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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-07475-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07475-01

Fecha
13 de junio de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-07475-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 19 de febrero de 2024, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes esta providencia por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-07475-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

13 de junio de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07475-01
Accionante: Javier Ricardo Castiblanco González

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07475-01
Accionante: Javier Ricardo Castiblanco González
Accionado: Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca

Tema: No cumple el requisito de relevancia constitucional la acción
de tutela que pretende reabrir un debate surtido ante el
juez natural

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra de la
sentencia de tutela de 19 de febrero de 2024 proferida por la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la
solicitud de amparo.

I. LA SOLICITUD

El señor Javier Ricardo Castiblanco, a través de apoderado judicial, promovió
acción de tutela en contra de la Subsección E de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca con ocasión de la sentencia de 13
de octubre de 2023, para ello formuló las siguientes pretensiones:

«Primera: Se conceda, la tutela interpuesta, con el fin de proteger los
derechos constitucionales fundamentales, denominados: derecho a la
igualdad, derecho al debido proceso, cosa juzgada, inmutabilidad de las
sentencias, principios constitucionales de artículo 53 de la Carta Política,
en especial la igualdad de oportunidades a los trabajadores,
remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad
de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos
inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de
duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del
derecho; así como el derecho de acceso a la administración de justicia
conforme al artículo 229 de la Constitución Política.

Segunda: Que el Consejo de Estado, disponga DEJAR SIN EFECTOS la
sentencia de reemplazo de segunda instancia proferida por la Subsección
E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
proferida el 13 de octubre de 2023 y notificada electrónicamente a las

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-07475-01
Accionante: Javier Ricardo Castiblanco González

partes el 13 de octubre de 2023 dentro del expediente 11001-33-42-
054-2017-00423-01, proceso ejecutivo laboral siendo demandante
Javier Ricardo Castiblanco González y demandado Distrito Capital –
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá,
respecto a la cual la parte actora radicó solicitud de adición, aclaración y
corrección el 19 de octubre de 2023, la cual fue negada mediante
providencia proferida el 17 de noviembre de 2023 y notificada el 17 de
noviembre de 2023, por tanto se solicita a la Sala accionada proferir una
nueva sentencia conforme a lo consagrado en el literal e) del artículo 36
del Decreto Ley 1042 de 1978, respecto a los días compensatorios por
exceso de horas extras, que fueron reconocidas por el Juzgado 712 (sic)
Administrativo de Descongestión de Bogotá el 29 de junio de 2012 […]».

II. SITUACIÓN FÁCTICA

El señor Javier Ricardo Castiblanco González formuló demanda ejecutiva
contra el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para obtener el pago de la
condena contenida en la sentencia de 29 de junio de 2012 proferida por el
Juzgado 12 Administrativo de Descongestión de Bogotá, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación nro. 11001-33-31-
030-2010-00431.

El proceso ejecutivo fue identificado con el radicado nro. 11001-33-42-054-
2017-00423-00 y correspondió al Juzgado 54 Administrativo de Bogotá, que
mediante sentencia de 22 de agosto de 2019 declaró no probada la
excepción de pago, ordenó seguir adelante con la ejecución y que se
practicara la liquidación del crédito. La decisión fue apelada por la parte
demandada.

La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca mediante sentencia de 5 de julio de 2022 desató el recurso
de apelación en el sentido de modificar la liquidación del crédito.

El señor Javier Ricardo Castiblanco González presentó acción de tutela en
contra de la decisión de 5 de julio de 2022, indicó en su sustento que, el
Tribunal para liquidar el tiempo compensatorio por horas extra utilizó la
sentencia de unificación del 12 de febrero de 2015 del Consejo de Estado
que se profirió con posterioridad a la que sirvió de título ejecutivo, por lo
que no resultaba aplicable.

La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado a través de
sentencia de 24 de abril de 2023 declaró improcedente la solicitud de
amparo. La decisión fue impugnada.

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante
sentencia de 7 de diciembre de 2023 revocó la decisión de primera instancia
y, en su lugar, amparó los derechos fundamentales del accionante, en
consecuencia, dejó sin efecto el fallo de 5 de julio de 2022 y ordenó al

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Accionante: Javier Ricardo Castiblanco González

Tribunal que dictara una decisión de reemplazo teniendo en cuenta los
parámetros señalados en la sentencia que sirvió de título ejecutivo.

El 13 de octubre de 2023, la Subsección E de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió fallo de reemplazo por el
cual modificó la sentencia de primera instancia y ordenó seguir adelante la
ejecución, pues la demandada no dio cabal cumplimiento a la sentencia base
de ejecución. Sostuvo que no liquidó las diferencias salariales por concepto
de horas extras, recargos nocturnos y recargos dominicales a favor del
ejecutante ni pagó los intereses moratorios, pues estimó que no había lugar
a reconocer los días compensatorios por exceso de horas extras en los
términos previstos en el literal e) del artículo 36 del Decreto Ley 1042 de
1978, en atención que al ejecutante le fueron reconocidos los descansos
remunerados en un mayor número al que le correspondía.

El señor Javier Ricardo Castiblanco González, a través de apoderado judicial,
presentó acción de tutela en contra de la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con ocasión de la
providencia de 13 de octubre de 2023, al considerar que la autoridad
accionada desconoció la norma legal aplicable al caso concreto, esto es, el
literal e) del artículo 36 del Decreto Ley 1042 de 1978, asimismo las
sentencias de tutela dictadas en casos similares, de 10 de junio de 2021,
radicado nro. 11001-03-15-000-2021-01379-00, y de 9 de septiembre de
2021, radicado nro. 11001-03- 15-000-2021-05248-00, ambas proferidas
por el Consejo de Estado.

