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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06145-01

Fecha
15 de febrero de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-06145-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 37 Número único de radicación: 110010315000-2023-06145-01 Actora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-06145-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

15 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-06145-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

TESIS: SE CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO. LA ACCIÓN DE
TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL REQUISITO GENERAL
DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. REABRE DEBATE QUE FUE
RESUELTO DE FORMA ADMISIBLE POR LA AUTORIDAD JUDICIAL
ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra

la sentencia de 30 de noviembre de 2023, proferida en primera

instancia por la SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO1

que declaró improcedente la acción de tutela por falta del requisito

1
En adelante SECCIÓN CUARTA.

2

Número único de radicación: 110010315000-2023-06145-01
Actora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

general de la relevancia constitucional.

I.– ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La sociedad SEGUROS DEL ESTADO S.A., actuando a través de

apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la

administración de justicia, los cuales estima vulnerados por la

SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE

ESTADO2 al proferir la sentencia de 10 de marzo de 2023, dentro

del medio de control de controversias contractuales identificado con

el número único de radicación 730012333005-2014-00191-01.

I.2.- Hechos

Indicó que entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A.

E.S.P y la sociedad J&E Temporales Nuevo Milenio S.A., suscribieron

2
En adelante la SECCIÓN TERCERA.

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Actora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

el contrato núm. 039 de 28 de febrero de 2006 para el suministro de

trabajadores temporales.

Manifestó que, con el fin de amparar las obligaciones asumidas entre

las partes, expidió la póliza núm. 062185291, la cual cobijaba el

riesgo de los salarios y prestaciones sociales del contrato, no así los

compromisos asumidos con los empleados propios de cada una de

estas empresas, ni mucho menos situaciones derivadas del

incumplimiento de leyes laborales.

Precisó que un grupo de trabajadores, que inicialmente prestaba sus

servicios a IBAL E.S.P. en misión, reclamó el pago de salarios y

prestaciones sociales a través de procesos judiciales contra dicha

empresa, que terminaron con condena en forma solidaria con J&E

Temporales y, en varios de los casos, con acuerdo de conciliación con

algunos de los trabajadores.

Comentó que IBAL E.S.P. profirió el auto núm. 3 de 4 de enero de

2012, mediante el cual declaró la ocurrencia del siniestro del contrato

núm. 039 de 2006 y le hizo exigible el amparo de salarios y

prestaciones sociales como compañía de seguros, decisión contra la

cual interpuso recurso de reposición y fue confirmada mediante la

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Actora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Resolución núm. 0740 de 23 de octubre de 2012.

Agregó que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda

en ejercicio del medio de control de controversias contractuales

contra IBAL E.S.P, con el fin de que se declarara la nulidad de los

actos administrativos antes mencionados y se adoptaran las

decisiones para restablecer su derecho.

Refirió que a la demanda le fue asignado el número único de

radicación 2014-00191-00 y le correspondió por reparto al Tribunal

Administrativo del Tolima3 que, en sentencia de 18 de enero de 2016,

denegó las pretensiones al considerar que IBAL E.S.P. por vía

excepcional, estaba facultada para expedir actos administrativos;

además, comoquiera que las funciones desempeñadas por los

trabajadores de J&E fueron ejecutadas en vigencia de la póliza,

existía cobertura por parte de la garantía sin que hubiese existido

variación del estado de riesgo.

Sustentó que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de

apelación, el cual desatado por la SECCIÓN TERCERA que, en

3
En adelante el Tribunal.

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Actora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

providencia de 10 de marzo de 2023, confirmó la decisión del a quo.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Expuso que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto

procedimental por falta de competencia, en tanto que con

desconocimiento del principio de consonancia del juzgador de

segunda instancia, pasó por alto los límites de su competencia

funcional.

Señaló que también incurrió en defecto fáctico al omitir valorar las

pruebas y dar por no probada la naturaleza de los actos

administrativos demandados, toda vez que se declaró que ello no

eran actos administrativos sino meros actos contractuales.

