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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05858-00

Fecha
23 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05858-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora María Andrea Olmos Guarín, quien actúa por conducto de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Sucre. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-05858-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

23 de noviembre de 2023

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05858-00
Demandante: MARÍA ANDREA OLMOS GUARÍN

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05858-00
Demandante: MARÍA ANDREA OLMOS GUARÍN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de obtener el reconocimiento
de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 por pago tardío
de las cesantías. Requisito de la relevancia constitucional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora María Andrea Olmos Guarín, quien actúa por conducto de
apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Sucre, con el objeto de que
se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social,
igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de
favorabilidad laboral, a la seguridad jurídica y la “perpetuatio jurisdictionis”, los
cuales considera vulnerados con la sentencia de 31 de mayo de 2023, proferida
en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido contra el Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Sucre, cuya pretensión
se orientaba a acceder al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el
pago tardío de las cesantías establecido en la Ley 50 de 1990.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La accionante relató que se vinculó “después del año de 1990” como docente del
departamento de Sucre, y que el 15 de febrero de 2021 el Ministerio de Educación
Nacional no consignó las cesantías correspondientes al año 2020, por lo que el 18
de julio de 2021 presentó una petición ante el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG) y Fiduprevisora S.A., con el fin de
que se materializara el pago de la sanción moratoria establecida en el artículo 99
de la Ley 50 de 1990.

Sostuvo que no obtuvo respuesta frente a su solicitud, por lo que en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda
contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, el FOMAG, Fiduprevisora S.A.
y el departamento de Sucre, y pidió que se declarara la nulidad del acto ficto y se
reconociera la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías regulada en
el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Indicó que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Sincelejo en sentencia
de 7 de diciembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda.

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1

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05858-00
Demandante: MARÍA ANDREA OLMOS GUARÍN

Finalmente, manifestó que contra la anterior decisión interpuso recurso de
apelación, en el que señaló un abundante número de sentencias del Consejo de
Estado y la Corte Constitucional. El Tribunal Administrativo de Sucre, en fallo de
31 de mayo de 2023, la confirmó íntegramente.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora comenzó por referirse a algunos de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial,
sobre la relevancia constitucional citó la sentencia de tutela del 23 de marzo de
2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en el
proceso No. 11001031500020230106300.

Alegó la configuración del defecto sustantivo, violación directa de la
Constitución y desconocimiento del precedente judicial de la Corte
Constitucional, fijado en las sentencias de unificación SU-098 de 20181, SU-332
de 20192 y SU-041 de 20203, y del Consejo de Estado establecido en las
siguientes sentencias: del 6 de agosto de 20204, 24 de enero de 20195, 17 de junio
de 20196, 28 de junio de 20197, 29 de julio de 20198, 2 de diciembre de 20199, 10
de junio de 202010, 22 de octubre de 202011, 12 de noviembre de 202012, 17 de
junio de 202113, 414, 2515 y 11 de noviembre de 202116, 20 de enero de 202217, 3
de marzo de 202218, 28 de abril de 202219, 920 y 19 de mayo de 202221, 1 de julio

1
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
2
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
3
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
4
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2013- 00666-01 (0833-
16), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
5
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de enero de 2019, Exp. 76001-23-31- 000- 200900867- 01 (4854-
2014), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
6
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2019. Exp. 11001-03-15- 000-2018- 04617-01, C.P.
Nicolás Yepes Corrales
7
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de junio de 2019, Exp. 11001-03-15- 000-2018- 04679-01, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés
8
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de julio de 2019, Exp. 11001-0315- 000-2018- 03499-01, C.P.
Nicolás Yepes Corrales.
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de diciembre de 2019, Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-01 (1688-
16), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de junio de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2014- 00208-01(0324-
2016), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
11
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de octubre de 2020, Exp. 08001-23-31- 000-2014- 00254-
01(4960-2017), C.P. William Hernández Gómez.
12
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de noviembre de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2014- 00132-01,
C.P. William Hernández Gómez.
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de junio de 2021, Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–
2017), C.P. Gabriel Valbuena Hernández y Exp. 08001-23-33- 000-2015- 00331-01), C.P. César Palomino Cortés.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de noviembre de 2021, Exp. 19001-23-33- 000-2015- 00445-
02(0483-20), C.P. William Hernández Gómez.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021, Exp. 08001-23-33- 000-2014- 01127-01
(1002-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021,
Exp. 40001-23-40- 000-2017- 00134-01 (2208-2020), C.P. William Hernández Gómez.
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-23- 40-000-2015- 90008-01
(2387-2020), C.P. William Hernández Gómez; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de
2021, Exp. 080001-23- 40-000-2014- 90022-01 (5154-2016), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 20 de enero de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-2017- 00931-01
(1001-2021), C.P. Gabriel Valbuena Hernández
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 3 de marzo de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-2015- 00075-01.
Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 76001-23-33-000-2013-00756-01. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. (2660-
2020), C.P. William Hernández Gómez. Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 080001-23-40-000-2017-00795-
01. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de abril de 2022, Exp. 76001-23-33- 000-2013- 00756-01 (2224-
2020), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de mayo de 2022, Exp. 080001-23- 40-000-2017- 00795-01 (2659-
2020), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
21
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-23- 33-000-2019- 00359-01
(4004-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05858-00
Demandante: MARÍA ANDREA OLMOS GUARÍN

