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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05978-00

Fecha
26 de enero de 2023
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05978-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Amparar el derecho fundamental al debido proceso y a la igualdad de Germán López Guerrero, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia. 2. Dejar sin efectos el auto del 12 de septiembre de 2022, mediante el cual se negó la solicitud de levantamiento de sanción por desacato, proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2022-05978-00 Demandante: Germán López Guerrero 3. Ordenar al Tribunal Administrativo del Cauca que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera decisión de reemplazo, en la que resuelva nuevamente sobre la solicitud de levantamiento de la sanción por desacato impuesta al hoy tutelante, de acuerdo con las consideraciones aquí expuestas y con el precedente contenido en la sentencia SU-034 de 2018. 4. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 5. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 6. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05978-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

26 de enero de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05978-00
Demandante: Germán López Guerrero

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-05978-00
Demandante GERMÁN LÓPEZ GUERRERO
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA
Temas Acción de tutela contra providencia proferida en incidente de
desacato. Sanción por desacato. Solicitud de inaplicación de sanción
por cumplimiento de la orden de tutela. Defecto por desconocimiento
del precedente. Finalidad del incidente.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir en primera
instancia, la acción de tutela instaurada por Germán López Guerrero, de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

Por reparto realizado el 10 de noviembre de 2022 le correspondió a este Despacho
conocer de la acción de tutela presentada por Germán López Guerrero en contra
del Tribunal Administrativo del Cauca, por considerar vulnerados sus derechos a
la igualdad, buen nombre, honra y mínimo vital. De la lectura del escrito de tutela,
se advierte que el accionante formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA: Tutelar los DERECHOS a la IGUALDAD, BUEN NOMBRE, HONRA, MÍNIMO
VITAL, los cuales han sido vulnerados por el TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL CAUCA. (sic), por negar la solicitud de inaplicación de sanción
judicial, en providencia del 12 de septiembre de 2022, en el marco de la acción de tutela bajo
radicado No. 19001230000220170048600, con orden de tutela cumplida.

SEGUNDA: En consecuencia, solicito que el CONSEJO DE ESTADO ordene al TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAUCA. (sic), dar aplicación al precedente
judicial y en consecuencia REVOQUE la decisión adoptada mediante providencia de 12 de
septiembre de 2022, y se inaplique la sanción judicial impuesta en el trámite incidental, en el
marco de la acción de tutela bajo radicado No. 19001230000220170048600, por
cumplimiento total del fallo, así la sanción se encuentre confirmada por el superior jerárquico,
bajo el entendido que, si bien es cierto, la acción de tutela la impetró el señor ANCIZAR
OSWALDO MOSQUERA BENAVIDES, en el año 2017, solo hasta el 21 de enero del año
2019, la entidad accionada, pudo dar inicio al trámite de Junta Médico Laboral, porque en
esa fecha el accionante radicó la documentación requerida ante la oficina de medicina
laboral, y la Institución, dependía de la valoración que realizó el cuerpo médico, relacionada
con el estado de salud del accionante, para lograr realizar la Junta Médico Laboral, que como
se evidencia en el presente escrito se llevó a cabo el pasado 31 de julio de 2019.

Situación que fue puesta en conocimiento del despacho del TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, de conformidad con los múltiples memoriales radicados,
por parte de la Dirección de Sanidad del Ejército, siendo estos enunciados en la providencia
del 12 de septiembre de 2022 y con los cuales se viene insistiendo por parte de la Institución
que se inaplique la sanción del 8 de mayo de 2019, así como la reiteración que yo realicé en
causa propia ante ese despacho los pasados 6 de abril y 2 de agosto de 2022, y que
desencadenaron en la negativa de inaplicar la sanción judicial impuesta, en el marco de la
acción de tutela bajo radicado No. 19001230000220170048600, con orden de tutela
cumplida.

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Demandante: Germán López Guerrero

Asimismo, que el despacho del TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
CAUCA informe y oficie sobre la decisión judicial impartida a las autoridades encargadas de
la ejecución de cobro, para que estas den por terminado el proceso de cobro coactivo que
actualmente se adelanta en mi contra».

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Sobre la acción de tutela que dio origen al incidente de desacato

2.1. El señor Ancizar Oswaldo Mosquera Benavides interpuso acción de tutela en
contra del Ministerio de Defensa - Ejército Nacional de Colombia, Batallón de
Infantería #7, con el fin de que se le garantizara el acceso a una valoración
médica para el tratamiento de un quiste de epidídimo derecho y hernia
inguino escrotal izquierda y se le realizaran los exámenes de retiro.
Adicionalmente, para que la junta médico laboral determinara su pérdida de
capacidad laboral.

