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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05598-00

Fecha
6 de marzo de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05598-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar el amparo solicitado por la señora Neidy Grinett Murillo Moreno en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia. Segundo: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-05598-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

6 de marzo de 2024

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05598-00
Accionante: Neidy Grinett Murillo Moreno

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05598-00
Accionante: Neidy Grinett Murillo Moreno
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad

Temas: Tutela contra providencia judicial que negó la aplicación, por
favorabilidad laboral, de las Leyes 50 de 1990 y 52 de 1972,
respecto de la sanción moratoria por la consignación tardía de las
cesantías anuales e indemnización por el pago inoportuno de los
intereses de las cesantías a docentes afiliados al Fomag. Ausencia
de los defectos de desconocimiento del precedente judicial y
violación directa de la Constitución Política.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por la señora Neidy Grinett Murillo
Moreno en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
la señora Neidy Grinett Murillo Moreno, por intermedio de apoderado judicial, promovió
demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad social y, junto

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con ellos, los principios de favorabilidad en materia laboral, perpetuatio jurisdictionis y
seguridad jurídica.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó dejar sin efectos la sentencia proferida el 5
de julio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad,
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-
33-33-036-2022-00048-01 y, en su lugar, ordenar a la corporación judicial precitada
proferir una nueva decisión en la que se atienda la multiplicidad de precedentes
judiciales que sobre el reconocimiento de la sanción moratoria ha edificado tanto la
Corte Constitucional como el Consejo de Estado.

1.1.2. Los hechos

El apoderado de la parte accionante narró como hechos relevantes los siguientes:

i) La señora Neidy Grinnet Murillo Moreno labora con posterioridad al año 1990 como
docente en el distrito de Medellín, por lo que tiene derecho al reconocimiento y pago
de cesantías del régimen anualizado y de los intereses cada año.

ii) El 15 de febrero de 2021, el Ministerio de Educación Nacional no consignó las
cesantías correspondientes a los servicios que aquella prestó en el 2020, al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

iii) Por lo anterior, el 22 de julio de 2021, la señora Neidy Grinnet Murillo Moreno, al
haber transcurrido 5 meses sin que fuera realizada la respectiva consignación, solicitó,
además de su pago, el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el artículo
99 de la Ley 50 de 1990 y en la reiterada jurisprudencia de la Sección Segunda del
Consejo de Estado. Sin embargo, el 17 de agosto de igual anualidad, el municipio de
Medellín, mediante el Oficio núm. 202130349016, resolvió de manera desfavorable
ese pedimento.

iv) La señora Murillo Moreno instauró demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y del
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, con el fin de obtener
la nulidad del acto mencionado y, adicionalmente, a título de restablecimiento del

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derecho, solicitó a) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990, equivalente a un día de salario por cada día de
retardo, contados desde el 15 de febrero de 2021, fecha en que debió consignarse el
valor correspondiente a las cesantías del año 2020 en el respectivo fondo, y hasta el
momento en que se efectúe el pago de la prestación; y b) la indemnización por el pago
tardío de los intereses a las cesantías, prevista en las Leyes 52 de 1975, artículo 1.°,
y 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991.

v) El 18 de agosto de 2022, el Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín negó las pretensiones de la demanda, por lo cual la parte
demandante interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión.

vi) El 5 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de
Oralidad, confirmó la sentencia de primera instancia, al considerar que no era
procedente extender la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990 a los docentes, con respecto al pago de las cesantías a más tardar el 14 de
febrero de cada año, puesto que el régimen especial de estos se maneja bajo el
principio de unidad de caja y los recursos del FOMAG, en virtud de la Ley 1955 de
2019, los cuales son transferidos por el Sistema General de Participaciones, por lo que
no están previstas cuentas individuales para que se consignen las cesantías a cada
docente, con el fin de lograr mayor eficiencia en la administración y pago de las
obligaciones definidas por la ley.

1.1.3. Fundamentos de derecho

El apoderado de la accionante refirió como argumentos de tutela, los siguientes:

i) El problema jurídico dentro del caso es de índole constitucional, por cuanto la sanción
moratoria conlleva el pago o consignación oportuna del auxilio de cesantías, que
necesariamente tiene un alcance en el derecho fundamental a la seguridad social, y la
única forma de garantizar el auxilio de cesantías es con su consignación efectiva.

ii) De acuerdo a lo señalado por la Corte Constitucional en las Sentencias SU-098 de
2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020, en virtud del principio de igualdad e in dubio
pro operario, no debe excluirse al sector oficial docente de la aplicación de la Ley 50

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de 1990, pues al tener también el carácter de servidores públicos, son beneficiarios de
la sanción moratoria.