de 202222, 22 de agosto de 202223, 22 de septiembre de 202224, 1925 y 2626 de
enero de 2023.

Por último, se refirió a sentencias proferidas por Juzgados Administrativos del
Circuito en donde se han aplicado estos precedentes judiciales. No obstante, la
Sala se abstiene de citarlos porque se descarta desde ya la fuerza vinculante que
tienen para el Tribunal Administrativo de Sucre.

3. Pretensiones

La parte accionante formuló las siguientes:

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE en la sentencia
proferida el día 31/5/2023, en el expediente rad. No. 70001333300520220010301,
transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO
DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES
FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA
IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD
JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la
accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los
postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de
cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando
los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SUCRE; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales
que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de
octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante
diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora
como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los
siguientes expedientes: (…)”

4. Pruebas relevantes

Obra en el expediente copia de la sentencia 31 de mayo de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Sucre.

5. Trámite procesal

Por auto de 9 de octubre de 2023, el despacho de la magistrada sustanciadora
admitió la demanda y ordenó notificar a la parte demandante, a la autoridad
judicial demandada, así como al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Sincelejo, a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), a Fiduprevisora S.A. y al
departamento de Sucre, como terceros interesados en el resultado del proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 113746 a 113752,
todos de 11 de octubre de 202327, con el fin de notificar a las partes.

22
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-23- 33-000-2019- 00376-01
(4462-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de agosto de 2022, Exp. 08001-23-33- 000-2015- 00509-01
(2140-2020), C.P. César Palomino Cortés.
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2022, Exp 08001-23-33- 000-2015- 90124-01
(2394-2020), C.P. César Palomino Cortés.
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de enero de 2023, Exp 76001-23-31- 000-2012- 00212-02 (4470-
2021) , C.P. William Hernández Gómez.
26
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de enero de 2023, Exp 47001-23-33- 000-2018-0231- 01 (0871-
2020), C.P. Rafael Francisco Gómez.
27
La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes
direcciones de correo electrónico: yobanylopeznotijud@gmail.com, sectradmsuc@cendoj.ramajudicial.gov.co,
sgtadminscj@notificacionesrj.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co,

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Demandante: MARÍA ANDREA OLMOS GUARÍN

6. Oposición

6.1. El magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Sucre rindió informe
en el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción, por cuanto,
sostuvo, carece de relevancia constitucional, pues lo que se evidencia es que la
parte actora pretende utilizarla como una tercera instancia, a efectos de
controvertir la sentencia emitida en el proceso ordinario, no siendo este el medio
apropiado para nuevamente entrar a determinar si le asiste o no derecho a que se
le reconozca la sanción moratoria de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Agregó que en la actualidad no existe un precedente o una sentencia de
unificación que obligue a los tribunales y a los juzgados administrativos a aplicar
por favorabilidad la sanción moratoria, de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de
1990, a los docentes afiliados al FOMAG cuyas cesantías se han venido
reportando en el fondo en alusión desde su afiliación.

Adujo que la situación fáctica que se planteó en la demanda difiere en gran
medida de la analizada en la sentencia SU-098 de 2018 y en las sentencias del
Consejo de Estado en las que por favorabilidad se ha aplicado a los docentes la
sanción moratoria de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por la omisión
de los entes territoriales de i) realizar su afiliación al FOMAG, trayendo ello, como
consecuencia que no se le reconozcan y consignen sus cesantías, y de ii)
trasladar su auxilio de cesantías al FOMAG al momento de su vinculación al
mencionado fondo, “como se explicó de forma detallada en la parte motiva de las
sentencias que hoy pretende la parte accionante se deje sin efecto en el trámite
de esta acción constitucional”.

