIÓN PONENTE
08001-23-33-
SENTENCIA DE
000-201300666- 6 de agosto de Dra. SANDRA
1 UNIFICACIÓN DEL
01 2020 LISETH IBARRA
CONSEJO DE ESTADO
(0833-16)
76001-23-31- Dr. CÉSAR PALOMINO
000200900867- 24 de enero de Dra. SANDRA CORTÉS - Dr.
2 01, No. Interno: 2019 LISETH IBARRA CARMELO PERDOMO
4854-2014 CUÉTER
Dr. JAIME ENRIQUE
11001-0315- Dr. NICOLÁS
17 de junio de RODRÍGUEZ NAVAS -
3 000-2018- YEPES
2019 Dr. GUILLERMO
04617-01 CORRALES
SÁNCHEZ LUQUE
Dr. ROBERTO DRA. NUBIA MARGOTH
11001-03-15- PEÑA GARZÓN- DR.
28 de junio de AUGUSTO
4 000-2018- HERNANDO SÁNCHEZ
2019 SERRATI
04679-01) SÁNCHEZ
VALDÉS
2
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05469-00
Demandante: Nasly Yamile Hernández Correa
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Dr. JAIME ENRIQUE
11001-0315- Dr. NICOLÁS
29 de julio de RODRÍGUEZ NAVAS -
5 000-2018- YEPES
2019 Dr. GUILLERMO
03499-01 CORRALES
SÁNCHEZ LUQUE
Dr. RAFAEL Dr. WILLIAM
08001 23 33 000 HERNÁNDEZ GÓMEZ
2 de diciembre FRANCISCO
6 2014 00173-01
de 2019 SUÁREZ - Dr. GABRIEL
(1688-16)
VARGAS VALBUENA
Dr. CÉSAR PALOMINO
08001-23-33-
10 de junio de Dra. SANDRA CORTÉS - Dr.
7 000-201400208-
2020 LISETH IBARRA CARMELO PERDOMO
01
CUÉTER
Dr. RAFAEL
08001-23-31-
Dr. WILLIAM FRANCISCO SUÁREZ
000-201400254- 22 de octubre
8 HERNÁNDEZ VARGAS - Dr. GABRIEL
01 de 2020
GÓMEZ VALBUENA
(4960-2017)
HERNÁNDEZ
Dr. RAFAEL
08001-23-33- 12 de Dr. WILLIAM FRANCISCO SUÁREZ
9 000-201400132- noviembre de HERNÁNDEZ VARGAS - Dr. GABRIEL
01 2020 GÓMEZ VALBUENA
HERNÁNDEZ
Dr. WILLIAM
08001 23 31 Dr. GABRIEL HERNÁNDEZ GÓMEZ -
17 de junio de
10 000 2014 00815 VALBUENA Dr. RAFAEL
2021
01 (4979–2017) HERNÁNDEZ FRANCISCO SUÁREZ
VARGAS
Dra. SANDRA LISSET
08001-23-33- Dr. CÉSAR
17 de junio de IBARRA VÉLEZ - Dr.
11 000-201500331- PALOMINO
2021 CARMELO PERDOMO
01 CORTÉS
CUÉTER
Dr. RAFAEL
19001-23-33-
4 de Dr. WILLIAM FRANCISCO SUÁREZ
000-2015-
12 noviembre de HERNÁNDEZ VARGAS - Dr. GABRIEL
00445-
2021 GÓMEZ VALBUENA
02(048320)
HERNÁNDEZ
08001-23-33- Dr. CÉSAR PALOMINO
25 de
000-201401127- Dra. SANDRA CORTÉS - Dr.
