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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05711-00

Fecha
27 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05711-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-05711-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

27 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05711-00
Accionante: Alfrith Daniel Salas Quintero
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por Alfrith Daniel Salas Quintero en
contra del Tribunal Administrativo de Sucre.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

Alfrith Daniel Salas Quintero interpuso tutela1, a través de apoderado judicial2, en
procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, y de los
principios de la perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica y favorabilidad, que
consideró vulnerados con el fallo emitido el 30 de marzo de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Sucre, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho de radicado 70001-33-33-002-2022-00156-01.

2. Hechos

2.1. Alfrith Daniel Salas Quintero se vinculó como docente, al Departamento de
Sucre, con posterioridad a 1990.

2.2. El 15 de febrero de 2021 el Ministerio de Educación no le consignó sus
cesantías al Fomag, las que se le debían por los servicios prestados durante el
2020. El 7 de septiembre de 20213 el tutelante solicitó, por esa omisión, el
reconocimiento de la sanción por mora.

2.3. Ante la falta de contestación a su petición, el tutelante presentó demanda4, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra

1
Obra en el certificado D6063F43DBEBAFB3 8C28CBBFCBC6291F 87114829E7E62E92
D80E073F910214E2, índice 2.
2
Obra en el certificado BB5893CF4F4B0FF4 5AF043C39189B7A4 6280682E9A113BDC
F87F9DABAE99A8A2, índice 2.
3
Folios 47 – 50 del archivo 01DEMANDA del certificado AC2E8061690EA1C8 9BE5B8A199DE9AE3
6B0AB2FA91F10820 37F818AD27BD0F99, índice 9.
4
Folios 1 – 42, ibid.

2
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05711-00
Accionante: Alfrith Daniel Salas Quintero
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio y del Departamento de Sucre en la que pretendió que se condenara
al pago de la sanción moratoria contenida en la Ley 50 de 1990, equivalente a un
día de salario por cada día de retardo a partir del 15 de febrero de 2021, fecha en
la que se debió consignar el valor de las cesantías del año 2020 en el respectivo
fondo prestacional, así como el reconocimiento de la indemnización por el pago
tardío de los intereses a las cesantías prevista en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975,
la Ley 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991.

2.4. En primera instancia el asunto fue conocido por el Juzgado Segundo
Administrativo de Sincelejo que, el 30 de septiembre de 20225, profirió sentencia en
la que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por cuanto, en
atención al principio de favorabilidad y según los parámetros jurisprudenciales
fijados en la SU-041 de 2020 y la sentencia del 9 de mayo de 2022 de la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado6, los docentes vinculados a partir
del 1º de enero de 1990 y que pertenecen al régimen anualizado de cesantías,
tienen derecho al reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el artículo 99
de la Ley 50 de 1990 y en el Decreto 1582 de 1998, por falta del pago oportuno de
esos emolumentos prestacionales.

2.5. Inconformes, el Departamento de Sucre7 y el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio8 interpusieron sendos recursos de apelación, los cuales
fueron resueltos por el Tribunal Administrativo de Sucre mediante sentencia del 30
de marzo de 20239, en el sentido de revocar la decisión del a quo.

2.6. Para ello, el Tribunal indicó que los docentes no son acreedores de la sanción
moratoria de la Ley 50 de 1990 ni de la indemnización por el pago tardío de los
intereses a las cesantías de la Ley 52 de 1975, debido a que la Ley 344 de 1996 los
excluyó de tal beneficio al prever que aquellos cuentan con el régimen especial para
el reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales contenido en la Ley 91 de
1989.

5
Obran en el archivo 16SENTENCIAANTICIPADA del certificado AC2E8061690EA1C8 9BE5B8A199DE9AE3
6B0AB2FA91F10820 37F818AD27BD0F99, índice 9.
6
Proferida al interior del radicado 08001-23-33-000-2017-00795-01 (2659-2020).
7
Obra en el archivo 18RECEPCIONRECURSOAPELACIÓN del certificado AC2E8061690EA1C8
9BE5B8A199DE9AE3 6B0AB2FA91F10820 37F818AD27BD0F99, índice 9.
8
Obra en el archivo 19RECEPCIONRECURSOAPELACIÓN, ibid.
9
Obra en el certificado 8A7F0771FE2F35E2 0CDB5CB42064CEB0 87632F3D5C92BC25
1956CA8F587BBED8, índice 9 del expediente digital 70001-33-33-002-2022-00156-01 del Samai del Tribunal
Administrativo de Sucre.

