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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05182-00

Fecha
25 de octubre de 2024
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05182-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: En caso de no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-05182-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

25 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

Radicado: 11001-03-15-000-2024-05182-00

Accionante: LAURA VIVIANA SALAS CARDOZO

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Presupuestos de
procedencia / COSA JUZGADA – No se configura porque se trata de dos acciones de
tutelas diferentes / FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - Se discute un aspecto
eminentemente legal y económico como lo es el pago de salarios y prestaciones sociales
dentro de un proceso ejecutivo.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por la señora Laura Viviana Salas Cardozo, de conformidad con lo consagrado en
el Decreto 333 del 20211.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 26 de septiembre de 2024 la señora Laura Viviana Salas Cardozo, en su
calidad de Personera del Municipio de Palmas del Socorro (Santander)2, presentó
acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Santander con el fin de
obtener la protección del derecho fundamental al debido proceso, y a los principios
de seguridad jurídica y de sostenibilidad fiscal.

Hechos relevantes

2. El 25 de agosto de 2008, la señora Yaneth Ayala Dueñas fue nombrada en el
cargo de Secretaria de la Personería Municipal de Palmas del Socorro. El 29 de

1 Que ingresó para fallo el 7 de octubre de 2024.
2 Según el acta de posesión No. 002 del 29 de enero de 2024.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05182-00
Accionante: Laura Viviana Salas Cardozo
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

junio de 2012, fue declarada insubsistente mediante Resolución No. 028 de esa
fecha.

3. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la afectada
presentó una demanda en contra del Municipio de Palmas del Socorro y de la
Personería Municipal con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo
reseñado y como restablecimiento del derecho se ordenara a los demandados
reintegrarla al cargo que venía desempeñando o a otro de igual o superior jerarquía,
con retroactividad a la fecha en la que se declaró insubsistente. Además, solicitó
que se condenara a la demandada a reconocer y pagar sin solución de continuidad
las sumas de dinero generadas por concepto de los sueldos, primas, bonificación,
vacaciones y demás emolumentos dejados de percibir desde la fecha de la
desvinculación siempre y cuando fuera reincorporada y que se ordenara la
actualización de la condena hasta la fecha que se realizara el pago. Por último, que
se ordenara dar cumplimiento de la sentencia de acuerdo con el artículo 192 de la
Ley 1437 del 2011.

4. Mediante sentencia del 16 de febrero de 2016, el Juzgado Tercero Administrativo
Oral del Circuito de San Gil negó las pretensiones de la demanda y condenó en
costas a la demandante. El Juzgador determinó que la motivación del acto acusado
comportaba razones suficientes que tienen relación con las competencias
asignadas legalmente a los personeros municipales. Agregó que los supuestos de
hecho y de derecho que se argumentaron en la resolución atacada resultan acordes
al marco normativo y jurisprudencial de la providencia, dado que la Ley 1448 de
2011 impuso a los personeros municipales nuevas cargas y exigencias.

5. En la providencia se expone que la exigencia de contar con una persona con
“más instrucción académica” constituye un requisito adicional para el cargo de
secretaria, el cual no estaba contemplado en el acto de creación. Por lo tanto, indicó
que, aunque el Acuerdo No. 031 de 1996 estableció el cargo de secretaria de la
personería del Municipio de Palmas del Socorro, este documento delineó unos
requisitos mínimos. En la Resolución No. 028 del 29 de junio de 2012, que fue objeto
de acusación, no se modificaron dichas exigencias. Si bien se argumentó la
necesidad de contar con una persona mejor preparada, esto no invalidó el acuerdo
de creación del cargo. La resolución se fundamentó en las facultades legales y
constitucionales otorgadas para declarar dicha insubsistencia por lo que, en criterio
de la autoridad de primer grado, fue motivado de manera adecuada.

6. Inconforme con esta decisión, la parte demandante presentó un recurso de
apelación ante el Tribunal Administrativo de Santander. A través de una providencia
emitida el 2 de agosto de 2018, el tribunal revocó la sentencia de primera instancia,
declaró la nulidad del acto impugnado y ordenó a la Personería Municipal de Palmas
del Socorro que reintegrara a la actora sin solución de continuidad. Lo anterior,
fundado en que dicha entidad cuenta con autonomía administrativa y presupuestal,
por lo que también se ordenó el pago de los salarios, prestaciones sociales y demás
emolumentos que la actora dejó de percibir desde el momento de su desvinculación
2

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05182-00
Accionante: Laura Viviana Salas Cardozo
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

hasta su reintegro. El tribunal advirtió que el reintegro solo sería procedente si el
cargo que desempeñaba la actora no había sido cubierto mediante el sistema de
concurso de méritos. En caso de que así hubiera sido, solo se procedería al pago
de salarios y prestaciones desde la desvinculación hasta la fecha de la vinculación
efectiva del servidor público a través del concurso. Finalmente, el tribunal declaró
no probadas las excepciones planteadas por la parte demandada y condenó a esta
última al pago de las costas en ambas instancias.

7. Señaló que a pesar de que la Ley 1448 de 2011 estableció nuevos mandatos a
las Personerías Municipales, las funciones propias del cargo de Secretaría y los
requisitos para la vinculación continúan siendo los mismos, demostrando que el acto
administrativo carece de fundamento fáctico y jurídico, ya que i) nunca se realizó
una reforma administrativa y funcional en la planta del personal de la entidad; ii) no
hay claridad sobre la preparación académica que se requiere para ocupar el cargo
y la más relevante iii) las razones por las cuales la entidad consideró que la señora
Ayala Dueñas no cumplía con dicho perfil, configurándose así la causal de nulidad
por falsa motivación.

