Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05535-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05535-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-05535-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
17 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ (E)
Bogotá D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05535-00
Accionante: Siomara Correa Gallo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - Instancia adicional – la parte
actora pretende reabrir el debate estrictamente legal y económico al no estar de
acuerdo con lo decidido por el juez natural – sanción moratoria por el no pago
oportuno de las cesantías.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
de la solicitud de amparo constitucional formulada por Siomara Correa Gallo contra
el Tribunal Administrativo de Antioquia.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 27 de septiembre de 2023, la señora Siomara Correa Gallo, a través de
apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración de justicia,
“situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho”, así como los principios de
perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica. Considera que tales prerrogativas
fueron vulneradas por la autoridad accionada al proferir la sentencia del 30 de
agosto de 2023, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho2
1
Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2
Identificado con número de radicado 05001-33-33-025-2022-00073-01
1
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05535-00
Accionante: Siomara Correa Gallo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
que promovió contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio3 y el Distrito de Medellín.
2.- La parte actora pretende que, en virtud del amparo, se ordene a la autoridad
judicial demandada dejar sin efectos la providencia cuestionada y, en su lugar,
profiera una sentencia de reemplazo “atendiendo la multiplicidad de precedentes
judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU
098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado
mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción
por mora como fue solicitada en la demanda(…) ”4.
3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y
de las pruebas allegadas se tiene, que:
4.- La señora Siomara Correa Gallo labora con la entidad territorial certificada en
Educación del Departamento de Antioquia y se encuentra vinculada al Fomag en
calidad de docente oficial.
5.- El 31 de agosto de 2021, la accionante solicitó al Distrito de Medellín el
reconocimiento y desembolso sus cesantías, así como la sanción moratoria
consagrada en la Ley 50 de 1990, generada por la consignación extemporánea de
sus cesantías, y el pago de la indemnización por el desembolso tardío de los
intereses a las cesantías, consagrada en la Ley 52 de 1975. Dicha solicitud fue
negada a través del acto administrativo No. 202130405800 del 16 de septiembre
siguiente.
6.- En desacuerdo con lo anterior, la actora presentó demanda en contra de la
Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y el Distrito de Medellín, con el fin de que se declarara la nulidad del
referido acto administrativo. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se
reconocieran las pretensiones elevadas ante la entidad demandada.
7.- El asunto le correspondió para su conocimiento, en primera instancia, al
Juzgado Veinticinco Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín. Ese
despacho, mediante sentencia del 15 de noviembre de 2022, negó las pretensiones
de la demanda, al considerar que la situación jurídica de la demandante se
encontraba regulada por el régimen especial de cesantías previsto en la Ley 91 de
1989, normativa en la que no se establece algún reconocimiento o pago de sanción
moratoria por falta de consignación de las cesantías y sus respectivos intereses.
Por lo que consideró que la parte actora no logró desvirtuar la legalidad del acto
administrativo demandado.
3
En adelante Fomag.
4
Expediente digital, folio 3 del escrito de tutela.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05535-00
Accionante: Siomara Correa Gallo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
8.- La anterior decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
a través del fallo del 30 de agosto de 2023. Para tal efecto, estimó que las sentencias
que sustentaron la demanda, así como el recurso de apelación, se profirieron en
asuntos en los que mediaron supuestos fácticos que difieren de las circunstancias
en las que se enmarcaba la situación jurídica de la demandante, por lo que no
constituyen precedente judicial para el caso concreto. Agregó que no existe un
criterio unificador al interior del Consejo de Estado respecto a la aplicación de la
norma de reconocimiento y pago a favor de los docentes de la sanción moratoria
que contempla el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Indicó que el
principio de favorabilidad sólo se entra a valorar cuando haya duda respecto de la
normativa aplicable, lo cual, según lo determinado, no es el caso de la demandante.
Adujo que el régimen aplicable para el caso de la demandante es el especial dictado
por la Ley 91 de 1989.
