Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-05617-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de tutela contra providencias judiciales: procede estudio de fondo
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-05617-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-05617-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
5 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05617-01
Demandante: EMMA SOLER HUERTAS Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Procede estudio de fondo
porque se acreditó cumplimiento de requisitos generales; además, se identificaron y
sustentaron las causales específicas alegadas / DEFECTO SUSTANTIVO – Se configura
porque la autoridad judicial accionada no hizo una interpretación razonable ni sistemática
de las normas que regulan el ejercicio de la acción directa en favor de la víctima de un daño
amparado en un seguro de responsabilidad civil / DEFECTO FÁCTICO – Se encuentra
acreditado, porque el Tribunal valoró en forma inadecuada y fragmentada las pruebas del
alcance del contrato de seguro cuando se trata del ejercicio de la acción directa.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia del 17 de noviembre de 2023, proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado, por medio de la cual se declaró improcedente la solicitud de
amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El 27 de septiembre de 20231, los señores Emma, Miguel Ángel, Desideria, Luis
Hernando, Juan Eliseo, Francisco, Flor del Carmen, Brígida, Martha Cecilia, Leonor
y Ana María Soler Huertas, José Egidio Naranjo Rodríguez, Mauricio Naranjo Soler
y José Leonardo Cuervo Soler, por intermedio de apoderado judicial, interpusieron
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
1
Se advierte que, el 15 de enero de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05617-01
Demandante: Emma Soler Huertas y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C
Sentencia de tutela de segunda instancia
Tercera, Subsección C, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la reparación integral,
con ocasión de la sentencia de segunda instancia proferida el 26 de octubre de
2022 —adicionada en providencia del 1º de marzo de 2023—, en el proceso de
reparación directa con radicado 11001-33-36-038-2015-00476-02. Formularon las
siguientes pretensiones (se transcriben textualmente):
1.- Se amparen los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de EMMA SOLER HUERTAS, JOSÉ EGIDIO
NARANJO RODRÍGUEZ, MAURICIO NARANJO SOLER, JOSÉ LEONARDO
CUERVO SOLER, MIGUEL ÁNGEL SOLER HUERTAS, DESIDERIA
HUERTAS SOLER, LUIS HERNANDO SOLER HUERTAS, JUAN ELISEO
SOLER HUERTAS, FRANCISCO SOLER HUERTAS, FLOR DEL CARMEN
SOLER HUERTAS, BRÍGIDA SOLER HUERTAS, MARTHA CECILIA SOLER
HUERTAS, LEONOR SOLER HUERTAS y ANA MARÍA SOLER HUERTAS
transgredidos con ocasión a la liberación de responsabilidad patrimonial de LA
PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS contenido en la sentencia de
segunda instancia fechada del 26 de octubre de 2022 y que fue objeto de
adición mediante providencia del 01 de marzo de 2023 notificada el 27 de
marzo de 2023 dictadas al interior del proceso de reparación directa No. 11-
001-3336-038-2015-00476-01.
2.- Se deje sin efecto parcialmente la decisión del 26 de octubre de 2022 del
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SUBSECCIÓN “C” únicamente en lo que respecta al estudio de
responsabilidad patrimonial de la demandada LA PREVISORA S.A.
COMPAÑÍA DE SEGUROS.
3.- Se ordene al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA –SUBSECCIÓN “C” a proferir nueva decisión a través de
la cual se estudie únicamente la responsabilidad patrimonial de LA
PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS de conformidad con el
contenido del contrato estatal por medio del cual se expidió la póliza No.
1005711 así como de su condicionado general y particular teniendo en cuenta
que el artículo 1133 del Código de Comercio habilitaba a los accionantes a
demandar directamente al asegurador y asegurado en un solo proceso.
1.2. Hechos
De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes supuestos
fácticos:
La señora Emma Soler Huertas y demás familiares 2 presentaron demanda de
reparación directa contra 3 los hospitales 4 de Meissen (hoy Subred Integrada de
2
Miguel Ángel, Desideria, Luis Hernando, Juan Eliseo, Francisco, Flor del Carmen, Brígida, Martha
Cecilia, Leonor, Ana María y Rafael Arcángel Soler Huertas, José Egidio Naranjo Rodríguez,
Mauricio Naranjo Soler y José Leonardo Cuervo Soler.
3
En el proceso ordinario, el Hospital Occidente de Kennedy llamó en garantía a Seguros del Estado.
4
Estos y otros hospitales del Distrito Capital de Bogotá fueron fusionados en el año 2016 (Acuerdo
Distrital 641 de 2016), creándose cuatro empresas sociales del Estado a las cuales pertenece cada
2
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Demandante: Emma Soler Huertas y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C
Sentencia de tutela de segunda instancia
Servicios de Salud Sur E.S.E.), Occidente de Kennedy (hoy Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E) y Simón Bolívar (hoy Subred Integrada de
Servicios de Salud Norte E.S.E), y de la aseguradora La Previsora S.A. Compañía
de Seguros, para que se declarara la responsabilidad patrimonial por falla en la
prestación del servicio médico que afectó la salud de aquella.
El Juzgado 38 Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 12 de julio de 2021,
(i) declaró administrativamente responsable a la Subred Integrada de Servicios de
Salud Sur E.S.E (Hospital de Meissen) y la condenó a indemnizar los perjuicios
causados a los demandantes, con excepción del señor Rafael Arcángel Soler
Huertas, respecto de cual declaró la falta de legitimación en la causa por activa; (ii)
negó las demás pretensiones —incluida la declaratoria de responsabilidad de La
Previsora S.A.—, y (iii) condenó en costas a la parte demandada.
La decisión fue apelada por la parte actora y por la Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E. La primera, porque consideró que la señora Desideria Huertas
de Soler no fue incluida en la indemnización reconocida, y para que la condena se
hiciera extensiva a La Previsora S. A., en tanto que suscribió un contrato de seguros
para amparar la responsabilidad del hospital. La referida E.S.E., por su parte,
recurrió para que la absolvieran de las pretensiones de la demanda.
En sentencia del 26 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, confirmó el fallo apelado, con
excepción de la condena en costas de la parte demandada, la cual revocó.
Previa solicitud de los demandantes, mediante providencia del 1º de marzo de 2023,
el Tribunal adicionó el fallo del 26 de octubre de 2022, en el sentido de incluir como
beneficiaria de la indemnización a la señora Desideria Huertas de Soler.
