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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05551-00

Fecha
22 de abril de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05551-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Carlos Ernesto Castañeda Ravelo contra la sentencia proferida el 5 de mayo de 2022 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso de nulidad simple identificado con el número único de radicación 25000-23- 25-000-2010-00909-02. 17 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2023-05551-00 Demandante: Carlos Ernesto Castañeda Ravelo Recurso Extraordinario de Revisión SEGUNDO: ARCHIVAR el expediente del recurso extraordinario de revisión, cumplido lo anterior y previas las anotaciones pertinentes en el sistema de información de gestión de procesos y manejo documental SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-05551-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

22 de abril de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05551-00
Demandante: Carlos Ernesto Castañeda Ravelo
Recurso Extraordinario de Revisión

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA CUARTA ESPECIAL DE DECISIÓN

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., diecisiete (17) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05551-00
Demandante: CARLOS ERNESTO CASTAÑEDA RAVELO
Providencia PROVIDENCIA DE 5 DE MAYO DE 2022, PROFERIDA POR
objeto de LA SECCION SEGUNDA, SUBSECCIÓN B DEL CONSEJO
revisión: DE ESTADO.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala Cuarta Especial de Decisión del Consejo de Estado procede a resolver la
demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor
Carlos Ernesto Castañeda Ravelo contra la sentencia dictada el 5 de mayo de 2022
por la Sección Segunda, Subsección B de esta corporación1.

I. ANTECEDENTES

1.1. Trámite en primera instancia

1. La señora Diana Patricia Rojas Porras y el Ministerio de Educación ejercieron
el medio de control de nulidad simple contra el artículo 5 de la Ordenanza 13 del 25 de
junio de 19472, expedida por la Asamblea de Cundinamarca.

2. La demanda correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en
sentencia del 10 de diciembre de 2018, accedió a las pretensiones de la demanda y

1 En ejercicio del medio de control de nulidad simple identificado con el número único de radicación

25000-23-25-000-2010-00909-02.
2 «(…) Artículo 5º. Los empleados y obreros del Departamento que hayan cumplido veinte años o más,

al servicio de Cundinamarca, que no hayan sido pensionados y que se hallen en ejercicio de sus
funciones con una antigüedad no menor de cinco años, sin solución de continuidad, tendrán derecho a
un aumento del veinte por ciento del sueldo o jornal que devenguen. La Gobernación procederá a
liquidar en el presupuesto las partidas correspondientes, quedando ampliamente facultada para hacer
las operaciones del caso, a fin de dar cumplimiento a esta disposición, la cual regirá desde el día primero
de julio próximo (…)».

1

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05551-00
Demandante: Carlos Ernesto Castañeda Ravelo
Recurso Extraordinario de Revisión

declaró la nulidad de la disposición controvertida. Para fundamentar su decisión
expuso que a partir de la Constitución Política de 1991 la competencia para dictar
normas generales y definir el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos
era del Congreso de la República, por lo que no correspondía a los departamentos
regular este régimen, incluso para los empleados del rango territorial.

3. Contra la anterior decisión la parte demandada y algunos terceros intervinientes
interpusieron recursos de apelación3. La primera, porque a su juicio el a quo pasó por
alto definir los efectos jurídicos y el alcance de la declaratoria de nulidad de la
disposición demandada, concretamente respecto a los derechos adquiridos de los
trabajadores beneficiados con la norma; los segundos, por vulneración de sus
derechos laborales adquiridos.

1.2. Trámite en segunda instancia

4. La alzada correspondió a la Sección Segunda, Subsección B de esta
corporación. Ese cuerpo colegiado, mediante providencia del 5 de mayo de 2022,
decidió revocar la decisión del 10 de diciembre de 2019 para, en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda.

5. Como soporte de la decisión, explicó que sobre el acto acusado no podía
predicarse la nulidad alegada porque para el año de 1947, época en la que fue suscrita
la ordenanza, la Asamblea Departamental contaba con la facultad de regular los
aspectos salariales de los empleados del sector territorial. Esto, porque la competencia
le fue atribuida por el Acto Legislativo 3 de 1910 y fue derogada tácticamente por el
Acto Legislativo 01 de 1968. La sentencia fue notificada por correo electrónico a los
sujetos procesales el 12 de agosto de 20224.

6. Inconformes con la decisión adoptada por dicha autoridad judicial, algunos
terceros intervinientes, entre ellos el demandante de este recurso extraordinario,
presentaron solicitudes de aclaración o adición de la decisión. Entre otros puntos,
alegaron que la demanda no pretendía el análisis de la figura del decaimiento y la
derogatoria tácita.

7. En providencia del 20 de octubre de 2022, la Sección Segunda, Subsección B
de esta corporación negó las solicitudes de aclaración y adición interpuestas, porque

3 Fungieron como terceros: el Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado SUNET y los

señores Carlos Ernesto Castañeda Ravelo, Jaime Raúl Taborda Mejía y Hernán Egberto Peralta
Garzón.
4 Cfr. Samai índice 24. Exp 25000-23-25-000-2010-00909-02.

2

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no se probó que la providencia hubiese incurrido en los supuestos legales para que
procediera la aclaración o adición de la sentencia.