3
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05711-00
Accionante: Alfrith Daniel Salas Quintero
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

3. Fundamentos de la acción de tutela

La parte accionante invocó los siguientes argumentos:

3.1. Trajo a colación más de 26 sentencias proferidas por el Consejo de Estado en
trámites ordinarios y de tutela durante los años 2019 a 2023 en las que se indicó
que docentes como el accionante tenían derecho a obtener el pago de la sanción
por mora de que tratan las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, pronunciamientos que
crearon en el tutelante una confianza legítima de que su caso sería resuelto
favorablemente, puesto que la postura del alto tribunal contencioso administrativo
ha sido pacífica al respecto.

3.2. Agregó que el criterio adoptado por el Tribunal Administrativo de Sucre
generaba una situación más gravosa para los docentes afiliados al Fomag frente a
otro tipo de trabajadores y empleados públicos, pues al no estar garantizado el pago
de sus cesantías no tenían certeza frente al cumplimiento de esta prestación, lo
cual, a su vez, desconocía el precedente fijado por la SU-098 de 2018; así como se
confundió el principio de unidad de caja con la obligación de consignar las cesantías
oportunamente.

3.3. También consideró configurado un defecto sustantivo y uno por violación directa
a la Constitución, puesto que se había dado aplicación a una interpretación
restrictiva frente al artículo 53 superior, que vulneraba los principios de favorabilidad
en la aplicación de la ley e in dubio pro operario y que era obligación de las
autoridades judiciales mantener la progresividad en el reconocimiento de derechos.

3.4. Luego, procedió a transcribir apartes de las sentencias de unificación 098 de
2018, 332 de 2019 y 041 de 2020 emitidas por la Corte Constitucional, mediante las
que, en virtud del principio de favorabilidad, se ampararon los derechos de docentes
a quienes no les fue aplicado el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 con
fundamento en que ellos gozan de un régimen especial que no contempla la sanción
moratoria en cuestión.

4. Pretensiones de la acción de tutela

El interesado solicitó textualmente lo siguiente:

4
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05711-00
Accionante: Alfrith Daniel Salas Quintero
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE en la sentencia
proferida el día 30/3/2023, en el expediente rad. No.
70001333300220220015601, transgredió los derechos fundamentales: AL
DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN
MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE
DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD
JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL
VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no
se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia
constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso
administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales
de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SUCRE; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de
precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las
sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H.
Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el
reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la
demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes
expedientes: (…)”10.

5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición

5.1. Mediante auto del 3 de octubre de 202311 el ponente admitió la acción de tutela
y ordenó notificar, en calidad de demandado, al Tribunal Administrativo de Sucre y,
en calidad terceros con interés, al Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo, a
la Nación – Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio – Fomag y al Departamento de Sucre12.

5.2. El Ministerio de Educación13 manifestó que la SU-098 de 2018 no es aplicable
al caso y que el depreco ius fundamental carece de relevancia constitucional;
agregó que no se evidencia la vulneración denunciada, por lo cual la tutela es
improcedente.

5.3. La Fiduprevisora14 se refirió, en primer lugar, al fallo de unificación dictado el 11
de octubre de 2023 por la Sección Segunda de esta Corporación, luego, adujo que
la petición constitucional es improcedente, pues no está debidamente

10
Folios 2 ̶ 3 del certificado D6063F43DBEBAFB3 8C28CBBFCBC6291F 87114829E7E62E92
D80E073F910214E2, índice 2.
11
Obra en el certificado 612985891D141A19 DF793337ED44DAA6 C0E33E7FF3A1339B
E43CBC9C8298AC9C, índice 5.
12
Los soportes de notificación obran en los índices 8 y 11.
13
Obra en el certificado 2EEA3F79DA968DA4 2E63A86C142F74E4 5812012F80CEF1D7
24F68F4BFC232460, índice 12.
14
Obra en el certificado AD17C63F2C06F861 5D609F21EEFFCF3F A30A08EB6E50DD35
905C8B5C58765115, índice 13.

5
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05711-00
Accionante: Alfrith Daniel Salas Quintero
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

fundamentada. Aclaró que en el Fomag no existen cuentas individuales y que, bajo
el principio de unidad de caja, las cesantías no se consigan, sino que se trasladan
al fondo el primer mes de cada vigencia. Puntualizó que las circunstancias
estudiadas en la SU-098 de 2018 son diferentes a las del peticionario y concluyó
que no se vulneraron las garantías constitucionales de este.

5.4. El Tribunal Administrativo de Sucre15 señaló que el Consejo de Estado, a la
fecha en que se profirió la sentencia cuestionada, no había emitido un precedente
unificado sobre la materia que se debate, la SU-098 de 2018 tuvo presupuestos
fácticos diferentes de los propuestos en el proceso ordinario y el análisis efectuado
en el fallo del 30 de marzo de 2023 se fundamentó en las pruebas obrantes en el
expediente y el régimen especial de cesantías de los docentes afiliados al Fomag.
Ultimó que la finalidad de esta tutela es reabrir lo resuelto en el proceso ordinario,
lo cual la hace improcedente.

