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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05633-00

Fecha
7 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05633-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con las razones ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-05633-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

7 de diciembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., siete (07) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05633-00
Accionante: Municipio de Palmas del Socorro
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela – relevancia constitucional y subsidiariedad.
Sentido del fallo de tutela: Se declara improcedente.

La Sala decide la acción de tutela1 presentada, a través de apoderada judicial2, por
el Municipio de Palmas del Socorro en contra del Tribunal Administrativo de
Santander y del Juzgado 3º Administrativo de San Gil.

I. ANTECEDENTES

1.- La solicitud de tutela

El 28 de septiembre de 20233 el ente territorial accionante interpuso acción
constitucional en procura de la protección de sus derechos al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, a la seguridad jurídica y a la buena fe, los
cuales considera vulnerados por su vinculación al proceso ejecutivo No.
68679333300120120020700/02.

2.- Hechos

2.1.- Yaneth Ayala Dueñas demandó al Municipio y a la Personería de Palmas del
Socorro por su destitución del cargo que ocupaba como secretaria en la personería
aludida; en ese trámite, solicitó su reintegro y el pago de salarios pendientes. Tras
obtener un fallo favorable, presentó una reclamación ejecutiva para lograr el

1
Obra escrito de tutela en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 1C2FE8F52104DF72
5CE62204B46977A5 90AA1AFFF475D00A E4A226BA7949D976.
2
Obra poder a folio 1 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 4EE6CE87F3C4F2AB
65E901FC4E429504 33D0EC77D36CCC54 A7161CF2F48EAA99.
3
Obra correo electrónico en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado FA0633906FD2CFA9
75B5CFAF56E495EA 44D1B4BA6D247CF1 E21D3B1746F1200F.

2
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05633-00
Accionante: Municipio de Palmas del Socorro
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

cumplimiento de la sentencia. Sin embargo, el 9 de diciembre de 2021, el Juzgado
3º Administrativo de San Gil inadmitió el trámite por la ausencia del Municipio de
Palmas del Socorro, ya que las personerías municipales no tienen representación
legal, y en auto del 10 de mayo de 2022 libró mandamiento de pago en contra del
aludido ente territorial y de la personería correspondiente4.

2.2.- Mediante providencia del 17 de febrero de 20235 el juzgado ordenó seguir
adelante con la ejecución y declaró no probada la excepción según la cual no existía
una obligación legal en cabeza del municipio de Palmas del Socorro, ya que, si bien
es cierto que la demandada fue la personería, este tipo de autoridades, aunque
cuentan con autonomía presupuestal y administrativa, carecen de personería
jurídica para actuar judicialmente por cuenta propia.

2.3.- Inconforme, el municipio accionante interpuso recurso de apelación en contra
de su vinculación. En sentencia del 13 de septiembre de 20236 el Tribunal
Administrativo de Santander confirmó el proveído recurrido, en la medida en que las
órdenes dictadas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se
dirigieron exclusivamente a la Personería Municipal de Palmas del Socorro y no al
municipio, no obstante, la vinculación se debía mantener a fin de garantizar el
cumplimiento de las disposiciones judiciales, puesto que la autoridad obligada no
cuenta con personería jurídica para actuar en nombre propio.

3.- Fundamentos de la acción de tutela

El Municipio de Palmas del Socorro estima que las autoridades judiciales
convocadas, al vincularlo al proceso ejecutivo No. 68679333300120120020700/02,
vulneraron sus derechos fundamentales, pues omitieron que no existe ninguna
obligación que le sea imputable y que, por lo tanto, las acreencias reclamadas
deben ser pagadas exclusivamente por la Personería Municipal de Palmas del
Socorro, la que cuenta con autonomía presupuestal y administrativa. Solicitó que se
tuvieran en cuenta los principios de especialización presupuestal y de sostenibilidad.
También alegó que las providencias dictadas en el curso del trámite ejecutivo han
generado confusión e incertidumbre, toda vez que en algunos casos se ha tenido al

4
A folios 80-81 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 5271CF428063D5DB
1ADD1B56CCDC3020 1AECACD473229A3C 3C3006A285C9C4E6.
5
Obra providencia a folios 69-75 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 5271CF428063D5DB
1ADD1B56CCDC3020 1AECACD473229A3C 3C3006A285C9C4E6.
6
Obra providencia a folios 80-89 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 5271CF428063D5DB
1ADD1B56CCDC3020 1AECACD473229A3C 3C3006A285C9C4E6.

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municipio como la parte ejecutada y en otros se ha estimado que la única obligada
es la personería demandada.