Adujo que, la sentencia acusada y el auto 17 de noviembre de 2023
(resuelve solicitud de adición, corrección y aclaración), «niegan el
reconocimiento de los días compensatorios por exceso de horas extras,
concedidos de manera taxativa en la sentencia título ejecutivo, dando una
errónea interpretación a la certificación laboral expedida por la entidad
ejecutada, donde aparecen los totales de las horas extras laboradas
mensualmente, para descontar por parte del Tribunal presuntos descansos
remunerados que no existen».

Señaló que, «existe grave contradicción entre las tablas de los folios 18 y
19 donde se liquidan horas extras diurnas, recargos del 35, 200 y 235% se
tiene como periodo de liquidación noviembre de 2006 hasta abril de 2013,
pero en las tablas visibles a folios 31 y 32 el periodo de liquidación para
compensatorios solamente se realiza entre noviembre de 2006 y hasta
febrero de 2013, agravada la incongruencia, donde para los meses de marzo
de 2007 en la tabla de folios 18 y 19 no se cancelan horas extras diurnas,
pero en las tablas de folios 31 y 32 se resultan descontando 50 horas extras
y 22 horas extras no laboradas o sea se perjudica al acto con -9 días o sea
72 horas en contra el mismo».

Sostuvo que, «a folios 31 y 32 de la sentencia de reemplazo aparece un
cuadro donde totalizan 840.875 días a compensar por exceso de horas

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extras, partiendo de un análisis fuera de contexto de la certificación laboral
remitida por el Subdirector de Gestión Humana de la entidad ejecutada de
27 de septiembre de 2023 en dos folios útiles y del memorial de la parte
actora descorriendo traslado el 29 de septiembre de 2023, en 5 folios, donde
se explica que no existen descansos remunerados sino descansos ordinarios,
ya que en la providencia e reemplazo se omite analizar la realidad procesas
en su verdadero fondo, para resultar descontando 1.150 días de descansos
remunerados que revisando planillas de turnos y desprendibles de pagos no
aparecen acreditados, contrario a lo analizado por la Sala accionada como
se explicó puntualmente en la solicitud de adición, aclaración y corrección
de sentencia en sus numerales 3, 5, 6, 7, 10 a 21 por ende se revoca de
plano el reconocimiento de los descansos compensatorios por exceso de
horas extras, ordenados taxativamente en la sentencia de primera instancia
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de fecha 29 de junio
de 2012, desconociendo el debido proceso, la cosa juzgada y el principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que no son reformables ni
modificables por el operador judicial que las profirió en su debida
oportunidad».

III. TRÁMITE DE LA TUTELA

3.1. Mediante auto de 18 de diciembre de 2023, el Despacho sustanciador
de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la
acción de tutela, ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y vinculó
al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, en calidad de tercero interesado,
para que rindieran informe sobre los hechos de la acción; asimismo, ordenó
al Juzgado 54 Administrativo de Bogotá que remitiera copia del expediente
con radicación nro. 11001-33-42-054-2017-00423-01.

3.2. Dentro del término concedido, el magistrado del Tribunal accionado
presentó su informe, en el que manifestó oponerse al amparo, de acuerdo
con lo siguiente:

Adujo que la solicitud era improcedente, pues el accionante pretendía reabrir
un debate legal que ya fue resuelto en el proceso ejecutivo. Advirtió que la
petición en realidad era una mera inconformidad de la parte actora con la
forma en cómo el Tribunal liquidó el recaudo, ya que pretende que por
concepto de exceso de horas extras se le reconozca una suma de dinero, a
pesar de que ese aspecto se decidió en el fallo en reemplazo de manera
razonable.

Advirtió que en la sentencia controvertida se señaló que no había lugar a
reconocer los compensatorios por exceso de horas extras en los términos
previstos en el literal e) del artículo 36 del Decreto ley 1042 de 1978, en
atención a que al demandante le fueron reconocidos los descansos
remunerados en un mayor número de días a los que le correspondían.
Estimó que el asunto carece de relevancia constitucional, pues el accionante

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ejerció (aún con abuso del derecho) todos los mecanismos judiciales que
tenía a su disposición, los cuales fueron resueltos de manera oportuna.

3.3. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, a través de apoderado
judicial, pidió que se declarara improcedente de la acción, pues estimó que
no existía una vulneración a las garantías constitucionales alegadas.

Advirtió que el fallo reprochado no ha generado un daño grave ni inminente
al solicitante ni tampoco se encuentra demostrado un perjuicio irremediable
que hiciera procedente el amparo. Además, señaló que el fallo reprochado
fue precedido de un análisis procesal razonable que da estricto cumplimiento
a un fallo de tutela. Por último, estimó que en este caso no se cumple con
el requisito de subsidiariedad, toda vez que contra la providencia reprochada
procedía el recurso extraordinario de revisión, de manera que es posible
inferir que lo que la parte accionante pretende es revivir los términos
procesales para una acción ejecutiva.

IV. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante
sentencia de tutela de 19 de febrero de 2024 declaró improcedente la acción
promovida, en tanto los argumentos presentados por el solicitante no
acreditaban una vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino
que se encaminaban a volver sobre la controversia decidida por el juez de
conocimiento y esgrimían divergencias de carácter netamente legal. Además
de ello, revisados los fundamentos jurídicos que motivaron la decisión, la
Sala estimó que provenían de una interpretación razonable de las pruebas
aportadas al expediente, así como del marco legal y jurisprudencial aplicable
al asunto.

Puntualizó que, al advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte
de la autoridad judicial accionada, resultaba improcedente que el juez del
amparo revisara la interpretación y alcance dado por el juez natural del
asunto. La acción de tutela no es una instancia adicional al proceso
ordinario, ni está prevista para desconocer la autonomía e independencia
que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las razones expuestas, la
acción de tutela no cumple con el requisito general de relevancia
constitucional.

