Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-005-2014-00191-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-33-005-2014-00191-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 73001-23-33-005-2014-00191-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
10 de marzo de 2023
Radicado: 73001-23-33-005-2014-00191-01 (57101)
Demandante: SEGUROS DEL ESTACO 5.A
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Radicación
73001-23-33-005-2014-00191-01 (57101)
numero:
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Demandado: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. (IBAL S.A. E.S.P.).
Referencia: Reparación directa.
Tema 1: Acción de pago de lo no debido. Tema 2: Acto de declaración de existencia del sinestro.
Tema 2: Régimen jurídico de la empresa de servicios públicos domiciliarios. Tema 3: Configuración
del siniestro. Tema 4: Pago del siniestro. Tema 5: Configuración del pago de lo no debido.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el dieciocho (13) de
enero de dos mil dieciséis (2016), que negó las pretensiones de la demanda.
1. SÍNTESIS
El 28 de febrero de 2006, la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado S.A.
E.S.P. (IBAL S.A. E.S.P.) y una empresa de servicios temporales, celebraron un
"contrato de prestación y suministro de personal de apoyo a sus actividades
comerciales, administrativas y operativas". Tras sendas prórrogas del contrato, IBAL
S.A. E.S.P. declaró e hizo exigible el amparo de salarios y prestaciones sociales,
mediante auto del 4 de enero de 2012, que fu confirmado parcialmente, con
resolución del 23 de octubre de 2012. En cumplimiento de esta decisión, Seguros
del Estado S.A. le pagó $1.076289.416 a IBAL S.A. E.S.P. La aseguradora
pretende el reembolso de lo pagado, porque —aduce— la declaración del siniestro
fue adoptada en un acto administrativo, proferido sin competencia para ello, porque
el contrato de prestación de servicios temporales se regía por el derecho privado, y
con violación de las normas que rigen el contrato de seguro, debido a que el riesgo
no estaba cubierto y su estado se modificó durante la ejecución del contrato, sin dar
aviso de ello a la aseguradora.
II. ANTECEDENTES:
2.1. El ocho (8) de abril de dos mil catorce (2014)1, Seguros del Estado S.A. (en
adelante, "Seguros del Estado") presentó demanda2 de "controversias
1
Según constancia secretaria! obrante a folio 119 del cuaderno 1.
2
Folios 99 a 118, cuaderno 1.
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Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A
contractuales" 3 contra la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado
S.A. E.S.P. (en adelante, "IBAL ESP"), en la que pretende: (i) que se declare la
nulidad del auto núm. 3 yla resolución núm. 740, ambas de 2012, proferidos por el
secretario general y la gerente de IBAL ESP, mediante los cuales declaró la
existencia del siniestro del contrato núm. 039/06 e hizo exigible el amparo de
salarios y prestaciones, fijado en $1076289416; (u) que, a título de
restablecimiento del derecho, le ordene a IBAL ESP la restitución de
$1.076.289.146, más actualización e intereses moratorios; y (iii) que la demandada
sea condenada en costas.
En sustento de las anteriores pretensiones, la sociedad demandante enunció, en
resumen, los siguientes hechos:
2.1.1.1. Que IBAL ESE y J&E Temporales Nuevo Milenio S.A. (en adelante,
"J&E Temporales") suscribieron el contrato núm. 039 de 28 de febrero de
2006 (en adelante, "Contrato 039 de 2006'), para el suministro de
trabajadores temporales, conforme a la Ley 50 de 1990.
2.1.1.2. Seguros del Estado expidió la póliza núm. 062185291, para amparar
las obligaciones asumidas por J&E Temporales con el Contrato 039 de 2006;
póliza que amparaba el riesgo por el impago de-los salarios y prestaciones
sociales a cargo de dicha empresa de seguros temporales.
2.1.1.3. Un grupo de trabajadores, que inicialmente prestaba sus servicios a
IBAL ESP en misión, reclamó directamente a IBAL ESP el pago de salarios
y prestaciones, y promovió procesos judiciales en su contra, que terminaron
con su condena en forma solidaria con J&E Temporales, al pago de salarios
y prestaciones, como consecuencia de la declaración de la existencia de
relaciones laborales entre IBAL ESP y los trabajdrnores demandantes. Estos
resultados movieron a IBAL ESP a conciliar y transar algunas diferencias que
protestaban otros trabajadores en relación con el pago de salarios y
prestaciones.
2.1.1.4. Mediante auto núm. 3 del 4 de enero de2012 (en adelante, "Auto 3
de 2012"), IBAL ESP "declaró la ocurrencia del siniestro del Contrato 039 de
2006", e "hizo exigible el amparo de salarios ¡prestaciones sociales" por
$1.197.534.402, que dijo haber pagado a sus eitrabajadores reclamantes,
"cuyo reintegro ordenó efectuara la compañía de seguros".
2.1.1.5. El anterior acto fue confirmado parcialmente, en "reposición",
mediante resolución núm. 0740 de 2012 (en adelante, "Resolución 740 de
2012"), en el cual IBAL ESP "redujo a $1.076.28b: 146 el dinero que manifestó
haber pagado a sus extrabajadores". Esta resolución fue notificada
personalmente a la demandante el 25 de octubre de 2012, "quedando
ejecutoriada a partir de entonces".
Como la demandante lo aclaró en memorial presentado el 19 de mayo de 2012 (folio 125, cuaderno 1) en
cumplimiento de lo ordenado mediante auto el 5 de mayo de 2014 (folio 120, cuaderno 1).
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Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A
2.1.1.6. "Seguros del Estado S. A. le pagó a la demandada IBAL la suma de
$1.076289.146 el día 8 de marzo de 2012, cumpliendo así la orden contenida
en el acto que ahora se pide anula?'.
2.1.2. Como fundamento de las anteriores pretensiones, la firma actora planteó, en
síntesis, las siguientes "causales de nulidad' y "conceptos de violación":
2.1.2.1. "Falta de competencia", porque el Contrato 039 de 2006 es ajeno a
la prestación de los servicios públicos domiciliarios a cargo de IBAL ESP,
como lo son también las relaciones laborales que tuvieron lugar con ocasión
de dicho contrato y el seguro con el que se garantizaba. En consecuencia,
conforme a los artículos 31, 32, 142 y 152 de la Ley 142 de 1994, dichos
negocios jurídicos se rigen por el derecho privado, por lo que IBAL no tenía
la facultad de declarar el siniestro y ordenar su exigibilidad, como lo hizo en
el "auto" y la "resolución" demandadas, con las que concluyó el
"procedimiento administrativo que inició con el auto núm. 001".
2.1.2.2. Violación de la ley, "por haber declarado la ocurrencia de un
siniestro ocurrido antes de haber contratado el seguro relativo a ese mismo
siniestro, lo que indica que dicho contrato es inexistente por falta del elemento
esencial denominado riesgo asegurable, o si se prefiere, la nulidad radica en
que IBAL declaró la ocurrencia de un riesgo no asegurable por la
demandante".
En desarrollo de este cargo, la demandante argumentó que, según el artículo
1045.2 del Código de Comercio, el riesgo es un elemento esencial del
contrato de seguro/En el presente asunto, el seguro cubría las obligaciones
laborales que nacieran a partir del de marzo de 2006, no las anteriores, que
no serían un hecho futuro incierto, como lo es el riesgo asegurable, según el
artículo 1054 del Código de Comercio. Sin embargo, las obligaciones
laborales cuyo pago se ordenó con los actos demandados surgieron antes
del 1 de marzo de 2006, por lo que su pago no estaba asegurado.
2.1.2.3. Violación de la ley, debido a que MM Temporales, en su condición
de tomadora y asegurada, no mantuvo el riesgo existente al momento de
contratar ni notificó tal modificación, como le correspondía conforme al
artículo 1060 del Código de Comercio; riesgo este que comprendía los
salarios, y prestaciones de los trabajadores en misión, de acuerdo con el
régimen de las empresas de servicios temporales (artículos 71 y siguientes,
Ley 50 de 1990). Sin embargo, las prestaciones cuyo pago se ordenó no
correspondían a trabajadores en misión, porque, por haber concluido el
término legal de un año para la prestación de servicios temporales, estos
habían pasado a ser trabajadores directos de IBAL ESP.
3
Radicado: 73001-23-33-005-2014-00191-01 (57101)
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A
2.2. La demanda fue admitida mediante auto del 26 de mayo de 2014, en el que
se ordenó vincular a J&E Temporales, por tener interés directo en las resultas del
proceso, conforme al artículo 172 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo ("CPACA").
2.3. IBAL ESP contestó la demanda, mediante escrito5 radicado el 4 de noviembre
de 2014, en el que:
2.3.1. Se opuso al cargo de nulidad por "falta de competencia", porque el
siniestro fue declarado y hecho exigible por una empresa de carácter oficial
y con autonomía administrativa que, como tal, «no requería de "autorización
legal", para actuar perse [sic] la ley misma la facultaba para desarrollar sus
actividades por conducto de los servidores públicos a ella vinculados a través
de una de las modalidades, valga decir servidores públicos yio trabajadores
públicos»; y porque, si no tuviera la facultad de declarar el siniestro mediante
acto administrativo, la firma actora no debería haber acudido a la jurisdicción
contencioso-administrativa.
2.3.2. Refutó el segundo cargo, porque —esgrime--.- las condenas judiciales
impuestas a IBAL ESP, además de ser posteriores al plazo de cubrimiento
del seguro, eran atribuibles a J&E Temporales, ppr no haberle pagado a sus
trabajadores los salarios y prestaciones que le,çorrespondia; trabajadores
que se vincularon a dicha empresa de servicios tenporales, tras la expedición
de la póliza de seguros.
