Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05519-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05519-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-05519-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
10 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05519-00
Accionante: Luz Marina Seguro Varela
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Decisión
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - Instancia adicional – la parte
actora pretende reabrir el debate estrictamente legal y económico al no estar de
acuerdo con lo decidido por el juez natural – reconocimiento de la sanción moratoria
por el no pago oportuno de las cesantías a favor de los docentes oficiales afiliados
al Fomag.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de
la solicitud de amparo constitucional formulada por Luz Marina Seguro Varela contra
el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Decisión.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 27 de septiembre del año en curso, la señora Luz Marina Seguro Varela, a
través de apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, con el fin de que se dejara sin efectos la sentencia del
30 de agosto de 2023 proferida por dicha autoridad judicial al interior del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho2 que promovió contra la Nación – Ministerio
de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio3 y
el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología, e innovación de Medellín, con el propósito
de que se declarara la nulidad del acto administrativo 202130478583 del 27 de
octubre de 2021, a través del cual se le negó el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990, así como el pago de la indemnización
por el desembolso tardío de los intereses a las cesantías, consagrada en la Ley 52
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Identificado con número de radicado 05001-33-33-009-2022-00171-01.
3 En adelante Fomag.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05519-00
Accionante: Luz Marina Seguro Varela
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Decisión
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
de 1975, por los servicios prestados durante el año 2020, en su calidad de docente
oficial.
2.- El asunto le correspondió para su conocimiento al Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Medellín, el cual en sentencia de 19 de diciembre de
2022 dictó sentencia de primera instancia y resolvió negar las pretensiones de la
demanda. Esa decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, a
través del fallo del 30 de agosto de 2023, al estimar que: (i) a la actora no le son
aplicables las disposiciones que consagran la sanción moratoria por el retardo en el
pago de las cesantías anualizadas y de los intereses a las mismas, consagradas en
los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 1° de la Ley 52 de 1975, pues su situación
jurídica se encuentra regulada por la Ley 91 de 1989 y el Acuerdo 39 de 1998 los
cuales no contemplan las sanciones objeto de reclamo; y (ii) la sentencia SU-98 de
2018 proferida por la Corte Constitucional, que se alegó como precedente, no
comporta tal carácter para el caso concreto, toda vez que esta decisión analizó unos
supuestos fácticos y jurídicos diferentes.
3.- La parte actora sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y acceso a la
administración de justicia4, al:
(i) Incurrir en un defecto por desconocimiento del precedente, pues, a su juicio, a
partir de las reglas fijadas en la Sentencia SU-98 de 2018, la Corte Constitucional y
el Consejo de Estado han señalado de forma reiterada que, en virtud del principio de
favorabilidad, es posible aplicar a los docentes oficiales las disposiciones
consagradas en la Ley 50 de 1990, en materia de sanción moratoria por la
consignación extemporánea de cesantías anuales, de modo que el valor reconocido
con corte a 31 de diciembre de cada año por concepto de la aludida prestación debe
ser consignado en el Fomag a más tardar el 14 de febrero del año siguiente a su
causación.
(ii) Desconocer las reglas fijadas en las sentencias SU-98/2018, SU-332/2019 y
SU41/2020 de la Corte Constitucional, así como el fallo de unificación proferido por
el Consejo de Estado el 6 de agosto de 2020 dentro del proceso 08001-23-33-000-
2013-00666-01 y las sentencias proferidas por esta misma corporación en los
procesos: 76001-23-31-000-200900867-01, 11001-03-15-000-2018-04617-01,
11001-03-15-000-2018-04679-01, 11001-0315-000-2018-03499-01, 08001-23-33-
000-2014-00173-01, 08001-23-33-000-2014-00208-01, 08001-23-31-000-2014-
00254-01, 08001-23-33-000-2014-00132-01, 08001-23-31-000-2014-00815-01,
08001-23-33-000-2015-00331-01, 19001-23-33-000-2015-00445-02, 08001-23-33-
000-2014-01127-01, 40001-23-40-000-2017-00134-01, 080001-23-40-000-2015-
90008-01, 080001-23-40-000-2014-90022-01, 080001-23-33-000-2017-00931-01,
080001-23-33-000-2015-00075-01, 76001-23-33-000-2013-00756-01, 080001-23-
4 También invocó la garantía de la “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho”, así como los principios de perpetuatio jurisdictionis y
seguridad jurídica.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05519-00
Accionante: Luz Marina Seguro Varela
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Decisión
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
40-000-2017-00795-01, 47-001-23-33-000-2019-00359-01, 47-001-23-33-000-
2019-00376-01, 08001-23-33-000-2015-00509-01, 08001-23-33-000-2015-90124-
01, 76001-23-31-000-2012-00212-02 y 47001-23-33-000-2018-00231-01.
