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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05712-00

Fecha
17 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05712-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado, en los términos expuestos en la parte motiva de la presente sentencia. SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-05712-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

17 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ (E)

Bogotá D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05712-00
Accionante: Oscar Luis Álvarez de la Espriella
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - Instancia adicional – la parte
actora pretende reabrir el debate estrictamente legal y económico al no estar de
acuerdo con lo decidido por el juez natural – sanción moratoria por el no pago
oportuno de las cesantías.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de
la solicitud de amparo constitucional formulada por Oscar Luis Álvarez de la Espriella
contra el Tribunal Administrativo de Sucre.

I. ANTECEDENTES

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 29 de septiembre de 2023, el señor Oscar Luis Álvarez de la Espriella, a través
de apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Sucre, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración de justicia,
“situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho”, así como los principios de
perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica. Considera que tales prerrogativas
fueron vulneradas por la autoridad accionada al proferir la sentencia del 30 de marzo
de 2023, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2 que
promovió contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio3 y el Departamento de Sucre.

1
Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2
Identificado con número de radicado 70001-33-33-002-2022-00149-01.
3
En adelante Fomag.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05712-00
Accionante: Oscar Luis Álvarez de la Espriella
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

2.- La parte actora pretende que, en virtud del amparo, se ordene a la autoridad
judicial demandada dejar sin efectos la providencia cuestionada y, en su lugar,
profiera una sentencia de reemplazo “atendiendo la multiplicidad de precedentes
judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098
de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado
mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción
por mora como fue solicitada en la demanda(…) ”4.

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y
de las pruebas allegadas se tiene, que:

4.- El señor Oscar Luis Álvarez de la Espriella labora con la entidad territorial
certificada en Educación del Departamento de Sucre y se encuentra vinculado al
Fomag en calidad de docente oficial.

5.- El 30 de julio de 2021, el accionante solicitó al Departamento de Sucre el
reconocimiento y desembolso de sus cesantías, así como la sanción moratoria
consagrada en la Ley 50 de 1990, generada por la consignación extemporánea de
sus cesantías, y el pago de la indemnización por el desembolso tardío de los
intereses a las cesantías, consagrada en la Ley 52 de 1975. Indicó que la solicitud
fue remitida a la Fiduciaria La Previsora SA, entidad que no ha dado respuesta a la
solicitud, lo que configuró, para la solicitante, un acto administrativo ficto.

6.- En desacuerdo con lo anterior, el actor presentó demanda en contra de la Nación
– Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
y el Departamento de Sucre, con el fin de que se declarara la nulidad del referido
acto administrativo. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se
reconocieran las pretensiones elevadas ante la entidad demandada.

7.- El asunto le correspondió para su conocimiento, en primera instancia, al Juzgado
Segundo Administrativo de Sincelejo. Ese despacho, mediante sentencia del 30 de
septiembre de 2022, declaró la nulidad parcial del acto ficto, producto de la falta de
respuesta de la entidad demandada al derecho de petición de 30 de julio de 2021,
en lo referente al reconocimiento de la sanción por mora derivada del no pago
oportuno de las cesantías establecida en el artículo 99.3 de la Ley 50 de 1990. En
consecuencia, ordenó el pago de sanción moratoria que se causaron a favor de la
parte demandante, consistente en 1 día de salario por cada día de retardo, desde el
15 de febrero de 2021 hasta la fecha en que se acredite el pago.

8.- La anterior decisión fue revocada por el Tribunal Administrativo de Sucre, a
través del fallo del 30 de marzo de 2023. Para tal efecto, estimó que las sentencias
que sustentaron la demanda, se profirieron en asuntos en los que mediaron
supuestos fácticos que difieren de las circunstancias en las que se enmarcaba la
situación jurídica del demandante, por lo que no constituyen precedente judicial para

