Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05600-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05600-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-05600-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
17 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ (E)
Bogotá D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05600-00
Accionante: William Fabián Feria Ceballos
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - Instancia adicional – la parte
actora pretende reabrir el debate estrictamente legal y económico al no estar de
acuerdo con lo decidido por el juez natural – sanción moratoria por el no pago oportuno
de las cesantías.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de
la solicitud de amparo constitucional formulada por William Fabián Feria Ceballos
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 28 de septiembre de 2023, el señor William Fabián Feria Ceballos, a través de
apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración de justicia, “situación
más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las
fuentes formales de derecho”, así como los principios de perpetuatio jurisdictionis y
seguridad jurídica. Considera que tales prerrogativas fueron vulneradas por la
autoridad accionada al proferir la sentencia del 5 de julio de 2023, al interior del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho2 que promovió contra la Nación –
1
Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela”.
2
Identificado con número de radicado 05001-33-33-034-2022-00099-02.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05600-00
Accionante: William Fabián Feria Ceballos
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio3 y el distrito de Medellín.
2.- La parte actora pretende que, en virtud del amparo, se ordene a la autoridad
judicial demandada dejar sin efectos la providencia cuestionada y, en su lugar, profiera
una sentencia de reemplazo “atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales
que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de
octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante
diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora
como fue solicitada en la demanda(…) ”4.
3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y
de las pruebas allegadas se tiene, que:
4.- El señor William Fabián Feria Ceballos Caro labora con la entidad territorial
certificada en Educación del Departamento de Antioquia y se encuentra vinculada al
Fomag en calidad de docente oficial.
5.- El 26 de agosto de 2021, el accionante solicitó al distrito de Medellín el
reconocimiento y desembolso sus cesantías, así como la sanción moratoria
consagrada en la Ley 50 de 1990, generada por la consignación extemporánea de sus
cesantías, y el pago de la indemnización por el desembolso tardío de los intereses a
las cesantías, consagrada en la Ley 52 de 1975. Dicha solicitud fue negada a través
de la resolución n°. 202130395574 del 10 de septiembre siguiente.
6.- En desacuerdo con lo anterior, la actora presentó demanda en contra de la Nación
– Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
y el municipio de Medellín, con el fin de que se declarara la nulidad del referido acto
administrativo. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se reconocieran
las pretensiones elevadas ante la entidad demandada.
7.- El asunto le correspondió para su conocimiento, en primera instancia, al Juzgado
Treinta y Cuatro Administrativo de Medellín. Ese despacho, mediante sentencia del
19 de diciembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la
situación jurídica del demandante se encontraba regulada por el régimen especial de
cesantías previsto en la Ley 91 de 1989, normativa en la que no se establece algún
reconocimiento o pago de sanción moratoria por falta de consignación de las
cesantías y sus respectivos intereses. Por lo que consideró que la parte actora no
logró desvirtuar la legalidad del acto administrativo demandado.
8.- La anterior decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, a
través del fallo del 5 de julio de 2023. Para tal efecto, estimó que las sentencias que
sustentaron la demanda, así como el recurso de apelación, se profirieron en asuntos
en los que mediaron supuestos fácticos que difieren de las circunstancias en las que
3
En adelante Fomag.
4
Expediente digital, folio 3 del escrito de tutela.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05600-00
Accionante: William Fabián Feria Ceballos
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
se enmarcaba la situación jurídica del demandante, por lo que no constituyen
precedente judicial para el caso concreto. Agregó que no existe un criterio unificador
al interior del Consejo de Estado respecto a la aplicación de la norma de
reconocimiento y pago a favor de los docentes de la sanción moratoria que contempla
el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Indicó que el principio de
favorabilidad sólo se entra a valorar cuando haya duda respecto de la normativa
aplicable, lo cual, según lo determinado, no es el caso del demandante. Adujo que en
virtud del principio de inescindibilidad de la ley, el régimen aplicable para el caso del
demandante es el especial dictado por la Ley 91 de 1989.