2.3.3. Rebatió el tercer cargo, debido a que —en su sentir— la modificación
M riesgo se configura por circunstancias de hecho y de derecho, que
debieron haber sido debatidas en los procesos laborales que se surtieron.
2.3.4. Y, con respecto al pago de $1 .076'289.14que la demandante afirmó
haber realizado en cumplimiento de lo ordenado en el acto cuya nulidad
depreca6, IBAL ESP manifestó que: "No se discute este hecho si así lo
consid'era el demandante".
.2.4. Luego de que la admisión de la demanda fueri notificada mediante edicto
emplazatorio a J&E Temporales7, sin que esta comparedera al proceso, se nombró
curador ad 1item8, quien contestó la demanda, con escrito9 en el que dijo que IBAL
ESP sería responsable de los perjuicios deprecados por la actora, si estos fueran
procedentes.
2.5. El 13 de julio de 2015 se celebró la audiencia inicial, de acuerdo con el artículo
180 del CPACA10, en la que fundamentalmente, (¡)fueron despachadas
Folios 126 y 127, cuaderno 1.
Folios 318 a 331, cuaderno 1.
6 Aptado. 2.1.1.6.
Folios 332 a 335, cuaderno 1.
o Auto de 16 de enero de 2015, folio 336, cuaderno 1.
Folios 341 a 343, cuaderno 1.
10
CD y acta a folios 378 a 395, cuaderno 1.
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Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A
desfavorablemente las excepciones de inepta demanda, de falta de legitimación en
la causa por activa, de ausencia de poder y de caducidad, que habían sido
propuestas por el ente demandado; (u) se verificó el agotamiento del trámite
conciliatorio, como requisito de procedibilidad; (iii) se hizo fijación del litigio; (iv)
se intentó, sin éxito, un acuerdo conciliatorio; y (vi) fueron decretadas algunas de
las pruebas pedidas por la demandante.
2.6. El 24 de agosto de 2015, fue celebrada la audiencia de pruebas", en la que
se verificó que IBAL ESP efectivamente remitió los documentos que se le había
ordenado, y se corrió traslado a las partes, para que presentaran alegatos de
primera instancia. Esta oportunidad fue aprovechada por la demandante12, por J&E
Temporales13 y por IBAL ESP14. Además, el Ministerio Público rindió concepto15
favorable a las pretensiones de la demanda, a través de la Procuradora Judicial
Administrativa II No. 25 delbagué.
2.7. El Tribunal Administrativo del Tolima profirió sentencia del dieciocho (18) de
enero de dos mil dieciséis (2016)16, con la que negó las pretensiones de la
demanda17 . Como fundamento de la decisión, consideró que:
2.7.1. Que IBAL ESP estaba habilitada para proferir un acto administrativo
unilateral, en el que declarara la ocurrencia del siniestro, ya que, si bien, por
regla general, sus actos y contratos se rigen por el derecho privado (articulo
32, Ley 142 de 1994) las empresas de servicios públicos domiciliarios
(ESPs") pueden expedir actos administrativos, en los que se materializa el
servicio público a su cargo, ejercen las funciones administrativas que les
corresponde, y atienden al interés general, así como a los fines esenciales y
sociales que envuelve a la prestación del servicio público, como lo ha
considerado la jurisprudencia administrativa' 8.
En este orden de ideas, el acto de declaración del siniestro es considerado
un acto administrativo, "[ ... ] en tanto que si bien el contrato inicial fue
desarrollado en el marco del derecho privado, no es menos cierto que los
motivos en que se sustenta se desprenden del ejercicio de una función
administrativa que tiene como finalidad la materialización efectiva del servicio
público y en este caso, la presentación del patrimonio público".
11
CD y acta a folios 397 a 400 del cuaderno 1.
12
Folios 402 a 409, cuaderno 1.
13 Folios 410
y 411 cuaderno 1.
14
Folios 412 a 419, cuaderno 1
15
Folios 4202427, cuaderno 1.
16
Folios 429 a 444, cuaderno principal.
17
"FALLA: PRIMERO.- Negar las pretensiones del medio de control presentado por Seguros del Estado S.A.
contra /a Empresa lbaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E. SP. OFICIAL, conforme a /os
argumentos esgrimidos en la parte considerativa de la presente decisión. II SEGUNDO.- Negarla solicitud de
devolución de las sumas consignadas por concepto de Arancel Judicial de que trata la Ley 1653 de 2013, por
las razones esbozadas en la parte considerativa de la presente decisión. II TERCERO.- Condénese en costas
a la parte demandante. Por secretaría liquídense, siempre y cuando se demuestren. Fíjese como agencias en
derecho el valor equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente. II CUARTO.- Una vez en firme ésta
providencia, archívese y devuélvase los remanentes de los gastos del proceso a la parte accionante, silos
hubiere".
De la cual refiere una sentencia proferida el 6 de junio de 2015, con ponencia del Magistrado Jaime Orlando
Santofimio Gamboa, sin referencia al número de radicación ni del expediente.
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Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A
2.7.2. Que, según los artículos 1057 y 1073 delCódigo de Comercio, solo
existe "el derecho a la indemnización a cargo del asegurador, cuando el
riesgo se realiza o inicia su realización dentro del periodo amparado por la
respectiva póliza". En este caso, con la póliza núm. 062185291, expedida el
30 de noviembre de 2006 y prorrogada sucesivamente, quedaron amparados
los salarios y prestaciones sociales causados desde el 1 de marzo de 2006,
hasta el 28 de febrero de 2011, como los comprendidos en el acto declarativo
del siniestro. Y, si bien, en un principio, al declarar el siniestro IBAL ESP tuvo
en cuenta acreencias laborales a favor de algunos de sus empleados, estos
fueron excluidos al desatar el recurso de reposición, mediante Resolución
740 de 2012. Por ende, el siniestro declarado con los actos demandados
estaba comprendido en el riesgo cubierto con el contrato de seguros.
2.7.3. Finalmente, consideró que, de acuerdo con el artículo 17 del Decreto
679 de 1994 y con lo estipulado en el contrató celebrado, el amparo de
salarios y prestaciones cubría únicamente aquellos que los empleados de la
empresa contratista le hubieran cobrado a la Adniinistración, afectando así el
patrimonio del ente contratante, por la responsabilidad solidaria que se aplica,
de acuerdo con el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo ("CST"); y,
conforme a lo considerado en los actos demandados, este fue justamente el
siniestro declarado, sin que se presentara modificación alguna del estado del
riesgo19.
2.8. Uno de los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima salvó voto20, al
considerar que, en este caso, se presentó una alteración del riesgo amparado, el
cual consistía en el impago de salarios y prestaciones del personal de J&E
Temporales asignado en misión a IBAL ESP entre el 1 de marzo de 2006 y el 6 de
enero de 201. Pero, al prorrogarse el Contrato 039 de 2Q06 por más de seis meses,
las labores realizadas pasaron a ser permanentes, dejando así de considerarse los
trabajadores que las ejecutaban como "personal en misión", para ser empleados
directos de IBAL ESP, con lo que mutó el estado del riesgo. El magistrado disidente
agregó, por demás, que IBAL ESP buscó encubrir relaciones laborales de las que
formaba parte, a través del contrato suscrito con J&E Temporales.
2.9. El once (11) de febrero de dos mil dieciséis (2016), Seguros del Estado
interpuso recurso de apelación21 contra la anterior sentencia, a la que se opuso
con fundamento en los siguientes cargos:
2.9.1. Que IBAL ESP no tenía la "competencia" para declarar unilateralmente
el siniestro, porque, como empresa de servicios públicos domiciliarios, se
encuentra sometida al derecho privado, según el artículo 31 de la Ley 142 de
1994, sin que el agotamiento de un trámite administrativo previo le otorgue
y;
19 Agregó el Tribunal que: "A esta conclusión se arriba, teniendo en cuenta que si bien en un pronunciamiento
anterior y en un caso similar al aquí estudiado, se había accedido a las pretensiones de la demanda, al
considerarse que en efecto, se habría producido una modificación del riesgo, sin embargo ante un nuevo análisis
de los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la interposición del presente medio de control, debe
concluirse que dicha modificación o alteración del riesgo no se produjo".
20
Folios 445 a 450, cuaderno principal.
21
Folios 456 a 463, cuaderno principal.
6
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Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A
tal facultad, ni quepa afirmar que tenga la atribución de expedir actos
administrativos cuando ejerza funciones de dicha naturaleza, como las que,
según el a quo, ejecutó IBAL ESP al declarar el siniestro, sin especificar
siquiera las funciones concretamente ejercidas.
2.9.2. Que el contrato de seguros cubría los salarios y prestaciones del
personal a cargo de la contratista J&E Temporales, no las obligaciones
laborales del personal contratado por IBAL ESP, las cuales quedaron
cubiertas con la declaración del siniestro, sin que la mera vigencia del seguro
durante el lapso en el que se causaron tales obligaciones laborales sea razón
suficiente para la cobertura de tal riesgo, que, afirma, no estaba amparado
por el seguo contratado, lo cual fue soslayado por el Tribunal.
Agrega la aseguradora recurrente que el personal con el que J&E
Temporales prestó los servicios contratados, ya laboraba para IBAL ESP
desde antes de qué suscribiera el contrato con aquella. Por lo tanto, las
obligaciones laborales estaban a cargo de IBAL ESP y, en consecuencia, no
existía un riesgo asegurable, el cual es un elemento esencial del contrato de
seguros, por lo que este es inexistente.
2.9.3. Que el personal que, en un comienzo, había sido contratado por J&E
Temporales pasó a prestar sus servicios directamente a IBAL ESP, con lo
que cambió el estado del riesgo asegurado —como se mencionó en el
salvamento de voto a la sentencia recurrida— sin que tal situación se le
comunicara a Seguros del Estado.