2.2. En sentencia del 8 de noviembre de 2017 (radicado Nro. 19001-23-00-002-
2017-00486-00), el Tribunal Administrativo del Cauca amparó los derechos
fundamentales del señor Mosquera Benavides y, en consecuencia, accedió
a las pretensiones de la demanda. En concreto, el Tribunal Administrativo del
Cauca resolvió:
«(...)PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental a la salud y debido proceso del
señor ANCIZAR OSWALDO MOSQUERA BENAVIDES, por las razones expuestas.

SEGUNDO:- ORDENAR al Establecimiento de Sanidad Militar No. 3005 del Ejército
Nacional que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de
esta providencia, autorice y programe valoración médica al señor ANCIZAR
OSWALDO MOSQUERA BENAVIDES, por las patologías QUISTE DE EPIDIDIMO
DERECHO y HERNIA INGUINO ESCROTAL IZQUIERDA a fin de que se determine
el procedimiento a seguir.

La entidad deberá igualmente brindar la atención integral en salud hasta tanto se
recupere de la referida novedad presentada durante la prestación del servicio militar.

TERCERO:- ORDENAR a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional que dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente
providencia, fije fecha y hora para la realización del examen de retiro del accionante,
el cual deberá realizarse dentro de un término no superior a quince días contados
desde la notificación del fallo de tutela. Una vez obtenidos los resultados del examen
de retiro deberá programar fecha y hora para llevar a cabo la Junta Medico Laboral la
cual deberá realizarse dentro de un término máximo de un mes, contado a partir de la
fecha en que se tengan los resultados definitivos del examen de retiro. (...)».

La sentencia de primera instancia no fue impugnada.

Sobre la sanción impuesta

2.3. El accionante del anterior proceso judicial promovió incidente de desacato
contra el Establecimiento de Sanidad Militar 3005 del Batallón de Apoyo y
Servicios para el Combate BASER 29 de la Vigésima Novena Brigada con
sede en Popayán. Lo anterior, porque no le habían realizado los exámenes
de ultrasonografía diagnóstica de tejidos blandos de pared abdominal y de
pelvis, exámenes previos a la cirugía ordenada por su médico tratante.

2.4. Mediante providencia del 5 de julio de 2018, el Tribunal Administrativo del
Cauca sancionó a Germán López Guerrero, en su calidad de director del
Establecimiento de Sanidad Nro. 3005 de Popayán, al pago de una multa de
2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por considerar que no acató
la orden dispuesta en el fallo del 8 de noviembre de 2017.

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Demandante: Germán López Guerrero

2.5. En auto del 9 de agosto de 2018, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
confirmó la sanción.

Sobre las solicitudes de levantamiento de la sanción

2.6. El 1º de febrero de 2019, el brigadier general Marco Vinicio Mayorga Niño
solicitó la suspensión e inaplicación de la sanción que le fue impuesta a
Germán López Guerrero pues, a su parecer, ya se había dado cumplimiento
a las órdenes de la sentencia de tutela del 8 de noviembre de 2017 a favor
de Ancizar Oswaldo Mosquera Benavides.

2.7. Esta solicitud fue negada por el Tribunal Administrativo del Cauca mediante
auto del 6 de marzo de 2019, porque las providencias que resolvieron sobre
el incidente de desacato, incluso en grado de consulta, se encontraban
ejecutoriadas y, en todo caso, porque no era de recibo que los servidores
púbicos dilataran el cumplimiento de las órdenes judiciales hasta tanto se
iniciara un proceso de cobro coactivo de la sanción impuesta en su contra.

2.8. El 22 y el 23 de abril de 2019, el coronel Hebert Augusto Blanco Ruíz y la
teniente Rossy Liliana Mera Zapata solicitaron la suspensión e inejecución
de la sanción que le fue impuesta a Germán López Guerrero.

2.9. Dicha solicitud fue negada por el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante
auto del 6 de junio de 2019, en la que dispuso estarse a lo dispuesto en el
auto del 6 de marzo de 2019.

2.10. El 22 de noviembre de 2019, el director de sanidad del Ejército Nacional,
Marco Vinicio Mayorga Niño, nuevamente solicitó inaplicar de la sanción
impuesta en contra del aquí accionante. Esta solicitud se hizo con
fundamento en que el señor Ancizar Oswaldo Mosquera Benavides ya se
encontraba en estado activo en el subsistema de salud de las fuerzas
militares y que la dirección de sanidad le ha brindado el servicio de salud, al
haberle asignado citas y exámenes, según lo ordenado en el fallo de la acción
de tutela del 8 de noviembre de 2017.

