Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04109-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04109-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04109-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
2 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04109-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: HAMILTON GUTIÉRREZ TORRES
TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE LO PRETENDIDO
POR EL ACTOR ESCAPA DEL RESORTE DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL,
ADEMÁS NO SE EVIDENCIÓ MATERIAL PROBATORIO CON EL QUE SE PUEDA
SI QUIERA INFERIR LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS INVOCADOS.
DERECHOS FUNDAMENTALES: IGUALDAD, PAZ, DEBIDO PROCESO Y
PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra
la sentencia de 11 de agosto de 2025, mediante la cual la
SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE
ESTADO1 declaró improcedente la solicitud de amparo.
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En adelante Sección Tercera.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04109-01
Actor: HAMILTON GUTIÉRREZ TORRES
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor HAMILTON GUTIÉRREZ TORRES, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, a la paz, al debido proceso y a la
participación democrática, los cuales estima vulnerados por el
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA y los MINISTERIOS DEL
INTERIOR y de JUSTICIA Y DEL DERECHO, con ocasión a las
actuaciones desarrolladas por el Gobierno Nacional en el marco de
la política denominada “Paz Total”.
I.2.- Hechos
Señaló que el Gobierno Nacional ha impulsado la política
denominada “Paz Total”, mediante acuerdos con grupos armados al
margen de la ley.
Aseguró que, a su juicio, tales acuerdos han fracasado, por lo que
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Actor: HAMILTON GUTIÉRREZ TORRES
se ha incrementado la violencia, los desplazamientos y las
confrontaciones en el territorio nacional.
Indicó que el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO 2,
anunció un proyecto de estatuto jurídico de “Paz Total”, a pesar de
los cuestionamientos frente a la eficacia y legalidad del proceso.
Manifestó que el aludido estatuto se presenta en un contexto pre-
electoral, por lo que diversas organizaciones advierten de los
riesgos de la participación democrática por la presencia de grupos
armados en los territorios.
Arguyó que el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ha permitido la
presencia de lideres de las organizaciones criminales en actos
públicos, lo que envía un mensaje de legitimación del crimen
organizado y, además, permitió la suspensión de la orden de
extradición de alias “mocho olmedo”, a pesar de la aprobación de la
Corte Suprema de Justicia, justificando su decisión como parte del
proceso de la denominada “Paz Total”.
2
En adelante Ministerio de Justicia.
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Actor: HAMILTON GUTIÉRREZ TORRES
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio del actor, las accionadas han incurrido en la vulneración de
sus derechos fundamentales, por cuanto la política denominada
“Paz Total” contradice el principio de legalidad y los compromisos
internacionales, reforzando la percepción de impunidad.
Aseguró que “[…] el uso político de figuras como el sometimiento a
la justicia o la suspensión de extradiciones sin marco legal claro
puede alterar el equilibrio democrático y deslegitimar el principio de
igualdad […]”.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] 1. Que se tutelen mis derechos fundamentales a la paz,
a la igualdad ante la ley, a la legalidad y a la participación
democrática segura.
2. Que se ordene al Gobierno Nacional:
• Abstenerse de realizar actos públicos en los que se
visibilicen líderes de estructuras armadas ilegales sin que exista
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un marco jurídico claro, aprobado democráticamente y verificado
judicialmente.
1. Rendir un informe público y detallado sobre los
fundamentos legales y constitucionales de la suspensión de
extradiciones por razón de la Paz Total.
2. Suspender temporalmente la radicación del estatuto de Paz
Total hasta después del proceso electoral de 2026, en garantía
del principio de transparencia y equilibrio político […]”.
(Destacado pertenece al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA señaló que las pretensiones de
la acción constitucional deben despacharse de manera
desfavorable, en tanto no se evidencia ninguna vulneración de los
derechos fundamentales alegados por el actor.
Además, solicitó ser desvinculada del trámite constitucional, por
cuanto no goza de legitimación en la causa por pasiva para dar
alcance a las pretensiones del demandante.
I.5.2.- El MINISTERIO DE JUSTICIA manifestó que la acción de
tutela es improcedente, comoquiera que el actor acude al
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mecanismo constitucional con el propósito de reclamar derechos
que pueden ser ventilados a través de medios judiciales ordinarios.
Mencionó que no se encuentra satisfecho el requisito de
subsidiariedad, por lo que debe declararse improcedente la solicitud
de amparo.
I.5.3.- El MINISTERIO DEL INTERIOR mencionó que el asunto
no cumple con el requisito de subsidiariedad, en la medida que la
acción de tutela no está prevista para controvertir la presentación
de proyectos de ley que están por radicarse ante el Congreso de la
República y sobre los cuales no se ha ejercido ni un solo debate.