1.2. Argumentos de la tutela
La parte actora indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
«fáctico y material», al exonerar a La Previsora S.A. Compañía de Seguros, de la
responsabilidad patrimonial, a pesar de que se aportó el contrato de seguros y de
que se ejerció la acción directa en su contra.
uno de acuerdo con su ubicación geográfica, pero conservan su denominación como unidad
hospitalaria. Por tanto, la persona jurídica es la respectiva Subred Integrada de Servicios.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05617-01
Demandante: Emma Soler Huertas y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C
Sentencia de tutela de segunda instancia
En ese sentido, sostuvo que el Tribunal incurrió en «vía de hecho» al afirmar que la
aseguradora no debía responder porque no prestó el servicio médico quirúrgico a la
señora Emma Soler Huertas. Dicha afirmación, en su sentir, dejó de lado que la
aseguradora fue vinculada como parte demandada, según lo autoriza el artículo
1133 del Código de Comercio, norma que habilita a la víctima para demandar en un
solo proceso al causante del daño y a su asegurador.
Adujo que la decisión del Tribunal carece de sustento legal, puesto que la
exoneración de la responsabilidad de la aseguradora se fundó en normas
inexistentes, debido a que no hay disposiciones que prohíban demandarla
conjuntamente con el causante del daño. Además, no hizo un estudio del contrato
de seguro, ni de las condiciones generales y particulares contenidas en la póliza.
Expuso que la decisión pone en riesgo el derecho a la reparación integral y el
patrimonio público de la entidad demandada que contrató una póliza para cubrir los
daños que pudiera causar.
Aclaró que con la tutela no pretende crear una tercera instancia, sino que, en este
caso, resulta ser el único medio para cesar la vulneración de los derechos por parte
del Tribunal, el que, de haber analizado el asunto como correspondía, habría
proferido una decisión distinta a la adoptada.
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1 Mediante auto del 18 de octubre de 2023, la Sección Primera del Consejo de
Estado admitió la solicitud de amparo, ordenó que se notificara a las partes y a los
terceros con interés.
2.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C,
sostuvo que la tutela es improcedente porque se «busca reabrir un debate ya
concluido […] en el que no se advierte una actuación arbitraria o ilegítima».
De otra parte, adujo que la sentencia abordó la discusión de la responsabilidad de
la aseguradora, y en ella se sostuvo que, a pesar de la existencia y vigencia de la
póliza del contrato de seguro de responsabilidad civil celebrado entre la entidad
condenada y La Previsora S.A., no podía imputarse el daño a la aseguradora
«como demandada respecto de actos ejecutados por su asegurada», dado que el
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Demandante: Emma Soler Huertas y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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daño se derivó de una actuación médico-quirúrgica en la que la compañía no tuvo
injerencia, «pues su objeto social […] es asegurar el riesgo de sus asegurados, lo
que dista de ejecutar labores médicas».
Agregó que la relación contractual derivada de la póliza sólo vincula al hospital y a
la compañía de seguros, por lo cual «debió ser el Hospital demandado quien
invocara dicha relación contractual para ampararse de la eventualidad de una
posible condena».
Dijo que no se encuentran en riesgo los derechos de la parte actora, ni siquiera el
de reparación integral, en tanto que la sentencia fue favorable a sus intereses,
amén de que la discusión sobre quién debe pagar es una circunstancia «incidental»
que no redunda en la eficacia ni en la garantía de sus derechos.
2.3. El Juzgado 38 Administrativo de Bogotá remitió el expediente del proceso de
reparación directa, pero no se pronunció sobre el debate que motivó la presentación
de la tutela.
2.4. Los demás sujetos vinculados guardaron silencio.
3. Fallo impugnado
En fallo proferido el 17 de noviembre de 2023, la Sección Primera de esta
Corporación declaró improcedente la solicitud de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional.
Como sustento de la decisión, el fallador de primer grado adujo que la controversia
planteada en la tutela gira alrededor de un asunto de carácter legal y sobre aspectos
que habían sido definidos por el juez natural, sin que se observara «que su actuar
haya sido arbitrario».
En esa línea de pensamiento, resaltó que la discusión sobre la responsabilidad
patrimonial de la aseguradora carecía de «perspectiva constitucional», y que la
conclusión de la sentencia no fue «abiertamente arbitraria» ni desbordó los límites
del principio de la autonomía judicial.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05617-01
Demandante: Emma Soler Huertas y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C
Sentencia de tutela de segunda instancia
4. Impugnación
4.1. La parte actora impugnó la anterior decisión, pero no expuso las razones de su
inconformidad.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Cuestión previa: la sustentación de la impugnación
Como se vio, la parte demandante impugnó la providencia de primera instancia, sin
sustentar los motivos de inconformidad, lo que podría llevar a concluir que no es
procedente estudiar de fondo el asunto, por cuanto se desconocen por completo
los puntos que deberán estudiarse para desatar la controversia planteada.
No obstante, conviene recordar que, en reiteradas oportunidades, esta Corporación
ha sostenido que la falta de sustentación de la impugnación de la sentencia de
tutela no es óbice para abstraerse del conocimiento del asunto en segunda
instancia, máxime si se tiene en cuenta el principio de informalidad que caracteriza
a la acción de tutela como mecanismo de protección de los derechos
fundamentales5.
En ese mismo sentido, la Corte Constitucional ha señalado que una de las
características de la acción de tutela es el principio de informalidad, el cual «cobija
el recurso de impugnación», por lo que se diferencia de la apelación en que está
exenta de las formalidades que a esta se le exigen. De ahí que respecto de la
impugnación únicamente se exija «su presentación oportuna, mas no una carga de
sustentación o argumentación en cabeza del impugnante»6.
Esto dijo el máximo órgano de la jurisdicción constitucional7:
Ninguna norma constitucional ni legal exige que quien impugne sustente la
impugnación. La expresión "debidamente", utilizada por el artículo 32 que se
acaba de citar, debe entenderse referida al término para impugnar, único
requisito de índole formal previsto en el Decreto 2591 de 1991, al lado del
5
Ver, entre otras, las sentencias del 16 de junio de 2016 (expediente No. 2016-00067-01, M.P.
Guillermo Vargas Ayala) y del 1º de agosto de 2016 (expediente No. 2016-00072-01, M.P. Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas), proferidas por las Secciones Primera y Cuarta de esta Corporación,
respectivamente, y el auto A-114 de 2008 de la Corte Constitucional (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
6
Auto 567 de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
7
Sentencia T-459 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
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Demandante: Emma Soler Huertas y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C
Sentencia de tutela de segunda instancia
relativo a la competencia del juez, establecido por la propia Constitución. Este
carácter simple de la impugnación es concordante con la naturaleza preferente
y sumaria (…).
