Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06015-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06015-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-06015-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
13 de diciembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06015-00
Accionante: Juan Manuel Galán Pachón
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de Tutela
Expediente: 11001-03-15-000-2023-06015-00
Accionante: Juan Manuel Galán Pachón
Accionados: Gustavo Francisco Petro Urrego – Presidente de la
República, Carlos Ramón González – Director del
Departamento de la Presidencia de la República.
Vinculado: María Paula Fonseca - Consejera de Comunicaciones de la
Presidencia de la República
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela interpuesta por
Juan Manuel Galán Pachón en contra de Gustavo Francisco Petro Urrego
– Presidente de la República y Carlos Ramón González – Director del
Departamento de la Presidencia de la República.
I. LA SOLICITUD DE AMPARO
Juan Manuel Galán Pachón, en nombre propio y en calidad de director
nacional del Partido Nuevo Liberalismo, promovió acción de tutela contra
Gustavo Francisco Petro Urrego – Presidente de la República y Carlos
Ramón González – Director del Departamento de la Presidencia de la
República, con el fin de que le fueran protegidos sus derechos
fundamentales a la igualdad y a la participación en política.
Asimismo, solicita la protección de los artículos 113, 127 inciso 2 - 4, 188
y 189 numeral 4 de la Constitución Política, los que considera vulnerados
y amenazados por las actuaciones del primer mandatario.
Como pretensiones de la tutela formuló las siguientes:
“1. Se protejan los derechos fundamentales de igualdad y participación
política consagrados en los artículos 13 y 40 de la Constitución Política, así
como en el literal “a” del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y en el artículo 23 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. En consecuencia, se conceda la protección solicitada y
se ordene tanto al señor presidente de la República como al director del
DAPRE lo siguiente:
a. Que en calidad de funcionarios públicos se abstengan de
incumplir las prohibiciones generales establecidas por el
ordenamiento jurídico para las contiendas electorales.
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Accionante: Juan Manuel Galán Pachón
b. Que se abstengan de hacer cualquier manifestación o
publicación que favorezca al partido político de Gobierno o que
golpee a los adversarios políticos de su partido el Pacto Histórico.
Por lo tanto, toda afirmación relativa a la contienda electoral
debe hacerse en condiciones de igualdad y no estigmaticen o
discriminen a los otros partidos políticos o a sus miembros en
calidad de candidatos.
2. Se protejan los principios y disposiciones constitucionales contenidas en
los artículos 113, 188 y 189 de la Carta y se restablezca el Estado de
Derecho ordenando al señor presidente de la República que:
a. Lo inste a cumplir la Constitución y las leyes.
b. Se le prohíba convocar marchas o “movilizaciones por la vida”
en general, como garantía de lo dispuesto en el artículo 189
inciso 4. Y, en consecuencia, se cumplan las obligaciones
derivadas para el Gobierno de las protestas, marchas o
manifestaciones pacíficas promoviendo el diálogo social e
instalando las mesas para tal efecto.
c. Se le prohíba a convocar marchas o “movilizaciones por la
vida” que tengan por objeto presionar la aprobación legislativa
de los proyectos presentados por el Gobierno nacional, pues ello
constituye una clara intromisión del Ejecutivo en las funciones y
competencias del Congreso de la República. Lo anterior, como
garantía de lo dispuesto en el artículo 188 de la Constitución
Política.
d. Se inste a no seguir pronunciando discursos de odio y
estigmatización en contra de esos “otros” que también son el
pueblo y represente y simbolice de manera efectiva la unidad
nacional, garantizando la vida, honra, bienes y derechos de todos
los colombianos”.
II. SÍNTESIS DEL CASO
La parte actora expuso como fundamento fáctico que el 17 de septiembre
de 2023 el primer mandatario trinó en la red social X: “Estas son las
grandes movilizaciones de la humanidad por la vida. En Colombia
marcharemos este 27 de septiembre”.
Explicó que, el 19 de septiembre de 2023, en el discurso ante la Asamblea
General de la ONU, el Presidente de la República afirmó que “(…) Este 27
de septiembre nos unimos en un carnaval del color. Somos alegría y
esperanza, somos la fuerza que transforma a Colombia. Movilizarnos y
defender el mandato popular es fundamental para construir el país que
soñamos. Colombia avanza por la vida”.