9.- De esta manera, concluyó que a la parte actora no le son aplicables las
disposiciones que consagran la sanción moratoria por el retardo en el pago de las
cesantías anualizadas y de los intereses a las mismas, consagrados en los artículos
99 de la Ley 50 de 1990 y 1° de la Ley 52 de 1975, ya que el régimen de cesantías
docente es especial y en él se determina específicamente cómo se reconocen,
liquidan y pagan las cesantías y los intereses de éstas, teniendo unas
características propias que hacen que el pago de las sanciones solicitadas sea
incompatible. Reiteró que, no procede aplicar partes del sistema general contenido
en la Ley 50 de 1990 al régimen especial de los docentes.
10.- La parte actora sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales invocados, al:
(i) Incurrir en un defecto por desconocimiento del precedente, pues, a su juicio, a
partir de las reglas fijadas en la Sentencia SU-098 de 2018, la Corte Constitucional
y el Consejo de Estado han señalado de forma reiterada que en virtud del principio
de favorabilidad, es posible aplicar a los docentes oficiales las disposiciones
consagradas en la Ley 50 de 1990, en materia de sanción moratoria por la
consignación extemporánea de cesantías anuales, de modo que el valor reconocido
con corte a 31 de diciembre de cada año por concepto de la aludida prestación debe
ser consignado en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a más
tardar el 14 de febrero del año siguiente a su causación.
(ii) Desconocer las reglas fijadas en las sentencias SU-098/2018, SU-332/2019 y
SU-041/2020 de la Corte Constitucional, así como el fallo de unificación proferido
por el Consejo de Estado el 6 de agosto de 2020 dentro del proceso 08001-23-33-
000-2013-00666-01 (0833-16) y las sentencias proferidas por esta misma
corporación en los procesos: 76001-23-31-000-200900867-01 (4854-2014), 11001-
0315-000-2018-03499-01, 08001 23 33 000 2014 00173-01 (1688-16), 08001-23-
33-000-2014-00208-01, 08001-23-31-000-2014-00254-01(4960-2017), 08001-23-
3
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05535-00
Accionante: Siomara Correa Gallo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
33-000-2014-00132-01, 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017), 08001-23-
33-000-2015-00331-01, 19001-23-33-000-2015-00445-02(0483-20), 08001-23-33-
000-2014-01127-01 (1002-2021), 40001-23-40-000-2017-00134-01 (2208-2020),
080001-23-40-000-2015-90008-01(2387-2020), 080001-23-40-000-2014-90022-01
(5154-2016), 080001-23-33-000-2017-00931-01 (1001-2021), 080001-23-33-000-
2015-00075-01 (2660-2020), 76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020),
080001-23-40-000-2017-00795-01 (2659-2020), 47-001-23-33-000-2019-00359-01
(4004-2021), 47-001-23-33-000-2019-00376-01(4462-2021), 08001-23-33-000-
2015-00509-01(2140-2020) y 08001-23-33-000-2015-90124-01 (2394-2020).
Además, señaló que la postura adoptada por la Corte Constitucional y el Consejo
de Estado ha sido acogida por los jueces administrativos del circuito en diversas
decisiones. Para tal fin, trajo a colación 10 providencias visibles al folio 104 del
escrito de tutela.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
11.- Mediante auto de 6 de octubre de 2023, se dispuso a admitir la acción de
tutela, notificar de su presentación a la autoridad judicial accionada, así como
vincular a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y al Distrito de Medellín, en calidad
de terceros interesados. También se comunicó la decisión a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.
12.- Además, se requirió al Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito de
Medellín para que remitiera, en medio magnético, copia del expediente identificado
con el radicado número 05001-33-33-025-2022-00073-00/01.
(i) Fiduprevisora S.A.5
13.- La Fiduciaria, actuando en calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo del Fomag, precisó que las cesantías de los docentes no se administran
en cuentas individuales, sino que se rigen bajo el principio de unidad de caja, según
lo establecido en la Ley 91 de 1989, por lo que los valores que corresponden a las
mismas no se consignan, pues ya están presupuestados y son trasladados al fondo,
desde el primer mes de cada vigencia. Por esa razón, adujo, la sanción moratoria
reclamada por la demandante no resulta procedente.
14.- Por otra parte, indicó que las circunstancias fácticas de la sentencia SU-098
de 2018 no corresponden a las mismas en las que se fundan las pretensiones de la
demanda que resultó desfavorable para la accionante y que hoy reclama por tutela.