A su vez, manifestó que le fue realizada nueva junta médica laboral Nro.
108431 del 31 de julio de 2019, obteniendo una disminución de la capacidad
laboral de 57.38%, así como los medicamentos que le fueron entregados al
señor Ancizar Oswaldo Mosquera Benavides, para su tratamiento integral de
estrés postraumático.

2.11. El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante auto del 18 de febrero de
2020, declaró improcedente la solicitud de inaplicación de la sanción por
desacato impuesta en contra de Germán López Guerrero, por falta de
legitimación en la causa por activa del solicitante, esto es, del brigadier
general Marco Vinicio Mayorga Niño.

2.12. Posteriormente, Germán López Guerrero volvió a solicitar la inaplicación de
la sanción que le fue impuesta. A estos efectos, adujo que (i) la Dirección de
Sanidad del Ejército Nacional afilió al señor Ancizar Oswaldo Mosquera
Benavides al subsistema de salud de las Fuerzas Militares, (ii) que se le
entregó solicitud de concepto médico por las especialidades de urología y
cirugía general, (iii) que la Dirección de Sanidad verificó que el señor
Mosquera Benavides cumplía los requisitos para convocar la junta médico
laboral, (iv) que, por medio del Acta Nro. 108432, dicha junta diagnosticó una
disminución de la capacidad laboral del 0%, teniendo en cuenta el concepto
médico emitido por los especialistas en urología y cirugía general.

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En adición, (v) que la Dirección Seccional de Sanidad cumplió las órdenes
para realizar la valoración médica del señor Ancizar Oswaldo Mosquera
Benavides por las patologías (quiste de epidídimo derecho y hernia inguino
escrotal izquierda), pues mediante concepto médico Nro. 151541 se indicó:
«signos: PACIENTE EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, pronóstico: BUENO». De
ahí que se le hubieran prestado los servicios médicos requeridos y que se
había evaluado su estado de salud.

2.13. Mediante auto del 14 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo del Cauca
decidió estarse a lo resuelto en el auto del 6 de marzo de 2019, que negó la
solicitud de inaplicación de la sanción impuesta en contra del aquí
accionante.

2.14. El 29 de agosto de 2022, Germán López Guerrero otra vez solicitó la
inaplicación de la sanción que fue impuesta en su contra.

2.15. La anterior solicitud fue negada por el Tribunal Administrativo del Cauca en
auto del 12 de septiembre de 2022, en el que, adicionalmente, se hizo un
llamado de atención al mayor general Germán López Guerrero a efectos de
que, en lo sucesivo, se abstuviera de formular pretensiones sobre puntos ya
resueltos, so pena de la imposición de medidas correccionales.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora reprochó que el Tribunal Administrativo del Cauca no haya
levantado la sanción por desacato impuesta en su contra, a pesar de haber
demostrado el cumplimiento de las órdenes del fallo de tutela del 8 de noviembre
de 2017 y haber solicitado reiteradamente la inaplicación de la sanción.

Después de explicar el procedimiento para definir la situación médico laboral de
un miembro del Ejército Nacional, afirmó que el cumplimiento de la orden de tutela
se comprueba a partir de las autorizaciones para la prestación de servicios
médicos a favor del señor Ancizar Oswaldo Mosquera Benavides, para el
tratamiento de la patología de quiste de epidídimo derecho y hernia inguino
escrotal izquierda.

En adición, expuso que el 21 de enero de 2019, previo diligenciamiento de la ficha
médica del incidentista ante medicina laboral, se inició el procedimiento de la junta
médico laboral que calificó su pérdida de capacidad laboral y que, posteriormente,
se le ordenó la práctica de los exámenes de urología y cirugía general. Y aseguró
que el 31 de julio de 2019 se efectuó la referida junta médico laboral.

Agregó que su actuar frente al presente caso no fue doloso ni culposo, negligente
o imprudente. Por el contrario, manifestó que impartió las órdenes al equipo
administrativo y cuerpo médico del área de medicina laboral para dar cumplimiento
al fallo de tutela.

En consideración a lo anterior, sostuvo que la autoridad judicial incurrió en defecto
por desconocimiento del precedente, pues la jurisprudencia de las Altas Cortes ha
admitido que se inapliquen las sanciones impuestas en los trámites incidentales,
así éstas se encuentren confirmadas por el superior jerárquico.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Por auto del 17 de noviembre de 2022, el despacho ponente admitió la acción
de tutela interpuesta por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo
del Cauca y ordenó notificar a la parte demandada, entregándole copia de la
demanda y de los anexos. En adición, solicitó notificar, en calidad de tercero,

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a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional y al señor Ancizar Oswaldo
Mosquera Benavides, entregándoles copia de la demanda y sus anexos.