Frente al desconocimiento de las sentencias de tutela con radicación nro.
11001-03-15-000-2021-01379-00 y 11001-03-15-000-2021-05248-00
proferidas por esta Corporación, consideró que el artículo 48.2 de la Ley 270
de 1996 -declarado exequible en sentencia C-037 de 1996- establece que
las decisiones judiciales proferidas en la acción de tutela tienen carácter
obligatorio solo para las partes. Como los fallos alegados como desconocidos
son por naturaleza acciones de tutela, no se constituyen como precedente
vinculante para el caso.

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Por último, señaló que, el solicitante pide que se infirme una providencia
judicial que declaró el pago total de una obligación dineraria. Esta
pretensión, netamente económica, escapa la órbita del juez de tutela, que
debe verificar la vulneración o amenaza de derechos fundamentales.

V. LA IMPUGNACIÓN

La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia al considerar
que, la providencia declaró improcedente la acción sin tener en cuenta que
en varios casos análogos el Consejo de Estado ha concedido el amparo
constitucional (radicados nro. 11001-03-15-000-2021-01379-00 y 11001-
03-15-000-2021-05248-00).

Explica que, en el fallo de primera instancia se analiza de manera errónea
la inexistencia de relevancia constitucional, en tanto no se pretende crear
una tercera instancia, sino que este es el único medio para hacer cesar la
vulneración de los derechos del accionante.

Aduce que, en el fallo de primera instancia no se tiene en cuenta que existe
una clara vulneración de los derechos a la igualdad, al debido proceso, la
cosa juzgada y la inmutabilidad de las sentencias, «al interpretar de manera
errónea las pruebas documentales existentes en el plenario y resultar
descontando presuntos descansos remunerados que no existen, estando
vedado al operador judicial en el proceso ejecutivo modificar el título
ejecutivo debidamente ejecutoriado, como lo ha determinado el Consejo de
Estado en sentencia de tutela de manera reiterada sobre el mismo tema de
los compensatorios por exceso de horas extras del personal de Bomberos
de Bogotá».

Señala que, en la providencia impugnada aparece un análisis parcial e
incompleto de la realidad procesal donde se desconoce el fondo de la
afectación a los derechos vulnerados por el Tribunal, en especial al debido
proceso al modificar el título de recaudo debidamente ejecutoriado y negar
de plano el reconocimiento y pago de los descansos compensatorios por
exceso de horas extras consagrados en el literal e) del artículo 36 del
Decreto Ley 1042 de 1978 y ordenados en la sentencia de recaudo.

Pone de presente que, el presente asunto tiene similitudes con la acción de
tutela 11001-03-15-000-2023-05617-01 fallada por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, por lo que se debía tener en cuenta
respecto del requisito de relevancia constitucional y cita de la providencia,
entre otros apartes, lo siguiente: «esta Subsección se separa de la decisión
y del fallo impugnado, según los cuales la tutela es improcedente porque no
cumple con el requisito de relevancia constitucional. Como se verá el motivo
de disenso se funda en el hecho de que el juicio realizado en la primera
instancia se limitó a cotejar la coincidencia de los argumentos expuestos en
el recurso de apelación con los motivos de la tutela, para concluir, sin más
que era el mismo debate desatado por el Tribunal dentro de su margen de

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autonomía, y que la decisión no fue arbitraria ni vulneró en forma
desproporcionada los derechos de la parte demandante, sin verificar la
razonabilidad de la decisión // En línea con lo expresado, la Sala constata
que, para arribar a esa conclusión, no se hizo un verdadero estudio en el
que se evidenciara con suficiencia que la interpretación y la decisión del
Tribunal atendían a criterios de razonabilidad de la decisión // Esta
circunstancia impone la necesidad de que el juez de tutela emita un
pronunciamiento de fondo para constatar si, en efecto, la decisión enjuiciada
fue dictada sin considerar las normas y pruebas relevantes dentro del litigio
que dio lugar a la providencia objeto de tutela».

Sostiene que, existe un grave error de apreciación probatoria en la sentencia
objeto de la tutela como en la sentencia de primera instancia, toda vez que
«no existen meses de 45 días, el ejecutante laboró mensualmente 15 turnos
de 24 horas, o sea que el día que iniciaba su turno laboró 16 horas, entre
las 8 de la mañana a las 12 de la noche y continuaba laborando hasta las 8
de la mañana del día siguiente o sea 8 horas, para completar el turno de 24
horas, al segundo día salía a descansar de las 8 de la mañana hasta las 12
de la noche o sea descanso ordinario después de cumplir 254 horas
continuas de labores, debiendo ingresar a recibir turno al siguiente día a las
8 de la mañana done debía cumplir nuevamente 16 horas del día 3 de la
semana y 8 horas del día 4 de la semana y así consecutivamente o sea que
no está acreditada la existencia de descansos remunerados sino descansos
ordinarios, como se prueba detalladamente en los hechos de la demanda de
tutela, donde se demuestran graves errores de valoración probatoria en la
sentencia motivo de solicitud de protección constitucional».

