Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06183-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06183-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-06183-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
8 de febrero de 2024
Demandante: Efrén Monsalve Duarte
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06183-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06183-01
Demandante: EFRÉN MONSALVE DUARTE
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas: Tutela contra norma constitucional. Requisito de
subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora
contra el fallo de 30 de noviembre de 2023, por medio del cual el Consejo de
Estado, Sección Primera declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Efrén Monsalve Duarte, en nombre propio, presentó solicitud de
tutela1 contra la Presidencia de la República, la Comisión de Derechos
Humanos del Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo, la
Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Defensa Nacional, el
Comando General de las Fuerzas Militares, el Comando del Ejército Nacional,
el Comando de la Armada Nacional, el Comando de la Fuerza Aeroespacial, el
director de la Policía Nacional, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el
Consejo Nacional Electoral.
Lo anterior, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la
igualdad, al voto, a la libertad de expresión, al libre desarrollo de la
personalidad, a la intimidad, a la participación y a la libertad de escoger
profesión u oficio, con ocasión de la prohibición prevista en el inciso 2º del
artículo 219 de la Constitución, según la cual, «...los miembros de la Fuerza
Pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en
servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o
movimientos políticos».
1
Escrito que se presentó el 6 de octubre de 2023.
1
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Demandante: Efrén Monsalve Duarte
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06183-01
1.2. Pretensiones
En consecuencia, el actor elevó las siguientes pretensiones:
«PRIMERA: Que el Estado Colombiano tome las medidas necesarias e
inmediatas y garantice la totalidad de los derechos fundamentales a la igualdad y
parte de los políticos para “TODOS” los ciudadanos colombianos, especialmente
en este caso el derecho al ejercicio del voto de los ciudadanos que hacen parte
de la fuerza pública a quienes no les permiten ejercer el derecho al voto,
reconocido como tal por la defensoría del pueblo, la ONU, la OEA y múltiples
organismos nacionales e internacionales, consecuentemente los derechos
consagrados en la declaración universal de los derechos humanos ratificados y
la declaración interamericana de derechos humanos, por el estado colombiano
en vista que la vulneración de cualquiera de estos es una vulneración e
incumplimiento otros derechos y a los tratados internacionales suscritos por el
estado colombiano en materia de DD.HH.
SEGUNDA: Restablecimiento de los derechos vulnerados sino también el
derecho al voto sino también los derechos conexos indivisibles, inalienables,
irrenunciables e interdependientes que son afectados con la vulneración del
derecho al voto, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, la libre
expresión, a su intimidad, a su participación, libertad de escoger profesión u
oficio, solo por nombrar algunos.
TERCERA: Se declare inexequible total o parcialmente el artículo que vulnera
los derechos de los integrantes de la fuerza pública Articulo 219 C.P.C.
CUARTA: Se inicie la respectiva investigación por omisión de sus funciones en
la protección y respeto de los DD.HH contra la presidencia de la República,
Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, Defensoría del
Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Comando General de las FF.MM., Comando del Ejército Nacional, Comando de
la Armada Nacional, Comando de la Fuerza Aeroespacial, Director de la Policía
Nacional, Registraduría Nacional del Estado Civil, Consejo Nacional Electoral,
otros en cabeza de su respectivo director.
QUINTO: Las que su honorable despacho estime conveniente para proteger mis
derechos fundamentales y los derechos de las mujeres y hombres que hacen
parte de la fuerza pública en servicio activo».2
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
1.3. Hechos
El señor Monsalve Duarte indicó que es sargento segundo de la reserva del
Ejército Nacional, institución a la cual ingresó el 1º de marzo de 1997 y estuvo
como suboficial hasta el 6 de febrero de 2008, lapso en el que se le vulneró el
derecho a la igualdad y al sufragio, dada la prohibición prevista en el inciso 2º
del artículo 219 de la Constitución.
Relató que presentó petición ante la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría
General de la Nación, la Cancillería, la Corte Constitucional, entre otras
autoridades, las cuales atendieron de fondo su solicitud y le ratificaron que
votar «...es un derecho que no pueden “EJERCER” los miembros de la fuerza
pública mientras estén activos…».
2
Trascripción literal del original con posibles errores.
2
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1.4. Sustento de la petición
A juicio del actor, la prohibición contenida en el 219 de la Constitución implica
que a los integrantes de la fuerza pública se les excluya de manera deliberada
del censo electoral por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil,
según la orden que reciben los comandantes del Ejército Nacional, la Armada
Nacional, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional.