En este orden de ideas, no es posible equiparar la impugnación del fallo de
tutela con los demás recursos consagrados en otras leyes, pues ellos tienen
fines distintos y diferente régimen, menos aún con el objeto de impedir su
ejercicio haciéndole extensivos "por analogía" requisitos expresamente
indicados para los recursos ordinarios o extraordinarios.
Además, acudiendo a la interpretación teleológica de las normas
constitucionales, se halla fácilmente el sentido protector de la acción de tutela,
al igual que su inconfundible orientación hacia el perfeccionamiento material de
los derechos fundamentales, que no se obtiene dentro de una concepción que
rinda culto a las formas procesales, menos aún si ellas no han sido
expresamente consagradas. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de velar por
la prevalencia del derecho sustancial, tan nítidamente definida por el artículo
228 de la Carta Política.
Lo anterior fue reiterado en la sentencia T-538 de 20178, en la que se determinó que
basta con que «el recurrente se limite a expresar que impugna o apela sin
acompañar a esa simple manifestación la expresión de los motivos de
inconformidad con lo decidido en primera instancia». En esas condiciones, «el
operador jurídico debe considerar la solicitud inicial y los demás elementos que
aparezcan en el expediente para basar en ellos su decisión».
Así las cosas, la Sala continuará con el estudio de la impugnación formulada por la
parte actora, en el entendido, apenas natural, que versa sobre los aspectos
desfavorables del fallo de primera instancia.
2. Problema Jurídico
Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el
fallo proferido el 17 de noviembre de 2023 por la Sección Primera del Consejo de
Estado, por medio del cual se declaró improcedente la solicitud de tutela.
Para ello, se examinará si el a quo acertó o no al tener por incumplido el requisito
de relevancia constitucional. De darse una respuesta positiva, habrá de confirmarse
la sentencia. En caso contrario, esto es, de encontrarse satisfecho el referido
presupuesto y de verificarse el cumplimiento de los demás requisitos generales de
procedencia, se estudiará si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, incurrió en los defectos sustantivo y fáctico alegados y si,
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M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Demandante: Emma Soler Huertas y otros
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Sentencia de tutela de segunda instancia
como consecuencia, vulneró los derechos fundamentales reclamados por los
demandantes respecto de la sentencia dictada el 26 de octubre de 2022
—adicionada en providencia del 1º de marzo de 2023—, en el proceso de reparación
directa con radicado 11001-33-36-038-2015-00476-02.
3. Análisis de la Sala
3.1. Del requisito de relevancia constitucional
Esta Subsección se separa de la decisión y del razonamiento del fallo impugnado,
según los cuales la tutela es improcedente porque no cumple con el requisito de
relevancia constitucional. Como se verá, el motivo del disenso se funda en el hecho
de que el juicio realizado en la primera instancia se limitó a cotejar la coincidencia
de los argumentos expuestos en el recurso de apelación con los motivos de la tutela,
para concluir, sin más, que era el mismo debate desatado por el Tribunal dentro de
su margen de autonomía, y que la decisión no fue arbitraria ni vulneró en forma
desproporcionada los derechos de la parte demandante, sin verificar la
razonabilidad de la decisión.
En línea con lo expresado, la Sala constata que, para arribar a esa conclusión, no
se hizo un verdadero estudio en el que se evidenciara con suficiencia que la
interpretación y la decisión del Tribunal atendían a criterios de razonabilidad. De
haberse hecho, rápidamente se habría concluido que los cargos de la solicitud de
tutela ponen en evidencia una potencial vulneración de derechos fundamentales.
A pesar de que esta Subsección coincide con la exposición dogmática en torno al
alcance de la relevancia constitucional, dista de la interpretación y aplicación que se
hizo en el caso concreto, pues, bajo la óptica que el fallo de tutela de primer grado
le imprimió al asunto, nunca existiría un defecto sustantivo derivado de la falta o
incorrecta aplicación de una disposición normativa, e incluso de su indebida
interpretación porque, por regla general, los litigios que desatan los jueces
ordinarios se cimientan y parten de una proposición normativa contenida en una
disposición legal.
De suerte que el juez constitucional debe ser cuidadoso al examinar y aplicar el
presupuesto de relevancia constitucional, para no afirmar, por el hecho de que el
sustrato de la tutela sea una discusión originada en una disposición normativa de
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Demandante: Emma Soler Huertas y otros
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carácter legal, que el asunto carece de trascendencia constitucional. De ser así, se
estaría en riesgo de eliminar la procedencia excepcional de la tutela por defecto
sustantivo.
El juez constitucional tampoco puede limitarse a la constatación de la coincidencia
de los argumentos de la tutela con la cuestión litigiosa planteada en el proceso de
origen, porque la validez de la decisión judicial no puede fundarse en el hecho de
que el juez ordinario ya se pronunció sobre el asunto —aceptándose, incluso,
cualquier razonamiento—, sino en que la decisión y su fundamento sean
constitucionalmente admisibles, desprovistos de capricho o arbitrariedad y, en
consecuencia, correspondan al reflejo de los principios de la autonomía del juez
natural.
En el caso que aquí se examina, si bien el Tribunal abordó grosso modo el motivo
de la apelación sobre la responsabilidad de la aseguradora, no puede perderse de
vista que la demanda de tutela contiene razones serias y contundentes dirigidas a
derruir la razonabilidad e insuficiencia de esa argumentación. El punto del debate
no se agota en una mera inconformidad respecto de la exoneración a la
aseguradora. No. Lo que se alega, fundadamente, es que el Tribunal dejó de aplicar
las normas que regían el asunto y omitió valorar de manera integral y lógica las
pruebas sobre los alcances del contrato de seguro, y que, de haberse hecho tal
análisis, la decisión habría sido totalmente diferente.
Vista esa argumentación, es evidente que el asunto tiene una verdadera
trascendencia constitucional, pues en el fondo existe un riesgo de afectación de los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración y a la
reparación integral.