5
Expediente digital, intervención contenida en 10 folios.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05535-00
Accionante: Siomara Correa Gallo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
15.- Manifestó que el amparo deprecado resulta improcedente, toda vez que las
autoridades judiciales actuaron conforme a la normativa establecida, sin que se
pueda aducir que desconocieron los precedentes judiciales aducidos.
16.- Señaló que mediante la sentencia de unificación proferida por el Consejo de
Estado del 11 de octubre de 2023 radicado 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-
2022) se resolvió que los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho
a la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989.
17.- En razón a lo anterior, no solo solicitó que se declare improcedente la solicitud
de amparo, sino también su desvinculación, en la medida en que no tiene
legitimación en la causa por pasiva.
18.- El Juez Veinticinco Administrativo de Medellín aportó copia digital del
expediente ordinario
19.- El resto de las partes notificadas guardaron silencio respecto de la solicitud.
II. CONSIDERACIONES
C. Cuestión previa
20.- La Sala no accederá a la solicitud de desvinculación presentada por
Fiduprevisora S.A., pues es claro que la entidad, en su calidad de vocera y
administradora del Patrimonio Autónomo del Fomag, participa de manera directa o
indirecta, en los procesos administrativos relacionados con los asuntos laborales de
los docentes, y en esa medida desde sus distintas competencias concurre en la
distribución, manejo y administración de los recursos destinados para ese propósito.
En tal sentido, el reproche de la parte accionante se dirige a las actuaciones
adelantadas por aquella.
D. La acción de tutela contra providencias judiciales
21.- El Consejo de Estado ha indicado de manera consistente y reiterada que, los
requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los
derechos fundamentales, son los siguientes 6 : (i) que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado todos los
medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv) cuando se trate de
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de
2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
5
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05535-00
Accionante: Siomara Correa Gallo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique, de manera
razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que
esto hubiere sido posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de tutela.
22.- La relevancia constitucional supone la presentación de un conflicto que
trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que el
ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el
ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no
puedan relacionarse con un derecho constitucional7.
23.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para determinar si una
acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es necesario
examinar tres elementos8 : (i) Que el actor motive con suficiencia argumentativa
dicha relevancia constitucional, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de
derechos fundamentales, sino que se deben expresar las razones de índole
constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales derechos, cuya
fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que la tutela no constituya una
instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia
acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto constitucional y no
meramente legal y/o económico.
E. Análisis del caso concreto
24.- Revisados y valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que
se formulara el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, las
pruebas arrimadas por los extremos procesales y la decisión adoptada, la Sala
estima que la controversia propuesta por la accionante no cumple con el requisito
de relevancia constitucional debido a que:
(i) El debate propuesto en el escrito de demanda versa sobre la determinación de
aspectos legales, así como la correcta interpretación y aplicación de las normas
que regulan el reconocimiento y el pago de la sanción moratoria derivada de la
consignación tardía del beneficio de cesantías en el régimen prestacional de los
docentes oficiales, debate que de conformidad con el precedente establecido por
la Sala Plena de Corte Constitucional en la Sentencia SU-573 de 2019, no guarda
ningún tipo de relación con la garantía de derechos fundamentales, debido a su
naturaleza estrictamente económica.
7
Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010.
8
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
6
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05535-00
Accionante: Siomara Correa Gallo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
(ii) Al realizar una revisión de los planteamientos expuestos en la demanda de
tutela, es posible advertir que su propósito es convertir el mecanismo de amparo
constitucional en una instancia adicional o complementaria al litigio contencioso
administrativo tramitado y concluido, al pretender reabrir un debate ya zanjado por
el juez natural de la causa por no estar de acuerdo con la decisión de negar las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
25.- En relación con el carácter meramente legal y económico de la controversia
propuesta por la accionante, se tiene que el debate propuesto versa sobre la
correcta interpretación y la aplicación de las disposiciones establecidas en el artículo
13 de la Ley 344 de 1996, reglamentado por el artículo 1° del Decreto 1582 de 1998
y el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al
Fomag.
