Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2026-00010-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2026-00010-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 15001-23-33-000-2026-00010-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
27 de marzo de 2026
Radicado: 15001-23-33-000-2026-00010-01
Accionante: Carlos Alberto Rincón Arango
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 15001-23-33-000-2026-00010-01
Accionante: Carlos Alberto Rincón Arango
Accionado: Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Tunja
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – Carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales y especiales de procedencia. Relevancia constitucional. Subsidiariedad – improcedencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra de la sentencia
proferida el 2 de febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo de Boyacá-Sala de
Decisión No. 5, mediante la cual se declaró la improcedencia de la acción de tutela por
no superar el requisito de subsidiariedad.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Carlos Alberto Rincón Arango, en nombre propio, interpuso acción de tutela en procura
del amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al buen
nombre, a la honra y al mínimo vital 1, que estimó vulnerados por el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Tunja, con ocasión de la providencia proferida el 5 de
diciembre de 2025, que negó la solicitud de levantamiento de la sanción de desacato
impuesta al interior de la acción de tutela identificada con el radicado núm. 15001-33-33-
009-2020-00112-00.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:
2.1. El señor Carlos Alberto Rincón Arango se desempeñó como director de la Dirección
de Sanidad del Ejército Nacional durante el periodo comprendido entre el 4 de diciembre
de 2020 y el 25 de noviembre de 2022.
1 Índice 00003 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado CE2B562761247683
7D69BDD6F14FD45F 8562B9467558C6D9 5571F70B929A5010 .
Radicado: 15001-23-33-000-2026-00010-01
Accionante: Carlos Alberto Rincón Arango
2.2. El 18 de septiembre de 2020 el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Tunja
profirió fallo de tutela dentro del radicado15001-33-33-009-2020-00112-00, en contra de
la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional y a favor de Heider Fabricio Delgadillo Ortiz.
En dicha providencia ordenó: i) fijar fecha y hora para la realización de un examen de
valoración por oftalmología; ii) expedir el concepto médico correspondiente una vez
practicada dicha valoración; iii) adelantar los trámites administrativos necesarios para
convocar a la Junta Médico-Laboral Militar; iv) adoptar las medidas adecuadas y
suficientes para que las autoridades castrenses competentes determinaran, en el marco
de sus atribuciones, la procedencia de la prestación de servicios médico-asistenciales a
favor del accionante, que resultaran indispensables para la efectiva y plena recuperación
de su estado clínico, en garantía de su derecho fundamental a la salud; y v) en caso de
ser necesario, garantizar la prestación del servicio de salud al accionante.
2.3. El 8 de marzo de 2022, el despacho judicial accionado impuso sanción dentro del
incidente de desacato en contra del aquí accionante, por incumplimiento del fallo de tutela
proferido el 18 de septiembre de 2020. Esta decisión fue confirmada en sede de consulta
por el Tribunal Administrativo de Boyacá mediante providencia del 30 de marzo de 2022.
2.4. Posteriormente, en el marco de un nuevo trámite incidental, mediante auto del 5 de
octubre de 2022, el juzgado impuso nuevamente sanción por desacato. No obstante, por
auto del 24 de octubre de 2022 la autoridad judicial accionada dejó sin efectos la referida
providencia y declaró el cumplimiento del fallo de tutela.
2.5. La Dirección de Sanidad del Ejército Nacional solicitó extender los efectos de la
providencia del 24 de octubre de 2022 al auto del 8 de marzo de 2022, con el propósito
de inaplicar o revocar la sanción impuesta al Mayor General Carlos Alberto Rincón
Arango. Para tal efecto, señaló que ambas decisiones se fundaban en hechos y
situaciones jurídicas similares.
2.6. Mediante auto de 5 de diciembre de 2025, el Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito Judicial de Tunja negó la solicitud de inaplicación de la sanción , al considerar
que las providencias invocadas por el peticionario fueron proferidas en el marco de dos
trámites incidentales distintos, en los cuales se exigieron gestiones diferentes por parte
del sancionado.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
La parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales invocados y, en
consecuencia, pidió:
“(…)
SEGUNDA: En consecuencia, solicito que EL TRIBUNAL DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOYACA (sic) ordené al JUZGADO 9º ADMINISTRATIVO DE TUNJA, dejar sin
efecto el auto de cinco (5) de diciembre de 2025, donde se negó la solicitud de
levantamiento de la sanción por desacato de fecha 8 de marzo de 2022, y se ordene
proferir decisión de reemplazo, en la que se resuelva nuevamente sobre la solicitud
de levantamiento de la sanción de acuerdo al precedente judicial vinculante y vigente
de la sentencia SU-034 de 2018 asimismo, que ese despacho informe y oficie sobre
2
Radicado: 15001-23-33-000-2026-00010-01
Accionante: Carlos Alberto Rincón Arango
la decisión judicial impartida a las autoridades encargadas de la ejecución de cobro,
para que estas den por terminado el proceso de cobro coactivo que actualmente se
adelanta en mi contra”2.