iii) En consideración con lo anterior, la Sección Segunda del Consejo de Estado, a
través de las 26 sentencias expedidas en sus Subsecciones,1 acogió una
interpretación favorable en el sentido de indicar que sí le resulta aplicable la Ley 50 de
1990 a los docentes oficiales, por disposición expresa de las Leyes 91 de 1989 y 344
de 1996, y los Decretos Nacionales 1582 de 1998, 1252 de 2000 y 3752 de 2003.

iv) Ahora, que la autoridad accionada manifieste que tanto la Sentencia SU-098 de
2018 como la jurisprudencia del Consejo de Estado no son aplicables al caso, por
estudiar situaciones fácticas y jurídicas distintas, esto es, porque los asuntos allí
analizados trataban de docentes no afiliados al Fomag, mientras que, en el sub judice,
el docente sí lo estaba, no resulta adecuado, toda vez que lo que castiga la Ley 50 de
1990 es la falta de consignación de las cesantías en el fondo donde esté afiliado el
trabajador, no la falta de afiliación a un fondo.

v) Con todo, expresar tal situación es tanto como permitir que las entidades territoriales
vincularan docentes sin autorización de la Nación-Ministerio de Educación Nacional y
luego culpar a esta entidad de la no cancelación de las cesantías, cuando fue esto lo
que expresamente se prohibió desde la expedición del artículo 6 de la Ley 60 de 1993.
No puede vincularse ningún docente al magisterio por fuera de las plantas de personal
que fueron aprobadas desde 1993, momento en que se descentralizó la educación en

1 Concretamente, mencionó las sentencias de unificación del 24 de enero de 2019, expediente 76001-

23-31-000-2009-00867-01 y del 6 de agosto de 2020, expediente 08001-23-33-000-2013-00666-01, y
los pronunciamientos del 17 de junio de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-04617-01; 28 de junio
de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-04679-01, 29 de julio de 2019, expediente 11001-03-15-
000-2018-03499-01; 2 de diciembre de 2019, expediente 08001 23 33 000 2014 00173-01; 10 de junio
de 2020, expediente 08001-23-33-000-2014-00208-01; 22 de octubre de 2020, expediente 08001-23-
31-000-2014-00254-01; 12 de noviembre de 2020, expediente 08001-23-33-000-2014-00132-01; 17 de
junio de 2021, expedientes 08001-23-31-000-2014-00815-01 y 08001-23-33-000-2015-00331-01; 4 de
noviembre de 2021, expediente 19001-23-33-000-2015-00445-02; 11 de noviembre de 2021,
expedientes 080001-23-40-000-2015-90008-01 y 080001-23-40-000-2014-90022-01; 25 de noviembre
de 2021, expedientes 08001-23-33-000-2014-01127-01 y 40001-23-40-000-2017-00134-01; 20 de
enero de 2022, expediente 080001-23-33-000-2017-00931- 01; 3 de marzo de 2022, expediente
080001-23-33-000-2015-00075-01; 28 de abril de 2022, expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01;
9 de mayo de 2022, expediente 080001-23-40-000-2017-00795-01; 19 de mayo de 2022, expediente
47001-23-33-000-2019-00359-01; 1.° de julio de 2022, expediente 47-001-23-33-000-2019-00376-01;
22 de agosto de 2022, expediente 08001-23-33-000-2015-00509-01; 22 de septiembre de 2022,
expediente 08001-23-33-000-2015-90124-01, 19 de enero de 2023, expediente 76001-23-31-000-2012-
00212-02, y 26 de enero de 2023, expediente 47001-23-33-000-2018-00231-01.

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el sector educativo, sin que previamente estuviera autorizado por la Nación, pues
precisamente existía una vinculación automática al Fomag para que fueran
trasladadas las cesantías anualizadas, decretadas por la Ley 91 de 1989, a todos los
docentes, como es el caso de la accionante, afiliados después del 1.° de enero de
1990.

vi) Cuando en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 se estableció que: «... los docentes
nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las
prestaciones económicas y sociales, se regirán por las normas vigentes aplicables a
los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y
1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta
ley», la intención directa era que se tratara igual a los maestros que ya eran nacionales
afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, esto es, que se les consignara las cesantías y
que estos recursos se separaran de los recursos de la Nación–MEN como patrono.

vii) Causa extrañeza que el Tribunal profiera una decisión afectando derechos
fundamentales, pues, con justificación objetiva, la Sección Segunda del Consejo de
Estado en los años 2021, 2022 y 2023 ha decidido unificar en sus dos Salas de
Decisión la jurisprudencia en torno a la aplicación de la Ley 50 de 1990 para los
docentes vinculados después del 1.° de enero de 1990, lo que significa que el patrono,
en este caso el MEN, solo debe trasladar antes del 15 de febrero de 2021, del trabajo
del docente en el año 2020, sus cesantías al Fomag.