Explica que, «a folios 31 y 32 de la sentencia de reemplazo aparece un
cuadro donde totalizan 840.875 días a compensar por exceso de horas
extras, partiendo de un análisis fuera de contexto de la certificación laboral
remitida por el Subdirector de Gestión Humana de la entidad ejecutada de
27 de septiembre de 2023 en dos folios útiles y del memorial de la parte
actora descorriendo traslado el 29 de septiembre de 2023, en 5 folios, donde
se explica que no existen descansos remunerados sino descansos ordinarios,
ya que en la providencia e reemplazo se omite analizar la realidad procesas
en su verdadero fondo, para resultar descontando 1.150 días de descansos
remunerados que revisando planillas de turnos y desprendibles de pagos no
aparecen acreditados, contrario a lo analizado por la Sala accionada como
se explicó puntualmente en la solicitud de adición, aclaración y corrección
de sentencia en sus numerales 3, 5, 6, 7, 10 a 21 por ende se revoca de
plano el reconocimiento de los descansos compensatorios por exceso de
horas extras, ordenados taxativamente en la sentencia de primera instancia
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de fecha 29 de junio
de 2012, desconociendo el debido proceso, la cosa juzgada y el principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que no son reformables ni
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oportunidad».

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VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. Competencia

De conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991,
en concordancia con el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021 y el artículo
25 del Acuerdo nro. 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado,
que regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones, esta
Sala es competente para conocer del presente asunto.

6.2. Hechos relevantes

En el caso concreto, se encuentran acreditados los siguientes:

6.2.1. El señor Javier Ricardo Castiblanco González, a través de apoderado
judicial, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento en contra del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. El
asunto fue identificado con el radicado nro. 11001-33-31-030-2010-00431-
00 y fue asignado al Juzgado 12 Administrativo de Bogotá1.

6.2.2. El Juzgado 12 Administrativo de Bogotá mediante sentencia de 29 de
junio de 20122 resolvió acceder a las pretensiones de la demanda, en
consecuencia, declaró la nulidad de los actos que negaron el reconocimiento
y pago de horas extras, descansos compensatorios, reliquidación y
cancelación de diferencias por concepto de recargos nocturnos ordinarios,
recargos festivos y cesantías al demandante, a título de restablecimiento
condenó a la entidad demandada a lo siguiente:

«-Reconocer y pagar al señor Javier Ricardo Castiblanco González las
horas extras diurnas mensuales laboradas en exceso de la jornada
máxima legal para empleados públicos prevista por el artículo 33 del
Decreto Ley 1042 de 1978, y las cuales corresponden a 190 horas
mensuales, desde el 26 de noviembre de 2006 hasta la ejecutoria de la
sentencia. En cuanto al límite previsto paro su pago, se debe aplicar el
más favorable entre el consagrado en el artículo 36 de dicho decreto o
el especial previsto en el artículo 4.° del Acuerdo Distrital No. 3 de 1999.
En la liquidación se deberán deducir los días de descanso remunerado,
vacancias, licencias, permisos y demás situaciones administrativas que
se le hayan presentado al accionante.

• Reconocer y pagar al señor Javier Ricardo Castiblanco González el
tiempo compensatorio por exceso de horas extras de acuerdo con lo
previsto en el literal e) del art. 36 del Decreto 1042 de 1978, desde el
26 de noviembre de 2006 hasta la ejecutoria de la sentencia.

1 Índice nro. 14 del expediente electrónico de primera instancia.
2 Ibidem.

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Accionante: Javier Ricardo Castiblanco González

• Reliquidar al señor Javier Ricardo Castiblanco González los recargos
ordinarios nocturnos y los festivos diurnos y nocturnos, con fundamento
en la jornada máxima legal para empleados públicos prevista en el
artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978, esto es, 190 horas mensuales
y deberá pagar las diferencias que se deriven de dicha reliquidación. En
la reliquidación del recargo ordinario nocturno deberá deducir los
descansos remunerados, vacancias, licencias, permisos y demás
situaciones administrativas que se le hayan presentado al demandante,
desde el 26 de noviembre de 2006 hasta la ejecutoria de la sentencia.

• Reliquidar al señor Javier Ricardo Castiblanco González las prestaciones
sociales, esto es, primas de servicios, de vacaciones y de actividad, las
cesantías y demás factores salariales y prestacionales, incluyendo los
mayores valores por concepto de recargos y los nuevos valores por
concepto de horas extras. Igualmente, se ordenó pagar las diferencias
que resulten de la reliquidación, desde el 26 de noviembre de 2006 hasta
la ejecutoria de la sentencia».

6.2.3. El señor Castiblanco González, a través de apoderado judicial, con
base en la sentencia de 29 de junio de 2012, presentó demanda ejecutiva.
El asunto correspondió al Juzgado 54 Administrativo de Bogotá, el proceso
fue identificado con el radicado nro. 11001-33-42-054-2017-00423-00/013.

6.2.4. El Juzgado 54 Administrativo de Bogotá por auto de 18 de julio de
20184 ordenó librar mandamiento de pago por vía ejecutiva a favor del señor
Castiblanco González en contra del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá
por la suma de $113.967.780 pesos y «por los intereses moratorios sobre
el valor del capital a la tasa máxima según el límite establecido en el artículo
111 de la Ley 510 de 1999 y teniendo en cuenta las fluctuaciones del interés
corriente bancario certificadas por la Superintendencia Financiera, desde el
día siguiente a la fecha de ejecutoria de la sentencia, esto es, desde el 01
de mayo de 2013 y hasta que se acredite el pago total de la obligación».

6.2.5. El Juzgado 54 Administrativo de Bogotá, mediante sentencia dictada
en audiencia en diligencia de 22 de agosto de 20195, ordenó «seguir
adelante la ejecución en la forma señalada en el mandamiento de pago
contenido en el auto de fecha 18 de julio de 2018». La decisión fue apelada.

6.2.6. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca mediante sentencia de 8 de julio de 20226, desató el
recurso de apelación, en el sentido de modificar la orden de primera
instancia, consideró respecto de los compensatorios por excesos de horas
extras que «no hay lugar a reconocer compensatorios por excesos de horas
extras, pues ya fueron reconocidos por la entidad ejecutada, debido a que
el accionante prestaba el servicio por turnos de 24 horas y descansaba por

3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem.