Finalmente, resaltó que la decisión objeto de demanda de tutela se fundamentó
en el material probatorio que se aportó y conforme al régimen especial de
cesantías de los docentes afiliados al FOMAG, lo cual permitió llegar a la
conclusión, en el ejercicio de la autonomía judicial, que la sanción moratoria
derivada de la no consignación de las cesantías del año 2020, antes del 15 de
febrero del año siguiente, no le es aplicable a la accionante, dado que sus
cesantías se vienen reportando al FOMAG desde su afiliación, en cumplimiento
del régimen especial de cesantías consagrado en la Ley 91 de 1989, que funciona
bajo el concepto de unidad de caja, por lo que no procede la consignación de la
citada prestación en una cuenta individual, pues, los recursos destinados para su
pago son girados de forma global e incorporados con una periodicidad mensual
durante todo el año.

6.2. El jefe de la oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación Nacional
solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por no cumplir el
presupuesto de relevancia constitucional.

Indicó que con el fin de zanjar de fondo la discusión sobre la procedencia de la
aplicación de la Ley 50 de 1990, la Procuraduría General de la Nación interpuso
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia el cual fue admitido por
auto de 24 de agosto de 2023 y se encuentra pendiente para emitir sentencia, por
ello, consideró que las pretensiones de la solicitud de amparo están pendientes
por decisión del juez natural.

Señaló que la postura inicialmente consagrada en la sentencia SU-098 de 2018,
expresada como fundamento de la demanda, fue modificada en la sentencia SU-
573 de 2019 en el sentido de señalar que carecen de relevancia constitucional las

notificaciones.judiciales@gobernacionsucre.gov.co, juridica@sucre.gov.co, tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co,
notjudicial@fiduprevisora.com.co, admin05sinc@cendoj.ramajudicial.gov.co y
notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co

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acciones de tutela interpuestas contra las sentencias ordinarias que niegan el
reconocimiento de la sanción moratoria para los docentes oficiales.

6.3. La coordinadora de tutelas de la Fiduprevisora S.A. como vocera y
administradora del FOMAG pidió que se declare improcedente la solicitud de
amparo por no cumplir con las causales generales y específicas de procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial y solicitó ser desvinculada por
carecer de competencia frente a las pretensiones de la demandante. Agregó que
al caso no le resultan extensibles los efectos de la sentencia de unificación SU-
098 de 2018.

6.4. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Sincelejo remitió el link
habilitado para consultar el expediente No. 70001-23-33-005-2022-00103-00, sin
embargo, no efectuó un pronunciamiento sobre los hechos y las pretensiones de
la demanda.

6.5. El departamento de Sucre no se pronunció pese a que fue debidamente
notificado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Sucre vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, a la igualdad y
de acceso a la administración de justicia, así como los principios de favorabilidad
laboral, a la seguridad jurídica y la “perpetuatio jurisdictionis”, al supuestamente
incurrir en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación
directa de la Constitución.

La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito general de
relevancia constitucional, por cuanto se limita a reiterar que la sanción moratoria
prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 resulta aplicable a los docentes, por
lo tanto, declarará improcedente la solicitud de amparo.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii)
evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones”28.

Al respecto, esa corporación judicial ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 200529, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
28
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
29
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.

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amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional30.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como
requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de
la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala31, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela
no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir
asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de
discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el
interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la
providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la
propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en
el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no
está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar,
completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o
proponerse ante el juez natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por
más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir
las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.

30
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
31
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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Demandante: MARÍA ANDREA OLMOS GUARÍN

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

La parte actora considera que el Tribunal Administrativo de Sucre, con la
sentencia de 31 de mayo de 2023, vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, seguridad social, igualdad y de acceso a la administración de justicia, así
como los principios de favorabilidad laboral, a la seguridad jurídica y la
“perpetuatio jurisdictionis”, al supuestamente incurrir en defecto sustantivo,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución,
conforme a los argumentos expuestos en los fundamentos de la acción de tutela.

De la revisión de los cargos de la solicitud de amparo, la Sala advierte que
coinciden con los argumentos propuestos en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. En efecto, en el proceso ordinario y en la acción de
tutela, la señora María Andrea Olmos Guarín insiste en que la sanción moratoria
prevista en la Ley 50 de 1990 es aplicable a los docentes oficiales. Además, cita
sentencias tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado que, a su
juicio, respaldan esa tesis.