El accionante realizó un recuento de todas las actuaciones adelantadas con el fin de dar
cumplimiento a la orden de tutela y concluyó que esta ya se encontraba satisfecha. En
tal sentido, consideró que resultaba procedente inaplicar la sanción impuesta en su
contra.
Como fundamento de sus pretensiones, sostuvo que la decisión cuestionada incurrió en
desconocimiento del precedente judicial. Para sustentar esta afirmación, realizó una
amplia referencia a pronunciamientos de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado
y de la Corte Suprema de Justicia. En particular, citó la sentencia SU-050 de 2022, entre
otras, en las cuales se inaplicaron sanciones por desacato en atención al actuar diligente
del sancionado y a la naturaleza no sancionatoria, sino conminatoria, del incidente de
desacato3.
Finalmente, puso de presente que su solicitud no correspondía a un caso aislado
circunscrito a su actuación como Director de la Dirección de Sanidad del Ejército
Nacional, sino que, por el contrario, reflejaba una situación recurrente para quienes deben
atender asuntos de alta complejidad en el país.
4. Trámite de tutela e intervenciones
Mediante auto del 20 de enero de 20264, el magistrado ponente del Tribunal
Administrativo de Boyacá admitió la acción de tutela; requirió a la parte actora para que
aportara copia legible de los documentos anunciados como pruebas y ordenó notificar a
los sujetos procesales.
Una vez surtidas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:
4.1. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Tunja 5 se opuso a las
pretensiones de amparo y solicitó declarar la improcedencia de la acción , así como negar
lo solicitado por el convocante. Para tal efecto, realizó un recuento de las actuaciones
surtidas e informó que resolvió negativamente la solicitud de inaplicación de la sanción
presentada el 18 de noviembre de 2025, al estimar que resultaba improcedente, en tanto
la sanción impuesta el 8 de marzo de 2022 fue confirmada en grado de consulta por el
Tribunal Administrativo de Boyacá.
Indicó, además, que el accionante radicó nuevamente una solicitud con idéntico
contenido, frente a la cual el despacho, mediante auto del 19 de diciembre de 2025,
2 Ibid.
3 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 5 de diciembre de 2023, Exp. 11001 -03-15-000-2022-05978-00.
4
Índice 00005 del expediente digital de primera instancia, certificado BB80910B6048B017 219E69EDE76B266E
A2A99971151CD2AC DA85AD166E01A077.
5 Índice 00009 del expediente digital de primera instancia, certificado 27DF26C45F0CE60C C2BE8FFF03D4D23A
34200C528FE34C45 56486D90F6244FEC.
3
Radicado: 15001-23-33-000-2026-00010-01
Accionante: Carlos Alberto Rincón Arango
decidió no darle trámite, por carecer de fundamento jurídico y haber sido previamente
resuelta mediante providencia ejecutoriada.
Finalmente, puso de presente que el objeto real de reproche adquirió firmeza el 30 de
marzo de 2022, fecha en la que se resolvió el grado jurisdiccional de consulta del
incidente de desacato. En ese sentido, advirtió que la acción de tutela, presentada el 19
de enero de 2026, no cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que transcurrieron
tres (3) años, nueve (9) meses y diecinueve (19) días, término que excede de manera
ostensible el estándar de razonabilidad fijado por la jurisprudencia constitucion al.
4.2. El accionante6 allegó los documentos que le fueron requeridos en el auto admisorio.
5. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia del 2 de febrero de 20267,
declaró la improcedencia de la acción al considerar que no superaba el requisito de
subsidiariedad.