13 noviembre de
01 LISETH IBARRA CARMELO PERDOMO
2021
(1002-2021) CUÉTER
Dr. RAFAEL
40001-23-40-
25 de Dr. WILLIAM FRANCISCO SUÁREZ
000-201700134-
14 noviembre de HERNÁNDEZ VARGAS - Dr. GABRIEL
01
2021 GÓMEZ VALBUENA
(2208-2020)
HERNÁNDEZ
Dr. RAFAEL
080001-23-40-
11 de Dr. WILLIAM FRANCISCO SUÁREZ
000-201590008-
15 noviembre de HERNÁNDEZ VARGAS - Dr. GABRIEL
01
2021 GÓMEZ VALBUENA
(2387-2020)
HERNÁNDEZ
Dr. WILLIAM
080001-23-40-
11 de Dr. GABRIEL HERNÁNDEZ GÓMEZ -
000-201490022-
16 noviembre de VALBUENA Dr. RAFAEL
01
2021 HERNÁNDEZ FRANCISCO SUÁREZ
(5154-2016)
VARGAS
Dr. WILLIAM
080001-23-33-
Dr. GABRIEL HERNÁNDEZ GÓMEZ -
000-201700931- 20 de enero de
17 VALBUENA Dr. RAFAEL
01 2022
HERNÁNDEZ FRANCISCO SUÁREZ
(1001-2021)
VARGAS
Dr. RAFAEL
080001-23-33-
Dr. WILLIAM FRANCISCO SUÁREZ
000-201500075- 3 de marzo de
18 HERNÁNDEZ VARGAS - Dr. GABRIEL
01 2022
GÓMEZ VALBUENA
(2660-2020)
HERNÁNDEZ
3
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05469-00
Demandante: Nasly Yamile Hernández Correa
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
76001-23-33-
Dr. CARMELO Dr. CÉSAR PALOMINO
000-201300756- 28 de abril de
19 PERDOMO CORTÉS - Dra. SANDRA
01 2022
CUÉTER LISETH IBARRA
(2224-2020)
Dr. WILLIAM
080001-23-40- Dr. RAFAEL
HERNÁNDEZ GÓMEZ -
000-201700795- 9 de mayo de FRANCISCO
20 Dr. GABRIEL
01 2022 SUÁREZ
VALBUENA
(2659-2020) VARGAS
HERNÁNDEZ
47-001-23-33- Dr. CÉSAR PALOMINO
000-201900359- 19 de mayo de Dra. SANDRA CORTÉS - Dr.
21
01 2022 LISETH IBARRA CARMELO PERDOMO
(4004-2021) CUÉTER
47-001-23- Dr. CÉSAR PALOMINO
33000-2019- 1 de julio de Dra. SANDRA CORTÉS - Dr.
22
00376- 2022 LISETH IBARRA CARMELO PERDOMO
01 (4462-2021) CUÉTER
08001-23-33- Dr. SANDRA LISSET
Dr. CÉSAR
000-201500509- 22 de agosto IBARRA VELEZ – Dr.
23 PALOMINO
01 de 2022 CARMELO PERDOMO
CORTÉS
(2140-2020) CUÉTER
08001-23-33- Dr. SANDRA LISSET
22 de Dr. CESAR
000-201590124- IBARRA VELEZ – Dr.
24 septiembre de PALOMINO
01 CARMELO PERDOMO
2022 CORTÉS
(2394-2020) CUÉTER
76001-23-31- DR. RAFAEL
000-2012- Dr. WILLIAM FRANCISCO SUAREZ
19 de enero de
25 00212-02 HERNANDEZ VARGAS – Dr. GABRIEL
2023
(4470-2021) GOMEZ VALBUENA
HERNANDEZ
47001-23-33- DR. WILLIAM
DR. RAFAEL
000-2018-0231- 26 de enero HERNÁNDEZ GÓMEZ –
26 FRANCISCO
01 (0871-2020) 2023 DR. GABRIEL
GOMEZ
VALBUENA
1.2. Hechos
De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:
La señora Nasly Yamile Hernández Correa labora como docente «con la entidad
territorial certificada en educación del Departamento de Antioquia». Además, se
encuentra afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 3 y es
beneficiaria del régimen de cesantías anualizadas.
El 19 de noviembre de 2021, la hoy accionante le solicitó a la Secretaría de Educación
del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y al Fomag el
reconocimiento y pago de la sanción por la no consignación de cesantías y la
indemnización por el pago tardío de los intereses, con fundamento en el régimen
establecido en las Leyes 52 de 1975 y 50 de 1990.
3 En adelante FOMAG.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05469-00
Demandante: Nasly Yamile Hernández Correa
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Mediante acto administrativo 202130543757 del 3 de diciembre de 2021, la Alcaldía
del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín negó la solicitud
de la demandante.