4.- Pretensiones de la acción

En el escrito introductorio se solicitó (i) amparar los derechos cuya trasgresión se
alega; (ii) que se precise si la vinculación del municipio de Palmas del Socorro es
solo para garantizar la comparecencia de la personería ejecutada, pues esta no
cuenta con personería jurídica; y (iii) que se le garantice al aludido municipio gozar
de armonía en cuanto a sus deberes y al desarrollo de la planeación del
presupuesto.

5.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición

5.1.- Mediante auto del 2 de octubre del 2023 el Despacho Ponente admitió la acción
de tutela y dispuso la vinculación de Yaneth Ayala Dueñas y de la Personería de
Palmas del Socorro.

5.2.- La apoderada de la parte actora solicitó información sobre el estado del
proceso.

5.3.- El Juzgado 3º Administrativo de San Gil insistió en que las personerías
municipales carecen de personería jurídica y que forman parte de la estructura
orgánica del municipio respectivo.

5.4.- Yaneth Ayala Rueda precisó que las providencias de las accionadas son
suficientemente claras y no han vulnerado los derechos que se denuncian
conculcados.

II. CONSIDERACIONES

1.- Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por el
Municipio de Palmas del Socorro en contra del Tribunal Administrativo de Santander
y del Juzgado 3º Administrativo de San Gil de conformidad con lo establecido en los

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artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.- Cuestión preliminar

En atención a que el Municipio de Palmas del Socorro requirió información sobre el
estado del proceso e indicó que se había vencido el término perentorio de 10 días
hábiles para emitir una decisión de fondo, esta Sala aclara que cuando se expidió
el auto admisorio se dispuso la suspensión de términos a partir del 29 de septiembre
de 2023, inclusive, y que el expediente reingresó para emitir fallo el 14 de noviembre
siguiente, por lo cual el plazo para registrar el proyecto de sentencia feneció el 28
de noviembre del 2023, tal y como se hizo.

3.- Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora.

Al respecto, la Sala limitará su estudio a la providencia del Tribunal Administrativo
de Santander, pues fue esta la que resolvió sobre los argumentos de la entidad
territorial frente a su vinculación y la que puso fin a la discusión sobre el referido
asunto.

4.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad7 y de procedencia8 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.

7
De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los
siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela;
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad
procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que
se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
8
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico;
defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del
precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.

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5.- El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto

5.1.- Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”9.

En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber10: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202211, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales”.

5.2.- En el caso concreto, el Municipio de Palmas del Socorro alega que se pasó
por alto que el deudor exclusivo de las obligaciones reclamadas es la Personería
Municipal de Palmas del Socorro y que, en atención a principios de planeación
presupuestal, se debe determinar cuál es el alcance que tiene la vinculación del
municipio al proceso ejecutivo, puesto que los jueces no han sido claros sobre este
aspecto.

5.3.- Ab initio, para la Sala se torna evidente que el cargo sobre la inexistencia de
obligaciones en cabeza de la entidad territorial no satisface el requisito de relevancia

9
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
10
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
11
Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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constitucional, por cuanto se advierte como un medio dirigido a revivir el análisis
jurídico efectuado por el tribunal convocado dentro del trámite ejecutivo incoado por
Ayala Dueñas, como si este mecanismo fuera una instancia adicional al proceso
ordinario, según se explicará.

5.4.- Al verificar los argumentos del Tribunal Administrativo de Santander, se
dilucida el siguiente análisis textual:

“Es decir, la orden de pago de salarios y prestaciones sociales, están dadas, es
a la Personería Municipal de Palmas del Socorro, y no al Municipio de Palmas
del Socorro, manteniéndose únicamente su vinculación al presente proceso,
para garantizar la comparecencia de la Personería como ejecutada, al no contar
con personería jurídica para actuar por si sola”12.

5.5.- En atención a lo anterior, la Sala advierte que el cuerpo colegiado convocado
consideró que la vinculación del Municipio de Palmas del Socorro obedeció, no a
que fuera el responsable de cumplir con las obligaciones judiciales, sino a una forma
de garantizar la comparecencia de la personería ejecutada, pues esta no tiene la
facultad para representarse autónomamente.

5.6.- Resulta claro, entonces, que el municipio accionante, además de no haber
justificado debidamente el cargo sub examine, pretende utilizar este mecanismo
constitucional como si la tutela se tratara de una instancia adicional, pues, como se
vio, la crítica relativa al responsable de cumplir con las obligaciones judiciales, busca
reabrir un debate resuelto en el medio de control ejecutivo, con el fin de que
prevalezca la interpretación de la parte actora sobre la prohijada por el tribunal
criticado.