Sustentó que la SECCIÓN TERCERA desconoció que pese a que

IBAL E.S.P. carecía de competencia, emitió su manifestación de

voluntad unilateral, creadora de derechos y obligaciones, la cual fue

vertida en documentos denominados como actos administrativos

bajo la apariencia de tal figura, por lo que estaba plenamente

demostrado su calidad de acto administrativo y se debió declarar la

nulidad de las decisiones cuestionadas.

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Actora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Afirmó que se incurrió en defecto sustantivo al inobservar e

inaplicar los artículos 1054, 1056, 1060, 1070 y 1072 del Código de

Comercio y al realizar una motivación insuficiente de los argumentos

expuestos en el recurso de apelación.

Arguyó que la SECCIÓN TERCERA al resolver el tercer punto objeto

de apelación, relativo a la terminación del contrato de seguro por

falta de notificación de agravación del estado de riesgo, no precisó

las razones para considerar que, contrario al tenor literal de la póliza,

se trata de un amparo indefinido frente al cual no resulta aplicable lo

establecido en el artículo 1060 del Código de Comercio, en lo que

concierne al deber de notificar los cambios en el estado del riesgo.

Finalmente, afirmó que se cumple con los requisitos generales para

la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la parte actora pretende lo

siguiente:

“[…] 1. TUTELAR los derechos fundamentales de Seguros del

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Actora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Estado al debido proceso, acceso a la administración de justicia y
los demás que considere violados con la actuación del Consejo de
Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera
Subsección C - M.P. Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas, dentro del
proceso adelantado bajo radicado 73001-23-33-005-2014-00191-
01.

2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia de fecha
10 de marzo de 2023, notificada el pasado 31 de mayo de 2023,
proferida por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso
Administrativo – Sección Tercera Subsección C - M.P. Dr. Jaime
Enrique Rodríguez Navas, dentro del proceso reparación directa
con radicado 73001-23-33-005 2014-00191-01 adelantado por
Seguros del Estado S.A. en contra de la Empresa Ibaguereña de
Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P., por incurrir en una vía de
hecho por defectos tanto de orden sustantivo como fáctico y grave
violación del derecho fundamental al debido proceso y acceso a la
administración de justicia de mi representada

3. ORDENAR al Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso
Administrativo – Sección Tercera Subsección C. M.P. Dr. Jaime
Enrique Rodríguez Navas, proferir una nueva sentencia de segunda
instancia dentro del proceso con radicado 73001-23-33-005-2014
00191-01, mediante la cual se estudie de fondo y razonadamente
el recurso de apelación interpuesto por parte de Seguros del Estado
S.A., teniendo en cuenta los lineamientos expuestos en esta tutela
[…]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL sostuvo que los argumentos de la providencia

cuestionada resultan suficientes para soportar la defensa en la acción

de tutela, por cuanto la misma deviene en improcedente, habida

consideración de que lo pretendido es crear una tercera instancia

dentro del proceso ordinario.

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Explicó que del escrito de tutela se colige que lo que pretende la

actora es lograr un nuevo pronunciamiento judicial frente a su caso,

el cual ya fue ampliamente debatido en la instancia ordinaria

competente para dirimir su conflicto.

I.5.2.- La SECCIÓN TERCERA solicitó declarar improcedente la

presente acción de tutela, toda vez que los cargos planteados en el

escrito de tutela, más allá de buscar la protección de los derechos

fundamentales invocados, están dirigidos a controvertir la decisión y

el resultado del proceso, como si este mecanismo de amparo

constituyera una instancia adicional al proceso ordinario.

Manifestó que, en cuanto al defecto fáctico alegado, la actora no

indicó con precisión cual o cuales fueron las pruebas analizadas

indebidamente ni cuales fueron omitidas, lo que le impide al juez

constitucional hacer un estudio de fondo.