2.10. El recurso de apelación fue concedido22, admitido23 y se corrió traslado24 a
las partes y al Ministerio Público, para que aquellas alegaran y esta rindiera
concepto. En esta oportunidad, la parte actora reprodujo los cargos de la alzada25,
mientras J&E Temporales reiteró que no le correspondía asumir responsabilidad
alguna por el siniestro declarado, debido a que se dio con ocasión de un contrato
de seguro en el que únicamente era tomador/garantizado y
asegurado/beneficiari&6 . La demandada y el Ministerio Público guardaron
silencio27.
W. PROBLEMAS JURÍDICOS:
3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso ("CGP") -
aplicable en este proceso, conforme al artículo 40 de le Ley 153 de 188728, porque
22
Auto del 13 de abril de 2016, folid 472, cuaderno principal.
23
Auto del 21 de julio de 2016, folio 485, cuaderno principal.
24
Auto del 14 de septiembre de 2016, cuaderno principal.
25
Folio 490, cuaderno principal.
26 Folios 491
y 492, cuaderno principal.
27
Folio 493, cuaderno principal.
26
LEY 153 DE 1867. Artículo 40, modificado con el articulo 624 del CGP. "Artículo 40. Las leves concernientes
a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben
empezar a reqir. II Sin embarqo, los recursos interpuestos la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y
las notificaciones que se estén surtiendo se reqirán por las leyes viqentes cuando se interpusieron los recursos
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la demanda fue presentada después de su entrada en vigor29— el "recurso de
apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente
en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión". En estos términos, el objeto de la apelación
recae sobre las decisiones adoptadas en la providencia recurrida, razón por la que
el impugnante tiene la carga de sustentar el recurso30, con la exposición de los
yerros o desaciertos en los que hubiera incurrido el juzgédor de primera instancia al
resolver el litigio planteado.
El alcance de la apelación es delimitado, así mismo, con el artículo 328 del CGP, el
cual establece que "el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que
deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley". En este sentido se ha
pronunciado la jurisprudencia constitucional, de acuerdo con la cual "las
pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la
competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de
sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem:
tantum devolutum quantum appellatum".
Así las cosas, la competencia funcional del juzgador de segundo grado se
circunscribe a los cargos, formulados por el recurrente en contra de la providencia
impugnada, en tanto y en cuanto tal decisión fuera desfavorable o perjudicial a sus
derechos o intereses. Por ende, en principio, los demás aspectos se excluyen del
debate en la instancia superior, pues en el recurso de apelación opera tanto el
principio de non reformatio in pejus (ninguna reforma para empeorar) así como el
principio dispositivo, según el cual, es el recurrente quien delimita, con la
formulación y sustentación del recurso, el objeto que con éste persigue.
se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se
promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. [...]" (subrayado agregado al texto
original).
29 En igual sentido: CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 25 de junio
de 2014, red. núm. 25000-23-36-000-2012-00395-01 (1,1).
° CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de casación Civil, auto de 30 de agosto de 1984, Gaceta Judicial
No. 2415: «Si, como ya está dicho, la apelación es una faceta del derecho de impugnar, expresión ésta derivada
de la voz latina "impugnare 'Ç que significa "combatir, contradecir, refutar", tiene que aceptarse que el deber de
sustentar este recurso consiste precisa y claramente en dar o explicar por escrito la razón o motivo concreto
que se ha tenido para interponer el recurso; o sea, para expresar la idea con criterio tautológico, presentar el
escrito por el cual, mediante la pertinente crítica jurídica, se acusa la providencia recurrida a fin de hacer ver su
contrariedad con el derecho y alcanzar por ende su revocatoria o su modificación [ ... ]. Cree la Corte que no
pueda darse por sustentada una apelación, ni por ende cumplida la condición que subordina la admisibilidad de
este recurso, cuando el impugnante se limita simplemente a calificar la providencia recurrida de ilegal, injurídica
o irregular; tampoco cuando emplea expresiones abstractas tales como, "sí hay prueba de los hechos" u otras
semejantes, puesto que aquellos calificativos y estas expresiones, justamente por su vaguedad e imprecisión
no expresan, pero ni siquiera implícitamente, las razones o motivos de la inconformidad del apelante con las
deducciones lógico-jurídicas a que llegó el Juez en su proveído impugnado».
CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 23 de abril de 2021, expediente 48450:
.] la Sala debe reiterar que la apelación se encuentra limitada a los aspectos indicados por la parte actora en
su recurso, en tanto a través de ella se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión
judicial, por lo cual corresponde a los recurrentes confrontarlos argumentos que el juez de primera instancia
presentó para tomar su decisión con sus propias consideraciones, para efecto de solicitarle al juez de superior
jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia [ ... ]".
31 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia SU-327 de 1995, criterio reiterado en la sentencia C-583 de 1997.
8
Radicado: 73001-23-33-005-2014-00191-01 (57101)
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A
3.2. En este orden de idéas, el los cargos de la apelación32 dan lugar a los
siguientes problemas jurídicos:
3.2.1. ¿La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P.
tenía la atribución de declarar el siniestro, mediante acto unilateral con
carácter ejecutivo i ejecutorio, pese a estar sometida a un régimen de
derecho privado en sus actos y contratos, de acuerdo con el artículo 31 de la
Ley 142 de 1994?
3.2.2. Considerando que el personal cuyos salarios y prestaciones hubo de
pagar la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P.,
prestaba sus servidos directamente a ésta, desde antes del inicio de sus
labores en beneficio suyo, como trabajadores en misión, ¿el riesgo de
impago de salarios y prestaciones causados con ocasión de los servicios que
prestaron en esta última condición, puede entenderse cubierto por el seguro
de cumplimiento tomado por la empresa de servicios temporales que los
proveía?
3.2.3. ¿Hubo modificación sobreviniente del riesgo asegurado, al trascurrir
más de un año de vigencia del contrato de suministro de personal, sin que
ello haya sido notificado a la aseguradora, en términos que relevaran a
Seguros del Estado de la obligación de indemnización por siniestro de
salarios y prestaciones causados por el personal en misión?
IV. CONSIDERACIONES
4.1. La Sala resolverá el problema atinente al fondo del litigio, habida consideración
de la competencia que le asiste para ello, según los artículos 150 y•132.534-35 del
CPACA, habida cuenta del ejercicio oportuno que de la acción hizo Seguros del
Estado el ocho (8) de abril de dos mil catorce (2014), esto es, dentro de los dos
(2) años posteriores al día siguiente a aquel en el que la demandante tuvo certeza
32 Aptados. 2.9.1 a 2.9.3.
13 CPACA.
' rtículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
A
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
34 CPACA.
"Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
asuntos: E ... 1 5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una entidad
pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado, y de los contratos
celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan
cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales
vigentes".
15
En el presente asunto, la demanda se presentó en el año 2014 (aptado. 2.1), año en el que el salario mínimo
fue fijado en $616.000 mediante el Decreto 3068 de 2013. Parlo tanto, los 500 salarios mínimos equivalían a
$308000000, lo que supera el monto de la demanda, fijado en $1.076.289.149 (folios 116 y 117, cuaderno 1).
36
Según constancia secretaria¡ obrante a folio 119 del cuaderno 1.
9
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Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A
de que el ente demandado no pagaría la suma cuya repEtición pretende37-38, lo que
ocurrió el veinticinco (25) de octubre de dos mil doce (2O12), fecha en que tuvo
conocimiento del acto definitivo de declaración del siniestro. Antes agotó el trámite
conciliatorio de ley'°.
4.2. Seguros del Estado S.A. pagó a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y
Alcantarillado S.A. E.S.P. la indemnización por el siniestro de salarios y
prestaciones, cuyo reembolso pretende en este contencioso. Por tanto una y otra
están legitimadas en la causa, en su orden, por activa y pasiva 41.
Análisis del primer problema jurídic042:
Sobre la declaración unilateral del siniestro
4.3. De acuerdo con la jurisprudencia administrativa43, el artículo 68, numerales 4 y
5, del Código Contencioso Administrativo ('CCA")44 —cuyo equivalente actual es el
artículo 297.3 del CPACA45— facultaba a la Administración para declarar el siniestro
a través de acto administrativo impugnable en vía gubernativa o contencioso-
administrativa; y, una vez el acto declaratorio cobrara ejecutoria, prestaba mérito
ejecutivo contra la aseguradora, junto con la póliza corrspondiente.
4.4. Atendiendo a un criterio orgánico, sumado al privilegio de la decisión previa
propio de la Administración, un sector de la jurisprudencia consideró que el ejercicio
de esta prerrogativa administrativa era válido incluso en la. ejecución de los contratos
31 Como se expone en esta providencia —al dar respuesta al primer problema jurídico— el presente asunto se
dirime bajo las normas del derecho privado, por lo que, en definitiva, se discute un pago de lo no debido, el cual,
es una especie de enriquecimiento sinjusta causa, que, de acuerdo con la jLirisprudencia unificada de la Sección
Tercera, se ventila a través del medio de control de reparación directa, computándose el plazo de caducidad
desde el momento en el que el demandante tuvo conocimiento de que lá.demandada no le reembolsaría el
pago incausado. Al respecto: CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de unificación del 19 de
noviembre de 2012, exp. 24897; Subsección C, sentencia del 20 de noviembre de 2017, exp. 36300; y sentencia
del 9 de julio de 2018, exp. 40589.
35 CPACA "Artículo 164. La demanda deberá ser presentada E...] 2. En los siguientes términos, so pena de que
opere la caducidad [ ... ] i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del
término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante
del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y
siempre que pruebe la imposibilidad e haberlo conocido en fecha de su ocurrencia.