8. Seguidamente, la parte demandante inició un proceso ejecutivo con miras a
obtener el pago de las siguientes sumas:

a. Las liquidadas desde el día 29 de junio de 2012 fecha en la que se dio la
desvinculación del cargo, hasta el 17 de septiembre de 2018 fecha en la cual se dio
el reintegro en el cargo que ostentaba:

i. Por concepto de salarios debidamente indexados, dejados de percibir desde
la fecha de desvinculación hasta la fecha de reintegro, con la deducción
correspondiente a los aportes sociales a cargo de la trabajadora
($62’534.727).

ii. Por concepto de auxilio de alimentación y de transporte debidamente
indexados, dejados de percibir desde la fecha de desvinculación hasta la fecha
de reintegro ($6’532.525).

iii.Por concepto de prestaciones sociales debidamente indexadas, dejadas de
percibir desde la fecha de desvinculación hasta la fecha de reintegro
($23’823.686).

b. Por concepto de intereses moratorios causados desde la fecha de ejecutoria de
la sentencia de segunda instancia hasta la actualidad ($95.639.659) más los que se
causen hasta tanto se verifique el pago total de la obligación, de conformidad con lo
preceptuado en los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05182-00
Accionante: Laura Viviana Salas Cardozo
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

c. Por concepto de liquidación de costas y agencias en derecho, las cuales se
encuentran debidamente aprobadas mediante auto del 17 de octubre de 2018
($121.583,48).

9. A través de providencia del 10 de mayo de 2022 el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de San Gil i) libró mandamiento de pago en
contra del Municipio de Palmas del Socorro y de la Personería de Palmas del
Socorro en favor de la señora Yaneth Ayala Dueñas por las sumas solicitadas; ii)
ordenó al Municipio de Palmas del Socorro y a la Personería de Palmas del Socorro
pagar las obligaciones dentro de 5 días de acuerdo con el artículo 431 del CGP y
iii) requirió a la parte accionada para que en la contestación de la demanda allegara
las pruebas que pretendía hacer valer; iv) También advirtió que con el traslado de
la demanda y sus anexos se iban a dar 10 días para proponer excepciones de
mérito, entre otros.

10. Una vez surtidas las etapas procesales, el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de San Gil profirió sentencia el 17 de febrero de 2023, donde i)
declaró no probadas las excepciones propuestas por el Municipio de Palmas del
Socorro Santander; ii) ordenó seguir adelante con la ejecución a favor de la parte
demandante y en contra de la Personería de Palmas del Socorro Santander para el
cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento de pago
determinadas en el mandamiento de pago del 10 de mayo de 2022; iii) condenó en
costas a la parte ejecutada y iv) requirió al Personero del Municipio de Palmas del
Socorro para que certificara los salarios, prestaciones sociales y demás
emolumentos que debía percibir la secretaría de la Personería Municipal en el
término en el que la señora Ayala Dueñas estuvo desvinculada del cargo, entre
otros.

11. El 13 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Santander resolvió
el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada Municipio de Palmas del
Socorro, confirmando la sentencia del 17 de febrero de 2023 y condenó en costas
de segunda instancia al municipio.

12. La decisión adoptada por el Tribunal se fundamentó en que la orden de reintegro
de la señora Ayala Duelas fue dada a esa Personería Municipal por ser una entidad
con autonomía administrativa y presupuestal, por tanto, la orden de pago de salarios
y prestaciones sociales están dadas es a la Personería y no al ente territorial pues
se mantenía únicamente su vinculación al proceso para garantizar la comparecencia
de la Personería como ejecutada, al no contar con personería jurídica para actuar
por sí sola.

13. El 25 de julio de 2024, el expediente ingresó nuevamente al despacho con el fin
de decidir sobre la solicitud de corrección formulada por el apoderado de la parte
ejecutante, en el que se resolvió corregir la parte considerativa y resolutiva de la
sentencia del 13 de septiembre de 2022.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05182-00
Accionante: Laura Viviana Salas Cardozo
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

Pretensiones

14. Solicita la parte accionante lo siguiente:

“PRIMERA: Obtener de su señoría la protección de los derechos
fundamentales, solicitando se garantice en debida forma los derechos
fundamentales el debido proceso, aplicación del precedente
jurisprudencial, seguridad jurídica y principio de sostenibilidad fiscal de la
Personería Municipal de palmas del Socorro, Santander.

SEGUNDA: Se ordene al Tribunal Administrativo de Santander que
modifique las órdenes de pago impartidas en la sentencia de segunda
instancia proferida el día trece (13) de Septiembre de dos mil veintitrés
(2023) dentro de proceso ejecutivo cuya accionante es Yanet Ayala
Dueñas contra Personería y Municipio de Palmas del Socorro, con el
radicado N° 686793333001- 2012-00207-01.

TERCERA: Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Tribunal
Administrativo de Santander modifique las órdenes de pago de la
sentencia mencionada en el numeral anterior y se vincule de manera clara
y expresa en la parte resolutiva de la sentencia, ordenando al municipio
de Palmas del Socorro, Santander la obligación del pago de los salarios,
prestaciones y demás emolumentos no solo a la Personería Municipal
sino con cargo al presupuesto del municipio de Palmas del Socorro,
concordante con la jurisprudencia proferida por el Consejo de Estado en
esta materia.

CUARTO: Las demás que el juez constitucional considere pertinentes de
manera ultra y extra petita para proteger los derechos fundamentales de
la Personería Municipal de Palmas del Socorro”.