Puso de presente que el derecho al voto es inalienable, indivisible,
interdependiente e irrenunciable, así como que no existe una justificación real
para que a los miembros de la fuerza pública, por su oficio, se les prive de tal
prerrogativa establecida en el artículo 258 ibíd., así que es procedente este
mecanismo constitucional para proteger sus derechos.
En ese sentido, afirmó que «…el no permitir la libertad e igualdad ante la ley
nos habla claramente de una discriminación en contra de un grupo
determinado, en este caso [de] los integrantes de la fuerza pública pues no
reciben la misma protección ni el mismo trato por parte de las autoridades...».
1.5. Actuación procesal en primera instancia
Mediante auto de 12 de octubre de 2023, el Consejo de Estado, Sección
Primera admitió la acción de tutela y ordenó notificar esta decisión al actor y
como demandados a la Presidencia de la República, la Comisión de Derechos
Humanos del Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo, la
Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Defensa Nacional, el
Comando General de las Fuerzas Militares, el Comando del Ejército Nacional,
el Comando de la Armada Nacional, el Comando de la Fuerza Aeroespacial, el
director de la Policía Nacional, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el
Consejo Nacional Electoral.
Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1. Presidencia de la República
La delegada del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República rindió informe en el que expuso que, conforme a la Constitución, los
integrantes de la fuerza pública, como el Ejército, la Policía y otros organismos
de seguridad, no pueden ejercer el derecho al voto en aras de preservar la
imparcialidad, la neutralidad y la autonomía de esas instituciones en el
ejercicio de sus funciones.
Puntualizó que la razón de esta prohibición es garantizar la separación de
poderes y evitar influencia política en la fuerza pública, así como que los
integrantes de esas instituciones se mantengan al margen de las disputas de
esa naturaleza y se enfoquen en cumplir con sus deberes y responsabilidades
de manera imparcial y objetiva.
Informó que el tema propuesto por el accionante actualmente es objeto de
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debate en la Cámara de Representantes, debido a que se encuentra en trámite
el Acto Legislativo 113 de 20233, el cual tiene la finalidad de garantizar el
ejercicio al sufragio para los miembros de la fuerza pública.
Explicó que el actor busca una reforma del ordenamiento jurídico, lo cual
escapa de la finalidad que tiene la acción de tutela, comoquiera que esta
herramienta solo garantiza derechos fundamentales y no es el medio para
cuestionar una norma, ni para pretender que se ordene al presidente de la
República realizar reformas legislativas.
Así que, solicitó su desvinculación del presente trámite por falta de legitimación
en la causa por pasiva. Además, refirió que la solicitud de tutela se torna
improcedente por no cumplir el requisito de subsidiariedad.
1.5.2. Procuraduría General de la Nación
El profesional universitario de la oficina jurídica refirió que no existe una
actuación u omisión de dicha entidad, por cuanto la petición que elevó el señor
Monsalve Duarte relacionada con el derecho al voto la remitió por
competencia, novedad que le fue informada al interesado, por lo que solicitó
desvincular a esa corporación de la presente tutela por carecer de legitimación
en la causa por pasiva.
1.5.3. Comando General de las Fuerzas Militares
El comandante general de la institución señaló que la controversia planteada
por el accionante escapa de las funciones y competencias que le fueron
conferidas mediante el Decreto 2218 de 19844, aunado a que no incurrió en
alguna actuación reprochable. De modo que, debía ser desvinculado por falta
de legitimación respecto a lo pretendido en la tutela.
1.5.4. Consejo Nacional Electoral
La profesional adscrita a la oficina de Asesoría Jurídica y Defensa Judicial de
la entidad se opuso al amparo deprecado por el actor y requirió que se declare
su falta de legitimación en la causa por pasiva, con respaldo en que el
propósito de la prohibición impuesta constitucionalmente a los miembros
activos de la fuerza pública para ejercer el derecho al voto busca proteger la
imparcialidad que deben tener en la protección del Estado.
1.5.5. Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional
El teniente coronel de la Dirección de Negocios Generales del Departamento
Jurídico Integral de la entidad castrense indicó que el Comando General del
Ejército Nacional y el de las Fuerzas Militares no están facultados para emitir
un pronunciamiento en torno a las pretensiones del accionante y tampoco han
3
«Por medio del cual se aprueba el voto de los miembros de la fuerza pública y se modifica el
inciso 2° del artículo 219 de la Constitución Política de Colombia».
4
«Por el cual se modifica el Decreto - ley 2335 de 1971, reorgánico del Ministerio de Defensa
Nacional y se dictan otras disposiciones».