En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar
inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la
configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la
discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano
constitucional.

5.7.- Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra
de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer

12
A folio 87 del archivo digital subido en el SAMAI, en el índice 2, con certificado 5271CF428063D5DB 1ADD1B56CCDC3020
1AECACD473229A3C 3C3006A285C9C4E6.

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la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un
“juicio de corrección” de la decisión cuestionada13, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho, que se resolvieron en el curso del
proceso ordinario14.

5.8.- Así las cosas, se continuará con el análisis del reproche atinente a la supuesta
incertidumbre respecto a la vinculación del municipio de Palmas de Socorro.

6.- El requisito general de subsidiariedad en el caso concreto

6.1.- Este aparece claramente expresado en el inciso 3º del artículo 86 de la Carta
Política, conforme con el cual la acción de tutela resulta viable cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial. Sin embargo, la Corte Constitucional
ha señalado que la acción de tutela procede de forma excepcional i) cuando a pesar
de existir otros mecanismos, estos no son idóneos o eficaces para la protección de
los derechos fundamentales, o ii) cuando se ejerce para evitar la causación de un
perjuicio irremediable15. De haber lugar al amparo, en el primero de los casos la
orden de protección sería definitiva y, en el segundo, transitoria.

6.2.- El municipio peticionario alega que las providencias dictadas en el marco del
proceso ejecutivo han generado incertidumbre frente a las consecuencias
patrimoniales derivadas de su vinculación al proceso ejecutivo.

6.3.- Al respecto, estima la Sala que existían otras vías idóneas para plantear el
argumento aludido. En este caso, el municipio pudo acudir específicamente a una
solicitud de aclaración para que el tribunal puntualizara el alcance de la vinculación

13
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
14
Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.
15
Corte Constitucional, sentencia T-230 de 2013. Al respecto, el alto tribunal ha precisado que el perjuicio irremediable “se
configura cuando el peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y de
manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables que lo neutralicen”. Corte Constitucional,
sentencia T- 634 de 2006. Sobre las características del perjuicio irremediable, ver Corte Constitucional, sentencia T-1316 de
2011: “En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y
suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el
perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral
o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para
superar el daño, entendidas [e]stas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del
perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño
antijurídico irreparable. En consecuencia, no todo perjuicio puede ser considerado como irremediable, sino solo aquel que
por sus características de inminencia y gravedad, requiera de medidas de protección urgentes e impostergables. Con todo,
esta previsión del artículo 86 de la Carta debe ser analizada en forma sistemática, pues no puede olvidarse que existen
ciertas personas que por sus condiciones particulares, físicas, mentales o económicas, requieren especial protección del
Estado”.

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del Municipio de Palmas del Socorro, de modo que fuera el juez natural quien
evaluara el reproche objeto de análisis.

En punto de lo anterior, el artículo 285 del CGP, aplicable por remisión del artículo
306 del CPACA, prevé literalmente que:

“La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin
embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga
conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén
contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella.

En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración
procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de
ejecutoria de la providencia.

La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro
de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia
objeto de aclaración”.

6.4.- Ahora bien, al revisar el expediente del proceso No.
68679333300120120020702, se observa que, por memorial del 10 de octubre de
202316, Ayala Dueñas pidió la corrección de la providencia del 13 de septiembre de
2023, por unas referencias erradas al Municipio de Puerto Wilches, a contrario
sensu, no se observa ninguna petición adicional por parte del ahora tutelante.

6.5.- En consecuencia, se torna diáfano que si el Municipio de Palmas del Socorro
busca que se precise el alcance de su vinculación al trámite ejecutivo incoado por
Ayala Dueñas, tenía que acudir oportunamente al juez natural a través de la vía
correspondiente. Ello, a fin de que la acción de tutela no sea considerada como una
instancia adicional, ni llegue a reemplazar aquellos recursos o medios previstos por
el legislador para el efecto, ni sirva como vía para subsanar la incuria del tutelante.

7.- Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala declarará
improcedente el amparo constitucional objeto de estudio.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

16
Obra memorial en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 16, con certificado 4A4D9004258EA578
F5DBC86040E26F82 C5606FDFCA0D9C82 9F88472B4231C4DF del expediente 68679333300120120020702.

9
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05633-00
Accionante: Municipio de Palmas del Socorro
Accionados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con
las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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