Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05923-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05923-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-05923-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
26 de octubre de 2023
Demandante: Bladimir Enrique López Paternina
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05923-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05923-00
Demandante: BLADIMIR ENRIQUE LÓPEZ PATERNINA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, SALA TERCERA
DE DECISIÓN.
TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Sanción moratoria por pago
tardío de las cesantías. Incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La sala resuelve la solicitud de amparo de la referencia, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El señor Bladimir Enrique López Paternina, por conducto de apoderado judicial1,
radicó acción de tutela el 4 de octubre de 2023, con el fin de que se le protejan sus
derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, de acceso a la
administración de justicia, y a los principios de favorabilidad laboral, perpetuatio
jurisdictionis y seguridad jurídica.
Las mencionadas garantías las consideró transgredidas con la sentencia de 12 de
julio de 2023, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera
de Decisión revocó la providencia de 30 de noviembre de 2022 dictada por el
Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Sincelejo que había
accedido parcialmente a las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió el actor contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(Fomag) y el departamento de Sucre, para, en su lugar, denegarlas. La referida
causa se identificó con el radicado 70001-33-33-002-2022-00261-01.
1.2. Peticiones de amparo constitucional
Las pretensiones son las siguientes:
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Conforme al poder adjunto.
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Demandante: Bladimir Enrique López Paternina
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Tercera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05923-00
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, SALA TERCERA
DE DECISIÓN en la sentencia proferida el día 12/07/2023, en el expediente rad. No.
770001333300220220026101, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO
PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE
AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN
DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD
SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS,
SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL
VERTICAL, del accionante, por considerar que las razones de la decisión no se
ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de
este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se
encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SUCRE; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales
que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de
octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante
diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora
como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los
siguientes expedientes […].2
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta providencia:
El señor Bladimir Enrique López Paternina informó que ejerció el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(Fomag) y el departamento de Sucre, con ocasión del «acto ficto o presunto […]
configurado el 15 de septiembre de 2021», ante la falta de respuesta a la petición
elevada por el actor consistente en que se le reconociera y pagara la sanción
moratoria por la consignación tardía del auxilio de cesantías parciales3, así como la
indemnización por el pago inoportuno de los intereses del referido auxilio4.
Del referido proceso conoció en primera instancia el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Sincelejo que, en sentencia de 30 de
noviembre de 2022 accedió parcialmente a las pretensiones deprecadas al
considerar que el accionante era beneficiario de la sanción moratoria prevista en la
Ley 50 de 1990 en virtud de lo señalado en la sentencia de unificación SU-041 de 6
de febrero de 2020 dictada por la Corte Constitucional y en la providencia del
Consejo de Estado de 9 de mayo de 20205, a través de la cual se acogió el principio
de favorabilidad para el personal docente. De otro lado, negó el reconocimiento de
la indemnización por el pago inoportuno de los intereses del referido auxilio
prestacional.6
2
Transcrito de texto original con posibles errores.
3
Artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
4
Ley 52 de 1975.
5
Expediente «2659-2020».
6
«[…] por otra parte no es posible reconocer una indemnización por el pago tardío de los intereses
a las cesantías como lo establece el artículo 1. ° de la ley 72 de 1975, toda vez que el Decreto 116
de 1976, “Por el cual se reglamenta la Ley 52 de 1975”, en su Artículo 5° el cual establece: “Si el
patrono no pagare los intereses dentro de los plazos señalados en el presente Decreto, deberán
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Sala Tercera de Decisión
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El recurso de apelación interpuesto por el Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante Fomag) giró en torno
a los siguientes argumentos: (i) el régimen de sanción moratoria establecido en la
Ley 50 de 1990 no es aplicable a los docentes afiliados al mencionado fondo, por
cuanto su marco legal corresponde a la Ley 91 de 1989, modificada por la Ley 812
de 2003; (ii) la Ley 244 de 1996, modificada por la Ley 1071 de 2006 «contempló
una sanción por el no pago oportuno de la cesantía parcial o definitiva», la cual era
aplicable a los docentes y que «distaba» de la contemplada en la Ley 50 de 1990;
(iii) el Fomag es una cuenta es especial que se nutre de los recursos de la Nación,
de las entidades territoriales, entre otros. Por esa razón no funciona con cuentas
individuales para cada persona; y (iv) la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte
Constitucional no era aplicable al caso concreto por carecer de similitud fáctica y
jurídica.
Por su parte, el departamento de Sucre fundamentó la alzada en el sentido de
indicar que la decisión del juez de primer grado le condenó al pago de una sanción
que el accionante no planteó en su demanda, contra este ente. Finalmente, adicionó
que no existió en el plenario prueba del cargo por el incumplimiento en el trámite
para consignar el auxilio de cesantías.