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la señora
Nasly Yamile Hernández Correa demandó al Ministerio de Educación Nacional –
FOMAG y a la Alcaldía del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo que negó la
petición de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de
las cesantías y la indemnización por el pago tardío de los intereses.
Mediante sentencia del 28 de octubre de 2022, el Juzgado 36 Administrativo de
Medellín negó las súplicas de la demanda, por considerar que la señora Hernández
Correa se encontraba afiliada al FOMAG y, por tanto, tenía un régimen especial de
cesantías en el cual no operaba la sanción por mora.
Contra la anterior decisión, la accionante interpuso recurso de apelación con
fundamento en que la Corte Constitucional el Consejo de Estado, en reiteradas
ocasiones, habían establecido que era posible aplicar la Ley 50 de 1990 a los
docentes oficiales, con fundamento en el principio de favorabilidad. Es decir, que como
en la Ley 91 de 1989 —régimen especial de los docentes— no existe regulación sobre
la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, se debía aplicar la norma
más favorable, esto es, la Ley 50 de 1990, que sí lo estableció.
El Tribunal Administrativo de Antioquia , mediante providencia del 30 de agosto de
2023, confirmó la decisión de primera instancia, bajo el argumento de que no era
posible hacer extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990 al caso de la demandante, quien había ocupado el cargo de docente oficial al
servicio del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y se
encontraba cubierta por el sistema anualizado de cesantías regulado por la Ley 91 de
1989.
Indicó que no es necesario recurrir al principio de favorabilidad, toda vez que no se
está frente a dos disposiciones que ofrezcan un trato diferenciado o que se presenten
antinomias legales. Por el contrario, lo que se aprecia es que la Ley 91 de 1989 no
contempló la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías que
introdujo la Ley 50 de 1990 y que por virtud de la Ley 344 de 1996 se extendió a los
servidores públicos territoriales con excepción de los educadores.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05469-00
Demandante: Nasly Yamile Hernández Correa
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Agregó que, de hecho, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en sentencia del 20 de mayo de 2021, expediente 27001-23-33-000-2014-00009-01,
concluyó que únicamente era viable aplicar el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 cuando
el docente oficial acreditara su vinculación a un fondo privado de cesantías.
1.3. Argumentos de la tutela
A lo largo del escrito de tutela, de forma resumida, la parte actora sostuvo que el
Tribunal Administrativo de Antioquia desconoció el precedente fijado por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018, así como en 26 sentencias del
Consejo de Estado, entre las cuales se destacan la sentencia de tutela del 29 de julio
de 2019 y la SU-2013-00666 del 6 de agosto de 2020, en las que se determinó que
la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 sí resultaba
aplicable a los docentes oficiales.
Luego de hacer un recorrido histórico sobre el FOMAG y su funcionamiento, adujo
que, si bien los docentes gozan de un régimen especial, lo cierto es que, en virtud del
principio de favorabilidad, se les debe aplicar la normativa del régimen general que
consagra la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, esto es, la Ley
50 de 1990.
De otra parte, la accionante señaló que el ad quem no argumentó con claridad por
qué se apartó del precedente consagrado en las 26 sentencias emitidas por el
Consejo de Estado, pues lo único que expresó es que «existía unidad de caja en el
manejo de los recursos del FOMAG y que no existe sentencia unificada, despreciando
la masividad de sentencias expedidas por las 2 secciones que conforman la sección
2da del H.C.E.».
Agregó que, contrario a la decisión del Tribunal, la aplicación de la Ley 50 de 1990 a
los docentes oficiales no desconoce el principio de inescindibilidad, pues, como se ha
evidenciado, se aplica la norma de manera integral favoreciendo al docente oficial.
Además, indicó que, al existir un vacío normativo, lo más lógico es llenarlo con la
norma más favorable.
Asimismo, mencionó que la autoridad judicial accionada desconoció el principio de
seguridad jurídica, toda vez que « es cierto que existe una abierta discordancia. entre
lo expresado por la Sección Segunda, en más de 22 ocasiones entre los años 2021,
6
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05469-00
Demandante: Nasly Yamile Hernández Correa
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
2022 y 2023 y la decisión adoptada el 31/08/2023 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en el expediente radicado No.05001333303620220023500 ».