8. La anterior decisión fue notificada a las partes el 22 de marzo de 20235.

1.3. Recurso extraordinario de revisión

9. El 26 de septiembre de 2023, el señor Carlos Ernesto Castañeda Ravelo6
interpuso recurso extraordinario de revisión, con el objeto de que se revoque la
sentencia proferida el 5 de mayo de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, toda vez que, en su criterio, se configura la causal de revisión
establecida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA7. En este sentido, la parte
recurrente considera que la providencia recurrida adolece de «falta de congruencia
externa e interna».

10. Respecto a la falta de congruencia externa, precisó que ningún sujeto procesal
solicitó en las pretensiones de su demanda que se declarara la derogatoria tácita del
artículo 5 de la Ordenanza 13 de 1947 con motivo de la entrada en vigor del Acto
Legislativo 01 de 1968 y que tampoco se pidió que la colegiatura declarara si los
empleados del departamento tenían derecho o no al aumento dispuesto por la
disposición en comento. No obstante, la decisión se pronunció sobre esos puntos,
impidiéndole a las partes ejercer su derecho de contradicción y defensa. Expuso que
dicha postura lesionó los intereses de los sujetos procesales que participaron en la
controversia porque nunca pudieron pronunciarse sobre el decaimiento del acto
administrativo en los términos del artículo 66 del CCA.

11. Precisó que, en virtud de las declaraciones hechas en la decisión, el comité de
conciliación del departamento de Cundinamarca planteó el inicio de demandas
individuales en contra de los servidores públicos que gozan de la prerrogativa
consagrada en el artículo 5 de la ordenanza demandada.

12. En lo que atañe a la falta de congruencia interna, precisó que el juez, al
momento de trazar el problema jurídico de la controversia, no señaló que se haría un
pronunciamiento oficioso sobre la eventual pérdida de vigencia de la norma
demandada, o sobre la existencia o inexistencia del derecho individual. Sin embargo,
en la decisión se resolvieron dichos puntos.

13. Finalmente, refirió que, al existir incongruencia externa e interna, la sentencia
efectúo un pronunciamiento extrapetita que lesionó los derechos de los sujetos

5 Cfr. Samai índice 40. Exp 25000-23-25-000-2010-00909-02.
6 Quien intervino como tercero opositor en el proceso de simple nulidad.
7 Índice SAMAI Nro. 2.

3

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procesales y de terceros. Precisó que en realidad se convirtió el trámite de nulidad
simple a uno de nulidad y restablecimiento del derecho y en ese orden, se profirió una
providencia contra terceros no convocados al proceso.

1.4. Trámite del recurso extraordinario de revisión

14. Mediante auto del 14 de noviembre de 2023, el despacho sustanciador admitió
la demanda. En la providencia se ordenó notificar al Ministerio de Educación, a la
señora Diana Patricia Rojas Porras, al Departamento de Cundinamarca, a la Asamblea
Departamental de Cundinamarca y a los señores Rafael Eduardo Rubio Cardozo,
Jaime Raúl Taborda Mejía, Hernán Egberto Peralta Garzón, Alfredo Beltrán Sierra,
Nilson Almanza Montero, Blanca Ramírez de Salazar, Sintraestatales. (hoy Sunet),
quienes intervinieron en el proceso en que se emitió la sentencia objeto del recurso.
Igualmente se vinculó al Ministerio Público y se ordenó comunicar la providencia a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

15. Finalmente, se ofició al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la Sección
Segunda, Subsección B de esta corporación para que remitieran copia íntegra digital
del expediente de nulidad simple radicado 25000-23-25-000-2010-00909-00/01/02.

16. Adelantadas las notificaciones y demás trámites correspondientes, en
providencia del 12 de marzo de 2023 se resolvió la solicitud probatoria pedida por la
parte recurrente. En esta decisión se tuvieron como pruebas los documentos allegados
con el recurso8 y se negó el decreto y práctica de los elementos de convicción
solicitados por la parte actora por no ser necesarios para resolver este asunto9.

1.4.1. Contestación de la demanda

17. El Ministerio de Educación Nacional se opuso a las pretensiones de la
demanda, toda vez que, a su juicio, no se evidencia la incursión de la providencia

8 El recurrente aportó con la demanda los siguientes: 1) copia de la sentencia de tutela de primera instancia,

proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Magistrado Ponente:
Pedro Pablo Vanegas Gil, radicado 11001-03-015-000-2023-01699-00 del ocho (08) de junio de dos mil veintitrés
(2023), 2) enlace a video con intervención del Secretario Jurídico del Departamento de Cundinamarca, minuto
02:59:https://www.youtube.com/watch?v=fDOGyOt7rZ8&t=2s. y 3) copia de los dos conceptos elaborados por la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Departamento Administrativo de la Función Pública.
9 El señor Castañeda Ravelo solicitó, de un lado, la integración de las sentencias de primera y segunda instancia

que motivaron el presente mecanismo. De otro lado, el decreto y práctica de: 1) el acta del comité de conciliación
en que el Departamento de Cundinamarca, decidió entablar las demandas en contra de los empleados de
Cundinamarca actualmente beneficiarios del aumento del 20% de su sueldo, la cual fue solicitada a esa entidad en
el último inciso del correo electrónico del 31 de agosto de 2023 y aún no es entregada al suscrito, lo que acredito
con copia de la solicitud al señor Secretario Jurídico, 2) las comunicaciones mediante las cuales el Departamento
de Cundinamarca negó el derecho ordenanzal a los empleados que han cumplido los requisitos señalados en la
norma con posterioridad al fallo judicial aquí recurrido, y 3) dos solicitudes de concepto remitidas por el
Departamento de Cundinamarca (Secretaría Jurídica – Dirección de Conceptos) al Departamento Administrativo
de la Función Pública (radicado 20232060277562 del 10 de mayo de 2023) y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado (radicado 5190 del 15 de mayo de 2023.