4.- Finalmente, señaló que la postura adoptada por la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado ha sido acogida por los Tribunales y jueces administrativos del
circuito en diversas decisiones5.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
5.- Mediante auto de 2 de octubre de 2023, se dispuso: (i) admitir la acción de tutela;
(ii) notificar de su presentación la autoridad judicial accionada; (iii) vincular a la
Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (Fomag), a la Fiduprevisora S.A. y al Distrito Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, en calidad de terceros interesados;
(iv) comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
para lo de su cargo y; (v) requerir al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de
Medellín para que remitiera, en medio magnético, copia del expediente identificado
con el radicado número 05001-33-33-009-2022-00171-00/01.
(i) Tribunal Administrativo de Antioquia6
6.- Manifestó que en la sentencia SU-573 de 2019 de la Corte Constitucional, se
indicó que la discusión sobre la aplicabilidad de la sanción moratoria de la Ley 50 de
1990 versa sobre una cuestión meramente legal, con una connotación de contenido
patrimonial que no involucra la protección de derechos fundamentales, lo que impide
que el análisis del caso se realice bajo los principios de favorabilidad e igualdad, en
la medida que el asunto no trasciende la esfera de lo constitucional; criterio que
además ha sido acogido por el Consejo de Estado, declarando la improcedencia de
las tutelas por no superarse el requisito de relevancia constitucional. En razón a ello,
indicó que la presente acción también se debe declarar improcedente ante la
ausencia del antedicho presupuesto.
(ii) Fiduprevisora S.A.7
7.- La Fiduciaria, actuando en calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo del Fomag, precisó que las cesantías de los docentes no se administran
en cuentas individuales, sino que se rigen bajo el principio de unidad de caja, según
lo establecido en la Ley 91 de 1989, por lo que los valores que corresponden a las
mismas no se consignan, pues ya están presupuestados y son trasladados al fondo,
desde el primer mes de cada vigencia. Señaló que es imposibilidad física y jurídica
de apertura de cuentas individuales para cada docente afiliado al Fomag, se extiende
a la figura de consignación de cesantías, por lo que, en su lugar, los profesores tienen
la posibilidad de retirar sus cesantías siempre que la solicitud cumple con los
5 Visibles a folio 92 a 101 y 104 del escrito de tutela.
6 Expediente digital, intervenciones contenidas en 2 folios.
7 Expediente digital, intervención contenida en 10 folios.
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Accionante: Luz Marina Seguro Varela
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
requisitos legalmente establecidos. Por esa razón, adujo, la sanción moratoria
reclamada por el demandante no resulta procedente.
8.- Por otra parte, indicó que las circunstancias fácticas relacionadas con el caso
que desató la Corte Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018 no corresponden
a las mismas en las que se fundan las pretensiones de la demanda que resultó
desfavorable para la accionante y que hoy reclama por vía tutela. A su vez, resaltó
que las accionas actuaron conforme a la normatividad establecida.
9.- En razón a lo anterior, no solo solicitó que se declare improcedente la solicitud
de amparo sino también su desvinculación, en la medida en que no tiene legitimación
en la causa por pasiva.
(iii) Alcandía de Medellín – Distrito de Ciencia, Tecnología e innovación8
10.- Adujo que: (i) la actora tenía el mecanismo extraordinario de unificación de
jurisprudencia, para debatir lo ahora cuestionado, (ii) no existe un precedente
unificado hasta momento sobre el tema y, (iii) este mecanismo constitucional no está
previsto como una tercera instancia que permitan acreditar hechos que no fueron
discutidos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. En razón a lo
anterior, solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo.
(iv) Nación – Ministerio de Educación Nacional9
11.- Indicó que resulta evidente que la accionante pretende una nueva revisión del
problema jurídico que sometió a la jurisdicción contenciosa administrativa, el cual ya
fue resuelto con el debido cumplimiento de las formas propias del procedimiento y
con decisiones que ostentan fuerza de cosa juzgada y presunción de acierto y
legalidad, proferidas por el respectivo juez natural del asunto.