Fundamentos de la demanda de tutela

15. Destacó el concepto de parte y las obligaciones que esto implica para los entes
estatales, específicamente el vínculo entre las personerías municipales y los entes
territoriales a los que pertenecen. Precisó que las personas jurídicas, tanto públicas
como privadas, adquieren capacidad para actuar como parte desde el momento en
que obtienen ese estatus. Por esta razón, en los casos en los que se demanda, por
ejemplo, a la Nación, si esta no fue representada por el órgano que emitió el acto o
generó el hecho, sino por otra entidad sin personería, no se puede invocar la falta
de legitimación en la causa ya que se trata de un problema de representación
judicial. Se mencionaron algunas sentencias, como la SU-01143 de 2021 del
Consejo de Estado, en la que se condenó tanto al Municipio de Medellín como a la
Personería de la ciudad.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05182-00
Accionante: Laura Viviana Salas Cardozo
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

16. Expuso que la jurisprudencia de la Corporación ha indicado que las personerías
municipales, al ser órganos de control del nivel territorial sin personalidad jurídica,
no tienen capacidad procesal. Por ello, deben comparecer en los procesos
contenciosos administrativos a través del respectivo municipio al que pertenecen.
El Consejo de Estado, en estas sentencias, ha reafirmado la corresponsabilidad de
los municipios en el pago de las condenas impuestas a las personerías municipales.
Aunque estas poseen autonomía administrativa y presupuestal, los salarios y
prestaciones de los personeros, como empleados municipales, se financian con el
presupuesto del respectivo municipio. Así, en casos de condena a las personerías,
el municipio debe asumir el pago correspondiente con cargo a su presupuesto.

17. Afirmó que hubo un desconocimiento del precedente constitucional como causal
específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
puntualmente del precedente jurisprudencial establecido por el Consejo de Estado
en casos análogos donde se vinculó y condenó en las mismas condiciones al ente
territorial (municipio) al que pertenece la Personería.

18. Además, indicó que se presentó un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente vertical, ya que el Tribunal Administrativo de Santander ignoró el
precedente establecido por el Consejo de Estado en múltiples decisiones sobre la
responsabilidad patrimonial de las personerías municipales en relación con los
municipios.

19. Alegó que existe una imposibilidad material por parte de la Personería Municipal
de Palmas del Socorro para cumplir con el pago de la sentencia. En primer lugar, el
Tribunal cometió un error al confundir la autonomía de los 150 SMLMV asignados
por la ley para el funcionamiento de las personerías con la responsabilidad
patrimonial por acciones u omisiones de la entidad, que debe recaer en el ente
territorial, ya que las personerías no tienen personalidad jurídica, es decir, carecen
de la totalidad de los atributos plenos.

20. En segundo lugar, según el expediente 6902/2022/RPQRSD, la Subdirectora
de Fortalecimiento Institucional Territorial de la Dirección General de Apoyo Fiscal
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió una respuesta sobre la situación
objeto de litigio, en la que expuso que la Personería Municipal no es una entidad
autónoma e independiente del municipio, dado que no cuenta con personalidad
jurídica ni un presupuesto de ingresos. Es un órgano que forma parte del
Presupuesto General del Municipio y solo tiene autonomía para comprometer,
contratar y ordenar el gasto en función de las apropiaciones incorporadas en la
sección presupuestal correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo
110 del Decreto No. 111 de 1996. Por tanto, conforme al principio de especialización
presupuestal, los salarios, prestaciones sociales y la seguridad social de la
exservidora pública desvinculada de la Personería Municipal deben ser cancelados
con cargo a las apropiaciones o partidas presupuestales de la sección presupuestal
de la Personería, la cual debe contar con un rubro específico para el pago de los
fallos judiciales, tal como lo ordena el artículo 45 del Decreto 111 de 1996.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05182-00
Accionante: Laura Viviana Salas Cardozo
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

21. En relación con los recursos asignados a las personerías municipales, y de
acuerdo con el artículo 37 de la Ley 1551 de 2011, afirmó que estos son insuficientes
para cubrir el valor de la condena. El artículo 10 de la Ley 617 de 2000 establece
que, por ser de sexta categoría, le corresponden 150 salarios mínimos legales
mensuales vigentes (SMLMV) para su funcionamiento, de los cuales el 90% se
destina al salario del personero y de la secretaria, lo que cubre los pagos de salarios,
prestaciones sociales, seguridad social y demás emolumentos. Los recursos para
el funcionamiento de la Personería Municipal provienen del Sistema General de
Participaciones, de libre destinación, los cuales son asignados a través de
documentos de distribución CONPES emitidos por el DNP cada vigencia, y se giran
en onceavas partes, sin realizar un único giro para cubrir los gastos de
funcionamiento.

22. Agregó que de acuerdo con el artículo 422 de la Ley 1564 de 2012, la sentencia
objeto de litigio no es clara. Aunque puede ser explícita por las razones expuestas
no es exigible, ya que desvincular al ente territorial (municipio) del pago de la
sentencia y malinterpretar la autonomía presupuestal de los 150 SMLMV asignados
para el funcionamiento de las personerías municipales en relación con la
responsabilidad patrimonial son conceptos distintos. Las personerías no cuentan
con ingresos ni con un inventario propio, ya que esta responsabilidad recae en el
municipio, que gestiona la contabilidad e inventario, si lo hay. Además, carecen de
propiedades, planta y equipos que puedan ser vendidos para cubrir la deuda.

23. Expuso que los recursos de la Personería Municipal de Palmas del Socorro
tienen carácter inembargable de acuerdo con el artículo 63 de la Constitución
Política, así como con el artículo 19 del Decreto 111 de 1996, el cual fue declarado
condicionalmente exequible según la sentencia C-354 de 1997, y el artículo 21 del
Decreto 28 de 2008, así como el Decreto 1101 de 2007. Además, destacó que
dentro del presupuesto de la Personería Municipal, el rubro denominado "sentencias
y conciliaciones" para 2024 fue presupuestado en $11,000,000, de los cuales se ha
realizado el pago de ajustes en las plantillas de seguridad social hasta donde lo
permita el valor.