Citó el discurso del 27 de septiembre de 2023 que el primer mandatario
dirigió a las personas que asistieron a la movilización por él promovida y
que se concentraron en la plaza de Bolívar, en la ciudad de Bogotá.
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Señaló que el 29 de septiembre, en la red social X, desde la cuenta
@infopresidencia correspondiente a la cuenta oficial de la Presidencia1 se
posteó:
“¿Sabías que durante la Bogotá Humana que lideró el hoy Presidente
@PetroGustavo se obtuvieron buenos resultados en materia de educación
y salud?
Hoy ese Cambio vuelve a Bogotá para mejorar las condiciones de vida de
sus habitantes […]”.
Refirió que ese mismo día María Paula Fonseca, consejera de
comunicaciones de la Presidencia de la República, publicó en su cuenta
oficial de la red social X lo siguiente:
“¿Cuál es el lío con que el #GobiernoDelCambio haga un
#GobiernoConElPueblo en Bogotá? ¿Acaso Bogotá no es objeto de las
políticas de transformación del gobierno nacional? ¿No es acaso el
gobierno del presidente @petrogustavo la consolidación nacional de
un proyecto progresista que inició en Bogotá Humana hace 10 años?”
Hoy ese Cambio vuelve a Bogotá para mejorar las condiciones de vida
de sus habitantes. #BogotáDelCambio”
Indicó que, durante las movilizaciones convocados por el primer
mandatario, los medios de comunicación informaron sobre cómo la minga
indígena irrumpió de manera violenta en las instalaciones de un medio de
comunicación escrito.
Trascribió el comunicado del 30 de septiembre de 2023, elaborado por la
Misión de Observación Electoral MOE, en el cual se le realizó un llamado
al Presidente de la República para que “[…] sus declaraciones y acciones
muestren la neutralidad que desde la Constitución se exige al más alto
cargo del Estado y su compromiso indeclinable con el desarrollo de un
proceso electoral libre, justo, equitativo, transparente, auténtico, seguro
y basado en el estricto cumplimiento de las normas vigentes […]”.
Una vez referidos los anteriores hechos, aseguró que con dichas
manifestaciones las autoridades accionadas vulneran sus derechos
fundamentales invocados en el marco de las elecciones territoriales 2023,
en la medida en que desconocen las prohibiciones generales que tienen
los funcionarios públicos de participar en política en época electoral, así
como el principio de imparcialidad de la función pública.
Aseguró que el Presidente de la República debe gobernar para todos y
garantizar el equilibrio electoral independientemente de las posturas
políticas o convicciones partidistas.
Precisó que “con esta tutela no solo exijo garantías de equilibro electoral
en la actual contienda democrática territorial, no solo porque es un
derecho fundamental, sino porque el Nuevo Liberalismo luego de toda su
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(https://x.com/infopresidencia/status/1707759654611091549?s=20):
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historia de persecución y exterminio por la violencia, requiere del debido
respeto político que merece y las garantías como partido de oposición.”
Aseveró que el Director del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República vulnera sus derechos fundamentales al ejercer
sobre sus funcionarios presiones indebidas para efectuar publicaciones en
las redes sociales que destacan la gestión partidista del Pacto Histórico
previo a las elecciones territoriales.
Resaltó que son prohibiciones generales del Presidente de la República y
de todos los funcionarios públicos del Ejecutivo en las contiendas
electorales: “(i) Tomar parte en las actividades de las agrupaciones
políticas y en las controversias políticas (Art. 127 inc. 2 y 4); (ii) Utilizar
su empleo para apoyar una campaña política o presionar a particulares o
subalternos para influir en procesos electorales (Código Único
Disciplinario, art. 48 numerales 39 y 40); (iii) Intervenir en política
utilizando su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un
candidato o agrupación política (Código Penal, art. 422); (iv) Utilizar
bienes y servicios del Estado para favorecer campañas electorales (Ley
de Garantías, art. 38, parágrafo).
Afirmó que no se acude a otro control del poder, el control parlamentario
de la administración pública, en razón a que en este momento su
vigilancia supone procedimientos internos y del debido proceso medibles
en años, por lo que no son efectivas garantías de vigilar la legalidad,
conveniencia y oportunidad de las acciones de la administración en época
electoral.