12.- Agregó que la pretensión del accionante y su argumento jurídico respecto de la
procedencia de la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes, no se encuentra
resuelto de manera pacífica ni por la jurisdicción constitucional ni por la contenciosa
administrativa, pues ambas han expedido providencias que tienden a resolver el
asunto en uno u otro sentido, por lo que el juez podía tomar cualquier posición.
Además de ello, expuso que la discusión que la parte actora pretende que sea
desatada por el juez constitucional se encuentra pendiente de ser resuelta de fondo
por la jurisdicción contenciosa administrativa, quien es la que naturalmente está
encargada de dirimirla. Por último, expresó que las circunstancias fácticas
relacionadas con el caso que desató la Corte Constitucional en la sentencia SU-098
de 2018, no corresponden a las mismas en las que se fundan las pretensiones de la
demandada, por lo que la misma no es precedente.
II. CONSIDERACIONES
8 Expediente digital, intervención contenida en 11 folios.
9 Expediente digital, intervención contenida en 10 folios.
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C. Cuestión previa
13.- La Sala no accederá a la solicitud de desvinculación presentada por la
Fiduprevisora S.A., pues es claro que la entidad, en su calidad de vocera y
administradora del Patrimonio Autónomo del Fomag, participa de manera directa o
indirecta, en los procesos administrativos relacionados con los asuntos laborales de
los docentes, y en esa medida desde sus distintas competencias concurre en la
distribución, manejo y administración de los recursos destinados para ese propósito.
En tal sentido, el reproche de la parte accionante se dirige a las actuaciones
adelantadas por aquella.
D. Análisis del caso concreto
14.- En el caso objeto de estudio, se cuestiona la decisión adoptada por el Tribunal
accionado, al considerar que el caso de la parte accionante se encontraba regulado
por el sistema anualizado de cesantías previsto en la Ley 91 de 1989, razón por la
cual no era posible reconocer a su favor el pago de la sanción moratoria prevista en
el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
15.- Revisados y valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que
se formulara el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, las
pruebas arrimadas por los extremos procesales y la decisión adoptada, la Sala
estima que la controversia propuesta por la accionante no cumple con el requisito
de relevancia constitucional debido a que:
(i) El debate propuesto en el escrito de demanda versa sobre la determinación de
aspectos legales, así como la correcta interpretación y aplicación de las normas que
regulan el reconocimiento y el pago de la sanción moratoria derivada de la
consignación tardía del beneficio de cesantías en el régimen prestacional de los
docentes oficiales, debate que de conformidad con el precedente establecido por la
Sala Plena de Corte Constitucional en la Sentencia SU-573 de 2019, no guarda
ningún tipo de relación con la garantía de derechos fundamentales, debido a su
naturaleza estrictamente económica.
(ii) Al realizar una revisión de los planteamientos expuestos en la demanda de
tutela, es posible advertir que su propósito es convertir el mecanismo de amparo
constitucional en una instancia adicional o complementaria al litigio contencioso
administrativo tramitado y concluido, al pretender reabrir un debate ya zanjado por
el juez natural de la causa por no estar de acuerdo con la decisión de negar las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
16.- En relación con el carácter meramente legal y económico de la controversia
propuesta por la accionante, se tiene que el debate propuesto versa sobre la correcta
interpretación y la aplicación de las disposiciones establecidas en el artículo 13 de la
Ley 344 de 1996, reglamentado por el artículo 1° del Decreto 1582 de 1998 y el
numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al Fomag.
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17.- La parte actora sostiene que en virtud de la aplicación del principio de
favorabilidad las normas referidas son extensibles a los docentes afiliados al Fomag,
razón por la cual la autoridad judicial accionada debía reconocer y ordenar el pago
de la sanción moratoria. Por otra parte, la autoridad judicial accionada consideró que
al encontrarse cubierta por el sistema anualizado de cesantías regulado por la Ley
91 de 1989, las disposiciones consagradas en los Decretos 344 de 1996 y 1582 de
1998 y en la Ley 50 de 1990, no eran aplicables al caso de la demandante.