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desconocido sus garantías constitucionales, toda vez que el artículo 219 de la
Constitución garantiza la imparcialidad de los miembros activos de la
institución.
Solicitó su desvinculación del trámite de la referencia atendiendo a la falta de
legitimación por pasiva que le asiste y que se declare la improcedencia de la
solicitud de tutela por no ser el medio adecuado para ventilar el debate
propuesto por el actor.
1.5.6. Policía Nacional
La asesora del sector defensa del área jurídica de la Secretaría General de la
entidad expuso que las autoridades accionadas han cumplido, en el marco del
mandato constitucional y legal, la disposición superior en la que los integrantes
de la fuerza pública se mantienen al margen del censo electoral y no ejercen el
derecho al voto mientras se encuentran en servicio activo, contrario a la
equivocada hermenéutica del accionante.
Hizo referencia a que es improcedente que se resuelva a través de la acción
de tutela lo pretendido por el actor, es decir, la inexequibilidad total o parcial
del artículo 219 de la Constitución, teniendo en cuenta que lo establecido en
dicha norma se encuentra vigente y solo mediante un acto legislativo es que
podría modificarse.
1.5.7. Defensoría del Pueblo
El profesional especializado adscrito a la oficina jurídica de la corporación
radicó memorial en el que sostuvo que el accionante incurrió en un error al
promover la tutela, debido a que es una norma constitucional la que limita el
ejercicio del sufragio a los miembros de la fuerza pública, por lo que debió
presentar una acción de inconstitucionalidad. Igualmente, pidió su
desvinculación por no tener competencia en el asunto objeto de controversia.
1.5.8. Comisión de Derechos Humanos y audiencias del Senado de la
República
El coordinador de esta comisión legal presentó escrito en el que informó que
dentro de sus archivos y bases de datos no se registró alguna petición elevada
por los hechos que motivaron la acción de tutela. No obstante, señaló que
remitió copia a la Secretaría General del Senado de la República para lo de su
competencia.
1.5.9. Armada Nacional
La capitán de fragata directora de Gestión Jurídica de la entidad consideró que
la tutela es improcedente, debido a que esa autoridad no transgredió los
derechos fundamentales invocados por el tutelante y este mecanismo
constitucional no es la instancia correspondiente para referirse a las súplicas
que planteó el señor Monsalve Duarte.
5
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1.5.10. Los demás vinculados, pese a que fueron debidamente notificados5, no
rindieron informe.
1.6. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Primera, en providencia de 30 de noviembre de
20236, declaró improcedente la solicitud de tutela por no cumplir el requisito de
subsidiariedad, dado que el actor cuestionó una norma de rango constitucional
que contiene una prohibición de carácter general, de lo cual se desprende que
no existe una acción u omisión que sea atribuible a una autoridad que esté
vulnerando los derechos fundamentales del accionante.7
Además, señaló no podía perderse de vista que la disposición que el
accionante controvierte por vía de tutela está contenida en la Constitución, que
según el artículo cuarto Superior, es norma de normas, de manera que puede
ser modificada o retirada del ordenamiento jurídico colombiano a través de los
mecanismos de reforma constitucional previstos en los artículos 3748 y 3759
ibíd.
1.7. Impugnación
Mediante escrito enviado por correo electrónico el 17 de diciembre de 202310,
el señor Monsalve Duarte impugnó el fallo de primera instancia al considerar
que la acción de tutela es procedente, en atención a que las instituciones
estatales accionadas omitieron su deber de vigilancia y de garantizar la
protección de los derechos humanos de los integrantes activos de la fuerza
pública.
Afirmó que el a quo «omitió el análisis concreto de una situación que debía
referirse específicamente al contexto en DD.HH y los tratados internacionales y
sus ratificaciones», toda vez que el derecho al voto está contemplado en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución, por ello,
debe ser irrenunciable.
En su sentir, la delegada del Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República tras señalar en el informe rendido en el presente trámite que los
uniformados en servicio tienen «“prohibido ejercer el derecho al voto” ya acepta
claramente la vulneración y prohibicion por parte del [E]stado en cabeza del
presidente».
Además, hizo referencia a que la Procuraduría General de la Nación y la
Defensoría del Pueblo tienen la función de trabajar por la defensa de la
5
Según la información visible en los índices 7 y 16 de SAMAI.
6
Notificada el 13 de diciembre de 2023.
7
Corte Constitucional, sentencia T-130 de 2014.