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cuestionada en la causal de revisión contemplada en el artículo 250.5 del CPACA. En
concreto, tras referirse a la jurisprudencia de esta corporación en relación con dicha
disposición, sostuvo que lo allí dispuesto no procede ante cualquier reproche relativo
a la falta de congruencia, sino que debe tratarse de una disparidad protuberante entre
la decisión y las materias medulares del proceso que carezca de una justificación
objetiva, circunstancia que no consideró presente en este caso, pues afirmó que los
reproches relativos a la aplicación de la norma demandada en el pasado guardaban
relación material con los interrogantes formulados dentro del proceso.

18. Posteriormente, se refirió a la normativa relacionada con la descentralización
del servicio público de educación y al alcance de sus responsabilidades frente a la
homologación salarial de quienes integran el personal docente en los departamentos
y distritos del territorio nacional, con el objeto de asegurar que en dicho procedimiento
se desarrolla una etapa en la que se revisan las condiciones salariales en que fue
vinculado cada uno de los docentes que laboran en las entidades territoriales y son
tales instituciones las que deben proceder «a nivelar los cargos administrativos
conforme a la normatividad vigente, mediante un acto administrativo de carácter
general por lo que las hojas de vida de los funcionarios reposan en la entidad territorial
y no el Ministerio de Educación».

19. Por otra parte, sostuvo que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 148 de
la Ley 1450 de 2011, la Sala de Consulta y Servicio Civil emitió los conceptos 2302 de
2017, en el que se indicó con claridad que las autoridades territoriales carecen de
competencia para determinar el régimen salarial y prestacional de los servidores
públicos del sector educativo; y 2379 de 2018, en el cual se señaló que las únicas
primas creadas desde el orden territorial que debían pagarse serían aquellas
adoptadas antes del Acto Legislativo 01 de 1968, hasta el momento de retiro de los
funcionarios vinculados al sector para la época.

20. Por tanto, afirmó que «durante el análisis realizado por el Ministerio de
Educación Nacional, con relación a la aplicación del artículo 5° de la Ordenanza 13 de
1947, hasta el momento de la expedición de la sentencia objeto de recurso de revisión
no inexistían elementos jurídicos que dieran certeza del amparo constitucional y legal
que soporta las solicitudes realizadas por la entidad territorial por este concepto en el
marco del artículo 148 de la Ley 1450 de 2011, se abstuvo de tramitar la validación y
certificación de las presuntas deudas, existiera un pronunciamiento judicial al
respecto».

21. Y que, «la entidad territorial certificada en educación – Cundinamarca, en
ejercicio de sus competencias, debe realizar un análisis a fin de definir si en la
actualidad existen personas con derecho al pago del 20% de la Ordenanza 13 de 1947,
esto es, que hayan sido vinculadas antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo

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01 de 1968, que adicionalmente cumplieran con los requisitos descritos en dicha
ordenanza y que, por ende, la estuvieran devengando con anterioridad al mencionado
Acto Legislativo»; tal y como se desprende de la providencia cuestionada, en la que
no se declaró el decaimiento de dicha ordenanza por derogatoria tácita, sino que se
puso de presente el hecho de que esta había operado.

22. Así las cosas, adujo que, aún sin que el ad quem hubiese hecho referencia a
dicha circunstancia, «el artículo 5 de la Ordenanza 13 de 1947, por virtud de la
expedición del acto legislativo 01 de 1968 y la Constitución Política de 1991, perdió su
vigencia legal, de tal suerte que a partir de la expedición de estos últimos los actos
administrativos expedidos con fundamento el artículo 5 de la Ordenanza 13 de 1947,
estarían viciados de nulidad».

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

23. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 249 de la Ley 1437 de 2011, en
concordancia con el artículo 125, numeral 3, ibídem y el artículo 29, ordinal 1, del
Acuerdo No. 080 de 2019, contentivo del reglamento de esta Corporación, esta Sala
es competente para decidir sobre la admisión de la demanda que contiene el presente
recurso extraordinario de revisión interpuesto contra una sentencia de segunda
instancia de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado dentro de un
proceso de nulidad simple.

2.2. Procedencia y término para interponer el recurso extraordinario de
revisión

22. El artículo 251 de la Ley 1437, sobre el término para interponer el recurso
extraordinario de revisión, dispone lo siguiente:

[…] Artículo 251. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria
de la respectiva sentencia […].

23. En el caso sub examine, la sentencia recurrida fue proferida por la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 5 de mayo de 202210, pero esta fue
objeto de una solicitud de aclaración o adición que se resolvió mediante auto del 20 de

10 Índice SAMAI 18 del proceso nro. 25000-23-25-000-2010-00909-02.

6

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octubre de 202211. Por lo anterior y dado que el recurso extraordinario de revisión se
interpuso el 27 de septiembre de 202312; es evidente que se presentó dentro la
oportunidad legalmente establecida para el efecto.