4.2. El Tribunal Administrativo del Cauca guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin
embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones proferidas dentro
de un incidente de desacato

El Consejo de Estado y la Corte Constitucional han admitido la procedencia de la
acción de tutela para controvertir decisiones judiciales. Sin embargo, de manera
reiterada, han insistido que ello es excepcional, por lo que para que la acción de
tutela contra una providencia judicial proceda se requiere que se cumplan
estrictamente una serie de requisitos generales y especiales, que deben analizarse
con sumo rigor.

Uno de esos requisitos consiste en que la providencia que se ataque no sea una
decisión de tutela. La razón de ser de este requerimiento es evitar que las personas
interpongan una y otra vez acciones de tutela que impidan cerrar definitivamente
un asunto, en detrimento de la seguridad jurídica.

No obstante, la Corte Constitucional ha señalado que esta regla no es absoluta.
En la sentencia SU 627 de 2015 esa alta corte unificó su jurisprudencia señalando
cuándo es procedente la acción de tutela contra sentencias de tutela. Uno de los
supuestos que analizó es la posibilidad de que mediante una tutela se cuestionen
decisiones proferidas dentro de un incidente de desacato. Sobre este evento
señaló que la acción es procedente «si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción
de tutela puede proceder de manera excepcional»1.

En la sentencia SU 034 de 2018, la Corte Constitucional ahondó sobre las
condiciones de procedencia de la tutela contra el incidente de desacato. Aseguró
que debían cumplirse los requisitos generales de procedencia de la tutela contra
providencia judicial y exigió que la parte actora alegara la configuración de, por lo
menos, uno de los defectos especiales.

A su vez, precisó que a fin de cumplir con el requisito de subsidiariedad la tutela
solo podrá interponerse contra la decisión que pone fin al trámite una vez esté
debidamente ejecutoriada. Por ende, si se intentara cuestionar otra decisión
diferente a la que finaliza el trámite la acción de tutela no procedería, ya que el
ordenamiento jurídico consagra el grado jurisdiccional de consulta como «la
instancia obligatoria donde la sanción por desacato cobra firmeza».

1 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 2015.

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Igualmente, enfatizó que los argumentos planteados en la tutela deben ser
consistentes con lo alegado en el trámite del incidente de desacato. Por ende,
indicó que no se admite invocar nuevas razones no expuestas en el trámite
incidental y que tampoco procede la solicitud de nuevas pruebas no solicitadas en
el curso del desacato.

En lo que respecta al estudio de fondo, precisó que el análisis del juez de tutela
está restringido a estudiar si en el curso del desacato la autoridad judicial vulneró
el derecho al debido proceso.

Posteriormente, en la sentencia T-233 de 2018 se indicó que las anteriores
condiciones son aplicables tanto para providencias que ponen fin al incidente de
desacato como para aquella que resuelve la solicitud de cumplimiento de fallo, tal
como se expresó años atrás en la sentencia T-325 de 2015.

En suma, la procedencia de la acción de tutela contra providencias proferidas en
incidentes de desacato o cumplimiento de fallo está sujeta a que se controvierta la
decisión que finaliza el trámite, que no se invoquen nuevos argumentos o pruebas
que no alegadas previamente, que además de comprobarse el cumplimiento de
los requisitos generales de procedencia de tutela contra providencias judiciales se
sustente la configuración de un defecto especial, que se busque la protección del
debido proceso y que su trasgresión se haya originado en el curso del desacato o
cumplimiento de fallo.

3. Planteamiento del problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala establecer si
se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, especialmente aquellas proferidas en el marco de un
incidente de desacato.

De superar tal estudio, corresponderá a la Sala determinar si al proferir auto de 12
de septiembre de 2022, en el trámite incidental de radicado Nro. 19001-23-00-002-
2017-00486-00, el Tribunal Administrativo del Cauca incurrió en el defecto por
desconocimiento del precedente.

4. Requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales y su análisis en el caso

En el caso bajo estudio, se encuentran satisfechos los requisitos generales de
procedibilidad de la acción:

Primero, se expusieron los hechos por los que se considera que el Tribunal
Administrativo accionado erró y se indicaron las razones por las que
presuntamente se incurrió en desconocimiento del precedente.

Segundo, la acción de tutela se presentó transcurridos dos meses luego de
proferido el auto del 12 de septiembre de 2022. En este punto, es pertinente
señalar que dicha providencia, si bien ordenó estarse a lo resuelto en el auto del 6
de marzo de 2019, constituye la última actuación que, presuntamente, materializó
la vulneración de los derechos fundamentales del accionante. De ahí que sea
válida tomarla para valorar el cumplimiento del requisito de inmediatez, más aún
cuando, según se expuso en la demanda, el actor ya no ostenta el cargo de director
de sanidad del Ejército Nacional.