Los enunciados derechos fundamentales no se agotan en la posibilidad formal de
obtener una respuesta al reclamo judicial por parte de los jueces, porque, a pesar
de que esa es una de sus premisas básicas, comprende otros contenidos mínimos
y rasgos distintivos propios de su núcleo esencial. Así, del derecho al debido
proceso y del acceso a la administración de justicia se desprenden, por ejemplo, las
garantías a obtener una decisión debidamente motivada, en la que se apliquen
todas las reglas que regulen la controversia, que la interpretación sea razonable,
que las pruebas se examinen en forma integral y de manera coherente. Por su parte,
la reparación integral implica que, amén de resarcirse todos los perjuicios sufridos,
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Demandante: Emma Soler Huertas y otros
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la víctima pueda exigir la reparación a todos los que hayan causado el daño y/o a
quienes legal o convencionalmente deben concurrir a su reparación.
Por consiguiente, no se comparte la defensa que el Tribunal esboza en la
contestación de la tutela, en la que afirma que no están en riesgo los derechos
fundamentales de los demandantes, ni siquiera el de la reparación integral porque
obtuvieron una sentencia favorable en la que se declaró la responsabilidad de una
de las demandadas, y que es una «circunstancia incidental» determinar quién debe
pagar la indemnización, porque ello «no redundada en modo alguno en la eficacia
y garantía» de sus derechos. De ninguna manera. Una posición en ese sentido, es
contraria al alcance de los derechos a la reparación integral y a la tutela judicial
efectiva, que, en efecto, corresponden a un debate de trascendencia constitucional.
En definitiva, la tutela tiene relevancia constitucional, porque la parte actora cumplió
con una carga argumentativa en la sustentación de los defectos sustantivo y fáctico
atribuidos a la providencia, en clave de la importancia y los alcances de la acción
directa en materia de seguros como garantía de las víctimas; además, las razones
señaladas dan cuenta de que no se está utilizando este mecanismo de protección
constitucional como una instancia adicional al proceso ordinario, porque, a pesar de
que el Tribunal se refirió al punto de debate, en la tutela se ataca la juridicidad, la
interpretación y la falta de aplicación de la institución de la acción directa de la
víctima como componente del derecho a la reparación integral.
De esta manera, y al tenor de lo reiterado por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-215 de 2022, en este caso, lejos de pretenderse que la tutela se erija en una
instancia adicional al proceso de reparación directa o un medio para resolver
desacuerdos de aspectos meramente legales o económicos, se trata de un asunto
que tiene «la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental» y se justifica en la medida de
una posible «afectación desproporcionada a derechos fundamentales».
Esta circunstancia impone la necesidad de que el juez de tutela emita un
pronunciamiento de fondo para constatar si, en efecto, la decisión enjuiciada fue
dictada sin considerar las normas y pruebas relevantes dentro del litigio que dio
lugar a la providencia objeto de tutela.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05617-01
Demandante: Emma Soler Huertas y otros
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Sentencia de tutela de segunda instancia
3.2. Del cumplimiento de los demás requisitos generales
Por lo demás, también se satisfacen los requisitos adicionales de (i) inmediatez,
porque la tutela fue radicada dentro de un plazo razonable desde la ejecutoria de la
sentencia de segunda instancia9; (ii) de subsidiariedad, porque se agotaron todos
los mecanismos de defensa disponibles en el proceso ordinario y, finalmente, (iii)
no se discute una providencia dictada en un proceso de tutela.
4. Análisis de los defectos sustantivo y fáctico alegados
La parte actora presentó demanda de reparación directa en contra de, entre otras
personas jurídicas, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. (Hospital
de Meissen) y La Previsora S.A. Compañía de Seguros, para que se declarara su
responsabilidad patrimonial y fueran condenadas al pago de los perjuicios
reclamados por el daño causado a la señora Emma Soler Huertas, atribuidos a una
falla en la prestación del servicio médico, específicamente en la intervención
quirúrgica y el postoperatorio.
El Juzgado 38 Administrativo de Bogotá declaró la responsabilidad patrimonial de
la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. (Hospital de Meissen) por la
falla en la prestación del servicio médico-quirúrgico brindado el 16 de julio de 2013
a la señora Emma Soler Huertas, y absolvió a las demás demandadas, incluida La
Previsora S.A.
Respecto de La Previsora S.A., el juez ordinario dijo que (transcripción textual): «la
compañía demandada no tuvo injerencia alguna en la generación del daño
antijurídico pues su objeto social como persona jurídica de derecho mercantil es
asegurar el riesgo de sus asegurados empero, lo que dista profusamente de
ejecutar labores médicas, se infiere sin lugar a dudas que la PREVISORA S.A.
COMPAÑÍA DE SEGUROS no es responsable de la lesión del uréter y extracción
del riñón derecho de EMMA SOLER HUERTAS».
9
La providencia objeto de tutela fue proferida el 26 de octubre de 2022 y notificada el 26 de enero
de 2023. En escrito del 30 de enero siguiente, los demandantes solicitaron aclaración de la sentencia.
El Tribunal «adicionó» la sentencia, en providencia del 1º de marzo de 2023, notificada el 27 de
marzo siguiente.
Por su parte la tutela fue presentada el 27 de septiembre de 2023, es decir, dentro de los 6 meses a
la ejecutoria de la sentencia, debido a la adición de la misma.
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Demandante: Emma Soler Huertas y otros
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Sentencia de tutela de segunda instancia
En relación con ese argumento del fallo proferido por el Juzgado 38 Administrativo
de Bogotá, en el recurso de apelación la parte actora sostuvo que el juez ignoró
que:
[L]a propia aseguradora dentro de la contestación de la demanda afirmó
que el medio de control impetrado por los actores se desplegó en contra
de la propia aseguradora en ejercicio de la acción directa, no existiendo
duda que, dentro de la normativa colombiana, la consagración de la
acción directa en contra de las aseguradoras constituyente un
mecanismo práctico y garantista, que les facilita a las víctimas de
eventos constitutivos de responsabilidad civil un acceso menos
tortuoso a la realización del derecho a la reparación integral».
(Resaltado de la Sala)
Asimismo, adujo que «la posible víctima tiene la potestad de escoger si demanda al
asegurado o a la compañía aseguradora, sin que sea necesario que se dirija en un
sólo proceso en contra de estos de forma conjunta» (sic).
Agregó que, de conformidad con la póliza aportada y a partir de la relación
contractual que surge entre el hospital demandado y la aseguradora, esta «debe
responder como demandada directa respecto de actos ejecutados por su
asegurada».