Explicó que, dentro del expediente de tutela, se adelantó el trámite de verificación de
cumplimiento y se dio apertura formal a tres (3) incidentes de desacato en contra del
Brigadier General Carlos Alberto Rincón Arango, en su calidad de Director de Sanidad
del Ejército Nacional, en los cuales se surtieron las siguientes actuaciones:
“(…)
Primer incidente Segundo incidente Tercer incidente
Apertura: auto de 26 Apertura: auto de 17 de Apertura: auto de 20
de abril de 2021 febrero de 2022 de septiembre de 2022
Decisión: auto de 3 de Decisión: auto de 8 de Decisión: auto de 5 de
mayo de 2021, en el marzo de 2022, en el cual octubre de 2022, en el
cual se impuso se impuso sanción de 2 cual se impuso sanción
sanción de 1 SMLMV SMLMV de 3 SMLMV
Consulta: Auto de 13 Consulta: auto de 23 de En el expediente no
de mayo de 2021, a marzo de 2022, a través del obra constancia de que
través del cual el cual el Tribunal se haya surtido el
Tribunal Administrativo de Boyacá grado jurisdiccional de
Administrativo de modificó la sanción consulta.
Boyacá revocó la aumentándola a 3 SMLMV
sanción
El 28 de marzo, el 22 de El 19 de octubre de
abril, el 6 de mayo y el 5 de 2022 la Dirección de
julio de 2022, el Área Sanidad del Ejército
Jurídica de la Dirección de Nacional solicitó el
Sanidad del Ejército archivo del incidente.
Nacional la inaplicación y/o
inejecución de la sanción,
alegando gestiones
tendientes al cumplimiento.
6
Índice 00010 del expediente digital de primera instancia.
7 Índice 00012 del expediente digital de primera instancia, certificado 5326597C53D221ED 90683E504AAFD78C
F02270DA40655EE9 65BDA86E0966CF73.
4
Radicado: 15001-23-33-000-2026-00010-01
Accionante: Carlos Alberto Rincón Arango
A través de auto de 5 de Mediante auto de 24
agosto de 2022 el Juzgado de octubre de 2022 el
accionado negó la Juzgado Noveno
inaplicación e inejecución Administrativo del
de la sanción. Circuito Judicial de
Tunja dejó sin efectos
el proveído de 5 de
octubre de 2022 y
declaró el
cumplimiento de la
sentencia de tutela.
El 18 de noviembre de
2025, el Área de Gestión
Jurídica de la Dirección de
Sanidad del Ejército
Nacional solicitó la
inaplicación o revocatoria
de la sanción. Para el
efecto, pidió que se
extendieran los efectos de
la providencia de 24 de
octubre de 2022.
A través de proveído de 5
de diciembre de 2025, el
Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito
Judicial de Tunja negó la
solicitud de 18 de
noviembre de 2025 . 8
El 17 de diciembre de 2025
el Área de Gestión Jurídica
de la Dirección de Sanidad
del Ejército Nacional reiteró
la solicitud realizada el 18
de noviembre de 2025.
Mediante providencia de 19
de diciembre de 2025 el
Juzgado accionado resolvió
no dar trámite a la solicitud
de 17 de diciembre de 2025
y estarse a lo resuelto en
auto de 5 de diciembre de
2025.
(…)”9.
De manera preliminar, analizó el requisito de inmediatez y concluyó que resultaba claro
que el accionante no cuestiona la sanción en sí misma, sino la providencia proferida el 5
de diciembre de 2025, mediante la cual se resolvió la solicitud de inaplicación de la
8 Para el efecto, indicó que con fundamento en que “i) las providencias relacionadas por el peticionario fueron proferidas
en dos trámites incidentales diferentes; ii) iniciados por el incumplimiento de órdenes, que si bien fueron proferidas con
el fin que se diera cumplimiento en su totalidad al mismo fallo Constitucional, lo cierto es que, requirieron gestiones
distintas por parte del sancionado, conforme se expuso en precedencia, y, iii) mientras que en la providencia cuya
extensión de efectos se solicitó, la multa no se ejecutó; la proferida el día 08 de marzo de 2022, fue confirmada en
grado jurisdiccional de consulta mediante auto del 23 de marzo de 2022, quedando ejecutoriadas estas dos últimas
providencias el día 30 de marzo de 2022; teniendo así, que hizo tránsito a cosa juzgada, sin que sea procedente su
“inaplicación” o “revocatoria”” [cita textual].
9 Índice 00012 del expediente digital de primera instancia, certificado 5326597C53D221ED 90683E504AAFD78C
F02270DA40655EE9 65BDA86E0966CF73.