Alegó que se vulnera el artículo 189 numeral 4 constitucional, que
establece que el Presidente de la República tiene la función de conservar
en todo el territorio el orden público, en la medida en que es esa misma
autoridad quien convoca las marchas en las cuales se han presentado
hechos violentos y alteraciones del orden público.
Indicó que se trasgrede el artículo 113 de la Constitución que prevé la
separación de poderes, de un lado, con la convocatoria de marchas con
el fin de presionar la aprobación de sus proyectos de ley, y de otro, con
los discursos del presidente en los cuales se advierte una clara intromisión
en las funciones y competencias de la rama legislativa.
Finalmente, anotó que se viola el artículo 188 de la carta política que
prevé que el Presidente de la República simboliza la unidad nacional y que
es su obligación garantizar los derechos y libertades de todos los
colombianos, en razón a que su discurso contiene afirmaciones
estigmatizantes, de odio, de separación entre buenos y malos, así como
de intolerancia, desbordando los fines del Estado de Derecho.
III. TRÁMITE DE LA TUTELA
3.1. El 9 de octubre de 2023 el Despacho admitió la acción de tutela y
ordenó notificar a Gustavo Francisco Petro Urrego – Presidente de la
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Accionante: Juan Manuel Galán Pachón
República y Carlos Ramón González – Director del Departamento de la
Presidencia de la República, así como vincular a María Paula Fonseca,
Consejera de Comunicaciones de la Presidencia de la República.
3.2. El 20 de octubre de 2023, el accionante allegó escrito titulado
“Alcance tutela complementaria”, en el que afirma que la Secretaría de
Transparencia de la Presidencia de la República publicó un informe
denominado: “553 Candidatos a concejos y alcaldías municipales podrían
estar incursos en una inhabilidad para las elecciones regionales”, que
vulnera el derecho al buen nombre y la honra de los 20 candidatos del
partido del Nuevo Liberalismo que se encuentran en dicho informe.
Asegura que, con la expedición del informe, el DAPRE se extralimitó en
sus funciones, además de constituir una grave persecución política y un
constreñimiento al elector que da lugar a la vulneración del derecho
fundamental a ser elegido de los líderes políticos del Nuevo Liberalismo.
Aseguró que los candidatos que fueron avalados por el Nuevo Liberalismo
cuentan con calidades humanas e idoneidad para ser elegidos, además de
superar “La Ruta del Aval”, procedimiento que se acordó en el partido
para otorgar los avales.
Señaló que la Presidencia de la República desconoce la ley de protección
de datos, al construir bases de datos con datos sensibles y personales y
realizar un perfilamiento de personas, como lo hizo con los 48 miembros
del Nuevo Liberalismo.
Reitera que la intervención del Presidente y del director del DAPRE son
ilegítimas, desbordan la órbita de sus competencias y constituyen una
clara participación en política, a través de afirmaciones sobre supuestas
inhabilidades que carecen de sustento jurídico, en detrimento de los
derechos políticos de los candidatos afectados con dicho “informe”.
En este mismo escrito, el accionante adicionó las pretensiones de la tutela
en los siguientes términos:
“[…] 3. Se proteja el derecho fundamental a elegir y ser elegido contenido
en el artículo 40 de la Constitución Política y en ese orden:
a. Ordene de manera inmediata que Presidencia de la República -
Secretaría de Transparencia retire el informe del 17 de octubre de 2023
denominado “PPT 553 Candidatos a concejos y alcaldías municipales
podrían estar incursos en una inhabilidad para las elecciones regionales”
y la base de datos que contiene datos propios de un uso abusivo del
poder, como lo es un perfilamiento de líderes políticos.
b. Ordene al presidente de la República y a la Presidencia de la República-
Secretaría de Transparencia, que estos ni ningún órgano del Gobierno
pueden recopilar información y construir perfiles en bases de datos con
los miembros del partido Nuevo Liberalismo, que contengan datos
sensibles, sin contar con nuestro consentimiento debidamente
informado.
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Accionante: Juan Manuel Galán Pachón
c. Que Presidencia de la República - Secretaría de Transparencia cumplan
estrictamente sus funciones legales. […]”
3.3. El 26 de octubre de 2013, el Despacho ordenó correr traslado del
anterior escrito a los accionados.