Sostuvo que existe una sucesión de «irregularidades sustantivas» dentro de la
decisión de segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
Finalmente, citó 10 sentencias proferidas por diferentes juzgados administrativos del
país, en las que, con fundamento en el principio de favorabilidad, se reconoció la
sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales a los docentes
demandantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 29 de septiembre de 2023, el despacho de la magistrada
ponente admitió la acción de tutela y ordenó que aquel se notificara a los magistrados
que integran el Tribunal Administrativo de Antioquia, como parte demandada, y, como
terceros con interés, a la ministra de Educación Nacional, a la Fiduprevisora, en
calidad de administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio – FOMAG y al alcalde del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín . Así mismo, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado.
2.2. El Ministerio de Educación Nacional solicitó que se declarara improcedente la
acción de tutela, toda vez que la parte accionante centró la discusión en un debate de
carácter legal e indudablemente de naturaleza económico, ni tampoco agotó los
mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa previstos en la ley, para tal efecto
mencionó que no se alegó el «incidente de nulidad», dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-036-2022-00235-01.
2.3. La Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio manifestó que las
cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales, por cuanto el
FOMAG fue creado mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja.
En ese sentido, los valores que corresponden a las cesantías no se consignan, sino
que «ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde el primer mes de cada
vigencia».
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05469-00
Demandante: Nasly Yamile Hernández Correa
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Sostuvo que la señora Nasly Yamile Hernández Correa realizó una indebida
interpretación de la jurisprudencia relacionada con las cesantías del FOMAG, pues
reclamó la consignación extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos
en la Ley 50 de 1990 e indemnización por el pago inoportuno de los intereses, frente
a lo cual es «imposible que se cause una demora respecto de un hecho que la
administración no puede ejecutar en el régimen especial de los docentes, ya que
resulta imposible realizar una consignación ante la ausencia de cuentas individuales
por cada afiliado».
Pidió que se declarara improcedente la tutela porque la autoridad judicial accionada
decidió la controversia conforme a la normativa establecida y observó las garantías
procesales.
2.4. El Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, mediante apoderado
judicial, solicitó que se declarara improcedente la solicitud de amparo, entre otras
razones, porque los docentes oficiales son obligatoriamente afiliados al Fomag, razón
por la cual las cesantías del sector docente se rigen bajo el principio de unidad de caja
y, por tanto, no es posible aplicar el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
2.5. Los demás vinculados guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos
generales de la tutela contra providencia judicial, particularmente, el de relevancia
constitucional. De cumplirse, deberá abordarse el estudio de fondo del asunto, con el
fin de establecer si la sentencia proferida el 30 de agosto de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 05001-33-33-036-2022-00235-01, incurrió en los defectos endilgados y,
de paso, vulneró los derechos fundamentales de la señora Nasly Yamile Hernández
Correa.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05469-00
Demandante: Nasly Yamile Hernández Correa
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
2. Análisis de la Sala
2.1. Del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, en relación con
la supuesta falta de aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990
En sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la
autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en
asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para
determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional,
es necesario examinar dos elementos.
El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es,
que justifique suficientemente la relevancia constitucional por la vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».
El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez
que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger
derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus
discrepancias con las providencias que allí se dicten.
Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento
jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las decisiones de los
jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores excepciones, la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales.
En el asunto que ocupa la atención de la Sala, se reclama la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia del 30 de agosto
de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio del cual
confirmó la sentencia dictada el 28 de octubre de 2022, por el Juzgado 36
Administrativo de Medellín.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05469-00
Demandante: Nasly Yamile Hernández Correa
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
En el fondo, la accionante alega que tiene derecho al reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por la no consignación oportuna de sus cesantías, pues, en su
criterio, se le debe aplicar el artículo 99 de la ley 50 de 1990, que sí consagra dicha
sanción.