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Accionante: Javier Ricardo Castiblanco González

otras 24, lo que implica que no hay lugar a la compensación en dinero, lo
anterior teniendo en cuenta la limitante del artículo 36 del Decreto 1042 de
1978. En similar sentido lo reconoció el Consejo de Estado en sentencia de
unificación de 12 de febrero de 2015 (sentencia 2010-00725-01, C.P.
Gerardo Arenas Monsalve)». El señor Castiblanco González presentó acción
de tutela en contra de la decisión de 8 de julio de 2022, el asunto fue
identificado con el radicado nro. 11001-03-15-000-2023-01352-00/01.

6.2.7. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante sentencia de 24 de abril de 20237 declaró improcedente la acción
de tutela presentada en contra del Tribunal por no acreditar el requisito de
relevancia constitucional. La decisión fue impugnada.

6.2.8. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado a
través de sentencia de 7 de septiembre de 20238 resolvió revocar la decisión
impugnada, amparar los derechos fundamentales del accionante, en
consecuencia, dejar sin efectos la sentencia de 8 de julio de 2022 y ordenar
a la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dictar una sentencia de reemplazo; lo anterior, al considerar
que la autoridad accionada «excedió el marco de sus competencias, puesto
que, se insiste, en el proceso ejecutivo, tuvo en consideración las pautas
fijadas por el Consejo de Estado en la sentencia del 12 de febrero de 2015,
para establecer el monto adeudado por concepto de compensatorios por
horas extras y horas extras nocturnas, aun cuando ya, en la sentencia
constitutiva del título ejecutivo, se había indicado la forma cómo debían
calcularse dichos emolumentos».

6.2.9. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 7 de
septiembre de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, el 13 de octubre de 2023 dictó una nueva sentencia9,
en el sentido de modificar la sentencia apelada, consideró respecto de los
compensatorios por exceso de horas extras, lo siguiente:

«Teniendo en cuenta que en la sentencia proferida el 29 de junio de
2012, que constituye el título ejecutivo en el presente medio de control,
se ordenó reconocer y pagar al ejecutante el tiempo compensatorio por
exceso de horas extras de acuerdo con lo previsto en el literal e) del art.
36 del Decreto 1042 de 1978, desde el 26 de noviembre de 2006 de
hasta la ejecutoria de la sentencia, se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones.

En la sentencia base de recaudo, en relación con el reconocimiento del
compensatorio, indicó:

7 Ibidem.
8 Ibidem.
9 Ibidem.

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Accionante: Javier Ricardo Castiblanco González

“En cuanto al tiempo compensatorio por exceso de horas extras, se
tiene que dicho pago se origina cuando se supera el límite de horas
extras antes aludido en el artículo 36 del Decreto 1042 de 1978, de
manera que se paga tiempo compensatorio equivalente a un día
hábil por cada ocho horas extras de trabajo que excedan de las 50
horas extras”.

Así las cosas, en favor del ejecutante se deben reconocer los
compensatorios por exceso de horas extras, pero no en la forma como
este lo pretende, es decir, en dinero, sino teniendo en cuenta lo
consignado en la sentencia que constituye el título ejecutivo, esto es,
conforme al literal e) del Decreto ley 1042 de 1978, norma que dispone
que esta clase de trabajo suplementario se reconoce en días de descanso
“a razón de un día hábil por cada ocho horas extras de trabajo”, sin
perjuicio de los descuentos que por descanso remunerados haya lugar a
realizar, en tanto que según las consideraciones expuestas en la
sentencia objeto de recaudo, el actor se desempeñaba “24 horas
laboradas el accionante descansaba otras 24 horas, periodo en el cual se
encuentra incluido el descanso remuneratorio”.

Teniendo en cuenta esas precisiones, en principio los días a compensar
serían los siguientes:

[…]

Sin embargo, tal y como lo establece el título ejecutivo, se deben
descontar los descansos remunerados, los cuales, de acuerdo a
la modalidad de turnos de 24 horas, se determinan bajo la
dinámica de trabajar en una semana 3 días y descansar 4; y, en
la otra, 4 días de trabajo por 3 de descanso. Así las cosas,
deduciendo los descansos remunerados se tiene:

[…]

Luego entonces, al quedar establecido por la sala que no existen
diferencias en favor del demandante respecto de los compensatorios por
exceso de horas extras, se abstendrá de ordenar su reconocimiento, toda
vez que, una vez deducidos los descansos remunerados se tiene que
estos últimos son mayores a los días que en razón del fallo ordinario
tendría derecho en aplicación del literal e) del artículo 36 del Decreto ley
1042 de 1978.

Así mismo, conviene aclarar que lo anterior no significa que se
esté desacatando la sentencia de tutela objeto de esta sentencia,
como quiera que la orden impartida por el Consejo de Estado
estuvo circunscrita únicamente a determinar el cumplimiento de
la sentencia proferida el 29 de junio de 2012 por el Juzgado Doce
(12) Administrativo de Descongestión de Bogotá, en relación con
el tema de los compensatorios, que vale resaltar, se analizó
conforme a lo expuesto en la parte considerativa y resolutiva del
título ejecutivo.

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Accionante: Javier Ricardo Castiblanco González

En ese orden de ideas, una vez realizada la verificación en los
términos ordenados por el Consejo de Estado en el fallo de tutela
del 7 de septiembre de 2023, la sala colige que conforme a lo
señalado en el título objeto de recaudo, no hay lugar a reconocer
compensatorios por el exceso de horas extras laboradas por el
ejecutante.