Adujo que el cargo del defecto sustantivo no tiene vocación de

prosperidad por carecer de argumentación, toda vez que la parte

actora no explicó por qué dicha conclusión fue errada ni demostró la

existencia de pruebas que acreditaran lo contrario, así como tampoco

explicó por qué las normas debían aplicarse al caso concreto, de tal

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forma que lo que se evidencia es una mera inconformidad con lo

concluido en el proceso, que no trasciende de un asunto litigioso.

En lo que respecta al defecto procedimental, explicó que dicha

inconformidad está encaminada a cuestionar, una vez más, lo

concluido respecto a la naturaleza jurídica de los actos demandados,

lo que no resulta suficiente para demostrar la configuración del yerro

endilgado.

Finalmente, aseveró que la solicitud de amparo carece del requisito

general de la relevancia constitucional, máxime cuando la sentencia

cuestionada garantizó el debido proceso y el acceso a la

administración de justicia, tan es así que delimitó el alcance del

recurso de apelación y, en ese orden, definió los problemas jurídicos

a resolver.

II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN CUARTA de esta Corporación, mediante sentencia de

30 de noviembre de 2023, declaró improcedente la acción de tutela

de la referencia por falta del requisito general de relevancia

constitucional.

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Indicó que los argumentos expuestos en la solicitud de amparo son

los mismos que fundamentaron el proceso de controversias

contractuales sobre la naturaleza de los actos cuestionados y el

alcance del riesgo asegurado, de tal forma que lo pretendido es

reabrir el debate que ya fue objeto de pronunciamiento en la

sentencia cuestionada.

Explicó que las pretensiones de la actora más allá de exponer una

cuestión iusfundamental, evidencian una preocupación de claro

contenido económico, lo que, a su juicio, hace improcedente la acción

de tutela de la referencia.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia proferida en primera instancia

indicando que el a quo no estudió los elementos o argumentos

propuestos, los cuales demuestran la violación de sus derechos

fundamentales invocados.

Adujo que si bien algunos de los planteamientos constitutivos de vía

de hecho guardan armonía con el proceso judicial adelantado en el

medio de control de controversias contractuales, ello no implica la

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reiteración de argumentos ajenos al trámite constitucional ni mucho

menos la pretensión de una tercera instancia y, por el contrario, lo

que busca no es otra cosa que la protección de sus derechos

fundamentales.

Precisó que el juez de primera instancia yerra al considerar que no

se discute un asunto de relevancia constitucional, sino un asunto de

naturaleza eminentemente económica, en tanto que lo pretendido

con la acción de tutela no es la devolución de alguna suma de dinero,

sino la protección de los derechos fundamentales al debido proceso

y al acceso a la administración de justicia.

Aseguró que el presente asunto sí cumple el requisito general de la

relevancia constitucional, dado el evidente yerro de la autoridad

judicial accionada al actuar por fuera de su marco de competencia

funcional al resolver el recurso de apelación, así como la indebida

valoración de las pruebas obrantes en el expediente y la falta de

motivación para resolver el cargo relativo a la terminación del

contrato de seguro por falta de notificación de agravación del estado

de riesgo.

Por lo anterior, solicitó revocar el fallo impugnado y, en su lugar,

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amparar los derechos fundamentales invocados.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

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unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que

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no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente

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de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo

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probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el caso bajo examen, la actora pretende que se deje sin efecto la

providencia de 10 de marzo de 2023, proferida por la SECCIÓN

TERCERA, a través de la cual confirmo la decisión del a quo de

denegar las pretensiones de la demanda dentro del medio de control

de controversias contractuales identificado con el número único de

radicación 2014-00191-01.

