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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05547-01

Fecha
25 de junio de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05547-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 16 de enero de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se negó el amparo solicitado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-05547-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

25 de junio de 2024

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 5 54 7- 0 1

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05547-01
Accionante: Germán López Guerrero
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas

Temas: Acción de tutela contra auto en el que se negó la solicitud de levantamiento
de una sanción por desacato.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 16 de enero de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, a través de la cual negó el amparo solicitado.

ANTECEDENTES

El señor Germán López Guerrero promovió acción de tutela para que se protejan
sus derechos fundamentales a la igualdad, al buen nombre, a la honra, al mínimo
vital y al debido proceso, los cuales considera vulnerados por la autoridad judicial
accionada.

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HECHOS

La parte accionante narró que desde el 29 de diciembre de 2015 fungió como
director de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional y el 17 de enero de 2019
fue trasladado al Comando de la Sexta División.

Que durante su gestión existió un alza inesperada de acciones de tutela en contra
de esa Dirección, lo que desbordó la capacidad de respuesta administrativa de la
institución; precisó que durante esos tres años se encontraron 684 incidentes de
desacato con sanción en su contra por orden de distintos despachos judiciales a
nivel nacional y 417 cobros coactivos también en su contra adelantados por las
diversas oficinas respectivas de la Dirección Ejecutiva o de las direcciones
seccionales.

Que para diciembre de 2018 culminó su gestión en ese cargo y dejó 267 solicitudes
de inaplicación de sanción y 114 peticiones de terminación de los procesos de cobro
coactivo que se encontraban en los estados persuasivos, con mandamiento de pago
y búsqueda de bienes. Que en esos trámites le fueron embargados un bien
inmueble y uno mueble, por lo que celebró 20 acuerdos de pago con el fin de mitigar
el impacto negativo sobre su patrimonio.

Que consultada la página de la Rama Judicial observó que el 9 de mayo de 2018
se le impuso sanción en el trámite del incidente de desacato por incumplimiento de
la sentencia del 24 de septiembre de 2015, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Caldas amparó los derechos fundamentales a la vida digna y a la
salud del señor Sergio Arango Hincapié y ordenó a la Dirección de Sanidad Militar
vincularlo al sistema de salud y continuar con la prestación de servicios de salud
que requería para sus padecimientos, incluyendo los medicamentos necesarios
para su tratamiento y recuperación. Que la sanción impuesta fue confirmada por el
superior jerárquico.

Que, revisado el Sistema de Gestión Documental de la entidad, advirtió que el 7 de
mayo de 2018, por medio del Radicado 20183392497063, el oficial del Área
Jurídica, bajo sus órdenes, solicitó al director general de Sanidad Militar la actuación
de servicios médicos del señor Sergio Arango Hincapié, en tanto esa función, como
se informó al despacho, recae sobre esa Dirección.

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Que el 30 de julio de 2018, a través del Radicado 20183391427291, informó al
despacho sobre las actuaciones desplegadas por la Dirección de Sanidad del
Ejército Nacional en cumplimiento del fallo de tutela y del incidente de desacato, y
los días 7 de octubre de 2019, 14 de abril de 2020, 2 de marzo de 2021, 13 de
diciembre de 2021 y 20 de abril de 2023 solicitó a quienes se encontraban a cargo
reiterar al despacho la inaplicación de la sanción judicial.

Que el 25 de julio de 2023 solicitó directamente al Tribunal Administrativo de Caldas
reconsiderar la decisión adoptada y, en su lugar, inaplicar la sanción que le fue
impuesta en el trámite incidental, pero el 9 de agosto de 2023 esa corporación
judicial no accedió a su petición con el argumento de que aquella se encuentra
confirmada en el grado de consulta por el Consejo de Estado y de que se
compulsaron copias al Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial para adelantar el proceso de cobro coactivo sin que se
conociera que la ejecución se encuentra aún en trámite para que resultara
procedente la terminación del procedimiento.

Considera que con la anterior decisión esa autoridad judicial incurrió en
desconocimiento del precedente judicial de la Corte Constitucional, de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado (Subsección B de la Sección
Segunda) en el que se ha sostenido que es procedente la inaplicación de sanciones
judiciales cuando la orden tutela se haya cumplido, pese a que estas se encuentren
confirmadas en grado de consulta por el superior jerárquico respectivo;
concretamente, aludió a las sentencias T-171/2009, del 18 de diciembre de 2013 y
del 13 de octubre de 2014, respectivamente.

También citó sentencias proferidas por la Corte Constitucional, para poner de
presente que el criterio mayoritario ha sido el de levantar las sanciones judiciales,
como son: T-171/09, T-01763/12, Auto 202/13, T-00292/14, T-00096/15, T-
00407/15, T-01624/15, T-00106/16, SU-424/16, T-3301/16, T-00095/17, T-157/17,
T-2199/17, SU-043/18 y T-315/20.