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Radicado: 15001-23-33-000-2026-00010-01
Accionante: Carlos Alberto Rincón Arango
sanción. En ese sentido, explicó que, entre la emisión de la decisión controvertida y la
interposición de la acción de tutela, 19 de enero de 2026, transcurrió poco más de un
mes, lapso que consideró razonable para acudir a la vía constitucional.
Por otra parte, sostuvo que no se satisfacía el requisito específico relativo a la
consistencia entre los argumentos expuestos en el trámite del incidente de desacato y
aquellos formulados en la presente acción de tutela, exigencia que, de conformidad con
la jurisprudencia constitucional, en particular, la sentencia SU-050 de 2022, adquiere un
carácter reforzado cuando se trata de controvertir decisiones adoptadas en trámites
incidentales.
En esa línea, adujo que, al revisar la solicitud presentada el 18 de noviembre de 2025, se
evidenciaba que la petición de inaplicación de la sanción impuesta mediante providencia
del 8 de marzo de 2022 se sustentó exclusivamente en los siguientes argumentos: “(i) la
realización de gestiones orientadas al cumplimiento del fallo de tutela, en particular, la
materialización y notificación de la Junta Médico Laboral del señor Hedier Fabricio
Delgadillo; y, (ii) la solicitud de extensión de los efectos jurídicos del auto de 24 de octubre
de 2022, bajo la premisa de que existía identidad fáctica y jurídica entre las sanciones
impuestas dentro de los distintos incidentes de desacato, por derivarse todas del
incumplimiento de una misma orden constitucional”10.
No obstante, el juez constitucional de primera instancia advirtió que, al examinar el escrito
de tutela, el accionante amplió de manera sustancial el marco argumentativo inicialmente
planteado en sede de desacato, al introducir reproches de naturaleza constitucional y la
alegación de derechos fundamentales que no fueron sometidos a consideración del juez
en el trámite incidental.
Finalmente, en lo que respecta al cargo de desconocimiento del precedente judicial,
señaló que las decisiones en las cuales se sustentó la configuración de dicho defecto no
fueron invocadas de manera expresa en el trámite incidental de desacato. En
consecuencia, concluyó que no resultaba procedente acudir al mecanismo de amparo
para plantear tales cuestionamientos.
6. Impugnación11
La parte actora impugnó la decisión de primera instancia. Para tal efecto, reiteró los
argumentos expuestos en la solicitud de amparo y sostuvo que el juez de la primera
instancia desconoció que la pretensión principal consistía en la inaplicación o revocatoria
de la sanción.
Insistió en que la Dirección de Sanidad del Ejército dio cumplimiento total a la orden
impartida en la sentencia de tutela y que, conforme al artículo 52 del Decreto 2591 de
1991, en el trámite del incidente de desacato el juez debe limitarse a verificar si el fallo
fue o no cumplido.
10
Ibid.
11 Índice 00017 del expediente digital de primera instancia, certificado 69CF492136536447 ADCC6E4168A3C19D
26B208C6E45B867C A909CDE058DA030C.
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Mediante auto del 12 de febrero de 202612, el magistrado ponente del Tribunal
Administrativo de Boyacá concedió la impugnación interpuesta por la parte actora.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 32
del Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, en tanto el
señor Carlos Alberto Rincón Aragón es el titular de las garantías constitucionales que
afirma vulneradas, en su condición de sancionado dentro del incidente de desacato
adelantado en el marco de la acción de tutela identificada con el radicado núm. 15001-
33-33-009-2020-00112-00.
2.2. De igual manera, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva,
toda vez que el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Tunja fue la autoridad que
profirió la decisión del 5 de diciembre de 2025, la cual, según el tutelante, vulneró sus
derechos fundamentales.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
2 de febrero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá-Sala de Decisión
No. 5, mediante la cual se declaró la improcedencia de la acción .
Para el efecto, es necesario establecer si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
12 Índice 00019 del expediente digital de primera instancia, certificado E754F6FF5263B68A F001F48EC7FB8C32
5A41AC0231DE2F57 F849C4C67FC78289.
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Accionante: Carlos Alberto Rincón Arango
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200513 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela 14 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 15.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”16.
4.1. Procedencia de la acción de tutela contra sentencias de la misma naturaleza y
contra actuaciones de los jueces de tutela
La Corte ha señalado que, para que proceda la solicitud de amparo, es necesario que la
providencia judicial cuestionada no sea una sentencia de tutela, pues los debates sobre
la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera
indefinida, por lo cual se debe distinguir si esta se dirige contra el fallo proferido en el
proceso de tutela o contra una actuación previa o posterior a ella.