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El disenso de la actora tiene origen en las resoluciones expedidas por

IBAL E.S.P., por medio de las cuales se declaró la ocurrencia del

siniestro del contrato núm. 039 de 2006 y se hizo exigible el amparo

de salarios y prestaciones sociales a la compañía de seguros, razón

por la que promovió el medio de control de controversias

contractuales, toda vez que, a su juicio, los pronunciamientos

cuestionados fueron expedidos con: i) falta de competencia de IBAL

E.S.P para dictar actos administrativos; ii) violación de la ley al

estimar que el riesgo objeto de siniestro no fue amparado en la

póliza; y, iii) violación de la ley porque J&E no mantuvo el riesgo

dispuesto en el contrato y ni fue notificada la modificación, de

conformidad con el artículo 1060 del Código de Comercio.

A juicio de la actora, la SECCIÓN TERCERA incurrió en los defectos

procedimental, fáctico y sustantivo al resolver el medio de

control de controversias contractuales, en la medida en que pasó por

alto los límites de su competencia funcional como juzgador de

segunda instancia, además de omitir valorar las pruebas obrantes en

el proceso que demostraban que las resoluciones tenían calidad de

acto administrativo, así como realizar una motivación suficiente

respecto al cargo relacionado con la terminación del contrato de

seguro por falta de notificación de agravación del estado de riesgo,

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de conformidad con lo establecido en el artículo 1060 del Código de

Comercio.

En el curso de la primera instancia, la SECCIÓN CUARTA de esta

Corporación declaró improcedente la solicitud de amparo por falta del

requisito general de la relevancia constitucional, al establecer que la

discusión planteada por la actora ya fue resuelta por la autoridad

judicial accionada.

En la impugnación, la actora indicó que, contrario a lo advertido por

el a quo, sí se cumple con el requisito general de la relevancia

constitucional, pues los argumentos propuestos son constitutivos de

la violación de sus derechos fundamentales invocados, sin que lo

pretendido sea crear una tercera instancia en el proceso ordinario

Por lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico que debe

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión de primer grado, para lo

cual, en primer lugar, se debe estudiar si el caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la SECCIÓN

TERCERA vulneró los derechos deprecados e incurrió en las

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irregularidades aducidas por la actora, al haber proferido la

providencia de 10 de marzo de 2023.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

4
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

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constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».5

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [8].

5
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

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Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [9].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [10].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

[9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [11]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [12].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [13]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho

[11] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[12] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[13] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]” (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU- 215 de 2022,

precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las

siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]” (Destacado fuera de texto).

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

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circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala observa que la

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actora sustentó el recurso de apelación interpuesto contra la

sentencia dictada en primera instancia por el TRIBUNAL dentro del

medio de control de controversias contractuales, de la siguiente

manera:

“[…] 1. Respecto de la falta de competencia de IBAL para
expedir actos administrativos:

[…]

Obsérvese como la ley se refiere a las entidades estatales a fin
de someter sus contratos al régimen de derecho privado, pues
en ese mismo régimen, por mera definición, se someten los
contratos de las empresas privadas, lo cual significa que unas y
otras, públicas y privadas, en toda su contratación, se someten
a él, esto es, al derecho privado, de los cual se concluye que el
contrato celebrado entre dicha entidad y la empresa de
temporales Nuevo Milenio se rige por el derecho privado, en
donde no tiene cabida la expedición de actos administrativos.

[…]

Dicho en otras palabras, el razonamiento del Tribunal consiste
en que como la empresa IBAL estaba cumpliendo funciones
administrativas -no dice cuáles., por ese hecho estaba facultada
para expedir actos administrativos, y así de fácil trastocó el
contenido del art. 31 de la Ley 142 que justamente dice todo lo
contrario.

[…]

En fin, repito, ni IBAL estaba cumpliendo función administrativa
alguna cuando profirió los actos acusados, ni tenía por qué estar
haciéndolo. Luego sus actos administrativos aquí acusados sí se
encuentran afectados del vicio denominado falta de
competencia, por lo que así ruego declararlo, previa revocatoria
del fallo recurrido.