4
Expediente digital, folio 3 del escrito de tutela.
2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05712-00
Accionante: Oscar Luis Álvarez de la Espriella
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

el caso concreto. Agregó que, con base en la normativa vigente y aplicable, es dable
dar tratamiento distinto a un grupo de trabajadores que cuentan con una jornada
laboral diferente, un régimen especial de vacaciones y funciones distintas a los
demás servidores públicos. A su vez, destacó que no existe un criterio unificador al
interior del Consejo de Estado respecto a la aplicación de la norma de
reconocimiento y pago a favor de los docentes de la sanción moratoria que
contempla el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

9.- De esta manera, concluyó que a la parte actora no le son aplicables las
disposiciones que consagran la sanción moratoria por el retardo en el pago de las
cesantías anualizadas y de los intereses a las mismas, consagrados en los artículos
99 de la Ley 50 de 1990 y 1° de la Ley 52 de 1975, ya que el régimen de cesantías
docente es especial y en él se determina específicamente cómo se reconocen,
liquidan y pagan las cesantías y los intereses de éstas, teniendo unas características
propias que hacen que el pago de las sanciones solicitadas sea incompatible. Reiteró
que, no procede aplicar partes del sistema general contenido en la Ley 50 de 1990
al régimen especial de los docentes.

10.- La parte actora sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales invocados, al:

(i) Incurrir en un defecto por desconocimiento del precedente, pues, a su juicio, a
partir de las reglas fijadas en la Sentencia SU-098 de 2018, la Corte Constitucional
y el Consejo de Estado han señalado de forma reiterada que en virtud del principio
de favorabilidad, es posible aplicar a los docentes oficiales las disposiciones
consagradas en la Ley 50 de 1990, en materia de sanción moratoria por la
consignación extemporánea de cesantías anuales, de modo que el valor reconocido
con corte a 31 de diciembre de cada año por concepto de la aludida prestación debe
ser consignado en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a más
tardar el 14 de febrero del año siguiente a su causación.

(ii) Desconocer las reglas fijadas en las sentencias SU-098/2018, SU-332/2019 y
SU-041/2020 de la Corte Constitucional, así como el fallo de unificación proferido por
el Consejo de Estado el 6 de agosto de 2020 dentro del proceso 08001-23-33-000-
2013-00666-01 (0833-16) y las sentencias proferidas por esta misma corporación en
los procesos: 76001-23-31-000-200900867-01 (4854-2014), 11001-0315-000-2018-
03499-01, 08001 23 33 000 2014 00173-01 (1688-16), 08001-23-33-000-2014-
00208-01, 08001-23-31-000-2014-00254-01(4960-2017), 08001-23-33-000-2014-
00132-01, 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017), 08001-23-33-000-2015-
00331-01, 19001-23-33-000-2015-00445-02(0483-20), 08001-23-33-000-2014-
01127-01 (1002-2021), 40001-23-40-000-2017-00134-01 (2208-2020), 080001-23-
40-000-2015-90008-01(2387-2020), 080001-23-40-000-2014-90022-01 (5154-
2016), 080001-23-33-000-2017-00931-01 (1001-2021), 080001-23-33-000-2015-
00075-01 (2660-2020), 76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020), 080001-23-
40-000-2017-00795-01 (2659-2020), 47-001-23-33-000-2019-00359-01 (4004-
3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05712-00
Accionante: Oscar Luis Álvarez de la Espriella
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

2021), 47-001-23-33-000-2019-00376-01(4462-2021), 08001-23-33-000-2015-
00509-01(2140-2020) y 08001-23-33-000-2015-90124-01 (2394-2020).

Además, señaló que la postura adoptada por la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado ha sido acogida por los jueces administrativos del circuito en diversas
decisiones. Para tal fin, trajo a colación 10 providencias visibles al folio 104 del escrito
de tutela.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

11.- Mediante auto de 10 de octubre de 2023 se dispuso admitir la acción de tutela,
notificar de su presentación a la autoridad judicial accionada, así como vincular a la
Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (Fomag) y al Departamento de Sucre, en calidad de terceros
interesados. También se comunicó la decisión a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado para lo de su cargo.

12.- Además, se requirió al Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo para que
remitiera, en medio magnético, copia del expediente identificado con el radicado
número 70001-33-33-002-2022-00149-01.