Los mencionados mecanismos los resolvió el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala
Tercera de Decisión mediante fallo de 12 de julio de 2023, al revocar lo dispuesto
por el a quo con base en las siguientes razones:
(i) Los docentes afiliados al Fomag cuentan con un régimen especial en relación
con el auxilio de cesantías, estipulado en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y en el
Acuerdo n. ° 39 de 1998. En este contexto, no se encuentra la obligación de pagar
la prestación social a más tardar el 14 de febrero de cada año, ni se contempla la
sanción por mora o el pago de los intereses por la tardanza en el pago de esta.
(ii) Los fondos privados de cesantías y el Fomag tienen naturaleza y finalidades
diferentes, comoquiera que los recursos son manejados en este último «como una
cuenta única en la que reposan los recursos destinados al pago de prestaciones
económicas de los docentes», lo cuales se van repartiendo de conformidad con las
presentación de las solicitudes de los beneficiarios, por ello el único requisito es que
se cuente con la liquidez «sin que sea viable mantener estático en capital de cada
empleado».
(iii) La SU-098 de 2018 y demás antecedentes invocados no son aplicables al caso
concreto por cuanto se trata de asuntos con supuestos fácticos y jurídicos distintos,
en atención a que analizaron casos de docentes no afiliados al Fomag.
pagar al trabajador, a título de indemnización y por cada vez que incumpla, a una suma adicional
igual a dichos intereses, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las
partes., de lo anterior tenemos que el Acuerdo No. 39 de 1998, “Por el cual se establece los
procedimientos para el reconocimiento y pago de intereses a las cesantías de los docentes afiliados
al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio.”, suscrito por el Ministerio de Educación,
en el artículo 4° establece que el Fomag realizará el pago del interés a la cesantías en el mes de
marzo, razón por la cual tenemos que en el extracto de pago aportado por la parte demandante es
palmario que se realizó el 31 de marzo de 2021, es decir, en término por lo que no genera
indemnización».
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1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora, después de referirse ampliamente a la procedencia de este
mecanismo constitucional contra providencias judiciales, alegó que se cumplían con
todos los requisitos generales señalados por la Corte Constitucional, en especial,
hizo énfasis en el de la relevancia constitucional, para lo cual citó in extenso los
fallos de tutela expedidos entre octubre de 2018 y enero de 2023 por la referida
corporación y las diferentes secciones del Consejo de Estado que, en un asunto
similar, lo encontró acreditado y estudió de fondo la solicitud de amparo.
Enseguida, hizo referencia a varios pronunciamientos judiciales sobre la naturaleza
y fin del auxilio de cesantías7 y posteriormente se refirió a la aplicación del régimen
anualizado de éstas a los docentes vinculados después de 1990 y 1996, así como
al derecho a la sanción moratoria por su pago tardío.
Indicó que, los docentes se encuentran en la categoría de empleados públicos,
razón por la cual, no era admisible la distinción con los demás servidores públicos
a que sus prestaciones sociales sean canceladas en tiempo, como lo es, el auxilio
de cesantías «así, una interpretación contraria, conllevaría una restricción en la
posibilidad de gozar de la garantía del pago oportuno del auxilio de cesantías y, a
su vez, de las protecciones ya mencionadas que se derivan de esa prestación, lo
que conlleva una connotación de relevancia constitucional, ya que se está
vulnerando el derecho a la igualdad de los docentes, respecto de otros servidores
públicos».
Manifestó que se desconocieron las reglas fijadas por la sentencia SU-098 del 17
de octubre 2018, pues, en su sentir, a partir de dicha providencia, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han señalado reiteradamente que, en
virtud del principio de favorabilidad, es posible aplicar a los docentes oficiales
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio las
disposiciones consagradas en la Ley 50 de 1990, en particular, las referidas a la
sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías anuales.
Frente a la providencia cuestionada, el tutelante le endilgó la configuración de los
defectos sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento de
precedente, el primero por la inaplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, el
segundo por desatención del artículo 53 Superior, referido a la interpretación de la
situación más favorable para el trabajador y, el último por ignorar las sentencias8
sobre este tema de la Sección Segunda del Consejo de Estado9.
Señaló que, de la interpretación y aplicación de las normas relacionadas con el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de
cesantías a los docentes y, con base en la jurisprudencia constitucional, era dable
concluir que: (i) el pago oportuno de las cesantías es una garantía de todos los
7
Al respecto transcribió in extenso las sentencias C-432 y C-171 de 2020 de la Corte Constitucional.