31 Según constancia de notificación personal obrante a folio 65 del cuaderno 1.
40
De acuerdo con la constancia suscrita por el Procurador 27 Judicial II para asuntos Administrativo (folio 72,
cuaderno 1) Seguros del Estado presentó solicitud de conciliación el prifflero (10) de octubre de dos mil trece
(2013) y la audiencia conciliatoria fallida se celebró el veinticinco (25) de noviembre de dos mil trece (2013).
41
"Ahora bien, por el aspecto activo, el titular o legitimado para pedir la 'restitución por pago de lo no debido
corresponde a la persona que lo hizo (solvens) y, por el aspecto pasivo, quien debe responder de tal reclamo,
es la persona que recibió el pago (accipiens)". CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil,
sentencia del 13 de marzo de 1990, Gaceta Judicial, Tomo CC núm. 2439 pp. 93-102.
42 Aptado. 3.1.1.
43 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 10 de julio de 1997, exp. 9286.
44 CCA. "Artículo 68. Prestarán mérito ejecutivo por jurisdicción coactiv, siempre que en ellos conste una
obligación clara, expresa y actualmente exigible, los siguientes documentos: [...] 5. Las demás garantías que a
favor de las entidades públicas se presten por cualquier concepto, las cuales se integrarán con el acto
administrativo ejecutoriado que declare la obligación".
41 CPACA. 'Artículo 297. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:
[.13. Sin perjuicio de la
prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito
ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través
del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o,, cualquier acto proferido con ocasión
de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas 1. y exigibles, a cargo de las partes
inten,'inientes en tales actuaciones".
10
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Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A
regidos por el derecho privado46. Sin embargo, esta posición ha sido recogida
expresamente en la actualidad 47, en línea con la jurisprudencia unificada de esta
Sección, de acuerdo con lá cual:
«[...] en virtud del principio constitucional de legalidad, ningún sujeto puede
proferir actos administrativos sin que exista una habilitación legal clara e
inequívoca. De lo contrario, se constataría una evidente manifestación del
poder público al margen del ordenamiento jurídico, lo que supondría un
quebrantamiento a la esencia del estado de derecho48
E...] Los artículos 3149 y 32 0 de la Ley 142 de 1994, vigentes al momento de
los hechos y en la actualidad, establecieron, por regla general, un régimen
de derecho privado para los "contratos" y para los "actos" de los prestadores
de, servicios públicos domiciliarios. Con base en dichas normas, es el
entendimiento de esta Sala que, salvo los puntuales casos previstos en la
Ley en los que se entiende pueden proferirse actos administrativos51, los
actos jurídicos precontractuales y los contractuales emitidos por los
prestadores de servicios públicos domiciliarios no pueden estimarse como
tales»52 .
En este orden de ideas, en cuanto existe norma específica que prescribe que los
actos y contratos de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios
—como lo es la demandada— se rigen por el derecho privado, ha de entenderse
excluido, con carácter general, el ejercicio de prerrogativas del poder público, como
lo es la declaración del siniestro mediante acto ejecutivo y ejecutorio. Además, como
lo ha precisado la jurisprudencia53, el privilegio de lo previo no obra como
fundamento de la competencia administrativa, sino como un presupuesto de ella.
4.5. Más concretamente, cuando de un contrato de seguro de cumplimiento se trata,
el siniestro, que en términos generales no es otra cosa que la realización del riesgo
asegurado (artículo 1072, Código de Comercio), esto es, de un suceso incierto -
46
CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2005, exp. 13599; Subsección B,
sentencia del 12 de diciembre de 2014, exp. 29471
47
CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera Subsección A, sentencia del 22 de febrero de 2017, exp. 50254; y
Subsección B, sentencia del 19 de junio de 2019, exp. 39800.
«48 Precisamente, sobre el principio de legalidad que debe regir las actuaciones de las empresas de servicios
públicos domiciliarios, la Corte Constitucional ha señalado: 'las empresas prestadoras de servicios públicos
domiciliarios carecen de la prerrogativa pública de imponer sanciones pecuniarias a los usuarios. Esa misma
razón permite colegir que las decisiones por medio de las (cuales se) adoptan decisiones de esta naturaleza no
constituyen actos administrativos, sino meras vías de hecho, las cuales son impugnables por medio de la acción
de tutela, máxime cuando estén en juego los derechos fundamentales de los usuarios". Corte Constitucional,
Sentencia T-220 de 2005, ver también Corte Constitucional, Sentencia T-558 de 2006».
«II Articulo 31. 'Los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que
se refiere esta ley no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, salvo en lo que la presente ley disponga otra cosa (...)"».
«50 Articulo 32. "Salvo en cuanto la Constitución Política o esta Ley dispongan expresamente lo contrario, la
constitución, y los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la
administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto
en esta Ley, se regirán exclusivaminte por las reglas del derecho privado"».
((SI
La Ley 142 de 1994 contempla la posibilidad de proferir actos administrativos en las situaciones previstas
en el artículo 33 (desarrollado por los artículos 56, 57, 116 y ss); en materia contractual cuando el régimen de
estos sea el derecho público y, en tal sentido se les aplique el Estatuto de Contratación Estatal (parágrafo del
articulo 31, 39.1), contratos para la concesión de ASES (artículo 40), o limitado a lo relativo a cláusulas
excepcionales (artículo 31)). En materia precontractual, en cambio, no existe disposición legal alguna de la que
se derive la posibilidad de expedir actos administrativos».
52
CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de unificación del 3 de septiembre de 2020, exp. 42003.
13 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2005, exp. 21432; reiterada en la
sentencia del 19 de abril de 2009, exp. 21432.
11
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que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del
beneficiario— cuyo acaecimiento da origen a la obligación del asegurador (artículo
1054, Código de Comercio), ha denotado esta Subsección54, de acuerdo con el
artículo 1131 del Código de Comercio —en su versión actual—, aquel (el siniestro)
se configura desde el momento en el que acaece el hecho externo de la sustracción
M contratista asegurado a la debida honra de las obligaciones amparadas, con
independencia del régimen del contrato cuyo cumplimiento se garantiza.
En el régimen común, la póliza presta mérito ejecutivo, transcurridos sesenta (60)
días contados a partir de aquel en que el asegurado o beneficiario haya entregado
al asegurador la reclamación aparejada de los comprobantes que, según la póliza,
sean indispensables, sin que dicha reclamación sea objetada por la aseguradora
(artículo 1053, Código de Comercio). En consonancia con la regla general
establecida en el artículo 1757 del Código Civil55, en dicha reclamación, al
asegurado le corresponde demostrar la ocurrencia ,del siniestro, mientras la
aseguradora soporta la carga de demostrar los hechos o circunstancias excluyentes
de su responsabilidad (artículo 1077, Código de Comercio). Así, la conjunción de
estos dos extremos56 (reclamación con fundamerto en el siniestro y no
configuración de circunstancias excluyentes de responsabilidad) determina el
cumplimiento de la condición suspensiva de la obligación del asegurador en el
contrato de seguros57-58. En caso de que el asegurqdor objete la reclamación,
dentro del plazo legal de sesenta (60) días, la configuración de la condición
suspensiva se ventilará en vía jurisdiccional.
A diferencia de lo que ocurre en la relación regida.por el derecho común, la
Administración asegurada-beneficiaria del seguro de cumplimiento goza de la
prerrogativa que le permite la declaración unilateral del siniestro y la constitución de
un título ejecutivo parar exigir forzadamente el pago de)a obligación condicional de
la aseguradora, ejecución que, de acuerdo con la jurisprudencia administrativa59,
con la expedición de la Ley 80 de 1993, ha de realizar mediante proceso ante la
CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia deIS de agosto de 2020, exp. 45183.
55
CÓDIGO CIVIL. "Articulo 1757. Incumbe probarlas obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta".
56
OSSA, Efren, Teoría General del Seguro: Contrato, Temis, Bogotá, 1984, p. 376.
57 CÓDIGO DE COMERCIO. "Artículo 1045. Son elementos esenciales del contrato de seguro: II) El interés
asegurable, II 2) El riesgo asegurable; II 3) La prima o precio del seguro y II 4) La obliqación condicional del
ase qurador. II En defecto de cualquiera de estos elementos, el contrato de seguro no producirá efecto alguno"
(subrayado fuera del texto original).
11 CÓDIGO CIVIL. "Artículo 1536. La condición se llama suspensiva si, mientras no se cumple, suspende la
adquisición de un derecho; y resolutoria, cuando por su cumplimiento se extingue un derecho".
59 ((De modo que la derogatoria ocurrida, según lo entendió entonces la Sala", se circunscribe a la atribución
de competencias, para los procesos ejecutivos, a la jurisdicción contencioso administrativa, despojando de la
misma a la jurisdicción coactiva, pero no se extiende a la posibilidad de dictar los actos administrativos a que
dicha norma se refiere, ni a la conformación del título ejecutivo: lueqo el númeral 4 del artículo 68 sique viqente
en cuanto al hecho de que indiscutiblemente los actos allí relacionados prestan mérito ejecutivo, pues esto no
contraviene la ley 50 de 1993, lueqo no se ha operado una deroqación tácita en este sentido: lo que si quedó
deroqado fue el hecho de que dichos actos presten mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva pues el artículo
75 de la Ley 80 ha dispuesto que los procesos de ejecución, derivados de los contratos estatales, sean de
conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa. [...] Lo anterior permite deducir que, una vez
declarado el incumplimiento de las obliqaciones del contratista y con fiqurado el siniestro, se ordenará hacer
efectiva la qarantía otorqada, mediante acto administrativo, el cual podrá ser objeto de recursos en la vía
gubernativa pero la ejecución no podré tramitarse mediante el procedimiento de la jurisdicción coactiva, sino
mediante el proceso ejecutivo ante esta jurisdicción ( ... )'. (Subrayas fuera de texto.) Sentencia de 24 de agosto
de 2000, exp. 11318, C.P. Jesús María Carrillo». CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de 14
de abril 2005, exp. 13599; reiterada en la sentencia proferida por la Sección Tercera el 19 de agosto de 2009,
exp. 21432.