Respecto a lo anterior, en la Sentencia de Unificación SU-050 de 2022 la Corte
Constitucional estudió un caso que involucraba varias decisiones judiciales,
proferidas en el marco del incidente de desacato de tutela entre los años 2016 y
2018, mediante las cuales la autoridad judicial mantenía en firme la sanción
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impuesta en virtud del desacato. Esa circunstancia era relevante a la luz del
requisito de procedibilidad de inmediatez, en la medida en que en el asunto no solo
intervenía una providencia respecto de la cual determinar si la tutela se interpuso
en un término razonable, sino que, por el contrario, se trataba de una serie de
decisiones judiciales de distintas fechas, dictadas a lo largo de varios años.

La Corte Constitucional encontró que se cumplía el requisito de inmediatez, debido
a que el sancionado impulsó distintas actuaciones ante el juez instructor con el
ánimo de procurar justificar el no cumplimiento de la orden de tutela impartida y,
una vez logrado el cumplimiento, radicó solicitudes de levantamiento de la sanción.
De manera que, en criterio de tal tribunal constitucional, el sancionado actuó con
diligencia a lo largo del trámite incidental. En ese orden de ideas, la actividad
constante del sancionado ante el juez de la causa habilitó efectuar el análisis de
inmediatez a partir de la última providencia emitida en el proceso, pese a la
existencia de decisiones proferidas de años atrás en el curso del desacato.

Así lo explicó la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-050 de 2022:
“Inmediatez. En el presente caso la vulneración no se adjudica a una única providencia
sino a una serie de decisiones dictadas al interior del incidente de desacato,
circunstancia que es relevante para verificar el cumplimiento del plazo razonable para
la interposición de la acción de tutela. En efecto, esta secuencia inició el 10 de mayo
de 2016 con el auto que dio apertura al incidente; continuó el 30 de junio de 2016 con
la declaratoria del desacato, la imposición de sanción y la orden de cumplir lo decidido
en la tutela, que fue confirmada en consulta el 7 de diciembre de 2016 -momento hasta
el cual no habría podido acudirse al amparo, porque la solicitud habría sido prematura,
según lo expuesto en precedencia-; luego, prosiguió con los pronunciamientos del 1º
de marzo, 25 de julio y 22 de agosto de 2017 y el del 24 de abril de 2018, en los que la
autoridad accionada desestimó las distintas solicitudes presentadas por Colpensiones
para dar cuenta de las razones del incumplimiento y para que se revocara, levantara o
inaplicara la sanción impuesta al funcionario.
Con este panorama, se vislumbra que la entidad ha actuado de manera diligente en la
defensa de sus intereses, puesto que, luego de impuesta y confirmada la sanción por
desacato, impulsó distintas actuaciones ante el juez instructor con el ánimo de procurar
justificar el no cumplimiento de la orden de tutela impartida y propiciar la inejecución de
la medida sancionatoria. Cabe resaltar, en todo caso, que la presentación de las
referidas solicitudes de levantamiento de la sanción era pertinente en razón a que el
juez instructor del desacato mantenía la competencia para pronunciarse sobre la
sanción y cumplimiento del fallo de tutela, aún cuando ya se hubiere surtido el grado
jurisdiccional de consulta.

Partiendo, entonces, de la decisión más reciente atacada en tutela, que lo fue el auto
del 24 de abril de 2018, y confrontándola con la fecha de radicación de la demanda
constitucional de amparo el día 19 de octubre de 2018, se constata que transcurrieron
algo más de 5 meses entre la reclamación de protección y el último pronunciamiento
judicial que consumaría el presunto hecho vulnerador, término que, a juicio de la Corte,
es aceptable y no resulta desproporcionado”.

Así las cosas, con fundamento en la anterior providencia, en el presente caso se
corrobora el cumplimiento del requisito de inmediatez pues, así como en el asunto
analizado en la Sentencia SU-050 de 2022, el accionante acudió en varias
oportunidades al juez natural a fin de solicitar el levantamiento de la sanción, tras
el cumplimiento de la orden de tutela. Lo cual denota que no actuó pasivamente,
sino que desplegó una serie de actuaciones ante el juez, con miras a lograr el
levantamiento de la sanción. Y, justamente, tales gestiones son las que provocaron
la expedición de varias providencias judiciales a lo largo de los años, de las cuales
el estudio de inmediatez debe efectuarse con la última, esto es con el auto del 12
de septiembre de 2022.