26.- La parte actora sostiene que en virtud de la aplicación del principio de
favorabilidad las normas referidas son extensibles a los docentes afiliados al Fomag,
razón por la cual la autoridad judicial accionada debía reconocer y ordenar el pago
de la sanción moratoria. Por otra parte, la autoridad judicial accionada consideró
que al encontrarse cubierta por el sistema anualizado de cesantías regulado por la
Ley 91 de 1989, las disposiciones consagradas en los Decretos 344 de 1996 y 1582
de 1998 y en la Ley 50 de 1990, no eran aplicables al caso de la demandante.
27.- La Sala advierte que la diferencia interpretativa planteada no tiene relevancia
constitucional, para lo que resulta pertinente reiterar la postura desarrollada por la
Corte Constitucional en la Sentencia SU-573 de 2019, según la cual la sanción
moratoria generada por no consignación oportuna de cesantías no es un derecho
fundamental, ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza
constitucional. Esto debido a que: (i) al ser una penalidad, su naturaleza es
accesoria al derecho a recibir el pago del beneficio de cesantías, por lo que su
reconocimiento es de tipo legal y su carácter es netamente patrimonial y, (ii) al ser
accesorio, el no reconocimiento de la sanción moratoria no implica, en comienzo,
una afectación al derecho a la seguridad social o al mínimo vital, por lo que los
accionantes se encuentran obligados a aportar las pruebas que consideren
necesarias para demostrar cualquier tipo de afectación a los mencionados
derechos.
28.- Teniendo en cuenta lo anterior, el caso objeto de estudio no se proyecta de
manera directa como una vulneración al derecho a la seguridad social de la parte
actora que demanda su protección, pues, tal y como se indicó la sanción por mora
establecida en la Ley 50 de 1990 es una cuestión económica cuya definición sobre
si está vinculada o no al derecho representado en el pago de la cesantía, no apunta
a la realización de un derecho de raigambre constitucional fundamental, sin que,
por demás, la parte actora hubiera acreditado que la negativa del reconocimiento y
pago de la referida sanción produjera una afectación a su derecho al mínimo vital o
7
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05535-00
Accionante: Siomara Correa Gallo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
comprometiera gravemente su existencia o supervivencia, más aún si se tiene en
cuenta que actualmente trabaja para el Distrito de Medellín en calidad de docente.
29.- Sumado a lo anterior, la presunta configuración del defecto por
desconocimiento del precedente carece de relevancia constitucional. En primer
lugar, porque las decisiones referidas en la Tabla 1, que la accionante alega como
desconocidas, no fueron puestas en conocimiento de la autoridad judicial accionada
en el trámite del recurso de apelación, por lo que resulta improcedente que utilice la
acción de tutela como una tercera instancia para presentar argumentos que no
formuló oportunamente en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Tabla 1. Precedentes que no se alegaron en el proceso ordinario.
Radicado Exp. Fecha decisión Magistrado Ponente
76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020) 28/04/2022 Carmelo Perdomo Cuéter
47-001-23-33-000-2019-00359-01 (4004-2021) 19/05/2022 Sandra Liseth Ibarra
47-001-23-33-000-2019-00376-01 (4462-2021) 1/07/2022 Sandra Liseth Ibarra
08001-23-33-000-2015-00509-01 (2140-2020) 22/08/2022 César Palomino Cortés
08001-23-33-000-2015-90124-01 (2394-2020) 22/09/2022 César Palomino Cortés
30.- De igual forma se tiene que las sentencias proferidas por los Jueces
Administrativos del Circuito tampoco fueron puestas en conocimiento de la autoridad
judicial accionada. Además, es importante aclarar que al ser proferidas por jueces
de menor jerarquía no pueden ser asumidas como precedentes aplicables al caso
concreto, ni tampoco son útiles para respaldar los alegatos propuestos en la
demanda.