9.- De esta manera, concluyó que a la parte actora no le son aplicables las
disposiciones que consagran la sanción moratoria por el retardo en el pago de las
cesantías anualizadas y de los intereses a las mismas, consagrados en los artículos
99 de la Ley 50 de 1990 y 1° de la Ley 52 de 1975, ya que el régimen de cesantías
docente es especial y en él se determina específicamente cómo se reconocen,
liquidan y pagan las cesantías y los intereses de éstas, teniendo unas características
propias que hacen que el pago de las sanciones solicitadas sea incompatible. Reiteró
que, no procede aplicar partes del sistema general contenido en la Ley 50 de 1990 al
régimen especial de los docentes.
10.- La parte actora sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales invocados, al:
(i) Incurrir en un defecto por desconocimiento del precedente, pues, a su juicio, a partir
de las reglas fijadas en la Sentencia SU-098 de 2018, la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado han señalado de forma reiterada que en virtud del principio de
favorabilidad, es posible aplicar a los docentes oficiales las disposiciones consagradas
en la Ley 50 de 1990, en materia de sanción moratoria por la consignación
extemporánea de cesantías anuales, de modo que el valor reconocido con corte a 31
de diciembre de cada año por concepto de la aludida prestación debe ser consignado
en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a más tardar el 14 de
febrero del año siguiente a su causación.
(ii) Desconocer las reglas fijadas en las sentencias SU-098/2018, SU-332/2019 y SU-
041/2020 de la Corte Constitucional, así como el fallo de unificación proferido por el
Consejo de Estado el 6 de agosto de 2020 dentro del proceso 08001-23-33-000-2013-
00666-01 (0833-16) y las sentencias proferidas por esta misma corporación en los
procesos: 76001-23-31-000-200900867-01 (4854-2014), 11001-0315-000-2018-
03499-01, 08001 23 33 000 2014 00173-01 (1688-16), 08001-23-33-000-2014-00208-
01, 08001-23-31-000-2014-00254-01(4960-2017), 08001-23-33-000-2014-00132-01,
08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017), 08001-23-33-000-2015-00331-01,
19001-23-33-000-2015-00445-02(0483-20), 08001-23-33-000-2014-01127-01 (1002-
2021), 40001-23-40-000-2017-00134-01 (2208-2020), 080001-23-40-000-2015-
90008-01(2387-2020), 080001-23-40-000-2014-90022-01 (5154-2016), 080001-23-
33-000-2017-00931-01 (1001-2021), 080001-23-33-000-2015-00075-01 (2660-2020),
76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020), 080001-23-40-000-2017-00795-01
3
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05600-00
Accionante: William Fabián Feria Ceballos
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
(2659-2020), 47-001-23-33-000-2019-00359-01 (4004-2021), 47-001-23-33-000-
2019-00376-01(4462-2021), 08001-23-33-000-2015-00509-01(2140-2020) y 08001-
23-33-000-2015-90124-01 (2394-2020).
Además, señaló que la postura adoptada por la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado ha sido acogida por los jueces administrativos del circuito en diversas
decisiones. Para tal fin, trajo a colación 10 providencias visibles al folio 104 del escrito
de tutela.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
11.- Mediante auto de 6 de octubre de 2023, se dispuso a admitir la acción de tutela,
notificar de su presentación a la autoridad judicial accionada, así como vincular a la
Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (Fomag) y al municipio de Medellín, en calidad de terceros
interesados. También se comunicó la decisión a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado para lo de su cargo.
12.- Además, se requirió al Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de
Medellín para que remitiera, en medio magnético, copia del expediente identificado
con el radicado número 05001-33-33-034-2022-00099-02.
(i) Tribunal Administrativo de Antioquia5
13.- La autoridad judicial advirtió que la decisión enjuiciada por el tutelante se
encuentra debidamente sustentada. Indicó que en esta se encuentran los argumentos
tanto de hecho como de derecho que sustentan lo decidido, por ello, no se han
vulnerado los derechos fundamentales que consideró el solicitante.
(ii) Nación - Ministerio de Educación Nacional6
14.- La entidad sostuvo que el accionante pretende revivir por la vía de la acción de
tutela un debate jurídico que ya fue zanjado en la jurisdicción competente. Advirtió que
la decisión adoptada por el Tribunal accionado no comporta una transgresión de los
derechos fundamentales de la accionante, sino que, por el contrario, se encuentra
ajustada a derecho, pues tiene como fundamento el marco normativo y jurisprudencial
que resultaba aplicable al caso objeto de estudio, así como contiene una correcta
valoración probatoria de las pruebas allegadas al proceso ordinario.