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Tercero, está satisfecho el requisito de la subsidiariedad de la acción, dado que el
actor acudió al incidente de desacato antes que a la acción de tutela y en el curso
de ese trámite solicitó de forma reiterada el levantamiento de la sanción. De
manera que empleó los mecanismos procesales dispuestos por el legislador.
Asimismo, la decisión que se está controvirtiendo fue la que finalizó el trámite del
desacato.

Cuarto, se trata de un asunto de relevancia constitucional, puesto que involucra la
posible vulneración al debido proceso ocasionada por la presunta falta aplicación
de un precedente consolidado por el Tribunal Constitucional.
Al encontrar satisfechos los requisitos generales de procedibilidad de la acción, la
Sala proseguirá a estudiar si el Juzgado accionado incurrió en desconocimiento
del precedente.

5. Desconocimiento del precedente y su incidencia en el caso concreto

El precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado
y sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese
precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el juez al momento de
decidir el nuevo caso. De esa forma se busca armonizar y salvaguardar los
principios de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan
de la misma forma y así se garantice el debido proceso del ciudadano.

La Corte Constitucional ha sostenido que la aplicación del precedente judicial
implica que: «un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s)
del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes
a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada
a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla
jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que
modifique algún supuesto de hecho para su aplicación».

Para la Sala es posible plantear la transgresión del precedente si se demuestra: i)
la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan identidad fáctica y
jurídica con el caso en que se solicita su aplicación (existencia del precedente); ii)
que tales decisiones (precedentes) sean vinculantes para la autoridad judicial
demandada, tanto por ser el precedente vigente, como por tener la fuerza
vinculante suficiente (vinculatoriedad); iii) que la decisión judicial que se cuestiona
en sede de tutela sea contraria al precedente vinculante (contradicción con el
precedente vinculante); iv) que el juez de instancia no presente una justificación
razonable para apartarse del precedente vinculante (inexistencia de justificación
razonable para separarse del precedente).

El desconocimiento del precedente constitucional es una causal autónoma y
específica de procedibilidad, que se configura, entre otros motivos: i) cuando se
contraría la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad y/o ii) cuando se
desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado a través de la ratio
decidendi de sus sentencias de tutela, mucho más cuando se trata de sentencias
de unificación.

Al referirse al defecto por desconocimiento del precedente, y los requisitos para
apartarse válidamente de este, la Corte Constitucional ha precisado que deben
cumplirse con los requisitos de transparencia y suficiencia, en virtud de los cuales,
el juez de la causa no solo debe identificar y referirse a la decisión judicial de la
que se aparta, sino también explicar los motivos por los que decide apartarse del
precedente existente; evento en el cual, es insuficiente ofrecer argumentos en un
sentido contrario al del precedente, pues además se debe demostrar, con

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argumentos sólidos, que el precedente vigente no es válido, correcto o suficiente
para resolver el caso sometido a decisión2.

Explicado lo anterior, debe decirse que existe un precedente judicial vinculante y
vigente en sentencias como la C-367 de 2014 y SU-034 de 2018, entre otras, sobre
la materia.

En reiteradas oportunidades, la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional
como la del Consejo de Estado ha dispuesto que la finalidad del incidente de
desacato no es sancionar a quien incumple el fallo de tutela, sino que su verdadero
propósito es propiciar que el accionado acate la orden del juez.

Se ha insistido en que «Cumplir con la orden serviría para evitar la sanción” 3 y que así “se
haya adelantado todo el procedimiento y decidido sancionar al responsable, éste podrá evitar que
se imponga la multa o el arresto cumpliendo el fallo que lo obliga a proteger los derechos
fundamentales del actor»4.

Justamente, en la sentencia SU 034 de 2018 la Corte Constitucional se pronunció
nuevamente sobre el propósito del incidente de desacato:
«Acerca de la finalidad que persigue el incidente de desacato, la postura que de vieja data
ha acogido la Sala Plena de esta Corte y que se ha mantenido es que, si bien una de las
consecuencias derivadas de este trámite incidental es la imposición de sanciones por la
desobediencia frente a la sentencia, su auténtico propósito es lograr el cumplimiento efectivo
de la orden de tutela pendiente de ser ejecutada; de suerte que no se persigue reprender al
renuente por el peso de la sanción en sí misma, sino que ésta debe entenderse como una
forma para inducir que aquel encauce su conducta hacia el cumplimiento, a través de una
medida de reconvención cuyo objetivo no es otro que auspiciar la eficacia de la acción
impetrada y, con ella, la reivindicación de los derechos quebrantados».