La Sala anticipa que la acción de tutela no tiene vocación de prosperidad. Tal
afirmación encuentra respaldo en las siguientes razones:
En primer lugar, la solicitud de amparo elevada por la señora Hernández Correa
carece de relevancia constitucional, debido a que es evidente que la controversia que
aquí se examina, en el fondo, es de carácter legal e indudablemente se direcciona a
un debate económico, pues se pretende el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por la no consignación de sus cesantías.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia de unificación SU- 573 de
2019, revocó diferentes fallos en los que se negaron tutelas que pretendían el pago
de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías, para, en su lugar,
declararlas improcedentes por falta de relevancia constitucional, precisamente,
porque consideró que comprendían discusiones económicas o patrimoniales para las
cuales no estaba instituida este instrumento constitucional. Así lo indicó:
[L]a sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías no es un
derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza
constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el carácter
irrenunciable de las cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya
finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente sin trabajo” 4 . Por
tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela
devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la
vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En
consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la finalidad misma
de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador que no las consigna al
fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados, es un reconocimiento
de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención
del juez de tutela. Además, según se deriva de los antecedentes de los casos
acumulados, no es prima facie admisible considerar que la falta de
reconocimiento de aquella pretensión económica pueda comprometer su mínimo
vital, en la medida en que los tres accionantes mantienen vigente su vínculo
laboral con el Departamento del Atlántico5
Asimismo, en varias oportunidades, el Consejo de Estado ha considerado que la
sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías es un asunto
netamente económico. Por ejemplo, esta Subsección, en la sentencia del 18 de marzo
4 Cita original de la providencia: Sentencia SU-336 de 2017.
5 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05469-00
Demandante: Nasly Yamile Hernández Correa
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
de 20226, indicó lo siguiente:
La accionante discute que tiene derecho al reconocimiento de la sanción
moratoria porque la entidad pública pagadora contaba con 45 días a partir del
acto administrativo que ordenó la liquidación de sus cesantías para cancelar dicha
prestación social y se tardó más de 260 días en mora.
En ese orden de ideas, se considera que la controversia gira en torno a una
cuestión netamente económica, toda vez que la inconformidad que se planteó se
limita al pago de un derecho patrimonial -pago de la sanción moratoria- y no se
orienta a la protección de los derechos fundamentales invocados en la demanda
de tutela.
Esta Corporación ya se pronunció sobre un tema similar y consideró que:
33. [E]sta Sala otorga relevancia constitucional a toda pretensión que, en sede de
tutela, estuviese relacionada con una controversia en torno al amparo de un
derecho o garantía de rango fundamental, como lo son las cesantías; no obstante,
en asuntos como el caso en concreto, se ha sostenido que las pretensiones que
versen sobre derechos de índole estrictamente económico, al no encontrarse
ligados a la satisfacción de una garantía de naturaleza fundamental, se tornan
improcedentes frente al amparo constitucional.
34. El anterior lineamiento acogido por la Sala se ha construido en estricto
seguimiento de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-573
del año 2019, providencia cuyos elementos fácticos guardan identidad con el
asunto examinado, dado que versó sobre tres solicitudes de amparo contra
decisiones judiciales que no accedieron a la pretensión de reconocer sanción
moratoria por el pago tardío de cesantías.
35. En la sentencia en mención, el máximo Tribunal Constitucional señaló que el
carácter irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza como
prestación patronal de rango legal, cuya finalidad es el auxilio de la persona que
se quede temporalmente en situación de desempleo y, por tanto, “solo en la
medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente
cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al
mínimo vital y a la seguridad social del trabajador”.
36. De acuerdo con lo anterior, señaló la Corte Constitucional en aquella
sentencia unificadora que todo pago adicional no correspondiente con la finalidad
buscada por las cesantías, sino relacionado con una penalidad impuesta al
empleador por el no pago o pago tardío de las mismas, cuenta con una naturaleza
estrictamente patrimonial cuyo reconocimiento, por tanto, no requiere la
intervención del juez de tutela […].
En esa misma línea, la Sección Tercera del Consejo de Estado se ha
pronunciado:
5) Lo expuesto permite concluir que las afirmaciones de la demandante que
sustentaron la presentación de la acción de tutela de la referencia ya fueron
materia de análisis por parte del juez natural de la causa por lo cual es evidente
que la parte actora pretendió emplear este mecanismo de amparo como un
recurso con el que buscó un nuevo pronunciamiento favorable a sus intereses, el
cual, dicho sea de paso, corresponde a una discusión de carácter eminentemente
económico a través del reconocimiento de una sanción moratoria por el pago
tardío de cesantías.