5.5. Los demás interesados guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por Alfrith
Daniel Salas Quintero en contra del Tribunal Administrativo de Sucre de
conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto
2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

La Sala verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los requisitos
generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si la providencia
censurada incurrió en las causales específicas de procedencia alegadas.

3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos

15
Obra en el certificado 1CFFDE9FD3DA30FF A7F51E946CBB99DF 24F57828CE325277
E2772924E06053AC, índice 14.

6
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05711-00
Accionante: Alfrith Daniel Salas Quintero
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

requisitos de procedibilidad16 y de procedencia17 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.

4. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto

4.1. Sobre este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela
“no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”18.

En efecto, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber19: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el
cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo especial
constitucional está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional, a través de la sentencia SU-215 de 202220,
advirtió que para analizar si una acción de tutela cumplía con el requisito de
relevancia constitucional, era necesario verificar:

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales”.

16
De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
17
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental;
defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto
por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
18
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
19
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001 03 15 000 2012 02201 01, C.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.
20
Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

7
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05711-00
Accionante: Alfrith Daniel Salas Quintero
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Así mismo, resaltó que en caso de que una acción de tutela fuere incoada en contra
de una providencia judicial emitida por una alta corte, resultaba mandatorio advertir,
además de los anteriores requisitos, “una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales”.

4.2. Para la Sala se torna evidente que el amparo impetrado no satisface el requisito
de relevancia constitucional, puesto que se advierte como un medio dirigido a revivir
el análisis efectuado por el Tribunal Administrativo de Sucre dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 70001-33-33-002-2022-00156-
01, como si este mecanismo fuera una instancia adicional, según se explicará.

4.3. El tutelante alega, en esencia, que la autoridad judicial accionada no tuvo en
cuenta una gran cantidad de pronunciamientos emitidos por el Consejo de Estado
entre los años 2019 y 2023 en los que se estableció que docentes como él tenían
derecho a obtener el pago de la sanción por mora de la que tratan las Leyes 50 de
1990 y 344 de 1996, además de que la sentencia atacada no fue debidamente
motivada, ya que el Tribunal no puso de presente razones suficientes para apartarse
del precedente constitucional aplicable. Adicionalmente, argumentó que fue
desconocido el principio de favorabilidad, pues la Corte Constitucional, en distintas
sentencias de unificación, afirmó que los docentes también tendrían derecho a
obtener el pago de la sanción por mora prevista en la Ley 50 de 1990.

4.4. Ahora bien, al verificar los argumentos vertidos en la providencia del 30 de
marzo de 2023 dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre, se dilucidan las
siguientes consideraciones textuales:

“Pues bien, teniendo en cuenta el régimen normativo y la pauta marcada por la
jurisprudencia puesta de presente, considera la Sala que los docentes afiliados
al FOMAG cuentan con un régimen especial para la consignación y liquidación
de sus cesantías, que es el previsto en la Ley 91 de 1989, sin que proceda la
consignación de la citada prestación a cada docente en una cuenta individual,
pues, los recursos destinados para su pago son girados de forma global e
incorporados con una periodicidad mensual durante todo el año.

De manera que, los recursos comunes relacionados con el pago auxilio de
cesantías de los docentes a fecha 31 de diciembre del año de su causación
reposan en el FOMAG, no obstante, la liquidación individual de las cesantías de
cada docente es realizada por las secretarías de educación territorial en el
término establecido por el FOMAG, que para el auxilio de cesantías
correspondiente al año 2020, fue el 5 de febrero de 2021, según lo estipulado
en la Comunicado No. 008 del 11 de diciembre de 2020, liquidación que se
efectúa con el único fin de pagar los intereses de las cesantías mas no para
efectos de consignar esta prestación social en una cuenta individual antes del

8
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05711-00
Accionante: Alfrith Daniel Salas Quintero
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

15 de febrero del año siguiente, como sucede en el régimen anualizado de
cesantías de la Ley 50 de 1990, iterando que las cesantías de los docentes en
atención al principio de unidad de caja se reportan en el FOMAG de manera
conjunta.