3.4. La apoderada del Presidente de la República y del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República presentó informe
en el que solicita sea negada la solicitud de amparo, en razón a que la
libertad de expresión, especialmente en discursos políticos y de interés
público, amparan al Presidente, permitiéndole expresar y difundir su
respaldo a las políticas públicas y los modelos políticos relacionados con
su actual mandato. Asegura que en los discursos y manifestaciones no se
ha favorecido o individualizado a ningún candidato o movimiento político
específico que se encuentre compitiendo por ocupar un cargo de elección
popular en las elecciones del 29 de octubre de 2023.
Aduce que no se vulneran los derechos fundamentales invocados, ya que
las expresiones políticas realizadas por el Presidente de la República están
amparadas por el derecho a la libertad de expresión, con la finalidad de
garantizar el libre ejercicio de la democracia en una sociedad.
Afirma que del escrito de tutela únicamente se puede concluir que el
Presidente de la República convocó unas marchas y realizó unos discursos
en el marco de las mismas donde buscó defender su programa de
gobierno y los avances y dificultades que ha tenido al momento de
promover el mencionado programa.
Alega que las expresiones y opiniones relacionadas con asuntos de interés
público y el funcionamiento del Estado gozan de una mayor protección
bajo la Convención Americana, lo que implica que el Estado debe
abstenerse limitar estas formas de expresión y que los funcionarios
públicos y candidatos a cargos públicos deben tener un umbral mayor de
tolerancia ante la crítica.
Señala que las pretensiones de la acción de tutela deben ser negadas, al
pretender censurar los discursos del Presidente, que se enmarcan en la
libertad de expresión y contribuyen al debate público y la participación
ciudadana en asuntos de interés nacional.
Resalta que la Corte Constitucional ha reconocido que todos los ejercicios
de comunicación, sin importar su contenido, valor o forma de expresión,
están amparados por el principio de libertad de expresión. Sin embargo,
ciertos discursos merecen una protección especial debido a su importancia
para promover la participación ciudadana, el debate y el control de los
asuntos públicos, como es el caso de los discursos del Presidente de la
República.
Finaliza indicando que las declaraciones, marchas y publicaciones en
redes sociales son manifestaciones de la libertad de expresión y no
pueden ser catalogadas como un respaldo directo a candidatos o
campañas específicas.
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De otro lado, se presentó informe en el que la parte accionada se
pronuncia sobre el escrito “alcance a la acción de tutela”, y solicita se
declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, al estimar que,
revisadas las funciones del Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República y de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de
la República, se observa que dichas autoridades no son responsables de
la conducta que estiman genera la vulneración de los derechos invocados.
Precisa que la Presidencia de la República no tiene injerencia en los
asuntos del Consejo Nacional Electoral, autoridad que tiene autonomía en
el proceso de determinar cuáles candidatos tienen inhabilidades. Agrega
que no es posible causar un perjuicio irremediable ya que las afirmaciones
de la Secretaría no tienen la virtualidad para causar amenaza o vulnerar
los derechos políticos del accionante.
Aduce que el accionante invoca la tutela de sus derechos a ser elegido y
la integridad personal; sin embargo, el informe cuestionado únicamente
manifestó sobre “posibles” inhabilidades, en atención a los principios de
buena fe y presunción de inocencia de los candidatos, así como al respeto
por las facultades del Consejo Nacional Electoral, quien ostenta la facultad
para determinar si existe o no una inhabilidad.
Asegura que la Secretaría de Transparencia, en el marco de sus funciones,
está facultada para presentar ante el CNE, como lo ha hecho la
Procuraduría y la ciudadanía misma, el informe técnico resultante del
cruce de bases de datos abiertos, cuyos resultados asociaron los datos
personales de los 553 candidatos con algún contrato con entidades del
sector público en los sistemas de información, entre el 29 de octubre de
2022 y el 30 de septiembre de 2023.
Alega que los derechos políticos no son absolutos sino que se encuentran
legítimamente limitados por el legislador en función de causales de
inhabilidad que, a su vez, con la observancia de las garantías procesales,
están llamadas a ser verificadas por el Consejo Nacional Electoral; por lo
que el informe rendido por la Secretaría de Transparencia no vulnera el
núcleo esencial del accionante a elegir y ser elegido, en tanto dicho
informe no revoca por sí mismo la inscripción respectiva, sino que pone
en conocimiento el resultado del procedimiento técnico empleado por la
Secretaría para identificar asociaciones entre candidatos y contratos,
pasando a ser el análisis de hechos que pudieran llegar a configurar las
causales de inhabilidad legalmente previstas, y la incidencia de dicho
análisis en la percepción del potencial elector, una carga que todo
candidato tiene el deber jurídico de soportar.