2.3. Problema jurídico

24. En el caso sub examine, el problema jurídico que la Sala debe resolver consiste
en determinar si se configura o no la causal de revisión prevista en el numeral 5.º del
artículo 250 de la Ley 1437, esto es, la nulidad de la sentencia de 5 de mayo de 2022,
proferida por la Subsección B, de la Sección Segunda, del Consejo de Estado, en tanto
que, a juicio del recurrente tal providencia fue proferida de forma incongruente, por lo
que se vulneró el debido proceso.

2.4. Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del recurso extraordinario de
revisión

25. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación que limita la
inmutabilidad de las sentencias en relación con la cosa juzgada y permite que se
subsanen determinadas irregularidades o ilegalidades. La principal finalidad de este
recurso es el restablecimiento de la justicia real y material como valor fundante del
Estado de Derecho13. Este no implica, en general, el desconocimiento de los principios
de cosa juzgada y presunción de legalidad y acierto de las decisiones judiciales, sino
que, excepcionalmente, en ciertas circunstancias y por las razones señaladas
específicamente en la ley, es viable revisar las sentencias en aras de restablecer el
imperio de la justicia y mantener el orden jurídico y social. Es precisamente en atención
a lo anterior que el recurso de revisión se determinó como un medio extraordinario de
impugnación.

26. Por ende, el recurso se encuentra sujeto al estricto, riguroso y ajustado
cumplimiento de las causales que expresamente ha previsto el legislador, sin que sea
dable ampliarlas mediante interpretación analógica. Con esta limitación se busca evitar
que el mismo se convierta en una tercera instancia y se utilice para remediar
equivocaciones en que hubiera podido incurrir alguna de las partes, o para controvertir
juicios de valor del fallador14. Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación ha considerado lo siguiente:

11 Índice SAMAI 34 del proceso nro. 25000-23-25-000-2010-00909-02.
12 Cfr. índice SAMAI 1 del presente proceso.
13 Corte Constitucional, sentencias C-520 de 2009, C-418 de 1994 y C-247 de 1997.

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia proferida el 27 de abril

de 2004, C.P. María Inés Ortiz Barbosa Rev. 194, identificada con núm. único de radicación
1100103150001998016401.

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[…] El recurso extraordinario de revisión no constituye una instancia adicional, la tercera
en este caso, en la que los interesados pueden replantear el asunto objeto del litigio
original para que el Juez de la Revisión lo reexamine o analice una vez más

[…] En efecto, con la demanda de revisión se inicia una instancia que cuenta con trámite
propio y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro del debido proceso, hasta
culminar con un fallo que define sobre la legalidad de una sentencia ejecutoriada […]15

27. En efecto, el artículo 250 de la Ley 1437, enumera las causales que pueden
proponerse como fundamento de este recurso, las cuales, por lo demás dan cuenta de
la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que, de
conformidad con la ley, eran los únicos que permitían la revisión de la sentencia por la
vía del recurso extraordinario que se analiza.

28. En suma, la interposición del recurso extraordinario de revisión constituye el inicio
de un nuevo proceso para cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso
ordinario, que solo resulta procedente en determinadas y especiales circunstancias
taxativamente señaladas en la ley, imposibilitando alegar o acudir a otras, en virtud de
la excepcionalidad de este mecanismo judicial, que altera la inmutabilidad de las
sentencias.

2.5. La causal de revisión del numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437

29. El numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437, dispone como causal de revisión
la de «[…] existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación […]». Debido a que el legislador no determinó
cuáles son los eventos en los que se considera que se ha configurado la citada causal,
ha sido la jurisprudencia del Consejo de Estado la que ha dotado de contenido esta
disposición16.

30. En esa medida, en relación con las irregularidades sustanciales del
procedimiento que pueden considerarse como nulidad originada en la sentencia, la
jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado17 ha sostenido que son, a modo
enunciativo, las siguientes:

• Cuando sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en proceso
terminado normalmente por sentencia en firme.

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia proferida el 12 de

agosto de 2014, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, identificada con núm. único de radicación
11001031500020130211000.
16 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Decimosexta Especial de

Decisión. Sentencia del 5 de mayo de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2017-02519-00.
17 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 3 de febrero de 2015.

Rad. 11001-03-15-000-2009-00494-00.

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• Cuando, sin más actuación, se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto
por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o
declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente
concluido.
• Cuando se profiere sentencia, como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia.
• Cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta.
• Cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello se
pretermite íntegramente la instancia.
• Cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera
de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes
de la oportunidad debida.
• Cuando el juez provee sobre aspectos respecto de los cuales carece de
jurisdicción o competencia.
• Cuando la providencia carece de motivación.
• Cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los
magistrados que debieron haberlo hecho; o cuando fue adoptada con un número
de votos diferente del previsto en la ley.

31. Por lo anterior, de acuerdo con la posición pacífica del Consejo de Estado, para
probar la configuración de la causal, se ha considerado que, por regla general, no es
posible. «[…] alegar como fundamento del recurso, alguna causa de nulidad acaecida
en una etapa previa a la sentencia, ya que la proposición de nulidades procesales se
encuentra sometida a las reglas de oportunidad y legitimación previstas en el artículo
142 del Código de Procedimiento Civil [hoy, artículo 134 del Código General del
Proceso], sin perjuicio del deber que el artículo 145 ibídem, impone al juez de declarar
de oficio las nulidades insaneables que observe antes de dictar sentencia […]»18.