(i) Tribunal Administrativo de Sucre5

13.- La Magistrada ponente de la providencia enjuiciada, al oponerse al amparo,
sostuvo que no hay lugar a que se configure la presunta vulneración deprecada, pues
no existe un precedente que requiera que los Tribunales deban aplicar por
favorabilidad la sanción moratoria de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a
los docentes afiliados al FOMAG cuyas cesantías se han venido reportando en el
fondo referido desde su afiliación.

14.- Además, afirmó que la sentencia reprochada se fundamentó en el marco
normativo y jurisprudencial aplicable al caso objeto de estudio y las pruebas
oportunamente aportadas. Señaló que la solicitud debe ser declarada improcedente
por carecer de relevancia constitucional, toda vez que la parte actora lo que pretende
es utilizar esta acción constitucional como una instancia adicional del proceso
ordinario.

ii) Nación - Ministerio de Educación Nacional6

15.- La entidad sostuvo que el accionante pretende revivir por la vía de la acción de
tutela un debate jurídico que ya fue zanjado en la jurisdicción competente. Advirtió
que la decisión adoptada por el Tribunal accionado no comporta una transgresión de
los derechos fundamentales de la accionante, sino que, por el contrario, se encuentra

5
Expediente digital, intervención contenida en 2 folios.
6
Expediente digital, intervención contenida en 8 folios
4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05712-00
Accionante: Oscar Luis Álvarez de la Espriella
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

ajustada a derecho, pues tiene como fundamento el marco normativo y
jurisprudencial que resultaba aplicable al caso objeto de estudio, así como contiene
una correcta valoración probatoria de las pruebas allegadas al proceso ordinario.

16.- Afirmó que la denuncia de la parte accionante sobre la supuesta vulneración
de los derechos fundamentales por las decisiones adoptadas por el tribunal
accionado se aleja de la vocación de prosperidad en tanto los presupuesto de hecho
que este alega no se ajustan a los parámetros establecidos en la SU 098 de 2018,
sino que se acercan a los de la SU 573 de 2019.

17.- Sin perjuicio de ello, señaló que la acción de tutela carece de relevancia
constitucional, en la medida que el juez constitucional no puede involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones, menos aún, cuando el
Consejo de Estado no ha proferido decisión de unificación al respecto. Además,
sostuvo que la acción de tutela no es un mecanismo que permita interferir en la
autonomía judicial, más aún cuando se trata de un mecanismo subsidiario, por lo que
indicó que las pretensiones deben ser declaradas improcedentes.

iii) Fiduprevisora SA7

18.- La Fiduciaria, actuando en calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo del Fomag, precisó que las cesantías de los docentes no se administran
en cuentas individuales, sino que se rigen bajo el principio de unidad de caja, según
lo establecido en la Ley 91 de 1989, por lo que los valores que corresponden a las
mismas no se consignan, pues ya están presupuestados y son trasladados al fondo,
desde el primer mes de cada vigencia. Por esa razón, adujo, la sanción moratoria
reclamada por la demandante no resulta procedente.

19.- Por otra parte, indicó que las circunstancias fácticas de la sentencia SU-098 de
2018 no corresponden a las mismas en las que se fundan las pretensiones de la
demanda que resultó desfavorable para el accionante y que hoy reclama por tutela.

20.- Manifestó que el amparo deprecado resulta improcedente, toda vez que las
autoridades judiciales actuaron conforme a la normativa establecida, sin que se
pueda aducir que desconocieron los precedentes judiciales aducidos.

21.- Señaló que mediante la sentencia de unificación proferida por el Consejo de
Estado el 11 de octubre de 2023 radicado 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-
2022) se resolvió que los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho
a la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989.

7
Expediente digital, intervención contenida en 9 folios
5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05712-00
Accionante: Oscar Luis Álvarez de la Espriella
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

22.- En razón a lo anterior, no solo solicitó que se declare improcedente la solicitud
de amparo, sino también su desvinculación, en la medida en que no tiene
legitimación en la causa por pasiva

23.- El Juez Segundo Administrativo de Sincelejo allegó copia digital del expediente
ordinario requerido.