8
Identificó varios fallos dictados por las Subsecciones de la Sección Segunda del Consejo de Estado
de los años 2019 a 2022.
9
La parte actora en la mayor parte del escrito se refirió al régimen anualizado de las cesantías, para
lo cual en acápites extensos se refirió a los antecedentes históricos sobre la obligación del Ministerio
de Educación Nacional de consignar las cesantías causadas de los docentes vinculados antes y
después del 1.° de enero de 1990 y la posición del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
torno al estudio de las Leyes 91 de 1989, 50 de 1990 y 344 de 1996.
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trabajadores que es protegida por la Constitución; y (ii) los docentes oficiales son
empleados públicos, teniendo en cuenta las funciones que desarrollan, el régimen
de carrera al que se encuentran sometidos y la vinculación mediante nombramiento,
por lo que tienen derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por
consignación tardía de las cesantías.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 6 de octubre de 202310 el despacho admitió la acción de tutela,
ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Sucre, Sala
Tercera de Decisión en calidad de accionados, y dispuso la vinculación en calidad
de terceros con interés del Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Sincelejo, de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, del departamento de Sucre y de
la Fiduciaria La Previsora S.A.
De igual forma, ordenó a la oficina de sistemas del Consejo de Estado que realizara
una publicación en la página web de la corporación, con la información de la tutela,
con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados. También, requirió
a las autoridades judiciales respectivas la remisión digital del expediente del proceso
ordinario en donde se dictó la providencia censurada.
1.6. Contestaciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Ministerio de Educación Nacional
A través de comunicación presentada el 11 de octubre de 2023, el jefe de la Oficina
Asesora Jurídica de la entidad, luego de exponer jurisprudencia relativa a la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, precisó que en este
caso no se satisfacen los requisitos generales y especiales que dan lugar al estudio
de fondo de este mecanismo constitucional. En ese orden, solicitó que se declare
improcedente el asunto de la referencia.
1.6.2. Fiduciaria La Previsora S.A.
En escrito enviado por mensaje electrónico el 15 de octubre de 2023, la entidad
pidió que se declarara improcedente la tutela por cuanto no se presentó por parte
de la autoridad judicial accionada violación a algún derecho fundamental del
tutelante. Por último, solicitó su desvinculación del presente trámite por carecer de
legitimación en la causa por pasiva.
1.6.3. Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Sincelejo
Por mensaje de datos recibido el 11 de octubre de 2023 se allegó el expediente
digital del proceso identificado con el radicado 70001-33-33-002-2022-00261-01.
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Notificado el 9 de octubre siguiente.
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1.6.4. Tribunal Administrativo de Sucre
La autoridad judicial accionada pese haber sido notificada guardó silencio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por el señor Bladimir Enrique López Paternina contra el Tribunal
Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.
2.2. Cuestión previa
La solicitud de desvinculación de la Fiduciaria La Previsora S.A. será denegada por
cuanto fue llamada a esta acción constitucional en calidad de tercero por tener un
eventual interés en la decisión que se adopte. Ello, en atención a que intervino en
el proceso ordinario en el cual se dictó la sentencia controvertida. En ese sentido,
es necesario mantener la debida integración del contradictorio.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a esta sección determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales del accionante, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
sentencia de 12 de julio de 2023, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de
Sucre, Sala Tercera de Decisión revocó la providencia de 30 de noviembre de 2022
dictada por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Sincelejo que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho que inició el tutelante contra la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y el departamento de Sucre, para, en su lugar, denegarlas.
Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de
la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los
requisitos adjetivos de procedibilidad, en especial, el de la relevancia constitucional
y, en caso de encontrase superados; (iii) el caso concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201211,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y ella misma habían adoptado posturas diversas sobre el tema12.
11
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
12
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales13.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201414, la
referida Sala Plena, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la
acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
La Sala advierte que en el sub examine no se cumple el presupuesto de la
referencia, para lo cual resulta pertinente recordar que en principio esta colegiatura
otorgaba relevancia constitucional a toda pretensión que, en sede de tutela,
estuviera relacionada con una controversia en torno al amparo de un derecho o
garantía de rango fundamental, como lo son las cesantías; no obstante, en asuntos
como el caso en concreto, se ha sostenido que las pretensiones que versen sobre
derechos de índole estrictamente económico, al no encontrarse ligados a la
satisfacción de una garantía de dicha naturaleza, se tornan improcedentes frente al
amparo constitucional15.