Así pues, cuando la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso diferentes
a la sentencia, que es lo que nos interesa para la resolución del presente caso, la Corte
aludió lo siguiente:
“Con todo, la Corte ha admitido la procedencia excepcional de la solicitud de amparo
cuando esta se dirige contra otro tipo de actuaciones del proceso de tutela diferentes
a la sentencia. Para ello, es necesario distinguir si estas se produjeron con
anterioridad o con posterioridad al fallo. En el primer caso, la tutela procede cuando,
cumplidos los requisitos generales de procedibilidad, el accionante controvierte, por
ejemplo, “la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular
13
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
14 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
15 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decis ión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
15 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
16 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
8
Radicado: 15001-23-33-000-2026-00010-01
Accionante: Carlos Alberto Rincón Arango
a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela (…), incluso si la Corte
Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión”.
En la segunda hipótesis, la acción de tutela procede cuando se reclama alguna
garantía fundamental que habría sido vulnerada en el trámite del incidente de
desacato o en el trámite de impugnación del fallo de tutela”17.
En esos términos, explicó la Corte que, la acción de tutela solo procede contra fallos de
la misma naturaleza, cuando no han sido proferidos por la Corte Constitucional y exista
fraude, y contra actuaciones surtidas en el proceso de tutela siempre y cuando no busque
el cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia.
En consecuencia, la Sala pone de presente que, en principio, resulta admisible la solicitud
de amparo del asunto, al dirigirse en contra de un auto que niega una petición de
inaplicación de la sanción en el marco de un incidente de desacato, no obstante, se
seguirá adelante con el estudio de los demás requisitos generales para verificar la
procedencia de la acción.
4.2. Relevancia constitucional.
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía
e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 18.
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en
tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la
controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.
17 Corte Constitucional T-298 de 2023.
18 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
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Radicado: 15001-23-33-000-2026-00010-01
Accionante: Carlos Alberto Rincón Arango
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente,
ante graves defectos constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en
la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que
el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más
amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la
petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,
a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto 19.
4.3. Subsidiariedad
El carácter subsidiario de la acción de tutela está definido expresamente en el artículo 86
Superior como presupuesto general de procedencia de esta, al establecer que “solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. A su
vez, dicho presupuesto se desarrolló en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de
1991.
Estas disposiciones son claras al establecer que la acción de tutela no es un mecanismo
principal de defensa de los derechos fundamentales, por lo tanto, se debe acudir a los
mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa que resulten idóneos y eficaces para
su amparo, con el fin de: i) prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta a la
que adelanta el proceso ordinario; ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta
los mecanismos de defensa diseñados por el Legislador; y iii) qu e los ciudadanos
observen un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la forma
19 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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de enmendar deficiencias, errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas
al interior de un proceso judicial 20.
Sobre el particular, en la sentencia T – 053 de 2020, la Corte Constitucional precisó los
siguientes tres eventos que hacen improcedente la tutela contra providencia judicial por
no superar el requisito de subsidiariedad:
“[...] (i) cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado
los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii) si se usa para revivir
etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico”
Por lo anterior, la Corte Constitucional precisa que la tutela no se puede emplear para
“obtener un pronunciamiento más rápido sin el agotamiento de las instancias ordinarias
de la respectiva jurisdicción”21, los tutelantes no pueden pretender que el juez
constitucional invada las competencias del juez ordinario para resolver el conflicto.
En atención al carácter exceptivo de la acción de tutela, la Corte Constitucional en
Sentencia T-396 de 2014, advierte que el amparo constitucional resulta improcedente
cuando se pretende emplear para reabrir un asunto litigioso que, por negligencia,
descuido o distracción de las partes, se encuentra debidamente resuelto. En tal sentido,
desde los primeros pronunciamientos de la Corporación Constitucional, se ha indicado:
“Si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir a él y, además, pudiendo
evitarlo, permite que su acción caduque, no podrá más tarde apelar a la acción de
tutela para exigir el reconocimiento o respeto de un derecho suyo. En este caso,
tampoco la acción de tutela podría hacerse valer como mecanismo transitorio, pues
esta modalidad procesal se subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce
para resolver de manera definitiva el agravio o lesión constitucional.” 22
Con fundamento en lo anterior, se reitera la posición de la Corte Constitucional, pues la
acción de tutela no puede usarse como un mecanismo accesorio para reabrir términos
de caducidad vencidos, pues con esto se vulneraría la seguridad jurídica y desvirtu aría
su propósito. Quien alegue la vulneración de sus derechos fundamentales debe haber
agotado previamente los mecanismos de defensa previstos en la ley. Esto responde al
principio de subsidiariedad, que impide que la tutela se convierta en una instancia
adicional del proceso judicial o en un medio para corregir omisiones y errores de las
partes.