15.- Afirmó que la denuncia de la parte accionante sobre la supuesta vulneración de
los derechos fundamentales por las decisiones adoptadas por el tribunal accionado se
aleja de la vocación de prosperidad en tanto los presupuesto de hecho que este alega
no se ajustan a los parámetros establecidos en la SU 098 de 2018, sino que se
acercan a los de la SU 573 de 2019.
5 Expediente digital, intervención contenida en 1 folio.
6
Expediente digital, intervención contenida en 11 folios.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05600-00
Accionante: William Fabián Feria Ceballos
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
16.- Sin perjuicio de ello, señaló que la acción de tutela carece de relevancia
constitucional, en la medida que el juez constitucional no puede involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones, menos aún, cuando el Consejo
de Estado no ha proferido decisión de unificación al respecto. Además, sostuvo que
la acción de tutela no es un mecanismo que permita interferir en la autonomía judicial,
más aún cuando se trata de un mecanismo subsidiario, por lo que indicó que las
pretensiones deben ser declaradas improcedentes.
(iii) Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de Medellín7
17.- La autoridad judicial al oponerse al amparo, adujo que la tutela es improcedente,
pues en virtud del principio de insescindibilidad, aunque existan aspectos regulados
en algunos casos más beneficiosos respecto de algunas normas, como es el caso de
la Ley 50 de 1990, no es posible aplicarla si el régimen aplicable al caso conccreto es
otro.
18.- Aunado a lo anterior, trajo a colación la Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-
S2-2023 del Consejo de Estado, con fecha del 11 de octubre de 2023 respecto del
criterio jurídico aplicable en los casos como los del solicitante. En esta, según aduce,
se establece el régimen aplicable de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 y se
concluyó que los docentes oficiales afiliados al Fomag no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, siendo
incompatible con el régimen de cesantías de la Ley 91 de 1989.
19.- Asimismo, aportó copia digital del expediente ordinario.
II. CONSIDERACIONES
C. La acción de tutela contra providencias judiciales
20.- El Consejo de Estado ha indicado de manera consistente y reiterada que, los
requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los
derechos fundamentales, son los siguientes8: (i) que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado todos los medios -
ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv) cuando se trate de
una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique, de manera
razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que
esto hubiere sido posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de tutela.
7
Expediente digital, intervención contenida en 4 folios.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017,
exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
5
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05600-00
Accionante: William Fabián Feria Ceballos
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
21.- La relevancia constitucional supone la presentación de un conflicto que
trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que el
ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el ordenamiento,
de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no puedan relacionarse
con un derecho constitucional9.
22.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para determinar si una
acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es necesario
examinar tres elementos10: (i) Que el actor motive con suficiencia argumentativa dicha
relevancia constitucional, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de
derechos fundamentales, sino que se deben expresar las razones de índole
constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales derechos, cuya
fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que la tutela no constituya una
instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada
y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto constitucional y no meramente legal
y/o económico.
D. Análisis del caso concreto
23.- Revisados y valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que se
formulara el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, las pruebas
arrimadas por los extremos procesales y la decisión adoptada, la Sala estima que la
controversia propuesta por la accionante no cumple con el requisito de relevancia
constitucional debido a que:
(i) El debate propuesto en el escrito de demanda versa sobre la determinación de
aspectos legales, así como la correcta interpretación y aplicación de las normas que
regulan el reconocimiento y el pago de la sanción moratoria derivada de la
consignación tardía del beneficio de cesantías en el régimen prestacional de los
docentes oficiales, debate que de conformidad con el precedente establecido por la
Sala Plena de Corte Constitucional en la Sentencia SU-573 de 2019, no guarda
ningún tipo de relación con la garantía de derechos fundamentales, debido a su
naturaleza estrictamente económica.
(ii) Al realizar una revisión de los planteamientos expuestos en la demanda de tutela,
es posible advertir que su propósito es convertir el mecanismo de amparo
constitucional en una instancia adicional o complementaria al litigio contencioso
administrativo tramitado y concluido, al pretender reabrir un debate ya zanjado por el
juez natural de la causa por no estar de acuerdo con la decisión de negar las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
24.- En relación con el carácter meramente legal y económico de la controversia
propuesta por la accionante, se tiene que el debate propuesto versa sobre la correcta
interpretación y la aplicación de las disposiciones establecidas en el artículo 13 de la
9
Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010.