6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de marzo de 2022, M.P. Marta
Nubia Velásquez Rico, expediente 11001-03-15-000-2021-09117-01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05469-00
Demandante: Nasly Yamile Hernández Correa
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
6) Ante ese panorama la Sala reitera que la tutela no está instituida como una
instancia para reclamar pretensiones de carácter pecuniario y que no tengan una
relación directa con una discusión de carácter fundamental7.
Así las cosas, si bien el reconocimiento y el pago de las cesantías c onstituye un
derecho irrenunciable para el trabajador, y su falta de pago podría suponer una clara
vulneración de las garantías fundamentales, lo cierto es que no ocurre lo mismo con
la cuantía correspondiente a la penalidad de la sanción moratoria cuando el empleador
no consigna oportunamente tales cesantías. Lo anterior, porque este monto es de
naturaleza sancionatoria y eminentemente legal, lo que no da lugar a la intervención
del juez de tutela.
También es importante anotar que la accionante no allegó elementos probatorios
mínimos que den cuenta de la afectación de su mínimo vital por la no consignación de
sus cesantías del 2020.
Es evidente, entonces, que la discusión se centra en un aspecto netamente
económico, debido a que la inconformidad que se planteó se limita al pago de un
dinero, como consecuencia de la referida sanción por mora, la que, a juicio de la
accionante, también cobija a los docentes oficiales, aspectos que, en sentir de la Sala,
no se orientan a la protección de los derechos fundamentales invocados en la solicitud
de amparo.
2.2. Desconocimiento del precedente
Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas 8:
a. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría
desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció 9.
b. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se
habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo
ya decidido.
7 Cita original de la providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, sentencia del 11 de octubre de 2021, expediente 2021-06078-01, M.P. Fredy
Hernando Ibarra Martínez.
8 Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011.
9 Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho: «la existencia de un precedente no depende del hecho
de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime
aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual
resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las sentencias.
Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones similares y (ii) que
la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto de análisis.
También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica».
12
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05469-00
Demandante: Nasly Yamile Hernández Correa
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
c. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó
de aplicar.
d. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen
diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las
razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá
desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco
habrá desconocimiento del precedente si el juez identifica el criterio jurisprudencial
supuestamente ignorado y expone las razones para apartarse (principios de
transparencia y razón suficiente 10).
e. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón
central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la
valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio
en cada caso concreto11.
f. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la
protección del derecho al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia.
En este sentido, según la accionante, la decisión cuestionada desconoció el
precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU 098-2018, así como
el sentado por el Consejo de Estado, entre otras, en las sentencias CE-SUJ-SII-022-
2020, del 22 de septiembre de 2022 y del 29 de julio del 2019, debido a que lo allí
decidido resultaba aplicable en su caso particular; sin embargo, la Sala advierte que
no existe la correspondencia fáctica y jurídica que alega la demandante, lo cual
desvirtúa la configuración del alegado defecto. Así se pudo constatar a través de los
siguientes cuadros comparativos:
Criterio SU 098 de 2018 Sub lite
Vinculación Docente en provisionalidad En el expediente de tutela
de la referencia no se
suministra información
sobre este aspecto
10 En relación con el derecho de apartamiento y los principios de transparencia y razón suficiente, ver,
entre otras, las sentencias T-698 de 2004, T-794 de 2011 y T-364 de 2017 de la Corte Constitucional.
11
Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es «la formulación general, más allá de las
particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de la
decisión judicial específica». Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010.
13
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05469-00
Demandante: Nasly Yamile Hernández Correa
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Estado del vínculo laboral El vínculo del docente terminó, Desde 2006, la señora
sin embargo, la Secretaría de Hernández Correa se
educación, por medio de la encuentra afiliada al
resolución 4143.3.21.5447 del servicio de docente oficial
22 de octubre de 2007, le
reconoció el pago de las
prestaciones sociales
definitivas y le informó que el
paso se realizaría al respectivo
Fondo de Cesantías.
Afiliación al FOMAG Por un error interno, el docente La docente se encuentra
solo fue afiliado al Fomag en afiliada al FOMAG.
2007, a pesar de haberse
vinculado en 2003.