Por ello y como quiera que las cesantías del demandante se vienen reportando
en el FOMAG desde su afiliación al precitado fondo, la Sala considera que no
le es aplicable la sanción moratoria derivada de la no consignación de las
cesantías antes del 15 de febrero del año siguiente, que se encuentra prevista
en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

En este punto se precisa, que en el presente caso no es vinculante la posición
fijada en la SU-098 de 2018 y en las sentencias del H. Consejo de Estado en
las que por favorabilidad se ha aplicado a los docentes la sanción moratoria de
que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por la omisión de los entes
territoriales de I) realizar su afiliación al FOMAG, trayendo ello, como
consecuencia que no se le reconozcan y consignen sus cesantías, y de II)
trasladar su auxilio de cesantías al FOMAG al momento de su vinculación, que
este Tribunal ha aplicado en casos semejantes, toda vez que, los supuestos
fácticos en el presente proceso son distintos, por pretenderse el reconocimiento
de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, por la no consignación del auxilio
de cesantías del demandante correspondiste al año 2020 antes del 15 de
febrero de 2021, quien es un docente afiliado al FOMAG, cuyas cesantías se
han venido reportando en el fondo en alusión desde el 1993 a 2020, como da
cuenta el Extracto de Intereses a las Cesantías, emanado del FOMAG.

(…)

Por lo tanto, la demandante no es beneficiaria de la sanción moratoria contenida
en la Ley 50 de 1990, pues, tal penalidad no está instituida en el régimen
especial que regula el reconocimiento de las cesantías de los docentes, que no
es otro que el previsto en la Ley 91 de 1989 y el Acuerdo No. 39 de 1998, en el
cual, se administran los recursos conforme al principio de unidad de caja,
además, por no existir un precedente consolidado de obligatoria aplicación en
este asunto, que se itera es disímil a aquellos procesos en que la H. Corte
Constitucional, el H. Consejo de Estado y este Tribunal han aplicado por
favorabilidad la sanción cuyo reconocimiento persigue la parte demandante.”21.

4.5. Luego de lo relatado, se observa que, en sede de tutela, la parte accionante
pretende que nuevamente se valoren los argumentos ya planteados en el asunto
ordinario y resueltos por la autoridad judicial cuestionada en la sentencia censurada,
con el objetivo de que le sea reconocido el pago de la sanción en virtud de la Ley
50 de 1990.

Se advierte que en sede ordinaria el Tribunal criticado explicó los motivos por los
que, de conformidad con la Ley 91 de 1989, no era posible conceder la sanción por
mora en el pago de las cesantías de que trata la Ley 50 de 1990, porque esta figura
no está contemplada dentro del régimen especial de cesantías aplicable a los

21
Folios 35 ̶ 38 del certificado 8A7F0771FE2F35E2 0CDB5CB42064CEB0 87632F3D5C92BC25
1956CA8F587BBED8, índice 9 del expediente digital 70001-33-33-002-2022-00156-01 del Samai del Tribunal
Administrativo de Sucre.

9
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05711-00
Accionante: Alfrith Daniel Salas Quintero
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

docentes ni existe un precedente que establezca que en la situación en la que se
encuentra el demandante resulte procedente acudir a este último cuerpo normativo.

4.6. En este punto, no puede desconocer la Sala que la Sección Segunda del
Consejo de Estado se pronunció y unificó el tema objeto de tutela, en sentencia
SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, en los siguientes términos:

“Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio
activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por
ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social
en favor del docente estatal.

Cuarto.- Advertir a la comunidad en general que la presente decisión es de
aplicación inmediata a todos los procesos que se encuentren en curso y en los
que se pretenda la aplicación de la normativa que fue objeto de interpretación,
de manera que las consideraciones expuestas en esta providencia en relación
con el tema objeto de unificación constituyen precedente obligatorio en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos
en discusión tanto en vía administrativa como judicial.

Quinto. – Precisar que los casos respecto de los cuales ya ha operado la cosa
juzgada, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables”22.

4.7. Resulta claro que la parte accionante pretende utilizar la acción de tutela como
si se tratara de una instancia adicional, pues, como se vio, las críticas contenidas
en el escrito tuitivo buscan reabrir el debate que tuvo lugar en el trámite ordinario,
con el fin de que prevalezca la interpretación del tutelante sobre la acogida por el
Tribunal Administrativo de Sucre, así, el asunto sale de la competencia del juez
constitucional.

4.8. Al respecto, debe insistirse en que la procedencia de la acción de tutela en
contra de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para
desconocer la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada
y seguridad jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y
no como un “juicio de corrección” de la decisión cuestionada23, lo que se opone a
que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los
asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en
el curso del proceso ordinario24.

22
Sentencia que se notificó el 12 de octubre de 2023, tal y como se puede corroborar en la plataforma SAMAI,
índice 77 del expediente radicado al número 66001333300120220001601.
23
Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009.
24
Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018.

10
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05711-00
Accionante: Alfrith Daniel Salas Quintero
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

5. En consecuencia, el presupuesto de relevancia constitucional, como se expuso,
no se encuentra superado en este caso y hace que la acción constitucional resulte
improcedente.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de no ser impugnada.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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