Agregó que su caso no es aislado, sino que se trata de una situación constante para
quienes tratan temas álgidos como la protección de los derechos fundamentales a
la vida digna y a la salud, los que conllevan que la responsabilidad de cumplir fallos

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de tutelas recaiga en los directores, sin que los despachos judiciales verifiquen si
se cumplen los elementos subjetivos y objetivos de los incidentes de desacato, los
cuales, ante las limitantes en las capacidades estructurales y financieras de cada
entidad, imponen un sinnúmero de sanciones.

PRETENSIONES

La parte accionante solicitó ordenar al Tribunal Administrativo de Caldas dejar sin
efectos el auto del 9 de agosto de 2023, en el que se negó la solicitud de
levantamiento de la sanción por desacato; proferir una decisión de reemplazo, en la
que resuelva nuevamente sobre esa petición de acuerdo con el precedente judicial
vinculante y vigente de la Sentencia SU-034/18; e informar sobre esa decisión a las
autoridades encargadas de la ejecución de cobro para que aquellas den por
terminado el proceso de cobro coactivo que actualmente se adelanta en su contra.

ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO

El 3 de octubre de 2023 se admitió la acción, mediante proveído, en el que se ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Caldas, como accionado; y al señor Sergio
Arango Hincapié, como tercero con interés.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Caldas guardó silencio en el trámite de esta acción.

POSICIÓN DEL VINCULADO

La abogada Yuliana Ocampo Marulanda, quien manifestó actuar como apoderada
de la progenitora del señor Sergio Arango Hincapié, indicó que no se cumple el
requisito de inmediatez, pues la providencia controvertida se profirió el 9 de mayo
de 2018 y el hecho de que se hubiesen realizado actuación para inaplicar la sanción
entre julio y agosto de este año no puede dar lugar a revivir términos judiciales, y
tampoco supera la exigencia de subsidiariedad, ya que no se interpusieron los
recursos procedentes contra la providencia que se reprocha.

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SENTENCIA IMPUGNADA

El 16 de enero de 2024 la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado negó las pretensiones de la tutela porque determinó que el Tribunal
Administrativo de Caldas analizó la finalidad del incidente de desacato y la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, pero concluyó
que en el caso concreto debía tenerse en cuenta que transcurrieron
aproximadamente 5 años desde que quedó en firme la sanción y se ordenó la
compulsa de copias para que se adelantara el respectivo proceso de cobro coactivo,
sin que se supiera si esa ejecución se encontraba aún en trámite para que resultara
procedente una orden de terminación de ese procedimiento.

Aclaró que, si bien el actor aportó varios documentos que dan cuenta de embargos
y acuerdos de pago con ocasión de cobros coactivos, lo cierto es que datan del
2017 y 2022 y no acreditan que correspondan a la negativa de inaplicar la sanción
impuesta, con mayor razón porque aquel afirmó que se encontraron 684 incidentes
de desacato con sanción en su contra y 417 procesos de cobro coactivo como
consecuencia de estos.

IMPUGNACIÓN

El accionante impugnó la sentencia de primera instancia y afirmó que, contrario a lo
allí consignado, el Tribunal Administrativo de Caldas sí desatendió el precedente
judicial sobre la finalidad del incidente y las garantías constitucionales adoptado en
múltiples sentencias de tutela proferidas por las altas cortes por su decisión de no
acceder a la inaplicación de la sanción del 9 de mayo de 2018, pues, pese a que
desde el año 2019 se le informó que ya se había dado cumplimiento a la orden
judicial, continuó con su postura con fundamento en que la sanción estaba
confirmada en grado jurisdiccional de consulta y que no tenía conocimiento de si la
ejecución en el cobro coactivo estaba en trámite.

Refirió que el propio Consejo de Estado, en la acción de tutela 11001-03-15-000-
2022-05978-00, sostuvo que en la Sentencia SU-034 de 2018 se explicó que el
hecho de que la sanción haya sido confirmada en grado jurisdiccional de consulta y
que el cumplimiento fue tardío no es razón suficiente para negar el levantamiento
de sanciones cuando se acredite el cumplimiento de lo ordenado, pues ello

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implicaría desnaturalizar la finalidad del incidente de desacato y convertirlo en un
castigo por no haber acatado la orden oportunamente.

Que la autoridad judicial accionada, además, perpetuó la violación del derecho
fundamental al debido proceso, pues no hizo uso del poder de ordenación e
instrucción para exigir a las autoridades o particulares la información solicitada que
no se le haya suministrado y que fuera relevante para resolver la decisión de
inaplicación de la sanción judicial, lo que se traduce en el caso en el trámite
adelantado en el proceso de cobro ejecutivo por el Consejo Superior de la
Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con mayor razón
cuando era claro que al proferir el auto de inaplicación de la sanción
automáticamente la imposición de esta, ya sea económica o personal, pierde su
fundamentación.