Reclamación del pago de las Cuando culminó su relación La docente solicitó, el 19
cesantías y sus laboral con el Municipio de de noviembre de 2021, el
intereses. Cali, al docente le pago de la sanción
reconocieron el pago de las moratoria por la no
prestaciones sociales, entre consignación de las
estas, las cesantías. cesantías y la
indemnización por el pago
tardío de los intereses.
Tipo de sanción reclamada El docente solicitó el La docente solicitó tanto
reconocimiento, liquidación y el reconocimiento y el
pago de la sanción moratoria pago de la sanción
por la no consignación de las moratoria por la no
cesantías, los intereses a las consignación de las
cesantías ni los rendimientos. cesantías como la
indemnización por el
pago tardío de los
intereses de las
cesantías.
14
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05469-00
Demandante: Nasly Yamile Hernández Correa
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Sentencia
Criterio Sub lite Sentencia CE-SUJ-SII- Del 22 de
022-2020 septiembre de
2022 del
Consejo de
Estado12
Determinar si el Determinar el momento a Definir si operó
Tribunal Administrativo partir del cual se la prescripción
de Antioquia desconoció contabiliza el término de de la sanción
el precedente prescripción para moratoria
jurisprudencial que reclamar la sanción reclamada por
habla sobre la aplicación moratoria de la Ley 50 de la accionante
de la Ley 50 de 1990 a 1990. por el pago
los docentes oficiales. tardío de las
cesantías
anualizadas, o
sí, por el
contrario,
procede
su
reconocimiento.
Sanción La no consignación de La consignación tardía Pago tardío de
moratoria las cesantías del año de las cesantías en las las cesantías
solicitada 2020 anualidades 2005, 2006 de los años
y 2007 1997 a 2003.
Algunos Artículo 151 del Código
fundamentos Procesal del Trabajo y de Sentencia
legales y/o la Seguridad Social. CESUJ-SII-022-
constitucionales 2020
para resolver el Artículo 99 de la Ley 50
problema de 1990.
jurídico
Características - Docente oficial - Secretaría de -Docente oficial
relevantes del - Afiliado a Salud Municipal -Afiliada a
demandante FOMAG - Afiliada a FOMAG
• El vínculo laboral Colfondos -El vínculo
está vigente. laboral estaba
vigente hasta la
presentación
de demanda
ordinaria.
Sentencia del 29 de julio
Criterio Sub lite de 2019 emitida por el
Consejo de Estado13
Vinculación En el expediente de tutela Docente en propiedad
de la referencia no se
suministra información
sobre este aspecto
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 22 de
septiembre de 2022, expediente 2015-90124-01.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de julio
de 2019, expediente de tutela 2018-03499-01.
15
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05469-00
Demandante: Nasly Yamile Hernández Correa
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Estado del vínculo laboral Desde 2006, la señora
Hernández Correa se
encuentra afiliada al En la sentencia no se
servicio docente oficial. suministra información sobre
este aspecto.
Afiliación al FOMAG La docente se encuentra Según la sentencia en
afiliada al FOMAG. mención, sí está afiliada.
Reclamación del pago de La docente solicitó, el 19 de La docente solicitó el
las cesantías y sus noviembre de 2021, el pago reconocimiento y el pago de la
intereses. de la sanción moratoria por sanción moratoria por
la no consignación de las consignación tardía.
cesantías del año 2020 y la
indemnización por el pago.
tardío de los intereses.
Tipo de sanción reclamada La docente solicitó tanto el La docente solicitó al
reconocimiento y el pago municipio de Sabanalarga
de la sanción moratoria por (Atlántico) el reconocimiento
la no consignación de las y el pago de la sanción
cesantías como la moratoria por consignación
indemnización por el pago tardía, con fundamento en la
tardío de los intereses de ley 50 de 1990.
las cesantías.
Lo anterior da cuenta de que en el presente asunto se discute la aplicación de la Ley
50 de 1990 a los docentes oficiales, mientras que en las otras sentencias —incluidas
varias de las citadas por la accionante— de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado, el tema central resuelto era distinto, por ejemplo, la prescripción de la
sanción por el pago tardío de las cesantías y/o por no consignarlas.