viii) Ahora bien, la obligación del traslado de los recursos a las cesantías que tenía
tanto el Gobierno Nacional como las entidades territoriales, las Cajas Nacional y
Departamentales y el Fondo Nacional del Ahorro a los docentes que se encontraban
vinculados antes del 31 de diciembre de 1989 al Fomag —ya fuesen nacionalizados,
territoriales o nacionales—, no está en discusión, toda vez que esta fue la intención y
la orden impartida desde la creación de la Ley 91 de 1989, esto es, el Fomag debía
recibir esos recursos; sin embargo, en el caso se señaló que existe unidad de caja
entre los recursos del Ministerio de Educación y el Fomag, lo que no es cierto puesto
que los recursos ya fueron consignados a la entidad. Si bien es cierto en el artículo 57
de la Ley 1955 de 2019 se estableció la unidad de caja de los recursos del Fomag para
el pago de las prestaciones sociales, no significa que este principio se predique de los
recursos de Ministerio de Educación Nacional y el Fondo precitado.

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ix) Por tanto, a los docentes le son aplicables los Decretos Nacionales 3118 de 1968,
3135 de 1968, 1848 de 1969, 1042 de 1978 y 1045 de 1978, y las demás que se
expidieran en el futuro —pues así lo determinó la Ley 91 de 1989—, como es el caso
de las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, que son expresas en señalar la obligación del
patrono con la consignación de las cesantías a los docentes oficiales en el Fomag a
más tardar el 15 de febrero de cada anualidad.

x) En el presente asunto se configura una violación directa de la Constitución ante la
no aplicación del principio de favorabilidad, pues a los maestros se les debe tratar en
igualdad de condiciones que al resto de los empleados públicos del país.

1.2. Actuación procesal

1.2.1. El 29 de septiembre de 2023, el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez
manifestó su impedimento para conocer de la acción de tutela de la referencia, al
considerar estar en incurso en la causal contemplada en el numeral 5.º del artículo 56
del Código de Procedimiento Penal, debido a que sostiene una relación de amistad
íntima y entrañable con la magistrada Gloria María Gómez Montoya, quien suscribió,
en calidad de ponente, la providencia que pretende controvertirse en esta sede
constitucional.

1.2.2. El 18 de octubre de 2023, esta Subsección declaró fundado el impedimento
formulado por el doctor Duque Gutiérrez y, en consecuencia, dispuso separarlo del
conocimiento del asunto, en procura de garantizar los principios de independencia e
imparcialidad de la administración de justicia, establecidos en el artículo 5.º de la Ley
270 de 1996.

1.2.3. El 30 de enero de 2024, el despacho del magistrado sustanciador (i) admitió la
acción de la referencia en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera
de Oralidad; (ii) vinculó a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, y al
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y (iii) requirió al
Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín para que
allegara copia digital del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 05001-33-33-036-2022-00048-00/01.

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1.2.4. Posteriormente, el 16 de febrero de 2024, el despacho ponente ordenó a la
Secretaría General efectuar un sorteo de conjuez para conformar el quórum requerido,
con el fin de dictar sentencia de primera instancia.

1.2.5. El 21 de igual mes y anualidad, la dependencia precitada escogió al conjuez
Jorge Iván Acuña Arrieta.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad.

La magistrada Gloria María Gómez Montoya afirmó que en la providencia cuestionada
se encuentran debidamente planteados los argumentos de hecho y de derecho que la
sustentan, por lo que no incurrió en ninguna causal específica de procedibilidad y, en
esa medida, tampoco vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte
accionante.

1.3.2. Fiduprevisora S.A.

La coordinadora de tutelas, Aidee Johanna Galindo Acero, indicó que las autoridades
judiciales que conocieron el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
actuaron conforme a la normativa establecida sin que pueda aducirse un
desconocimiento de los pronunciamientos relacionados con el tema objeto de la
demanda. Además, señaló que no es dable inferir que se haya presentado
transgresión alguna en contra de las garantías fundamentales, pues las actuaciones
judiciales fueron adelantadas con plena observancia del debido proceso. En
consecuencia, solicitó declarar improcedente el presente mecanismo de amparo.

1.3.3. El Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín,
en cumplimiento de lo ordenado en el auto admisorio de la tutela de la referencia,
aportó copia digital del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 05001-33-33-036-2022-00048-00/01.

2. Consideraciones

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2.1. Competencia

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente para
conocer la presente acción de tutela, de acuerdo con lo dispuesto en el ordinal 5.º del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.° del Decreto
333 de 2021, según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o
Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo
superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad para controvertir la sentencia del 5 de julio
de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de
Oralidad, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
05001-33-33-036-2022-00048-00/01. En caso afirmativo, se analizará, en segundo
lugar, si con la adopción de la referida providencia se vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la parte actora.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

La jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,3 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

2 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
3 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial,
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para
que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.