Así, se encuentra que en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia del 7 de diciembre de 2022, dictada por el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Sincelejo (resumido en la providencia de segunda
instancia), se lee lo siguiente:

“(…)

Inconforme con la decisión y con el objeto de obtener su revocatoria, la
demandante presentó recurso de apelación, en el que manifestó:

“(…) Que los docentes pertenezcan a un “régimen especial”, no implica que las
entidades nominadoras y responsables de sus prestaciones sociales, se
sustraigan de la obligación de CONSIGNAR LOS RECURSOS DE LAS
CESANTÍAS EN EL FOMAG, razón que conlleva a un fondo desfinanciado y
que siempre presenta déficit, y que para sortear su insolvencia, acude a
restricciones de periodicidad para el retiro parcial de cesantías en contravía del
orden constitucional, como se ha estudiado en el Consejo de estado en el
expediente RADICADO 11001-03-25-000-2016-00992-00, donde es
ACCIONANTE: LUIS ALONSO ARISTIZÁBAL MARÍN y ACCIONADO:
NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL
DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y se estudió la Nulidad
del inciso primero del artículo 5º del Acuerdo 34 de 1998, cuya sentencia de 24
de octubre de 2019 declaró la nulidad solicitada. (…)

En líneas siguientes señaló las “Premisas erróneas desarrolladas en la
sentencia de primera instancia”, así.

a) En el régimen especial docente no existe la obligación de consignar
las cesantías por parte del ente territorial ni de la Nación (Ministerio de
Educación)
b) Existencia de expresa exclusión de aplicación normativa de la Ley 344
de 1996 y consecuentemente de la Ley 50 de 1990 a los docentes.
c) Inexistencia de identidad fáctica con la SU-098 de 2018.
d) Inexistencia de criterio unificado del Consejo de Estado.
e) Imposibilidad de que incurran en mora las entidades demandadas por
existencia de procedimiento distinto al sector privado para la consignación de
las cesantías.

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f) Indemnización por falta de pago de intereses a las cesantías del artículo 1
de la Ley 52 de 1975 no es aplicable a los docentes.

Luego de ello, a manera de conclusión se expuso:

“(…) QUEDÓ PROBADO QUE EFECTIVAMENTE LAS ENTIDADES
DEMANDADAS NO CONSIGNARON EL VALOR DE LAS CESANTÍAS DE MI
REPRESENTADO AL FOMAG DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO y en
el transcurso del proceso centró su debate 2 puntos. La primera es que
por pertenecer a un régimen especial en torno al reconocimiento de
cesantías el patrono no está obligado a consignar las cesantías en el
Fomag y segundo que, aunque estuviera obligado a cancelarlas cada año
el 15 de febrero, no les aplicable la sanción por mora contenida en el art.
99 de la ley 50 de 1990.

Finalmente, trajo a colación el interesado lo que denominó “Criterio Unificado
del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional” para aseverar:

“(…) Nótese, que la importancia jurídica de esta Sentencia, donde revoca la
decisión de primera instancia, que declara «probadas las excepciones de
inexistencia del derecho por errónea interpretación de la norma, cobro de lo no
debido, inaplicabilidad del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la Ley 344 de
1996» (identidad con la sentencia de primera instancia )y en su lugar dispone
Declarar probada la excepción de prescripción extintiva de la sanción moratoria
por la inoportuna consignación de las cesantías de los años 2001, 2002 y 2003.
Significa que la docente si tenía derecho a la aplicación del artículo 99 de la ley
50 de 1990, pero ha sido el trascurso del tiempo lo que no ha permitido acceder
a las pretensiones por la afectación de la prescripción extintiva, la cual no se
configura en este caso concreto.

De esta manera, queda fundamentado las razones por las que la decisión de
primera instancia, debe ser revocada y en su lugar acceder a las pretensiones
de la demanda, por cuanto las entidades encargadas de CONSIGNAR LOS
RECURSOS DE LAS CESANTÍAS DEL AÑO 2020 PARA MI MANDANTE, AL
FOMAG, HAN EXCEDIDO LOS TÉRMINOS LEGALES, y los órganos de cierre
tienen una clara postura de la aplicación del contenido del artículo 99 de la ley
50 de 1990 a favor de los docentes, la cual se encuentra vigente, como se ha
demostrado a lo largo de este recurso”. (Resaltado de la Sala).