En cuanto a la SU-098 de 2018, es claro que resulta fáctica y jurídicamente diferente
al caso de la señora Nasly Yamile Hernández Correa, en la medida en que allá, (i) por
un error interno, el docente provisional nunca estuvo afiliado al FOMAG; (ii) su vínculo
con la respectiva secretaría de educación ya había finalizado y, de hecho, (iii) ya se le
habían reconocido las cesantías y estaba esperando el traslado de los recursos al
fondo de cesantías.
Aún más, la autoridad judicial accionada se refirió a la SU-098 de 2018 y a las reglas
jurisprudenciales allí fijadas, pero advirtió que existe una clara diferencia entre el
funcionamiento del FOMAG y la forma como se administran los recursos en los fondos
privados de cesantías, habida cuenta de que en el primero rige el principio de unidad
de caja, lo que significa que, a diferencia de lo que ocurre en el modelo de los fondos,
no se efectúan consignaciones a cuentas individuales de los docentes, sino que todos
los recursos, provenientes, de hecho, del Sistema General de Participaciones, son
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Demandante: Nasly Yamile Hernández Correa
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
girados al FOMAG, para que este pague las prestaciones correspondientes una vez
sean exigibles.
De otra parte, si bien la sentencia del 29 de julio de 2019, dictada por la Subsección
C de la Sección Tercera de esta Corporación 14, tiene ciertas similitudes con el caso
examinado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, lo cierto es que no era una
decisión vinculante, pues, como se sabe, los fallos proferidos en sede de tutela tienen
efectos inter partes. Por la misma razón tampoco resulta vinculante el fallo de tutela
proferido el 23 de marzo de 2023 por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo
de Estado15, al que también aludió la parte actora.
Con todo, conviene advertir que la tesis contenida en ese fallo de tutela fue revaluada
recientemente por la propia Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación, la que, mediante sentencia del 22 de junio de 2023 16, analizó un caso
que guarda identidad fáctica y jurídica con el que aquí se estudia, y negó la solicitud
de amparo, por considerar que la autoridad judicial accionada «efectuó el estudio del
caso en concreto en el marco de la normativa aplicable al asunto, por lo que no
observa una valoración caprichosa o arbitraria en perjuicio del interés de la parte
demandante que pudiere configurar un desconocimiento del precedente ». A esto
agregó que la Sección Segunda de esta Corporación no ha unificado el tema en
cuestión, aspecto que sólo puede darse en sede ordinaria y no en el marco de una
acción de tutela.
Finalmente, en cuanto a los fallos proferidos por varios juzgados administrativos del
país, en los que se reconoce el derecho a la sanción por mora a docentes vinculados
después del 1º de enero de 1990, por la falta de consignación oportuna de los recursos
del Ministerio de Educación al FOMAG, basta señalar que tales decisiones no
resultaban vinculantes para el Tribunal Administrativo de Antioquia, por emanar de
jueces de inferior jerarquía, lo cual claramente desvirtúa el desconocimiento del
precedente alegado.
Entonces, teniendo en cuenta (i) que la accionante centra la discusión en un tema
netamente legal y económico; (ii) que no se aportó suficiente material probatorio que
acredite que la no consignación de las cesantías afectó sus derechos fundamentales;
14 Exp. 2018-03499-01, M.P. Nicolás Yepes Corrales. Allí se revocó el fallo impugnado y, en su lugar,
se concedió el amparo solicitado por la parte actora, reclamación que, entre otras, se sustentaba en la
aplicación a los docentes oficiales de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la ley 50 de
1990, en virtud del principio de favorabilidad.
15 Expediente 11001031500020230106300.
16 Sentencia de tutela del 22 de junio de 2023, exp. 2023-02451-00, M.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05469-00
Demandante: Nasly Yamile Hernández Correa
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
(iii) que la sentencia en cuestión no incurrió en desconocimiento del precedente
judicial enlistado por la señora Nasly Yamile Hernández Correa, dado que no
comparten identidad fáctica y, en su mayoría, tampoco elementos jurídicos y, además,
(iv) que el Tribunal Administrativo de Antioquia argumentó suficientemente por qué se
apartó del precedente sentado en algunas sentencias de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado, se considera que la solicitud de amparo incumple con el requisito
de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por la señora
Nasly Yamile Hernández Correa, por lo razonado en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de tutela
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
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https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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