Por último, afirmó que con el argumento del Juzgado:
[S]ería imposible para las víctimas, bien sea por accidentes de tránsito, por mal
estado de las vías, por muerte de un asegurado o por cualquier motivo,
demandar directamente a la compañía de seguros, ya que según lo
manifestado en la providencia apelada, si la aseguradora no tiene dentro de
sus actividades las que ocasionan el daño, esto es, servicio médico-quirúrgico,
mantenimiento de vías, no estaría llamada a responder en ninguna oportunidad
como demandada directa(…) lo que resulta a todas luces absurdo y contrario a
la normatividad antes citada.
La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, tras coincidir con el argumento del juez de primer grado, despachó
desfavorablemente el cargo propuesto por la parte actora. Para ello, señaló que la
aseguradora no es responsable de reparar los daños causados por su asegurada
como parte demandada, debido a que su objeto social no tiene relación con labores
médico asistenciales. Así se dijo en la providencia objeto de tutela:
La Sala, concuerda con el A-quo, respecto de que el daño padecido por los
demandantes se deriva de una actuación médico-quirúrgica, por lo que la
compañía demandada no tuvo injerencia alguna en la generación del daño
12
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05617-01
Demandante: Emma Soler Huertas y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C
Sentencia de tutela de segunda instancia
antijurídico pues su objeto social como persona jurídica de derecho mercantil
es asegurar el riesgo de sus asegurados, lo que dista de ejecutar labores
médicas, por lo que negó las suplicas de la demanda respecto de aquella.
Si bien es cierto, la demandada celebró la póliza de Responsabilidad Civil
Extracontractual No. 1005711, con el HOSPITAL DE MEISSEN II NIVEL
E.S.E., cuya vigencia comprende la época de litigio, no es menos cierto que tal
relación contractual no implica que la PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE
SEGUROS deba responder como demandada respecto de actos ejecutados
por su asegurada.
Bajo ese entendimiento, la Sala considera que le asiste razón a la parte demandante
al confutar la sentencia del Tribunal, puesto que, evidentemente, contiene una
interpretación que no cumple los requisitos de razonabilidad, en la medida en que
dejó de aplicar de manera integral las reglas que regían el asunto y omitió valorar
las pruebas de la relación contractual entre el Hospital condenado y su aseguradora,
para determinar el alcance del contrato de seguro de cara al ejercicio de la acción
directa, a partir no sólo de las normas comerciales, sino de las condiciones del
negocio aseguraticio.
Para arribar a esta conclusión, basta con revisar el artículo 1133 del Código de
Comercio y advertir con claridad meridiana la consagración de la acción directa de
la víctima contra el asegurador:
ARTÍCULO 1133. <ACCIÓN DIRECTA CONTRA EL
ASEGURADOR>. <Artículo subrogado por el artículo 87 de la Ley 45 de 1990.
El nuevo texto es el siguiente:> En el seguro de responsabilidad civil los
damnificados tienen acción directa contra el asegurador. Para acreditar su
derecho ante el asegurador de acuerdo con al artículo 1077, la víctima en
ejercicio de la acción directa podrá en un solo proceso demostrar la
responsabilidad del asegurado y demandar la indemnización del asegurador.
Aún más, el artículo 1127 ejusdem, al definir el seguro de responsabilidad civil,
impone al asegurador el deber de resarcir a la víctima los perjuicios que le cause el
asegurado:
ARTÍCULO 1127. <DEFINICIÓN DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD>. <Artículo subrogado por el artículo 84 de la Ley 45 de
1990. El nuevo texto es el siguiente:> El seguro de responsabilidad impone a
cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales
que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que
incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento de la
víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la
indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al
asegurado.
Son asegurables la responsabilidad contractual y la extracontractual, al igual
que la culpa grave, con la restricción indicada en el artículo 1055.
13
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05617-01
Demandante: Emma Soler Huertas y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C
Sentencia de tutela de segunda instancia
La posición del Tribunal, en lugar de intentar un juicio de corrección sobre la
providencia apelada o prohijar una respuesta jurídicamente aceptable, desdice y
priva de sus efectos el contenido de los artículos 1127 y 1133 del Código de
Comercio, por cuanto, a pesar de la contundencia de los argumentos expuestos por
la parte demandante en el escrito de apelación, afirma que la víctima no podía
demandar a la aseguradora, o mejor, que esta no tiene el deber de reparar los
perjuicios causados por su asegurado a instancia de los afectados, porque su objeto
social no tiene relación con la causa del daño. Todo ello sin anteponer ninguna razón
jurídica suficiente que le permitiera justificar la invalidación del ejercicio de la acción
directa.
El aserto del Tribunal se aparta de la institución del seguro de responsabilidad civil
y del alcance que se le dio desde el año 1990 (Ley 45), pues desde ese momento
se autorizó al afectado para que, sin ser parte de esa relación negocial, pudiera
hacer valer los efectos del contrato de seguro como garantía del derecho a la
reparación por los perjuicios causados. Dicho de otro modo, desde hace más de 30
años, quien se adjudica la calidad de víctima tiene la posibilidad de pretender
judicialmente el resarcimiento del daño respecto de quien lo causó y de su
asegurador, desde luego cuando medie un amparo de dichos daños. Para ese
ejercicio, el afectado no está supeditado a que entre las partes del contrato de
seguro se eleven pretensiones autónomas, revérsicas, o se haga uso del
llamamiento en garantía. Perfectamente, pueden concurrir las pretensiones de la
víctima contra la aseguradora —y el asegurado, si así lo quiere— con las del
asegurado en contra de la compañía de seguros.
La acción directa parte de una clara excepción al principio de relatividad de los
contratos, para facilitar al tercero (víctima) participar de los efectos o hacer valer y
discutir judicialmente las estipulaciones de ese negocio en favor de su
indemnización, pese a no ser un extremo de ese vínculo obligacional.
Sobre la evolución del alcance del seguro de responsabilidad civil y de la acción
directa, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha señalado:
El artículo 1127, en la redacción original del Código de Comercio definía el
seguro de responsabilidad como aquél que «impone a cargo del asegurador la
obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que sufra el asegurado
con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la
ley. Son asegurables la responsabilidad contractual y la extracontractual, con
la restricción indicada en el Artículo 1055» (subrayado propio).