3.5. La señora María Paula Fonseca, consejera de comunicaciones de la
Presidencia de la República, guardó silencio.
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IV. CONSIDERACIONES
4.1. Competencia.
De conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, en concordancia con lo dispuesto en el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 333 de 2021 numeral 8 y el artículo 25 del
Acuerdo nro. 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las
secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.
4.2. Análisis de la Sala.
4.2.1. A efectos de decidir la presente solicitud de amparo es necesario
recordar las pretensiones expuestas en el escrito de tutela:
“1. Se protejan los derechos fundamentales de igualdad y participación
política consagrados en los artículos 13 y 40 de la Constitución Política, así
como en el literal “a” del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y en el artículo 23 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. En consecuencia, se conceda la protección solicitada y
se ordene tanto al señor presidente de la República como al director del
DAPRE lo siguiente:
a. Que en calidad de funcionarios públicos se abstengan de
incumplir las prohibiciones generales establecidas por el
ordenamiento jurídico para las contiendas electorales.
b. Que se abstengan de hacer cualquier manifestación o
publicación que favorezca al partido político de Gobierno o que
golpee a los adversarios políticos de su partido el Pacto Histórico.
Por lo tanto, toda afirmación relativa a la contienda electoral
debe hacerse en condiciones de igualdad y no estigmaticen o
discriminen a los otros partidos políticos o a sus miembros en
calidad de candidatos.
2. Se protejan los principios y disposiciones constitucionales contenidas en
los artículos 113, 188 y 189 de la Carta y se restablezca el Estado de
Derecho ordenando al señor presidente de la República que:
a. Lo inste a cumplir la Constitución y las leyes.
b. Se le prohíba convocar marchas o “movilizaciones por la vida”
en general, como garantía de lo dispuesto en el artículo 189
inciso 4. Y, en consecuencia, se cumplan las obligaciones
derivadas para el Gobierno de las protestas, marchas o
manifestaciones pacíficas promoviendo el diálogo social e
instalando las mesas para tal efecto.
c. Se le prohíba a convocar marchas o “movilizaciones por la
vida” que tengan por objeto presionar la aprobación legislativa
de los proyectos presentados por el Gobierno nacional, pues ello
constituye una clara intromisión del Ejecutivo en las funciones y
competencias del Congreso de la República. Lo anterior, como
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Accionante: Juan Manuel Galán Pachón
garantía de lo dispuesto en el artículo 188 de la Constitución
Política.
d. Se inste a no seguir pronunciando discursos de odio y
estigmatización en contra de esos “otros” que también son el
pueblo y represente y simbolice de manera efectiva la unidad
nacional, garantizando la vida, honra, bienes y derechos de todos
los colombianos”.
Adicionalmente, en el escrito que complemento la solicitud de amparo se
solicitó los siguiente:
“[…] 3. Se proteja el derecho fundamental a elegir y ser elegido contenido
en el artículo 40 de la Constitución Política y en ese orden:
a. Ordene de manera inmediata que Presidencia de la República -
Secretaría de Transparencia retire el informe del 17 de octubre de 2023
denominado “PPT 553 Candidatos a concejos y alcaldías municipales
podrían estar incursos en una inhabilidad para las elecciones regionales”
y la base de datos que contiene datos propios de un uso abusivo del
poder, como lo es un perfilamiento de líderes políticos.
b. Ordene al presidente de la República y a la Presidencia de la República-
Secretaría de Transparencia, que estos ni ningún órgano del Gobierno
pueden recopilar información y construir perfiles en bases de datos con
los miembros del partido Nuevo Liberalismo, que contengan datos
sensibles, sin contar con nuestro consentimiento debidamente
informado.
c. Que Presidencia de la República - Secretaría de Transparencia cumplan
estrictamente sus funciones legales. […]”
4.2.2. Pue bien, respecto de la pretensión dirigida a la protección de los
derechos fundamentales de igualdad y participación política, con el fin de
que se ordene al Presidente de la República y al director del DAPRE se
abstengan de incumplir las prohibiciones generales establecidas por el
ordenamiento jurídico para las contiendas electorales y de realizar
cualquier manifestación o publicación que favorezca al partido político de
Gobierno o que afecte a los adversarios políticos de su partido político, es
preciso señalar que se configura la carencia actual de objeto por
acaecimiento de una situación sobreviniente.