Por su parte, en la acción de tutela la señora Olmos Guarín reitera los argumentos
expuestos en el recurso de apelación referentes a la aplicación del artículo 99 de
la Ley 50 de 1990, al desconocimiento de la sentencia SU-098 de 2018 proferida
por la Corte Constitucional y a las sentencias del Consejo de Estado que
acogieron ese criterio jurisprudencial, incluso elaboró un listado similar de los
fallos que, a su juicio, resultaban vinculantes para proferir la decisión cuestionada.

No obstante, esa discusión fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Sucre en
la sentencia de 31 de mayo de 2023, que, en lo que interesa, consideró:

“Pues bien, teniendo en cuenta el régimen normativo y la pauta marcada por la
jurisprudencia puesta de presente, considera la Sala que los docentes afiliados
al FOMAG cuentan con un régimen especial para la consignación y liquidación
de sus cesantías, que es el previsto en la Ley 91 de 1989 y el Acuerdo No. 39
de 1998, el cual, funciona bajo el concepto de unidad de caja, sin que proceda
la consignación de la citada prestación a cada docente en una cuenta
individual, pues, los recursos destinados para su pago son girados de forma
global e incorporados con una periodicidad mensual durante todo el año.

De manera que, los recursos comunes relacionados con el pago auxilio de
cesantías de los docentes a fecha 31 de diciembre del año de su causación
reposan en el FOMAG, no obstante, la liquidación individual de las cesantías
de cada docente es realizada por las secretarías de educación territorial en el
término establecido por el FOMAG, que para el auxilio de cesantías

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correspondiente al año 2020, fue el 5 de febrero de 2021, según lo estipulado
en el Comunicado No. 008 del 11 de diciembre de 202042, liquidación que se
efectúa con el único fin de pagar los intereses de las cesantías, más no para
efectos de consignar esta prestación social en una cuenta individual antes del
15 de febrero del año siguiente, como sucede en el régimen anualizado de
cesantías de la Ley 50 de 1990, iterando que las cesantías de los docentes en
atención al principio de unidad de caja se reportan en el FOMAG de manera
conjunta.

Por ello y como quiera que las cesantías de la demandante se vienen
reportando en el FOMAG desde su afiliación al precitado fondo, la Sala
considera que no le es aplicable la sanción moratoria derivada de la no
consignación de las cesantías antes del 15 de febrero del año siguiente, que se
encuentra prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

En este punto se precisa, que en el presente caso no es vinculante la posición
fijada en la SU-098 de 2018 y en las sentencias del Honorable Consejo de
Estado en las que por favorabilidad se ha aplicado a los docentes la sanción
moratoria de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por la omisión de los
entes territoriales de i) realizar su afiliación al FOMAG, trayendo ello, como
consecuencia que no se le reconozcan y consignen sus cesantías y de ii)
trasladar su auxilio de cesantías al FOMAG al momento de su vinculación, que
este Tribunal ha aplicado en casos semejantes, toda vez que, los supuestos
fácticos en el presente proceso son distintos, por pretenderse el reconocimiento
de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, por la no consignación del auxilio
de cesantías del demandante correspondiste al año 2020 antes del 15 de
febrero de 2021, quien es un docente afiliado al FOMAG, cuyas cesantías se
han venido reportando en el fondo en alusión desde el 1994 a 2020, como da
cuenta el Extracto de Intereses a las Cesantías, emanado del FOMAG.

(…)

Por lo tanto, la demandante no es beneficiaria de la sanción moratoria
contenida en la Ley 50 de 1990, pues, tal penalidad no está instituida en el
régimen especial que regula el reconocimiento de las cesantías de los
docentes, que no es otro que el previsto en la Ley 91 de 1989 y el Acuerdo
No. 39 de 1998, en el cual, se administran los recursos conforme al
principio de unidad de caja, además, por no existir un precedente
consolidado de obligatoria aplicación en este asunto, que se itera es
disímil a aquellos procesos en que la Honorable Corte Constitucional, el
Honorable Consejo de Estado y este Tribunal han aplicado por
favorabilidad la sanción cuyo reconocimiento persigue la parte
demandante.

En atención a lo anterior, se confirmará la sentencia apelada, toda vez que no
son de recibo los argumentos planteados en la alzada por lo expuesto en la
parte considerativa del presente proveído”.