Asimismo, en la sentencia SU 034 de 2018 se explicó que, argumentos como que
la sanción fue confirmada por el superior jerárquico en el grado jurisdiccional de
consulta y que el cumplimiento fue tardío, no son razones suficientes para negarse
a levantar sanciones, una vez se ha acreditado el cumplimiento de la orden.
Hacerlo implica desnaturalizar la finalidad del incidente de desacato y convertirlo
en un castigo al llamado a cumplir la orden, por no haberla acatado oportunamente.
Lo que contraviene el precedente constitucional sobre la materia.

Así lo expresó la Corte Constitucional:
«el juzgado mal podía negar el levantamiento de las sanciones con argumentos como que
las mismas se encontraban en firme y que el desacato es un dispositivo para castigar al
renuente, pues ello desconoce la doctrina desarrollada de forma pacífica por esta Corte en
cuanto a que el propósito perseguido por la sanción es conminar al obligado como medio
para garantizar el goce efectivo del derecho tutelado mediante sentencia, mas no sancionar
por sancionar.
Bajo esa óptica, ante las solicitudes de inaplicación de las sanciones, el Juzgado Civil del
Circuito de Los Patios estaba llamado a incorporar en su razonamiento la jurisprudencia
consolidada por esta Corte y aplicar el mandato constitucional de prevalencia de lo sustancial
(que en este caso sería la constatación de las acciones positivas orientadas al cumplimiento),
para con base en ello reconsiderar si se justificaba mantener las medidas coercitivas
impuestas.

2 En este sentido, ver las Sentencias SU–395 de 2017 y SU–309 de 2019, en las que dijo la Corte
Constitucional: “…este Tribunal ha precisado que no se configura el defecto siempre que el funcionario
jurisdiccional reconozca y señale las decisiones anteriores de las que se aparta, y argumente con
suficiencia los motivos por los cuales toma distancia de lo resuelto con anterioridad. Por ello, el manejo
legítimo del precedente obliga a que el juez i) dé cuenta del balance judicial vigente; ii) presente los
razonamientos adecuados y suficientes para el abandono o cambio de la norma jurisprudencial; y, iii)
explique de qué manera su propuesta hermenéutica desarrolla de mejor manera los derechos y principios
superiores…”.
3 Corte Constitucional. Sentencia C-367 de 2014.
4 Corte Constitucional. Sentencia T-010 de 2012.

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Tal como lo sostuvo el propio juzgado accionado dentro del trámite de incidente de desacato
promovido por el ciudadano Diego Julián Rubio Martínez (expediente 2015-78) (…) ejecutar
la sanción una vez se ha evidenciado el cumplimiento de la orden de tutela no conlleva
la reivindicación del derecho constitucional vulnerado, porque este ya fue satisfecho,
sino a transformar una medida de apercibimiento en una medida punitiva asimilable
al derecho penal con funciones de prevención general».

Criterio que también ha sido reiterado por esta Sección. Inclusive, en diversos
fallos de tutela la Sala ha sostenido que «no tiene sentido mantener en firme una decisión
que sanciona a quien ya ha cumplido lo dispuesto en el fallo, inclusive si la sanción fue
confirmada en grado jurisdiccional de consulta. Si se supera el hecho por el que se sancionó
¿qué propósito tiene la sanción?»5.

Por ejemplo, en sentencia del 27 de junio de 2018 esta Sala resolvió un asunto
con similares supuestos fácticos al presente. En aquel caso el juez de primera
instancia se negó a levantar la sanción a pesar de haberse comprobado el
cumplimiento de la orden, porque, a su juicio, no podía ir en contravía de lo
dispuesto por su superior jerárquico, quien confirmó la sanción en sede de
consulta, y porque no existía norma que lo facultara a suspender una decisión ya
ejecutoriada.

En esa oportunidad, la Sala encontró que la autoridad accionada desconoció el
precedente del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, dado que:

«(i) No verificó que la finalidad de la sanción por desacato es apremiar el
cumplimiento de una sentencia de tutela y no tiene carácter punitivo.
(ii) Desconoció que tenía el deber de suspender la ejecución de la sanción ante la
prueba del cumplimiento de la sentencia.
(iii) No tuvo en cuenta que para tomar esta decisión es irrelevante que la providencia
que resolvió el grado jurisdiccional de consulta estuviera ejecutoriada.»6.

Varios han sido los casos que esta Sala ha proferido en ese sentido.

En otra oportunidad, se concluyó que «si se comprueba el cumplimiento de la orden
impartida en el fallo de tutela, ya sea durante el curso del incidente de desacato o incluso
después de impuesta la sanción, habrá lugar a inaplicar la sanción. En ese caso,
corresponderá al juez de conocimiento informar del levantamiento de la sanción a las
autoridades encargadas de la ejecución de la sanción para que terminen el procedimiento»7.