De la misma forma, la sala considera pertinente recordar que el análisis
realizado en esta providencia ha sido similar al efectuado anteriormente
en asuntos de contornos similares, en los que por vía de acción de tutela
se ha ordenado realizar nuevamente el análisis de la procedencia del
reconocimiento de los compensatorios por exceso de horas extras,
conforme lo dispone el literal e) del artículo 36 del Decreto Ley 1042 de
1978, lo que se realizó en la liquidación efectuada en precedencia».
(Negrillas de la Sala).

6.2.10. El señor Castiblanco González, a través de apoderado judicial,
solicitó adición, aclaración y corrección de la sentencia de 13 de octubre de
202310, para el efecto señaló, entre otros argumentos, en esencia, lo
siguiente:

«La Sala a pesar que en el cuadro obrante a folios 31 y 32 de la
sentencia, tiene como base la certificación laboral expedida por la
entidad ejecutada entre noviembre de 2006 a febrero de 2013 y que en
dichos cuadros aparecen meses con horas laboradas de hasta 424 horas
al mes y en la mayoría de los casos, salvo contadas excepciones
inferiores a 190 horas, por ende no se encuentra acreditada la existencia
de días de descanso remunerados, sino solamente descansos ordinarios,
después de laborar turnos de 24 horas continuas de labor, toda vez que
el ejecutante iniciaba su turno el día lunes a las 8 de la mañana, salía el
martes a las 8 de la mañana, debiendo regresar a laborar el miércoles a
las 8 de la mañana para terminar su labor el jueves a las 8 de la mañana,
regresando nuevamente el día viernes a las 8 de la mañana y saliendo
el día sábado a las 8 de la mañana regresando a la labor el día domingo
a las 8 de la mañana y culminar su turno el lunes a las 8 de la mañana
y así sucesivamente para cumplir un promedio de 15 turnos por mes o
sea 360 horas de labor cuando la jornada máxima legal es de 190 para
los empleados públicos, o sea que a partir de la hora 191 hasta la hora
360 de ese mes debían reconocerle 170 horas extras, como el literal d)
del artículo 36 del Decreto Ley 1042 de 1978 determina un tope de 50
horas extras mensuales, desde todo punto de vista se debe dar alcance
a la sentencia de recaudo donde establece la orden de reconocer por
cada 8 horas de exceso de horas extras 1 día de descanso
compensatorio, está plenamente probado documentalmente en la
certificación transcrita en los cuadros visibles a folios 127 y 28 que el
ejecutante laboro en la mayoría de meses reportados más de 240 horas

Magistrado ponente, existe un grave error de apreciación probatoria toda
vez que no existen meses de 45 días, el ejecutante laboró mensualmente
15 turnos de 24 horas, o sea que el día que iniciaba su turno laboró 16

10 Ibidem.

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horas, entre las 8 de la mañana a las 12 de la noche y continuaba
laborando hasta las 8 de la mañana del día siguiente o sea 8 horas, para
completar el turno de 24 horas, al segundo día salía a descansar de las
8 de la mañana hasta las 12 de la noche o sea descanso ordinario
después de cumplir 24 horas continuas de labores, debiendo regresar a
recibir turno al siguiente día a las 8 de la mañana donde debía cumplir
nuevamente 16 horas del día 3 de la semana y 8 horas del día 4 de la
semana y así consecutivamente o sea que no estaba acreditada la
existencia de descansos remunerados sino descansos ordinarios.

A folios 31 y 32 aparece un cuadro donde totalizan 840.875 días a
compensar por exceso de horas extras, partiendo de un análisis fuera de
contexto de la certificación laboral remitida por el Subdirector de Gestión
Humana de la entidad ejecutada de 27 de septiembre de 2023 en dos
folios útiles y del memorial de la parte actora descorriendo traslado el 29
de septiembre de 2023, en 5 folios, donde se explica que no existen
descansos remunerados sino descansos ordinarios […].

Existe grave contradicción entre las tablas de los folios 18 y 19 donde se
liquidan horas extras diurnas, recargos del 35, 200 y 235% se tiene
como periodo de liquidación noviembre de 2006 hasta abril de 2013,
pero en las tablas visibles a folios 31 y 32 el periodo de liquidación para
compensatorios solamente se realiza entre noviembre de 2006 y hasta
febrero de 2013, agravada la incongruencia, donde para los meses de
marzo de 20074 en la table de folios 18 y 19 no se cancelan horas extras
diurnas, pero en las tablas de folios 31 y 32 se resultan descontando 50
horas extras y 22 horas extras no laboradas o sea se perjudica al acto
con -9 días o sea 72 horas en contra el mismo».

6.2.11. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca mediante auto de 17 de noviembre de 202311, resolvió
negar la solicitud planteada por la parte demandante, para el efecto, sostuvo
lo siguiente:

«al analizar lo planteado por la parte accionante en el escrito presentado,
se encuentra que esta no solicita realmente una aclaración de puntos
oscuros o que generen duda, sino que se modifique la sentencia de
segunda instancia para que se imparta la orden que satisfaga sus
pedimentos, argumentando que la liquidación efectuada contraría los
intereses del ejecutante, lo que a todas luces pone de presente que no
se trata de un presupuesto fáctico para acceder a lo requerido.

De igual manera, tampoco se trata de una adición, pues no señala que
se omitió resolver sobre alguna pretensión o cualquier otro asunto que
por mandato de la ley debía ser objeto de pronunciamiento, sino que
pretende que lo ya resuelto sea reformado por esta corporación,
amparado en una petición de aclaración o adición de la sentencia, para
lo cual no fue consagrada dicha figura jurídica, como ha quedado
establecido.

11 Ibidem.

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Accionante: Javier Ricardo Castiblanco González

Contrario a ello, lo que el accionante busca con la solicitud presentada
es que se ordene el reconocimiento y pago de los descansos
compensatorios por exceso de horas extras, asunto que ya fue resuelto
en la providencia proferida por la sala el 13 de octubre de 2013 dentro
del proceso de la referencia, acatando en un todo, la orden de tutela
dada a esta corporación.