2.4. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-036-2022-00048-00/01, la
Sala de decisión establece lo siguiente:

2.4.1. La señora Neidy Grinett Murillo Moreno, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, instauró demanda en contra de la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fomag y del Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín, con el fin de obtener la nulidad del Oficio núm.
202130349016 del 17 de agosto de 2021, y, a título de restablecimiento del derecho,

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ordenar a) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en el artículo
99 de la Ley 50 de 1990, equivalente a un día de salario por cada día de retardo,
contados desde el 15 de febrero de 2021, fecha en que debió consignarse el valor
correspondiente a las cesantías del año 2020 en el respectivo fondo, y hasta el
momento en que se efectúe el pago de la prestación; y b) la indemnización por el pago
tardío de los intereses a las cesantías, prevista en las Leyes 52 de 1975, artículo 1.°,
y 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991.

2.4.2. El 18 de agosto de 2022, el Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín (i) negó las pretensiones de la demanda y (ii) declaró probada de
oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Distrito Especial
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

2.4.3. Inconforme con la anterior decisión, el 1.° de septiembre de 2022, la parte
demandante interpuso recurso de apelación porque la ley y la jurisprudencia
constitucional y de lo contencioso administrativo desde el año 2021 despejaron las
dudas sobre la aplicación de manera pacífica de la Ley 50 de 1990 a los docentes
oficiales.

2.4.4. El 5 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de
Oralidad, confirmó la sentencia de primera instancia, con fundamento en los
argumentos que se expondrán más adelante.

2.5. Caso en concreto. Análisis de la Sala

2.5.1. Estudio de procedibilidad de la acción

i) «Se cumple el requisito de relevancia constitucional». Es de precisar, sobre el
particular, que el despacho del magistrado ponente, en anteriores oportunidades,4
venía acogiendo el criterio previsto en la Sentencia SU-573 de 2019, en la que se
indicó que la discusión relativa a la aplicabilidad de la sanción moratoria de la Ley 50
de 1990 no comportaba un asunto de relevancia constitucional «i) por versar sobre un

4 Procesos de tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-02216-00, 11001-03-15-000-2023-01500-01

y 11001-03-15-000-2023-04027-00, entre otros.

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asunto meramente legal con una connotación patrimonial privada, ii) no tener una
relación directa con la presunta afectación de un derecho fundamental y iii) buscar
reabrir el debate concluido por el juez ordinario».

Sin embargo, a partir de la sentencia del 26 de octubre de 2023 emitida dentro del
expediente de tutela 11001-03-15-000-2023-03988, se modificó la anterior posición y
se acogió el criterio mayoritario de la Sala de decisión respecto del cumplimiento del
referido requisito, atendiendo a la expedición de la Sentencia de Unificación SUJ-032-
CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, por parte de la Sección Segunda del Consejo
de Estado.

Así las cosas, la Sala considera que en el caso concurre el requisito de relevancia
constitucional para analizar la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados, por desconocimiento a) de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado en torno al reconocimiento de la sanción moratoria por la no
consignación oportuna de las cesantías anualizadas a los docentes oficiales afiliados
al Fomag, y junto con ello, b) de los principios de favorabilidad en materia laboral,
perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica, eventos que de hallarse acreditados
conducirían a encontrar lesionados los intereses de la parte actora.

ii) «Se cumple con el requisito de subsidiariedad», comoquiera que se agotaron todos
los mecanismos de defensa judicial, por cuanto la decisión cuestionada es una
sentencia que puso fin a la discusión planteada dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho

iii) «Se presentó con inmediatez», toda vez que la providencia objeto de censura fue
notificada por correo electrónico el 10 de julio de 2023 y la acción de tutela fue
instaurada el 28 de septiembre de igual anualidad, esto es, en el término de los seis
meses previstos jurisprudencialmente como plazo prudencial para el ejercicio de la
tutela en contra de providencias judiciales.5

5 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 5 de agosto de

2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), como
garantía del principio de la seguridad jurídica, acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.

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iv) «No se cuestionó una irregularidad procesal» sino el hecho de resolverse el asunto
bajo una indebida aplicación jurisprudencial.

v) «Se identificaron razonablemente los hechos y argumentos» frente a los cuales se
alegó vulneración, en tanto la parte actora narró de manera clara los hechos sujetos a
examen, los derechos que estima vulnerados y de las inconformidades planteadas
puede advertirse la controversia de los defectos de desconocimiento del precedente
jurisprudencial y violación directa de la Constitución Política.

vi) «no se cuestionó una sentencia de tutela», sino la proferida dentro de un proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho.

Así, al encontrarse cumplidos en el caso los requisitos de procedibilidad de la acción,
se impone abordar el estudio de los argumentos expuestos por la accionante, con
fundamento en los cuales solicita el amparo de sus derechos fundamentales.