En efecto, la acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y
cierta de un derecho fundamental presuntamente violado o amenazado,
lo cual justifica la necesidad de una decisión por parte del juez
constitucional. Sin embargo, si luego de acudir a la autoridad judicial, la
situación ha sido superada o resuelta de alguna forma, no tendría sentido
un pronunciamiento, por cuanto la decisión que pudiese adoptar el juez
respecto del caso concreto resultaría a todas luces inocua y, por tanto,
contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción, como
es la protección inmediata y actual de derechos fundamentales2, situación
que la jurisprudencia a denominado “carencia actual de objeto”.
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Sentencia T- 308 de 2003.
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Accionante: Juan Manuel Galán Pachón
El alto Tribunal Constitucional ha señalado que se configura la carencia
actual de objeto en tres situaciones a saber: i) por hecho superado; ii)
por daño consumado; y iii) por hecho sobreviniente.
El hecho superado se presenta cuando, durante el trámite de amparo, las
acciones u omisiones que amenazan al derecho fundamental desaparecen
por la satisfacción de la pretensión que sustenta la acción de tutela, por
lo que la orden a impartir por parte del juez constitucional pierde su razón
de ser, pues que el derecho ya no se encuentra en riesgo3.
Por su parte, el daño consumado se presenta cuando se ha consumado la
violación o amenaza del derecho fundamental que se pretendía evitar con
la acción de tutela, de modo tal que ya no es posible hacer cesar la
violación o impedir que se concrete el peligro4.
El hecho sobreviniente constituye5 una nueva categoría diseñada para
cubrir escenarios que no encajan en los conceptos tradicionales de daño
consumado y hecho superado, por lo que remite a cualquier “otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela
relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto
y por lo tanto caiga en el vacío”6.
En el caso concreto, los hechos que el accionante adujo como
amenazantes de sus derechos consistían en las manifestaciones
realizadas por las autoridades accionadas en discursos públicos y redes
sociales que, a su juicio, desconocen las prohibiciones que tienen los
funcionarios públicos de participar en política en época electoral y que,
por tanto, afectaban sus derechos fundamentales en el marco de las
elecciones territoriales 2023.
En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que las elecciones territoriales
del año 2023 se llevaron a cabo el pasado mes de octubre, resulta inocuo
por parte de la Sala realizar un pronunciamiento sobre las mencionadas
pretensiones.
Si perjuicio de lo anterior, es preciso señalar que la acción de tutela no es
el mecanismo procedente para investigar y determinar si se incurre en
una falta disciplinaria relacionada con la intervención en política, por lo
que la parte accionante tiene la posibilidad acudir ante las autoridades
competentes para que se inicie y adelante la acción disciplinaria por un
eventual incumplimiento de sus deberes o por la extralimitación en el
ejercicio de derechos y funciones.
Así las cosas, se configura la carencia actual de objeto, toda vez que se
encuentra demostrado que, durante el lapso comprendido entre la
interposición de la acción de tutela y el fallo de primera instancia,
desaparecieron las circunstancias fácticas que fundamentan la pretensión
contenida en la solicitud de amparo.
3
Sentencia T- 662 de 2016.
4
Sentencia SU - 665 de 2017
5
Sentencia SU - 522 de 2019.
6
Sentencias SU - 225 de 2013.
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Accionante: Juan Manuel Galán Pachón
4.2.3. De otro lado, con relación a las pretensiones dirigidas a proteger los
principios y disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 113,
188 y 189 de la Carta Política y, por tanto, ordenar a las autoridades
accionadas a que i) cumplan la constitución y la ley; ii) se les prohíba
convocar marchas o movilizaciones que tengan por objeto presionar la
aprobación de la agenda legislativa promovida por el gobierno nacional, y
iii) se abstengan de pronunciar discursos de “odio y estigmatización”, es
preciso señalar que la acción de tutela resulta improcedente.
En efecto, los hechos y fundamentos de la acción de tutela no se refieren a
derechos fundamentales del accionante, sino al incumplimiento, en su
criterio, de las funciones y competencias de las autoridades accionadas, así
como al desconocimiento de principios constitucionales de orden general;
es decir, no se pretende la protección de derechos fundamentales de
carácter particular.