5. Caso concreto
La Sala anuncia que confirmará la decisión de primera instancia, en el sentido de declarar
la improcedencia, al no superarse los requisitos de relevancia constitucional y
subsidiariedad, por las razones que se exponen a continuación:
20
Ver sentencia de la Corte Constitucional T-017 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa.
21
Corte Constitucional, Sentencia SU-599 de 1999, reiterada en la Sentencia T-610 de 2015.
22 sentencia SU-111 de 1997, reiterado, entre otras, en las sentencias T-1588 de 2000, T-983 de 2001, T-1217 de
2003, T-1140 de 2005, T-1009 de 2006, T-373 de 2007, T-472 de 2008, T-175 de 2011 y T-882 de 2009.
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5.1. La parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al desconocer el precedente judicial fijado en múltiples providencias
proferidas por el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte
Constitucional. En particular, citó la sentencia SU-050 de 2022, entre otras, y afirmó que
las sanciones impuestas en el marco de un incidente de desacato pueden ser inaplicadas
o revocadas cuando se evidencia el actuar diligente del sancionado, aunado a que la
finalidad de dicho trámite no es sancionatoria, sino conminatoria 23.
5.2. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados por el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Tunja se advierte que, en la providencia del 5 de diciembre
de 2025, dicha autoridad judicial arribó a la siguiente conclusión:
“En virtud del informe Secretarial que antecede encuentra el despacho que mediante
memorial radicado el día 18 de noviembre de 2025, el Mayor Miguel Cervantes
Saavedra Garzón en su calidad de Oficial Gestión Jurídica Dirección de Sanidad del
Ejército solicitó que los efectos de la decisión contenida en la providencia de fecha 24
de octubre de 202[2] se extiendan al auto de fecha 08 de marzo de 2022, con el fin
de “inaplicar” o “revocar” la sanción por desacato impuesta al Mayor General Carlos
Alberto Rincón Arango en razón a que, en su sentir, la situación fáctica y jurídica de
la Acción de Tutela es la misma para las dos sanciones, y ello contribuiría a la
materialización de la igualdad frente a la Ley.
Al respecto, es pertinente poner de presente las decisiones contenidas en las
providencias de fechas 08 de marzo y 24 de octubre de 2022, así:
Auto de fecha 08 de marzo de 2022 Auto de fecha 24 de octubre de 2022
Proferido dentro del trámite incidental de Proferido dentro del trámite incidental de
desacato iniciado mediante auto de fecha desacato iniciado mediante auto de fecha
17 de febrero de 20224, ante la falta de 20 de septiembre de 2022 ante la falta de
aporte de información relacionada con: i) la información respecto a si se había llevado
realización de una cita al accionante para a cabo o no la notificación al accionante
concepto de optometría por cicatrices de la decisión adoptada el día 27 de abril
coriorretinianas (H310); ii) la expedición del de 2022 en la Junta Médico Laboral
respectivo concepto por dicha Militar.
especialidad, y iii) la convocatoria de la
Junta Médico Laboral Militar con el objeto En el cual, mediante auto del 05 de
que evaluara y definiera la situación octubre de 2022 se impuso multa por
médico laboral del accionante. desacato en cuantía de tres (3) salarios
mínimos mensuales legales vigentes,
Impuso sanción por desacato consistente entre otro, al Mayor General Carlos
en multa de dos (2) salarios mínimos Alberto Rincón Arango.
mensuales legales vigentes al, entonces,
Brigadier General Carlos Alberto Rincón Decisión frente a la cual, el Mayor Edward
Arango en su calidad de Director de Jair Jiménez Rodríguez en su calidad de
Sanidad Ejército Nacional. Advirtiendo al Oficial de Gestión Jurídica de la Dirección
sancionado que, de no cumplir con las de Sanidad Ejército solicitó el cierre del
órdenes de Tutela pendientes en el término incidente, informando que el día 18 de
de 48 horas, le sería impuesta sanción de octubre de 2022, vía correo electrónico,
arresto por 1 día. se remitió al accionante el acto
administrativo de la Junta Médica,
La anterior decisión fue notificada aportando en soporte de su dicho, los
personalmente el mismo día 08 de marzo anexos pertinentes.
de 2022.