Como se observa, la parte actora acude al mecanismo de amparo para insistir en
el debate legal ya superado por el juez natural de la controversia en sus dos
instancias. En este punto, resulta importante señalar que en la solicitud de amparo
se refirió a nuevas sentencias que han abordado el mismo asunto, lo cierto es que
las invoca con el mismo propósito con el que citó otras en la demanda y en el
recurso de apelación.

En el escenario que propone la demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por la autoridad judicial demandada en
el proceso ordinario, finalidad para la que no está previsto este mecanismo
constitucional. La acción de tutela tiene como fin la protección de derechos

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fundamentales, y no puede utilizarse como instancia adicional, como ya lo ha
precisado la Sala en otras oportunidades32.

Por último, si bien la parte actora se refiere a la sentencia de tutela de 23 de
marzo de 202333 proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” de esta
Corporación, en las que se dio por superado el requisito de relevancia
constitucional y se accedió al amparo constitucional solicitado, basta indicar que
sobre dicho fallo se declaró la nulidad por la Sección Primera del Consejo de
Estado por indebida conformación del contradictorio.

Incluso, en un caso con idéntica situación fáctica y jurídica, la Corte Constitucional,
en sentencia SU-573 de 2019, concluyó que la acción de tutela carecía de
relevancia constitucional, por las siguientes razones:

(i) El asunto propuesto versaba sobre una cuestión meramente legal, que no
impactaba la garantía de derechos fundamentales, sino patrimoniales, pues
se proponía que el juez de tutela determinara si a las cesantías anualizadas de los
docentes les resulta aplicable la Ley 91 de 1989 y el Decreto 1831 de 2005 o la
Ley 50 de 1990, Ley 344 de 1996 y Decreto 1582 de 1998, asunto que conlleva a
establecer aspectos legales acerca de la calidad de la vinculación de los docentes
(territoriales, nacionales o nacionalizados) y sobre el fondo administrador de
cesantías en que debe efectuarse la afiliación para que se cause la penalidad por
no consignación oportuna de la prestación social.

Que, además, los argumentos buscaban “realizar el análisis de corrección de la
sentencia y, en consecuencia, identificar cuál es la interpretación que los jueces
de la jurisdicción contencioso administrativo deben acoger acerca del alcance del
artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y de la Ley 344 de 1996, reglamentada por el
Decreto 1582 de 1998, en cuanto al reconocimiento de una penalidad por no
consignación oportuna de las cesantías en el régimen docente”

ii) La discusión propuesta no involucraba la protección de derechos
fundamentales y la anomalía procesal alegada (presunto desconocimiento del
precedente y del principio de favorabilidad laboral) no era determinante ni tenía un
efecto decisivo en las sentencias cuestionadas y tampoco conllevaba a la
afectación de un derecho fundamental, por cuanto “las decisiones impugnadas en
sede de tutela no constituyen “desvíos del juez ordinario” ni decisiones carentes
de motivación y no dan cuenta prima facie de la inaplicación de una prerrogativa
de carácter constitucional”.

(iii) Los demandantes pretendían reabrir la controversia legal resuelta tras
obtener una respuesta desfavorable a sus intereses, toda vez que los
demandantes acudían a la tutela bajo la supuesta configuración de dos defectos
específicos con el fin de que el juez constitucional accediera a las mismas
pretensiones incoadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Así las cosas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela presentada por la
señora María Andrea Olmos Guarín, por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional.

III. DECISIÓN
32
En el mismo sentido se ha pronunciado la Sala, entre otras, en sentencias del 18 de mayo de 2023, Expediente 11001-
03-15-000-2023-01500-00, Actora: Sandra Elena Espinosa López, C.P. Wilson Ramos Girón; del 25 de mayo de 2023,
Expediente 11001-03-15-000-2023-02085-00, Actora: Rosa María Castañeda Valencia, C.P. Wilson Ramos Girón y de la
misma fecha, Expediente No11001-03-15-000-2023-00705-01. Actora: Luz Myriam García Camacho. C.P. Milton Chaves
García; y del 1º de junio de 2023, Expediente 11001-03-15-000-2023-02139-00, Actor: Alfonso Rueda Rodríguez, C.P.
Wilson Ramos Girón y Expediente 11001-03-15-000-2023-02069-00, Actora: Julia Inés Fernández González, C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto.
33
Rad. 2023-01063-00.

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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora María Andrea Olmos Guarín, quien actúa por conducto de apoderado
judicial, contra el Tribunal Administrativo de Sucre.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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