II. CONSIDERACIONES

C. Cuestión previa

24.- La Sala no accederá a la solicitud de desvinculación presentada por
Fiduprevisora S.A., pues es claro que la entidad, en su calidad de vocera y
administradora del Patrimonio Autónomo del Fomag, participa de manera directa o
indirecta, en los procesos administrativos relacionados con los asuntos laborales de
los docentes, y en esa medida desde sus distintas competencias concurre en la
distribución, manejo y administración de los recursos destinados para ese propósito.
En tal sentido, el reproche de la parte accionante se dirige a las actuaciones
adelantadas por aquella.

D. La acción de tutela contra providencias judiciales

25.- El Consejo de Estado ha indicado de manera consistente y reiterada que, los
requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los
derechos fundamentales, son los siguientes 8 : (i) que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado todos los
medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv) cuando se trate de
una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique, de manera
razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que
esto hubiere sido posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de tutela.

26.- La relevancia constitucional supone la presentación de un conflicto que
trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que el
ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el ordenamiento,
de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no puedan
relacionarse con un derecho constitucional9.

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017,
exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
9
Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010.
6

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05712-00
Accionante: Oscar Luis Álvarez de la Espriella
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

27.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para determinar si una
acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es necesario
examinar tres elementos 10 : (i) Que el actor motive con suficiencia argumentativa
dicha relevancia constitucional, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de
derechos fundamentales, sino que se deben expresar las razones de índole
constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales derechos, cuya
fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que la tutela no constituya una
instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia
acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto constitucional y no
meramente legal y/o económico.

E. Análisis del caso concreto

28.- Revisados y valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que
se formulara el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, las
pruebas arrimadas por los extremos procesales y la decisión adoptada, la Sala
estima que la controversia propuesta por la accionante no cumple con el requisito
de relevancia constitucional debido a que:

(i) El debate propuesto en el escrito de demanda versa sobre la determinación de
aspectos legales, así como la correcta interpretación y aplicación de las normas que
regulan el reconocimiento y el pago de la sanción moratoria derivada de la
consignación tardía del beneficio de cesantías en el régimen prestacional de los
docentes oficiales, debate que de conformidad con el precedente establecido por la
Sala Plena de Corte Constitucional en la Sentencia SU-573 de 2019, no guarda
ningún tipo de relación con la garantía de derechos fundamentales, debido a su
naturaleza estrictamente económica.

(ii) Al realizar una revisión de los planteamientos expuestos en la demanda de tutela,
es posible advertir que su propósito es convertir el mecanismo de amparo
constitucional en una instancia adicional o complementaria al litigio contencioso
administrativo tramitado y concluido, al pretender reabrir un debate ya zanjado por
el juez natural de la causa por no estar de acuerdo con la decisión de negar las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

29.- En relación con el carácter meramente legal y económico de la controversia
propuesta por el accionante, se tiene que el debate propuesto versa sobre la correcta
interpretación y la aplicación de las disposiciones establecidas en el artículo 13 de la
Ley 344 de 1996, reglamentado por el artículo 1° del Decreto 1582 de 1998 y el
numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al Fomag.

30.- La parte actora sostiene que en virtud de la aplicación del principio de
favorabilidad las normas referidas son extensibles a los docentes afiliados al Fomag,
razón por la cual la autoridad judicial accionada debía reconocer y ordenar el pago

10
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
7

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05712-00
Accionante: Oscar Luis Álvarez de la Espriella
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

de la sanción moratoria. Por otra parte, la autoridad judicial accionada consideró que
al encontrarse cubierta por el sistema anualizado de cesantías regulado por la Ley
91 de 1989, las disposiciones consagradas en los Decretos 344 de 1996 y 1582 de
1998 y en la Ley 50 de 1990, no eran aplicables al caso del demandante.