31.- En segundo lugar, las sentencias consignadas en la Tablas 2 y 3 no guardan
identidad fáctica con el caso resuelto por el Tribunal accionado, razón por la cual no
es posible que se alegue su desconocimiento como precedentes. Además, las
sentencias de tutela con el número 11001-0315-000-2018-03499-01, 11001-03-15-
000-2018-04617-01 y 11001-03-15-000-2018-04679-01 tampoco resultan
aplicables al caso concreto, debido a que tal y como lo ha reiterado esta Sala en
múltiples ocasiones, en el caso de los fallos proferidos en los trámites de tutela sólo
es posible considerar como precedentes aquellos emitidos por la Corte
Constitucional en sentencias de constitucionalidad o de unificación, los cuales
contienen una regla o subregla de derecho y que son proferidos por la Sala Plena
de dicha Corporación, habida cuenta que es el órgano de cierre en la materia, razón
por la cual, las decisiones que se alegan como desconocidas solo producen efectos
inter partes, por lo que al contar con un alcance personal y concreto solo puede ser
tenida como un criterio auxiliar de interpretación y no como un precedente
vinculante.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05535-00
Accionante: Siomara Correa Gallo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Tabla 2. Sentencias de la Corte Constitucional que no son precedente en el presente caso
Tabla 3. Sentencias del Consejo de Estado que no son precedente en el presente caso
9
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05535-00
Accionante: Siomara Correa Gallo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
32.- El alegato relacionado con el desconocimiento de la Sentencia SU-098 de
2018, proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional y de las otras sentencias
enlistadas por la parte accionante en el escrito de tutela, proferidas por las dos
subsecciones de la Sección Segunda de esta Corporación, a primera vista, no
permite evidenciar la existencia de una afectación desproporcionada del derecho a
la igualdad o a la seguridad jurídica que tenga relevancia constitucional.
33.- Así, el Tribunal accionado, siguiendo las pautas establecidas por la Corte
Constitucional, según las cuales en virtud del principio de autonomía los jueces
pueden apartarse del precedente judicial o constitucional, siempre que cumplan con
los principios de transparencia y de razón suficiente, lo cual exige de ellos una
especial carga argumentativa 9 , no ignoró la solicitud del reconocimiento de los
precedentes que la accionante alegó como desconocidos. Por el contrario, se
pronunció sobre ellos y expuso las razones por las cuales consideraba que no eran
aplicables al caso objeto de estudio.
34.- De esta manera, en cumplimiento del principio de transparencia el Tribunal
accionado, entre otras cosas, reconoció la existencia de la Sentencia SU-098 de
2018. Sin embargo, indicó que no resultaba posible tenerla como precedente, toda
vez que en ese caso se abordó el estudio de un docente que no fue afiliado al Fomag
ni a ningún otro fondo, por lo que al no guardar identidad fáctica con el asunto objeto
de análisis, no constituye precedente de unificación vinculante.
35.- Asimismo, señaló que la sentencia CE-SUJ-SII-022-2020 del 6 de agosto de
2020, proferida por el Consejo de Estado, únicamente determinó el momento a partir
del cual se contabiliza el término de prescripción para reclamar la sanción moratoria
por la no consignación oportuna de las cesantías anualizadas prevista en la Ley 50
de 1990, sin que se hubiera hecho referencia a fundamentos fácticos o jurídicos
semejantes al caso sub lite; motivo por el cual tampoco se podía afirmar que se
hubiese desconocido dicho precedente. Igualmente, sostuvo que las demás
providencias que sustentaron la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, así como el recurso de apelación, tampoco constituyen precedente
unificador para el caso concreto.
36.- Además, destacó que en la sentencia SU-098 de 2018, el Alto Tribunal
Constitucional reconoció que no existe una posición unificada en la jurisdicción de
lo contencioso administrativo sobre la aplicación de la norma de reconocimiento y
pago de la sanción moratoria objeto de reclamo. A partir de lo anterior, concluyó que
no existe un criterio unificado al interior del Consejo de Estado frente al tema objeto
de estudio, situación que, a su juicio, “releva al juez de obedecer un precedente que
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Al respecto, la Corte ha señalado que “[e]l principio de transparencia exige que el juez haga «referencia al
precedente que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si
nunca hubiera existido» y el principio de razón suficiente, que «explique de manera suficiente y razonada los
motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por
un juez de igual o superior jerarquía”. Sentencias SU-027 de 2020 y T-072 de 2022.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05535-00
Accionante: Siomara Correa Gallo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
no está unificado y que resulta contradictorio frente a otras decisiones de la misma
Corporación”.