32. Sin embargo, en algunos casos se ha aceptado la proposición de la nulidad
procesal ocurrida antes de la expedición de la sentencia, siempre y cuando esta no
haya podido ser advertida por el recurrente, evento en el que la parte demandante
debe probar que efectivamente no tuvo la posibilidad de proponer la nulidad en el curso
del proceso.

33. Asimismo, que la anomalía sea de tal magnitud que configura un defecto
insanable de la actuación, al punto que, de no presentarse ese yerro, la decisión

18 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Decimotercera Especial de

Decisión. Sentencia del 7 de junio de 2016. Rad. 11001-03-15-000-2015-02493-00.

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adoptada hubiese sido distinta19. Dentro de este grupo de anomalías se encuentran
las relacionadas con: i) irregularidades que constituyen causal de nulidad del proceso
previstas en las normas procesales y que solo pudieron ser advertidas en la sentencia;
y ii) los vicios que contiene la propia sentencia y que pueden derivar en la vulneración
del artículo 29 de la Constitución Política, lo cual excluye la posibilidad de formular, por
esta vía, cuestionamientos que conciernan al contenido de la motivación, a la
valoración probatoria o a la forma de aplicación de una determinada norma.

2.6. El principio de congruencia en las providencias judiciales

34. Esta Corporación20 ha definido el principio de congruencia como «[…] el principio
normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse,
de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes, para
el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o
imputaciones y excepciones o defensas oportunamente aducidas, a menos que la ley
otorgue facultades especiales para separarse de ellas […]», es decir, que el alcance y
contenido de una providencia está delimitado por las pretensiones, existiendo una
correspondencia entre esta y los hechos que se esgrimen en la demanda y en su
contestación.

35. La citada sentencia señaló que la congruencia debe ser interna y externa. La
primera obedece a la correspondencia que debe existir entre la parte motiva y
resolutiva de la sentencia; y la segunda, la externa, que la decisión contenida en la
resolutiva se encuentre en concordancia con lo pedido en la demanda como en su
contestación o en los recursos interpuestos.

36. Asimismo, indicó que en los procesos ordinarios el recurso de apelación tiene
límites, pues debe guardar correspondencia con el petitum de la demanda, los
fundamentos fácticos y jurídicos que la sustentan, los argumentos de oposición a la
misma y las consideraciones que sirven de sustento al a quo para fundamentar su
sentencia. No de otra forma se respetan los derechos al debido proceso, a la igualdad
procesal y la garantía de la doble instancia.

37. Por último, se determinó que en aplicación del principio de congruencia el juez
puede traer a colación los análisis sobre el alcance de las normas legales pertinentes,
aunque no hayan sido planteados por las partes, siempre y cuando, como regla

19 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Vigesimosexta Especial de

Decisión. Sentencia del 14 de agosto de 2018. Rad. 11001-03-15-000-2014-03093-00; Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de noviembre de 2018, Rad. 11001-03-25-
000-2015-00996-00; y Consejo de Estado, Sala Vigesimosegunda Especial de Decisión, sentencia del
3 de diciembre de 2019, rad. 11001-03-15-000-2019-00894-00.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de

noviembre de 2016, Rad. 13001-23-31-000-2001-02023-01.

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general, sus consideraciones se desplieguen en el marco de las pretensiones del
proceso y con base en el acervo probatorio debatido en el mismo. En concordancia
con lo anterior, se han señalado los eventos en los que se presenta incongruencia de
la sentencia. Sobre el particular ha indicado lo siguiente:

[…] de conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código de Procedimiento
Civil, aplicable a este asunto en virtud de la remisión prevista en el artículo 267 del
Código Contencioso Administrativo, la sentencia resulta incongruente cuando se falla de
manera extrapetita, es decir, "por objeto distinto del pretendido en la demanda" o "por
causa diferente a la invocada en esta"; asimismo, en los eventos en que se condena al
demandado de manera ultra petita, esto es, “por cantidad superior a la solicitada en la
demanda” e, incluso, si se omite decidir sobre alguna de las pretensiones invocadas en
el libelo introductorio del proceso, lo que da cuenta de una decisión mínima petita.

Con el fin de establecer si se estructura alguna de las anteriores circunstancias
corresponde comparar las pretensiones de la respectiva demanda con la sentencia
dictada, para determinar si esta resulta o no acorde con lo solicitado y en caso de
advertirse que el juez de primera instancia decidió por fuera de lo pedido, la condena
deberá ajustarse de manera oficiosa […]21.

38. Del criterio jurisprudencial citado se concluye que: i) la sentencia debe ser
congruente con los hechos y las pretensiones de la demanda; ii) el Juez en su ejercicio
hermenéutico puede traer a colación los análisis sobre el alcance de las normas
legales pertinentes, aunque no hayan sido planteados por las partes, siempre y
cuando, sus consideraciones se enmarquen en las pretensiones del proceso y se
fundamenten en el acervo probatorio debatido en el mismo y iii) se presenta una
sentencia incongruente cuando: a) se falla de manera extra petita, es decir, «[…] por
objeto distinto del pretendido en la demanda […]» o «[…] por causa diferente a la
invocada en esta […]»; b) en los eventos en que se condena al demandado de manera
ultra petita, esto es, «[…] por cantidad superior a la solicitada en la demanda […]» y c)
cuando se omite decidir sobre alguna de las pretensiones invocadas en el escrito
introductorio del proceso, lo que da cuenta de una decisión mínima petita.