24. Finalmente, indicó que la Personería ha intentado, a través de conciliaciones,
proponer a la demandante realizar el pago de la sentencia en cuotas anuales de
$10,000,000, siendo esta la única opción que permitiría destinar dicha suma al rubro
de sentencias y conciliaciones sin comprometer el funcionamiento de la Personería.
Sin embargo, esta propuesta no ha sido aceptada por la demandante, por lo que se
solicitó que se aplique el principio de sostenibilidad fiscal. Por lo tanto, no se ha
efectuado el pago de la sentencia, dado que la cuantía es elevada y la Personería
carece de la capacidad para cancelar el monto ordenado en la providencia. De
hecho, bajo la última liquidación de crédito presentada por el apoderado de la parte
demandante el 6 de febrero de 2024, el total asciende a $252,806,096, cifra que
excede la capacidad de una personería de sexta categoría, que apenas cuenta con

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05182-00
Accionante: Laura Viviana Salas Cardozo
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

los recursos necesarios para su funcionamiento, salarios, prestaciones sociales del
personero, secretaria y papelería.

Trámite en primera instancia

25. A través de auto del 27 de septiembre de 2024, el despacho sustanciador
admitió la tutela de la referencia; ordenó notificar al Tribunal Administrativo de
Santander como accionado; al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de
San Gil, al Municipio de Palmas del Socorro (Santander) y a la señora Yaneth Ayala
Dueñas como terceros interesados en las resultas del proceso. Además, requirió al
Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de San Gil para que allegara copia
digital del expediente con radicado 68679-33-33-001-2012-00207-02.

Intervenciones

26. El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de San Gil remitió el
link del expediente 68679-33-33-001-2012-00207-023.

27. El Tribunal Administrativo de Santander a través de una de sus integrantes,
informó que tomó posesión del cargo el 26 de febrero de 2024, de acuerdo con la
designación realizada por el Consejo de Estado el 20 de febrero del presente año.
Esta designación fue en reemplazo del magistrado Milcíades Rodríguez Quintero,
quien se retiró el 5 de diciembre de 2023 al cumplir la edad de retiro forzoso.
Posteriormente, el magistrado Iván Fernando Prada Macías asumió el encargo. En
este contexto, expresó que participó en la ponencia de la sentencia de segunda
instancia, salvo el auto que ordenó la corrección de un error aritmético.

28. Explicó que se analizaron las actuaciones del proceso ejecutivo, así como la
sentencia de segunda instancia objeto de la tutela, revisando cada uno de los
argumentos con el fin de determinar si lo dispuesto en primera instancia cumplía
con los criterios establecidos en la providencia que sirvió de título base para la
ejecución. Como resultado concluyó que se debía ordenar a la Personería Municipal
de Palmas del Socorro el reintegro de la demandante a su cargo y el pago de los
salarios y prestaciones dejados de percibir, dado que se trataba de una entidad con
autonomía administrativa y presupuestal.

29. Además, precisó que, tanto en el proceso ordinario como en el ejecutivo, el
municipio de Palmas del Socorro fue vinculado para representar judicialmente a la
Personería Municipal, dado que esta carece de personería jurídica. Sin embargo,
esto no implica que el municipio deba hacerse cargo del pago de la condena
impuesta en el título ejecutivo base, ya que en la demanda ordinaria sí estuvo
vinculado y, por lo tanto, la condena fue dirigida a la personería. En cuanto al

3 El link remitido es el siguiente: https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/adm03sgil_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id
=%2Fpersonal%2Fadm03sgil%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEstan
te%20Digital%2FProcesosTASApelacionDevyDif%2F68679333300320120020700%20NYR&ga=1
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05182-00
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Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

proceso ejecutivo, el ente territorial fue vinculado, pero se decidió continuar con la
ejecución únicamente contra la personería, ya que fue esta la que recibió la condena
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

30. Destacó que la decisión se ajusta a la Constitución Política, a la ley y a los
precedentes jurisprudenciales aplicables, está debidamente justificada y garantiza
los derechos constitucionales de las partes, por lo que carece de defectos
sustantivos, fácticos, orgánicos o procedimentales.

31. Por último, manifestó que la acción de tutela es un mecanismo residual y no
debe convertirse en una tercera instancia ni en un procedimiento alternativo a los
juicios ordinarios o ejecutivos. Además, se compartió el enlace del expediente digital
para consultar la providencia mencionada.

32. El Municipio de Palmas del Socorro - Santander argumentó que en las
sentencias proferidas se demostró que i) no se profirió ninguna declaración,
condena u orden en contra del Municipio de Palmas del Socorro y ii) el deudor está
plenamente identificado en las sentencias, en este caso siendo la Personería
Municipal de Palmas del Socorro.

33. Trajo a colación la sentencia C-365 de 2001 proferida por la Sala Plena de la
Corte Constitucional en la que se precisa que la competencia de ordenación del
gasto del alcalde municipal no comprende las personerías municipales. Así mismo,
arguyó que existe una ausencia de legitimación por pasiva en la causa, debido a
que no se profirió ninguna condena en contra del Municipio de Palmas del Socorro.

34. Concluyó que, la Alcaldía como entidad administrativa del nivel ejecutivo central
no puede y no debe asumir obligaciones que no fueron impuestas, por eso, no
puede responder directamente con recursos por hechos que son atribuibles a un
tercero, más aún cuando la Personería cuenta con autonomía administrativa y
presupuestal, por lo que cuenta con recursos para asumir ese tipo de condenas,
porque así no cuenta con “NIT propio” no significa que la Administración Municipal
de Palmas del Socorro debe asumir la responsabilidad de las malas actuaciones
hechas por la personera de la época, cuando “saco a esa persona de manera
incorrecta”.