31.- La Sala advierte que la diferencia interpretativa planteada no tiene relevancia
constitucional, para lo que resulta pertinente reiterar la postura desarrollada por la
Corte Constitucional en la Sentencia SU-573 de 2019, según la cual la sanción
moratoria generada por no consignación oportuna de cesantías no es un derecho
fundamental, ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza
constitucional. Esto debido a que: (i) al ser una penalidad, su naturaleza es accesoria
al derecho a recibir el pago del beneficio de cesantías, por lo que su reconocimiento
es de tipo legal y su carácter es netamente patrimonial y, (ii) al ser accesorio, el no
reconocimiento de la sanción moratoria no implica, en comienzo, una afectación al
derecho a la seguridad social o al mínimo vital, por lo que los accionantes se
encuentran obligados a aportar las pruebas que consideren necesarias para
demostrar cualquier tipo de afectación a los mencionados derechos.

32.- Teniendo en cuenta lo anterior, el caso objeto de estudio no se proyecta de
manera directa como una vulneración al derecho a la seguridad social de la parte
actora que demanda su protección, pues, tal y como se indicó la sanción por mora
establecida en la Ley 50 de 1990 es una cuestión económica cuya definición sobre
si está vinculada o no al derecho representado en el pago de la cesantía, no apunta
a la realización de un derecho de raigambre constitucional fundamental, sin que, por
demás, la parte actora hubiera acreditado que la negativa del reconocimiento y pago
de la referida sanción produjera una afectación a su derecho al mínimo vital o
comprometiera gravemente su existencia o supervivencia, más aún si se tiene en
cuenta que actualmente trabaja para el Departamento de Sucre en calidad de
docente.

33.- Sumado a lo anterior, la presunta configuración del defecto por
desconocimiento del precedente carece de relevancia constitucional. En primer
lugar, porque las decisiones referidas en la Tabla 1, que la accionante alega como
desconocidas, no fueron puestas en conocimiento de la autoridad judicial accionada
en el trámite de proceso ordinario, por lo que resulta improcedente que utilice la
acción de tutela como una tercera instancia para presentar argumentos que no
formuló oportunamente en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Tabla 1. Precedentes que no se alegaron en el proceso ordinario.
Radicado Exp. Fecha decisión Magistrado Ponente
76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020) 28/04/2022 Carmelo Perdomo Cuéter
47-001-23-33-000-2019-00359-01 (4004-2021) 19/05/2022 Sandra Liseth Ibarra
47-001-23-33-000-2019-00376-01 (4462-2021) 1/07/2022 Sandra Liseth Ibarra
08001-23-33-000-2015-00509-01 (2140-2020) 22/08/2022 César Palomino Cortés
08001-23-33-000-2015-90124-01 (2394-2020) 22/09/2022 César Palomino Cortés

8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05712-00
Accionante: Oscar Luis Álvarez de la Espriella
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

34.- De igual forma se tiene que las sentencias proferidas por los Jueces
Administrativos del Circuito tampoco fueron puestas en conocimiento de la autoridad
judicial accionada. Además, es importante aclarar que al ser proferidas por jueces
de menor jerarquía no pueden ser asumidas como precedentes aplicables al caso
concreto, ni tampoco son útiles para respaldar los alegatos propuestos en la
demanda.

35.- En segundo lugar, las sentencias consignadas en la Tablas 2 y 3 no guardan
identidad fáctica con el caso resuelto por el Tribunal accionado, razón por la cual no
es posible que se alegue su desconocimiento como precedentes. Además, las
sentencias de tutela con el número 11001-0315-000-2018-03499-01, 11001-03-15-
000-2018-04617-01 y 11001-03-15-000-2018-04679-01 tampoco resultan aplicables
al caso concreto, debido a que tal y como lo ha reiterado esta Sala en múltiples
ocasiones, en el caso de los fallos proferidos en los trámites de tutela sólo es posible
considerar como precedentes aquellos emitidos por la Corte Constitucional en
sentencias de constitucionalidad o de unificación, los cuales contienen una regla o
subregla de derecho y que son proferidos por la Sala Plena de dicha Corporación,
habida cuenta que es el órgano de cierre en la materia, razón por la cual, las
decisiones que se alegan como desconocidas solo producen efectos inter partes, por
lo que al contar con un alcance personal y concreto solo puede ser tenida como un
criterio auxiliar de interpretación y no como un precedente vinculante.