2.7. Análisis de la causal de revisión

39. La Sala procede a considerar si, en el presente caso, se estructuran los
presupuestos que la ley establece y que el Consejo de Estado ha precisado, a través
de los criterios judiciales citados en los acápites anteriores, para la configuración de la
causal prevista en el numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437.

40. La parte accionante, en esencia, sostiene que la decisión adoptada en la
sentencia del 5 de mayo de 2022 comporta una transgresión del principio de

21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia

del 17 de agosto de 2017. Rad. 41001-23-31-000-2002-00928-01.

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congruencia, por los siguientes motivos:

40.1. En su faceta interna, porque al establecerse el problema jurídico a resolver no se
indicó que se estudiaría de manera oficiosa la pérdida de vigencia del artículo 5 de la
Ordenanza 13 de 1947, como consecuencia de la expedición del Acto Legislativo 01
de 1968, ni se advirtió la posibilidad de resolver situaciones jurídicas particulares de
los funcionarios que habrían sido cobijados por el beneficio previsto en la primera
norma.

40.2. En su faceta externa, toda vez que ninguno de los sujetos procesales que
intervinieron en el proceso de simple nulidad solicitó que se declarara la derogatoria
tácita o el decaimiento del artículo 5 de la Ordenanza 13 de 1947 con motivo de la
entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 1968. De igual forma, tampoco se pidió que
se estableciera si los empleados del departamento tenían derecho o no al aumento
dispuesto por la disposición en comento con posterioridad a la entrada en vigor de
dicho acto legislativo; no obstante, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado se pronunció sobre tales particularidades.

41. Frente al primero de los aspectos planteados, debe advertirse que el problema
jurídico principal a resolver en la sentencia cuestionada fue definido por dicha
colegiatura en los siguientes términos:

¿Es viable declarar la nulidad del artículo 5 de la Ordenanza 13 de 1947 suscrita por la
Asamblea del Departamento de Cundinamarca, a través de la cual fue concedió un
beneficio a los empleados y obreros consistente en incrementar el monto salarial en un
20% por haber prestado durante 20 años o más sus servicios al departamento, aún
cuando, de acuerdo con los recurrentes, la Constitución Política de 1886 le otorgaba la
facultad de crear este tipo de emolumentos?

42. Como puede advertirse de la lectura de la cuestión transcrita, la pregunta
formulada se refiere a la viabilidad de declarar la nulidad de la disposición demandada.
Esto, llevó a que el Tribunal tuviera que analizar si la asamblea tenía competencia para
expedir el acto acusado, lo que hizo necesario estudiar la Constitución Política de
1886, sus actos modificatorios y, en especial, el Acto Legislativo 01 de 1968.

43. A la conclusión que se llegó en la sentencia recurrida es que la Asamblea era
competente, en su momento, para expedir la ordenanza censurada. Cosa distinta es
que con posterioridad esa competencia fue atribuida al Congreso de la República, por
lo que se presentó el fenómeno del decaimiento del acto administrativo.

44. Por tanto, no le asiste razón al recurrente, en la medida en que el primer
problema jurídico planteado sí tiene relación directa con las consideraciones sobre la
competencia de la autoridad que profirió el acto y la ocurrencia del fenómeno jurídico

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del decaimiento respecto de la Ordenanza 13 de 1947.En este orden, en la sentencia
recurrida no se incurrió en una incongruencia interna porque dicho examen resultaba
necesario para emitir una decisión de fondo.

45. A igual conclusión puede llegarse respecto de la alegada incongruencia
relacionada con la presunta resolución de situaciones jurídicas particulares de los
funcionarios cobijados por la disposición mencionada. En primer término, se advierte
que la sentencia en mención no adoptó ninguna decisión relativa a dicho aspecto, pues
la parte resolutiva de la providencia solo contiene los siguientes puntos:

PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por los Consejeros Carmelo
Perdomo Cuéter y César Palomino Cortés, por haber conocido del presente asunto en
primera instancia.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 10 de diciembre de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria, por medio de la cual accedió
a las pretensiones de la demanda incoada por la señora Diana Patricia Rojas Porras y
el Ministerio de Educación.

En su lugar, DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en
esta providencia.

46. Por otro lado, en la sentencia se incluyó un problema jurídico secundario,
condicionado a la prosperidad del primer interrogante. En este se planteó lo siguiente:

En caso de que la respuesta al anterior interrogante sea afirmativa, la Sala deberá
establecer, en aras determinar la situación de aquellas personas a quienes se les ha
venido reconociendo este sobresueldo.

¿Cuáles son los efectos jurídicos y el alcance de la declaratoria de nulidad del artículo 5
de la Ordenanza 13 de 1947?

47. Es importante resaltar que, dado que no se declaró la nulidad del acto acusado,
es decir, no se superó el primer problema jurídico planteado, en la sentencia censurada
no se estudió el segundo interrogante. En otras palabras, como se presentó una
respuesta negativa del primer problema jurídico, la decisión en comento no entró a
evaluar el alcance y efectos de la declaratoria de nulidad de la norma cuestionada en
casos en particular.