4.2.2 Ahora bien, pese a lo anterior, y con el objeto de determinar si en
efecto se dejaron puntos sin resolver, o si existen puntos oscuros o que
generen duda, al revisar la sentencia en los aspectos respecto de los
cuales la parte demandante manifestó su inconformidad en el escrito de
adición y/o aclaración, se observa que la providencia explicó que
teniendo en cuenta que en la sentencia objeto de recaudo se ordenó el
reconocimiento del tiempo compensatorio por exceso de horas extras,
que se origina cuando se supera el límite de las mismas establecido en
el artículo 36 del Decreto 1042 de 1978, se deben reconocer los
compensatorios por exceso de horas extras, pero no en la forma como
lo pretende el demandante, es decir, en dinero, sino teniendo en cuenta
lo consignado en la sentencia que constituye el título ejecutivo, esto es,
conforme al literal e) del Decreto Ley 1042 de 1978, norma que dispone
que esta clase de trabajo suplementario se reconoce en días de descanso
“a razón de un día hábil por cada ocho horas extras de trabajo”, sin
perjuicio de los descuentos que por descanso remunerado haya lugar a
realizar, en tanto que según las consideraciones expuestas en la
sentencia objeto de recaudo, el actor se desempeñaba en turnos de “24
horas laboradas el accionante descansaba otras 24 horas, periodo en el
cual se encuentra incluido el descanso remuneratorio”.

Por tanto, se encontró que no existen diferencias a favor del demandante
respecto de los compensatorios por exceso de horas extras, por lo que
no hay lugar a ordenar su reconocimiento, toda vez que una vez
deducidos los descansos remunerados éstos resultaron ser mayores a
los días que en razón del fallo ordinario tendría derecho en aplicación del
literal e) del artículo 36 del Decreto Ley 1042 de 1978.

En ese orden de ideas, se considera que, en la decisión de segunda
instancia dictada en cumplimiento de un fallo de tutela, objeto de
inconformidad por el accionante, se explicó con suficiencia que no es
procedente el reconocimiento y pago del descanso compensatorio por
exceso en horas extras en la forma en que este lo pretende, motivo por
el cual no hay lugar a que prospere la solicitud presentada por la parte
actora».

6.3. Análisis de la Sala

Previo a establecer si procede estudiar los defectos señalados, debe la Sala
establecer si en este caso se cumple el requisito general de relevancia
constitucional, y para ello, se detendrá en i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión
que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego,
analizarlos en el ii) caso concreto.

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6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional

En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial es que la cuestión que se discute resulte de
evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que «el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara
y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de
tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión
que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes».

En ese mismo sentido, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que
«los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial
deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que
se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna
otra».

A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha sido
decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En sentencia SU–
573 de 201912, el alto tribunal constitucional explicó que este requisito
persigue tres finalidades:

i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en la
citada sentencia SU-215 de 202213, decisión en la cual, además, expuso la
clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es «el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico».

12 M.P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-

103 de 2022.
13 Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección

de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la
acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal”.

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Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

El tercer criterio de la relevancia constitucional supone que la tutela no sea
utilizada como una instancia o recurso adicional.

Frente a este último criterio de la relevancia, además de lo dicho por la
jurisprudencia antes citada, cabe destacar que, en el fallo C-590 de 2005,
la Corte Constitucional precisó que «los fundamentos de una decisión de
tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la
relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse
a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un
mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de
decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de
interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se
trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger
los derechos fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso
judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación
uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad- de los
derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho».

Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos en
los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la valoración
que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la convicción
que generan en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación
de las normas de carácter legal que regulan el caso, o en el análisis de la
jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que este mecanismo está
siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como
una instancia adicional, con lo cual se desconocería la autonomía e
independencia del juez natural.

6.3.2. El caso concreto

Ahora bien, al revisar el presente asunto, la Sala concluye, como bien lo
señaló la primera instancia, que el requisito de relevancia constitucional no
se cumple, pues como se pasa a explicar la solicitud de amparo busca reabrir
el asunto resuelto por la autoridad judicial accionada y, se funda en la
inconformidad de la parte con la interpretación que hace el Tribunal del
literal e) del Decreto Ley 1042 de 1978 para reconocer los compensatorios
por exceso de horas extras en el caso concreto.

Lo anterior se torna evidente si se tiene en cuenta que, desde el escrito que
presentó el accionante para solicitar la adición, aclaración y corrección de la
sentencia de 13 de octubre de 2023, planteó que en el expediente no se
encontraba acreditada la existencia de días de descanso remunerados, sino
solamente descansos ordinarios, que en ese sentido, con los horarios

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cumplidos, este alcanzaba un promedio de 15 turnos por mes, a su juicio,
360 horas de labor, «cuando la jornada máxima legal es de 190 para los
empleados públicos, o sea que a partir de la hora 191 hasta la hora 360 de
ese mes debían reconocerle 170 horas extras, como el literal d) del artículo
36 del Decreto Ley 1042 de 1978 determina un tope de 50 horas extras
mensuales, desde todo punto de vista se debe dar alcance a la sentencia de
recaudo donde establece la orden de reconocer por cada 8 horas de exceso
de horas extras 1 día de descanso compensatorio, está plenamente probado
documentalmente en la certificación transcrita en los cuadros visibles a
folios 127 y 28 que el ejecutante laboro en la mayoría de meses reportados
más de 240 horas».

Asimismo, que existían graves errores de apreciación probatoria en torno a
las jornadas cumplidas por el demandante y las conclusiones que se extraían
del material probatorio.