10
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
6
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05600-00
Accionante: William Fabián Feria Ceballos
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Ley 344 de 1996, reglamentado por el artículo 1° del Decreto 1582 de 1998 y el
numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al Fomag.
25.- La parte actora sostiene que en virtud de la aplicación del principio de
favorabilidad las normas referidas son extensibles a los docentes afiliados al Fomag,
razón por la cual la autoridad judicial accionada debía reconocer y ordenar el pago de
la sanción moratoria. Por otra parte, la autoridad judicial accionada consideró que al
encontrarse cubierta por el sistema anualizado de cesantías regulado por la Ley 91
de 1989, las disposiciones consagradas en los Decretos 344 de 1996 y 1582 de 1998
y en la Ley 50 de 1990, no eran aplicables al caso de la demandante.
26.- La Sala advierte que la diferencia interpretativa planteada no tiene relevancia
constitucional, para lo que resulta pertinente reiterar la postura desarrollada por la
Corte Constitucional en la Sentencia SU-573 de 2019, según la cual la sanción
moratoria generada por no consignación oportuna de cesantías no es un derecho
fundamental, ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza
constitucional. Esto debido a que: (i) al ser una penalidad, su naturaleza es accesoria
al derecho a recibir el pago del beneficio de cesantías, por lo que su reconocimiento
es de tipo legal y su carácter es netamente patrimonial y, (ii) al ser accesorio, el no
reconocimiento de la sanción moratoria no implica, en comienzo, una afectación al
derecho a la seguridad social o al mínimo vital, por lo que los accionantes se
encuentran obligados a aportar las pruebas que consideren necesarias para
demostrar cualquier tipo de afectación a los mencionados derechos.
27.- Teniendo en cuenta lo anterior, el caso objeto de estudio no se proyecta de
manera directa como una vulneración al derecho a la seguridad social de la parte
actora que demanda su protección, pues, tal y como se indicó la sanción por mora
establecida en la Ley 50 de 1990 es una cuestión económica cuya definición sobre si
está vinculada o no al derecho representado en el pago de la cesantía, no apunta a la
realización de un derecho de raigambre constitucional fundamental, sin que, por
demás, la parte actora hubiera acreditado que la negativa del reconocimiento y pago
de la referida sanción produjera una afectación a su derecho al mínimo vital o
comprometiera gravemente su existencia o supervivencia, más aún si se tiene en
cuenta que actualmente trabaja para el Distrito de Medellín en calidad de docente.
28.- Sumado a lo anterior, la presunta configuración del defecto por desconocimiento
del precedente carece de relevancia constitucional. En primer lugar, porque las
decisiones referidas en la Tabla 1, que la accionante alega como desconocidas, no
fueron puestas en conocimiento de la autoridad judicial accionada en el trámite del
recurso de apelación, por lo que resulta improcedente que utilice la acción de tutela
como una tercera instancia para presentar argumentos que no formuló oportunamente
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Tabla 1. Precedentes que no se alegaron en el proceso ordinario.
Radicado Exp. Fecha decisión Magistrado Ponente
76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020) 28/04/2022 Carmelo Perdomo Cuéter
47-001-23-33-000-2019-00359-01 (4004-2021) 19/05/2022 Sandra Liseth Ibarra
7
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05600-00
Accionante: William Fabián Feria Ceballos
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
47-001-23-33-000-2019-00376-01 (4462-2021) 1/07/2022 Sandra Liseth Ibarra
08001-23-33-000-2015-00509-01 (2140-2020) 22/08/2022 César Palomino Cortés
08001-23-33-000-2015-90124-01 (2394-2020) 22/09/2022 César Palomino Cortés
29.- De igual forma se tiene que las sentencias proferidas por los Jueces
Administrativos del Circuito tampoco fueron puestas en conocimiento de la autoridad
judicial accionada. Además, es importante aclarar que al ser proferidas por jueces de
menor jerarquía no pueden ser asumidas como precedentes aplicables al caso
concreto, ni tampoco son útiles para respaldar los alegatos propuestos en la demanda.