35. La señora Yaneth Ayala Dueñas no intervino pese a estar notificada4.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Cuestión previa: la posible existencia de una cosa juzgada constitucional

4 El auto admisorio fue notificado el 30 de septiembre de 2024 a la siguiente dirección:
jujoyace8711@hotmail.com, el cual fue encontrado en el expediente 2012-00207-02, índice 4, en el
poder otorgado del proceso ejecutivo según lo indica la Secretaría General de esta corporación.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05182-00
Accionante: Laura Viviana Salas Cardozo
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

36. La Secretaría General de esta Corporación en el informe a despacho indicó que
existía una acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2023-05633-00 que
guarda una innegable similitud temática con el presente caso. Por tanto, la Sala
estima necesario abordar, como cuestión previa, el estudio correspondiente a la
existencia de una posible cosa juzgada constitucional y, de ser el caso, una conducta
temeraria. Al respecto, se advierte desde ya que, en el presente caso, no concurren
los elementos necesarios para dar aplicación a ninguna de estas dos instituciones ni
a sus consecuencias.

37. La institución de la cosa juzgada busca garantizar la seguridad jurídica y el
respeto por el derecho fundamental al debido proceso. En esa línea, el Código
General del Proceso establece, en su artículo 303, que “[l]a sentencia ejecutoriada
proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo
proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y
entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.”5

38. En tal sentido, la Corte Constitucional ha definido a la cosa juzgada como una
“institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas
en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables,
vinculantes y definitivas”6, y ha sostenido que dicha figura también resulta aplicable
en los procesos de tutela7.

39. En lo que respecta a la cosa Juzgada constitucional ha mencionado lo
siguiente:

Cosa juzgada constitucional

21. De conformidad con el artículo 243 de la Constitución, ‘los fallos que la Corte
dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada
constitucional’. Esta Corte ha señalado que las acciones de tutela también están
sometidas a los parámetros de la cosa juzgada. Por eso, el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991 dispone que quien ‘interponga la acción de tutela deberá
manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto
de los mismos hechos y derechos’8. La cosa juzgada dota a las providencias de
un valor inmutable, vinculante y definitivo. En consecuencia, ‘le está vedado
tanto a los funcionarios judiciales como a las partes y eventualmente a la
comunidad, volver a entablar el mismo pleito’9.

22. Una sentencia proferida en un proceso de tutela hace tránsito a cosa
juzgada constitucional (i) cuando es seleccionada para revisión por parte de
esta corporación y fallada en la respectiva Sala; o (ii) cuando, surtido el trámite

5 Código General del Proceso, artículo 303.
6 Corte Constitucional, Sentencia C-774 de 2001 y T-249 de 2016.
7 Ver, entre otras: Corte Constitucional, entre otras, sentencias T-427 de 2017, T-219 de 2018, T-
089 de 2019, T-497 de 2020, T-393 de 2021 y SU-397 de 2022.
8 Original de la cita: “Ver, entre otras, la sentencia C-774 de 2011”.
9 Original de la cita: “Corte Constitucional, sentencia SU-055 de 2018”.

10

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05182-00
Accionante: Laura Viviana Salas Cardozo
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

de selección, se vence el término establecido para que se insista en su
selección, sin que ésta haya sido escogida por esta corte10.
23. En una acción de tutela se vulnera el principio de cosa juzgada cuando: (i)
se adelanta un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia;
(ii) en el nuevo proceso existe identidad de partes11; (iii) de objeto12; y (iv) de
causa respecto del anterior13. Como lo ha señalado esta Corte, ‘si existen
elementos distintos que caracterizan la nueva acción (…) ya no podría hablarse
de cosa juzgada constitucional, en tanto que el nuevo litigio tendría otra
identidad sustancial que aún espera ser resuelta y ser dotada de su propia
intangibilidad’14.

24. Sobre esto, el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece que ‘[c]uando
sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada
por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes’, razón por la
cual, cuando se verifique la coincidencia material de los casos presentados ante
la jurisdicción constitucional, la conducta a seguir por los jueces de tutela
consiste en denegar la tutela solicitada, o bien declarar la improcedencia del
amparo, sin importar que estos no coincidan en el tiempo15.

40. Así las cosas, la presentación múltiple de una misma acción de tutela, de forma
sucesiva o simultánea, en la que concurra una triple identidad de objeto, causa y
partes, y donde exista un pronunciamiento judicial en firme que haya puesto fin a la
causa litigiosa, da lugar a la configuración de la cosa juzgada16.

41. Cabe resaltar que la misma Corte Constitucional ha sostenido que “si existen
elementos distintos que caracterizan la nueva acción (…) ya no podría hablarse de
cosa juzgada constitucional, en tanto que el nuevo litigio tendría otra identidad
sustancial que aún espera ser resuelta y ser dotada de su propia intangibilidad”, lo
que sucede en el presente caso como pasará a explicarse a continuación.