II. Respecto de la falta de cobertura de la Póliza expedida
por Seguros del Estado S.A., con relación al siniestro
cobrado:

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[…]

Al momento de celebrarse entre la empresa de temporales J&E
Nuevo Milenio e IBAL S.A. E.S.P el contrato 039/06 afianzado
por la demandante Seguros del Estado S.A., todo personal que,
según ese contrato, la primera de ellas suministró en misión de
la segunda, ya era empleado de esta última (de IBAL), por
cuanto que, para entonces, ya se encontraba vinculado a ella.
Luego el riesgo asegurado, como lo era el pago de salarios,
indemnizaciones y prestaciones sociales a cargo de la empresa
de temporales por el personal suyo pero en misión en IBAL no
tenía como suceder, al ser simplemente inexistente.

Por ello, y aun cuando en apariencia el elemento esencial “riesgo
asegurable” hacía parte del contrato de seguro, lo cierto es que,
en realidad, estuvo ausente de él, puesto que las obligaciones
de orden laboral de dicho personal estaban a cargo y seguían
estando a cargo de IBAL. Era su propio personal. Es decir, no es
cierto que J&E Temporales Nuevo Milenio hubiera suministrado
a IBAL personal alguno en misión, pues, para ese momento, todo
éste ya laboraba para IBAL, como empleado suyo.

[…]

III. Respecto del cambio del estado del riesgo que dio
lugar a la terminación anticipada del contrato de seguro:
Este último cargo de nulidad de los actos acusados consiste en
que el contrato de seguro terminó anticipadamente al no
mantenerse, durante la ejecución del contrato de seguro, el
estado del riesgo inexistente al momento de su contratación.

Y no se lo mantuvo porque, aun asumiendo la existencia del
contrato de seguro, no se le informó a la aseguradora el cambio
del estado del riesgo, el cual consistió en que el personal
suministrado por J&E Temporales Nuevo Milenio en misión en
IBAL dejó de ser empleado de aquella y pasó a serlo
directamente de esta última, al sobrepasarse el límite de un año,
incluida su prórroga, establecido como término máximo de
duración del personal en misión […]”.

Por su parte, la SECCIÓN TERCERA al desatar el recurso de

apelación resolvió cada uno de los cargos de inconformidad

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propuestos, de la siguiente manera:

“[…] Así las cosas, la competencia funcional del juzgador de
segundo grado se circunscribe a los cargos, formulados por el
recurrente en contra de la providencia impugnada, en tanto y en
cuanto tal decisión fuera desfavorable o perjudicial a sus
derechos o intereses. Por ende, en principio, los demás aspectos
se excluyen del debate en la instancia superior, pues en el
recurso de apelación opera tanto el principio de non reformatio
in pejus (ninguna reforma para empeorar) así como el principio
dispositivo, según el cual, es el recurrente quien delimita, con la
formulación y sustentación del recurso, el objeto que con éste
persigue.

[…]

Análisis del primer problema jurídico: Sobre la
declaración unilateral del siniestro

[…]

En este orden de ideas, en cuanto existe norma específica que
prescribe que los actos y contratos de las empresas prestadoras
de servicios públicos domiciliarios —como lo es la demandada—
se rigen por el derecho privado, ha de entenderse excluido, con
carácter general, el ejercicio de prerrogativas del poder público,
como lo es la declaración del siniestro mediante acto ejecutivo y
ejecutorio. Además, como lo ha precisado la jurisprudencia, el
privilegio de lo previo no obra como fundamento de la
competencia administrativa, sino como un presupuesto de ella.
4.5. Más concretamente, cuando de un contrato de seguro de
cumplimiento se trata, el siniestro, que en términos generales
no es otra cosa que la realización del riesgo asegurado (artículo
1072, Código de Comercio), esto es, de un suceso incierto que
no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del
asegurado o del beneficiario— cuyo acaecimiento da origen a la
obligación del asegurador (artículo 1054, Código de Comercio),
ha denotado esta Subsección, de acuerdo con el artículo 1131
del Código de Comercio —en su versión actual—, aquel (el
siniestro) se configura desde el momento en el que acaece el
hecho externo de la sustracción del contratista asegurado a la
debida honra de las obligaciones amparadas, con independencia
del régimen del contrato cuyo cumplimiento se garantiza.