El anterior lineamiento acogido por esta magistratura se ha construido en estricto
seguimiento de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 del
año 201916, providencia cuyos elementos fácticos guardan identidad con el asunto
examinado, dado que versó sobre tres solicitudes de amparo contra decisiones
judiciales que no accedieron a la pretensión de reconocer sanción moratoria por el
pago tardío de cesantías.
En el fallo en mención, el máximo tribunal Constitucional señaló que el carácter
irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza como prestación
patronal de rango legal, cuya finalidad es el auxilio de la persona que se quede
temporalmente en situación de desempleo y, por tanto, «solo en la medida en que
lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se
13
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
14
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
15
Ver fallos del 20 de febrero de 2020, proferido en el trámite del proceso N°11001-03-15-000-2019-
04788-01, y 7 de mayo de 2020, dictado en el expediente 11001-03-15-000-2019-04762-01, ambos
con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate.
16
Corte Constitucional, Sentencia SU-573, 27.11.19, M.P. Carlos Bernal Pulido.
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advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a
la seguridad social del trabajador».
De acuerdo con lo anterior, precisó la referida Corte en aquella sentencia unificadora
que todo pago adicional no correspondiente con la finalidad buscada por las
cesantías, sino relacionado con una penalidad impuesta al empleador por el no pago
o pago tardío de las mismas, cuenta con una naturaleza estrictamente patrimonial
cuyo reconocimiento, por tanto, no requiere la acción del juez de tutela.
En efecto, con este precedente establecido por dicha autoridad judicial, el
reconocimiento y pago de las cesantías constituye un derecho de carácter
irrenunciable para el trabajador, y su falta de pago se traduce en la transgresión de
garantías constitucionales de rango fundamental, como bien podrían ser los
derechos al mínimo vital y a la seguridad social; no obstante, aclaró la Corte que no
ocurre lo mismo con la cuantía correspondiente a la penalidad de la sanción
moratoria cuando el empleador no consigna en tiempo tales cesantías, toda vez
que, tal monto tiene el carácter de ser una simple prestación adicional de naturaleza
eminentemente patrimonial que no da lugar a la intervención del juez
constitucional17.
La anterior posición es reiterada por la misma corporación en la SU-215 de 16 de
junio de 2022, en la cual se unificaron los criterios respecto al requisito de la
relevancia constitucional en los casos de tutela contra providencia judicial, para lo
cual se indicó:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.18
Adicionalmente, se precisa que, si bien la Sección Segunda del Consejo de Estado
como órgano de cierre especializado en la materia objeto de estudio expidió la
sentencia SUJ-032-CE-S2-2023 de 11 de octubre de 202319 en la cual se unificó la
17
Así lo señaló el alto tribunal:
«La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las cesantías,
como una prestación patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda
temporalmente sin trabajo”. Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación,
la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del
derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En consecuencia, cualquier pago
adicional que no corresponda a la finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el
empleador que no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados, es un
reconocimiento de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención
del juez de tutela».
18
Énfasis de la Sala.
19
Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Julián David Quintero Agudelo
contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional y otros, expediente identificado con el radicado
66001-33-33-001-2022-00016-01.
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postura respecto a la aplicabilidad de la sanción moratoria establecida en el artículo
99 de la Ley 50 de 1990 y de la indemnización de la Ley 52 de 1975 a favor de los
docentes, lo cierto es que lo hizo en los siguientes términos:
Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria
prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es
incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de
1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté afiliado al
FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del
artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal.
En ese orden, es claro que a través de esta solicitud de amparo se pretende que se
dicte una decisión que deje sin efectos la sentencia de segunda instancia del
proceso ordinario, para que, en su lugar, se ordene en favor del señor Bladimir
Enrique López Paternina el reconocimiento del monto equivalente a la sanción
moratoria por el presunto pago inoportuno de sus cesantías, lo cual deja en
evidencia que el fin perseguido consiste en hacer efectiva una prestación de índole
estrictamente patrimonial, cuya ausencia de reconocimiento no configura un
menoscabo o vulneración de alguna garantía fundamental.
En ese orden, conforme a los pronunciamientos de unificación de la Corte
Constitucional antes referidos, los cuales son aplicados por esta judicatura, es claro,
sin que resulte necesario analizar otros aspectos, que la petición de tutela en estudio
resulta improcedente por el incumplimiento del presupuesto de la relevancia
constitucional.
2.6. Conclusión
De acuerdo con lo argumentado, se declarará la improcedencia de la solicitud de
amparo comoquiera que no se encontró satisfecho el requisito de relevancia
constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Fiduciaria La
Previsora S.A.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Bladimir Enrique López Paternina contra el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala
Tercera de Decisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
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Demandante: Bladimir Enrique López Paternina
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Tercera de Decisión
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CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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