48. Por tanto, para la Sala es evidente que el cargo señalado por el recurrente no
tiene vocación de prosperidad porque en la sentencia censurada no se abordó de
manera particular las situaciones jurídicas de las personas cobijadas por los efectos
de la ordenanza. Cosa distinta es que la decisión respondiera a los señalamientos del
recurso de apelación presentado por la Gobernación de Cundinamarca respecto del
fallo de primera instancia:

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Nótese que la Asamblea del Departamento de Cundinamarca contaba para el año en
que fue proferida la Ordenanza acusada, esto es, 25 de junio de 1947, con la facultad
constitucional para proferir esta clase de actos, pues el transito constitucional no excluye
de manera automática la normativa expedida en vigencia de la Constitución Política de
1886, motivo por el cual no es dable declarar su nulidad, por lo menos no por esta
particularidad.

Lo anterior no es óbice para que el Departamento de Cundinamarca examine la
aplicación de esta normativa, dado que los empleados públicos que hayan ingresado a
la administración con posterioridad a la expedición del Acto Legislativo 01 de 1968 no
tienen derecho a que sea aplicada la Ordenanza 13 de 1947 y, por lo mismo puede,
mediante el medio de control de nulidad y/o nulidad y restablecimiento del derecho
«depende del caso en concreto», solicitar a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo la anulación de aquellos reconocimientos que se efectuaron con
fundamento en este acto administrativo, ya que resulta evidente su derogación tácita por
el actualmente competente para fijar el régimen salarial.

49. Conforme lo señalado, es claro que, contrario a lo indicado en el recurso
extraordinario de revisión, los argumentos expuestos en el fallo del ad quem responden
en su integridad a los problemas jurídicos planteados como derrotero para el desarrollo
de la providencia.

50. Ahora bien, debe recordarse igualmente que el atributo de la congruencia interna
exige «que exista armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva de la misma»22
sentencia, es decir, que en este último apartado no se incorporen decisiones que no
hayan sido debidamente razonadas en la parte considerativa del fallo. Por tal motivo,
lo expresado por el accionante no cuenta con vocación de prosperidad, dado que en
la sentencia censurada no existe discordancia entre los problemas jurídicos
formulados, el desarrollo argumentativo de la providencia y la decisión tomada.

51. De tal modo, lo indicado por el recurrente no solo no es cierto, sino que no cuenta
con la posibilidad de configurar un desconocimiento del principio de congruencia en su
faceta interna, como presupuesto para la configuración de la causal de revisión
prevista en el artículo 250.5 del CPACA.

52. Por otra parte, frente a los argumentos sobre la presunta violación del principio
de congruencia en su faceta externa, debe indicarse que la demanda que dio origen al
expediente de simple nulidad n.º 25000-23-25-000-2010-00909-02, tenía como
pretensión principal la declaratoria de nulidad del artículo 5 de la Ordenanza 13 de 25
de junio de 1947.

22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 22 de

marzo de 2013. Rad. 63001-23-31-000-2010-00110-01.

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53. Por ello, resulta claro que lo resuelto en la sentencia del 5 de mayo de 2022, en
la que se negó la pretendida anulación, respondió plenamente a las solicitudes de
dicho escrito inicial, pues la argumentación presentada por la Sección Segunda,
Subsección B de esta Corporación tuvo como único objetivo resolver el problema
jurídico planteado, llegando a la conclusión que la norma cuestionada fue expedida,
en su momento, por la autoridad competente.

54. Igualmente, frente al argumento relativo a que la sentencia resolvió sobre
situaciones jurídicas particulares de los funcionarios de la entidad, sin que esto hubiese
sido un punto por tratar en la controversia planteada por las partes, esta Sala encuentra
que, como fue advertido anteriormente, la sentencia cuestionada no cuenta con ningún
pronunciamiento que cree, modifique o extinga ninguna situación jurídica particular.

55. Ahora bien, aun cuando el ad quem sí se refirió a la vigencia temporal de la norma
demandada en el proceso de nulidad simple e indicó que esta habría cesado en 1968,
por lo que ningún funcionario vinculado con posterioridad a la entrada en vigor del Acto
Legislativo 01 de dicho año podría encontrarse cobijado por la disposición demandada,
esto respondió a lo indicado por la Gobernación de Cundinamarca en su recurso de
apelación.

56. En tal virtud, dichas consideraciones correspondían al objeto de la apelación
formulada por dicho sujeto procesal y, por tanto, se encontraban dentro de los límites
establecidos para la competencia del juez de segunda instancia en los artículos 320 y
328 del Código General del Proceso.

57. Adicionalmente, en el auto emitido el 20 de octubre de 2022, providencia en la
que se negaron las solicitudes de aclaración y adición presentadas, se hizo absoluta
claridad acerca de que lo señalado en la providencia frente al aspecto en mención,
tenía por objeto indicar que la negativa a la pretensión de nulidad no implicaba la
imposibilidad de revisar la aplicación que se venía dando a la disposición demandada
por parte de la Gobernación de Cundinamarca. Sobre el particular, en la providencia
se afirmó lo que sigue:

En tal sentido, se precisó, en cuanto a los efectos de la sentencia que, si bien no se
declaraba la nulidad de la norma acusada, ello no era óbice para que el departamento
de Cundinamarca examinara la aplicación de esta normativa, pues, se demostró, que
los empleados públicos que hayan ingresado a la administración con posterioridad a la
expedición del Acto Legislativo 01 de 1968 no tienen derecho a que sea aplicada la
Ordenanza 13 de 1947.