[…]

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Sin lugar a duda, IBAL ESP tenía la intención de crear, modificar
o extinguir situaciones jurídicas, mediante la manifestación
unilateral de su voluntad, en un acto ejecutivo y ejecutorio, y de
esta forma, se pretendió arrogar una prerrogativa administrativa
que el ordenamiento jurídico no le confería: la de constituir en
forma unilateral un título ejecutivo que le permitiera exigir de la
aseguradora el pago de la obligación condicional de
indemnización del siniestro, sin depender, para ello, de que esta
última no hubiera objetado la configuración de la condición
suspensiva. Lo anterior, porque, con el Auto 3 de 2012 y la
Resolución 740 de 2012, IBAL ESP no procuró presentar
simplemente una reclamación del siniestro a la aseguradora,
como lo consideró la Sala en sentencia del 5 de agosto de 2020,
en la que el ente demandado exhortó a la aseguradora
demandante al pago de las penas pecuniaria y de apremio,
conforme a las condiciones del seguro de cumplimiento suscrito;
exhorto este que tiene asidero contractual, a diferencia de la
constitución del siniestro mediante acto unilateral que presta
mérito ejecutivo, que supone una fuente legal.

4.7.2. Planteado así el asunto, no puede entenderse que tal
manifestación de voluntad constituya un acto administrativo, ni,
por supuesto, que en cuanto tal, acuse un vicio por falta de
competencia. Lo primero, porque por elemental consecuencia
con el principio de legalidad, principio axial al Estado de Derecho,
el acto administrativo solo puede ser expresión o manifestación
del ejercicio de la función administrativa, que no es otra cosa
que el ejercicio de una atribución legal. Otro entendimiento
llevaría al absurdo de considerar que cualquier persona puede,
a discreción, sin precisar de previa atribución legal de función
administrativa, expedir actos administrativos. Lo Segundo,
porque la competencia no es más que la determinación que de
esa función hace, en torno a un órgano, la ley o el reglamento.
Y como ya quedó visto, IBAL ESP no obró en ejercicio de una
atribución legal, pues su régimen jurídico contractual era el que
disponía el derecho común, en el que el contrato es, salvo
excepción legal, la fuente formal de derecho.

Por otro lado, los hechos, tal cual han quedado probados según
lo expuesto en precedencia, enseñan que Seguros del Estado
S.A. pagó la obligación cuya apariencia generó el acto proferido
unilateralmente por IBAL ESP. Pero tal apariencia, tal ropaje
espurio no tiene la virtud de mutar el acto jurídico unilateral de
derecho privado, en acto administrativo, y por tanto, forzoso es
concluir que, el pago que hizo la aseguradora de la
indemnización por el siniestro de salarios y prestaciones

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sociales, en cuanto esta afirma que tal obligación no existía, se
debe considerar un pago de lo no debido, por causa de un error
al que la indujo esa empresa de servicios públicos domiciliarios.
No está por demás decir que, en este asunto, IBAL ESP no llegó
a valerse del acto declarativo del siniestro, para cobrarle,
mediante el ejercicio de la acción ejecutiva o por vía coactiva, a
la aseguradora demandante la prestación que irregularmente
declaró en su favor. En síntesis, la voluntad manifestada por
IBAL a través del Auto 3 de 2012 y la Resolución 740 de 2012
no pasó de ser un mero acto contractual, que, como tal, debe
ser juzgado en vía judicial, como lo ha precisado esta
Subsección, sin que haya lugar a la pretendida declaración de su
nulidad por falta de competencia.