30.- En segundo lugar, las sentencias consignadas en la Tablas 2 y 3 no guardan
identidad fáctica con el caso resuelto por el Tribunal accionado, razón por la cual no
es posible que se alegue su desconocimiento como precedentes. Además, las
sentencias de tutela con el número 11001-0315-000-2018-03499-01, 11001-03-15-
000-2018-04617-01 y 11001-03-15-000-2018-04679-01 tampoco resultan aplicables
al caso concreto, debido a que tal y como lo ha reiterado esta Sala en múltiples
ocasiones, en el caso de los fallos proferidos en los trámites de tutela sólo es posible
considerar como precedentes aquellos emitidos por la Corte Constitucional en
sentencias de constitucionalidad o de unificación, los cuales contienen una regla o
subregla de derecho y que son proferidos por la Sala Plena de dicha Corporación,
habida cuenta que es el órgano de cierre en la materia, razón por la cual, las
decisiones que se alegan como desconocidas solo producen efectos inter partes, por
lo que al contar con un alcance personal y concreto solo puede ser tenida como un
criterio auxiliar de interpretación y no como un precedente vinculante.
Tabla 2. Sentencias de la Corte Constitucional que no son precedente en el presente caso
Tabla 3. Sentencias del Consejo de Estado que no son precedente en el presente caso
8
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05600-00
Accionante: William Fabián Feria Ceballos
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
31.- El alegato relacionado con el desconocimiento de la Sentencia SU-098 de 2018,
proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional y de las otras sentencias
enlistadas por la parte accionante en el escrito de tutela, proferidas por las dos
subsecciones de la Sección Segunda de esta Corporación, a primera vista, no permite
evidenciar la existencia de una afectación desproporcionada del derecho a la igualdad
o a la seguridad jurídica que tenga relevancia constitucional.
32.- Así, el Tribunal accionado, siguiendo las pautas establecidas por la Corte
Constitucional, según las cuales en virtud del principio de autonomía los jueces
pueden apartarse del precedente judicial o constitucional, siempre que cumplan con
los principios de transparencia y de razón suficiente, lo cual exige de ellos una especial
carga argumentativa11, no ignoró la solicitud del reconocimiento de los precedentes
que la accionante alegó como desconocidos. Por el contrario, se pronunció sobre ellos
y expuso las razones por las cuales consideraba que no eran aplicables al caso objeto
de estudio.
11
Al respecto, la Corte ha señalado que “[e]l principio de transparencia exige que el juez haga «referencia al
precedente que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca
hubiera existido» y el principio de razón suficiente, que «explique de manera suficiente y razonada los motivos por
los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual
o superior jerarquía”. Sentencias SU-027 de 2020 y T-072 de 2022.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05600-00
Accionante: William Fabián Feria Ceballos
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
33.- De esta manera, en cumplimiento del principio de transparencia el Tribunal
accionado, entre otras cosas, reconoció la existencia de la Sentencia SU-098 de 2018.
Sin embargo, indicó que no resultaba posible tenerla como precedente, toda vez que
en ese caso se abordó el estudio de un docente que no fue afiliado al Fomag ni a
ningún otro fondo, por lo que al no guardar identidad fáctica con el asunto objeto de
análisis, no constituye precedente de unificación vinculante.
34.- Asimismo, señaló que la sentencia CE-SUJ-SII-022-2020 del 6 de agosto de
2020, proferida por el Consejo de Estado, únicamente determinó el momento a partir
del cual se contabiliza el término de prescripción para reclamar la sanción moratoria
por la no consignación oportuna de las cesantías anualizadas prevista en la Ley 50 de
1990, sin que se hubiera hecho referencia a fundamentos fácticos o jurídicos
semejantes al caso sub lite; motivo por el cual tampoco se podía afirmar que se
hubiese desconocido dicho precedente. Igualmente, sostuvo que las demás
providencias que sustentaron la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
así como el recurso de apelación, tampoco constituyen precedente unificador para el
caso concreto
35.- Además, destacó que en la sentencia SU-098 de 2018, el Alto Tribunal
Constitucional reconoció que no existe una posición unificada en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo sobre la aplicación de la norma de reconocimiento y pago
de la sanción moratoria objeto de reclamo. A partir de lo anterior, concluyó que no
existe un criterio unificado al interior del Consejo de Estado frente al tema objeto de
estudio, situación que, a su juicio, “releva al juez de obedecer un precedente que no
está unificado y que resulta contradictorio frente a otras decisiones de la misma
Corporación”.