Frente al reconocimiento de los compensatorios por exceso de horas extras
el Tribunal accionado en la sentencia acusada señaló que, si bien se debían
reconocer, esto no debía hacerse en la forma como lo pretendía la parte, es
decir, en dinero, sino teniendo en cuenta lo consignado en la sentencia que
constituía el título ejecutivo, esto es, conforme al literal e) del Decreto ley
1042 de 1978, norma que dispone que esta clase de trabajo suplementario
se reconoce en días de descanso «a razón de un día hábil por cada ocho
horas extras de trabajo», sin perjuicio de los descuentos que por descanso
remunerados haya lugar a realizar, en tanto que según las consideraciones
expuestas en la sentencia objeto de recaudo, el demandante se
desempeñaba «24 horas laboradas el accionante descansaba otras 24 horas,
periodo en el cual se encuentra incluido el descanso remuneratorio».

Por lo anterior, al examinar las pruebas obrantes en el expediente, concluyó
para el caso concreto que «no existen diferencias en favor del demandante
respecto de los compensatorios por exceso de horas extras, se abstendrá
de ordenar su reconocimiento, toda vez que, una vez deducidos los
descansos remunerados se tiene que estos últimos son mayores a los días
que en razón del fallo ordinario tendría derecho en aplicación del literal e)
del artículo 36 del Decreto Ley 1042 de 1978».

Asimismo, el Tribunal al resolver la solicitud de adición, aclaración y
corrección reiteró a la parte sobre el reconocimiento de los compensatorios
que se tornaba improcedente en tanto una vez deducidos los descansos
remunerados estos resultaron ser mayores a los días a que en razón del
fallo ordinario tendría derecho en aplicación del literal e) del artículo 36 del
Decreto Ley 1042 de 1978.

Analizado lo anterior, advierte la Sala que se está utilizando la presente
acción de tutela como una instancia adicional, pues pretende abrir una
discusión que ya fue superada ante el juez natural del caso. Obsérvese como
tanto en la decisión cuestionada, en la solicitud de adición, aclaración y

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corrección, el auto que negó la solicitud, como en la de primera instancia
del presente proceso, la discusión planteada es similar, esto es, que el
accionante si tiene derecho al reconocimiento y pago de los compensatorios
por exceso de horas extras, argumento en el que se insiste en la
impugnación.

En tales condiciones, si en esta instancia se aborda esta controversia, será
entonces el juez constitucional el que vulnerare el derecho al debido proceso
constitucional, pues, sin competencia, entraría en la valoración legal y
fáctica del ejecutivo, para modificar una decisión del juez competente para
conocer del caso, en el escaso término que le da la ley para pronunciarse, y
siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el
evidente riesgo de equivocarse en su decisión.

Respecto del desconocimiento de las sentencias de tutela dictadas el 10 de
junio de 2021, radicado nro. 11001-03-15-000-2021-01379-00, y el 9 de
septiembre de 2021, radicado nro. 11001-03- 15-000-2021-05248-00,
encuentra la Sala que no resultan aplicables al presente asunto, en tanto en
ellas se examinaron providencias, proferidas por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, dentro de procesos ejecutivos, en las que se tuvieron en
consideración las pautas fijadas por el Consejo de Estado en la sentencia del
12 de febrero de 2015 (radicación nro. 25000-23-25-000-2010-00725-01.
(1046-2013), CP. Gerardo Arenas Monsalve), para establecer el monto
adeudado por concepto de compensatorios por exceso de horas extras, aun
cuando ya, en la sentencia constitutiva del título ejecutivo, se había indicado
la forma cómo debía calcularse dicho emolumento, es decir, a la luz de lo
dispuesto en el literal e) del artículo 36 del Decreto Ley 1042 de 1978.

Valga poner de presente, que la situación estudiada en las mencionadas
sentencias fue el sustento para el pronunciamiento de 7 de septiembre de
2023, cuando ampararon los derechos del señor Castiblanco González por
encontrar que la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca «excedió el marco de sus competencias,
puesto que, se insiste, en el proceso ejecutivo, tuvo en consideración las
pautas fijadas por el Consejo de Estado en la sentencia del 12 de febrero de
2015, para establecer el monto adeudado por concepto de compensatorios
por horas extras y horas extras nocturnas, aun cuando ya, en la sentencia
constitutiva del título ejecutivo, se había indicado la forma cómo debían
calcularse dichos emolumentos»; en consecuencia, se ordenó a la autoridad
accionada dictar una sentencia de reemplazo, conforme a la sentencia
constitutiva del título, como razonadamente lo hizo el Tribunal accionado en
la sentencia de 13 de octubre de 2023, que el accionante nuevamente
vuelve a cuestionar.

Finalmente, respecto del argumento referido a que se debía tener en cuenta
el fallo de la acción de tutela con radicación nro. 11001-03-15-000-2023-
05617-01 para resolver sobre el requisito de relevancia constitucional, se
tiene que tampoco está llamado a prosperar, comoquiera que para la Sala

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-07475-01
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en el caso concreto resulta determinante, así como lo resolvió en su
momento el a quo, que la discusión planteada por el actor ya fue resuelta
por el juez natural del caso, quien a partir de la valoración de las pruebas y
la interpretación de las normas aplicables adoptó la decisión
correspondiente, por lo que se reitera, si el juez constitucional entra a
resolver situaciones como las aquí planteada, sería quien vulneraría el
debido proceso constitucional, pues así lo ha reconocido de manera
reiterada la jurisprudencia constitucional.

En razón a todo lo expuesto, la Sala confirmará la decisión impugnada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 19 de febrero de 2024,
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes esta providencia por el medio más
expedito.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro del término legal.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
GARZON Consejero de Estado
Consejera de Estado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2023-07475-01
Accionante: Javier Ricardo Castiblanco González

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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