12
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Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A
jurisdicción contencioso-administrativa, pues esa ley suprimió el privilegio adicional
que suponía el cobro a la aseguradora por jurisdicción coactiva.
En síntesis, la prerrogativa que la Administración ejerce mediante acto
administrativo —capaz de producir efectos jurídicos heterónomos de forma
unilateral— se limita, pues, a la configuración del título ejecutivo, con independencia
de la posición de la aseguradora, sin que su ejecución por vía coactiva sea
procedente.
4.6. Pues bien, con documentos cuya integridad y autenticidad no fue rebatida en
este proceso, fueron acreditados los siguientes hechos relevantes para dar
respuesta al problema jurídico bajo examen:
4.6.1. El 28 de febrero de 2006, IBAL ESP y J&E Temporales suscribieron el
contrato núm. 03960 ('Contrato 039 de 2006") que tenía por objeto "la prestación y
suministro de personal idóneo para el desarrollo de actividades comerciales,
administrativas y operativas" de IBAL ESP, con un plazo de nueve (9) meses a partir
de la suscripción del acta de inicio y un precio de $4.665.299.128, más IVA.
4.6.1.1. En la cláusula 91, ME Temporales se obligó a "otorgara favor de
IBAL, dentro de lbs tres (3) días calendario contados a partir del
peffeccionamie'nto del Contrato una garantía única expedida por una
compañía de seguros, autorizada para funcionar en el país y con sede en
Ibagué, la cual debe cobijar los siguientes amparos: [ ... ] c) DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por una cuantía igual
al veinte [sic] (209/5) del valor del Contrato, que cubra el término del mismo y
tres (3) años más, para garantizar el pago de salarios, honorarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que utilice el
Contratista durante la ejecución del Contrato".
Esta obligación fue reiterada, en términos generales, en la cláusula 14.17 de
este contrato, de acuerdo con la cual:
"El proponente favorecido se compromete a constituir a favor del IBAL
una Garantía única del contrato consistente en un póliza de seguro
que ampare el cumplimiento general del contrato; el pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal del contratista
que haya de utilizar para el desarrollo del objeto contractual, y las
reclamaciones de terceros por responsabilidad civil extracontractual
por daños causados a bienes o personas en razón o con ocasión de
la ejecución del contrato en las cuantías y vigencias establecidas en la
minuta del contrato".
Finalmente, en la cláusula 23.e) del Contrato 039 de 2006, las partes
contratantes convinieron que las garantías para su cabal cumplimiento
formaban parte integral de este contrato.
60
copia auténtica a folios 267 a 273, c. 1.
13
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4.6.1.2. De acuerdo con la cláusula lOa:
"El contratista gozará de plena libertad para contratar bajo su
responsabilidad y costos, el personal que sea requerido para la cabal
ejecución del Contrato. PARÁGRAFO: El contratista no tendrá
derecho a prestaciones sociales y se obliga a responder de acuerdo
con las leyes laborales vigentes y los subcontratos que celebre, por el
pago oportuno de honorarios, salarios; prestaciones sociales e
indemnizaciones, sin que el IBAL asuma responsabilidad alguna por
tales actos".
4.6.1.3. Además, en la cláusula 14, numerales 6,7 y 11, del Contrato 039 de
2006, J&E Temporales se obligó a garantizar el pago quincenal de los
sueldos, prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal asignado
en misión, el cual no tiene vínculo laboral alguno con IBAL ESP; "[...]yen tal
sentido el contratista dejará indemne a la empresa contratante por cualquier
situación que se llegare a presentar en tal sentido, condición que deberá
figurar en cada contrato individual de trabajo que el contratista deberá
suscribir".
4.6.2. El Contrato 039 de 2006 fue sujeto a los siguientes convenios
modificatorios: -
NOMBRE OBLIGACIONES
Se adicionaron $570.000.000 al precio del
11
contrato.
El plazo fue prorrogado en 35 días,
Modificación comprendidos entre el 1 de diciembre de 2006
4.6.2.1.
0161 y el 4 de enero de2007, para un total de 10
meses y 5 días.
El resto del clausulado del Contrato 039 de
2006 permaneció sin modificaciones.
Se adicionaron $111472.000.000 al precio del
contrato, para un total de $6.749.710.940.
El plazo del contrito fue prorrogado en 70
días, comprendidos entre el 5 de enero y el 15
Modificación
4.6.2.2. de marzo de 2007»Sara un total de 12 meses
02 62
y.15 días.
El contratista se obligó a ampliar las garantías
otorgadas, tanto en su monto como en su
plazo.
El precio fue adicionado en $931.000.000,
para un total de $7.680.710.9401
4.6.2.3. Modificación El plazo fue prorrogado en 61 días,
0363 comprendidos entre el 16 de marzo y el 15 de
mayo de 2007, paraun total de 12 meses y 76
días.
Copia auténtica a folios 274 a 276, cuaderno 1.
62 copia auténtica a folios 281 a 283, cuaderno 1.
63
copia auténtica a folios 302 a 304, cuaderno 1.
14
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Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A
El contratista se obligó a ampliar las garantías
• otorgadas, tanto en su monto como en su
plazo.
El precio fue adicionado e $4.000.000.000,
para un total de $11.680.710.394.
El plazo fue prorrogado en 8 meses,
• comprendidos entre el 16 de mayo de 2007 y
el 15 de enero de 2008, para un total de 22
meses y 16 días.
Modificación El contrato podría terminarse
4.6.2.4. 0464 anticipadamente, si la junta directiva de IBAL
ESP adoptara la correspondiente planta de
personal, siempre que el contrato supere, por
lo menos, los 25 meses.
El contratista se obligó a ampliar las garantías
otorgadas, tanto en su monto como en su
plazo.
Modificación El precio fue adicionado en $240.483.367,
4.6.2.5.
0565 para un total de $11.921.194.307.
El precio fue adicionado en $234.729.255,
Modificación para un total de $12.155.923.562.
4.6.2.6.
0666 El contratista se obligó a ampliar el monto de
la garantía.
4.6.3. Como garantía de cumplimiento del Contrato 039 de 2006, Seguros del
Estado expidió la póliza núm. 06218529167, en la que consta que tanto el "tomado?'
como el "asegurado/beneficiario"(sic) del seguro lo era J&E Temporales; y que tal
seguro tenía el siguiente objeto:
"Con sujeción a las condiciones generales de la póliza que se anexan E-CU-
010-A, que forman parte integrante de la misma y que el asegurado y el
tomador declaran haber recibido, Seguros del Estado garantiza:
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA CALIDAD DEL SERVICIO, EL
BUEN MANEJO Y LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, EL PAGO
DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES, REFERENTE A LA PRESTACIÓN Y SUMINISTRO DE
PERSONAL IDÓNEO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
COMERCIALES, ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA EMPRESA
IBAGUEREÑA DE: , ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S. A. E.S.P.
OFICIAL SEGÚN LO RELACIONADO EN EL CONTRATO NO. 0039".
Se especificó, además, en esta póliza, que el amparo de salarios y prestaciones
sociales tenía una vigencia comprendida entre el 1 de marzo de 2006 y el 1 de
diciembre de 2009, y una cobertura de $941.512.188.
4.6.3.1. Para dar cumplimiento a lo pactado en los convenios modificatorios
relacionados anteriormente, J&E Temporales renovó sucesivamente la póliza núm.
Copia auténtica a folios 305 a 312, cuaderno 1.
65
Copia auténtica (parcial) a folio 317, cuaderno 1.
66
Copia auténtica a folios 291 a 293, cuaderno 1.
67
Copia a folio 75, cuaderno 1.
15
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Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A
06218529168, para una vigencia final del amparo de salarios y prestaciones sociales
que se extendió entre el 1 de marzo de 2006 y el 18 øe enero de 2011, con una
cobertura total de $2.431.181.712. Estas modificaciones fueron aprobadas,
sucesivamente, por el gerente o el secretario general de IBAL ESP69.
4.6.4. El 4 de enero de 2012, el secretario general de IBAL ESP expidió el "auto
núm. 3" (en adelante, "Auto 3 de 2012") en el que resolvió:
((PRIMERO: Declarar como en efecto se hace, el siniestro del contrato No
00039 del 28 de febrero de 2006, suscrito entre lé EMPRESA IBAGUEREÑA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. Oficial y la
empresa J&E Temporales Nuevo Milenio, cuyo objeto es: "LA PRESTACIÓN
Y SUMINISTRO DE PERSONAL IDÓNEO PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES COMERCIALES, ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE
LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO YALCANTARILLADO IBAL
S.A. E.S.P. OFICIAL".
SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración anterior se hace exigible
el amparo de salarios y prestaciones sociales, otorgado mediante póliza No.
0562185291, de seguro de cumplimiento entidad estatal, otorgada por
SEGUROS DEL ESTADO S.A., en cuantía de MIL CIENTO NOVENTA Y
SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS DOS PESOS ($1.197.534,402), correspondientes al
pago de sentencias emanadas de diferentes juzgados laborales y del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué Sala Labora, costas y
agencias en Derecho así como conciliaciones y transacciones derivadas del
incumplimiento de las obligaciones que como empleador tenía la empresa
J&E TEMPORALES NUEVO MILENIO, que corresponden a las siguientes
[sic] demandas.