8
«Que dispone que la Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por una
Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo.»
9
«Según el cual podrán presentar proyectos de acto legislativo el Gobierno, diez miembros del
Congreso, el veinte por ciento de los concejales o de los diputados y los ciudadanos en un
número equivalente al menos, al cinco por ciento del censo electoral vigente.»
10
Día no hábil (domingo), por lo que se entiente recibido al día siguiente.
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dignidad humana y el bienestar de los habitantes del territorio nacional y de los
colombianos en el exterior, así como de vigilar el cumplimiento de la
Constitución.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por
la parte actora contra la providencia dictada por el Consejo de Estado, Sección
Primera, el 30 de noviembre de 2023, según lo previsto en los Decretos 2591
de 1991 y 1069 de 2015, este último modificado por el artículo 1º del Decreto
333 de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
2.2. Cuestión previa
Antes de resolver el fondo del asunto, la Sala observa que la Presidencia de la
República, la Procuraduría General de la Nación, el Comando General de las
Fuerzas Militares, el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional y la Defensoría del Pueblo solicitaron su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, sin que ello
hubiese sido resuelto por el a quo.
Sobre el particular, se advierte que estas peticiones serán denegadas teniendo
en cuenta que la vinculación de tales entidades obedeció a que fueron
identificadas como las demandadas en la acción constitucional de la referencia,
así que más allá de la responsabilidad o no que les asista en este asunto, lo
cierto es que era necesario que pudieran ejercer su derecho de defensa y
exponer los argumentos que consideraran pertinente.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el
fallo proferido en primera instancia, para lo cual se debe analizar si la acción de
tutela cumple con el requisito de subsidiariedad y, de superarse lo anterior,
deberá establecer si las entidades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados por el actor, con ocasión de la prohibición prevista en
el inciso 2º del artículo 219 de la Constitución referente a que los integrantes
activos de la fuerza pública no pueden votar.
Para resolver este problema, se observarán los siguientes aspectos: i)
generalidades de la acción de tutela y ii) análisis del caso concreto.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución prevé el precepto constitucional según el cual,
toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la
protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean
violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o
7
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de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de
1991.
Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no
es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia
contenidas en el artículo 6.º ibid., entre otros motivos, la relativa a la existencia
de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del
derecho que se alega amenazado o vulnerado.
2.5. Caso concreto
En el asunto en estudio el señor Monsalve Duarte solicitó que «se declare
inexequible total o parcialmente» el inciso 2º del artículo 219 de la Constitución,
en el cual se prevé que «...los miembros de la Fuerza Pública no podrán
ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni
intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos».
En primera instancia se declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir
el requisito de subsidiariedad, pues el actor controvierte una norma de rango
constitucional respecto de la cual no es dable efectuar el juicio de
vulnerabilidad de derechos fundamentales, y puede ser reformada mediante los
mecanismos contemplados en los artículos 374 y 375 de la Carta Política, que
a la letra dicen:
«TITULO XIII.
DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCION
ARTICULO 374. La Constitución Política podrá ser reformada por el
Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante
referendo.
ARTICULO 375. Podrán presentar proyectos de acto legislativo el Gobierno,
diez miembros del Congreso, el veinte por ciento de los concejales o de los
diputados y los ciudadanos en un número equivalente al menos, al cinco
por ciento del censo electoral vigente.
El trámite del proyecto tendrá lugar en dos períodos ordinarios y consecutivos.
Aprobado en el primero de ellos por la mayoría de los asistentes, el proyecto
será publicado por el Gobierno. En el segundo período la aprobación requerirá el
voto de la mayoría de los miembros de cada Cámara.
En este segundo período sólo podrán debatirse iniciativas presentadas en el
primero.»11
Inconforme con dicha decisión, el actor la impugnó al considerar que la acción
de tutela es procedente, por cuanto no se tuvo en cuenta que las autoridades
en cuestión omitieron su deber de vigilancia y de garantizar la protección de los
derechos humanos de los integrantes activos de la fuerza pública, lo que se
evidenciaba si se hubiera analizado la discusión planteada bajo el contexto del
derecho internacional y los tratados ratificados en nuestro país, dado que el
11
Destacado por la Sala.
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voto es una prerrogativa irrenunciable.
Sobre el particular, cabe señalar que el inciso 3º del artículo 86 de la
Constitución contempla el requisito de subsidiariedad como presupuesto de
procedencia de la tutela y determina que «[e]sta acción solo procederá cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable».