Solicitó volver a analizar las situaciones fácticas y jurídicas que dieron lugar a la
tutela y adoptar la decisión que en derecho corresponda, con el fin de preservar sus
derechos fundamentales, esto es, acatando lo previsto por la Corte Constitucional,
en la Sentencia SU-034/18, y el Consejo de Estado, en casos similares.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II)
caso concreto.

I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la
esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a
la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de
lesa humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no
se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”

Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

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“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución.”

En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.

II. Caso concreto

En síntesis, la parte recurrente insistió en que el Tribunal Administrativo de Caldas
incurrió en desconocimiento del precedente judicial de la Corte Suprema de Justicia,
del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, según el cual es procedente la
inaplicación de la sanción impuesta en sede del incidente de desacato, incluso
cuando esta ya fue confirmada en el grado jurisdiccional de consulta, en el evento
en que se acredite el cumplimiento de lo ordenado.

En primer lugar, como lo coligió la autoridad judicial de primera instancia, la Sala
encuentra superados los requisitos generales de procedibilidad de la presente
acción de tutela para discutir el auto del 9 de agosto de 2023, pues: 1) el asunto a
resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida en que se centra en
establecer si en la decisión judicial controvertida se vulneraron los derechos
fundamentales reclamados en protección, por la presunta incursión en el defecto
enunciado; 2) el accionante no cuenta con otros mecanismos de defensa judiciales
idóneos y eficaces para discutir lo aquí expuesto; 3) la acción se presentó dentro de
los seis meses siguientes a la ejecutoria de aquella; 4) no se alegó una irregularidad
procesal; 5) el solicitante identificó claramente los hechos generadores de la
vulneración y los derechos transgredidos y 6) no se trata de una sentencia de

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tutela.

En el auto discutido en esta sede, el Tribunal Administrativo de Caldas analizó tanto
la posición de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado consistente en
que la sanción por desacato no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr el
acatamiento del fallo de tutela, y, por lo tanto, si se comprueba la observancia de la
decisión, es procedente el levantamiento de la sanción, inclusive si se ha resuelto
la consulta por el superior jerárquico o se encuentra en trámite el proceso de
ejecución coactiva.

Sin embargo, la autoridad judicial accionada determinó que en el caso concreto
transcurrieron aproximadamente 5 años desde que quedó en firme esa sanción y
se compulsaron copias ante el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y no tenía conocimiento del estado de la
ejecución, para definir si era procedente ordenar la terminación de ese
procedimiento.

La anterior argumentación evidencia que el Tribunal accionado hizo alusión a la
tesis jurisprudencial sobre la posibilidad de inaplicar una sanción, la cual es echada
de menos por el actor en esta sede, pero estimó que las particularidades del asunto
impedían acceder a esa petición, concretamente, por el transcurso del tiempo y la
ausencia de conocimiento sobre el estado del proceso de cobro coactivo.

En ese orden de ideas, resulta claro que la corporación judicial referida no
desconoció la posición jurisprudencial sobre la materia objeto de debate, sino que,
dentro del marco de su autonomía e independencia judicial, definió que no podía
inaplicarse la sanción en el asunto particular, para lo cual explicó suficiente y
claramente las razones jurídicas por las cuales no estimaba viable acceder a lo
solicitado.

Si bien el hoy recurrente sostuvo que desde el año 2019 informó a esa autoridad
judicial sobre el cumplimiento, lo cierto es que la solicitud que dio lugar al auto que
ahora es objeto de discusión la presentó el 25 de julio de 2023. En este punto se
observa que en el auto objeto de esta acción se hizo mención a peticiones de
revocatorias previas, pero los proveídos a través de los cuales se resolvieron no
fueron discutidos en esta sede y, en todo caso, frente a ellos no se superaría el

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requisito de inmediatez, pues no fueron discutidos oportunamente.

Por último, el actor afirmó que el Tribunal Administrativo de Caldas no hizo uso del
poder de ordenación e instrucción para solicitar información sobre el trámite
adelantado en el proceso de cobro ejecutivo por el Consejo Superior de la
Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; no obstante, se advierte
que ese argumento únicamente fue alegado en el recurso de impugnación, en tanto
no se planteó en el escrito de tutela, lo que impide un estudio sobre el particular, so
pena de desconocer el derecho de defensa de la parte accionada en esta tutela.

En consecuencia, no se encuentra configurado el desconocimiento del precedente
invocado, por lo cual se confirmará la sentencia del 16 de enero de 2024 proferida
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la
cual se negó el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 16 de enero de 2024 proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se
negó el amparo solicitado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

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JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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