Que en desarrollo de las demandas laborales ordinarias y posteriores fallos
la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO .YALCANTARILLADO IBAL
S.A. E.S.P. OFICIAL, ha sido condenada en solidaridad con la empresa J&E
TEMPORALES NUEVO MILENIO, al pago de aáreencias laborales, pago de
indemnizaciones por despido justo, indemnizbciones moratorias, costas
procesales y agencias en derecho, en suma de MIL CIENTO NOVENTA Y
SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO
NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS; TREINTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS DOS PESOS ($1.197.534.402) conforme se desglosa a
continuación:
[... ]
TERCERO: Ordenar como en efecto se hace, que por Secretaría General, se
inicien las acciones pertinentes con el propósito de que la compañía
SEGUROS DEL ESTADO S.A., cancele a la EMPRESA IBAGUEREÑA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, la suma
indicada en el numeral segundo de este acto administrativo.
CUARTO: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición, el
cual deberá interponerse dentro de los términosde ley».
68 Folios 66 a 75, cuaderno 1.
69 Folios 277, 294, 305
y 313, cuaderno 1.
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4.6.4.1. Como fundamento de lo anterior, IBAL ESP tomó en consideración, en
síntesis:
(i) que para garantizar el pago de salarios y prestaciones sociales del
personal en misión comprendido en el Contrato 039 de 2006, Seguros del
Estado había expedido la póliza núm. 062185291, la cual había sido
Modificada sucesivamente, de acuerdo con las modificaciones de las que
dicho contrato fue objeto;
(u) que, según la cláusula 14 del Contrato 039 de 2006, el personal en misión
no tendría vínculo laboral con IBAL ESP, por lo que la contratista se
comprometía a mantenerla indemne;
(iii) que J&E Temporales tenía por objeto el envío de trabajadores en misión,
con un carácter temporal;
(iv) "[q]ue varios de los trabajadores contratados por la empresa J&E
Temporales Nuevo Milenio en desarrollo de/ objeto del contrato suscrito con
[ ... ] IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL presentaron demandas laborales [ ... ] y en
solidaridad contra el IBAL S.A. E. S. P. OFICIAL, cuya argumentación principal
es la violación de las normas legales sobre la [sic] trabajadores en misión,
especialmente lo déterminado en el artículo 77 numeral 3° de la Ley 50 de
1990";
(y) que IBAL ESP y J&E Temporales fueron condenadas judicialmente al
pago solidario de $1.197.534.402, por concepto de acreencias laborales,
indemnizaciones por despido injusto, indemnizaciones moratorias y costas,
"así como al pago de transacciones celebradas con los demandantes de los
procesos laborales en virtud de la posición asumida por los juzgadores de los
procesos laborales en los cuales ya se profirió sentencia";
(vi) que la suma anterior fue cancelada por IBAL ESP, debido a que J&E
Temporales "inició un proceso de liquidación y se sustrajo del pago de las
condenas solidarias";
(vi¡) que, pese a ser una empresa experta en la prestación y contratación de
servicios temporales J&E Temporales permitió que los trabajadores en
misión prestaran sus servicios a IBAL ESP por un término superior al previsto
en el artículo 77 de la Ley 50 de 1990, lo que afectó a IBAL ESP, por la
condena solidaria a la que se vio sometida como resultado de procesos
laborales y por las transacciones a las que se vio "avocada";
(vi¡¡) que el 10 de noviembre de 2011 inició la actuación administrativa previa
a la declaración de la ocurrencia del siniestro, en la que fueron tenidas en
cuenta las sentencias laborales proferidas, los contratos de transacción
celebrados y las actas del comité de conciliación;
17
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(ix) "que el artículo 14 del decreto 4828 de 2008, establece que serán
efectivas las garantía otorgadas a favor de la entidad estatal, cuando se
presente alguno de los eventos de incumplimiento, cubiertos portas garantías,
en consecuencia dispone que la entidad procederá a hacerlas efectivas,
habida consideración a [sic] que las pólizas de seguros, de los contratos
estatales prestan mérito ejecutivo de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 68 numeral 5 del C.C.A."; 1
(x) que se cumplen las condiciones previstas en el artículo 17 del Decreto
679 de 1994, para hacer efectiva la garantía de salarios y prestaciones
sociales de los trabajadores empleados por el contratista, la cual cubre los
perjuicios que puede sufrir el ente contratante pomo consecuencia de su
incumplimiento.
4.6.5. Mediante resolución núm. 0740 del 23 de octubre de 2012 ("Resolución
740 de 2012"), el gerente de IBAL ESP resolvió el "recurso de reposición" que
Seguros del Estado había interpuesto contra el Auto 3 de 2012, en sustento del cual
la aseguradora impugnante adujo: (i) que el seguro no cubría el incumplimiento
directo del pago de salarios y prestaciones por parte IBAL ESP como empleador,
como se determinó en las sentencias proferidas en sucontra, sino de la empresa
contratista, como empleadora; (u) que, en el Auto 3 de 2012, se ordenó el pago
improcedente de salarios y prestaciones de trabajadorés cuya relación laboral con
IBAL ESP empezó y terminó antes de la expedición de la póliza; y (iii) que no se dio
aviso a la aseguradora del incumplimiento del afianzada en el pago de salario y
prestaciones, siendo proferido el acto administrativo declarativo del siniestro cuando
la póliza no estaba vigente.
4.6.5.1. En la respuesta a los anteriores cargos, IBAL ÉSP tomó en consideración,
en resumen: (i) que J&E Temporales había incumplido él Contrato 039 de 2009, en
cuya cláusula 14a se había estipulado que no existía vínculo laboral alguno entre
IBAL ESP y los trabajadores en misión, por lo que la cdptratista dejaría indemne al
contratante por cualquier situación que se presentara;, (u) que le asistía razón al
recurrente, porque se habían computado algunos salarios y prestaciones causados
antes o después de la vigencia del Contrato 039 de 2006, los cuales serían
descontados del monto del siniestro declarado, que tendría así un monto total de
$1.076.289.416, "de conformidad con las facultades propias otorgadas a la entidad
por el Código Contencioso Administrativo"; y (iii) que, según la jurisprudencia
administrativa70, en los contratos estatales no se aplica el artículo 1053.3 del Código
de Comercio, de acuerdo con el cual la aseguradora tiene la facultad de objetar la
reclamación que el asegurado presente, ni dicha objdción tiene la virtualidad de
eliminar o destruir el mérito ejecutivo de la póliza, ni se 'impone la obligación de dar
aviso de la ocurrencia del siniestro a la aseguradora, establecida en el artículo 1075
del Código de Comercio, siendo aplicable la normativa que regula la vía gubernativa,
'° De la cual citó la sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 19 de febrero de 2009,
con radicación. Núm. 01790.
18
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de acuerdo con la cual la decisión en firme debe ser recurrida ante la jurisdicción
contencioso-administrativa.
4.6.5.2. En virtud de lo anterior, IBAL ESP resolvió:
«PRIMERO: Reponer el auto No. 003 de fecha 04 de enero de 2012, en el
sentido de descontar del valor total del siniestro la suma de CIENTO
DIECISÉIS MILLONES SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE MIL
PESOS CON SEIS CENTAVOS ($116.063.309.6) [como] resultado de excluir
los pagos efectuados con respecto a la demanda de los señores [ ... ].
SEGUNDO: Corregir de manera oficiosa el error aritmético presentado en la
valoración inicial del siniestro, para lo cual se ordena descontar la suma de
$5.151.776.68, de dicha cuantía.
TERCERO: Confirmar el auto No. 003 de fecha 04 de enero de 2012, en todo
lo demás.
CUARTO: Continuar con el trámite del siniestro del contrato No 00039 del 28
de febrero de 2006 [ ... ] por la suma de mil setenta y seis millones doscientos
ochenta y nueve mil cuatrocientos dieciséis pesos ($1.076.289.416), de
conformidad con el cuadro ilustrativo que se encuentra en la parte
considerativa de este acto administrativo, correspondiente al pago de
sentencias [ ... } así como de conciliaciones y transacciones derivadas del
incumplimiento de las obligaciones que como empleador tenía la empresa
J&E TEMPORALES NUEVO MILENIO. [...]».
4.6.5.3. La Resolución 740 de 2012 fue notificada personalmente al apoderado de
Seguros del Estado el 25 de octubre de ese mismo año71.
4.7. De conformidad con lo anterior, mediante el Auto 3 de 2012 y la Resolución 740
de 201272, IBAL ESP declaró el siniestro de salarios y prestaciones sociales, a
través de un acto unilateral con el que hizo exigible la obligación condicional a cargo
de Seguros del Estado, derivada del contrato de seguro relacionado en la póliza de
cumplimiento núm. 056218529, el cual fue renovado sucesivamente 73. Esta es,
pues, la decisión que ha sido tratada como un acto administrativo a lo largo de este
proceso.
No obstante, en línea con la Sección Primera74, la Sala75 ha considerado que, con
independencia de la forma o denominación que adopte, el acto administrativo es la
expresión unilateral de voluntad de la administración, en sentido funcional, que
produce efectos jurídicos, en aplicación de la Ley. A diferencia de las decisiones
unilaterales que se producen en ejercicio de la autonomía negocia¡ en el derecho
privado, con los actos administrativos contractuales se surte una expresión del
71
constancia a folio 65 del cuaderno 1.
72
Aptados. 4.7.4 y 4.7.5.
11 Aptados. 4.7.3 y 4.7.3.1.
71 CONSEJO DE ESTADO, Sección Primera, sentencias del 2 de junio de 2011, red. núm. 66001-23-31-000-
2005-00519-01; del 31 de marzo de 2005, red. núm. 11001-0324-000-1999-02477-01; y del 26 de agosto de
2004, rad. núm. 2000.0057-01
15 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencias del 6 de julio de 2020, exp. 49166; y
del 28 de febrero de 2020, exp. 46852, entre otras.
19
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Derecho76 —que define el órgano competente, los prpsupuestos de hecho y el
procedimiento— con el subsiguiente poder de vincular, con carácter ejecutorio y
ejecutivo, a una persona diferente a su autor.