14
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05617-01
Demandante: Emma Soler Huertas y otros
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Sentencia de tutela de segunda instancia
A la prestación a cargo de la compañía aseguradora se le asignó, entonces, la
función señalada por la doctrina de «liberación del patrimonio del asegurado de
las obligaciones impuestas por la satisfacción, reconocimiento o fijación de las
pretensiones de los terceros».10
De ahí que el artículo 1133 ídem estableciera que el seguro de responsabilidad
civil no era «un seguro a favor de terceros» y que el damnificado carecía de
«acción directa contra el asegurador».
Bajo su concepción original, el fin primordial de ese convenio radicaba en la
indemnización al asegurado de los eventuales perjuicios derivados de sus
actuaciones. El móvil de éste para contratar no era otro que el de evitar las
pérdidas económicas que llegara a sufrir en caso de resultar responsable
civilmente ante otras personas, y se viera conminado a efectuar erogaciones a
favor de éstas a fin de resarcir los daños que les hubiera causado.
Posteriormente, la Ley 45 de 1990 a través de la cual se regularon las
actividades de intermediación financiera y aseguradora, introdujo reformas
importantes a esta modalidad de seguro, en virtud de las cuales se aceptó el
amparo de la culpa grave sin extenderla a los actos dolosos del asegurado;
fueron modificadas las normas de prescripción; se admitió la posibilidad de
cubrir en exceso el valor de costos del proceso que se promoviera contra el
asegurado; fue variado el momento de configuración del siniestro, y lo que más
interesa en la resolución de este asunto, a su originaria función de protección
del patrimonio del asegurado, se adicionó la de resarcimiento de la víctima,
a quien le dio acción directa contra el asegurador.
(…)
De la comparación entre la redacción original de la norma y la introducida con
la Ley 45 de 1990, se concluye que el legislador reemplazó el verbo ‘sufrir’ por
‘causar’, de modo que si antes preceptuaba que el seguro de responsabilidad
«impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios
patrimoniales que sufra el asegurado» con motivo de la responsabilidad en la
que incurra; ahora establece que dicho contrato «impone a cargo del
asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause
el asegurado» con ocasión de esa responsabilidad.
Sin embargo, tal modificación no tuvo un propósito distinto al de
garantizarle a la víctima el pago de los daños que le fueron irrogados, y
por eso en virtud de la reforma, ella pasa a ser beneficiaria de la
indemnización y titular de un mecanismo directo para obtener el
resarcimiento.
(…)
Luego, es necesario memorar que a la vez que el seguro de
responsabilidad civil protege a la víctima en su condición de acreedor de
la obligación de indemnizar que eventualmente puede surgir a cargo del
asegurado, también resguarda la integridad del patrimonio de este último11.
(Resaltados de la Sala)
Vale destacar que, en un caso en el que los demandantes no ejercieron la acción
directa contra la aseguradora, pero esta fue llamada en garantía por la asegurada
(demandada), la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia precisó
10
Cita Original de la providencia: HALPERIN, Isaac. Contrato de Seguro. Buenos Aires: Ediciones
Depalma, 1966, p. 42.
11
Sentencia del 12 de diciembre de 2017, SC20950-2017, M.P. Ariel Salazar Ramírez.
15
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05617-01
Demandante: Emma Soler Huertas y otros
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Sentencia de tutela de segunda instancia
que, en principio, en la sentencia no podía ordenarse el pago de la aseguradora a
las víctimas porque no ejercieron la acción directa:
Ahora, en razón de la lógica imperante y de la técnica del fallo, cabe adicionar
que el reembolso dispuesto a cargo de las llamadas en garantía, se efectuará
a la citante y condenada a indemnizar, más no directamente de aquéllas a los
promotores del litigio, a menos que entre tales intervinientes procesales
decidan algo distinto.
Lo primero, porque las relaciones jurídicas entre los accionantes y la
demandada, son distintas a las de aquéllos y la llamada en garantía, pues entre
tales participantes no existe nexo que permita ordenar el pago per saltum, es
decir, de dichas aseguradoras a los iniciadores del proceso, como sí lo hay
entre la convocada y su llamada en garantía, solo que por economía procesal
es admisible la pretensión de regreso de aquella a ésta.
No obstante, el promotor del juicio, también es autorizado por el artículo 1133
del Estatuto Mercantil para ejercer la «acción directa contra el asegurador»,
facultad no desplegada en este asunto12.
Esa misma Corporación ha resaltado —como se deduce fácilmente de las
disposiciones de carácter sustantivo y procesal13 señaladas— la posibilidad que
tienen las aseguradoras de concurrir en doble calidad: demandadas directas por la
víctima o llamadas en garantía por el asegurado demandado:
Sin duda, en materias de este talante, una cosa es la actuación de una parte
como llamada en garantía y otra, en calidad de demandada, con funciones y
atributos personales diferentes; empero, no puede desconocerse que la
actora llamó a juicio a la afianzadora como parte demandada por la ley
material aseguraticia que legitima a la víctima para formular acción directa
contra una aseguradora, cuando esta cauciona riesgos de asegurados que
ejecutan actividades como el transporte, circunstancia que permitía a la actora
impugnar decisiones que afectan su reclamación reparativa causada por el
daño14. (Énfasis de la Sala)
12
Sentencia del 29 de diciembre de 2016, SC1596-2016, M.P. Luis Alonso Rico Puerta.
13
El artículo 225 de la Ley 1437 de 2011 dispone:
ARTÍCULO 225. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA. Quien afirme tener derecho legal o contractual
de exigir a un tercero la reparación integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o
parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de
aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.
(…)
En el mismo sentido puede verse el artículo 64 de la Ley 1564 de 2012:
ARTÍCULO 64. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA. Quien afirme tener derecho legal o contractual a
exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago
que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se
le promueva, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por evicción,
podrá pedir, en la demanda o dentro del término para contestarla, que en el mismo proceso se
resuelva sobre tal relación.
14
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 20 de febrero de 2020, STC1726-
2020, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.
16
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05617-01
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Finalmente, conviene considerar otra sentencia de tutela en la que dicho Tribunal
ahondó sobre la relación de la acción directa y la garantía del derecho a la
indemnización de quien sufre el daño, así como sobre la doble concurrencia de la
que puede participar una aseguradora:
El alcance de la indemnización integral al patrimonio de quien ha padecido un
daño, a su vez, se desarrolla en el artículo 1127 del Código de Comercio15, en
concordancia con el art. 1133 ejúsdem, plexo normativo que faculta a la
persona ajena al contrato de seguro, para exigir por vía de acción directa del
asegurador, el pago de la indemnización respectiva, causada a sus intereses
por el actuar perjudicial del asegurado. Por supuesto, que ese asegurador
también puede ser convocado por vía del llamamiento en garantía, cuando la
acción la formula la parte perjudicada contra el causante del daño que ha
asegurado el eventual siniestro.