Tabla 2. Sentencias de la Corte Constitucional que no son precedente en el presente caso

Tabla 3. Sentencias del Consejo de Estado que no son precedente en el presente caso

9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05712-00
Accionante: Oscar Luis Álvarez de la Espriella
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

36.- El alegato relacionado con el desconocimiento de la Sentencia SU-098 de
2018, proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional y de las otras sentencias
enlistadas por la parte accionante en el escrito de tutela, proferidas por las dos
subsecciones de la Sección Segunda de esta Corporación, a primera vista, no
permite evidenciar la existencia de una afectación desproporcionada del derecho a
la igualdad o a la seguridad jurídica que tenga relevancia constitucional.

37.- Así, el Tribunal accionado, siguiendo las pautas establecidas por la Corte
Constitucional, según las cuales en virtud del principio de autonomía los jueces
pueden apartarse del precedente judicial o constitucional, siempre que cumplan con
los principios de transparencia y de razón suficiente, lo cual exige de ellos una
especial carga argumentativa 11 , no ignoró la solicitud del reconocimiento de los
precedentes que la accionante alegó como desconocidos. Por el contrario, se
pronunció sobre ellos y expuso las razones por las cuales consideraba que no eran
aplicables al caso objeto de estudio.

11
Al respecto, la Corte ha señalado que “[e]l principio de transparencia exige que el juez haga «referencia al
precedente que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si
nunca hubiera existido» y el principio de razón suficiente, que «explique de manera suficiente y razonada los
motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por
un juez de igual o superior jerarquía”. Sentencias SU-027 de 2020 y T-072 de 2022.
10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05712-00
Accionante: Oscar Luis Álvarez de la Espriella
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

38.- De esta manera, en cumplimiento del principio de transparencia el Tribunal
accionado, entre otras cosas, reconoció la existencia de la Sentencia SU-098 de
2018. Sin embargo, indicó que no resultaba posible tenerla como precedente, toda
vez que en ese caso se abordó el estudio de un docente que no fue afiliado al Fomag
ni a ningún otro fondo, por lo que al no guardar identidad fáctica con el asunto objeto
de análisis, no constituye precedente de unificación vinculante.

39.- Asimismo, señaló que la sentencia CE-SUJ-SII-022-2020 del 6 de agosto de
2020, proferida por el Consejo de Estado, únicamente determinó el momento a partir
del cual se contabiliza el término de prescripción para reclamar la sanción moratoria
por la no consignación oportuna de las cesantías anualizadas prevista en la Ley 50
de 1990, sin que se hubiera hecho referencia a fundamentos fácticos o jurídicos
semejantes al caso sub lite; motivo por el cual tampoco se podía afirmar que se
hubiese desconocido dicho precedente. Igualmente, sostuvo que las demás
providencias que sustentaron la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
así como el recurso de apelación, tampoco constituyen precedente unificador para
el caso concreto.

40.- Además, destacó que en la sentencia SU-098 de 2018, el Alto Tribunal
Constitucional reconoció que no existe una posición unificada en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo sobre la aplicación de la norma de reconocimiento y pago
de la sanción moratoria objeto de reclamo. A partir de lo anterior, concluyó que no
existe un criterio unificado al interior del Consejo de Estado frente al tema objeto de
estudio, situación que, a su juicio, “releva al juez de obedecer un precedente que no
está unificado y que resulta contradictorio frente a otras decisiones de la misma
Corporación”.