2.5.2. Análisis de procedencia del amparo invocado

2.5.2.1. Desarrollo jurisprudencial respecto de la sanción moratoria de que trata
la Ley 50 de 1990 por la consignación inoportuna del auxilio de cesantías a los
docentes afiliados al Fomag

En un primer momento, la Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que los
docentes no estaban amparados por las disposiciones de liquidación anual de las
cesantías consagradas en la Ley 50 de 1990, comoquiera que la aplicación de tales
previsiones con destino a los empleados territoriales surgió de la Ley 344 de 1996, en
cuyo artículo 13 dispuso la aplicación de las normas vigentes en materia de cesantías,
pero hizo la salvedad de que ello es «sin perjuicio de lo estipulado en la Ley 91 de
1989» lo que se traduce en que lo allí dispuesto no cobijó al personal docente.

Postura que también había sido desarrollada por la Corte, al estudiar la
constitucionalidad del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues en Sentencia C-928 de
20066 señaló que la forma de realizar el cálculo y pago de las cesantías a favor de los

6 Corte Constitucional, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no era
igual al establecido en la Ley 50 de 1990. Además, puntualizó que no se configuraba
violación del derecho a la igualdad porque «simplemente la manera como se liquidan
y pagan aquellos7 es distinta a la regulada en la Ley 50 de 1990, sin que por ello se
configure discriminación alguna».

Posteriormente, la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-098 de 2018, al estudiar
la procedencia de la aplicación de la sanción moratoria a un docente oficial que no fue
afiliado al FOMAG por parte del ente territorial, refirió que el «hecho de que los docentes
se encuentren amparados por un régimen especial, no implica el desconocimiento de
su calidad de trabajadores del Estado, y menos aún si se trata de la aplicación de una
norma de carácter laboral que comporta un beneficio, caso en el cual prevalece la
interpretación que reporte el mayor beneficio para el empleado, pues esta será la que
se ajuste a los postulados del artículo 53 de la Carta Política».

En ese sentido, el máximo tribunal constitucional consideró que «los despachos
judiciales accionados desconocieron que aunque la norma que establece la sanción
moratoria por la no consignación de las cesantías en los términos que contempla el
numeral 3.° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, el artículo 13 de la Ley 344 de 1996
y su Decreto Reglamentario 1582 de 1998, y el Decreto 1252 de 2000, no esté
expresamente consagrada a favor de los miembros del Magisterio, en virtud del
principio de interpretación conforme a la Constitución y favorabilidad en materia
laboral, les correspondía aplicar la interpretación más beneficiosa para el trabajador,
esto es, que los docentes sí son destinatarios de la norma que consagra la referida
sanción, pues esta es la interpretación que más se ajusta a la Constitución».

Con fundamento en el anterior pronunciamiento, las Subsecciones A y B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado acogieron el criterio de favorabilidad aplicado en sede
constitucional, para resolver las controversias relacionadas con el reconocimiento de
sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales a los docentes,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de 19908.

7 Refiriéndose a diferentes prestaciones, entre ellas las cesantías.
8 Ver Sentencias del 12 de noviembre de 2020, expediente 08001-23-33-000-2014-00132-01 (1689-

2018); del 28 de abril de 2022, expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020), entre otras.

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No obstante, por medio de la sentencia SU-573 de 2019, la Corte Constitucional
declaró improcedente las acciones de tutela interpuestas contra fallos del Consejo de
Estado sobre este asunto e indicó que la regla jurisprudencial fijada por medio de la
sentencia SU-098 de 2018 solo constituye precedente en el evento en que se omita la
afiliación del docente al Fomag, de manera que en los casos que se pretende la
sanción por la falta de consignación de las cesantías a los beneficiarios del señalado
fondo, no existe una providencia de unificación con efectos vinculantes que pueda
aplicarse a las situaciones con similitud fáctica y jurídica.

Por lo anterior, la Sección Segunda del Consejo de Estado, recientemente, con el fin
de unificar o sentar jurisprudencia en relación con el reconocimiento de la sanción
moratoria de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al Fomag, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, profirió la Sentencia de Unificación
SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, expediente 66001-33-33-001-2022-
00016-01 (5746-2022), en la que expuso lo siguiente:

«[…] 156. De acuerdo con todo lo expuesto en precedencia, se establece que las leyes
50 de 1990 y 344 de 1996, así como sus decretos reglamentarios no extendieron la
sanción moratoria causada por la falta de consignación del auxilio de cesantías a los
docentes afiliados al FOMAG y regulados por la Ley 91 de 1989 y, en todo caso, es
incompatible con el sistema que prevé la sanción moratoria por la consignación tardía del
auxilio en las AFP, comoquiera que se trata de un sistema especial que establece unas
normas acordes con su funcionamiento.

157. Sin embargo, en el evento en que la entidad territorial haya omitido afiliarlo al FOMAG
el docente estatal no se beneficiaría de aquellas, entre ellas, el reconocimiento de los
intereses a las cesantías sobre el saldo total, en la medida en que este no existiría, de
modo que le reportaría mayor utilidad las garantías de la Ley 50 de 1990 con fundamento
en el cual tendría derecho a la sanción moratoria derivada del incumplimiento del
empleador.