10 Original de la cita: “Constitución Política de 1991, artículo 241: ‘A la Corte Constitucional se le
confía la guarda de la integridad y la supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos
términos de este artículo, con tal fin cumplirá las siguientes funciones: (…) 9. Revisar, en la forma
que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos
constitucionales’”.
11 Original de la cita: “La identidad de partes, hace referencia a que ‘al proceso deben concurrir las
mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye
cosa juzgada’. Corte Constitucional, sentencias C-774 de 2001 y T-427 de 2017”.
12 Original de la cita: “Hay identidad de objeto cuando ‘sobre lo pretendido existe un derecho
reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica.
Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no
fueron declarados expresamente’. Corte Constitucional, sentencias C-774 de 2001 y T-427 de 2017”.
13 Original de la cita: “‘Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la
decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como
sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos,
solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los
fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa’. Corte
Constitucional, sentencias C-774 de 2001 y T-427 de 2017”.
14 Original de la cita: “Corte Constitucional, sentencia SU-055 de 2018”.
15 Original de la cita: “‘En el caso de que la acción de tutela fuese promovida por un abogado, la
consecuencia no solo consiste en el rechazo o la decisión desfavorable, sino además en la sanción
“con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años’. El artículo 38 del Decreto 2591
de 1991 dispone además que, en caso de reincidencia, ‘se le cancelará su tarjeta profesional, sin
perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar’”.
16 Corte Constitucional, Sentencia T-407 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

11

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05182-00
Accionante: Laura Viviana Salas Cardozo
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

42. El proceso con radicado 11001-03-15-000-2023-05633-00 el 7 de diciembre de
2023 se profirió la sentencia de primera instancia mediante la cual se declaró
improcedente la acción de tutela formulada por el Municipio de Palmas del Socorro
debido a que no cumplía con el requisito de relevancia constitucional ni
subsidiariedad. Decisión que fue notificada el 11 de enero de 2024 17 y el 22 del
mismo mes y año fue enviada a la Corte Constitucional18.

43. Así mismo, tras consultar con el número de expediente de primera instancia de
esta Corporación, en el sistema de búsqueda de procesos dispuesto por la
Secretaría de la Corte Constitucional, se encontró que no fue seleccionado para
revisión, como se puede ver a continuación:

44. Así las cosas, esta Sala concluye que, si bien la sentencia proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado no fue seleccionada para
revisión, no se vulnera el principio de la cosa juzgada como quiera que no existe
identidad de las partes, además que su objeto y causa son diferentes. Veamos:

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05633-00 Radicado: 11001-03-15-000-2024-05182-00
proferida por la Subsección C de la Sección en curso
Tercera del Consejo de Estado
Identidad de las partes
Como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corporación, se presenta cuando se
trata de los mismos sujetos que en nombre propio o por medio de representante

17 Ver índice 30 del proceso con radicado 11001-03-15-000-2023-05633-00.
18 Ver índice 31 del proceso con radicado 11001-03-15-000-2023-05633-00.

12

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05182-00
Accionante: Laura Viviana Salas Cardozo
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

comparecieron al proceso anterior -bien en calidad de demandante o de
demandado- y actúan en el nuevo19

a. Accionante: Municipio de Palmas del a. Accionante: Personería Municipal de
Socorro Palmas del Socorro
b. Accionado: Tribunal Administrativo de b. Accionado: Tribunal Administrativo de
Santander y del Juzgado 3º Santander
Administrativo de San Gil
Su objeto
El objeto se refiere a la relación o situación jurídica sobre la cual versa el derecho
que se pretende en la sentencia y que se somete a la decisión del juez (qué se
litiga); es decir, se refiere al derecho o pretensión que se ha solicitado en la nueva
demanda (petitum), coincida con el del otro proceso previamente resuelto, toda
vez que no se configura esta institución procesal sobre pretensiones que no han
sido materia de pronunciamiento en una sentencia20
(i) amparar los derechos fundamentales (i) Obtener la protección de los derechos
al debido proceso, de acceso a la fundamentales al debido proceso,
administración de justicia, a la seguridad aplicación del precedente
jurídica y a la buena fe. jurisprudencia, seguridad jurídica y
(ii) que se precise si la vinculación del principio de sostenibilidad fiscal de la
municipio de Palmas del Socorro es solo Personería Municipal de Palmas del
para garantizar la comparecencia de la Socorro.
personería ejecutada, pues esta no (ii) Se ordene al Tribunal accionado que
cuenta con personería jurídica modifique las órdenes de pago
(iii) que se le garantice al aludido impartidas en la sentencia de segunda
municipio gozar de armonía en cuanto a instancia dentro del proceso ejecutivo.
sus deberes y al desarrollo de la (iii) Se vincule de manera clara y expresa
planeación del presupuesto en la parte resolutiva ordenando al
Municipio de Palmas del Socorro la
obligación del pago de los salarios,
prestaciones y demás emolumentos no
solo a la Personería sino con cargo al
presupuesto del Municipio de Palmas
del Socorro.
(iv) Las demás que se consideren
pertinentes de manera ultra y extra
petita.
Causa petendi:
Es el hecho jurídico que sirve de razón, motivo y fundamento de la pretensión (el
porqué del litigio); es decir, consiste en que los supuestos fácticos y los
fundamentos jurídicos en virtud de los cuales se demanda sean en esencia los

19 Sentencia 11001-03-25-000-2005-00167-01 del Consejo de Estado.
20 Sentencia 11001-03-25-000-2005-00167-01 del Consejo de Estado.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05182-00
Accionante: Laura Viviana Salas Cardozo
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