Esas decisiones se han fundamentado, además, en el principio de primacía de lo
sustancial sobre lo formal, según el que se debe levantar la sanción ante el
cumplimiento de la orden judicial aun cuando este haya sido tardío. Esto es así
porque, de lo contrario, se afectarían los derechos a la propiedad privada y a la
libertad sin que exista un fundamento constitucionalmente válido para mantener la
sanción.

Todo lo anterior demuestra la existencia y vigencia del precedente proferido por la
Corte Constitucional y por esta Sección, referente al verdadero objetivo del
incidente de desacato y al levantamiento de sanciones, siempre que se acredite el
cumplimiento total de la orden de tutela.

5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativa. Sección Cuarta. Providencia de 7 de diciembre
de 2016. Radicado: 54001-23-33-000-2016-00073-01. Actor: María Yolanda Silva Pacheco como agente
oficiosa de Luis Orlando Pérez Silva.
6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativa. Sección Cuarta. Providencia de 27 de junio de
2018. Radicado: 52001-23-33-000-2018-00001-01. Actor: Omar Andrés Álvarez Mejía. Demandado:
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Pasto.
7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativa. Sección Cuarta. Providencia de 25 de mayo
de 2017. Radicado: 11001-03-15-000-2017-00477-00. Actor: Sandra Gómez Arias y Juliana Santos
Ramírez. Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas y otro.
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Adicional a la existencia de un precedente vigente y vinculante, la configuración
del desconocimiento del precedente exige la falta de justificación razonable que
sustente el apartamiento. Elemento que se presenta en el caso, puesto que el
Juzgado accionado no se pronunció sobre el precedente alegado por el actor.

En el auto de 12 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo del Cauca negó
la solicitud de levantamiento de sanción, bajo el argumento de que «no hay
fundamento alguno de cara a inaplicar la sanción impuesta en el trámite incidental, ante
lo cual se ha ahondado en razones fácticas y jurídicas (…)», teniendo en cuenta que
las providencias que resolvieron sobre el incidente de desacato, incluso en grado
de consulta, se encuentran ejecutoriadas y, en todo caso, porque consideró que
los servidores públicos no pueden dilatar el cumplimiento de las órdenes judiciales.

De lo anterior se corrobora que el Tribunal accionado no justificó el haberse
apartado del precedente. Como se indicó previamente, es deber de la autoridad
judicial referirse a la decisión judicial de la que se aparta y dejar explícitos los
motivos por los que decide hacerlo.

Con fundamento en lo hasta aquí expuesto, la Sala concluye que la autoridad
judicial accionada incurrió en el vicio alegado, pues se apartó del precedente
vigente y vinculante sobre la finalidad del desacato y la procedencia del
levantamiento de las sanciones, sin expresar justificación alguna.

Así las cosas, ante la prosperidad de este cargo, por sustracción de materia, la
Sala se abstendrá de examinar el defecto sustantivo y por violación directa de la
Constitución alegados.

6. Conclusión

Por las razones expuestas en precedencia, la Sala concederá las pretensiones de
la acción de tutela promovida por el señor Germán López Guerrero, por lo que
amparará el derecho fundamental al debido proceso.

En consecuencia, se dejará sin efectos el auto del 12 de septiembre de 2022,
que negó la solicitud de levantamiento de sanción por desacato presentada por el
actor, y se ordenará al Tribunal Administrativo del Cauca que, dentro de los diez
(10) días siguientes a la notificación de la presente providencia, profiera auto de
reemplazo en el resuelva nuevamente sobre la solicitud de levantamiento de las
sanciones impuestas al señor Germán López Guerrero, en calidad de exdirector
de sanidad del Ejército Nacional, de acuerdo a las consideraciones aquí expuestas
y teniendo en cuenta el precedente dispuesto en la sentencia SU 034 de 2018 de
la Corte Constitucional.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Amparar el derecho fundamental al debido proceso y a la igualdad de
Germán López Guerrero, por las razones expuestas en la parte considerativa
de esta sentencia.

2. Dejar sin efectos el auto del 12 de septiembre de 2022, mediante el cual se
negó la solicitud de levantamiento de sanción por desacato, proferido por el
Tribunal Administrativo del Cauca, por las razones expuestas en la parte
motiva.

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3. Ordenar al Tribunal Administrativo del Cauca que, dentro de los diez (10)
días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera decisión de
reemplazo, en la que resuelva nuevamente sobre la solicitud de
levantamiento de la sanción por desacato impuesta al hoy tutelante, de
acuerdo con las consideraciones aquí expuestas y con el precedente
contenido en la sentencia SU-034 de 2018.

4. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

5. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

6. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Aclaro el voto

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