[…]

Análisis del segundo problema jurídico: Sobre la
configuración del siniestro

[…]

4.9.3. En el asunto de autos se discuten los destinatarios
específicos de los salarios y prestaciones cubiertos por el riesgo
amparado, su régimen laboral, y si la vigencia de la póliza
permitía inferir que el siniestro declarado por IBAL ESP estaba
comprendido en el riesgo asegurable. En este orden de ideas,
para determinar el acaecimiento del siniestro, en este caso, es
necesario definir con precisión el riesgo asegurado
correspondiente al "pago de salarios y. prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales", cubierto con la póliza núm.
962185291, sometida a una hermenéutica restrictiva.

4.9.4. Tal riesgo, sin embargo, no es definido en el artículo 17
del Decreto 679 de 1994, en el que tan solo se especifica que,
como es natural, la garantía única de cumplimiento comprende,
tan sólo, los riesgos "[...] que correspondan a las obligaciones y
prestaciones del respectivo contrato, tales como [...] pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones", sin referencia
alguna a las particularidades de los contratos celebrados con
empresas de servicios temporales. Pero, ante todo; esta norma
no es aplicable al presente asunto, porque, como se precisó
anteriormente, el Contrato 039 de 2006 se rige por el derecho
privado, mientras que, con el Decreto 679 de 1994, fue
"reglamentada parcialmente la Ley 80 de 1993".

4.9.5. Además, el presente asunto difiere del resuelto
anteriormente por la Subsección B, en cuanto, en este caso, el

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actor no aportó ni solicitó que fueran allegados los contratos
laborales de los trabajadores que, conforme a lo aducido en la
demanda, estaban vinculados a IBAL ESP antes de que fuera
suscrito el Contrato 039 de 2006; documentos estos que
determinaron el juicio estimatorio de la Subsección B, en cuanto
consideró que tales contratos laborales "acreditan que era una
práctica común de la entidad demandada contratar su personal
a través de empresas temporales sin atender las restricciones
queja Ley 50 de 1990 imponía para esa modalidad', siendo así
"la referida práctica y no alguna conducta del contratista de
servicios temporales lo que dio lugar a las condenas judiciales
que IBAL debió pagar en favor de trabajadores".

Análisis del tercer problema jurídico: Sobre la
modificación del riesgo amparado

4.10. La indefinición del riesgo cubierto con el amparo de
salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
impide, por contera, determinar si, al trascurrir más de un año
de vigencia del contrato de suministro de personal, se produjo
una modificación de tal riesgo, que —según lo afirmado por la
actora— únicamente comprendía las prestaciones de los
trabajadores en misión, de acuerdo con el régimen de las
empresas de servicios temporales.

4.11 En definitiva, Seguros del Estado no cumplió con la carga
de probar que, al cancelarle a IBAL ESP $1.076.289.146, realizó
un pago de lo no debido, como le correspondía, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 2316 del Código Civil, en
concordancia con el artículo 167 del CGP, pese a que —como lo
declaró expresamente - tenía en su poder el documento en el
que el riesgo asegurado era definido, por lo que debía aportarlo
con la demanda. En consecuencia, se impone una respuesta
negativa a los problemas jurídicos segundo y tercero, con la
consecuente desestimación de la pretensión del reembolso de lo
pagado. Por tanto, la sentencia recurrida será confirmada […]”.

Conforme con la transcripción en cita, la Sala advierte que la

SECCIÓN TERCERA al delimitar el asunto a los motivos de

inconformidad expuestos en el recurso de apelación, determinó que

de conformidad con los hechos probados en el expediente, el Auto

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núm. 03 de 2012 y la Resolución núm. 740 de 2012 expedidos por

IBAL E.S.P. no eran más que un mero acto contractual y que, como

tal, debía ser juzgado en la vía judicial, sin que pudieran entenderse

como un acto administrativo, por lo que no había lugar a declarar la

nulidad por falta de competencia, como erradamente lo consideraba

la actora.