Señaló que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados
por el actor, pues ha actuado en el marco de las competencias
definidas en la ley y los reglamentos.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN TERCERA mediante sentencia de 11 de agosto de
2025, declaró improcedente el amparo al considerar que la acción
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de tutela no está instituida para tramitar las inconformidades
formuladas por el actor.
Señaló que “[…] la acción de tutela no es procedente para solicitar
la protección del derecho a la paz, mucho menos en el contexto
expuesto, que parte de consideraciones subjetivas sobre el manejo
que el Gobierno nacional está dando a ese tópico […]”.
Igualmente, coligió que frente a la presentación del proyecto de ley
en época electoral, el demandante no preciso de qué forma dicha
circunstancia puede afectar sus derechos subjetivos.
Asimismo, indicó que en el caso sub examine no se está
cuestionando la legalidad del acto administrativo que suspendió la
extradición de alias “mocho olmedo”, sino la transparencia de los
motivos que sustentaron dicha decisión, por lo que tal circunstancia
no se presenta como un problema de derechos fundamentales que
implique la intervención del juez constitucional.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN
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TERCERA al manifestar su desacuerdo con tal la decisión, pues, a
su juicio, como ciudadano colombiano tiene el derecho a participar
en condiciones de igualdad y seguridad en el territorio nacional.
Manifestó que la visibilización pública de estructuras armadas
ilegales afecta la percepción de confianza institucional y de
legalidad, lo que implica la afectación directa de sus derechos
fundamentales.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591
de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de
tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de
2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de
2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de negocios entre las secciones.
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Cuestión previa
La Sala advierte que el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, solicitó su desvinculación
en la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa
por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-
1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de
legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el
juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y
las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
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como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y
contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas, y
lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de
texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe
cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta
cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la
que inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).
Ahora bien, comoquiera que tal entidad fue vinculada como
accionada al presente trámite constitucional en representación del
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, por cuanto el actor formuló
pretensiones dirigidas en su contra, le asiste interés en las resultas
de la acción constitucional de la referencia.
En ese sentido, la Sala denegará la solicitud de desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
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Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los
derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo
42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991. Dicha acción
se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo
procede cuando el afectado no dispone de otros medios de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras
a evitar un perjuicio irremediable.
Caso concreto
En el presente caso, el actor instauró la acción de tutela con el fin
de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad,
a la paz, al debido proceso y a la participación democrática, los
cuales estima vulnerados por la PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA y los MINISTERIOS DEL INTERIOR y de
JUSTICIA.
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Los disensos del actor, radican en que las entidades accionadas han
incurrido en la vulneración de sus derechos fundamentales, con
ocasión a las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno Nacional
en el marco de la política denominada “Paz Total”.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 11 de agosto de
2025, declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar
que no está instituida para tramitar las inconformidades formuladas
por el actor.
Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión
proferida en primera instancia, manifestando su desacuerdo con la
decisión, pues, a su juicio, la visibilización pública de estructuras
armadas ilegales afecta la percepción de la confianza institucional y
legalidad, lo que implica la afectación directa de sus derechos
fundamentales.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
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verificará si se cumplen los presupuestos generales de
procedibilidad de la acción de tutela; y, de ser así, se establecerá si
las autoridades accionadas vulneraron los derechos deprecados.
De la solicitud de amparo frente a las entidades accionadas
Respecto a la vulneración de los derechos fundamentales
deprecados como vulnerados por el actor, es menester precisar que
si bien es cierto que la acción de tutela se caracteriza por su
informalidad, ello no quiere decir que quien pretenda la protección
de sus derechos por una afectación directa, no tenga la carga de
aportar las pruebas que demuestren la presunta vulneración, pues
en el presente caso los acontecimientos constitutivos de la amenaza
y vulneración alegada, carecen del más mínimo respaldo
probatorio.
Lo anterior, por cuanto el accionante no determinó de manera
específica cómo el proceso y las actuaciones llevadas a cabo por el
Gobierno Nacional en la política denominada “Paz Total”, puso en
riesgo sus garantías constitucionales y tampoco demostró que las
autoridades demandadas hubieran vulnerado específicamente sus
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prerrogativas constitucionales, pues se limitó a cuestionar las
actuaciones del señor presidente de la república respecto de la
suspensión de la orden de extradición de un miembro de un grupo
al margen de la ley, la posición de Colombia en el denominado
“Índice Global de Paz 2025” y los hechos violentos que han
acaecido en los últimos meses en el territorio nacional, lo que de
ninguna manera permite percibir el contexto completo de las
circunstancias en las que ocurrió la presunta amenaza o vulneración
de sus derechos fundamentales o conforme a las cuales se pueda si
quiera inferir que es la persona directa o realmente afectada.