37.- Por ende, ante la indeterminación de dicho precedente, acudió a la voluntad
del legislador como criterio de interpretación y encontró que: (i) en el caso sub
examine no era necesario recurrir al principio de favorabilidad, puesto que no se
está frente a dos disposiciones que ofrezcan un trato diferenciado, por el contrario,
lo que se evidencia es que la Ley 91 de 1989 no contempló la sanción moratoria por
la consignación tardía de las cesantías que introdujo la Ley 50 de 1990; (ii) el hecho
de no consignar el valor anual liquidado de las cesantías, no afecta a los docentes,
porque el riesgo financiero y el pago de la sanción ante la cancelación tardía de
dicha prestación, en el evento de no efectuar los descuentos mensuales y el
respectivo giro, lo debe asumir la Fiduciaria aun cuando no cuente con los recursos
para su cubrimiento; y (iii) la aplicación del régimen contenido en la Ley 50 de 1990
desconocería la especialidad del sistema consagrado en la Ley 91 de 1989 para los
docentes y modificaría la forma de administrar, liquidar y cancelar sus cesantías,
pues aun cuando el legislador generalizó el sistema anualizado para la liquidación
de cesantías, lo cierto es que su voluntad también se encaminó a distinguir a través
de diferentes regímenes.
38.- De esa manera, concluyó que los docentes oficiales afiliados al Fomag no
tienen derecho al reconocimiento y pago de las sanciones moratorias consagradas
en la Ley 50 de 1990, toda vez que el régimen docente es especial en lo atinente a
las cesantías, autonomía que surge de lo dispuesto en artículo 3° de la Ley 91 de
1989, así como lo señalado en el Acuerdo 39 de 1998 y, de acuerdo a esa
normatividad y las pruebas arrimadas al proceso, encontró que las mismas fueron
canceladas oportunamente, por lo que la demandante no logró desvirtuar la
legalidad del acto acusado.
39.- En los términos precedentes, la Sala estima que los alegatos propuestos por
la accionante tendientes a demostrar la existencia de un defecto por
desconocimiento del precedente no implican la existencia de una restricción
desproporcionada de sus derechos a la igualdad y la seguridad jurídica de la parte
actora. Por el contrario, la Sala encuentra que el presunto desconocimiento del
precedente busca reabrir un debate de naturaleza legal y económica que fue
resuelto por los jueces contencioso administrativos y que las presuntas deficiencias
alegadas respecto de la decisión adoptada en sede de segunda instancia dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, responden, en realidad, a una
mera discrepancia valorativa sobre el resultado desfavorable del proceso que no es
susceptible de admitirse como una causal de procedibilidad especial, pues siempre
que se trate de interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural el llamado
a fijar aquella que mejor se ajuste al caso de que se trate, conforme a los criterios
de la sana crítica y en virtud de su autonomía e independencia.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05535-00
Accionante: Siomara Correa Gallo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
40.- Cabe destacar que la jurisprudencia constitucional no ha considerado factible
la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales, cuando quiera
que estas se fundamentan en un determinado criterio jurídico, en una razonable
interpretación de las normas que son aplicables a la causa y en una valoración
adecuada de las pruebas allegadas, ya que de no ser ello así, habría una intromisión
arbitraria del juez de tutela que menoscabaría de manera grave los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial, los cuales, en forma
precisa, habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y procesal10.
41.- Por último, es importante señalar que la Sección Segunda del Consejo
mediante sentencia SU CE-SUJ2-012-18 del 11 de octubre de 2023 se pronunció
sobre la aplicación de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 a los docentes
oficiales del FOMAG y estableció la siguiente regla jurisprudencial:
“Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio
activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por
ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social
en favor del docente estatal.”.
42.- Por todo lo anterior, la acción de tutela que se examina no cumple con el
requisito general de relevancia constitucional, máxime, si se tiene en cuenta que su
objeto es reabrir un debate tramitado y concluido en las instancias respectivas, lo
que desnaturaliza su finalidad como mecanismo supletivo de protección de los
derechos fundamentales. En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de
la acción de tutela impetrada por la señora Siomara Correa Gallo.
43.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado, en los
términos expuestos en la parte motiva de la presente sentencia.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
10
Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05535-00
Accionante: Siomara Correa Gallo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS NICOLÁS YEPES CORRALES
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE11
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
11
VF
13
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