De otra parte, la autoridad judicial accionada adujo que para discutir

las inconformidades relativas a los destinatarios específicos de los

salarios y prestaciones cubiertos por el riesgo amparado, su régimen

laboral y si la vigencia de la póliza permitía un valor inferior que el

siniestro declarado por IBAL E.S.P., era necesario definir el riesgo

asegurado, lo cual no era posible, toda vez que el artículo 17 del

Decreto 679 de 1994 no hace referencia a las particularidades de los

contratos celebrados con empresas de servicios temporales y, en

todo caso, el Contrato núm. 039 de 2006 se rigió por el derecho

privado, por lo que no le era aplicable dicha norma.

Sumado a ello, la parte actora no aportó ni solicitó que fueran

allegados los contratos laborales de los trabajadores, con el fin de

verificar si estaban vinculados a IBAL E.S.P con anterioridad al

Contrato núm. 039 de 2006, de tal forma que no era posible

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determinar el acaecimiento del siniestro.

Finalmente, lo que corresponde al tercer cargo propuesto en el

recurso de apelación, relacionado con la modificación del riesgo

amparado, la SECCIÓN TERCERA logró concluir que la indefinición

del riesgo asegurado impedía determinar si el mismo tuvo

variaciones, por lo que correspondía a Seguros del Estado S.A. probar

que lo pagado a IBAL E.S.P. fue un pago de lo no debido, de

conformidad con lo previsto en el artículo 2316 del Código Civil, en

concordancia con el artículo 167 del Código General del Proceso.

Corolario a lo anterior, la Sala advierte que en efecto la acción de

tutela de la referencia es improcedente por falta del requisito

general de la relevancia constitucional, porque a través de esta

la actora lo que pretende es cuestionar una decisión judicial como si

este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional al

proceso ordinario, sin que en todo caso, se vislumbre que la

autoridad judicial accionada pudo haber actuado de forma

abiertamente arbitraria o desbordado los límites del principio de la

autonomía judicial.

Lo anterior comoquiera que la divergencia planteada por la actora

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subyace del hecho de que, en su sentir, debió declararse la falta de

competencia de IBAL E.S.P., pues era claro que lo expedido fueron

actos administrativos y no meros actos contractuales; además, que

estaba demostrado que no fueron notificados los cambios del estado

del riesgo, situación que como se indicó fue resuelta de forma puntual

por la SECCIÓN TERCERA en la providencia cuestionada, a través

de la cual logró concluir que el riesgo asegurado era indeterminable,

por lo que no era posible establecer la configuración del siniestro y si

el riesgo fue modificado.

Cabe anotar que la decisión cuestionada no sobrepasó el alcance del

recurso de apelación, toda vez que la segunda instancia estuvo

delimitada a los argumentos expuestos por la actora, por lo que,

contrario a lo afirmado por esta, se respetó la competencia funcional

del juzgador de segundo grado.

Lo anterior significa que lo pretendido por la actora es que el juez de

tutela haga un nuevo examen de la situación fáctica y jurídica del

caso, con la finalidad de que se corrija el análisis que hizo la autoridad

judicial accionada y se acoja la interpretación que propone.

Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado

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improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no

resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se

centra en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue

el caso de la providencia de 9 de febrero de 201714, en la que se

indicó:

“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).

Igualmente, en providencia de 29 de agosto de 201815, sostuvo lo

siguiente:

“[…] En torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue

14
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

15
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.

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precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.

Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,

sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como

si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en

relación con aspectos legales que fueron resueltos de forma

admisible por la autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no

puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de

tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso

invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.

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Igualmente, se advierte que la interpretación y consideraciones que

efectúe la autoridad que conoce un asunto, se deben respetar por el

juez de tutela, quien no puede desconocer la decisión que adopte el

juez natural dentro del ámbito de sus competencias, lo cual sólo es

dable cuando se vulneran derechos fundamentales, lo que en el

presente caso no se encontró probado.

En consecuencia, comoquiera que el a quo declaró improcedente la

acción de tutela de la referencia por falta del requisito general de

relevancia constitucional, la Sala confirmará el fallo impugnado,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 15 de febrero de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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