mismos expuestos en el primer proceso, de manera que, si varían, el segundo
proceso es diferente y no existe cosa juzgada21
i) No existe ninguna obligación que le i) Según la jurisprudencia del Consejo de
sea imputable y las acreencias Estado, las condenas por prestaciones
reclamadas deben ser pagadas sociales endilgadas a las personerías
exclusivamente por la Personería, municipales debido a la
porque cuenta con autonomía corresponsabilidad que tienen con los
presupuestal y administrativa. municipios, deben distribuir su
ii) Se debe dar aplicación a los principios presupuesto y cancelar estos montos,
de especialización presupuestal y de pese a que la personería esté dotada de
sostenibilidad. autonomía administrativa y
iii) Se han generado confusiones en el presupuestal.
proceso ejecutivo porque en algunos ii) Se confundió la autonomía de los 150
casos se ha tenido al Municipio como la SMLMV que asigna la ley para el
parte ejecutada y en otros se ha funcionamiento de las personerías con
estimado que la única obligada es la la responsabilidad patrimonial por la
personería demandada. acción u omisión de la Personería
Municipal, porque como no se tiene
personería jurídica no tienen todos los
atributos plenos de ente territorial.
iii) De acuerdo con los recursos
asignados a la Personería, son
insuficientes para cancelar el valor de la
condena, teniendo en cuenta el artículo
10 de la Ley 617 de 2000. Además de
que se trata de un Municipio de sexta
categoría.
iv) Los gastos de funcionamiento de la
personería provienen del Sistema
General de Participaciones Fuente de
Financiación SGP libre destinación, los
cuales son asignados a través de los
documentos de distribución CONPES
expedidos por el DNP cada vigencia
siendo girados a través de onceavas
partes.
v) La suma que se estableció en el
proceso ordinario desborda la capacidad
de una personería de sexta categoría.

45. En suma, en el caso concreto no hay lugar a declarar la cosa juzgada
constitucional, en tanto que existen variaciones sustanciales en cuanto a sujetos,
causa y objeto. Superada entonces esta discusión, se procederá a examinar si la

21 Sentencia 11001-03-25-000-2005-00167-01 del Consejo de Estado.

14

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Accionante: Laura Viviana Salas Cardozo
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Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

acción de tutela resulta procedente para amparar los derechos cuya vulneración fue
invocada en la demanda.

Análisis de la procedencia de la acción de tutela

46. En el presente asunto, la Subsección considera que no se cumple el requisito
de subsidiariedad ni de relevancia constitucional.

47. La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia
constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de competencia
del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos fundamentales e c)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces22.

48. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para
establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional
es necesario examinar dos elementos, a saber23:

i) Que el actor cumpla su carga argumentativa de justificar suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues no
basta aducir la vulneración de estos derechos y ii) que la demanda de tutela no
constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la
providencia acusada, dado que este mecanismo especial constitucional está
constituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia
que el actor tenga frente a la decisión judicial.

49. En el caso bajo estudio, lo primero que advierte la Sala es que la controversia
versa sobre un asunto meramente legal y/o económico, relacionado con la capacidad
del ente público demandado de cumplir a cabalidad con las obligaciones dinerarias
que le fueron impuestas. Según la jurisprudencia constitucional, las discusiones de
orden legal relativas a un derecho de esta naturaleza, deben ser resueltas mediante
los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, puesto que “le está prohibido
al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de carácter netamente
legal o reglamentario”, so pena de “involucrarse en [cuestiones] que corresponde
definir a otras jurisdicciones”24.

50. Además, la Corte Constitucional ha considerado que un asunto carece de
relevancia constitucional (i) cuando la discusión se limita a la mera determinación de
aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación o aplicación de una

22 Sentencia T–422 de 2018.
23 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero
Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
24 Sentencia SU-173 de 2019.

15

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05182-00
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Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

norma “de rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n
violaciones a los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente
monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no representen un interés
general”25.

51. En cuanto al requisito de subsidiariedad, es menester precisar que encuentra
origen constitucional en el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política según
el cual la acción de tutela “sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1 del artículo 6 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

52. En ese sentido, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten
idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran
amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la acción de tutela.

53. Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido:

“Esta exigencia constitucional responde al principio de subsidiariedad del
amparo, que pretende asegurar que no sea considerado en sí mismo una
instancia más en el trámite jurisdiccional, un mecanismo de defensa que
reemplace aquellos otros diseñados por el legislador y mucho menos, como se
pretende en este caso, un camino excepcional para solucionar errores u
omisiones de las partes para corregir oportunidades vencidas en los procesos
jurisdiccionales ordinarios”26.

54. Advierte la Sala que la demanda de tutela está encaminada a controvertir la
juridicidad de una providencia judicial, con miras a que se defina si la Personería de
Palmas del Socorro debe cumplir las órdenes de pago impartidas en la sentencia
que le sirve de fundamento al proceso ejecutivo, o debe hacerlo conjuntamente con
el municipio al cual pertenece.

55. Para la Sala, la acción de tutela no es el escenario idóneo encaminado a
analizar asuntos de orden presupuestal para el pago de las condenas de acuerdo
con las contingencias generadas, tal como lo plantea la demanda. Al respecto, es
preciso señalar que la Corte Constitucional en sentencia T-169 de 2016 se pronunció
respecto a la autonomía presupuestal y financiera de las personerías municipales,
como órganos de control del Estado, cuyos recursos provienen del presupuesto del
municipio. En dicha decisión, la Corte destacó que corresponde a dichas autoridades
y no al juez de tutela, adoptar las decisiones correspondientes en materia
presupuestal:

“(…) esta Sala estima pertinente precisar que los recursos que gira el municipio
a las personerías, conforman un componente global y único que corresponde a
una suma especifica de dinero, sin que ésta pueda ser dividida y segmentada
por el municipio, toda vez que dentro de su autonomía presupuestal y financiera,

25 Ibidem.
26 Sentencia T-735 de 17 de octubre de 2013, M.P. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.

16

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05182-00
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Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

es el ente de control quien está encargado de discriminar los ítems en los cuales
se deberán repartir las transferencias –entiéndase como gastos por concepto
de servicios prestados y demás de funcionamiento de la personería–. Así las
cosas, no resulta preciso que el juez de tutela ordene directamente al ente
territorial el pago de un salario, ya que la suma que debe girar corresponde
a un todo indivisible y no a un valor segmentado de dinero.