36.- Por ende, ante la indeterminación de dicho precedente, acudió a la voluntad del
legislador como criterio de interpretación y encontró que: (i) en el caso sub examine
no era necesario recurrir al principio de favorabilidad, puesto que no se está frente a
dos disposiciones que ofrezcan un trato diferenciado, por el contrario, lo que se
evidencia es que la Ley 91 de 1989 no contempló la sanción moratoria por la
consignación tardía de las cesantías que introdujo la Ley 50 de 1990; (ii) el hecho de
no consignar el valor anual liquidado de las cesantías, no afecta a los docentes,
porque el riesgo financiero y el pago de la sanción ante la cancelación tardía de dicha
prestación, en el evento de no efectuar los descuentos mensuales y el respectivo giro,
lo debe asumir la Fiduciaria aun cuando no cuente con los recursos para su
cubrimiento; y (iii) la aplicación del régimen contenido en la Ley 50 de 1990
desconocería la especialidad del sistema consagrado en la Ley 91 de 1989 para los
docentes y modificaría la forma de administrar, liquidar y cancelar sus cesantías, pues
aun cuando el legislador generalizó el sistema anualizado para la liquidación de
cesantías, lo cierto es que su voluntad también se encaminó a distinguir a través de
diferentes regímenes.
37.- De esa manera, concluyó que los docentes oficiales afiliados al Fomag no tienen
derecho al reconocimiento y pago de las sanciones moratorias consagradas en la Ley
10
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05600-00
Accionante: William Fabián Feria Ceballos
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
50 de 1990, toda vez que el régimen docente es especial en lo atinente a las cesantías,
autonomía que surge de lo dispuesto en artículo 3° de la Ley 91 de 1989, así como lo
señalado en el Acuerdo 39 de 1998 y, de acuerdo a esa normatividad y las pruebas
arrimadas al proceso, encontró que las mismas fueron canceladas oportunamente,
por lo que el demandante no logró desvirtuar la legalidad del acto acusado.
38.- En los términos precedentes, la Sala estima que los alegatos propuestos por el
accionante tendientes a demostrar la existencia de un defecto por desconocimiento
del precedente no implican la existencia de una restricción desproporcionada del
derecho a la igualdad y la seguridad jurídica de la parte actora. Por el contrario, la
Sala encuentra que el presunto desconocimiento del precedente busca reabrir un
debate de naturaleza legal y económica que fue resuelto por los jueces contencioso
administrativos y que las presuntas deficiencias alegadas respecto de la decisión
adoptada en sede de segunda instancia dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, responden, en realidad, a una mera discrepancia
valorativa sobre el resultado desfavorable del proceso que no es susceptible de
admitirse como una causal de procedibilidad especial, pues siempre que se trate de
interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural el llamado a fijar aquella que
mejor se ajuste al caso de que se trate, conforme a los criterios de la sana crítica y en
virtud de su autonomía e independencia.
39.- Cabe destacar que la jurisprudencia constitucional no ha considerado factible la
procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales, cuando quiera que
estas se fundamentan en un determinado criterio jurídico, en una razonable
interpretación de las normas que son aplicables a la causa y en una valoración
adecuada de las pruebas allegadas, ya que de no ser ello así, habría una intromisión
arbitraria del juez de tutela que menoscabaría de manera grave los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial, los cuales, en forma precisa,
habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y procesal12.
40.- Por último, es importante señalar que la Sección Segunda del Consejo mediante
sentencia SU CE-SUJ2-012-18 del 11 de octubre de 2023 se pronunció sobre la
aplicación de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales del
FOMAG y estableció la siguiente regla jurisprudencial:
“Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera
que es incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la
Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté
afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción
moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente
estatal.”.
41.- Por todo lo anterior, la acción de tutela que se examina no cumple con el requisito
general de relevancia constitucional, máxime, si se tiene en cuenta que su objeto es
12
Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05600-00
Accionante: William Fabián Feria Ceballos
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
reabrir un debate tramitado y concluido en las instancias respectivas, lo que
desnaturaliza su finalidad como mecanismo supletivo de protección de los derechos
fundamentales. En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela impetrada por el señor William Fabián Feria Ceballos.
42.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado, en los
términos expuestos en la parte motiva de la presente sentencia.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS NICOLÁS YEPES CORRALES
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE13
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
13
VF
12
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