La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad de la
tutela, los conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser
resueltos, en principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas,
de manera que únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando
estas no resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
resulta admisible acudir a esta acción constitucional.
De modo que el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la
obligación de acudir a los medios ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico
para la protección de sus derechos fundamentales, de los cuales debe hacer
uso con diligencia, pues su falta injustificada de agotamiento deviene en la
improcedencia de este mecanismo.
Bajo este contexto, la Sala advierte que la decisión de primera instancia será
confirmada pues, contrario a lo afirmado por el actor, la tutela no es el
mecanismo idóneo para pronunciarse respecto a la posible inexequibilidad de
un artículo de la Constitución, toda vez que el objeto de esta acción radica en
la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, al tenor del
artículo 1º del Decreto 2591 de 1991:
«Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma
o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto. Todos los
días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela...».12
De hecho, la Corte Constitucional explicó13 que el artículo 59 transitorio de
Carta Política estableció que «la presente Constitución y los demás actos
promulgados por esta Asamblea Constituyente no están sujetos a control
jurisdiccional alguno», por lo tanto, ni siquiera dicha corporación está facultada
para conocer de las demandas formuladas contra la denominada «norma de
normas».
La razón de ello obedece a que en el acto constituyente 1 de 1991 se aludió
que bajo ningún motivo podía cuestionarse judicialmente aquellas decisiones
promulgadas por la Asamblea Nacional o el contenido de la Carta Política, en
aras de garantizar su supremacía, por ello, la competencia de la aludida Corte
se reduce a decidir las demandas de inconstitucionalidad que se promueven
12
Destacado por la Sala.
13
Al respecto, ver auto 376 de 2020, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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contra los actos reformatorios de la Constitución.14
Así las cosas, se concuerda con el a quo en que la presente solicitud de tutela
se torna improcedente, máxime si se tiene en cuenta que el accionante tiene a
su alcance otros escenarios para proponer que se modifique la prohibición que
tienen los integrantes activos de la fuerza pública para ejercer el derecho al
voto instituida en el inciso 2º del artículo 219 de la Constitución, como lo son el
referendo constitucional y la iniciativa popular legislativa.
Esto, por cuanto un grupo de ciudadanos no menor al 5% del censo electoral
puede solicitar al Congreso de la República que, en ejercicio de un referendo
constitucional, se someta a votación de la ciudadanía la aprobación o rechazo
de una reforma a la Constitución, bajo los parámetros del artículo 3315 de la
Ley 134 de 199416, así como del 378 de la Carta Política, según el cual:
«ARTICULO 378. Por iniciativa del Gobierno o de los ciudadanos en las
condiciones del artículo 155[17], el Congreso, mediante ley que requiere la
aprobación de la mayoría de los miembros de ambas Cámaras, podrá someter
a referendo un proyecto de reforma constitucional que el mismo Congreso
incorpore a la ley. El referendo será presentado de manera que los electores
puedan escoger libremente en el temario o articulado qué votan positivamente y
qué votan negativamente.
La aprobación de reformas a la Constitución por vía de referendo requiere el
voto afirmativo de más de la mitad de los sufragantes, y que el número de éstos
exceda de la cuarta parte del total de ciudadanos que integren el censo
electoral.»18
Además, de conformidad con lo señalado en el artículo 375 de la Constitución
Política, el actor, junto con el equivalente al menos al 5% de ciudadanos del
censo electoral vigente, tienen la posibilidad de presentar un proyecto de acto
legislativo ante el Congreso de la República, con el propósito de que los
miembros activos de la fuerza pública puedan votar. Iniciativa que no solo se
trata de un derecho político, sino también un mecanismo de participación
ciudadana que justamente es eficaz para que el accionante obtenga lo
requerido en la tutela.
14
Al respecto, el artículo 241 de la Constitución señala: «A la Corte Constitucional se le confía
la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos
de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: 1. Decidir sobre las demandas
de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la
Constitución, cualquiera que sea su origen, sólo por vicios de procedimiento en su
formación...».
15
«A iniciativa del Gobierno o de un grupo de ciudadanos no menor al 5% del censo
electoral, el Congreso, mediante ley que requiere la aprobación de la mayoría de los
miembros de ambas Cámaras podrá someter a referendo un proyecto de reforma
constitucional que el mismo Congreso incorpore a la ley. El referendo será presentado de
manera que los electores puedan escoger libremente en el temario o articulado que votan
positivamente y que votan negativamente...».
16
«Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana».