(…)
En tal sentido, se insiste, en el contrato de seguro por responsabilidad aquiliana
o contractual, la prerrogativa del beneficiario para reclamar de manera directa
al asegurador el resarcimiento integral del menoscabo sufrido a su patrimonio
por causa u omisión del asegurado, procede de la Ley más no de la convención.
La obligación del agente dañoso surge de la ley, por causa de su
comportamiento antijurídico, mientras que la del asegurador emerge de un
acuerdo de voluntades y, en ese sentido, lo convenido entre ellos los ata, pero
sin repercutir en el interés resarcible del beneficiario o tercero extraño al
negocio, porque su derecho a ser indemnizado integralmente en su patrimonio,
proviene de la Ley16.
La doctrina también ha discurrido sobre este tema, al afirmar que:
Cuando hay un seguro de responsabilidad civil, la víctima, en virtud de lo
dispuesto en los artículos 1127 y siguientes del Código de Comercio, tiene a su
disposición una acción directa contra la compañía aseguradora y una acción
indemnizatoria contra el asegurado responsable. Si la víctima demanda al
asegurado este podrá a su turno llamar en garantía a la compañía aseguradora,
la que a su turno puede llamar en garantía a los coautores responsables del
siniestro17.
Así pues, no cabe duda de que la afirmación llana del Tribunal, consistente en que
la aseguradora no puede responder como demandada por los daños causados por
su asegurado, debido a que los actos que causan el daño no hacen parte de su
15
Cita original de la providencia: “(…) Artículo 1127. Definición de Seguro de Responsabilidad. El
seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios
patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra
de acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se
constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le
reconozcan al asegurado (…). Son asegurables la responsabilidad contractual y la extracontractual,
al igual que la culpa grave, con la restricción indicada en el artículo 1055 (…)” (se destaca).
16
Sentencia del 1º de junio de 2020, STC3552-2020, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.
17
Tamayo Jaramillo, Javier. Trato de Responsabilidad Civil, Tomo II, pág. 318, Legis Editores,
segunda edición corregida y aumentada. Cuarta reimpresión, 2009.
17
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05617-01
Demandante: Emma Soler Huertas y otros
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objeto social, es abiertamente contraria a los postulados de los artículos 1127 y
1133 del Código de Comercio, disposiciones que fueron reformadas por la Ley 45
de 1990, precisamente para permitir que la víctima pudiera demandar al asegurador,
por el hecho del asegurado y no porque la asegurada tenga a su cargo la ejecución
de actividades relacionadas con el hecho dañoso o que configuren un siniestro. La
autoridad judicial accionada inaplicó la reforma en comento y enarboló una teoría
en la que no existe la acción directa de la víctima contra la aseguradora, sin una
justificación razonable de tal conclusión.
En suma, la sentencia enjuiciada incurre en los defectos sustantivo y fáctico
atribuidos, dado que dejó de considerar las normas sobre las acciones derivadas
del seguro de responsabilidad civil, concretamente, la acción directa de la víctima,
y porque interpretó aislada y fraccionadamente los elementos probatorios
relevantes aportados con la demanda y recaudados en el trámite del proceso, para
hacer una inferencia contra legem y contraria a los medios de prueba: la póliza como
prueba del contrato de seguro y las condiciones generales que se integran a ella.
Esas falencias tuvieron una incidencia trascendental en el sentido de la decisión,
pues, de haber examinado dichos elementos, la determinación habría sido
diametralmente opuesta.
La Sala no desconoce que el Tribunal hizo alusión expresa a la póliza y al contrato
de seguros, así como a los efectos de este en relación con el hecho dañoso; sin
embargo, la conclusión fue irrazonable, porque la providencia «acude a una
motivación que contradice, de manera manifiesta, el régimen jurídico que debe
aplicar18», al punto que está desprovista de una suficiente y adecuada motivación
«ante la ausencia de sustento argumentativo o la irrelevancia de las
consideraciones aplicadas para dirimir la controversia19», pese a que en el recurso
de apelación se hizo expresa alusión a la figura de la acción directa y a su finalidad.
Ahora bien, esta Sala ha insistido en que el operador judicial cuenta con un margen
de independencia que le permite interpretar con autonomía el ordenamiento jurídico,
no obstante, en este caso, las razones expuestas en la providencia censurada se
apartaron injustificada e inmotivadamente de las disposiciones normativas
pertinentes, así como del examen de las pruebas sobre la existencia del contrato de
18
Corte Constitucional, sentencia T-028 de 2023, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
19
Ibidem.
18
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seguros, respecto del cual, incluso, el mismo Tribunal afirmó que se encontraba
vigente para el momento de la reclamación.
Dicho de otro modo, para la Sala es claro que, en el ejercicio de selección e
intelección de las disposiciones normativas, los funcionarios judiciales gozan de
autonomía e independencia para determinar el alcance de las normas en la
resolución o estudio de los casos sometidos a su consideración, tanto así que
pueden coexistir diversas interpretaciones, sin que necesariamente el juez
constitucional deba privilegiar alguna de ellas. Por regla general, le está vedado al
juez de tutela imponer un criterio único o específico, o realizar juicios de corrección
propios del superior funcional.
Ello no significa que las garantías de la actividad judicial son un aval para privilegiar
cualquier tipo de interpretación o de solución al caso. De hecho, el defecto
sustantivo se configura, entre otros supuestos, cuando el juzgador se separa del
marco normativo que rige el asunto o le da un alcance errado a la disposición
normativa que regula el caso, es decir, el operador judicial le asigna un sentido que
no le corresponde o que no se aviene a una lectura constitucional. Allí es necesaria
la labor e intervención del juez de tutela para conjurar el desatino hermenéutico si
ha rebasado los límites de la razonabilidad o si resulta contrario a los derechos
fundamentales.
Como se ha insistido, la lectura del Tribunal vulnera no sólo los derechos al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, sino la garantía de la reparación
integral, punto sobre el cual la doctrina ha reiterado en la misma línea de la Corte
Suprema de Justicia, que se robustece con la consagración de la acción directa:
La modificación introducida por la Ley 45 de 1990 responde a la
preocupación estatal por crear estructuras que permitan la reparación
integral del daño y otorgar al seguro de responsabilidad una función dual:
proteger el patrimonio del responsable y aumentar la posibilidad de que la
víctima sea efectivamente indemnizada20.