De ahí que también resulte importante precisar el papel que cumple el municipio
como ente girador de los recursos de los cuales depende el salario de los
trabajadores de la personería y no como empleador de dicho organismo de
control. Sobre el particular, es preciso enfatizar que si vienen las obligaciones
laborales y de la seguridad social dependen del presupuesto del municipio, es
la personería y no el citado ente territorial el empleador de los funcionarios del
organismo de control. Sobre la naturaleza de la relación entre el municipio como
ente girador de las transferencias y la personera como empleada de la
personería Municipal, señaló en la Sentencia T-632 de 2002 que:

“Esta Sala no desconoce lo sostenido por los demandados en el sentido de
que, no es el municipio de Rovira (Tolima) el ente empleador de la tutelante,
pues ésta, como cabeza del ministerio público en el citado municipio,
depende de la Personería de este ente territorial, pero esta Sala tampoco
puede pasar por alto que los recursos de los cuales depende el cabal
funcionamiento de la personería municipal, incluidos los salarios y los
aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y riesgos
profesionales) de la actora, se obtienen de las transferencias que debe hacer
la alcaldía municipal a la mencionada entidad, no siendo de recibo los
argumentos de los demandados de que por encontrarse en proceso de
reestructuración, no es posible cancelar las acreencias que requiere no
solamente la actora para su subsistencia, sino también para el buen
funcionamiento del ministerio público de esa entidad territorial, pues cuando
se trata de salarios, “sean estos anteriores o posteriores a dicho proceso,
constituyen gastos de administración que deben ser cancelados de
preferencia, a fin de no comprometer ni vulnerar derechos fundamentales”.
(Sentencia T-1160/01).”

56. Extrapolando las anteriores consideraciones al caso concreto, la Sala estima
que los recursos que el municipio destina a las personerías forman un único
componente financiero que no puede ser segmentado, cuya ordenación no
corresponde realizarla al juez constitucional. Aunque el presupuesto municipal es
crucial para el funcionamiento de la personería, la responsabilidad de las
obligaciones recae exclusivamente en el ente de control.

57. De hecho, en la mencionada sentencia T-169 de 2016, la Corte Constitucional
indicó que la Personería “cuenta con la posibilidad de exigir, a través de la acción de
cumplimiento, la satisfacción de los deberes consagrados en el Decreto 111 de 1996,
referentes a la obligación de tener en cuenta las apropiaciones de los gastos de
funcionamiento de las personerías, así como el compromiso de proceder a su
posterior giro, con la finalidad de que éstas puedan realizar sus labores misionales”.
En palabras de la Corte Constitucional, “no cabría la prohibición del parágrafo del
artículo 9 de la Ley 393 de 1997, en el que se dispone la improcedencia de la citada
acción frente a normas que establezcan gastos, pues se trata de unos recursos que

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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05182-00
Accionante: Laura Viviana Salas Cardozo
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

ya están autorizados y que sólo faltaría su ejecutoria, hipótesis exceptiva que ha sido
avalada por el Consejo de Estado27”.

58. Por consiguiente, no es este el mecanismo adecuado para que el Juez de
Tutela determine la manera en que las sentencias dictadas por los jueces sean
acatadas, o para que se ordene el cumplimiento de disposiciones de carácter
presupuestal, pues la Personería cuenta con las herramientas legales para asegurar
el acatamiento de una decisión judicial.

59. En esta oportunidad, es oportuno recordar que la ejecución de dichas
decisiones se traduce en la sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos a la
Constitución, y que el incumplimiento de esa garantía constituye un grave atentado
al Estado de derecho. De manera que, cuando una autoridad demandada “se rehúsa
o se abstiene de ejecutar lo dispuesto en una providencia judicial que le fue adversa,
no sólo vulnera los derechos fundamentales que a través de esa última se han
reconocido a quien invocó la protección, sino que desacata una decisión que hizo
tránsito a cosa juzgada, violándose por esta vía el ordenamiento jurídico superior”28.
Lo anterior, comoquiera que “la misión de los jueces de administrar justicia mediante
sentencias con carácter obligatorio exige de los entes ejecutivos una conducta de
estricta diligencia en el cumplimiento de las mismas, con el fin de mantener vigente
el Estado de Derecho, actuar en concordancia con sus fines esenciales e inculcar en
la población una conciencia institucional de respeto y sujeción al ordenamiento
jurídico.”29

60. Bajo esa perspectiva, se declarará improcedente la acción de tutela formulada
por la parte actora, ante la falta de relevancia constitucional y el incumplimiento del
requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

27 Cita original de la sentencia T-169 de 2016. “Sobre el particular, se pueden consultas las siguientes
sentencias del Consejo de Estado: Sección Tercera, Sentencia del 25 de enero de 1999, expediente
ACU-552, C.P. Daniel Suarez Hernández y Sección Primera, Sentencia del 7 de febrero de 2002,
expediente No. 88001-23-31-000-2001-0002-01(ACU), C.P. Camilo Arciniegas Andrade. Por lo
demás, y en relación con lo expuesto, se observa a folio 140 del cuaderno 1 una copia del Acuerdo
No. 016 de noviembre de 2014, en donde aparece la relación del presupuesto de ingresos y gastos
del municipio de Moñitos para la vigencia fiscal 2015. Allí se puede observar que el presupuesto
aprobado para la Personería Municipal en el año 2014 fue de $ 92.400.000 y en el año 2015 de $
97.020.000. De lo anterior se desprende que los recursos que deben ser girados al citado ente de
control no corresponden a gastos que deban aprobarse, sino que, por el contrario, se trata de gastos
incluidos dentro de los presupuestos anuales del municipio”.
28 Sentencia T-553 de 1995, reiterada en la sentencia T-371 de 2016.
29 Ibidem.

18

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-05182-00
Accionante: Laura Viviana Salas Cardozo
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: En caso de no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: este documento fue suscrito en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular
el código QR que aparece a la derecha.

VF

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