En ese orden de ideas, si lo que se pretende es que las autoridades
administrativas cumplan los mandatos contenidos en la constitución y ley,
la acción de tutela no es la llamada a proteger dichas pretensiones, ya que
en el ordenamiento jurídico existen otros mecanismos, como por ejemplo,
el ejercicio del derecho fundamental a presentar peticiones ante las
autoridades encargadas del mantenimiento y conservación del orden
público con el fin de adoptar medidas preventivas, o la interposición de la
acción de cumplimiento, que permite exigir la observancia de una ley o de
un acto administrativo por parte de los servidores públicos y los particulares
que ejercen funciones públicas para garantizar el respeto del ordenamiento
jurídico.
4.2.4. Por último, con relación a la pretensión dirigida a que se proteja el
derecho fundamental a elegir y ser elegido y que, por tanto, se ordene i)
retirar el informe denominado “PPT 553 Candidatos a concejos y alcaldías
municipales podrían estar incursos en una inhabilidad para las elecciones
regionales”, ii) abstenerse de recopilar información sensible sin
consentimiento previo, y iii) cumplir estrictamente sus funciones, es
pertinente señalar que la acción de tutela resulta improcedente.
Al respecto, cabe recordar que esta acción es un instrumento preferente
y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los
derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o
amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los
casos expresamente indicados, que procede a falta de otro medio de
defensa judicial, salvo se utilice como mecanismo transitorio para
prevenir un perjuicio irremediable.
En el caso concreto, la parte actora, al igual que cada uno de los
candidatos, que no obran como accionantes dentro del presente trámite,
tienen la posibilidad de acudir ante la autoridad competente para solicitar
se investigue si se incurre en una falta relacionada por un eventual
incumplimiento de sus deberes o por la extralimitación en el ejercicio de
derechos y funciones. Específicamente, ante el Congreso de la República
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06015-00
Accionante: Juan Manuel Galán Pachón
para el caso del Presidente7, en cumplimiento de los artículos 174 y 178
numeral 3 de la Constitución Política, o ante la Procuraduría General de la
Nación, quien tiene la competencia para ejercer el control disciplinario de
manera preferente respecto de quienes desempeñen funciones públicas,
conforme el artículo 277 numeral 6 de la Carta Política.
Por lo anterior, no resulta procedente utilizar la acción de tutela como un
instrumento para lograr el cumplimiento de las funciones de las
autoridades administrativas o para que se determine la observancia o no
de sus obligaciones, en la medida de que dicha acción es residual.
A lo dicho se agrega que el actor en la tutela no indica que sea una de las
personas incluidas en el mencionado informe, lo que implica que, para
ese efecto específico, no tiene legitimación, pues la tutela debe intentarse
por el directamente afectado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO, respecto
de la primera pretensión de la acción de tutela promovida por Juan Manuel
Galán Pachón en nombre propio y en calidad de director nacional del
Partido Nuevo Liberalismo contra Gustavo Francisco Petro Urrego –
Presidente de la República y Carlos Ramón González – Director del
Departamento de la Presidencia de la República, de conformidad a las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la segunda y tercera
pretensión de la acción de tutela promovida por Juan Manuel Galán
Pachón en nombre propio y en calidad de director nacional del Partido
Nuevo Liberalismo contra Gustavo Francisco Petro Urrego – Presidente de
la República y Carlos Ramón González – Director del Departamento de la
Presidencia de la República, por las razones expuestas en la parte
considerativa de este proveído.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en
los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley núm. 2591 del 19
de noviembre de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada la presente sentencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de
los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de
7
Sentencia C-558 de 1994. “[…] Ciertamente el Fiscal General de la Nación, como los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior
de la Judicatura y el Presidente de la República, gozan de fuero constitucional para efectos del adelantamiento
de investigaciones disciplinarias originadas en hechos u omisiones cometidos por tales funcionarios en el
ejercicio de sus funciones (art. 174 C.N.), y por tanto, solamente pueden ser investigados por el Senado de la
República, previa acusación de la Cámara de Representantes. […]”
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06015-00
Accionante: Juan Manuel Galán Pachón
conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 del 19 de
noviembre de 1991.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO
Consejero de Estado CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
GARZON Consejero de Estado
Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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