18.- La Sala advierte que la diferencia interpretativa planteada no tiene relevancia
constitucional, para lo que resulta pertinente reiterar la postura desarrollada por la
Corte Constitucional en la Sentencia SU-573 de 2019, según la cual la sanción
moratoria generada por no consignación oportuna de cesantías no es un derecho
fundamental, ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza
constitucional. Esto debido a que: (i) al ser una penalidad, su naturaleza es accesoria
al derecho a recibir el pago del beneficio de cesantías, por lo que su reconocimiento
es de tipo legal y su carácter es netamente patrimonial y, (ii) al ser accesorio, el no
reconocimiento de la sanción moratoria no implica, en comienzo, una afectación al
derecho a la seguridad social o al mínimo vital, por lo que los accionantes se
encuentran obligados a aportar las pruebas que consideren necesarias para
demostrar cualquier tipo de afectación a los mencionados derechos.
19.- Teniendo en cuenta lo anterior, el caso objeto de estudio no se proyecta de
manera directa como una vulneración al derecho a la seguridad social de la parte
actora que demanda su protección, pues, tal y como se indicó la sanción por mora
establecida en la Ley 50 de 1990 es una cuestión económica cuya definición sobre
si está vinculada o no al derecho representado en el pago de la cesantía, no apunta
a la realización de un derecho de raigambre constitucional fundamental, sin que, por
demás, la accionante hubiera acreditado que la negativa del reconocimiento y pago
de la referida sanción produjera una afectación a su derecho al mínimo vital o
comprometiera gravemente su existencia o supervivencia.
20.- Sumado a lo anterior, la presunta configuración del defecto por
desconocimiento del precedente carece de relevancia constitucional. En primer
lugar, porque las siguientes decisiones, que el accionante alega como desconocidas,
no fueron puestas en conocimiento de la autoridad judicial accionada en el trámite
del recurso de apelación: sentencias SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020 de la Corte
Constitucional, y las sentencias proferidas por el Consejo de Estado en los procesos
11001-03-15-000-2018-04617-01, 11001-03-15-000-2018-04679-00, 76001-23-33-
000-2013-00756-01, 47-001-23-33-000-2019-00359-01, 47-001-23-33-000-2019-
00376-01, 08001-23-33-000-2015-00509-01 y 08001-23-33-000-2015-90124-01. En
ese sentido, resulta improcedente que utilice la acción de tutela como una tercera
instancia para presentar argumentos que no formuló oportunamente en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho.
21.- De igual forma se tiene que las sentencias proferidas por los Tribunales y
Jueces Administrativos del Circuito tampoco fueron puestas en conocimiento de la
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Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Decisión
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
autoridad judicial accionada. Además, es importante aclarar que al ser proferidas por
jueces de igual o menor jerarquía no pueden ser asumidas como precedentes
aplicables al caso concreto, ni tampoco son útiles para respaldar los alegatos
propuestos en la demanda.
22.- En segundo lugar, las siguientes providencias no guardan identidad fáctica con
el caso resuelto por el Tribunal accionado, razón por la cual no es posible que se
alegue su desconocimiento como precedentes: sentencias proferidas por el Consejo
de Estado en los procesos 08001-23-33-000-2013-00666-01, 19001-23- 33-
0002015-00445-02, 40001-23-40-000-2017-00134-01 y 080001-23-40-000-2015-
90008-0110. Además, las sentencias de tutela con el número 11001-0315-000-2018-
03499-01, 11001-03-15-000-2018-04617-01 y 11001-03-15-000-2018-04679-01
tampoco resultan aplicables al caso concreto, pues solo producen efectos inter
partes.
23.- Por último, el alegato relacionado con el desconocimiento de la Sentencia SU-
098 de 2018, proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional, que sustentó
principalmente el recurso de apelación formulado por la demandante en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho cuestionado, a primera vista, no permite
evidenciar la existencia de una afectación desproporcionada del derecho a la
igualdad o a la seguridad jurídica que tenga relevancia constitucional.