17
«ARTICULO 155. Podrán presentar proyectos de ley o de reforma constitucional, un número
de ciudadanos igual o superior al cinco por ciento del censo electoral existente en la fecha
respectiva o el treinta por ciento de los concejales o diputados del país. La iniciativa popular
será tramitada por el Congreso, de conformidad con lo establecido en el artículo 163, para los
proyectos que hayan sido objeto de manifestación de urgencia.
Los ciudadanos proponentes tendrán derecho a designar un vocero que será oído por las
Cámaras en todas las etapas del trámite.»
18
Destacado por la Sala.
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Demandante: Efrén Monsalve Duarte
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06183-01
Ahora bien, el actor solicitó iniciar contra las entidades accionadas «la
respectiva investigación por omisión de sus funciones en la protección y
respeto de los DD.HH.», pretensión que también escapa de la órbita de la
competencia del juez de tutela pues, se reitera, la finalidad de este mecanismo
es procurar una real y efectiva salvaguardia de los derechos fundamentales
conculcados a una persona.
Es oportuno indicar que la Corte Constitucional precisó19 que cuando el juez
constitucional no encuentra alguna conducta atribuible al accionado respecto
de la cual se pueda determinar la presunta amenaza o violación de un derecho
fundamental debe declarar la improcedencia de la solicitud de tutela, bajo la
siguiente línea argumentativa:
«En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o
la T-883 de 2008 al afirmar que “partiendo de una interpretación sistemática,
tanto de la Constitución, como de los artículos 5º y 6º del [Decreto 2591 de
1991], se deduce que la acción u omisión cometida por los particulares o por la
autoridad pública que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un
requisito lógico-jurídico para la procedencia de la acción tuitiva de derechos
fundamentales (...). En suma, para que la acción de tutela sea procedente
requiere como presupuesto necesario de orden lógico-jurídico, que las acciones
u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (…)”,
ya que “sin la existencia de un acto concreto de vulneración a un derecho
fundamental no hay conducta específica activa u omisiva de la cual proteger al
interesado (…)”.
Y lo anterior resulta así, ya que si se permite que las personas acudan al
mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones
inexistentes, presuntas o hipotéticas, y que por tanto no se hayan concretado en
el mundo material y jurídico, “ello resultaría violatorio del debido proceso de los
sujetos pasivos de la acción, atentaría contra el principio de la seguridad jurídica
y, en ciertos eventos, podría constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que
se permitiría que el peticionario pretermitiera los trámites y procedimientos que
señala el ordenamiento jurídico como los adecuados para la obtención de
determinados objetivos específicos, para acudir directamente al mecanismo de
amparo constitucional en procura de sus derechos”».
Esto quiere decir que el posible desconocimiento de los derechos
fundamentales del accionante no puede ser hipotético20, teniendo en cuenta
que el artículo 86 de la Constitución prevé que a través de la tutela se logra la
protección inmediata de los derechos iusfundamentales «...cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública».
Entonces, no es viable abordar los planteamientos expuestos por el tutelante y
en el escrito de impugnación no se desvirtuaron los argumentos señalados en
la providencia de primera instancia en cuanto a la improcedencia de esta
acción, dado que el actor hizo referencia a cuestiones relacionadas con el
debate de fondo, el cual precisamente no puede ser objeto de pronunciamiento
en sede de tutela.
19
Corte Constitucional, sentencia T-130 de 2014.
20
En este mismo sentido se pronunció la Sala en las sentencias de 27 de julio de 2023, M.P.
Luis Alberto Álvarez Parra, rad. 11001-03-15-000-2023-00974-01 y 7 de septiembre de 2023,
M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, rad. 68001-23-33-000-2023-00289-01.
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Demandante: Efrén Monsalve Duarte
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06183-01
Lo descrito permite a la Sala, como lo anticipó, confirmar la sentencia
impugnada pues, al igual que el a quo se concluye que en el asunto analizado
no se cumple el requisito de subsidiariedad, dado que las pretensiones
elevadas por el señor Monsalve Duarte no son del resorte de esta autoridad
judicial.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Deniéganse las solicitudes de desvinculación propuestas por la
Presidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación, el
Comando General de las Fuerzas Militares, el Consejo Nacional Electoral, el
Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional y la Defensoría del Pueblo.
SEGUNDO: Confírmase la sentencia de 30 de noviembre de 2023 proferida
por el Consejo de Estado, Sección Primera, mediante la cual se declaró
improcedente la acción de tutela presentada por el señor Efrén Monsalve
Duarte.
TERCERO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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