4.7.1. A la luz de lo expuesto en precedencia, a travs del Auto 3 de 2012 y la
Resolución 740 de 2012, IBAL ESP pretendió emitir un acto administrativo; intención
esta que, además de ser denotada expresamente por IBAL ESP77, se desprende
de: (i) el agotamiento previo de un procedimiento administrativ078; (u) la invocación
M artículo 14 del Decreto 4828 de 2008 —por el cual se expide el régimen de
garantías en la Contratación de la Administración Pública— como fundamento de
su decisión79, en el cual se establece que "[ ... ] una vez agotado el debido proceso
y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista y de su
garante proferirá el acto administrativo correspondiente en el cual declarará el
incumplimiento [.....'; (iii) fundarse igualmente en el artículo 17 del Decreto 679 de
199480 , "por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993"; (iv) indicar que
contra la decisión adoptada mediante el Auto 3 de 2012 procedía el recurso de
reposición, "el cual deberá interponerse dentro de los términos de ley"81 ; y (iv)
desatar el recurso de reposición interpuesto por Seguros del Estado82.
Sin lugar a duda, IBAL ESP tenía la intención de crear, modificar o extinguir
situaciones jurídicas, mediante la manifestación unilateral de su voluntad, en un acto
ejecutivo y ejecutorio, y de esta forma, se pretendió arrogar una prerrogativa
administrativa que el ordenamiento jurídico no le confería: la de constituir en forma
unilateral un título ejecutivo que le permitiera exigir de la aseguradora el pago de la
obligación condicional de indemnización del siniestro, 'sin depender, para ello, de
que esta última no hubiera objetado la configuración de la condición suspensiva83.
Lo anterior, porque, con el Auto 3 de 2012 y la Resolución 740 de 2012, IBAL ESP
no procuró presentar simplemente una reclamación del siniestro a la aseguradora,
como lo consideró la Sala en sentencia del 5 de agosto,de 202084, en la que el ente
demandado exhortó a la aseguradora demandante al pago de las penas pecuniaria
y de apremio, conforme a las condiciones del segurp de cumplimiento suscrito;
exhorto este que tiene asidero contractual, a diferencia de la constitución del
siniestro mediante acto unilateral que presta mérito ejecutivo, que supone una
fuente legal.
4.7.2. Planteado así el asunto, no puede entenders que tal manifestación de
voluntad constituya un acto administrativo, ni, por supuesto, que en cuanto tal,
acuse un vicio por falta de competencia. Lo primero, porque por elemental
consecuencia con el principio de legalidad, principio axial al Estado de Derecho, el
76 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-037 de 2000. Reiterada e?i: CONSEJO DE ESTADO, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 29 de abril de 2020, exp. 42827.
'
Aptado. 4.7.4.
78 Aptado. 4.7.4.1.vüi).
79 Aptado. 4.7.4.1.ix).
80
Aptado. 4.7.4.1.x).
81 Aptado. 4.7.4.
82 Aptado. 4.7.5.
83 Aptados. 4.5
y 4.6.
84 Exp.45183.
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Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A
acto administrativo solo puede ser expresión o manifestación del ejercicio de la
función administrativa, que no es otra cosa que el ejercicio de una atribución legal.
Otro entendimiento llevaría al absurdo de considerar que cualquier persona puede,
a discreción, sin precisar de previa atribución legal de función administrativa, expedir
actos administrativos. Lo Segundo, porque la competencia no es más que la
determinación que de esa función hace, en torno a un órgano, la ley o el reglamento.
Y como ya quedó visto, IBAL ESP no obró en ejercicio de una atribución legal, pues
su régimen jurídico contractual era el que disponía el derecho común, en el que el
contrato es, salvo excepción legal, la fuente formal de derecho.
Por otro lado, los hechos, tal cual han quedado probados según lo expuesto en
precedencia, enseñan que Seguros del Estado S.A. pagó la obligación cuya
apariencia generó el acto proferido unilateralmente por IBAL ESP. Pero tal
apariencia, tal ropaje espurio no tiene la virtud de mutar el acto jurídico unilateral de
derecho privado, en acto administrativo, y por tanto, forzoso es concluir que, el pago
que hizo la aseguradora de la indemnización por el siniestro de salarios y
prestaciones sociales, en cuanto esta afirma que tal obligación no existía, se debe
considerar un pago de lo no debido, por causa de un error al que la indujo esa
empresa de servicios públicos domiciliarios. No está por demás decir que, en este
asunto, IBAL ESP no llegó a valerse del acto declarativo del siniestro, para cobrarle,
mediante el ejercicio de la acción ejecutiva o por vía coactiva, a la aseguradora
demandante la prestación que irregularmente declaró en su favor. En síntesis, la
voluntad manifestada por IBAL a través de el Auto 3 de 2012 y la Resolución 740
de 2012 no pasó de ser un mero acto contractual, que, como tal, debe ser juzgado
en vía judicial, como lo ha precisado esta Subsección85, sin que haya lugar a la
pretendida declaración de su nulidad por falta de competencia.
4.8. De acuerdo con el derecho común, con fundamento en el cual debe juzgarse el
acto declarativo del siniestro en cuestión, el pago efectivo es la prestación de lo que
se debe, por lo que este debe efectuarse "bajo todos los respectos de conformidad
con el tenor de la obligación" (artículos 1626 y 1627, Código Civil). Por lo tanto,
quien por error haya hecho un pago, así sea este un error de Derecho, tiene la
facultad de repetirlo pagado (artículos 2313 y 2315, Código Civil). Si el demandado
confiesa el pago, el demandante debe probar que no era debido; y si aquel lo
negare, el actor tendrá que probar el pago, con lo que se presumirá que fue indebido
(artículo 2316, Código Civil). En ello, como de antaño lo ha precisado la
jurisprudencia86, debe tenerse en cuenta que "en la acción por el pago de lo no
debido desde luego que se presume que el que da lo que no debe, lo dona, y esa
presunción favorece al que recibió el pago".
4.8.1. Ahora, en este proceso, Seguros del Estado afirmó haberle pagado
$1.076.289.146 a IBAL ESP; hecho este que, además de haber sido aceptado por
la demandada, se acreditó con constancia de paz y salvo de recibo de
85
CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de¡ 20 de febrero de 2017, exp. 56562;
y sentencia de¡ 5 de agosto de 2020, exp. 45183.
86
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia de¡ 6 de octubre de 1937, Gaceta
Judicial, Tomo XLV, núm. 1930, pp. 802-805.
21
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Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A
indemnización87 , suscrita por el "asegurado o beneficiario", de acuerdo con la cual
IBAL ESP recibió de Seguros del Estado el pago de mil setenta y seis millones
doscientos ochenta y nueve mil ciento cuarenta y seis pesos ($1.076.289.146),
correspondientes al siniestro por afectación del amparode salarios y prestaciones,
de la póliza de cumplimiento estatal núm. 062185291. No hay, pues, discusión sobre
el pago de dicha suma, ni de la prestación que, con ello, buscó cumplir la
aseguradora demandante.
Análisis del segundo problema jurídico:
Sobre la configuración del siniestro
4.9. Para que se configure un pago de lo no debido, queda, pues, por determinar si,
por error, la demandante pagó una prestación que no debía. La jurisprudencia patria
ha precisado que el pago de lo no debido es una especie de enriquecimiento sin
causa, que se da cuando se presenta "un desplazamiento de riqueza a cargo del
que se presenta como acreedor y en favor del que ha recibido sin que tal
desplazamiento esté apoyado en una causa" o, en otros términos, es este "un pago
a quien o estaba obligado quien lo hizo y con el cual se empobreció este y enriqueció
a quien juzgó como acreedor", que se ventila a través de la actio in rem verso88. Se
configura así el pago indebido, por la "inexistencia de la obligación que se ha querido
pagar, o porque [ ... ] se ha paqado una deuda condicional pendiente de condición";
situación esta que, además de la inexistencia de la causa, implica el error de quien
pagó89.
Como se expuso anteriormente90, la obligación de la aseguradora está sujeta a la
condición suspensiva que se configura con el acaecimiento del siniestro, consistente
en el hecho externo de incumplimiento imputable al asegurado. Por lo tanto, para
determinar si, en este asunto, Seguros del Estado realizó un pago de lo no debido,
se debe determinar si se configuró el siniestro de salarios y prestaciones sociales,
lo que nos remite al análisis del segundo problema jurídico planteado en esta
instancia91.
4.9.1. De acuerdo con el análisis previo de la Sala92; en el presente asunto se
acreditó que, conforme a lo estipulado en el Contrato 039 de 2006, J&E Temporales
y Seguros del Estado suscribieron contrato de seguros,'"para garantizar el pago de
salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que
utilice el Contratista durante la ejecución del Contrato",'del cual se dejó constancia
en la póliza núm. 062185291, en la cual se especificó qÚe el seguro cubría "el pago
de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales", "[clon sujeción a
87 Copia a folio 76 del cuaderno 1.
88 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de casación Civil, sentencia del 6 de octubre de 1937, Gaceta
Judicial, Tomo XLV, núm. 1930, pp. 802-805.
89 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia ¿el 21 de noviembre de 1944, Gaceta
Judicial, Tomo LVIII, núm. 2016, pp. 126-131 (subrayado fuera del texto original); en sentido similar: sentencia
del 23 de septiembre de 1957, Gaceta Judicial, Tomo 1-XXXVI, núm. 21813t2187, pp. 103-110; sentencia del 13
de mazo de 1990, Gaceta Judicial, Tomo CC núm. 2439, pp. 93-102.
° Aptado. 4.5.
91
Aptado. 3.1.2.
92
Aptados. 4.7.1.1 y 4.7.3.