Consecuentemente, cuando el asegurado incurra en responsabilidad civil, la
víctima podrá pretender tanto de este como de la compañía de seguros el pago
de la indemnización [y] que le repare[n] los perjuicios sufridos21.
20
Cita original del texto: En este mismo sentido se ha expresado Juan Manuel Díaz-Granados, “El
seguro de responsabilidad 20 años después de la expedición de la Ley 45 de 1990: balance y
expectativas”, en: Responsabilidad civil, derecho de seguros y filosofía del derecho: Homenaje al
profesor Javier Tamayo Jaramillo, Medellín, 2011. Vol. II, p.978.
21
Vásquez Vesga, Daniel. Los seguros de responsabilidad civil en el derecho colombiano. En Gaviria
Cardona, Alejandro (editor), Estudios de responsabilidad civil, Tomo I, págs. 518-519, Editorial Eafit,
2020.
19
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05617-01
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Las prerrogativas de la víctima pudieron desentrañarse tanto de las disposiciones
normativas que rigen el seguro de responsabilidad civil como de las pruebas
aportadas, concretamente de la póliza 1005711, que da cuenta del contrato de
seguro y de sus condiciones generales. De ahí que, si bien el escenario de la
valoración probatoria es uno de aquellos en los que con mayor claridad se refleja la
autonomía e independencia del juez, debido a que el legislador le da la facultad de
formar su propio criterio de los hechos a partir de los diferentes elementos de
confirmación procesal, esa libertad tampoco es absoluta o ilimitada, pues está
guiada y contenida en el principio de la sana crítica y en del deber de valorar
integralmente todas las pruebas relevantes para la decisión.
Con otras palabras, aunque nuestro ordenamiento jurídico en materia de valoración
probatoria se gobierna por el principio de la sana crítica, actividad en la cual el
fallador es libre de formarse su convencimiento sobre la verificación de los
enunciados fácticos, a partir de un análisis conjunto e integral de los elementos
probatorios, pero sujeta a las reglas de la lógica y de la experiencia, y no a una
convicción arbitraria, caprichosa o al margen de lo que revelen los medios de
prueba. Esa tarea se logra cuando se motiva la decisión de manera racional con las
pruebas que obran en el proceso e incluso a partir de las deficiencias que en esa
carga procesal de las partes advierta el sentenciador.
En este caso, la Sala encuentra que la valoración de las pruebas por el Tribunal se
hizo de manera fragmentada, porque valoró la póliza con los efectos exclusivos
entre aseguradora y asegurado, en lugar de darle el alcance respecto a los amparos
que también pueden exigirse como consecuencia del ejercicio de la acción directa
de la víctima. Ello, sin perjuicio del análisis que podía hacer del riesgo asegurable,
y las cuales de exclusión o alguna circunstancia que torne inoperante el contrato de
seguros.
Nótese que no solamente con la demanda de reparación directa, sino con la
contestación que hizo La Previsora S.A., se aportó la póliza 1005711 relativa al
seguro de responsabilidad civil, en la que se amparaba en favor del Hospital
Meissen la responsabilidad civil profesional médica, en los términos de las
definiciones y condiciones generales. En ella se observa con claridad, entre otros,
el amparo de la «[r]esponsabilidad civil profesional: imputable al asegurado como
consecuencia de las acciones y omisiones cometidas por el personal médicos, que
estén al servicio o bajo la supervisión del asegurado».
20
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05617-01
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La omisión del Tribunal en el alcance del amparo de la póliza a la luz de las acciones
judiciales que el legislador otorga a los afectados desconoció y puso en riesgo el
derecho que tiene la víctima de exigir tanto al responsable como a los obligados por
convención a resarcir el daño, con lo cual afectó el derecho a la reparación integral
de las víctimas, al no pronunciarse de fondo sobre el deber de la aseguradora de
pagar los perjuicios causados por su asegurado.
Una lectura en sentido contrario, se insiste, priva de todo sentido los fines del
contrato de seguro de responsabilidad civil, a partir de la finalidad de la Ley 45 de
1990, la que en favor de las víctimas introdujo de manera autónoma la pretensión
del afectado contra ese tercero, sin que necesaria o exclusivamente el asunto esté
limitado al llamamiento en garantía entre las partes del contrato de seguros o de
acciones de debatibles por vías judiciales distintas, como lo entendió el Tribunal, a
pesar de la claridad de los mandatos legales.
Por todo lo anterior, la Sala revocará la decisión impugnada y, en su lugar, amparará
los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la reparación integral de los demandantes. Como consecuencia, dejará
sin efectos la sentencia proferida el 26 de octubre de 2022 —adicionada mediante
providencia del 1º de marzo de 2023— por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, con el fin de que, en el término de
treinta (30) días, contado a partir de la notificación de la presente providencia,
profiera una nueva decisión en la que se decida de fondo si La Previsora S.A.
Compañía de Seguros está en el deber de responder por los perjuicios que ya fueron
acreditados a cargo del asegurado, de conformidad con los alcances de la acción
directa regulada armónicamente en los artículos 1127 y 1133 del Código de
Comercio, y con la valoración de la póliza 1005711, que da cuenta del contrato de
seguro y de sus condiciones generales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Revocar la sentencia del 17 de noviembre de 2023, proferida por la
Sección Primera de esta Corporación y, en su lugar, amparar los derechos
21
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05617-01
Demandante: Emma Soler Huertas y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C
Sentencia de tutela de segunda instancia
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y de
reparación integral de los señores Emma, Miguel Ángel, Desideria, Luis Hernando,
Juan Eliseo, Francisco, Flor del Carmen, Brígida, Martha Cecilia, Leonor y Ana
María Soler Huertas, José Egidio Naranjo Rodríguez, Mauricio Naranjo Soler y José
Leonardo Cuervo Soler, de acuerdo con lo aquí razonado. Como consecuencia:
SEGUNDO. Dejar sin efectos la sentencia proferida el 26 de octubre de 2023
—adicionada en providencia del 1º de marzo de 2023— por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, autoridad judicial
que, en el término de treinta (30) días, contado a partir de la notificación de la
presente providencia, deberá proferir una decisión de reemplazo en la que se tenga
en cuenta lo señalado en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.
CUARTO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento de voto
VF
Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la
derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
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