41.- Por ende, ante la indeterminación de dicho precedente, acudió a la voluntad del
legislador como criterio de interpretación y encontró que: (i) en el caso sub examine
no era necesario recurrir al principio de favorabilidad, puesto que no se está frente a
dos disposiciones que ofrezcan un trato diferenciado, por el contrario, lo que se
evidencia es que la Ley 91 de 1989 no contempló la sanción moratoria por la
consignación tardía de las cesantías que introdujo la Ley 50 de 1990; (ii) el hecho de
no consignar el valor anual liquidado de las cesantías, no afecta a los docentes,
porque el riesgo financiero y el pago de la sanción ante la cancelación tardía de dicha
prestación, en el evento de no efectuar los descuentos mensuales y el respectivo
giro, lo debe asumir la Fiduciaria aun cuando no cuente con los recursos para su
cubrimiento; y (iii) la aplicación del régimen contenido en la Ley 50 de 1990
desconocería la especialidad del sistema consagrado en la Ley 91 de 1989 para los
docentes y modificaría la forma de administrar, liquidar y cancelar sus cesantías,
pues aun cuando el legislador generalizó el sistema anualizado para la liquidación
de cesantías, lo cierto es que su voluntad también se encaminó a distinguir a través
de diferentes regímenes.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05712-00
Accionante: Oscar Luis Álvarez de la Espriella
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

42.- De esa manera, concluyó que los docentes oficiales afiliados al Fomag no
tienen derecho al reconocimiento y pago de las sanciones moratorias consagradas
en la Ley 50 de 1990, toda vez que el régimen docente es especial en lo atinente a
las cesantías, autonomía que surge de lo dispuesto en artículo 3° de la Ley 91 de
1989, así como lo señalado en el Acuerdo 39 de 1998 y, de acuerdo a esa
normatividad y las pruebas arrimadas al proceso, encontró que las cesantías fueron
canceladas oportunamente, por lo que el demandante no logró desvirtuar la legalidad
del acto acusado.

43.- En los términos precedentes, la Sala estima que los alegatos propuestos por el
accionante tendientes a demostrar la existencia de un defecto por desconocimiento
del precedente no implican la existencia de una restricción desproporcionada del
derecho a la igualdad y la seguridad jurídica de la parte actora. Por el contrario, la
Sala encuentra que el presunto desconocimiento del precedente busca reabrir un
debate de naturaleza legal y económica que fue resuelto por los jueces contencioso
administrativos y que las presuntas deficiencias alegadas respecto de la decisión
adoptada en sede de segunda instancia dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, responden, en realidad, a una mera discrepancia
valorativa sobre el resultado desfavorable del proceso que no es susceptible de
admitirse como una causal de procedibilidad especial, pues siempre que se trate de
interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural el llamado a fijar aquella
que mejor se ajuste al caso de que se trate, conforme a los criterios de la sana crítica
y en virtud de su autonomía e independencia.

44.- Cabe destacar que la jurisprudencia constitucional no ha considerado factible
la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales, cuando quiera
que estas se fundamentan en un determinado criterio jurídico, en una razonable
interpretación de las normas que son aplicables a la causa y en una valoración
adecuada de las pruebas allegadas, ya que de no ser ello así, habría una intromisión
arbitraria del juez de tutela que menoscabaría de manera grave los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial, los cuales, en forma precisa,
habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y procesal12.

45.- Por último, es importante señalar que la Sección Segunda del Consejo
mediante sentencia SU CE-SUJ2-012-18 del 11 de octubre de 2023 se pronunció
sobre la aplicación de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 a los docentes
oficiales del FOMAG y estableció la siguiente regla jurisprudencial:

“Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio
activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por

12
Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional.
12

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05712-00
Accionante: Oscar Luis Álvarez de la Espriella
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social
en favor del docente estatal.”.

46.- Por todo lo anterior, la acción de tutela que se examina no cumple con el
requisito general de relevancia constitucional, máxime, si se tiene en cuenta que su
objeto es reabrir un debate tramitado y concluido en las instancias respectivas, lo
que desnaturaliza su finalidad como mecanismo supletivo de protección de los
derechos fundamentales. En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la
acción de tutela impetrada por el señor Oscar Luis Álvarez de la Espriella.

47.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado, en los
términos expuestos en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS NICOLÁS YEPES CORRALES

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE13
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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VF
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