23 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 5 de diciembre de 2023, Exp. 11001 -03-15-000-2022-05978-00.
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Ante lo cual, esta instancia teniendo en
Sin pronunciamiento del sancionado, el cuenta que la sanción de multa impuesta
expediente digitalizado se remitió el día 15 en auto del 05 de octubre de 2022 no
de marzo de 2022 al Centro de Servicios había sido enviada en grado jurisdiccional
de los Juzgados Administrativos de Tunja, de consulta al superior, y en
con el fin que fuera enviado al Tribunal consecuencia no había sido ejecutada,
Administrativo de Boyacá para surtir el mediante auto de fecha 24 de octubre de
grado jurisdiccional de consulta de la 2022 dispuso dejar sin efecto la misma, y
decisión adoptada. declaró el cumplimiento del fallo de tutela
proferido el día 18 de septiembre de
La Sala de Decisión No. 2 del Tribunal 2020.
Administrativo de Boyacá en providencia
de fecha 23 de marzo de 2022 resolvió el
grado jurisdiccional de consulta
confirmando el auto de fecha 08 de marzo
de 2022 proferido por esta instancia,
modificando la decisión en el sentido de no
sancionar con arresto, y en su lugar,
imponer multa equivalente a tres (3)
salarios mínimos mensuales legales
vigentes.
Decisión que este despacho dispuso
obedecer y cumplir en auto de fecha 29 de
marzo de 2022, en el que además, requirió
al sancionado el pago de la multa
impuesta, y el cumplimiento de la carga
procesal pendiente.
Los autos de fechas 08 de marzo de 2022
(que impuso multa), y 23 de marzo de 2022
(que resolvió grado jurisdiccional de
consulta) quedaron ejecutoriados el día 30
de marzo de 2022 a las 05:00 p.m.
Mediante auto de fecha 05 de agosto de
2022 se resolvió NO ACCEDER a la
solicitud de inaplicación de la sanción
impuesta y confirmada en grado
jurisdiccional de consulta por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, y se requirió
nuevamente al sancionado el pago de la
multa impuesta.
El día 20 de abril de 2022 venció el plazo
con que contaba el sancionado para el
pago de la multa impuesta; por lo que, el 23
de septiembre de 2022, se remitieron a la
Dirección de Cobro Coactivo de la
Dirección Seccional de Administración
Judicial de Tunja, los documentos
correspondientes para el cobro respectivo
de la misma.
(…)24
24 Índice 00126 del expediente de
tutela con radicado 15001 -33-33-009-2020-00112-00, en el aplicativo SAMAI,
certificado EC288A55E509DA0C FC04E1E4278E8FE5 535C5B6D794BBC60 7ED1F4F1E9000D2D.
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Accionante: Carlos Alberto Rincón Arango
Una vez delimitado el alcance de lo resuelto en los referidos trámites incidentales, el
juzgado accionado consideró que no era posible acceder a la solicitud presentada, por
las siguientes razones:
“(…) i) las providencias relacionadas por el peticionario fueron proferidas en dos
trámites incidentales diferentes; ii) iniciados por el incumplimiento de órdenes, que si
bien fueron proferidas con el fin que se diera cumplimiento en su totalidad al mismo
fallo Constitucional, lo cierto es que, requirieron gestiones distintas por parte del
sancionado, conforme se expuso en precedencia, y, iii) mientras que en la providencia
cuya extensión de efectos se solicitó, la multa no se ejecutó; la proferida el día 08 de
marzo de 2022, fue confirmada en grado jurisdiccional de consulta mediante auto del
23 de marzo de 2022, quedando ejecutoriadas estas dos últimas providencias el día
30 de marzo de 2022; teniendo así, que hizo tránsito a cosa juzgada, sin que sea
procedente su “inaplicación” o “revocatoria”25.
5.3. Pues bien, los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir, con
claridad, que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por el juez
competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de forma
arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos normativos, ni que se
hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el desarrollo
del proceso ordinario.
Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y explicativa
que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través del amparo,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara qu e no basta
la simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el requisito general
de procedencia de relevancia constitucional, se requiere demostrar: i) su existencia; ii)
su carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela
debe aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional advertir tal
vulneración 26.