24.- Lo anterior, en la medida en que el Tribunal accionado, siguiendo las pautas
establecidas por el Alto Tribunal Constitucional, según las cuales en virtud del
principio de autonomía los jueces pueden apartarse del precedente judicial o
constitucional, siempre que cumplan con los principios de transparencia y de razón
suficiente, lo cual exige de ellos una especial carga argumentativa11, reconoció la
existencia de la Sentencia SU-98 de 2018. Sin embargo, estimó que dicha
providencia no constituye precedente para el caso concreto, toda vez que no guarda
identidad fáctica con el asunto objeto de análisis, pues en ese caso se abordó el
estudio de un docente que se retiró del servicio y que, además, nunca fue afiliado al
Fomag ni a ningún otro fondo, mientras que la aquí actora si fue afiliada al Fomag y
se le han reconocido y liquidado sus cesantías anualmente, tal como lo sostuvo la
misma Corte en el fallo SU-573 de 2019.
25.- Así, ante la indeterminación de un precedente, el Tribunal indicó que acogería
el criterio adoptado por el Consejo de Estado, según el cual los docentes oficiales
afiliados al Fomag no tienen derecho al reconocimiento y pago de las sanciones
moratorias consagradas en la Ley 50 de 1990, toda vez que el régimen docente es
especial en lo atinente a las cesantías en él se determina específicamente cómo se
10 Los fundamentos fácticos relevantes de estos casos, así como los problemas jurídicos resueltos en tales
providencias se exponen en las sentencias proferidas por esta subsección en los procesos 11001-03-15-000-
2023-00518-00 y 11001-03-15-000-2023-00704-00, entre otros.
11 Al respecto, la Corte ha señalado que “[e]l principio de transparencia exige que el juez haga «referencia al
precedente que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si
nunca hubiera existido» y el principio de razón suficiente, que «explique de manera suficiente y razonada los
motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por
un juez de igual o superior jerarquía”. Sentencias SU-027 de 2020 y T-072 de 2022.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05519-00
Accionante: Luz Marina Seguro Varela
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Decisión
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
reconocen, liquidan y pagan las cesantías y los intereses de éstas, teniendo unas
características propias que hacen que el pago de las sanciones solicitadas sea
incompatible.
26.- En los términos precedentes, la Sala estima que los alegatos propuestos por el
accionante tendientes a demostrar la existencia de un defecto por desconocimiento
del precedente no implican la existencia de una restricción desproporcionada del
derecho a la igualdad y la seguridad jurídica de la parte actora. Por el contrario, la
Sala encuentra que el presunto desconocimiento del precedente busca reabrir un
debate de naturaleza legal y económica que fue resuelto por los jueces contencioso
administrativos y que las presuntas deficiencias alegadas respecto de la decisión
adoptada en sede de segunda instancia dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, responden, en realidad, a una mera discrepancia
valorativa sobre el resultado desfavorable del proceso que no es susceptible de
admitirse como una causal de procedibilidad especial, pues siempre que se trate de
interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural el llamado a fijar aquella
que mejor se ajuste al caso de que se trate, conforme a los criterios de la sana crítica
y en virtud de su autonomía e independencia.
27.- Cabe destacar que la jurisprudencia constitucional no ha considerado factible
la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales, cuando quiera
que estas se fundamentan en un determinado criterio jurídico, en una razonable
interpretación de las normas que son aplicables a la causa y en una valoración
adecuada de las pruebas allegadas, ya que de no ser ello así, habría una intromisión
arbitraria del juez de tutela que menoscabaría de manera grave los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial, los cuales, en forma precisa,
habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y procesal12.
28.- Con todo, no sobra resaltar que si bien para la fecha en que se profirió la
decisión acusada no existía una tesis unificadora por parte del Consejo de Estado,
como máximo órgano de lo contencioso administrativo, que permitiera zanjar de
manera definitiva la discusión en torno al reconocimiento de la sanción moratoria por
la consignación tardía de las cesantías a favor de los docentes oficiales que se
encuentran afiliados al Fomag, lo cierto es que en un reciente pronunciamiento 13 la
Sección Segunda esta Corporación unificó la jurisprudencia sobre la materia bajo el
siguiente criterio:
<<Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria
prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es
incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de
1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté afiliado al
FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del
artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal.>>
12 Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional.
13 Sentencia de unificación SU-032-CE-S2 del 11 de octubre de 2023.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05519-00
Accionante: Luz Marina Seguro Varela
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Decisión
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
29.- Por lo reseñado anteriormente, la acción de tutela que se examina no cumple
con el requisito general de relevancia constitucional, de suerte que la Sala habrá de
declarar su improcedencia.
30.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE14
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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