158. En ese sentido, la regla de unificación jurisprudencial es la siguiente:

Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria
prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es
incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91
de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté afiliado
al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del
artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal.

159. En definitiva, la afiliación del docente oficial será el factor determinante para
establecer si hay lugar o no a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que a los no afiliados se les debe garantizar una mínima derivada del sistema
general de liquidación anualizada de la prestación económica.

160. Con todo, es conveniente aclarar que es cierto que algunos de los integrantes de la
Sección Segunda, Subsecciones A y B, a partir del 2019, suscribieron providencias en las

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Accionante: Neidy Grinett Murillo Moreno

que se adoptaron tesis distintas sustentadas en el precedente contenido en la sentencia
SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional, en relación con el derecho de los docentes
afiliados al FOMAG a ser beneficiarios de la sanción moratoria regulada por el artículo 99
de la Ley 50 de 1990 por el retardo en la consignación del auxilio de cesantías, tal y como
se expuso en el auto del 24 de agosto de 2023, por el cual la Sección avocó conocimiento
del asunto.

161. Sin embargo, el nuevo pronunciamiento de la Corte emitido en la sentencia SU573
de 2019 y la revisión de los supuestos jurídicos relevantes en la materia llevan a la Sala a
unificar su criterio en la presente sentencia y a acoger la regla de interpretación aquí
definida. Es así, por cuanto el análisis detallado, lógico y razonado de los sistemas
administrados por FOMAG y por las AFP permite concluir que el primero resulta incompatible
con la sanción moratoria por la falta de consignación oportuna de las cesantías […]»

En suma, se colige que la posición actual de la Sección Segunda del Consejo de
Estado consiste en que los docentes estatales afiliados al Fomag no tienen derecho a
la sanción moratoria dispuesta en el ordinal 3.° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989.

2.5.2.2. Caso concreto

La señora Neidy Grinett Murillo Moreno solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de
justicia y a la seguridad social y, junto con ellos, los principios de favorabilidad en
materia laboral, perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica, los cuales consideró
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, al
expedir la sentencia del 5 de julio de 2023.

Alega que la anterior decisión desconoció i) la jurisprudencia de la Corte Constitucional
y del Consejo de Estado en la que se determinó que a los docentes afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio puede aplicárseles la Ley 50 de 1990
y, por ello, recibir la sanción moratoria definida en el artículo 99 ejusdem, derivada de
la consignación tardía de las cesantías anuales; ii) así como el principio de
favorabilidad laboral, al no realizarse una interpretación constitucional favorable a los
derechos del trabajador.

Pues bien, en la providencia objeto de reproche, el Tribunal accionado, luego de
estudiar el régimen prestacional de los docentes y las posiciones jurisprudenciales con

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respecto a la aplicación de la sanción por mora originada en la consignación tardía de
los recursos para el pago de las cesantías a los docentes, sostuvo lo siguiente:

«[…] En primera medida, advierte la Sala que no existe un criterio unificado al interior
del órgano de cierre de esta Jurisdicción frente al tema aquí abordado, y los
pronunciamientos que han determinado la procedibilidad de la sanción deprecada se
han proferido en asuntos en los que han mediado supuestos que difieren de las
circunstancias en las que se enmarca la situación jurídica de la demandante es decir
en el caso sub lite no se alega, mucho menos se acredita, que la parte demandante no
se hubiera afiliado al FOMAG (incumplimiento a la obligación de afiliación), tampoco se
acredita que no se hubiera liquidado la cesantía anual.

Es decir, contrario a lo esgrimido en la alzada, se itera que la SU-098 de 2018 no resulta
aplicable para resolver la controversia planteada, al tener origen en una situación
fáctica y jurídica distinta a la valorada en esta oportunidad […]

Se advierte que la situación cierta tratada en la sentencia SU-098 de 2018 concierne
a un docente nombrado provisionalmente quien permaneció vinculado desde el año
2003 pero fue afiliado al FOMAG solo hasta el año 2007.

Evidentemente, si no se produce la afiliación al FOMAG, el docente provisional en
realidad no estuvo cubierto por un régimen especial de prestaciones, y la omisión a ese
deber atribuible al ente territorial justifica aplicar normas del régimen general ante el
vacío de sanción de parte del régimen especial.

Así las cosas, si bien la SU en comento establece como regla jurisprudencial que a los
docentes es posible aplicarles el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 sobre la sanción
moratoria por no consignación de cesantías, la cual es exigible al ente territorial por
omisión en la afiliación, dicha regla no es aplicable a este caso porque la parte
demandante siempre ha estado afiliada al FOMAG, goza de un régimen especial dentro
del cual no existe una obligación para la entidad territorial de consignar las cesantías,
quien además certifica haber ejecutado el reporte oportuno de las cesantías y sus
intereses dentro de la anualidad siguiente a la que es objeto de requerimiento.