58. De otro lado, el señor Carlos Ernesto Castañeda Ravelo aportó con la demanda
los siguientes documentos:

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• Copia de la sentencia de tutela de primera instancia, proferida por el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Magistrado Ponente:
Pedro Pablo Vanegas Gil, radicado 11001-03-015-000-2023-01699-00 del ocho (08)
de junio de dos mil veintitrés (2023).
• Enlace a video con intervención del Secretario Jurídico del Departamento de
Cundinamarca, quien anuncia las demandas a partir del minuto
02:59:https://www.youtube.com/watch?v=fDOGyOt7rZ8&t=2s
• Copia de los dos conceptos elaborados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

59. No obstante, dichos elementos tampoco permiten inferir que la Sección Segunda,
Subsección B hubiera desconocido el principio de congruencia en la decisión
reprochada en esta instancia, ni que el ejercicio hermenéutico desplegado hubiese
extralimitado el objeto de la controversia que fue propuesta por las partes.

60. Así las cosas, esta Sala advierte que los argumentos presentados por el
recurrente no están llamados a prosperar, motivo por el cual se declarará infundado el
recurso extraordinario de revisión presentado contra la sentencia del 5 de mayo de
2022 emitida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado.

2.8. Condena en costas

61. La modificación introducida al artículo 255 del CPACA en el artículo 70 de la
Ley 2080 de 2021, buscó, entre otras cosas, incluir una regla especial referida a la
procedencia de la condena en costas en el caso de la sentencia que resuelve un
recurso extraordinario de revisión, regla que, en atención a lo dispuesto en el artículo
5, ordinal 1°, de la Ley 57 de 188723, debe aplicarse de manera preferente a aquellas
disposiciones de carácter general que se refieren a la misma materia.

62. Sin embargo, dicho precepto no puede ser interpretado de manera aislada de
las demás disposiciones que integran ese cuerpo normativo y que dispone la forma en
que los jueces de lo contencioso-administrativo han de pronunciarse sobre este
aspecto. En efecto, la aplicación del artículo 255 del CPACA resultaría inane si no se
acude a lo señalado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, que contiene la remisión
expresa al Código General del Proceso, en el que se establecen los elementos que
forman parte de las costas procesales, la manera en que ha de tasarse la condena a
imponer por dichos conceptos y otros aspectos relevantes sobre la materia.

63. Por tanto, el estudio de la condena en costas en sede del recurso extraordinario
de revisión implica que, por regla general, una vez se declare infundado un recurso
extraordinario de revisión, se deberá condenar en costas al recurrente (inciso final,

23 «La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general (…)».

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artículo 255 CPACA); salvo, en los procesos en los que se estuviesen ventilando
pretensiones de interés público (inciso primero, artículo 188 CPACA). Eventos en
los cuales la condena en costas solo procederá cuando se advierta que el recurso fue
presentado con manifiesta carencia de fundamento legal (inciso segundo, artículo 188
CPACA).

64. En el caso objeto de estudio, la demanda tenía por objeto ventilar pretensiones
de interés público relacionadas con un fallo en que se negó la anulación de una
ordenanza del Departamento de Cundinamarca, por haberse presentado el
decaimiento del acto cuestionado en sede de nulidad simple, medio de control de
naturaleza pública y que carece de contenido patrimonial por definición.

65. Así las cosas, atendiendo a una interpretación armónica y sistemática entre los
artículos 255 y 188 CPACA, la Sala concluye que no hay lugar a pronunciarse sobre
la condena en costas a la parte recurrente, toda vez que en el presente proceso se
planteó una controversia de interés público y no una relativa a un interés particular y
concreto.

2.9. Conclusiones de la Sala

66. Se declarará infundado el recurso propuesto, en la medida que no se advierte la
configuración de la causal de revisión prevista en el numeral 5.º del artículo 250 de la
Ley 1437, toda vez que la sentencia recurrida fue proferida en cumplimiento del
principio de congruencia, en sus facetas interna y externa.

67. Dado que la demanda se refería a un asunto de interés público y no a
pretensiones de contenido particular y concreto, no hay lugar a pronunciarse sobre las
costas procesales.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por el señor Carlos Ernesto Castañeda Ravelo contra la sentencia proferida el 5 de
mayo de 2022 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
el proceso de nulidad simple identificado con el número único de radicación 25000-23-
25-000-2010-00909-02.

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SEGUNDO: ARCHIVAR el expediente del recurso extraordinario de revisión, cumplido
lo anterior y previas las anotaciones pertinentes en el sistema de información de
gestión de procesos y manejo documental SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Consejero de Estado

JUAN ENRIQUE BEDOYA STELLA JEANNETTE CARVAJAL
ESCOBAR BASTO
Consejero de Estado Consejera de Estado
Con aclaración de voto

GERMÁN EDUARDO OSORIO ALBERTO MONTAÑA PLATA
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado Con aclaración de voto
Con salvamento parcial de voto

18

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