Asimismo, la Sala advierte que las demás pretensiones expuestas
en el escrito de tutela se despacharan de manera desfavorable, esto
es, lo relacionado con: i) la participación de presuntos lideres de
estructuras armadas ilegales en actos públicos del gobierno; ii) la
rendición de un informe relacionado con la suspensión de las
extradiciones en el marco de la “Paz Total” y; iii) la suspensión de la
radicación del proyecto de ley relacionado con el estatuto de la “Paz
Total”. Lo anterior, por cuanto tales aspectos escapan del resorte de
la acción constitucional, toda vez que el juez de tutela está vedado
para interferir en la órbita de competencia de otras autoridades y
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de otros órganos del poder público, como lo son las ramas Ejecutiva
y Legislativa.
Aunado a lo anterior, esta Sala3 en relación con eventos en los
cuales se ha hecho uso de la acción de tutela para lograr el
cumplimiento de funciones por parte de autoridades, ha indicado lo
siguiente:
“[…] 4.2.3. De otro lado, con relación a las pretensiones dirigidas
a proteger los principios y disposiciones constitucionales
contenidas en los artículos 113, 188 y 189 de la Carta Política y,
por tanto, ordenar a las autoridades accionadas a que i) cumplan
la constitución y la ley; ii) se les prohíba convocar marchas o
movilizaciones que tengan por objeto presionar la aprobación de
la agenda legislativa promovida por el gobierno nacional, y iii) se
abstengan de pronunciar discursos de “odio y estigmatización”, es
preciso señalar que la acción de tutela resulta improcedente.
En efecto, los hechos y fundamentos de la acción de tutela no se
refieren a derechos fundamentales del accionante, sino al
incumplimiento, en su criterio, de las funciones y competencias de
las autoridades accionadas, así como al desconocimiento de
principios constitucionales de orden general; es decir, no se
pretende la protección de derechos fundamentales de carácter
particular.
En ese orden de ideas, si lo que se pretende es que las
autoridades administrativas cumplan los mandatos contenidos en
la constitución y ley, la acción de tutela no es la llamada a
proteger dichas pretensiones, ya que en el ordenamiento jurídico
existen otros mecanismos, como por ejemplo, el ejercicio del
derecho fundamental a presentar peticiones ante las autoridades
encargadas del mantenimiento y conservación del orden público
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. M.P. Oswaldo Giraldo
López. Bogotá, sentencia de 13 diciembre de 2023, expediente identificado con el número úinico de
radicación 11001-03-15-000-2023-06015-00.
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con el fin de adoptar medidas preventivas, o la interposición de la
acción de cumplimiento, que permite exigir la observancia de una
ley o de un acto administrativo por parte de los servidores
públicos y los particulares que ejercen funciones públicas para
garantizar el respeto del ordenamiento jurídico.
[…]
Al respecto, cabe recordar que esta acción es un instrumento
preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e
inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando
hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o
por los particulares, en los casos expresamente indicados, que
procede a falta de otro medio de defensa judicial, salvo se utilice
como mecanismo transitorio para prevenir un perjuicio
irremediable.
En el caso concreto, la parte actora, al igual que cada uno de los
candidatos, que no obran como accionantes dentro del presente
trámite, tienen la posibilidad de acudir ante la autoridad
competente para solicitar se investigue si se incurre en una falta
relacionada por un eventual incumplimiento de sus deberes o por
la extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones.
Específicamente, ante el Congreso de la República para el caso
del Presidente4, en cumplimiento de los artículos 174 y 178
numeral 3 de la Constitución Política, o ante la Procuraduría
General de la Nación, quien tiene la competencia para ejercer el
control disciplinario de manera preferente respecto de quienes
desempeñen funciones públicas, conforme el artículo 277 numeral
6 de la Carta Política.
Por lo anterior, no resulta procedente utilizar la acción de tutela
como un instrumento para lograr el cumplimiento de las funciones
de las autoridades administrativas o para que se determine la
observancia o no de sus obligaciones, en la medida de que dicha
acción es residual […]”.
4
Sentencia C-558 de 1994. “[…] Ciertamente el Fiscal General de la Nación, como los Magistrados de
la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, los miembros del
Consejo Superior de la Judicatura y el Presidente de la República, gozan de fuero constitucional para
efectos del adelantamiento de investigaciones disciplinarias originadas en hechos u omisiones
cometidos por tales funcionarios en el ejercicio de sus funciones (art. 174 C.N.), y por tanto,
solamente pueden ser investigados por el Senado de la República, previa acusación de la Cámara de
Representantes. […]”
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Actor: HAMILTON GUTIÉRREZ TORRES
En consecuencia, la Sala confirmará la decisión del a quo, que
declaró improcedente el amparo solicitado respecto a la vulneración
de los derechos fundamentales alegados por el actor, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por el
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE
LA REPÚBLICA, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
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Actor: HAMILTON GUTIÉRREZ TORRES
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 2 de octubre
de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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