Ahora bien, tampoco advierte la Sala que haya lugar a la aplicación del principio de
favorabilidad, aspecto sobre el cual la Corte Constitucional se refirió en las sentencias
SU-098 de 2018 y SU-339 de 2019, porque en este asunto no se puede predicar la
existencia de una duda frente a las normas jurídicas que regulan el reconocimiento
prestacional (cesantías) a favor de los docentes, ni un vacío legal que permita la
remisión a las disposiciones de la Ley 50 de 1990. En este sentido se advierte que la
Ley 344 de 1996 al regular el régimen de cesantías para las personas vinculadas a los
Órganos y Entidades del Estado, expresamente señaló que ello tenía lugar sin perjuicio
de lo ya establecido en la Ley 91 de 1989, y vale anotar que esa explicación, conlleva
a que lo ya regularizado permanezca incólume ante la nueva normatividad.

Se insiste en que la favorabilidad surge entonces cuando existe duda en torno a la
normatividad aplicable o hay interpretaciones distintas sobre la regulación de un
derecho, escenario que no se concreta aquí, y no puede hacerse un juicio de
comparación entre la situación jurídica de la hoy demandante y los docentes a los
cuales se les ha reconocido la sanción deprecada, quienes sí se encontraban en una
circunstancia desprovista de regulación al no estar afiliados al Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio y en tanto el ente territorial al cual estaban adscritos no hizo
pertinentemente el reconocimiento de sus cesantías.

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Por lo tanto, no encuentra la Sala una justificación amparada constitucional o
legalmente para aplicar la Ley 50 de 1990, norma extendida a los servidores públicos
con la Ley 344 de 1996, pues si bien los docentes están incursos en esta categoría, la
misma norma dispuso que no puede obviarse las previsiones de la Ley 91 de 1989, y
por ende no es posible acoger en forma fraccionada lo que aquella disposición
introdujo.

Además, lo pretendido por la parte actora conllevaría a una transgresión al principio de
inescindibilidad normativa, pues en este caso la aplicación de las Leyes 50 de 1990 y
344 de 1996 no deviene de la inexistencia de una disposición que delimite la
consignación de las cesantías a los docentes […]

Se tiene entonces que el régimen especial de cesantías de la Ley 91 de 1989 es un
régimen de liquidación anual, éste no funciona igual que el sistema anualizado de la
Ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996, dado que dentro del régimen especial de
cesantías docentes no existe obligación de consignación individualizada de las
cesantías, sino únicamente liquidación y reporte de las mismas, así como el cálculo
de intereses, el cual resulta de tomar como base un monto acumulado de cesantías y
no únicamente las cesantías de cada año, sin que ello afecte el cálculo de los intereses
a las cesantías, toda vez que la base del cálculo de estos es determinada por el Fondo,
sin sujeción a que el capital se encuentre consignado en una cuenta individual, sino
con base en la suma a la cual tiene derecho el docente por concepto de cesantías y, a
dicho valor, se le aplica el porcentaje de intereses a las cesantías que habrán de ser
reconocidas el afiliado […]

Para el efecto, en el caso concreto, para la Sala no resulta aplicable extender la sanción
moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes respecto al
pago de las cesantías a más tardar el 14 de febrero de cada año, en consideración a
las siguientes premisas: i) la naturaleza y finalidades del FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, ii) su régimen se maneja bajo el
principio de unidad de caja y los recursos del FOMAG, en virtud de la Ley 1955 de
2019, son transferidos por el Sistema General de Participaciones, en atención a lo
dispuesto en la Ley 715 de 2001, por lo tanto, no están previstas cuentas individuales
para que se consignen las cesantías a cada docente, ello con el fin de lograr mayor
eficiencia en la administración y pago de las obligaciones definidas por la ley , iii) la
situación fáctica tratada en la sentencia SU-098 de 2018 difiere del asunto bajo estudio
y iv) aplicación al principio de inescindibilidad o conglobamento, es decir, valerse de
manera íntegra del cuerpo normativo al que pertenece el docente […]».

Siguiendo los anteriores derroteros, la Sala puede extraer que, al confirmarse la
denegatoria del reconocimiento de la sanción moratoria de qué trata la Ley 50 de 1990,
e indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías prevista en la Ley
52 de 1975, el Tribunal Administrativo de Antioquia no desconoció la jurisprudencia
traída como referente, por el contrario, fue claro en señalar el por qué no era aplicable
a los docentes oficiales afiliados al Fomag, cumpliendo con la carga argumentativa que
le corresponde.

Si bien, la parte actora considera que en el caso se desconocieron las Sentencias de
Unificación SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020, lo cierto es que

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ninguno de estos pronunciamientos constituyen precedente judicial aplicable al caso,
pues: i) en la Sentencia SU-098 de 2018, tal como lo refirió el Tribunal accionado, solo
se examinó lo referente al reconocimiento de la sanción moratoria para los docentes
no afiliados al Fomag; y ii) en las Sentencias SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020, se
analizó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de las
cesantías definitivas, prevista por la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de
2006, y no así el pago de la sanción moratoria por no consignación oportuna de las
cesantías, prevista por la Ley 50 de 1990.