Por lo tanto, es claro que no basta con realizar simples afirmaciones con la intención de
lograr que su tesis sea acogida, sino que lo que se requiere es que la parte actora
presente sus reparos de cara a los derechos fundamentales que considera vulnerados y
eleve su argumentación a rango constitucional.
5.4. A partir de lo anterior, para la Sala resulta diáfano que la parte actora pretende
imponer su interpretación normativa y jurisprudencial sobre las consideraciones
expuestas por la autoridad enjuiciada, así como su discrepancia frente a la decisión
adoptada y, de esta manera, continuar con el debate surtido en el trámite incidental, sin
que haya demostrado la violación de los derechos fundamentales para los que pidió su
protección.
Si bien, parte actora, aduce la configuraron de un defecto por desconocimiento del
precedente, lo cierto es que sus argumentos se limitan a reparos de mera legalidad que
25 Ibid.
26 Sentencia SU-215 de 2022.
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no tiene la suficiente entidad para permitir que el juez constitucional entre a revisar el
asunto de fondo.
5.5. Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada por
la parte actora está encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite incidental,
toda vez que reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados en el marco
del proceso, sin esbozar las razones concretas por las cuales los derechos
fundamentales invocados fueron vulnerados con la providencia atacada, lo que escapa
de la órbita del juez constitucional, toda vez que, como ya se dijo, la decisión censurada
se sustenta en el principio de autonomía judicial. Esto aunado a que el actor no presentó
reparos concretos en contra de los argumentos que llevaron a la autoridad judicial a negar
la solicitud de inaplicación de la sanción .
Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter excepcional,
para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional fundamental y entre
sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria, por lo que su
procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión proveniente de una
autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que ello implique, como
lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera una instancia
adicional a lo ya surtido.
Para el efecto, se reitera que el hecho de que la parte accionante no esté de acuerdo con
el análisis probatorio realizado por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de
Tunja no habilita para que el juez constitucional interfiera en la apreciación realizada por
la autoridad judicial, en tanto, no se vislumbra que los argumentos de la solicitud de
amparo sean de carácter constitucional, sino que, se insiste, pretenden reabrir u n debate
que ya fue zanjado por el juez de instancia.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada 27, lo que se opone a que use indebidamente como
una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso 28.
5.6. En este punto, resulta pertinente precisar que, tal como se expuso en el acápite de
hechos, la solicitud de inaplicación de la sanción se limitó a exponer actuaciones dirigidas
a acreditar el cumplimiento de la orden de amparo y a solicitar la extensión de los efectos
de la providencia del 24 de octubre de 2022 al auto del 8 de marzo de 2022.
En consecuencia, si la parte actora pretendía que su solicitud fuera analizada a la luz de
la jurisprudencia constitucional y del desarrollo efectuado por el Consejo de Estado y la
Corte Constitucional, debía plantearlo en dicha oportunidad procesal, que constituía el
escenario idóneo para exponer las razones por las cuales consideraba aplicables las
27 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
28 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.
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providencias invocadas en sede de tutela. Ello, con el fin de permitir a la autoridad judicial
pronunciarse al respecto y, de ser el caso, justificar su eventual apartamiento.
Así las cosas, y tal como lo concluyó el juez constitucional de primera instancia, se
evidencia la falta de subsidiariedad en el presente asunto, en la medida en que los
reproches formulados para sustentar el defecto endilgado a la providencia cuestionada
no fueron planteados en el trámite incidental, lo que impide su examen en sede de tutela.
Al respecto, la Sala advierte que acoger una postura distinta implicaría sustituir los
mecanismos previstos por el legislador para la protección de los derechos y suplir la
inactividad de la parte que no hizo uso oportuno de ellos. En efecto, la acción de tutela,
por su carácter supletorio y residual, no puede ser empleada como un mecanismo
alternativo a los instrumentos ordinarios de defensa judicial, los cuales establecen las
reglas conforme a las cuales deben tramitarse y resolverse las controversias.
En consecuencia, la Sala procederá a confirmar la decisión proferida en primera instancia
por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión No. 5, pero por las razones
expuestas en la presente providencia, en tanto no se superaron los requisitos de
relevancia constitucional y subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de febrero de 2026 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá-Sala de Decisión No. 5, que declaró improcedente la acción de
tutela que interpuso Carlos Alberto Rincón Arango contra el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Tunja, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
SABF
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