22
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Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A
las condiciones generales de/a póliza que se anexan E-CU-010-A, que forman parte
integrante de la misma y que el asegurado y el tomador declaran haber recibido".
Como lo consideró la Subsección B en un asunto semejante al presente93, de
conformidad con el artículo 1046 del Código de Comercio, la referida póliza permite
acreditar la existencia del contrato de seguro celebrado entre J&E Temporales y
Seguros del Estado.
Sin embargo, no puede pasarse por alto que: (i) según el artículo 1056 del Código
de Comercio, "[... 1 el asegurador podrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los
riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la
persona del asegurado"; (u) el artículo 1048 el Código de Comercio prevé que los
anexos —como el referente a las condiciones generales del seguro en este
asunto— forman parte de la póliza; y (iii) como parte integrante del clausulado del
contrato de seguro, que lo es el referido anexo E-CU-010-A94 , en el cual se fijaba el
riesgo asegurable, que es un elemento esencial de este negocio jurídico95, su
prueba está sometida a tarifa legal, que, según el artículo 1046 del Código de
Comercio, lo es únicamente el documento escrito o la confesión.
4.9.2. Aparte, el siniestro es definido legalmente como "la realización del riesgo
asegurado" (artículo 1072, Código de Comercio). Los contornos del siniestro no son
pues más que una efigie del riesgo asegurado, cuya delimitación, como lo ha
precisado la Sala
«[...] define el cauce de la obligación indemnizatoria del asegurador, ya que
su obligación prestacional surge cuando el riesgo se cumple, como lo
establece el artículo 1054 del CC096. Al tratarse de un contrato aleatorio
(articulo 1036, CCo), 'la viabilidad técnico-económica de la actividad
desarrollada por el asegurador estribará en su pericia para evaluarlos riesgos
ex ante y, a reglón seguido, en la posibilidad de delimitar cuáles de tales
riesgos asume, conforme con el examen realizado, fijando la prima que,
equilibradamente, sirva como compensación por la asunción te tales
riegos"98. Es por ello que, "[ .. . J el asegurador podrá, a su arbitrio asumir todos
o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa
asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado"99 , como lo prevé el
artículo 1056 del CCo.
Para ello -como lo ha precisado la Corte Suprema- en el escrito que contiene
el contrato, el riesgo cubierto es individualizado, circunscribiéndolo a unas
93 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 18 de noviembre de 2021, exp.
50895.
94
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 2 de mayo de 2000, rad. 6291,
reiterada en la sentencia del 5C6709 de 3 de marzo de 2015.
11 CÓDIGO DE COMERCIO. "Artículo 1045. Son elementos esenciales del contrato de seguro: [...] 2) El riesgo
asegurable; [ ... ]".
((96 "Denominase riesgo el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del
asegurado o del beneficiario, y cuya realización da origen a la obligación del asegurador. Los hechos ciertos,
salvo la muerte, y los físicamente imposibles, no constituyen riesgos y son, por lo tanto, extraños al contrato de
seguro. Tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho que haya tenido
o no cumplimiento"».
"El seguro es un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva"».
«98
JARAMILLO, Carlos Ignacio, Derecho de Seguros, Tomo III, PUJ-Temis, Bogotá, 2012, p. 9».
« Subrayado añadido».
23
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Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A
circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como a un factor causal u
objetivo, además de especificar las exclusiones, que son ciertas
circunstancias causales o efectos que, supoiliendo realizado el hecho
delimitado como amparo, quedan sin embargo excluidos de la protección que
se promete por el contrato'°°. Su interpretación, si bien es restringida, debe
consultar las razones que dieron lugar al contrato, teniendo en cuenta su
justificación técnica, pero sin excluirlos riesgos realmente convenidos101»102 .
4.9.3. En el asunto de autos se discuten los destinatarios específicos de los salarios
y prestaciones cubiertos por el riesgo amparado, su régimen laboral, y si la vigencia
de la póliza permitía inferir que el siniestro declarado por IBAL ESP estaba
comprendido en el riesgo asegurab1e103. En este orden de ideas, para determinar el
acaecimiento del siniestro, en este caso, es necesario definir con precisión el riesgo
asegurado correspondiente al "pago de salarios y. prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales", cubierto con la póliza núm. 962185291, sometida a una
hermenéutica restrictiva.
4.9.4. Tal riesgo, sin embargo, no es definido en el artículo 17 del Decreto 679 de
1994, en el que tan solo se especifica que, como es natural, la garantía única de
cumplimiento comprende, tan sólo, los riesgos "[...] que correspondan a las
obligaciones y prestaciones del respectivo contrato, tales como [ ... ] pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones", sin referencia alguna a las
particularidades de los contratos celebrados con empresas de servicios temporales.
Pero, ante todo; esta norma no es aplicable al presente asunto, porque, como se
precisó anteriormente' 04, el Contrato 039 de 2006 se rige por el derecho privado,
mientras que, con el Decreto 679 de 1994, fue "reglamentada parcialmente la Ley
80 de 1993".
4.9.5. Además, el presente asunto difiere del resuelto anteriormente por la
Subsección 13105, en cuanto, en este caso, el actor no aportó ni solicitó que fueran
allegados los contratos laborales de los trabajadores que, conforme a lo aducido en
la demanda106, estaban vinculados a IBAL ESP antes de que fuera suscrito el
Contrato 039 de 2006; documentos estos que determinaron el juicio estimatorio de
la Subsección B, en cuanto consideró que tales contratos laborales "acreditan que
era una práctica común de la entidad demandada contratar su personal a través de
empresas temporales sin atender las restricciones queja Ley 50 de 1990 imponía
para esa modalidad', siendo así "la referida práctica107 y no alguna conducta del
contratista de servicios temporales lo que dio lugar a las condenas judiciales que
IBAL debió pagar en favor de trabajadores"' 08.
<(100 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de casación civil, sentencias del 29 de enero de 1997 (exp. 4894)
y del 4 de abril de 1997 (exp. 4880)».
«101 Ibid».
102
CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección c, sentencia dl 5 de agosto de 2020, exp. 45183.
103
Aptados. 2.1.2.3, 2.7.2 y 2.9.2. -
104
Aptado. 4.4.
105 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 18 de noviembre de 2021, exp.
50895.
106
Aptado. 2.1.2.2.
107 En este caso no se controvierte la legalidad del contrato 039 ni seria posible proveer de oficio sobre esta
porque no se citó al contratista a este proceso.
118 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección B, sentencitdel 18 de noviembre de 2021, exp.
50895.
24
Radicado: 73001-23-33-005-2014-00191-01 (57101)
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Análisis del tercer problema jurídico:
Sobre la modificación del riesgo amparado
4.10. La indefinición del riesgo cubierto con el amparo de salarios y prestaciones
sociales e indemnizaciones laborales impide, por contera, determinar si, al trascurrir
más de un año de vigencia del contrato de suministro de personal, se produjo una
modificación de tal riesgo, que —según lo afirmado por la actora109— únicamente
comprendía las prestaciones de los trabajadores en misión, de acuerdo con el
régimen de las empresas de servicios temporales.
4.11 En definitiva, Seguros del Estado no cumplió con la carga de probar que, al
cancelarle a IBAL ESP $1.076.289.146, realizó un pago de lo no debido, como le
correspondía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2316 del Código Civil110,
en concordancia con el artículo 167 del CGP111, pese a que —como lo declaró
expresamente' 12 tenía en su poder el documento en el que el riesgo asegurado
era definido, por lo que debía aportarlo con la demanda"'. En consecuencia, se
impone una respuesta negativa a los problemas jurídicos segundo y tercero, con la
consecuente desestimación de la pretensión del reembolso de lo pagado. Por tanto,
la sentencia recurrida será confirmada.
V. COSTAS
Seguros del Estado será condenada en costas, conforme al artículo 188 del
CPACA114, en concordancia con el artículo 365.3 del CGP115, porque la sentencia
apelada será confirmada en su integridad. Además, de acuerdo con el artículo 366.5
del CGP116, en la liquidación de las costas, no se computarán las agencias en
derecho, debido a que en esta instancia actuó únicamente J&E Temporales117, por
medio de curador ad litem, el cual desempeñó una labor gratuita, como lo determinó
109 Aptados. 2.1.2.3
y 2.9.3.
110 CÓDIGO CIVIL."Artículo 2316. Si el demandado confiesa el pago, el demandante debe probar que no era
debido. II Si el demandado niega el pago, toca al demandante probarlo; y probado, se presumirá indebido".
111 CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO.
"Artículo 167. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. [...]".
112 Aptado. 4.2.3.
113 CPACA.
"Articulo 162. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá: [...] 5. La
petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las
documentales que se encuentren en su poder".
114 cPACA.
"Artículo 188. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
civir.
115
CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO."Articulo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: [ ... ] 3. En la
providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente
en las costas de la segunda".
116 CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO.
"Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de
manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: E ... ] 4. Para la fijación de agencias en derecho
deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen
solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración
de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras
circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas".
117 Aptado. 2.10.
25
Radicado: 73001-2343-005-2014-00191-01 (57101)
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO S.A
la Sala previamente en este proceso, al negar la fijación de honorarios por él
deprecada1 .
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala •de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMESE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima el dieciocho (18) de enero dedos mil dieciséis (2016) de acuerdo con las
consideraciones de esta providencia.
SEGUNDO: CONDÉNESE en costas a Seguros del Estado S.A., sin agencias en
derecho.
TERCERO: En firme este fallo, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
Cópiese, Notifíquese y Cúmplase
ÑICOLÁSVP'WCO
Presidente
JAIMÉWNRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS GUILLERM5SÁNCH&LUQUE
Magistrado Mígistrado
Salvo voto
118
Auto del 8 de junio de 2016, folios 482 y 483 del cuaderno principal.
26
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