Asimismo, es dable apreciar que las sentencias del Consejo de Estado traídas como
referente por la accionante no constituyen jurisprudencia en vigor, pues aunque en una
de ellas se acogió lo referente al reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la
Ley 50 de 1990,9 no lo es menos que en otras se analizaron las circunstancias fácticas
de docentes no afiliados al Fomag,10 como lo relacionado con la liquidación de
cesantías,11 y en la mayoría se trató lo relativo al término de prescripción de la sanción
moratoria.12

De esta forma, puede concluirse, entonces, que para el momento en que se profirió la
providencia aquí censurada no existía criterio consolidado ni sentencia de unificación
a aplicar sobre el particular y que, por tanto, la autoridad judicial accionada, en ejercicio
de sus facultades de autonomía e independencia judicial, reconocidas en los artículos
228 y 230 de la Constitución Política, podía optar por la posición que consideraba más
apropiada para resolver el asunto, tal como ocurrió, ya que luego de revisar las
posiciones jurisprudenciales desarrolladas en la materia, consideró —en cumplimiento
de los principios de transparencia y de razón suficiente que exigen del operador jurídico
una especial carga argumentativa—,13 que en el caso no había lugar al reconocimiento
y pago de la penalidad suplicada.

9 Expediente 0871-2020.
10 Expedientes 4854-2014, 2224-2020 y 4004-2021.
11 Expediente 0483-20.
12 Expediente 0833-2016, 1002-2021, 2208-2020, 2387-2020, 5154-2016, 1001-2021, 4462-2021 y
2394-2020.
13 En las Sentencias SU-027 de 2020 y T-072 de 2022 la Corte Constitucional señaló que «[e]l principio

de transparencia exige que el juez haga «referencia al precedente que abandona, lo que significa que
no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido» y el principio de
razón suficiente, que «explique de manera suficiente y razonada los motivos por los cuales considera
que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior
jerarquía».

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En igual sentido, se repara en que la corporación accionada determinó que no había
lugar a la aplicación del principio de favorabilidad, puesto que no existía duda frente a
las normas jurídicas que regulan el reconocimiento de las cesantías a favor de los
docentes, ni un vacío legal que permita la remisión a las disposiciones de la Ley 50 de
1990, comoquiera que la Ley 344 de 1996 al regular el régimen de cesantías para las
personas vinculadas a los órganos y entidades del Estado, expresamente señaló que
no podían obviarse las previsiones de la Ley 91 de 1989, lo que conlleva a que lo ya
regularizado permanezca incólume ante la nueva normatividad. Adicionalmente, la
autoridad referida precisó que no era procedente aplicar apartes normativos de varios
regímenes prestacionales, pues ello quebrantaría el principio de inescindibilidad.

Conforme a lo expuesto, la Sala encuentra que la providencia aquí discutida está
debidamente motivada y justificada, y que, por tanto, no le asiste razón a la accionante
al afirmar que le era aplicable el régimen de la Ley 50 de 1990, relacionado con la
sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales dispuesta para
el régimen general de los servidores públicos, pues, se itera, dentro del régimen
especial de docentes —Ley 91 de 1989—, se establece una forma diferente de
liquidación y pago bajo un procedimiento propio.

Además, se avizora que el criterio acogido por el Tribunal coincide con la regla
jurisprudencial establecida recientemente por la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en la Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de
2023, en la que se indicó que los docentes estatales afiliados al Fomag no tienen
derecho a la sanción moratoria dispuesta en el ordinal 3.° del artículo 99 de la Ley 50
de 1990, comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de
cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.

Así las cosas, se tiene que las conclusiones a las que arribó el Tribunal no comportan
para esta Sala de decisión una actuación incursa en vía de hecho que vulnere los
derechos fundamentales de la parte actora, pues luego de analizar el desarrollo
normativo dispuesto en la materia como la diferente jurisprudencia proferida en torno
al reconocimiento y pago de la sanción moratoria, contemplada en la Ley 50 de 1990,
e indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías, prevista en la Ley

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05598-00
Accionante: Neidy Grinett Murillo Moreno

52 de 1975, presentó una argumentación razonable del por qué en el caso no era dable
su reconocimiento a docentes oficiales afiliados al Fomag.

3. Conclusión

Con los anteriores argumentos la Sala concluye que en el sub lite no se configuran los
defectos de desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la
Constitución Política y, en tal sentido, se negará el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar el amparo solicitado por la señora Neidy Grinett Murillo Moreno en
contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, de
conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Con impedimento

JORGE IVÁN ACUÑA ARRIETA
Conjuez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
A.R.F.

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